La Hora Politica

Suplemento especial

IMPUESTOS Y REFORMA FISCAL, en el centro del debate

Guatemala, 16 de marzo de 2011

Editorial

Guatemala, 16 de marzo de 2011

Tema tabú, pero totalmente necesario Hoy abordamos uno de los temas políticamente más difíciles de tratar, porque nadie en campaña quiere hablar de impuestos, especialmente en un país que surgió a la vida independiente porque sus habitantes no querían seguir pagando impuestos a la metrópoli, en este caso España, y en el que han caído gobiernos por impulsar políticas fiscales, no digamos cuántas cabezas de ministros de Hacienda o Finanzas han rodado por pretender incrementar los ingresos fiscales mediante reformas tributarias.

En ese contexto tenemos que leer las propuestas de los partidos políticos y sus líderes sobre el tema, entendiendo que la mayoría prefieren evadir el meollo de la cuestión por temor a lo que pueda significar en términos de pérdida de caudal electoral una audaz y seria propuesta que incluya la necesidad de revisar toda nuestra política fiscal. La mayoría tendrá preferencia por hablar de la calidad del gasto, tema que nos agrada a todos porque demandaría mayor transparencia, aunque tampoco en ese campo vemos propuestas serias que nos indiquen que hay

un plan para establecer nuevos y eficientes mecanismos de control para evitar la corrupción y el despilfarro.

La Hora ha sostenido siempre la necesidad de una reforma fiscal que introduzca elementos de justicia tributaria para que pague más quien más tiene. Creemos que Guatemala tiene que combatir la informalidad de nuestra economía en la que se producen diariamente cientos de miles de transacciones que pasan inadvertidas para el fisco. Debemos terminar con el régimen de exenciones que resulta demasiado amplio para atraer capitales golondrina que poco o nada le dejan al país.

Y por supuesto hay que combatir con toda firmeza la evasión y el contrabando que son los principales vicios de nuestro sistema de recaudación. Con políticas de ese tipo podríamos lograr mejoras sensibles en el nivel de los ingresos fiscales.

Pero entendemos que todo ello no será posible sin que de manera simultánea nos propongamos un acuerdo nacional con relación a la calidad del gasto público y la transparencia en el manejo de los fondos. No es exagerado el ar-

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gumento de quienes no quieren pagar impuestos porque ven que el dinero que entra al erario para en el bolsillo de los funcionarios.

Así es y cada cuatro años vemos una nueva casta de millonarios, conformada por los políticos y quienes les financiaron su campaña, que salen armados hasta los dientes a costa de la población.

Entendemos que la reforma fiscal tiene que contemplar por necedad el ingrediente de la fiscalización y control del gasto público en proporciones que impidan ese saqueo permanente que se hace de los recursos del Estado.

Lo que se ha visto como prueba en el caso que se le sigue a Alfonso Portillo no es extraordinario si lo comparamos con lo que ha ocurrido en todos los gobiernos que han pasado por el poder. En realidad el ejercicio del poder ha sido fuente de riqueza porque se dispone de fondos ilimitados y sin control mediante esas argucias de trasnferencias que pretenden borrar la huella del manejo de los recursos. Si el mismo celo se hubiera tenido para investigar a otros gobernantes y sus secuaces, seguramente que ya tendríamos el cuartel de Matamoros lleno de

INVITACIÓN SIN RESPUESTA El Consejo Editorial de este suplemento reiteró el ofrecimiento para participar en La Hora Política a la primera dama, Sandra Torres de Colom, luego de que el pasado 8 de marzo oficializara su intención para ser la candidata a la Presidencia por la coalición de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y la Gran Alianza Nacional (Gana).

En la carta, fechada el 10 de marzo de 2011, se informó a Torres de Colom sobre el procedimiento, plazos y temas para participar, así como de las previsiones para futuras publicaciones.

El mismo día, se recibió la correspondencia en la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República A pesar de los recordatorios, no se obtuvo respuesta de parte de la Primera Dama o de SOSEP.

huéspedes de ese calibre porque aquí nadie se salva del enriquecimiento ilícito.

Endurecer las penas por peculado y malversación, además de establecer el delito de enriquecimiento ilícito y aplicar la ley de extinción de dominio para los pícaros que se alzan con bienes públicos, es un imperativo si queremos en realidad hablar seriamente de impuestos. Claro que tenemos que pagar más impuestos, pero también debe haber una contrapartida que se traduzca nada más y nada menos que en honestidad, probidad y transparencia como contraste con el saqueo a que hemos sido sometidos.

El destino del dinero proveniente de los impeustos tiene que ser parte del pacto fiscal que se debe alcanzar entre los sectores nacionales. El próximo gobierno no puede postergar ese tema y lo deberá promover desde el primer día porque es la única manera de lograr resultados. Sin ofrecer, como aporte suyo, transparencia y respeto a la crítica y a las demandas de la población para fiscalizar el gasto, todo lo demás es palabrería que no producirá ningún pacto.

Guatemala, 16 de marzo de 2011

Propuesta del Partido Patriota acerca de una reforma fiscal Otto Pérez Molina Partido Patriota El Pacto Fiscal en Guatemala: “para un futuro con paz y desarrollo”, es producto de un intenso y prolongado proceso de negociaciones entre sectores de la sociedad guatemalteca y los poderes del Estado.

Otto Pérez Molina apoyó esos esfuerzos y en su momento, cuando correspondió opinar como Partido, se apoyó irrestrictamente, no sólo porque es lo correcto, sino porque, Otto Pérez Molina es signatario de los Acuerdos de Paz, instrumentos de donde emana el Pacto Fiscal. No podría ser de otra forma.

Sin embargo, a pesar de que ha habido avances parciales en el cumplimiento del Pacto, y distintos gobiernos han contado con recursos adicionales para la implementación de políticas públicas adecuadas, la sociedad guatemalteca se sigue caracterizando por sus elevados índices de pobreza y alto grado de severidad de la misma, además de un escueto índice de crecimiento. Otto Pérez Molina ha recorrido el país varias veces y ha podido constatar que la pobreza y la vulnerabilidad siguen siendo crónicas, que predominan en las áreas rurales y con población indígena. Los indicadores en salud y educación y oportunidades de empleo son también deficientes en cobertura y en calidad, aun a pesar de que las cifras oficiales pretenden esconder esa cruda realidad. La satisfacción de necesidades básicas, requeridas por la gran mayoría de la población para su supervivencia, no llegan y el bienestar nunca se alcanza.

Algunos países en América Latina han demostrado que es posible compatibilizar un alto crecimiento económico con avances sociales significativos, es por ello que Guatemala necesita y debe adoptar una política fiscal que verdaderamente contribuya al crecimiento económico y al desarrollo social, a la reducción de la pobreza y a la solución de los graves problemas que enfrenta el país.

Algunas de las causas del subdesarrollo nacional, se deben a la baja dispersión de

la riqueza y el limitado acceso a la tierra para alcanzar mejores niveles de productividad y competitividad, pero también a la baja tributación (alrededor del 11.3% del PIB hasta 2008, entre el 9.5% y 10% en 2009 y un 10.3% en 2010), lo cual impide la ejecución de políticas económicas y sociales más efectivas y focalizadas. Eso sin contar los altos niveles de corrupción que han imperado en los últimos años, donde creemos que ninguna política pública puede funcionar con semejante fuga de recursos, los cuales deberían ser destinados, en una buena parte a los más necesitados (mujeres, niños y niñas, ancianos y en general, los más pobres) y no a los bolsillos de nuevos y emergentes grupos de ricos vinculados a los gobiernos de turno.

Con relación a los compromisos tributarios, todos los gobiernos han enfrentado serias dificultades legales. Es por eso que ahora, uno de los grandes retos aun por alcanzar, es la meta de la carga tributaria establecida por los Acuerdos

de Paz (13.2% respecto al PIB), pero en virtud de las circunstancias políticas por la que atraviesa el país y las fracasadas propuestas de reformas fiscales del actual gobierno que únicamente le han restando seriedad a una Reforma Fiscal Integral, se ve complicado alcanzarla antes del proceso electoral.

Además de estos factores negativos y recurrentes, en los últimos dos años, luego de un período de estabilidad y crecimiento adecuado, la economía de Guatemala enfrentó condiciones internacionales adversas, ya por todos conocidas, que se originaron con la crisis de 2009. Creemos que las malas decisiones económicas y financieras adoptadas por el Gobierno para solucionar la crisis y la utilización irresponsable e ilegal por parte de la esposa del Presidente de la política pública social de forma clientelar, agudizaron aun más la situación.

Desde inicios del 2008, Otto Pérez Molina y la Bancada del Partido Pa-

triota en el Congreso, han venido promoviendo el seguimiento a los acuerdos y los objetivos del Pacto Fiscal, ofreciéndole apoyo al Gobierno en la discusión y diseño de propuestas de fortalecimiento al sistema tributario y aduanero del país y la reforma total al impuesto sobre la renta. Sin embargo, en virtud de que no se avanza en la discusión legislativa, como corresponde, hemos replanteado nuestra postura, en dirección de lograr una Reforma Fiscal pero que esté sustentada en dos pilares: “eficiencia y equidad”.

Además de esto, proponemos que antes de cualquier intento de reforma, se establezca el destino de los recursos, porque no podemos seguir pidiendo más cheques en blanco. Los recursos de una reforma, deben tener un destino específico, uno en el que la gran mayoría de ciudadanos nos hayamos puesto de acuerdo, que no quede duda de que se van a usar para ese destino común. Por supuesto, ese destino no puede ser otra cosa que el desarrollo económico y social, la seguridad ciudadana, la búsqueda del éxito de programas institucionales de combate a la pobreza, la apertura de oportunidades para nuestros jóvenes, retomar seriamente la agenda de productividad, competitividad e inversión, todo con visión del país que queremos ver en el más corto plazo.

El logro de la implementación de una Reforma Fiscal Integral, está basada en los siguientes cuestionamientos: a) ¿Cuánto requiere el Estado para lograr el desarrollo económico y social sostenido?; b) ¿Quiénes deben ser los que contribuyan con esa carga fiscal?; y c) ¿Para qué quiere el Estado esos recursos adicionales y en qué se los va a gastar? Por supuesto que el tema de la transparencia y la erradicación de la corrupción, no son temas que se puedan soslayar, sin éstos, no hay reforma fiscal que tenga credibilidad, ni que deba implementarse.

Guatemala necesita urgentemente una Reforma Fiscal Integral, pero hay temas que nunca se han discutido, y que deben urgentemente incorporarse en esa Reforma, que abarquen todos los componentes de la fiscalidad: el ingreso y su origen, el destino del gasto adicional, lo obligado de los ingresos y principalmente, el uso y destino de los recursos públicos del Estado en toda la institucionalidad pública.

Guatemala, 16 de marzo de 2011

“Sí, pero la medida debe ser integral” Manuel Baldizón Libertad Democrática Renovada - Lider Ningún Estado puede sobrevivir sin recursos, y si me pregunta si vamos a impulsar una reforma fiscal, sin promesas ni mentiras le puedo decir que sí, pero la medida debe ser integral, mejorando la recaudación de los impuestos ya existentes, combatiendo con mayor propiedad la evasión fiscal, además el Estado debe mostrar un verdadero compromiso, reduciendo el gasto público, y utilizando eficientemente los recursos.

Así, nuestro país podrá hacer frente de una mejor manera a esta situación fiscal, sin dejar de lado el desarrollo económico y social de los y las guatemaltecas.

Es importante tener claro que la estabilidad de la economía se mide no solo por el aumento de la producción, del comercio, de las importaciones y exportaciones, del crédito bancario, sino que se debe tener un control férreo sobre el déficit fiscal, un Estado que gasta más de lo que percibe, tendrá un déficit fiscal muy grande, En los últimos 3 años el déficit fiscal ha pasado de $595 millones en 2008 a $1.226 millones para el 2010.

El acelerado crecimiento del gasto público se ha financiado con más deuda y bonos. Los profesionales que integran el equipo de Economía y Finanzas del consejo Programático de Lider, y las recomendaciones del FMI señalan que este escenario obligará al próximo Gobierno a impulsar una reforma tributaria, cualquier personaje, candidato presidencial que niegue que hará una reforma fiscal, miente y es irresponsable, el sector privado también está consciente de ello.

Para empezar es en extremo urgente, afrontar seriamente los grandes problemas de nación y uno de los más grandes es la inseguridad y la violencia, por eso es que Manuel Baldizón junto a la bancada LIDER, estamos impulsando en estos momentos en el Congreso de la República la sustitución del impuesto de solidaridad ISO por el ISENA Impuesto de seguridad Nacional, con lo cual no aumentamos la carga

impositiva solamente redireccionamos los ingresos, estos irían destinados a financiar la creación de la Guardia Nacional, una fuerza élite de 10 mil efectivos, los cuales serán entrenados y preparados en la Escuela Politécnica, y serán dirigidos por oficiales del Ejército especializados en protección ciudadana, así mismo financiará compra de equipo, y vehículos terrestres y aéreos, hasta el momento es la única propuesta real en materia de seguridad, con su fuente de financiamiento bien clara y específica, eso es la primera parte de nuestra reforma fiscal, que si los hono-

rables diputados al Congreso la aprueban entraría en vigencia este año, que más solidaridad que la seguridad de los guatemaltecos.

Sin embargo nuestra reforma fiscal se basa principalmente en ampliar la base tributaria, es decir lograr que los y las empresas que aún no pagan impuestos lo hagan, todos debemos ser conscientes que es nuestra obligación aportar al estado para tener seguridad, educación, salud e infraestructura, pero para ello es fundamental implementar tres acciones inmediatas: 1) Debemos eliminar en

sus raíces la corrupción gubernamental, y disminuir la burocracia, los guatemaltecos son reacios a pagar impuestos porque los funcionarios se los roban o les dan usos indebidos 2) Llevar a cabo una lucha frontal y sincera contra el contrabandoy la evasión, que es un cáncer para nuestra economía, quien ingresa mercaderías sin pagar impuestos está robándole el derecho a más guatemaltecos a la educación, la seguridad y la salud, por lo tanto es un delito contra el pueblo de Guatemala.

3) Las políticas actuales de recaudación de la SAT, en lugar de ser congruente con el principio de comodidad de los impuestos (este principio fue mencionado y estudiado por Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones y se refiere principalmente a que la forma de calcular y cumplir con el pago de impuestos debe ser lo más simple y sencilla para el contribuyente común), tal parece que han atendido a los principios de complejidad y dificultad, tanto en el texto de su normativa como en su adecuada interpretación, ello ahuyenta a los contribuyentes, en Guatemala es tan compleja la forma de tributar que nunca sabe uno en qué régimen se encuentra cuanto debe tributar, y a la hora de hacerlo es incómodo, tardado y algunos resultan pagando de más y algunos resultan evadiendo.

De lo que sí está claro Manuel Baldizón y LIDER es que los guatemaltecos deben tener cuidado, con las propuestas que harán los candidatos y agrupaciones ya que se han presentado propuestas fiscales que tienen objetivos meramente políticos, debemos saber exactamente a donde se destinarán los fondos que se recauden, y cuidado con aquellos que dicen que no harán reforma fiscal, una vez más reitero mienten, la reforma fiscal en Guatemala pero una reforma fiscal, integral, responsable, clara y simple, consensuada, y con el compromiso de todos es impostergable, y al final terminará beneficiando a la economía del país, que hoy más que nunca requiere esquemas definidos de fiscalización y de redistribución de la riqueza.

Guatemala, 16 de marzo de 2011

Libertad para Emprender.

Oportunidades para Trabajar.

Medios para Progresar.

Harold Caballeros Visión con Valores – Encuentro por Guatemala Según la Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado tiene varias obligaciones que cumplir. Como lo dice en el Artículo 1, este se ha organizado para proteger a la persona, su familia y lograr el bien común; además de garantizar la vida, la libertad, la justicia, la paz, la seguridad de los ciudadanos, y su desarrollo integral.

Sin embargo, el Estado ha sido incapaz de cumplir con estas obligaciones por la falta de recursos, pero también por la poca voluntad política y por la incapacidad de ser un agente eficiente y eficaz, en la creación de oportunidades de desarrollo para los guatemaltecos.

El Partido Político Visión con Valores (Viva) entiende que es necesaria una serie de reformas que le permitan al Estado obtener los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones.

Pero es importante resaltar que, antes de pensar en una reforma fiscal, como tradicionalmente se clama, debemos enfocarnos en mejorar nuestro sistema de recaudación y la distribución de los recursos con los que cuenta el país hoy.

No cabe duda que el mayor incentivo para que el contribuyente cumpla con el pago de sus impuestos, es la transparencia en el manejo de los recursos; tener la seguridad que los recursos del Estado se están empleando de manera eficiente y correcta. Asimismo, percibir los beneficios de la inversión a través de mejores servicios en salud, educación, seguridad, justicia, e infraestructura estatal.

Debemos tomar en cuenta que dentro de una reforma al sistema, también se contempla la creación de más y mejores empleos, que a su vez se traduce en la expansión de la base tributaria. Mientras más personas tengan un trabajo digno y mejores ingresos, habrá más consumo, y por tanto más riqueza. Esto a su vez, generará mayores recursos para el Estado.

Así pues, la creación de oportunidades que generen empleo digno, que hagan crecer la economía es la primera forma que Viva pro-

pone para ampliar los recursos del Estado.

La necesidad de aumentar los recursos no puede convertirse en un obstáculo para la inversión, ni tampoco resulta justo que los mismos que contribuyen hoy, deban pagar aún más.

Para mejorar los ingresos del país también es necesario mejorar la recaudación. Por ejemplo, al día de hoy el Estado de Guatemala no puede recaudar todo lo que el ciudadano paga por concepto del IVA. Definitivamente se contaría con más recursos, si se mejoraran

las capacidades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para monitorear y captar lo que se paga. Para lograr tener un sistema tributario eficiente y moderno es imprescindible la transparencia y la calidad del gasto público. Durante el invierno del año pasado los guatemaltecos pudimos ver cómo buena parte de la infraestructura vial del país se caía literalmente en pedazos.

Si no se utilizan los recursos en obras que tengan calidad óptima, se están desperdiciando los fondos y empeñando el futuro de la Nación.

En Guatemala un porcentaje significativo de la economía se registra en el sector informal.

Por tanto, debemos buscar los mecanismos para apoyar a estos guatemaltecos y lograr que puedan incorporarse al sistema formal. Estamos seguros que esto resultará en la expansión de la base tributaria y el aumento de recursos del Estado, adicionalmente se cumplirá con las obligaciones que una empresa debe tener, desempeñándose de conformidad con la legislación existente.

En Viva estamos conscientes que si se quiere tratar el tema de una reforma fiscal, es trascendental que esta sea abierta al debate público, no puede ser algo unilateral y arbitrario; debe ser discutida y consensuada con todos los sectores de la sociedad, para llegar a un gran acuerdo nacional sobre las necesidades y las formas de aumentar los recursos del Estado, incluidas las formas óptimas para lograr este objetivo. Solo así, podemos pensar en una reforma fiscal que pueda tener lugar y cumpla con sus objetivos.

Viva propone crear fuentes de trabajo para que con su esfuerzo, cada ciudadano pueda satisfacer sus necesidades, y al mismo tiempo no deje de cumplir con la obligación de pagar impuestos. VIVA representa a todo aquel guatemalteco que desea libertad para emprender, oportunidades para trabajar y medios para progresar.

Sólo de esta manera lograremos disminuir los índices de pobreza y de desnutrición, y enfrentar las condiciones de violencia e inseguridad, que frenan nuestro crecimiento y desarrollo hacia la construcción de ¡una Guatemala mejor!

Guatemala, 16 de marzo de 2011

“No es recomendable ni aplicable” Eduardo Suger Compromiso, Renovación y Orden – CREO Constantemente escuchamos en mensajes presidenciales, en entrevistas a diputados oficialistas y también en boca de representantes diplomáticos y de instituciones extranjeras, que argumentan la necesidad de incrementar la carga impositiva, castigando a la frágil economía guatemalteca y al ciudadano común, que cada día ve mermados sus ingresos, por la constante inflación, desempleo y carencia de oportunidades para el desarrollo.

Curiosamente, los que abogan por realizar una reforma fiscal, con el objeto de aumentar los recursos disponibles para el Estado, no reparan en una situación paradójica: ¿Cómo es posible que se argumente falta de fondos para la ejecución de los programas gubernamentales, si cada año, invariablemente los ministerios encargados de realizar las obras del programa presupuestado, NO LOGRAN EJECUTAR SU PRESUPUESTO? Los ministerios siempre terminan el año con fondos excedentes, que van a parar al llamado “Fondo Común”, el cual es más bien un arca abierta a las transferencias, al manejo sospechoso de los dineros del pueblo y que se ha utilizado también para mantener una constante resonancia gubernativa en los medios de comunicación, Prensa, Radio y Televisión. ¿Cómo es posible que se hable de “falta de fondos” si para todos son conocidos los desfalcos, sustracción de grandes cantidades de dinero, inversiones sospechosas que resultan perdiéndose, o la compra de equipos invisibles o inservibles? ¿Cómo es posible que se continúe con la insistencia de obligar al ciudadano productivo a pagar más impuestos, los cuales invariablemente se trasladan al consumidor final, al ciudadano trabajador, que ve desfilar ante sus ojos un constante aumento del costo de vida? ¿Y qué del despilfarro ostentoso de los festejos y “actos” de gobierno, los muchos viajes innecesarios de funcionarios, acompañados por familiares, amigos, periodistas y hasta con entretenimiento personal?

Por eso digo: ¡No! ¡Una reforma fiscal, para recabar más dinero, que tendrá un destino oscuro e impredecible no es recomendable ni aplicable!

Las instituciones extranjeras y los

representantes diplomáticos de naciones del primer mundo parecen ignorar el nivel económico de nuestro país y de nuestra gente, exigiendo que aumentemos la carga fiscal.

Es claro que en sus países, totalmente desarrollados, es lógico que los ciudadanos paguen elevadas contribuciones, ya que reciben a cambio una infraestructura funcional y moderna; servicios y seguridad de salud completa y de primer orden; educación de alto nivel al alcance de todos y una seguridad estatal y personal garantizada, tanto por un excelente sistema de Justicia como por autoridades especializadas y profesionalizadas.

Pero el efecto neto de incrementar el castigo tributario nos impediría el desarrollo. Reduciría el interés por participar en la industria, en la agricultura y en el turismo. Más bien impulsaría a las empresas a reducir su volumen y número de empleados. Al reducirse esos elementos de iniciativa privada, la consecuencia inmediata es la agravación del desempleo.

La inversión extranjera no encontraría una situación estimulante para invertir en el país y de hecho, la recaudación de impuestos se reduciría en lugar de crecer, produciendo un efecto contrario al deseado.

Entonces… ¿Qué hacer?

Irónicamente, SÍ HAY REFORMAS que se pueden hacer, sin necesidad de incrementar la tasa impositiva se puede mejorar el ingreso del Estado mediante varias reformas importantes.

Estas son las más importantes: - Impulsar un profundo análisis de los esquemas operativos del aparato estatal, para redistribuir los recursos humanos en actividades más efectivas para el funcionamiento del gobierno, reduciendo la redundancia burocráti-

ca, y poniéndole un alto a la continua creación de más plazas, “asesorías”, dependencias e “instituciones”, todas las cuales se crean y aumentan cada cuatro años para recompensar a los que se dedicaron a trabajar en campañas políticas y “merecen sus premios”.

- Modificar el esquema de tiempo en que se preparan los presupuestos de Estado, para que participen las autoridades ejecutivas, municipales y legislativas, en una forma interactiva y científica.

- Adoptar una actitud realista en la creación del presupuesto, estableciendo barreras para evitar el presupuesto desbordante, y bloquear el constante recurrir a préstamos comprometedores que continuamente incrementan nuestra deuda, la de nuestros hijos y hasta de los nietos.

- Facilitar mediante métodos sencillos la incorporación del mercado informal al proceso fiscal, creando estímulos y facilitando crédito a todo pequeño empresario que se incorpore.

- Reducir el engorro de los trámites fiscales y aduaneros, los cuales son extremadamente complicados, imprácticos y causan grandes atrasos y pérdida de tiempo.

- Renovar en la conciencia pública el concepto de “impuesto” y “tributo”, ya que esos son los nombres empleados por los reyes, tiranos y emperadores para recabar fondos de sus súbditos. En su lugar se sembrará la CULTURA DE LA CONTRIBUCIÓN. Los ciudadanos seremos CONTRIBUYENTES y no “vasallos” de una institución tirana explotadora.

Contribuiremos al desarrollo de nuestra patria; contribuiremos a mejorar nuestra infraestructura, nuestra educación, nuestros servicios de salud nuestros sistemas de seguridad y nuestra Justicia.

- Adoptar una reacción RÍGIDA E INMEDIATA contra todo acto de corrupción y malversación de fondos y recursos públicos, fomentando y EXIGIENDO en los trabajadores del Estado una conciencia laboral de economía, respeto, eficiencia y profesionalismo.

Así pues, tenemos indudablemente que realizar grandes reformas, no solo al orden fiscal sino a todo el sistema de gobierno. Pero las reformas no son las mismas de siempre.

Son reformas DIFERENTES de lo que a diario se habla y se exige; reformas que nos conducirán, paso a paso, a construir una verdadera Democracia, mediante el desarrollo completo que nos permitirá participar en la economía mundial, y entonces seremos capaces de contribuir grandemente al crecimiento económico, al igual que las otras naciones que ya lo hacen.

Guatemala, 16 de marzo de 2011 - LH POLÍTICA/Página 7

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Guatemala, 16 de marzo de 2011

“Debe ser el resultado de un consenso” Juan Guillermo Gutiérrez Partido de Avanzada Nacional – PAN Una reforma fiscal se hace necesaria cuando, por una planificación fiscal inadecuada, el Estado ya no puede continuar funcionando por un desequilibrio de las finanzas públicas, en cuanto, el gasto es mayor que los recursos con los que se cuenta. Para corregir esas distorsiones fiscales, el Estado trata de buscar mecanismos para obtener más recursos para su funcionamiento.

Recordemos que la única manera en la que el Estado reúne dinero para su funcionamiento, y ojalá para inversión en desarrollo, es con los impuestos que recauda; con préstamos del exterior (que de igual manera habrá que pagarlos), o con el método de fabricar dinero aún sin respaldo, con las consecuencias negativas que esto conlleva. En esos casos, sí se hace necesaria una reforma fiscal.

Sin embargo, consideramos que, antes de entrar en un proceso de reformas fiscales, es imprescindible hacer cumplir con lo establecido en las Leyes vigentes, desarrollando estrategias que permitan evitar la defraudación fiscal, tomando control sobre las áreas en donde se produce el contrabando, fortaleciendo los controles en las aduanas, motivando y facilitando los trámites y gestiones para cumplir con las obligaciones tributarias.

Es increíble la cantidad de dinero que el Estado deja de percibir anualmente, se estima que se pierden más de 20 mil millones de quetzales al año solo en las aduanas de los puertos marítimos como consecuencia de la falta de controles eficientes y sistemas modernos para recaudar y controlar la evasión.

Consideramos que bajo las premisas de descontrol fiscal, principalmente en los aspectos del gasto público irracional y falta de estrategias eficientes de recaudación de impuestos, que se vive actualmente, sí se hace necesario un proceso de reforma fiscal, pero esta debe ser el resultado de un consenso entre todos los actores nacionales: El Estado, los grupos políticos, los empresarios, los trabajadores, los sindicatos y otros, en donde el interés de la nación esté por encima de los intereses particulares y de grupos; debiendo ser el resultado de una reflexión seria

y profunda, libre de todo tipo de intereses electorales.

Este proyecto de reforma, en el caso fuera necesario, debería impulsarse en el seno del Congreso Nacional, en el momento político propicio, lejos de presiones electorales, nacionales, internacionales, o de cualquier otra coyuntura especial que desnaturalice el objetivo de encontrar el balance necesario entre la certeza jurídica, la universalidad y justicia de la tributación, la inversión del Estado en servicios públicos de calidad, la garantía de transparencia, la utilización y optimización del gasto público.

Mientras ese momento llega, se deberán concentrar los esfuerzos en la creación de empleo y por ende en el crecimiento económico como un mecanismo idóneo para fortalecer la plataforma

de ingresos, ampliar la base impositiva y de los ingresos del Estado, modernizando los procesos de recaudación, a efecto de hacerla eficiente y efectiva, y no necesariamente aumentando los porcentajes de impuestos, que podrían desestimular la inversión, y tornar más difícil el ya de por sí complicado cobro de obligaciones impositivas.

Pero sobre todo, se debe enviar un mensaje claro y preciso a la ciudadanía, en el que se busque la calidad del gasto público, la transparencia en el manejo del erario nacional, la jerarquización de programas, porque existe un reto que debe enfrentarse en el inmediato plazo, incluso antes del relevo del actual gobierno, en vista de los niveles sin precedente en la historia moderna que ha alcanzado la

deuda pública, y el gasto excesivo del Gobierno, lo que podría llevar a la falta de recursos para funcionamiento, no digamos para invertir en desarrollo.

Además de lo expuesto anteriormente, se hace imprescindible entonces, la generación de un acuerdo entre todos los sectores del país, no puede haber un Estado saludable, si no se cuenta con el aporte y compromiso de todos los guatemaltecos, además de un gasto publico manejado con prudencia y de manera consecuente, la ampliación de la base tributaria, la instalación de sistemas modernos y eficientes de control en las aduanas, que existe en muchas partes del mundo, como por ejemplo el sistema internacional de cámaras de rayos x, no gamma, que opera en más de 100 países, que de alguna manera garantiza la disminución de posibilidades de evasión y/o corrupción.

De tal manera, que, antes de pensar en replantear todo el concepto fiscal, es importante hacer todos los esfuerzos necesarios para cobrar adecuadamente lo que está legislado, reglamentado y tasado, aplicando las sanciones previstas a los evasores, puesto que solo con los impuestos establecidos cobrados adecuadamente, se podría incrementar la capacidad real del Estado en más de un 50%.

Planteamos adicionalmente la posibilidad de estructurar un Consejo Nacional de Fiscalización del Gasto Publico, que vigile y fiscalice permanentemente los procesos de compras, gastos y contrataciones del Estado, para garantizar la transparencia, utilidad y calidad de los productos y servicios.

En ese orden de ideas, la lucha contra la evasión, el contrabando y la corrupción debe ser implacable, no únicamente un discurso político con carácter electoral, una lucha de todos los guatemaltecos, gobernantes y gobernados, en lo personal, y aun a costa de mi propia seguridad, y en contra de los intereses de malos guatemaltecos que se esconden en la impunidad. Llevo más de 12 años luchando por erradicar esos vicios que no permiten el desarrollo y crecimiento de Guatemala, por eso digo y repito, no tendremos tolerancia contra la corrupción, debemos derrotarla de raíz, por eso debemos impulsar la cultura de CERO CORRUPCIÓN como política de Estado.

Guatemala, 16 de marzo de 2011

Promoveremos un “Pacto Fiscal del Sector Público” Zury Ríos Frente Republicano Guatemalteco – FRG La política fiscal es el mecanismo de redistribución de recursos que utilizan los gobiernos para promover la equidad y la igualdad de oportunidades en una sociedad.

Esta consideración es por demás importante en una sociedad donde la pobreza y la extrema pobreza (60% y 20% de la población, respectivamente) alcanzan niveles tan altos como en Guatemala. Sin embargo, la política fiscal, por otro lado, debe de manejarse de forma responsable, de lo contrario se generan desequilibrios económicos que repercuten negativamente, especialmente en contra de la población más vulnerable y pobre, como lo es la inflación, el desempleo y el estancamiento económico.

El manejo equilibrado de la política fiscal, por lo tanto, es un componente fundamental de la estabilidad macroeconómica y para el mantenimiento de la gobernabilidad. Si se pierde el equilibrio fiscal, ello tendrá repercusión en las variables que orientan la economía familiar y del país, como la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés. Y precisamente es esto lo que ha estado sucediendo durante la presente gestión: se está perdiendo el equilibrio fiscal, poniendo en peligro la estabilidad macroeconómica que con tanto esfuerzo se ha logrado en los últimos 10 años.

Veamos el caso de los ingresos fiscales. De acuerdo con el Ministerio de Finanzas Públicas la carga tributaria (Ingresos Tributarios como porcentaje del Producto Interno Bruto –PIB–) se ubicó en 2010 en 10.3% del PIB, cayendo de un nivel equivalente al 11.3% del PIB en 2008 y 10.4% en 2009, y lejos aún de la meta establecida en los Acuerdos Paz de 13.2% del PIB. Los ingresos del Estado han bajado en términos reales y eso obedece a que el oficialismo no supo administrar bien los espacios políticos para impulsar reformas fiscales, y su política de combate a la evasión tributaria y de la apropiación indebida de impuestos ha sido débil.

Por el lado de los gastos, el Gobierno ha incrementado el gasto público de Q40.4 mil millones en 2008 a Q48.4 mil millones en 2010. Buena parte de este incremento en el gasto público ha sido derivado de los programas de Cohesión Social que han estado con una ejecución por encima del Q1 mil millones anuales.

Como resultado de este desempeño fiscal, el déficit del Gobierno

además de los poderes convencionales del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), estarán además convocados el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, naturalmente la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos y la Corte de Constitucionalidad.

Por otro lado, invitaremos a la sociedad civil organizada para que constituya un Observatorio Permanente de Política Fiscal y que dé seguimiento a los compromisos adquiridos.

Por el lado del gasto, se formalizarán las siguientes medidas: I. Todos los proyectos de inversión pública, ya sean estos físicos o del área social, que se incluyan en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, deberán acompañarse de una evaluación de rentabilidad social a cargo de la Secretaría General de Planificación Económica, con el objeto de priorizar y focalizar el gasto público a donde verdaderamente el país lo necesita. se duplicó mas desde que asumió el poder el oficialismo: 1.6% del PIB en 2008 a 3.5% en 2010, y para financiar este déficit se recurrió a más endeudamiento público.

Se espera que para finales del presente Gobierno, según datos del mismo Ministerio de Finanzas Públicas, la deuda pública se incrementará de 20% del PIB en 2008 a 26.5% en 2011, el incremento más acelerado de la última década. Este nivel de endeudamiento nos está acercando a la frontera de insostenibilidad fiscal, lo que pone en riesgo la estabilidad macroeconómica de corto y mediano plazo.

Ante estas amenazas, el equilibrio de las finanzas públicas será una prioridad de la que nos ocuparemos al momento de asumir el poder. Nuestras líneas de acción estarán orientadas tanto por el lado de los ingresos y de los egresos, como por el fortalecimiento de la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Por el lado de los ingresos es imperativo articular la institucionalidad pública a favor de los intereses del erario público, lo que llamo un “Pacto Fiscal de Sector Público”. En gran parte, la debilidad del poder tributario del Estado radica en el poco o a veces nulo compromiso de las instituciones públicas vinculadas al proceso del cobro efectivo de impuestos, lo que se evidencia con el alto nivel de impunidad tributaria, evasión y apropiación indebida de impuestos. De acuerdo a un estudio reciente de la Comisión Económica

para América Latina –CEPAL–, Guatemala tiene una carga tributaria potencial del 20% del PIB, léase, hoy en día se está cobrando sólo la mitad de lo que debería ser al contar con una carga tributaria de alrededor del 10% del PIB. Ese mismo estudio indica que la evasión en el Impuesto sobre la Renta está cerca de 65%, y en el caso del IVA es del 38%. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué pasa con la capacidad de recaudación del Estado de Guatemala? ¿Por qué no ha sido capaz el Estado de controlar los altos niveles de contrabando?

Por ello, estamos determinados a que entre nuestras primeras acciones de Gobierno convocaremos a los centros de investigación, a las universidades y a la comunidad financiera internacional representada en el país, para que juntos elaboren este compromiso de Estado de largo alcance, un “Pacto Fiscal del Sector Público”, donde se defina el papel y el compromiso que la institucionalidad pública tiene en defender todo aquello que permita el cobro efectivo de los impuestos, y cada institución, a través de su máximo órgano de dirección, se adhiera a este compromiso e inicie un proceso de concientización interna sobre la responsabilidad que les corresponde. No es posible pretender pedirle a la población que pague más impuestos si el mismo Estado no vela por su buen uso, por su cobro efectivo y por el mejor rendimiento social de cada quetzal que se traslada al Estado.

A este compromiso de Estado,

II. A través de un Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros, el Ministerio de Finanzas Públicas estará a cargo de las unidades de Planificación y Administración Financiera de las instituciones que conforman el Organismo Ejecutivo, con el objeto de velar por el respeto a las disposiciones presupuestarias aprobadas para cada ejercicio por el Congreso de la República. La experiencia está demostrando que la desprogramación financiera y el manejo antojadizo del presupuesto por parte de algunas instituciones como Ministerios y Secretarías están afectando la prestación de servicios básicos a la población como la salud, la educación y la seguridad.

III. Se impulsará una homologación y regularización de gastos administrativos como salarios, gastos de representación y viáticos de los mandos medios y altos de las instituciones, a manera de evitar abusos en el manejo de estos rubros.

Por último, en materia de transparencia, hemos contemplado que una función que compartiremos con la Vicepresidencia de la República será coordinar al más alto nivel de Gobierno, la implementación de las mejores prácticas internacionales en cuestión de rendición de cuentas y acceso a la información pública.

Nuestra política fiscal marcará la diferencia entre un antes y un después para que los ciudadanos recuperen la confianza en la gestión pública.

Guatemala, 16 de marzo de 2011

ADN Y LA NECESIDAD DEL PACTO FISCAL Adela Camacho de Torrebiarte ADN En ADN creemos que una Reforma Fiscal es necesaria y urgente, aunque debemos indicar que se debe partir de un Pacto Fiscal, es decir, de un Acuerdo Integral (político y metodológico) que implica la modificación de todo lo relacionado con los orígenes y usos de los fondos públicos.

La Reforma Fiscal o Tributaria, vendría siendo la parte operativa de ese Pacto.

En ese sentido, no se trata de hablar solamente del aumento de la recaudación.

Con el acuerdo conseguido en el año 2000, este tema trascendió el corto plazo y el empirismo. En ADN vemos el tema fiscal como un proceso que incluye cuatro fases: a) Principio de equidad y justicia: Todos debemos contribuir a la construcción del país que queremos. b) Eficiencia y eficacia en la actual recaudación: Sea por errores u obstáculos técnicolegales y/o por inconsciencia ciudadana, hay muchas carencias que provocan el actual “agujero fiscal”. Transparencia y calidad del gasto: Cumplidos los principios de equidad y justicia y la efectividad en la recaudación, la ciudadanía debe cumplir con su obligación tributaria en forma puntual y oportuna, y el Estado debe garantizar el uso efectivo y transparente de esos fondos, velando por la calidad del gasto. c) Imperio de la Ley: En el marco del estado de Derecho y los principios anotados, el Estado debe cumplir con sancionar a los evasores sin hacer distinción alguna.

Los elementos principales de una política fiscal sana y responsable están ya contenidos en el Pacto Fiscal alcanzado en el 2000, lo importante es ponerlos en práctica y cumplir con los compromisos que de ellos se deriven. Estos elementos son: a) La suficiencia de recursos y simplicidad del sistema tributario; b) Mejora en la administración tributaria; c) Control y sostenibilidad de la deuda pública; d) Calidad y efectividad del gasto e) Manejo transparente y efectivo del patrimonio público; f)

Evaluación y control del gasto; y g) Descentralización fiscal.

Se debe afrontar con firmeza esa visión maniqueísta que ha caracterizado la discusión y responsabilidad del tema fiscal: por un lado, los contribuyentes negándose a cumplir con sus obligaciones tributarias aduciendo el mal uso y nula transparencia gubernamental; y por el otro lado, un gobierno achacando su incapacidad a la inobservancia ciudadana. Este devenir nos tiene en la incertidumbre conceptual y de compromiso por la construcción de una Guatemala para todos.

Una adecuada y pertinente recaudación, debe proveer un Estado facilitador para la generación de certeza jurídica y

condiciones estables y claras que fortalezcan la inversión y el empleo por parte del sector privado; un Estado con firme voluntad política para cumplir con los compromisos que implica un país con las grandes carencias e inequidades como Guatemala y un Estado consciente de su responsabilidad ética con una población ejerciendo la ciudadanía plena.

Es oportuno resaltar la falta de voluntad política para cumplir estos compromisos, sobre todo aquellos de carácter permanente. No basta con cumplir parcialmente; no basta con reformas que sólo constituyen parches coyunturales. El reto es seguir mejorando en la dirección del espíritu del Pacto.

En todo caso, lo más importante es tomar conciencia de la necesidad de una propuesta integral como la que concebimos.

Por lo anterior es impostergable retomar lo comentado por la Comisión de Acompañamiento (CA) en el año 2000, al culminar el proceso.

“No obstante, la CA –y el mismo proceso de concertación del Pacto Fiscal– ha insistido en señalar al gobierno y otros órganos del Estado la necesidad y el imperativo moral y político de que las medidas que se promuevan tengan la más absoluta coherencia con los Acuerdos de Paz y los Principios y Compromisos acordados.

En refuerzo de lo anterior, el proceso de construcción de consensos ha evidenciado la necesidad de diseñar un sistema de implementación, seguimiento y garantías, que formará parte integral del Pacto Fiscal.”

A ese respecto, cuando hablamos de integralidad – una de las carencias del proceso–, no es posible seguir viendo el mismo desde ventanas parcializadas; no se trata sólo de alcanzar niveles óptimos de recaudación o deducción de responsabilidades por incumplimientos. Debemos insistir en la definición del tipo de país que necesitamos y queremos, asumiendo –por supuesto– los costos que esto implica. Y este compromiso, es de todos: Empresarios, trabajadores, políticos, autoridades locales y nacionales, es decir, de la sociedad en su conjunto.

Guatemala requiere que el Pacto Fiscal responda a ese consenso sobre el país que queremos y, en ese orden, primero debe hablarse de un Pacto Social de Nación, lo cual facilita – posteriormente– la implementación de cualquier otro tipo de acuerdos, con énfasis en el fin de la confrontación y polarización entre guatemaltecos. Los Acuerdos de Paz, asumidos como compromisos de Estado, deben ser letra viva y ayudarnos a todos y todas, en la consolidación de una sociedad basada en la democracia participativa, un sólido Estado de Derecho y una Cultura de Paz como eje transversal de la convivencia.

Guatemala, 16 de marzo de 2011

Eficiencia en el gasto más que reforma fiscal Carlos Zúñiga Centro de Acción Social CASA “Exigir transparencia y eficiencia en el gasto del Estado no es oponerse a la salud, educación y seguridad; es cumplir con ser un ciudadano responsable y consecuente con el desarrollo”. Zúñiga. 08 de diciembre de 2009.

La visión de nuestro gobierno referente al tema de la Reforma Fiscal, está orientada al aumento de la recaudación, por medio de la ampliación en la base del número de contribuyentes; hacer un adecuado uso de los recursos que se recauden, a través de eficiencia en el gasto público; así como una evaluación del nivel de tasas impositivas existentes; y la continuidad por parte de la Cooperación Internacional en el apoyo a programas de desarrollo sin el condicionante de una reforma fiscal que genere nuevos impuestos.

La Reforma Fiscal integral se ubica generalmente de forma teórica, en el aumento de la recaudación a través de las tasas y bases gravables, así como de elevar el gravamen al Impuesto al Valor Agregado –IVA–. Hay que dejarnos de la teoría y ser pragmáticos acorde a nuestra realidad.

Es necesario que la Reforma Fiscal sea integral, para lo cual se necesita analizar el Sistema Fiscal y su grado de evolución, observando dos aspectos: los ingresos tributarios y el gasto público. Con los aspectos mencionados se debe aplicar una política de redistribución de ingreso y una reforma financiera de la seguridad social.

Se pretende alcanzar y lograr mantener dos objetivos, un nivel de recaudación fiscal óptimo y un mayor control del gasto público. En nuestro país el nivel de recaudación se considera bajo, ya que existen varios factores que inciden en la armonización de la recaudación, tales como, la evasión de impuestos, la defraudación fiscal, la amplitud del sector informal, el comercio electrónico, la globalización económica y bajos niveles en la gestión del cobro de los tributos.

En los últimos años, el gasto público ha aumentado más que los ingresos fiscales, tomando en cuenta que una buena parte de la población no paga impuestos.

Se hace necesario elevar el nivel de recaudación, para lograr una economía pública sana que permita al Estado financiar su gasto público. Lo cual no quiere decir incrementar los impuestos ya que

al crear tributos o aumentar las tasas, se debe estar consciente de las distorsiones económicas, así como la reducción del ahorro, los incentivos al trabajo y la inversión. En ese camino, la pregunta es el ¿cómo?

Se debe iniciar por una simplificación administrativa, la capacitación técnica del personal de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT–, fortaleciendo la institucionalidad y la carrera profesional en el ámbito profesional. Consolidación a los sistemas de control evitando así la discrecionalidad del funcionario público y en general una

gestión eficaz.

La cooperación internacional señala la necesidad de elaborar una plataforma fiscal más amplia, asegurando que las acciones que se emprendan no pueden depender únicamente de recursos provenientes de la ayuda externa. Guatemala, en términos de su perfil de deuda, ha sido calificada, como un país que ha manejado su marco macroeconómico de manera adecuada y prudente. Dichos cooperantes justifican la generación de una reforma fiscal en función del riesgo que corren algunos programas de desarrollo debido

a que se necesita una plataforma de ingresos más amplia y fortalecida; en ese sentido, garantizaremos las contrapartidas necesarias para la continuidad de los mismos.

Se generarán las condiciones para el seguimiento del Pacto Fiscal, haciéndolo operativo. Se garantizarán las inversiones a corto y largo plazo, con incentivos fiscales específicos en el área rural. Se aprovechará la infraestructura existente para la generación de oportunidades en el sector turismo por medio de un clima de negocios favorable con incentivos fiscales a la inversión. La certeza jurídica y seguridad física es fundamental para el éxito, serán prioridad.

En la eficiencia del gasto, se focalizará el mismo apoyando a las corporaciones municipales y sus respectivos concejos, en aras de la descentralización, haciendo eficiente la inversión en sus propias comunidades.

Es importante que el Estado mejore sus ingresos, pero no incrementando las tasas a los impuestos que pagamos los ciudadanos responsables que trabajamos dentro del marco legal. El Estado pierde anualmente más de diez mil millones de quetzales sólo por evasión causada por el contrabando.

Esta actividad no sólo implica la pérdida de recaudación en los aranceles de importación, sino que es una cadena en donde se deja de pagar también el IVA, el ISR, el IGSS y las prestaciones laborales.

Situación similar ocurre con más del 70% de la actividad económica del país que está operando fuera del esquema legal. Las empresas pertenecientes a lo que se llama la economía informal, en su mayoría no regularizan sus actividades por tantas cortapisas que el mismo Gobierno pone para el pago de los tributos. Muchos de los propietarios de las micro y pequeñas empresas, ven pocos beneficios de utilizar parte de su escaso capital de trabajo en pagar impuestos; igual ocurre con los profesionales y las amas de casa. No estamos de acuerdo con gastos antojadizos y sin fiscalización.

Estamos seguros que con transparencia y un equipo capaz, lograremos que Guatemala obtenga mayores ingresos fiscales y alcance los niveles necesarios en relación a su PIB para poder atender las necesidades más inmediatas, reduciendo la pobreza, construyendo con ustedes, oportunidades para todos.

Página 12/Guatemala, 16 de marzo de 2011 - LH POLÍTICA

¿Son recursos naturales o botín para los corruptos?

Ellos hablan de qué harán para aprovecharlos con responsabilidad y protegerlos de la depredación.