Guatemala, 2 de marzo de 2011
CORRUPCIÓN VERSUS TRANSPARENCIA Carlos Zúñiga CASA “Si no peleas contra la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ellas”. Anónimo Según la organización no gubernamental Transparencia Internacional, para octubre de 2010, Guatemala se encuentra ubicada en la posición 91 en el Índice de Percepción de Corrupción –IPC–, a través de un estudio en 178 países, ordenados con base en los niveles percibidos de corrupción en el sector público, con notas que van desde cero para los países
considerados altamente corruptos hasta diez puntos para las naciones más transparentes. Guatemala obtuvo una calificación de 3.2 puntos. Lo anterior se suma a la escalada alarmante de actos de corrupción que día a día observamos los guatemaltecos. Un hecho que es importante es que todas las acciones y el ordenamiento legal existente en el país, son concebidos fundamentalmente para sancionar la corrupción y no para prevenirla. Es por ello que el trabajo en dicho tema debe de ser integral, desde el reforzamiento de los valores hasta el fortalecimiento
institucional y sin etiquetarla a un sector en particular, generalmente el sector público. La misma se presenta en interacción con diversos medios, por lo que su seguimiento debe ser contrarrestado con la transparencia. Este flagelo es una constante en el ejercicio del poder, estructura un sistema de beneficios y privilegios, aprovechándose del manejo de la gestión pública en una forma progresiva. Hoy es un mecanismo de acumulación de riqueza. Se puede identificar el problema en la articulación de condiciones y acciones que hacen posible la utilización de recursos para beneficio personal, olvidándose de los intereses generales y el bien común. La corrupción desde su origen denota una acción y un resultado ya que muestra una orientación destructiva gradual y no violenta, con capacidad de influir y ganar voluntades dentro de los principales actores de la sociedad, con el objeto de obtener compensaciones y gratificaciones individuales. Creemos que la transparencia es la protección más efectiva contra la corrupción y que la misma se encuentra en el capital humano de los guatemaltecos, necesitamos organizarla por medio del fortalecimiento del acceso a la información y a la organización social para la defensa de los derechos ciudadanos. Se creará un sistema nacional de integridad, con un enfoque interdisciplinario, el cual se hará operativo con las Delegaciones de Transparencia en las instituciones del sector público, haciendo una evaluación de procesos que conlleven a reformas administrativas, para reducir los conflictos de intereses dentro de la administración pública y los niveles de discrecionalidad de los funcionarios. Se hará un gobierno con liderazgo político que exalte los valores éticos públicos y privados sustentando su aplicación en la práctica y en el ejemplo. Se hace necesario fortalecer las entidades superiores de fiscalización para desarrollar un sistema público de adquisiciones abierto, competitivo y transparente. Por nuestra naturaleza se iniciará el desarrollo de Código de Ética y Procedimientos en conjunto con el sector privado. A todo este esfuerzo se integrará a la cooperación internacional para obtener resultados en el corto plazo fundados en la realidad y
en la viabilidad. La estrategia de combate a la corrupción estará basada en planes específicos de acción inmediata hacia la solución de problemas concretos, logrando la participación de la sociedad civil en su conjunto y teniendo como punto de partida el cumplimiento de la ley con toda rigurosidad. Se generará el compromiso de nación contra el soborno, iniciando su accionar en áreas susceptibles a la corrupción, lo cual tiene su razón de ser, en desarrollar un ambiente de prevención y un clima de completa información; dándole el espacio a la sociedad civil para reivindicarse y defender sus propios valores y no pasar desapercibida, señalando a aquellos que hacen gobierno. Creemos que el servidor público debe ser identificado como persona y no como un elemento electorero; por lo tanto, garantizarle su estabilidad laboral disminuyendo la rotación, con prestaciones dignas que incluyan una jubilación aceptable para vivir; además de brindarle las oportunidades de capacitación y entrenamiento para que logre su identificación en su puesto de trabajo y con ello ser menos vulnerable a las propuestas de corrupción. Las iniciativas que se proponen con anterioridad, entre otras, no implican que la reducción de la corrupción sea un fin en sí mismo, sino un medio, para lograr algo más grande, trabajaremos para hacer un gobierno efectivo, eficiente, justo y transparente. Actualmente los guatemaltecos vemos los actos de corrupción como hechos comunes y en la mayoría de los casos se mantiene un desaliento en que ésta se termine. Debemos provocar un cambio de actitud, dándole un impulso a la participación ciudadana y que pueda involucrarse en el control de la misma, realizando auditoría social, formando parte activa e incidiendo sobre asuntos de interés público. Nuestra estrategia de lucha constante, buscará los vínculos de organización y concientización, educando e informando sobre el tema, para hacer prevalecer los valores morales. No se puede continuar con esquemas tradicionales que sólo fortalecen el mal manejo de los recursos públicos para satisfacer intereses individuales. Debemos iniciar el camino de un gobierno transparente con mejores oportunidades para todos.
Guatemala, 16 de marzo de 2011
Eficiencia en el gasto más que reforma fiscal Carlos Zúñiga Centro de Acción Social CASA “Exigir transparencia y eficiencia en el gasto del Estado no es oponerse a la salud, educación y seguridad; es cumplir con ser un ciudadano responsable y consecuente con el desarrollo”. Zúñiga. 08 de diciembre de 2009. La visión de nuestro gobierno referente al tema de la Reforma Fiscal, está orientada al aumento de la recaudación, por medio de la ampliación en la base del número de contribuyentes; hacer un adecuado uso de los recursos que se recauden, a través de eficiencia en el gasto público; así como una evaluación del nivel de tasas impositivas existentes; y la continuidad por parte de la Cooperación Internacional en el apoyo a programas de desarrollo sin el condicionante de una reforma fiscal que genere nuevos impuestos. La Reforma Fiscal integral se ubica generalmente de forma teórica, en el aumento de la recaudación a través de las tasas y bases gravables, así como de elevar el gravamen al Impuesto al Valor Agregado –IVA–. Hay que dejarnos de la teoría y ser pragmáticos acorde a nuestra realidad. Es necesario que la Reforma Fiscal sea integral, para lo cual se necesita analizar el Sistema Fiscal y su grado de evolución, observando dos aspectos: los ingresos tributarios y el gasto público. Con los aspectos mencionados se debe aplicar una política de redistribución de ingreso y una reforma financiera de la seguridad social. Se pretende alcanzar y lograr mantener dos objetivos, un nivel de recaudación fiscal óptimo y un mayor control del gasto público. En nuestro país el nivel de recaudación se considera bajo, ya que existen varios factores que inciden en la armonización de la recaudación, tales como, la evasión de impuestos, la defraudación fiscal, la amplitud del sector informal, el comercio electrónico, la globalización económica y bajos niveles en la gestión del cobro de los tributos. En los últimos años, el gasto público ha aumentado más que los ingresos fiscales, tomando en cuenta que una buena parte de la población no paga impuestos. Se hace necesario elevar el nivel de recaudación, para lograr una economía pública sana que permita al Estado financiar su gasto público. Lo cual no quiere decir incrementar los impuestos ya que
al crear tributos o aumentar las tasas, se debe estar consciente de las distorsiones económicas, así como la reducción del ahorro, los incentivos al trabajo y la inversión. En ese camino, la pregunta es el ¿cómo? Se debe iniciar por una simplificación administrativa, la capacitación técnica del personal de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT–, fortaleciendo la institucionalidad y la carrera profesional en el ámbito profesional. Consolidación a los sistemas de control evitando así la discrecionalidad del funcionario público y en general una
gestión eficaz. La cooperación internacional señala la necesidad de elaborar una plataforma fiscal más amplia, asegurando que las acciones que se emprendan no pueden depender únicamente de recursos provenientes de la ayuda externa. Guatemala, en términos de su perfil de deuda, ha sido calificada, como un país que ha manejado su marco macroeconómico de manera adecuada y prudente. Dichos cooperantes justifican la generación de una reforma fiscal en función del riesgo que corren algunos programas de desarrollo debido
a que se necesita una plataforma de ingresos más amplia y fortalecida; en ese sentido, garantizaremos las contrapartidas necesarias para la continuidad de los mismos. Se generarán las condiciones para el seguimiento del Pacto Fiscal, haciéndolo operativo. Se garantizarán las inversiones a corto y largo plazo, con incentivos fiscales específicos en el área rural. Se aprovechará la infraestructura existente para la generación de oportunidades en el sector turismo por medio de un clima de negocios favorable con incentivos fiscales a la inversión. La certeza jurídica y seguridad física es fundamental para el éxito, serán prioridad. En la eficiencia del gasto, se focalizará el mismo apoyando a las corporaciones municipales y sus respectivos concejos, en aras de la descentralización, haciendo eficiente la inversión en sus propias comunidades. Es importante que el Estado mejore sus ingresos, pero no incrementando las tasas a los impuestos que pagamos los ciudadanos responsables que trabajamos dentro del marco legal. El Estado pierde anualmente más de diez mil millones de quetzales sólo por evasión causada por el contrabando. Esta actividad no sólo implica la pérdida de recaudación en los aranceles de importación, sino que es una cadena en donde se deja de pagar también el IVA, el ISR, el IGSS y las prestaciones laborales. Situación similar ocurre con más del 70% de la actividad económica del país que está operando fuera del esquema legal. Las empresas pertenecientes a lo que se llama la economía informal, en su mayoría no regularizan sus actividades por tantas cortapisas que el mismo Gobierno pone para el pago de los tributos. Muchos de los propietarios de las micro y pequeñas empresas, ven pocos beneficios de utilizar parte de su escaso capital de trabajo en pagar impuestos; igual ocurre con los profesionales y las amas de casa. No estamos de acuerdo con gastos antojadizos y sin fiscalización. Estamos seguros que con transparencia y un equipo capaz, lograremos que Guatemala obtenga mayores ingresos fiscales y alcance los niveles necesarios en relación a su PIB para poder atender las necesidades más inmediatas, reduciendo la pobreza, construyendo con ustedes, oportunidades para todos.
Guatemala, 30 de marzo de 2011
Por un eficiente uso de nuestros recursos naturales Carlos Zúñiga Centro de Acción Social - CASA “Primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre, ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales”. Víctor Hugo (1802-1885) Cuando se habla de la explotación de los recursos naturales se hace necesario colocar en contexto el concepto de recurso, que tiene un origen económico y que incluye por su naturaleza a todos los agentes o factores de la producción que son utilizados en una economía para producir y suministrar toda clase de bienes y servicios. Generalmente se aceptan tres categorías de recursos: la tierra, el trabajo y el capital. El recurso tierra se asocia con los recursos naturales, el cual incluye no sólo la superficie del terreno propiamente dicha sino también todos los elementos productivamente valiosos y que se encuentran en forma natural en el entorno físico, por ejemplo los minerales, el agua, el sol, el aire, el suelo y la vida silvestre. Dichos recursos naturales pueden ser de carácter no renovable, siendo aquellos cuya tasa de renovación es excepcionalmente lenta o nula, y su uso y transformación reduce constantemente sus reservas. En nuestro país el marco legal referido a los recursos naturales, entre otros, se establece en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 125, el cual menciona: “Se declara de utilidad y necesidad pública, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales, y demás recursos naturales no renovables. El estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su exploración, explotación y comercialización”. Cuando se hace un análisis de la situación actual de los principales recursos naturales vinculados a la producción, se puede observar que el suelo se encuentra en condiciones de sobreuso, en donde las pérdidas por erosión superan los límites tolerables; uno de los procesos más determinantes en la degradación del suelo es la erosión hídrica, la cual es acelerada por la actividad humana. La intensidad de los procesos de erosión es mayor en las tierras sobreutilizadas. El recurso agua está siendo tremendamente contaminado, lo cual afecta negativamente a las comunidades, alterando las poblaciones acuáticas de fauna y flora. En lo que se refiere al bosque y su diversidad, Guatemala ha sido
reconocida por la importancia de sus reservas y porque más del cincuenta por ciento del territorio tiene una vocación forestal. Se debe sumar a lo anterior, la riqueza mineral y la capacidad natural en la generación de fuentes de energía. Lo anterior pone en evidencia los innumerables desafíos que se presentan en el aprovechamiento de los Recursos Naturales. Nuestra propuesta de gobierno se orienta en principio en garantizar la certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra, considerándose como una plataforma para procurar el desarrollo rural, ya que con ello se contribuye a estimular la inversión y a evitar conflictos agrarios. Sus objetivos se establecen sobre una regulación clara y estable sobre el uso, tenencia y propiedad de la tierra. Estamos conscientes de la importancia de garantizar el respeto a la propiedad para fortalecer la inversión, la eficiencia y transparencia del mercado, en un esfuerzo integral que reúna a todos los actores involucrados para mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos, que actualmente presentan una cantidad de retos en términos de desarrollo productivo y solvencia de necesidades básicas. Mediante un proceso de ordenamiento territorial se planifica y orienta el manejo de los recursos naturales garantizando su funcionalidad al sugerir la utilización del suelo de acuerdo con su capacidad y potencialidad de uso, induciendo la mejor ubicación para llevar a cabo una actividad económica productiva. En ese sentido para un mejor aprovechamiento del recurso forestal se hará un fomento al manejo productivo de bosques. Se contribuirá al sistema guatemalteco de áreas protegidas, dándole protección y conservación a los ecosistemas estratégicos. Se fomentará la ampliación y modernización del parque industrial de transformación primaria y secundaria, incurriendo en la especialización de procesos productivos y en los servicios de apoyo a la producción forestal con miras a la consolidación del closter del sector. Se establecerán los mecanismos para lograr las ampliaciones de las exportaciones hasta alcanzar un monto cinco veces mayor que el actual. En el tema de Energía se aplicarán los incentivos propuestos por la Ley para el desarrollo de proyectos de energía renovable. Se hará una revisión del marco regulatorio para la inversión de nuevos proyectos y se promocionarán las pequeñas hidroeléctri-
cas con menos de diez megavatios. Se pondrá en marcha el plan de disminución de la presión sobre los bienes naturales y se apoyará la generación de energías alternativas. Para el enfoque específico del aprovechamiento de los recursos de minería, se hará la gestión institucional para el establecimiento de mecanismos que conlleven a una minería integrada. Se buscará que la transformación de la riqueza mineral sea en bienestar para las comunidades por medio de una alta participación comunitaria. El Gobierno pondrá en marcha el programa de asignación específica producto de las regalías de la industria minera. El Medio Ambiente se verá beneficiado con un programa de Educación Ambiental en el nivel primario. Se propondrán los mecanismos necesarios
para el manejo y conservación del recurso agua y sobre todo se hará efectiva la propuesta de mitigación para efectos perniciosos derivados de la vulne rabilidad del cambio climático, así como de aquellos derivados de desastres naturales. Se aplicarán los incentivos necesarios a los servicios ambientales que el sector productivo presta a la sociedad. El desafío es grande en cuanto a la explotación de los recursos naturales. Nuestro gobierno está consciente que más que una explotación, es un adecuado uso y aprovechamiento de los mismos, lo cual permite incrementar la competitividad y productividad de las diferentes actividades, sin olvidar las características de las regiones de nuestro país y el potencial de desarrollo de los actores involucrados.