Guatemala, 1 de junio de 2011
Un sistema de justicia eficaz Rigoberta Menchú Frente Amplio de Izquierda -FAEl sistema de justicia es un mecanismo para garantizar y proteger los derechos de los habitantes. Sin lugar a dudas, y por su propia naturaleza está para cumplir una de las funciones principales del Estado: garantizar justicia. Un sistema de justicia efectivo es aquel que resuelve los conflictos que se someten a su conocimiento, sean estos de naturaleza civil, laboral, de familia, o penal. Actualmente el sistema de justicia se encuentra colapsado y es incapaz de proteger los derechos fundamentales de la población, tales como la vida y la integridad. Cada año aproximadamente 6 mil personas son asesinadas y la mayoría de responsables no son capturados, mucho menos sancionados. En el marco del Frente Amplio, del cual soy candidata presidencial, hemos avanzado en delinear una propuesta en materia de justicia, la cual hemos denominado “Justicia eficaz”, que incluye, entre otros, los siguientes puntos:
1. Persecución efectiva contra el crimen organizado Para perseguir en forma efectiva el crimen organizado no basta con prometer mano dura contra los delincuentes o aplicar la pena de muerte. Una verdadera estrategia de combate al crimen organizado tiene en cuenta el mejoramiento de los subsistemas de investigación criminal, juzgamiento de los delitos y sanción penal que incluye el cumplimiento de las sentencias. En relación a la investigación criminal es fundamental la creación de una Policía de Investigación Criminal que permita identificar y capturar a los responsables de los delitos. Esta nueva policía debe trabajar de forma coordinada con el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), tanto en la recopilación de evidencias, el seguimiento a los sospechosos, como en la implementación de los mecanismos especiales de investigación que se encuentran regulados en la Ley Contra el Crimen Organizado. Formar este nuevo cuerpo de policía toma un año, tiempo mínimo de capacitación para los nuevos detectives. El presupuesto necesario
para implementar esta política es de 500 millones de quetzales. En ese tiempo y con ese presupuesto el resultado serán 2,000 investigadores capacitados y con ello dar el primer paso para combatir la impunidad. El presupuesto para este y otros proyectos relacionados con la administración de justicia y el combate al crimen se financiará en parte con la implementación de la Ley de Extinción de Dominio, la cual establece la incautación de los bienes provenientes del delito para utilizarse en el combate al mismo. El segundo paso lo representan los juicios rápidos, aunque esta es una responsabilidad del Ministerio Público y del Organismo Judicial, debe trabajarse de la mano con estas instituciones y con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Asimismo, a iniciativa del Ejecutivo y con el apoyo de los diputados del Frente Amplio en el Congreso, deben aprobarse e implementarse las reformas legales que permitan agilizar los procesos. Debe reformarse, principalmente, la Ley de Amparo y las leyes que tipifican los delitos de corrupción. En esta dirección es importante incrementar el presupuesto de las instituciones del sector justicia para que cumplan con sus funciones constitucionales. Hay que destacar que no basta capturar y condenar a los delincuentes, hay que garantizar efectivamente que se cumplan las condenas impuestas. En este punto corresponde al Ejecutivo elaborar los reglamentos, asignar los recursos y llevar a cabo los planes y programas para implementar la Ley del Régimen Penitenciario aprobada en el año 2006 y que dicho sea de paso ni el gobierno actual ni el anterior a éste implementaron y de ahí
las consabidas consecuencias. Para combatir a las mafias que operan dentro de la Policía y del Sistema Penitenciario hay que darle el total apoyo a la CICIG, facilitándoles la realización de sus funciones, coordinando con ellos las acciones estratégicas y operativas para combatir las estructuras criminales y atendiendo sus recomendaciones. 2. Acceso a la justicia en condiciones de igualdad Debe garantizarse que todos los ciudadanos, sin importar su condición étnica, socioeconómica, de género, o de cualquier otra índole, tengan acceso al sistema de justicia en condiciones de igualdad. Para el efecto debe incrementarse el número de comisarías de la Policía Nacional Civil, juzgados, fiscalías e incluso oficinas de la defensa pública penal a nivel nacional, para lo cual se necesita apoyar al sector justicia con el presupuesto adecuado. Para garantizar el derecho de los pueblos indígenas al sistema de justicia ordinario en condiciones de igualdad, se debe aumentar el número de personal bilingüe, así como de intérpretes que laboran en todas las instituciones del sector justicia. Hay que promover y respetar los mecanismos ancestrales de resolución de conflictos propios de los pueblos indígenas en virtud de que está totalmente demostrado que en los departamentos del país donde existen y se aplican es donde se presentan menores índices delincuenciales. Esto permitirá que el sistema de justicia se enfoque en aquellos departamentos donde se presentan los mayores índices de violencia y delincuencia. 3. Justicia integral Finalmente hay que considerar que en la medida en que las otras áreas de la administración de justicia no funcionen, el sistema de justicia se sobrecarga de conflictos. Para evitar esta sobrecarga es importante no permitir que deriven en delitos o hay que atenderlos antes en las otras áreas del sistema de justicia para evitar, incluso, la violencia. Estos conflictos son los de naturaleza laboral, agraria, familiar o incluso civil; por lo anterior es importante también fortalecer esas otras áreas del sistema. Otra iniciativa importante del Frente Amplio es retomar desde el Ejecutivo y desde el Congreso el impulso de la legislación agraria prevista en los Acuerdos de Paz, así como el cumplimiento de las recomendaciones que la OIT ha hecho en materia de justicia laboral.