Guatemala, 2 de marzo de 2011
“Tolerancia Cero” a la corrupción Zury Ríos Frente Republicano Guatemalteco
Sólo a través de una verdadera República vamos a fortalecer nuestras instituciones, y por lo tanto, vamos a poder combatir con efectividad la corrupción en la administración pública. La corrupción, en general, es el resultado del abuso de poder. Desde siempre, en la historia política ha habido preocupación en las sociedades por encontrar los mecanismos que reduzcan o eliminen los espacios propicios para la corrupción. En la medida que un sistema político es más abierto, más democrático, más transparente, menor será la posibilidad de actos corruptos. A nivel mundial, se observa un movimiento generalizado, sea cual fuere el sistema político, a favor de una cultura de rendimiento de cuentas de la autoridad pública, de qué se hace con los tributos que paga la población. Lo que sí está claro es que este es un asunto en la agenda política nacional e internacional de alta prioridad. En este sentido comparto plenamente lo que la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos –OEA– subraya cuando afirma que la “corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos” y que es “condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo”. Este mismo instrumento internacional también resalta que “el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social”. En lo que a Guatemala respecta, según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, nuestro país ocupa el puesto 91 de 187 países estudiados, es decir, es innegable que la corrupción es una realidad que nos está afectando a todos. Claro, no
olvidemos que la corrupción también está presente en todos los ámbitos de la sociedad, público y privado, y precisamente por ello es que el planteamiento institucional es tan importante: la corrupción es una amenaza para la gobernabilidad y para la sana convivencia de un país. Nosotros, en el FRG, estamos convencidos que la mejor forma de abordar el tema del combate a la corrupción es a través del fortalecimiento institucional. Otras propuestas políticas afirman que para combatir la corrupción se necesita de una “revolución moral”, “un Presidente que no tenga compromisos con los patrocinadores de sus campañas políticas”, “un Presidente que ‘no necesite robar’”, entre otras ideas. Mi propuesta es totalmente distinta. La forma en que abordaré el combate a la corrupción es, como ya indiqué, a través del fortalecimiento institucional dentro del concepto republicano. En otras palabras, sólo a través de una verdadera República vamos a fortalecer nuestras instituciones, y por lo tanto, vamos a poder combatir con efectividad la corrupción en la administración pública. ¿A qué me refiero con una República? Básicamente como el sistema político que se fundamenta en: • El imperio de la ley; no hay nada superior a la ley. Gobierno de leyes, no de hombres. La Constitución debe ser la máxima referencia legal. • Igualdad ante la ley; todos somos iguales, no más privilegios. La única forma de evitar abusos de los “más fuertes”, de “los poderosos” y del gobierno. • Sistema de pesos y contrapesos; más allá de los pesos y contrapesos convencionales e institucionales, la República se tiene que convertir en un estilo de convivencia social, donde todos fiscalizamos y somos fiscalizados. Otros valores que incorporamos a nuestra visión de República, que precisamente van encaminados al fortalecimiento de nuestras instituciones de control administrativo y político, son: la alternancia en el poder; la transparencia y la publicidad en los actos de la administración pública; la responsabilidad de los políticos y de los funcionarios públicos; la clara separación y control entre los poderes del Estado; la soberanía de la ley; la participación ciudadana y cultura cívica; y la idoneidad como condición a los cargos públicos. En el FRG concebimos también que el combate a la corrupción se inicia en el proceso de formación ciudadana, desde la familia y la escuela. Concretamente en Guatemala, vemos como gradualmente sigue colapsando la escala de va-
lores de nuestra sociedad. Es fundamental reincorporar en los programas de educación públicos y privados todo lo referente a los valores cívicos y de buena convivencia, como la honradez, el respeto hacia los demás y hacia lo ajeno, y el valor del trabajo, valores que además deben de promocionarse, principalmente por los medios oficiales, a todo lo largo y ancho de nuestra sociedad. Es alarmante ver, por ejemplo, como el narcotráfico está minando esta escala básica de valores. Mi política en todo caso será “tolerancia cero” a este tipo de contaminación. En lo que a la participación ciudadana se refiere comparto absolutamente el planteamiento de Daniel Kaufmann, director en el Instituto del Banco Mundial experto internacional en materia de gobernabilidad y desarrollo, cuando afirma que “la batalla contra la corrupción no puede ganarse únicamente a través de unas cuantas instancias de gobierno. La sociedad civil, los medios de información, el Parlamento, el Poder Judicial y el sector privado deben participar plenamente con voz y voto. Las formas innovadoras de participación de los ciudadanos a nivel local, trabajando con sus municipalidades para mejorar la gobernabilidad y frenar la corrupción, pueden ser muy eficaces”. Precisamente los medios de comunicación –como parte de la sociedad civil organizada– dentro del concepto republicano, tienen su papel de contrapeso. El manejo responsable de la información mediática ha contribuido de forma determinante en el proceso de denuncia. Es más, otro componente en el combate a la corrupción que impulsaré será la creación de mecanismos seguros de denuncia, donde el ciudadano no se sienta atemorizado y con toda confianza haga del conocimiento actos de corrupción que estén afectando a la comunidad. Por otro lado, las instituciones mismas debieran de implementar como política la facilitación del acceso a la información relacionada con la gestión de las mismas. Nos preocupa la poca disposición de algunas instituciones públicas que hoy en día no dan información del manejo de sus recursos, a pesar que contamos con una Ley de Acceso a la Información Pública. De hecho, Acción Ciudadana, que elaboró el Índice de Acceso a la Información Pública del Organismo Ejecutivo del 2010, indica que “existen 3 instituciones que no ofrecen a la ciudadanía la información pública de oficio que por ley deben tenerla en sus páginas electrónicas. Estas instituciones son: Presidencia de la República, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y el Fondo
de Desarrollo Indígena”, además señalan que existen instituciones como la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) que intimidan a quienes desean información, pues solicitan cédulas o el motivo de la solicitud de la información. Por ello, de llegar al poder no voy a tolerar ningún acto de corrupción que ponga en tela de duda mi compromiso por el fortalecimiento institucional y de la República. En todo caso, si se diera algún hecho de corrupción, se hará la denuncia correspondiente y garantizo que no habrá interferencia en los procesos de investigación administrativa o penal, ni de mi persona ni de cualquier funcionario de alto rango. Considerando la dimensión del problema de la corrupción en Guatemala, mi propuesta es que entre mis primeras acciones de gobierno, constituiré una Mesa Anticorrupción, que en un plazo no mayor de 3 meses, se revise el entorno legal vigente y se generen las propuestas legales de nuevas medidas y/o enmiendas que sirvan de disuasivo y fortalezca el combate a la corrupción. Invitaré a que integren esta mesa, personajes representativos de los sectores afectados por la corrupción (ciudadanos, empresarios) y organizaciones civiles y de cooperación internacional que tengan algo constructivo que aportar, como por ejemplo, hacer nuestras las mejores prácticas en políticas anticorrupción que en otros países se han aplicado exitosamente. Este proceso lo deben de acompañar además los Presidentes de los organismos del Estado, Congreso, Organismo Judicial, los encargados de los órganos de control como la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos. Otras instancias de poder que también tienen que involucrarse son las Corporaciones Municipales. Los gobiernos locales también deben de someterse a un proceso equitativo de rendición de cuentas. Finalmente, mi objetivo será iniciar un proceso irreversible que reposicione y saque a Guatemala de la lista de países donde el flagelo de la corrupción está afectando el buen desempeño económico y social. Un país con altos índices de corrupción no es atractivo para la inversión local y extranjera, y si queremos atraer inversión para generar más puestos de trabajo y mejores ingresos, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo como sociedad para combatir la corrupción a todo nivel. La única forma en la que vamos a lograr evitar la corrupción es en la medida en que fortalezcamos nuestras instituciones y rescatemos nuestra escala social de valores.