Suplemento LH Politicia 01-06-2011

Suplemento especial

Los aspirantes a la Presidencia opinan sobre

JUSTICIA

Guatemala, 1 de junio de 2011

Editorial

Guatemala, 1 de junio de 2011

La reforma del sistema de justicia El tema de la justicia es uno de los más agobiantes del país por la incidencia terrible que tiene en la impunidad que alienta la comisión de crímenes de todo tipo. Sin embargo, y siendo un tema de tanta importancia, no se puede pretender su solución sin cambios profundos a la estructura legal, porque desde el mismo proceso de conformación de los tribunales, todo esta seriamente viciado y el crimen organizado mete las manos en la designación de magistrados y fiscales.

Los candidatos a presidente tienen poca capacidad de maniobra y no tendrían mucho que ha cer de llegar al poder, salvo ejercer un liderazgo moral que sirva para buscar un nuevo pacto social que nos permita modificar la Constitución en el tema específico del sector justicia. No es casualaidad que en los últimos días se hayan presentado dos propuestas de reforma constitucional que se orientan, cabalmente, al tema porque cualquiera con dos dedos de frente entiende que estamos en una situación cada vez

más complicada y difícil.

En este período, gracias a la presencia de la CICIG en Guatemala, se puso en evidencia el manoseo que se hace de las comisiones de postulación y cómo opera la alianza entre el partido actual de gobierno y el crimen organizado para decidir a quiénes se envía a administrar justicia. La presencia de directivos de la UNE junto con cuestionados personajes del crimen organizado en el cabildeo alrededor de las comisiones postuladoras, desnudó la fragilidad de un sistema que pretendía alejar a la política de la designación, pero que terminó prostituyendo a la academia.

Cierto es que el Ejecutivo tendrá mucho que hacer en cuanto a fortalecer a la Policía Nacional en su capacidad de investigación y en dotar al ;Ministerio Público de los recursos indispensables para cumplir con sus fines, pero mientras no se trabaje en la otra rama, la eminentemente judicial, modificando los criterios que se usan para conformar las cortes y salas de apelaciones, no habrá es-

peranza de que se pueda conformar una estructura judicial sana y confiable.

Por ello es que el futuro Presidente, como en todo lo que haya que hacer en el país, tendrá que ser un auténtico líder nacional que tenga el suficiente poder de convocatoria para que los ciudadanos podamos mediante procesos de consenso, ser parte de una especie de refundación del país que tiene que contemplar, por fuerza, el mecanismo de adminsitsración de justicia. Sobre todo ahora que la antigua amenaza del narcotráfico dejó de serlo para convertirse ya no en amenaza sino en certeza de su presencia nociva en todos los niveles, prostituyendo aún más a un Estado corrupto que funciona por y para el beneficio de quienes son parte de la rosca corrupta que tienen todos los mandatarios.

Hay que agradecer, en cierto sentido, que la UNE haya sido tan descarada acomo para mandar a la hermana de la esposa del Presidente y al diputado más leal a realizar ese sucio cabildeo con los representantes de las ma-

fias a la hora de designar fiscal y magistrados, puesto que ello permitió conocer hasta qué punto el sistema era vulnerable y estaba sujeto a esos malos manejos que le hacen daño irreparable al país.

Precisamente a la luz de esa experiencia conocida y deleznable es que se tiene que establecer el mecanismo distinto para los procesos de selección, poniendo candados a los corruptos para que no sean ellos quienes decidan al final de cuentas sobre los administradores de justicia. No puede seguir operando el mismo sistema porque está demostrado que el mismo sirve, y muy bien, al interés de los poderes ocultos que se alian con los políticos de turno para mantener su hegemonía y su impunidad.

Todo lo que no sea reformar a fondo el sistema es una falacia al final de cuentas porque simplemente se estará hablando de dotar de más recursos a un elefante corrupto, cuando lo que hace falta es una profunda depuración que principie justamente por la misma cabeza.

TRIBUNA DIGITAL Comentarios al editorial “La Policía y nuestra dramática realidad”, del suplemento LH Política “POLICÍA, sus avances y desafíos”, del pasado 18 de mayo de 2011.

REORGANIZACIÓN La Policía guatemalteca está tan desprestigiada que nadie confía en ella, ya que la mayor parte está putrefacta; son pocos los agentes honrados, y se cumple el dicho que justos pagan por pecadores. LA POLICÍA necesita reorganización en todo sentido, en pocas palabras, profesionalización y buen entrenamiento, para cambiar la mala imagen que poseen desde hace varios años. Yo sugiero que la PNC debe ser descentralizada, es decir, que cada departamento tenga su propia Policía y quede en manos del gobernador de cada departamento la responsabilidad, seguridad y dirección de la PNC para no recargarle toda la responsabilidad al director y Ministro de Gobernación, pues es difícil abarcar todo el territorio nacional y con este sistema se actuaría con mayor rapidez.

Gilberto Armando Molina Bedoya UN ESTADO DIFERENTE Parafraseando a Bill Clinton, se podría decir: EL SISTEMA ESTÚPIDO. En

México el gobierno de Felipillo Calderón le lanzó la guerra al narcotráfico (así dice él). Resultado, hasta la actualidad, 40 mil mexicanos muertos, y la droga sigue llegando a EE.UU. En otras palabras, un rotundo fracaso. ¿Por que? Analistas dicen que el problema está en que los jueces son corruptos, los policías son corruptos, el ejército sufre lo mismo. Los directores de los presidios son corruptos y los políticos también son corruptos. Así que la guerra en México más parece que es entre bandas por controlar el Estado y desde ahí beneficiarse del negocio de la droga. El pueblo mexicano no se beneficia para nada con esa guerra sucia. En Guatemala se sufre de lo mismo, como en el caso mexicano. La sociedad está muy corrompida. Hay rumores fuertes de que grandes empresarios están metidos en el lavado de dinero. Estamos en campaña y la población ve con malos ojos esas elecciones. La mafia está detrás de los candidatos. Cambiar a un jefe en la Policía Nacional Civil por otro no resuelve nada. Ponerle otro nombre, lo mismo. La única opción

que tiene el pueblo de Guatemala, si quiere componer esa situación es hacer lo que están haciendo los mexicanos: salir el pueblo a las calles para ganarse el derecho a construir un Estado diferente. En otras palabras, el problema es el sistema que está basado en la corrupción. Urge un nuevo sistema. Ahí tienen de ejemplo a Nicaragua, Venezuela, Cuba, Argentina,.

Julio Pereira PROFESIONALIZACIÓN El pasado está cobrando factura a las instituciones de seguridad porque siempre han estado politizadas. ¿Qué hacer? Descentralizarlas y que cada gobierno departamental profesionalice todo el aparato de seguridad.

Le brinda confianza a la comunidad atendiendo sus denuncias, y junto al sistema de justicia trabajar imponiendo castigos severos a los criminales, Equipar a todos los miembros de seguridad con tecnología y armamento para combatir al crimen, cambiar la imagen de la Policía a través de los medios de comunicación, porque el policía es un miembro más de la

sociedad, que está para servir a la sociedad. Es importante mejorar su salario, prestaciones y seguro de vida para él y su familia; de esa manera el oficial podrá resistir la tentación de la corrupción, al mismo tiempo educar a la población a resistir dicha práctica denunciando a quienes quieran involucrarse en ella.

Erick Gálvez CONCIENCIA SOCIAL Lo que se necesita es conciencia social, desde los que educan a los que se forman como policías, la familia, la escuela de primaria, los básicos, el diversificado. Recordemos que los que se instruyen como policías vienen del mismo grupo social que forma la misma sociedad.

Para mí no es solamente un buen entrenamiento, porque si no se tiene conciencia de servicio ¿para qué utilizan ese buen entrenamiento? Los responsables somos todos los ciudadanos. Si pasa a manos de un gobernador imaginémonos para qué los va a utilizar.

Abelardo Mejía Solís

Guatemala, 1 de junio de 2011

Justicia: el gran desafío Otto Pérez Molina Partido Patriota -PP El Partido Patriota, acepta y respeta el informe “Una nueva justicia para la paz”, emitido por la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, en 1998, ente creado en el Acuerdo de Paz denominado “Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática”, por ser uno de los diagnósticos más certeros e importantes de los últimos años sobre la situación del sistema de justicia en nuestro país. El mandato de dicha Comisión fue generar, a través de un debate amplio en torno al sistema de justicia, un informe y un conjunto de recomendaciones susceptibles de ser puestas en práctica a la

mayor brevedad.

Este informe recoge una serie de conceptos y principios básicos para fortalecer la justicia en Guatemala.

Entre los cuales destaca la necesidad de visualizar una nueva concepción de la justicia, en donde los tribunales sean verdaderos centros desde los cuales pueda emanar la solución de los conflictos; la reparación y el resarcimiento de quienes han sido despojados de su dignidad; de las víctimas de conductas antisociales o de quienes han sufrido la vulneración de sus derechos reales. Refiere, además, la necesidad de fortalecer una verdadera independencia judicial, que permita una efectiva separación de poderes, así como el mejoramiento sustantivo del desempeño profesional de jueces, fiscales y defensores, un sistema de justicia que reconozca la

pluriculturalidad, en donde se afiance la seguridad jurídica, como componente de un sistema de garantías básico de los derechos de los ciudadanos, y la generación de condiciones para la legitimación y eficacia de la reforma judicial y el apoyo de la cooperación internacional.

Una década ha transcurrido desde entonces y justo es reconocer los importantes avances en temas tan vitales, como ciertas reformas legales sustantivas y procesales, la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales en el Organismo Judicial y Ministerio Público, implementación de las carreras judicial y fiscal, y de modelos gerenciales de administración, oralidad de procesos, gestión de despacho, juzgados de turno de 24 horas, evaluación del desempeño, sistemas disciplinarios, supervisión y capacitación, entre muchos otros. No obstante, y a pesar de las múltiples tareas llevadas a cabo por distintos actores nacionales juntamente con la cooperación internacional, es innegable que aún subsisten dificultades que son fácilmente identificables, como la corrupción, la falta de excelencia profesional de los operadores de justicia, la falta de acceso universal a los centros de justicia, la utilización exacerbada del amparo como remedio procesal, la falta de ética profesional, la carencia de información y estadística judicial plenamente confiable, la centralización de servicios, así como otros de análoga naturaleza que condicionan y limitan un sistema de justicia pleno y confiable, y que se convierten en un verdadero e inquietante valladar al desarrollo económico y social de nuestro país.

Por si lo anterior fuera poco, estamos viviendo una época de profunda crisis interna, en la que ciertos actores sociales buscan la solución a sus problemas por vías de hecho, que se traducen solamente en dolor y luto para la sociedad. Por esa razón, el Partido Patriota hace un llamado a los guatemaltecos y guatemaltecas, para continuar en la inexorable lucha por fortalecer la justicia como única herramienta válida para procurar una convivencia pacífica entre los ciudadanos.

La justicia es, por supuesto, un valor al que anhelamos todos los hombres y mujeres de este país. Nos corresponde luchar por generar las condiciones mínimas que viabilicen la búsqueda eficaz

de una justicia pronta y cumplida.

Debemos obtener el compromiso de dotar a las instituciones del sector justicia de los recursos humanos y financieros que garanticen una mejora sustancial en los servicios judiciales básicos que se prestan a la población. Un sistema de justicia sin recursos es, a todas luces, contraproducente y negativo, por lo que debe proveérsele de una asignación financiera suficiente, que garantice su independencia funcional y económica de manera real y efectiva.

Al igual que en otras latitudes, en las que han apostado por una administración de justicia pronta y cumplida como elemento fundamental de convivencia y desarrollo, es impostergable que en Guatemala se tome la decisión categórica de elevar la asignación presupuestaria de un mínimo de 2% del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado que contempla la Constitución a un mínimo del 8%. No en vano un reciente estudio relativo a la eficacia judicial en Guatemala, arrojó como resultado el 88% de insatisfacción de la población, con relación a los servicios judiciales, coincidiendo casi en su mayoría, en la necesidad de incrementar los recursos financieros a las Instituciones del sector y, particularmente, al Organismo Judicial, que como consta en la propia Constitución, goza de las garantías de independencia funcional y económica, entre otras.

Y son precisamente estas garantías las que, a falta de recursos financieros, se ven vulneradas, perjudicando el principio de que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República, correspondiendo a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado.

El reconocimiento de la situación y la propuesta están planteados.

Pero se requiere de voluntad, carácter, compromiso para hacer realidad la visión compartida de una Guatemala próspera y floreciente, en donde la convivencia pacífica sea el común denominador de una Guatemala nueva y diferente.

Por eso la participación activa, la interrelación y apoyo entre los tres Organismos del Estado, es vital para hacer efectivo el Estado de Derecho y el Régimen de Legalidad. Sin justicia no habrá paz social, mucho menos gobernabilidad democrática, base de la propuesta del Partido Patriota.

Guatemala, 1 de junio de 2011

“Un sistema de justicia más equitativo y transparente” Manuel Baldizón Libertad Democrática Renovada -LiderManuel Baldizón se preparó académicamente para conocer las leyes, respetarlas y hacerlas valer. Como científico del derecho, obtuve el Doctorado en Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero además de los 30 diputados al Congreso de la República con que cuenta la bancada LÍDER más de la mitad son abogados, ello sumado a un equipo que he conformado de abogados, Constitucionalistas, penalistas, laborales y otros, le dan el soporte de legalidad que deben tener todas las propuestas que Manuel Baldizón y el Partido LIDER han presentado, que a diferencia de los demás partidos políticos, las propuestas de LIDER son en su mayoría iniciativas de ley presentadas ante el pleno del Congreso de la República, lo que demuestra que aunque para algunos pudieran parecer ideas y planteamientos poco realistas, cuentan con el soporte legal y financiero.

Con esa certeza y porque he dedicado gran parte de mi vida al estudio, análisis y desarrollo de leyes encaminadas a mejorar el Sistema de Justicia guatemalteco, voy a mencionar tres de las propuestas más importantes encaminadas a generar un sistema de justicia más equitativo y transparente y en donde quienes transgredan la ley entiendan que la impunidad en Guatemala debe erradicarse, estas 3 propuestas, reitero, son iniciativas de ley ya presentadas ante el pleno del Congreso, incluso la que trata de la aplicación de la pena de muerte ya fue aprobada por el

Congreso pero lamentablemente fue vetada por el Presidente de la República.

LEY DE PROTECCIÓN A JUECES Y FISCALES: Esta ley que anteriormente fue conocida como “LEY DE JUECES SIN ROSTRO”, está desarrollada para resolver uno de los grandes inconvenientes que enfrentan los jueces y fiscales para investigar y dictar sentencias apegadas a derecho. En el tema de los fiscales de casos de alto impacto, gozarán de protección de alto nivel pagada por el Estado, así como tendrán la oportunidad de investigar estos casos con su información personal bajo reserva; en cuanto a los jueces que lleven casos de alto impacto, narcotráfico, homicidio, secuestro, lavado de dinero, extorsión, malversaciones de fondos del Estado, llevarán el juicio protegidos tras un cristal oscuro para que los acusados no puedan saber quién es el juez que los está condenando.

Para nadie es un secreto que los jueces y fiscales son objeto de extorsión, amenazas e intimidación por parte del crimen organizado.

Imagínese usted, amigo guatemalteco, como juez de un caso de narcotráfico, y tiene enfrente a un grupo de sicarios, cómo los puede juzgar con imparcialidad sabiendo que su familia, sus hijos están afuera corriendo peligro ante estas organizaciones. Para tener condenas rápidas y justas necesitamos proteger con seriedad a nuestros administradores de Justicia.

REFORMA AL SISTEMA CARCELARIO En el año 2004 presenté mi libro “La necesaria transformación del Sistema Penitenciario”, el cual puede ser consultado en las bibliotecas de las universidades del país, de este estudio detallado del actual sistema penitenciario se han tomado las acciones más urgentes para corregir los graves errores y las carencias que sufren actualmente nuestras cárceles y que las han convertido en universidades del crimen, y en cuarteles desde donde los criminales siguen planeando y orquestando atentados, extorsiones y amenazas, además de vivir con comodidades que guatemaltecos honrados y trabajadores apenas llegan a soñar, entre estas reformas Manuel Baldizón implementará con urgencia las siguientes: a) Reestructuración administrativa y financiera b) Ampliación de la infraestructura (granjas y cárceles de máxima seguridad) con las especificaciones adecuadas a los avances tecnológicos. c) Equipamiento y mejoramiento de salarios de los guardias penitenciarios. d) Clasificación de privados de libertad (reos) para confinar a los más peligrosos a celdas individuales y con limitación en las visitas y la comunicación al exterior, tal y como se hace en países como Estados Unidos, y

otros. e) Implementación de cámaras de seguridad en todos los penales, así como separar a los guardias y rotarlos para evitar complicidad en las fugas. f) Trabajo forzoso a todos los privados de libertad para que puedan generar el alimento que consumen.

3) Aplicación sin vacilaciones de la Pena de Muerte: La pena de muerte está vigente en el ordenamiento legal guatemalteco, lo que ha impedido su aplicación es la falta de voluntad y firmeza, ya que los anteriores y el actual Presidente de la República han recurrido a un vacío legal existente en la ley que indica quién otorga el recurso de gracia, es decir, el indulto a los condenados; ha sido la forma de ellos de evadir una responsabilidad que no es de un hombre sino del Estado de hacer cumplir la ley.

En mi calidad de Presidente, recurriré ante la Corte de Constitucionalidad en consulta, para que interprete la Constitución e indique el procedimiento jurídico apropiado para conocer y resolver el recurso planteado; en su defecto, no sea viable o no dependa únicamente del presidente la decisión, acudiríamos al Congreso Donde si Dios y el pueblo lo permiten, contaremos con una bancada mayoritaria y le solicitaría de inmediato al Organismo Legislativo, la aprobación de una normativa jurídica explícita para conocer y resolver el recurso de gracia y resolver la cuestión en duda, y en medida ulterior Podría convocar a consulta popular, basándome en la facultad constitucional como Presidente, para que el pueblo decida sobre una reforma democrática para transformar el sistema institucional y refundar un nuevo Estado; que esté acorde a las necesidades de una sociedad contemporánea que vive una realidad distinta a la de hace 30 años, esto permitiría no únicamente la aplicación de la norma en mención, sino la implementación de otras exigencias que el pueblo de Guatemala tiene y que se hablará en su momento, La aplicación de la pena de muerte es ratificar la condena de un parricida, asesino o violador de menores, de niñas, indudablemente respetando y garantizando los principios de defensa, y el debido proceso, por ello, cuando hablo de aplicar la pena capital hablo no de tiempos sino de voluntad y decisión, yo no me rindo ante “el no se puede”, ante quienes me amedrentan a mí y a mí familia; estoy decidido a iniciar una cruzada para rescatar a Guatemala del terror, del crimen, de la violencia, de la impunidad, de la corrupción, del descaro, de la falta de respeto a la ley.

Con la aspiración de una Guatemala donde impere el Estado de Derecho.

Por ello: repetiré hasta el cansancio que en los tiempos de Baldizón se aplicará la pena de muerte, se ratifica una condena producto del sistema jurídico, “aplicaré y respetaré la ley”.

Guatemala, 1 de junio de 2011

Atendiendo la justicia como eje vital de la seguridad Harold Caballeros Visión con Valores -ViVaEncuentro por Guatemala El problema de la inseguridad deber ser enfrentado atendiendo todo el sistema de justicia. Cuando la población sepa con certeza que los delincuentes están siendo investigados efectivamente, perseguidos en base a los indicios encontrados, atrapados respetando sus derechos humanos, juzgados sin sombra de duda acerca de su participación y finalmente sentenciados al establecerse la culpabilidad por sus crímenes, hasta entonces se habrá recuperado la confianza y la seguridad de los ciudadanos.

El estado de Derecho requiere que todas las instituciones que participan en la cadena de justicia estén debidamente fortalecidas, ejerzan su función con plena profesionalidad, su administración sea transparente, sus nombramientos sean hechos sin influencias externas, basadas en sus méritos y especialización. Así también los funcionarios, magistrados y jueces deben contar con todas las garantías de seguridad que requieren, que no vivan con temor o puedan ser víctimas de acciones que atenten contra su vida o su familia.

Por esto hemos diseñado en nuestro plan de

largo alcance, “Guatemala 2050”, la visión que queremos alcanzar, la cual consiste en que para el año 2050, Guatemala sea reconocida por aplicar las leyes a todos por igual y por poseer un sistema judicial honrado y eficaz que imparte justicia pronta y cumplida, combatiendo la impunidad. Como efecto de esos logros, se fortalecerían las instituciones y la certeza jurídica y se elevería la confianza ciudadana.

Nosotros queremos soluciones serias que en realidad cambien la situación actual de las cosas y por eso hemos considerado fundamental establecer una visión que perseguir, para saber hacia donde debemos encaminar las acciones, los recursos y los esfuerzos y así lograr los cambios necesarios y cimentar las bases para llegar al estado ideal en que deberían desempeñarse las instituciones del Estado.

En la actualidad, las instituciones que administran la justicia en Guatemala se encuentran debilitadas y sus fallos carecen de la completa credibilidad que su alta función debe tener. Esto debido a que en distintos casos se ha visto politizar la función judicial, aspecto que ha debilitado la legitimidad y que debe ser evitado a toda costa.

La ley de Comisiones de Postulación, impulsada en el Congreso por la diputada Nineth Montenegro, vino a dar un impulso a la sociedad civil para que esta pudiera dar

un acompañamiento a los nombramientos importantes que se han dado como la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, fiscal general y director del Instituto de Defensa Publica Penal, instituciones claves en la administración de justicia, quienes deberían contar con absoluta independencia de intereses oscuros.

De esta misma forma, deben ser impulsadas otras leyes y reformas que incluyan acciones para proveer a los jueces de todas las garantías con las que deben contar para hacer su trabajo, infraestructura apropiada en lugares donde se requiera para facilitar el acceso a la justicia de la población, equipo tecnológico que permita realizar las diligencias judiciales, personal de apoyo profesional y altamente capacitado, salarios apropiados para que los oficiales y jueces no se vean tentados hacia actos de corrupción, protección personal y estabilidad laboral ajena a compadrazgos o influencias externas que afecten su labor.

Para lograr todo esto el gobierno debe establecer prioridades, las cuales deben estar debidamente reflejadas en el presupuesto y los recursos que se asignan al Poder Judicial. Es lamentable que los magistrados se vean en la necesidad de solicitar ampliaciones a su presupuesto cuando este debería ser apropiadamente asignado de forma que se garantice el acceso a justicia a la población.

Asimismo es necesario deslindar la función administradora de la función judicial de los magistrados, puesto que estos han sido nombrados en base a su jerarquía dentro de la aplicación de la ley, pero esto ha venido quedando en segundo plano ante la función de administrar los recursos del Organismo Judicial.

El fortalecimiento a la carrera judicial es otro aspecto necesario en el mejoramiento de la justicia en Guatemala. La profesionalización y la especialización de los jueces y magistrados debe ser un objetivo importante para la función judicial, tanto de jueces como de oficiales, notificadores y todo el personal de apoyo en los juzgados y tribunales.

También deben impulsarse y reforzarse los medios alternativos de solución de conflictos para así, ir desjudicializando muchos de los casos que podrían tener un final más expedito y satisfactorio para la población, lo cual puede resultar en una mayor flexibilidad y dinamismo para que la Justicia sea pronta y cumplida como debe ser en los Estados modernos.

Sólo cuando contemos con personas con valores en los puestos clave, lograremos que la situación de la justicia en Guatemala pueda cambiar. Se requiere de personas capaces y con valor, que conozcan las prioridades que deben ser atendidas con eficiencia y transparencia para así, recuperar el respeto a la ley y a las instituciones y que esto pueda convertirse en las bases sobre las cuales pueden construirse las oportunidades de desarrollo que nuestra población necesita.

Guatemala, 1 de junio de 2011

Mientras la justicia no se garantice, habrá inseguridad e impunidad Juan Gutiérrez Partido de Avanzada Nacional -PANDe acuerdo a Wikipedia, “La justicia (del latín, Iustitia) es la concepción que cada época y civilización tiene acerca del sentido de sus normas jurídicas. Es un valor determinado por la sociedad.

Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes.

Es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones”.

Para John Rawls, “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, así como la verdad es a los sistemas del pensamiento”.

La justicia no es el dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir a quién le pertenece esa cosa por derecho. La justicia es ética, equidad y honestidad.

Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que es suyo. Es aquel referente de rectitud que gobierna la conducta y nos constriñe a respetar los derechos de los demás.

• Otro nivel de análisis lo constituye el hecho de entender la justicia como valor y fin del derecho (más que como virtud subjetiva) al que podemos conceptuar juntamente con Norberto Bobbio como “aquel conjunto de valores, bienes o intereses para cuya protección o incremento los hombres recurren a esa técnica de convivencia a la que llamamos derecho”.

En ese sentido ¿Se aplica la justicia en Guatemala? Se le da a cada quien lo que le corresponde? ¿Existe igualdad en la aplicación de la ley, sin preferencia alguna

por nadie? ¿O por el contrario, hay personas que están sobre los demás y reciben más que los otros o las leyes no les son aplicadas?

Hablar de justicia en Guatemala, en el momento actual es referirnos automáticamente a los procesos que determinan la certeza jurídica (o falta de ella) para las personas, que de alguna manera está ligada al Organismo de Estado que tiene la responsabilidad directa de la aplicación de las leyes y las concernientes sanciones a quien las viole, es decir el Organismo Judicial, el cual de acuerdo a la Constitución Política de la Republica de Guatemala, en su capítulo IV. Organismo Judicial. Sección Primera: Disposiciones Generales.

Articulo 203. Independencia del Organismo Judicial y Potestad de Juzgar. A la letra dice: “La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.

Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la Republica y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de la justicia”.

De lo anterior podemos colegir, que la administración de la justicia es absolutamente una responsabilidad del Organismo Judicial y la impartición de la justicia se hace de acuerdo con la Constitución y leyes del país. Debemos recordar de igual manera, que en el Artículo 2. Deberes del Estado, la Constitución reza literalmente: “Es deber del Estado, garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. De tal manera que si no se aplica la justicia en la medida que garantiza la Constitución, es el Estado el que viola su propia ley fundamental.

En ese orden de ideas, mientras la

justicia no se garantice, habrá para los guatemaltecos inseguridad e impunidad; ya para el año 2008 la tasa de homicidios se colocaba en 48 por cada 100 mil habitantes, la más alta de los últimos 20 años, convirtiendo al país en uno con mayores índices de homicidios en todo el mundo.

Al lado de la inseguridad, la impunidad complica el panorama, entendida esta, como la falta de una respuesta efectiva del sistema penal hacia los delitos cometidos. Se comprende como una respuesta efectiva de parte del sistema de justicia aquella que permite el castigo del responsable de un delito grave; es decir de una condena penal, sin embargo, para tales efectos, se calcula que en Guatemala, la impunidad en el caso de los delitos graves, (homicidios) la efectividad es de tan solo 2.7 % de los casos ingresados al sistema, mientras que en los delitos de evasión fiscal, aproximadamente un 96% de los casos ingresados al sistema quedan en la impunidad.

Esta falta de respuesta efectiva del sistema de justicia penal, provoca a su vez dos grandes problemas sociales: Por un lado, la impunidad genera una pérdida de confianza del ciudadano en las instituciones encargadas de la aplicación de la justicia, agravando con ello la situación de inseguridad de la población; por lo que algunos ciudadanos al no encontrar respuesta a sus conflictos por parte del sistema de justicia oficial, intentan buscarla por sus propios medios, lo que propicia en muchos casos ejecuciones extrajudiciales y linchamientos.

Sin embargo, el efecto más fuerte y directo de la impunidad es el hecho que los delincuentes, al no ser castigados por los delitos cometidos, continúan delinquiendo, puesto que la impunidad les otorga una sensación de confianza que les permite seguir realizando acciones contrarias a la ley.

Pero la impunidad, no es fácil de combatir, mientras las instituciones encargadas no estén suficientemente fortalecidas económica, financiera y de recursos humanos, y una depuración profunda que permita terminar con la infiltración de la que han sido víctima las instituciones del sistema de justicia tales como la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, llenándolas de corrupción.

Vale la pena preguntarse entonces, cuales son las posibles soluciones a esta problemática que hace crisis en el país?

1. El fortalecimiento de sistema de investigación criminal en las tres

instituciones que lo conforman: a.

La Policía Nacional Civil b. El Ministerio Público c. El INACIF 2. La formación profesional de los investigadores. La cual debe desarrollarse a partir de la carrera profesional de investigación, como una especialización, es decir; una Policía de investigación criminal 3. Fortalecimiento del Ministerio Público, para dotarlo de los recursos humanos y materiales que permitan llevar a las cortes y los tribunales a quienes resultaren capturados de acuerdo a las investigaciones practicadas.

4. En el caso del Organismo Judicial, la depuración, formación, capacitación y apoyo a los jueces y juzgadores, para que de acuerdo con la ley, puedan aplicar las penas estipuladas en las leyes, sin que, su integridad moral o física se vea amenazada por ningún motivo, garantizando así, el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia.

5. Redimensionar el sistema penitenciario.

6. Diseño e implementación de políticas de prevención comunitaria, y programas pedagógicos para apoyar políticas de prevención a todo nivel desde la familia y la escuela primaria.

7. El compromiso ciudadano y en especial de los medios de comunicación en este esfuerzo, para erradicar la cultura de la violencia que se filtra a través del tratamiento de la noticia en la medida que se deshumaniza y se exalta el uso de la violencia, cambiando por la transmisión de valores positivos, así como de la prevención del delito en todas sus manifestaciones.

Finalmente, nada de esto será posible mientras la corrupción siga infestando el sistema de justicia y seguridad, por esa razón, se deberá hacer un esfuerzo extraordinario por acabar con ese flagelo, en la medida de la profesionalización y dignificación de los hombres y las mujeres que trabajan, en dichas instituciones, a través de salarios dignos, certeza laboral, controles adecuados y permanentes para evitar enriquecimientos ilícitos, uso de drogas y tráfico de influencia, en los puestos de trabajo.

Guatemala, 1 de junio de 2011 - LH POLÍTICA/Página 7

Las propuestas de los principales líderes políticos de Guatemala se encuentran aquí

Suplemento especial

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La

EXPLOTACIÓN de los RECURSOS NATURALES,

¿Qué proponen

para combatir la CORRUPCIÓN?

en la agenda política

IMPUESTOS Y REFORMA FISCAL, Guatemala, 2 de marzo de 2011

en el centro del debate

Guatemala, 30 de marzo de 2011

Guatemala, 16 de marzo de 2011

Suplemento especial

Suplemento especial

Guatemala, 4 de mayo de 2011

IMPUNIDAD,

Los aspirantes a la Presidencia opinan sobre

en el debate político

JUSTICIA

74 mil 826 expedientes recibió el OJ en todo el 2009 7.2 por ciento de los casos ingresados en 2009 fueron resueltos en 2010 300 mil expedientes penales permanecen inactivos en el OJ 55 procesos de alto riesgo se registran desde marzo de 2010 5 mil 397 sentencias emitió el OJ en el 2010

Guatemala, 1 de junio de 2011

Guatemala, 1 de junio de 2011

“La modernización del Sistema de Justicia es impostergable” Eduardo Suger Compromiso, Renovación y Orden -Creo-

Guatemala es un país que intenta vivir bajo un sistema democrático, el cual se encuentra en una fase de desarrollo y por ello padece de muchos obstáculos.

Las bases de la democracia y del régimen constitucional, claramente establecen las responsabilidades y limitaciones del Poder Ejecutivo, en cuanto a su posible injerencia en el funcionamiento y organización de los otros dos poderes, Legislativo y Judicial.

La función Ejecutiva es una misión delicada, ya que su primordial objeto es precisamente ejecutar y velar por el cumplimiento, tanto de las Leyes emitidas por el Poder Legislativo, así como hacer efectivas las disposiciones judiciales emitidas por el Poder Judicial.

Como funciones secundarias, relativas a dichos poderes, el Ejecutivo debe velar por la seguridad, protección y atención inmediata a las necesidades de soporte en esos campos. También puede el Ejecutivo participar en las actividades de los otros poderes mediante la factibilidad

de presentar iniciativas de Ley, acuerdos gubernativos y otros recursos que permiten apoyar las funciones ejecutivas y las del sistema democrático en su totalidad.

Sabiendo esto, el Poder Ejecutivo puede realizar procesos investigativos y participativos en cuanto a las dificultades operacionales y de recursos que el Poder Judicial experimenta, apoyando las gestiones que las autoridades de dicho poder realizan, para mejorar las condiciones del sistema judicial.

El problema FUNDAMENTAL del Organismo de Justicia radica en el serio desbalance presupuestal que existe entre lo que se le asigna para recursos financieros, y los enormes presupuestos que maneja el Poder Ejecutivo y en cierta medida, el Legislativo.

Un sistema verdaderamente democrático, depende enormemente de la fortaleza del Sistema de Justicia. Dado que las disposiciones totalitarias, autoritarias y arbitrarias no son admisibles en el funcionamiento gubernamental democrático, es el Poder Judicial quien tiene la última palabra en todo conflicto que requiere la intervención de la Justicia y sus decisiones son finales y de extrema

importancia.

La erradicación de la corrupción, del crimen organizado, del nepotismo, peculado, abuso de autoridad y demás, es posible únicamente a través del proceso democrático judicial. Pero para ello la modernización del Sistema de Justicia es impostergable. Se requiere la presencia efectiva de dicho poder en TODA LA REPÚBLICA. Sus instalaciones deben estar modernas y cómodamente equipadas.

La tecnología disponible actualmente en el mundo, debe estar en sus manos para agilizar los procesos, que actual e invariablemente toman períodos mucho más largos que los que la ley establece, con muy raras y dudosas excepciones.

La escasez de personal capacitado es enorme. Basta con visitar cualquier tribunal para ver las grandes pilas de expedientes acumulados, para darse cuenta del afanoso trajín de los oficiales y personal de soporte que no se da abasto para procesar adecuadamente y en orden, la abundancia de casos pendientes.

El equipo de notificadores es insuficiente; ni siquiera cuentan con un sistema de transporte adecuado y seguro para entregar la documentación que se les encarga distribuir.

El mismo método de notificar es arcaico y permite la constante evasión de los involucrados, que se esconden ante la presencia de los notificadores o simplemente se niegan a recibir los documentos, lo que obliga a muchos intentos de notificar.

No hay suficientes jueces capacitados. La mayoría son personas y profesionales responsables, pero la constante emisión de leyes, la proliferación de las mismas, en muchos casos contradictorias y en otros, inaplicables o inoperantes, hace necesario que se funde un instituto de capacitación progresiva de los administradores de Justicia, actualizándolos en el uso de las modernas tecnologías, en los conceptos más avanzados del Derecho Positivo Garantista y en una comprensión más clara del alcance de su autoridad y de su aplicabilidad.

La mayor parte de las instalaciones judiciales están albergadas en locales poco apropiados.

Especialmente en los departamentos donde,

inclusive, existen tribunales instalados en galeras, bodegas o casas de habitación, poco apropiadas para las delicadas funciones judiciales.

Las condiciones laborales del personal requieren también actualización, proveyéndolos de mobiliario adecuado y de las facilidades necesarias para el descanso y el refresco. Debe incrementarse substancialmente su nivel de remuneración para que su desempeño sea austero, entusiasta, cortés y dedicado a cumplir con su deber y con una actitud de servicio amigable y profesional. Desde luego que la actualización profesional de todos los trabajadores del Sistema de Justicia es vital, para adaptarlos a las nuevas facilidades tecnológicas, a las modernas técnicas de organización y a los nuevos métodos de trabajo.

La responsabilidad de la Justicia recae igualmente en la eficiencia del Ministerio de Gobernación para velar porque las disposiciones judiciales sean acatadas y este es un campo donde el Poder Ejecutivo puede realizar importantes cambios para convertirlo en eficiente.

A su vez, el Ministerio Público debe formalizar sus intervenciones judiciales, adoptando mayor seriedad y cumpliendo con su misión de “Contribuir al esclarecimiento de la Verdad” y no solamente buscar y lograr condenas, sin contar con los elementos de prueba requeridos, cuya falta obliga a los honorables jueces a descalificar los casos presentados, con el resultado de mayor impunidad, injusticia y desperdicio de recursos, tiempo y esfuerzos.

Como hemos dicho antes, todo esto requiere que se establezca y defina un presupuesto financiero ADECUADO, suficiente y estable y que se procure la necesaria asistencia técnica y de asesoría para que dicho nuevo presupuesto permita la total RENOVACIÓN del Poder Judicial y así garantizar que los tres pilares del sistema democrático están equilibrados, para sostener y nivelar el crecimiento y desarrollo integral de Guatemala. ¡Se requiere, en resumen de un proceso de RENOVACIÓN y ORDEN, desarrollado inteligentemente y de manera DIFERENTE!

Guatemala, 1 de junio de 2011

Un sistema de justicia eficaz Rigoberta Menchú Frente Amplio de Izquierda -FAEl sistema de justicia es un mecanismo para garantizar y proteger los derechos de los habitantes. Sin lugar a dudas, y por su propia naturaleza está para cumplir una de las funciones principales del Estado: garantizar justicia. Un sistema de justicia efectivo es aquel que resuelve los conflictos que se someten a su conocimiento, sean estos de naturaleza civil, laboral, de familia, o penal. Actualmente el sistema de justicia se encuentra colapsado y es incapaz de proteger los derechos fundamentales de la población, tales como la vida y la integridad. Cada año aproximadamente 6 mil personas son asesinadas y la mayoría de responsables no son capturados, mucho menos sancionados.

En el marco del Frente Amplio, del cual soy candidata presidencial, hemos avanzado en delinear una propuesta en materia de justicia, la cual hemos denominado “Justicia eficaz”, que incluye, entre otros, los siguientes puntos:

1. Persecución efectiva contra el crimen organizado Para perseguir en forma efectiva el crimen organizado no basta con prometer mano dura contra los delincuentes o aplicar la pena de muerte. Una verdadera estrategia de combate al crimen organizado tiene en cuenta el mejoramiento de los subsistemas de investigación criminal, juzgamiento de los delitos y sanción penal que incluye el cumplimiento de las sentencias.

En relación a la investigación criminal es fundamental la creación de una Policía de Investigación Criminal que permita identificar y capturar a los responsables de los delitos. Esta nueva policía debe trabajar de forma coordinada con el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), tanto en la recopilación de evidencias, el seguimiento a los sospechosos, como en la implementación de los mecanismos especiales de investigación que se encuentran regulados en la Ley Contra el Crimen Organizado. Formar este nuevo cuerpo de policía toma un año, tiempo mínimo de capacitación para los nuevos detectives. El presupuesto necesario

para implementar esta política es de 500 millones de quetzales. En ese tiempo y con ese presupuesto el resultado serán 2,000 investigadores capacitados y con ello dar el primer paso para combatir la impunidad.

El presupuesto para este y otros proyectos relacionados con la administración de justicia y el combate al crimen se financiará en parte con la implementación de la Ley de Extinción de Dominio, la cual establece la incautación de los bienes provenientes del delito para utilizarse en el combate al mismo.

El segundo paso lo representan los juicios rápidos, aunque esta es una responsabilidad del Ministerio Público y del Organismo Judicial, debe trabajarse de la mano con estas instituciones y con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Asimismo, a iniciativa del Ejecutivo y con el apoyo de los diputados del Frente Amplio en el Congreso, deben aprobarse e implementarse las reformas legales que permitan agilizar los procesos. Debe reformarse, principalmente, la Ley de Amparo y las leyes que tipifican los delitos de corrupción. En esta dirección es importante incrementar el presupuesto de las instituciones del sector justicia para que cumplan con sus funciones constitucionales.

Hay que destacar que no basta capturar y condenar a los delincuentes, hay que garantizar efectivamente que se cumplan las condenas impuestas. En este punto corresponde al Ejecutivo elaborar los reglamentos, asignar los recursos y llevar a cabo los planes y programas para implementar la Ley del Régimen Penitenciario aprobada en el año 2006 y que dicho sea de paso ni el gobierno actual ni el anterior a éste implementaron y de ahí

las consabidas consecuencias.

Para combatir a las mafias que operan dentro de la Policía y del Sistema Penitenciario hay que darle el total apoyo a la CICIG, facilitándoles la realización de sus funciones, coordinando con ellos las acciones estratégicas y operativas para combatir las estructuras criminales y atendiendo sus recomendaciones.

2. Acceso a la justicia en condiciones de igualdad Debe garantizarse que todos los ciudadanos, sin importar su condición étnica, socioeconómica, de género, o de cualquier otra índole, tengan acceso al sistema de justicia en condiciones de igualdad. Para el efecto debe incrementarse el número de comisarías de la Policía Nacional Civil, juzgados, fiscalías e incluso oficinas de la defensa pública penal a nivel nacional, para lo cual se necesita apoyar al sector justicia con el presupuesto adecuado.

Para garantizar el derecho de los pueblos indígenas al sistema de justicia ordinario en condiciones de igualdad, se debe aumentar el número de personal bilingüe, así como de intérpretes que laboran en todas las instituciones del sector justicia.

Hay que promover y respetar los mecanismos ancestrales de resolución de conflictos propios de los pueblos indígenas en virtud de que está totalmente demostrado que en los departamentos del país donde existen y se aplican es donde se presentan menores índices delincuenciales. Esto permitirá que el sistema de justicia se enfoque en aquellos departamentos donde se presentan los mayores índices de violencia y delincuencia.

3. Justicia integral Finalmente hay que considerar que en la medida en que las otras áreas de la administración de justicia no funcionen, el sistema de justicia se sobrecarga de conflictos. Para evitar esta sobrecarga es importante no permitir que deriven en delitos o hay que atenderlos antes en las otras áreas del sistema de justicia para evitar, incluso, la violencia. Estos conflictos son los de naturaleza laboral, agraria, familiar o incluso civil; por lo anterior es importante también fortalecer esas otras áreas del sistema.

Otra iniciativa importante del Frente Amplio es retomar desde el Ejecutivo y desde el Congreso el impulso de la legislación agraria prevista en los Acuerdos de Paz, así como el cumplimiento de las recomendaciones que la OIT ha hecho en materia de justicia laboral.

Guatemala, 1 de junio de 2011

Adela de Torrebiarte y la JUSTICIA como valor universal clave de las sociedades desarrolladas Adela de Torrebiarte Acción de Desarrollo Nacional -ADNEl sistema de justicia lo comprenden el Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública, Ministerio de Gobernación (Policía Nacional Civil y Sistema Penitenciario) y recientemente incorporado, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. A este sistema de entes y autoridades se le ha adherido la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, con un peso de influencia importante aunque enfocado, casi exclusivamente, en los dos primeros entes.

Como hemos indicado en las publicaciones anteriores, debemos de partir que estamos frente a un conglomerado de entes, pero no ante un sistema de justicia en todo el sentido de la palabra. El bajo nivel de coordinación entre instituciones impide impactos estratégicos o de largo alcance que sólo son posibles desde la acción conjunta.

Los grandes problemas de nuestro actual Sistema de Justicia son de dos tipos: estructurales y operativos. Respecto del primero, se cuenta con una autonomía relativa pues los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son electos por otro Organismo, el

Legislativo, quien a su vez aprueba el presupuesto general de gastos del Organismo Judicial. Esta situación, desde ya no sólo limita la independencia de poderes sino la efectividad operativa de dicho organismo, pues la mayor parte de las veces se hacen recortes presupuestarios sin atender criterios técnicos sino políticos. Incluso, la naturaleza de la elección de magistrados politiza la acción de justicia, pues son los partidos políticos quienes generan los pulsos correspondientes para nombrar a sus representantes. ¿Qué hacer? Partiendo de nuestro eje principal, la Reforma y Modernización del Estado, y del enfoque integral para el abordaje de la problemática nacional en general y del sistema de justicia en particular, son indispensables las acciones siguientes desde el Congreso de la República, mediante nuestros representantes: 1) Dotar de una efectiva independencia al Organismo Judicial, modificando la actual elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y asegurándose de que el presupuesto solicitado por el Organismo Judicial, le sea entregado puntual y oportunamente; 2) Revisión de toda la legislación actual para derogar todas aquellas normativas obsoletas e inadecuadas y generando las que sean necesarias, poniendo énfasis en el espíritu democrático, moderno y efectivo de las mismas; 3) Profesionalización de la carrera judicial mediante una ley de servicio civil específica y adecuada al Organismo Judicial, aumentando el período de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero sobre todo, eliminando ese desgaste que produce la elección anual del Presidente de la CSJ; 4) Dignificación de la carrera judicial mediante el estudio salarial correspondiente, así como dotar a todos los operadores de justicia –no solo jueces– de cobertura total y efectiva de seguridad y seguro

para ellos y sus familias; 5) Promover en el imaginario de la población guatemalteca el respeto a las instituciones de justicia y la participación ciudadana, con énfasis en la cultura de denuncia (esta labor la pueden realizar los tres organismos del Estado en forma conjunta); 6) Fortalecer la investigación criminal científica y la adecuada coordinación interinstitucional de las instancias que conforman el Sistema de Justicia; 7) Instar a los medios de comunicación para que, sin perjuicio de su labor de auditoría social, respeten la independencia judicial y no permitan ventilar casos judiciales en los medios de comunicación; 8) Lucha frontal contra los poderes paralelos y la corrupción en todas sus formas; 9) Regular adecuadamente la Ley de Amparo y generar los mecanismos de agilización jurídica en los procesos, con énfasis en la descentralización y el aumento de los juzgados de alto impacto para atacar la abultada carga judicial; 10) Promover el enfoque victimológico en el sistema; 11) Fortalecer la separación de las funciones administrativas de las judiciales; y 12) Reforma total del sistema penitenciario (Acción desde el Organismo Ejecutivo).

La recuperación del funcionamiento del sistema de justicia debe enfocarse en el factor humano y paralelamente impulsar procesos que permitan adecuar las entidades a la compleja realidad del país, tanto en el frente de criminalidad e impunidad (justicia penal) como en el otro ámbito generalmente olvidado que se refiere a la justicia civil, el cual permite certeza y reglas claras a la actividad económica así como protección a la familia y la niñez.

La solución no será rápida porque la problemática acumulada viene de muchos años, por lo mismo es fundamental el proceso de recuperación, reforma y fortalecimiento del sistema de justicia, parta y tenga el soporte de un pacto social por la justicia y la seguridad, que permita el consenso de políticas públicas que brinden marco a los programas de desarrollo. Este pacto debe ser promovido por fuerzas ciudadanas a nivel político, económico y social convocadas por un liderazgo presidencial, valga decir, muy diferente al que se tiene actualmente.

“La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad.”

Simón Bolívar.

Guatemala, 1 de junio de 2011

Sistema de Justicia Mario Estrada Unión del Cambio Nacional -UCNAntes de iniciar estas líneas, se me hace vital expresar que la filosofía de nuestra agrupación política ve como vital expresión democrática el respeto y división de los poderes del Estado, este es un ideal de la imagen de la República Romana, inspirada como tradición de Occidente, la cual se apoya en la aportación cultural que nos da el continente europeo, como base de nuestro modelo democrático.

Nos apena sobremanera, cuando se escucha el hecho de que se suele generalizar un colapso del sistema de justicia, cuando vemos que los intentos de probidad y justicia se sienten frustrados ante una estructura anquilosada, atada con una soga al cuello denominada presupuesto.

Pareciera el descuido y desatención que se le da al sistema de justicia, como un plan maquiavélico que busca la debilidad de la institución que debería de gozar de la mayor de las independencias, solemos ser críticos como un rebelde sin causa, sin ver que el trasfondo de nuestro sistema de justicia

hace esfuerzos meritorios por su supervivencia, sin embargo estructuras y métodos que ya son una tradición del ejecutivo, asfixian las esperanzas de un sistema independiente sujeto únicamente al imperio de la ley.

Ejemplos como los de empleo de un Ministerio Público a conveniencia política, solo nos traen pesares y desesperanza, todos recordamos cómo penosamente la prensa sorprende al Fiscal General saliendo de las oficinas privadas del señor Presidente, en el epicentro de la crisis del caso Rosenberg, también vemos que ya se ha convertido en un hábito, la remoción del fiscal en funciones, cuando se da el cambio de administración presidencial, para nombrar a una persona allegada al ejecutivo de turno.

El año pasado, vimos la designación de un Fiscal General que cumple con todos los requisitos de ley para cumplir con el cargo, sin embargo en la ceremonia de investidura del Lic. Reyes, miembros del ejecutivo ven dentro del staff de seguridad del nuevo fiscal, a figuras que pueden ser amenazantes a sus intereses, e inmediatamente se genera una cadena de publicidad

negativa alrededor de esta nueva figura, no obstante había sido seleccionado probadamente con anterioridad, la crisis llega a tal nivel que se hace una revisión preocupante de su designación y encontrando rincones que permitían una remoción, esta se aplica, haciendo pasar de nuevo a nuestro sistema de justicia por una amputación naciente, para generar un injerto no amenazante a la imagen del ejecutivo.

Ese tipo de inestabilidad de la imagen profesional de las figuras en quienes descansara la certeza jurídica de nuestro Estado, refuerza en su momento la percepción de una manipulación política, al antojo de la administración temporal, ello independiente de la capacidad de generar presión con la asignación de recursos en cuanto a su volumen, para llevar una adecuada asignación de fondos.

Por otro lado y de la manera en que actualmente surge, se ve la capacidad de intimidación del narcoterrorismo, término que se acuñó a oídos sordos, cuando la amenaza marxista leninista desaparecía para Guatemala, cediendo su espacio de violencia a esta nueva amenaza que vendría a nublar nuestros días con mayores e ilimitados recursos, los casos de intimidación a nuestros valientes fiscales, quienes a riesgo directo de sus vidas presentan cargos a miembros de militantes del crimen organizado, siendo el Estado incapaz de brindarles protección y seguridad (única verdadera obligación inherente de los estados modernos), dejándoles a su suerte, para que sean desfilados mutiladamente a quienes heroicamente buscaban cumplir con su deber, es de lamentar por no decir de llorar sangre.

Hemos tenido la escuela de otros países que han logrado sobreponerse a estas crisis de tan colosal adversario, como lo es el narcotráfico, una de las herramientas claves se apuntalaron en la protección de la identidad de los jueces y fiscales que llevan a cabo los juicios a tales desafíos, así mismo la garantía suficiente para sus vidas como las vidas de su familia, aspecto de sobra comprendido, que cualquier persona en su lugar demandaría si le tocara una tarea tan

peligrosamente compleja.

Debemos de darle el lugar adecuado al sistema de justicia, hoy en día aún recordamos cómo a inicios del mes de septiembre del 2008, se hacía la denuncia pública de que el mismo Presidente indicaba ser víctima de espionaje, para dicha declaración se tuvo la capacidad de convocar a la totalidad de su staff de ministros, sin embargo no se convocó a la única legítima figura que debía de estar presente, el Fiscal General, dejando en entredicho la veracidad de los hechos, luego de ello, buscando reconstruir los supuestos hechos, se recibe el apoyo fraternal y solidario de la Embajada de EE.UU., para poder efectuar una investigación profesional, la cual reveló abiertamente la imposibilidad de las acciones de espionaje, sin embargo el Ministerio Público en una abierta presión, tiene que presentar cargos, más por una presión política que por una recopilación de los supuestos hechos delictivos, a pesar de que el informe que tuvieron en su poder les indicaba abiertamente la imposibilidad de que se hubiera cometido ese delito, lo cual dejó un cabo suelto, entonces ¿Quién mintió si ese delito no se cometió?

Hoy en nuestra Guatemala, vemos cómo tienen una tremenda rimbombancia casos de coyuntura política, capaces de mover macro intereses de estado, haciendo un despilfarro que desatiende los verdaderos crímenes diarios, como el de atender a más de 19 homicidios al día, sin embargo se satura a un sistema de justicia a atender agendas políticas, haciendo de la vista gorda la sangre guatemalteca derramada ante la indolencia de un Estado vigilante de su objetivo de corto plazo, su propia supervivencia, en abierta resignación de un recuerdo vergonzoso de incapacidad, ante la obligación de dar justicia a sus conciudadanos.

Como nos lo dijo Aristóteles “los colmillos de la justicia solo logran morder los pies descalzos”, no son más leyes las que requiere nuestro país, sino la certeza imparcial del cumplimiento de las que ya tenemos, sin sesgos temporales de administración; sino robustecemos y damos la adecuada libertad de acción a nuestro sistema de justicia, entonces sencillamente nos resignaremos a tener un estado fallido dependiente de abdicar su soberanía a cambio de orden.

Página 12/LA HORA Guatemala, 1 de junio de 2011

CICIG ¿Cuál es su legado para Guatemala?

Los políticos opinarán sobre el tema.

Exija su ejemplar el próximo 15 de junio de 2011.