LH Politico 15-06-2011

Suplemento especial

CICIG

y la creaci贸n de la Comisi贸n Presidencial contra la Impunidad en Guatemala

Los pol铆ticos opinan

Guatemala, 15 de junio de 2011

Editorial

Guatemala, 15 de junio de 2011

El verdadero cascabel al gato En esta edición del Suplemento Político de La Hora abordamos un tema en el que podemos decir, con toda propiedad, que se trata de ponerle el cascabel al gato, porque la impunidad es la madre de todos los problemas que agobian al país, especialmente los de inseguridad y corrupción que alientan casi todos los otros males que sufrimos los guatemaltecos, incluyendo desde luego la incapacidad para hacer que los gobernantes rindan cuentas y cumplan con su deber.

Hemos sostenido que la impunidad es un problema estructural en el país y nos atrevemos a decir que es tan antiguo como la Patria misma. En efecto, cuando en 1821 los llamados “Próceres” decidieron declarar la Independencia antes de que el pueblo lo hiciera (como literalmente lo dejaron explicado en el Acta de Independencia) y para no pagar impuestos a la Corona de España, marcaron la senda de un sistema hecho por y para ellos, es decir, para los criollos que eran los privilegiados de la época, cuyos herederos han sabido mantener sin modificación el sistema que castiga al pelado,

al que no es parte de alguna forma de poder, pero que jamás castiga ni condena a los que son en realidad, por distintos medios y en diversas proporciones, los verdaderos dueños del país.

La impunidad llegó a exacerbarse y a generar estructuras institucionales durante el conflicto armado interno, cuando la defensa del sistema de privilegios hizo que las fuerzas militares y policiales reprimieran a los que se alzaron en armas para desafiar al régimen.

Y para protegerlos en cualquier circunstancia, aun en casos de flagrante abuso, se diseñó todo un método que partió de la cooptación de las instituciones públicas, especialmente el Ministerio Público con sus labores de investigación y fiscalía, y el Poder Judicial, donde los jueces sabían que la ley no se aplicaba jamás a los que estaban librando la guerra en defensa de las llamadas instituciones democráticas.

Cuando se terminó el conflicto se hizo énfasis en el desmantelamiento de ciertos poderes, incluyendo el mismo Ejército, pero no se hizo absolutamente nada para controlar

las redes de la impunidad. Por el contrario, cuando los que lucharon en defensa del Estado empezaron a aprovechar sus conocimientos y experiencia para enriquecerse como parte del crimen organizado, a partir sobre todo del manejo de las aduanas y el contrabando, esas viejas y eficientes estructuras siguieron cumpliendo al pie de la letra su función y su papel.

Lo que ahora se discute y hace público con el caso del asesinato de Víctor Rivera y el papel que jugó la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y en general el Ministerio Público para desaparecer pruebas y ocultar cualquier evidencia, no es realmente una novedad, sino un hecho que puede salir a luz porque, afortunadamente para el país, se estableció una Comisión Internacional Contra la Impunidad que entre aciertos y errores, ha dado pasos significativos para desnudar nuestra realidad y evidenciar cuán podrido ha estado nuestro sistema.

Los sucesivos Fiscales Generales y Jefes del Ministerio Público han sabido de esa cooptación institucional y cedieron, en algunos

casos, o simplemente cumplieron con quienes los pusieron al frente de esa dependencia a sabiendas de lo que tenían que hacer. Aquí, por acción o por omisión, todos los que han dirigido la institución han sido parte del macabro juego de la impunidad que hoy nos tiene de rodillas y lo mismo se puede decir de muchos estamentos del sistema de administración de justicia en donde también había judicaturas reservadas para conocer (y hacerse los babosos) de cualquier caso que involucrara a los miembros de los poderes paralelos que, al fin de cuentas, terminan siendo nada más y nada menos que una forma de crimen organizado, sin que importe el color del uniforme o la elegancia del traje porque, al fin de cuentas, son grupos que se estructuran y funcionan para enriquecerse en perjuicio del país y de sus leyes. ¿Hay entre los políticos claridad y entendimiento del tema? ¿Está alguno de ellos dispuesto a romper con las estructuras que han sojuzgado al país? Veamos sus respuestas y dispongámonos a sacar nuestras conclusiones.

TRIBUNA DIGITAL Comentarios al editorial “La reforma del sistema de justicia”, del Suplemento LH Política “Los aspirantes a la Presidencia opinan sobre justicia”, del pasado 1 de junio de 2011.

NO HAY UN VERDADERO LÍDER Lo malo es que no hay dentro de los candidatos un verdadero líder que sea capaz de empezar a enderezar la nave, principiando que los que encabezan las encuestas son los que más comprometidos están con la mafia. ¿Entonces de qué manera van a llegar a darle solución al problema? Al contrario, más se enraizarán dentro del Estado. Así que aliviados estamos.

Heriberto Herrera DEJEN SUS INTERESES PERSONALES Yo de verdad creo en la independencia de poderes, pero claro que las decisiones que tome el Presidente inciden en el Sistema de Justicia. Lo que creo es que sin un sistema de

Suplemento especial

justicia sólido e infranqueable, las cosas no van cambiar. Sin un buen sistema de justicia no se puede castigar a los asesinos, a los especuladores, a los corruptos, a los que atropellan los derechos de los trabajadores, a los que tienen deudas del pasado.

En fin, sin esto, no pasará nada.

Ojalá que de verdad los presidenciables dejen por un lado sus intereses personales y se preocupen por nosotros, el pueblo.

Los aspirantes a la Presidencia opinan sobre

JUSTICIA

Alan Ramírez

“Los candidatos a Presidente tienen poca capacidad de maniobra y no tendrían mucho que hacer de llegar al poder, salvo ejercer un liderazgo moral que sirva para buscar un nuevo pacto social que nos permita modificar la Constitución en el tema específico del sector justicia”.

EDITORIAL 1 de junio de 2011

Guatemala, 1 de junio de 2011

Guatemala, 15 de junio de 2011

Esfuerzo conjunto: CICIG y sector justicia Otto Pérez Molina Partido Patriota -PPEl Partido Patriota (PP) reconoce la importancia de la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sin duda, los elevados índices delincuenciales, las redes criminales, el narcotráfico y demás ilícitos de alto impacto se han visto nutridos y fortalecidos por la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en el país, por lo que su desmantelamiento y destrucción es una prioridad de Estado.

El mandato de la CICIG establece entre sus principales acciones la de emprender y establecer la existencia de los cuerpos ilegales, identificando las estructuras, modalidades de operación y fuentes de financiación, que además de menoscabar los derechos humanos de los ciudadanos, toma indirectamente el control del Estado. La eficiencia de la CICIG contribuirá a su desarticulación, promoviendo la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes. La CICIG también debe recomendar al Estado de Guatemala la adopción de políticas públicas para erradicar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, así como prevenir su reorganización, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales que sean necesarias para tal fin. Por tanto, la CICIG tiene un mandato de dos años y ha sido renovado por dos años más, es una herramienta de carácter temporal y de múltiples aristas en función de fortalecer el sistema de justicia en el país y, por ende, el combate a la impunidad, que solamente corrompe, destruye y aniquila nuestra frágil democracia.

Al PP le congratula sobremanera la voluntad de la comunidad internacional en coadyuvar al fortalecimiento de nuestras instituciones y particularmente en la implementación de mecanismos eficaces que tiendan irremediablemente a la construcción de un Estado de Derecho sólido y eficaz. Por ello, la decisión de la ONU de apoyar a través de la CICIG a la justicia oficial guatemalteca significa una innegable manifestación de apoyo y solidaridad para nosotros, así como el reconocimiento de que nos encontramos atravesando por una coyuntura histórica compleja, atípica y extremadamente

violenta, que se traduce en la impostergable necesidad de diseñar y ejecutar una estrategia coherente y ejecutable de prevención del delito y reaccionar con contundencia, capacidad y efectividad ante la comisión de delitos.

El combate al crimen organizado no es tarea fácil, pero es factible, siempre que exista voluntad política, planes estratégicos, recursos humanos y financieros, estos últimos utilizados de manera transparente.

Aunque es una tarea del Ejecutivo, la misma debe contar con el respaldo de los otros Organismos de Estado y la colaboración de la ciudadanía, lo cual implica la promoción de valores y actitudes de convivencia pacifica.

Estamos convencidos que los jueces, fiscales, investigadores y demás auxiliares del sistema de justicia, constituyen la parte fundamental del gran andamiaje institucional del sector justicia, conformado por el Organismo Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil (PNC), el Instituto de la Defensa Pública Penal, el sistema penitenciario y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Hombres y

mujeres que a diario exponen su vida y su seguridad para revertir los índices delincuenciales y brindar seguridad jurídica a la población.

Reconocemos la labor de hombres y mujeres guatemaltecos, como a los ciudadanos de otros países amigos que trabajan hombro con hombro con Guatemala desde la CICIG, para obtener sentencias condenatorias contra los autores intelectuales y materiales, cómplices y encubridores de infracciones penales, de quienes esperamos su legado procedimental, para realizar investigaciones, que les permitan a los jueces dictar fallos técnica y jurídicamente sustentables, en beneficio del imperio de la ley.

El PP comparte la idea de la CICIG en la desarticulación del crimen organizado a través de fiscalías especializadas, equipos de investigación eficientes, así como criminalistas profesionales y equipos tecnológicos de que esto se haga realidad.

En el PP creemos que el gobierno central no puede ser ajeno a la problemática del sector justicia. Por el contrario, desde el gobierno central, a través de una comisión específica

o de una Secretaría Presidencial de Apoyo a la Justicia, se pueden ejecutar múltiples acciones para coadyuvar en la construcción de un sistema de justicia eficaz, por supuesto sin vulnerar la independencia funcional de las instituciones del sector justicia.

Algunas acciones que pueden ser apoyadas desde el gobierno son: (i) Mayores recursos para el Organismo Judicial, el Ministerio Público y demás instituciones del sector justicia; (ii) Promoción de reformas legales sustantivas y procesales; (iii) Mejorar la coordinación con la cooperación internacional, con el objeto de optimizar el uso y aplicación de los recursos de dicha cooperación; (iv) Coadyuvar en la definición y actualización permanente de las políticas criminales de Estado; (v) Mejorar los procedimientos de investigación en la PNC; (vi) Crear la escuela de oficiales de la PNC; (vii) Implementar la ley del sistema penitenciario; (viii) Apoyar a los formuladores de currículos de estudio en materia de fortalecimiento de la justicia; y (ix) Comunicación eficaz con la población en temas relacionados con la justicia.

El PP está comprometido con la justicia y la seguridad jurídica, que se traduce en la certeza de la ley y, por consiguiente, en la previsibilidad de su aplicación. Estamos convencidos que solo a través del trabajo conjunto y de la coordinación de esfuerzos alcanzaremos la justicia que nos permitirá la convivencia pacífica.

Reconocemos sin embargo, que el esfuerzo y apoyo de la CICIG es temporal y no puede durar para siempre. La CICIG debe contribuir a fortalecer las instituciones como el Ministerio Publico, Policía Nacional Civil y otras instituciones del Estado que deben aprovechar la experiencia y emplearla en la mejor forma posible para que los guatemaltecos fortalezcamos las capacidades de los operadores de justicia sin depender de la ayuda internacional. De esa manera, llegado el momento en que finalice su mandato, tendremos la plena certeza que contamos con un sistema más sólido y eficiente.

Reiteramos nuestro reconocimiento y agradecimiento a la comunidad internacional por su manifiesto interés y permanente apoyo en la construcción de un genuino Estado de Derecho en Guatemala y, particularmente, a la CICIG y al Sistema de Naciones Unidas que están colaborando en la construcción de un sistema de justicia moderno, confiable y eficaz.

Guatemala, 15 de junio de 2011

La Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala Manuel Baldizón Libertad Democrática Renovada -LiderCICIG la concebimos como un instrumento de cooperación internacional para desmantelar las redes criminales que se han enquistado en el Estado guatemalteco e inutilizan su capacidad de dar seguridad a la población y garantizar el Estado de derecho.

Para que la presencia temporal de la CICIG contribuya efectivamente a ganar seguridad y derrotar la impunidad, debe apegarse de manera estricta a su mandato y operar con absoluta independencia de los intereses de los poderes fácticos y oficiales.

Ahora bien, la CICIG no viene a sustituir la responsabilidad del Estado en dar seguridad a su población. Por eso, debemos apoyar la labor de la CICIG y la vemos como necesaria, pero pensamos que el Estado no se debe acomodar esperando que los resultados vengan solos, pues el Ejecutivo debe hacer su papel responsable en el combate al crimen organizado y la impunidad.

Debemos aprovechar la presencia de la CICIG para refundar los aparatos de seguridad y justicia, cuyo cáncer se llama corrupción.

CREACIÓN: La CICIG fue creada por la firma del Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. Según su mandato fue creada para investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, identificar sus estructuras de estos grupos ilegales y colaborar con el Estado para desarticular los mismos y promover la persecución penal, y la investigación, así también podrá recomendar al Estado de Guatemala, la adopción de políticas públicas.

Asesorará técnicamente a los organismos de éste, podrá ser querellante adhesivo según el Código Procesal Penal, y podrá presentar las denuncias penales contra funcionarios públicos.

PAPEL QUE HA JUGADO En Guatemala, en colaboración con el Ministerio Público han investigado casos de alto impacto y los han llevado a los responsables, entiéndase exfuncionarios públicos, en algunos casos a los Tribunales de Justicia para ser juzgados.

Ha sido fundamental su participación en estos temas.

COMO ORGANISMO EJECUTIVO LA CICIG CÓMO COLABORARÍA En la celebración de convenios interinstitucionales para trabajar en conjunto y avanzar en actividades que la comisión desarrolle en Guatemala según su mandato, tales como la Secretaría de la Mujer, Ministerio de Gobernación, SAT, MP.

Uno de los pilares fundamentales políticos y técnicos es su relación con la comunidad internacional, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un papel trascendental.

Constituir el apoyo para enfrentar y vencer la impunidad en el Ejecutivo.

Como gobierno coordinaremos con ellos para llevar a cabo el Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia.

ES NECESARIO QUE SE AVALE LA EXTENSIÓN DE SU MANDATO EN GUATEMALA PARA CONTINUAR BRINDÁNDOLE EL APOYO Y LA COLABORACIÓN INDISPENSABLE. La CICIG se creó hace cuatro años como un órgano

independiente de carácter internacional con tres objetivos principales; en los cuatro años de su existencia, la CICIG ha contribuido enormemente con el país y es fundamental en la tarea de fortalecer las instituciones, de persecución e investigación del delito, y de activar los mecanismos de investigación. El Partido Lider, consciente de que las causas que condujeron a la creación y funcionamiento de la CICIG, continúan siendo vigentes, los problemas de cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad, y de impunidad, están latentes en el país. De modo que continúa siendo necesario el funcionamiento de la CICIG y de que cuente con todo el respaldo y apoyo del Gobierno de Guatemala para que se logre el cumplimiento de esos objetivos que son los siguientes: • Primero, la CICIG debe investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, y debe identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), sus actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.

• Segundo, la CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad, y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes.

• Tercero, la CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.

Por lo que la bancada Lider ha apoyado y seguirá apoyando las propuestas y reformas de leyes que la CICIG está realizando.

Guatemala, 15 de junio de 2011

CICIG es una oportunidad para la justicia en Guatemala Harold Caballeros Visión con Valores –ViVa–ExG– Encuentro por Guatemala Para alcanzar el desarrollo en Guatemala, necesitamos como pilar fundamental un Estado de Derecho en el que exista certeza jurídica y un verdadero respeto por la Ley. Este sólo puede ser alcanzado cuando se tiene un sistema de justicia moderno, profesional, que cuente con los recursos financieros, técnicos y profesionales precisos, y principalmente con personas éticas y de valores que sean verdaderos defensores de la justicia, la ley y el Estado de Derecho.

Porque mientras exista un porcentaje alto de impunidad en el país, es absolutamente imposible pensar en un desarrollo económico basado en inversión nacional o extranjera, pues la certeza jurídica es básica para el clima de competitividad y de negocios en cualquier nación.

Por eso es importante mejorar las capacidades del Organismo Judicial, del Ministerio Publico y todas las instituciones que tienen relación con la administración de justicia. En este sentido el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– es importante para los guatemaltecos. CICIG es una institución que puede resultar muy útil para mejorar las capacidades técnicas de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Publico y en la profesionalización de los funcionarios de las instituciones de justicia.

Guatemala debe aprovechar cualquier oportunidad que sea válida para mejorar su institucionalidad y la justicia, en este sentido el apoyo de las Naciones Unidas es trascendental, y puede representar una gran contribución para el país.

La CICIG ha demostrado que teniendo las herramientas, el apoyo económico y la preparación técnica de las personas se pueden lograr resultados en la investigación criminal que me-

joren la administración de justicia.

Además, durante los tres años que lleva funcionado la CICIG en Guatemala es destacable su contribución, mediante sus continuos llamados de atención, específicamente del excomisionado Carlos Castresana, sobre las necesidades de la administración de justicia en el país.

Poner los ojos sobre lo que Guatemala necesita para mejorar la justicia es algo también muy valioso. Y en esto la sociedad civil guatemalteca ha sido receptiva y ha mejorado su involucramiento en velar por la justicia y

los esfuerzos en reforzarla.

El trabajo de la citada Comisión, en ciertos casos de alto impacto, han puesto al descubierto aspectos que los guatemaltecos debemos tomar conciencia, principalmente la necesidad de transparencia en la función judicial, como era el objeto principal de la Ley de Comisiones de Postulación que impulsó la diputada Nineth Montenegro, la cual ha facilitado la participación de la sociedad civil en velar porque no existan injerencias de intereses oscuros en la administración de justicia.

Sin embargo, es importante recordar que el apoyo que CICIG debe dar al país es de manera temporal, nosotros como guatemaltecos debemos velar porque las instituciones de justicia cuenten con todas las herramientas técnicas y profesionales para el logro de sus tareas.

Guatemala debe aprovechar el tiempo que le resta a CICIG para ir compartiendo, transmitiendo sus conocimientos y mecanismos a las instituciones que apoya, haciendo responsables a los encargados de la investigación en los casos de importancia para el país. No es bueno ni conveniente para la institucionalidad que el mandato de CICIG se prorrogue indefinidamente.

El Estado guatemalteco debe dar pasos para que las bases que CICIG ha establecido sean reforzadas y desarrolladas con sus propios esfuerzos.

En la coalición ViVa-Encuentro por Guatemala –EG–, contamos con un plan de corto, mediano y largo plazo, con una visión clara de lo que debe hacerse para reforzar la Justicia para alcanzar seguridad en Guatemala. Contamos con gente con Valores que busca llegar al Congreso para impulsar leyes que fortalezcan la administración de justicia y que velen por que se otorgue al sistema de justicia los recursos que necesitan. Y estamos convencidos que con Gente con Valores en puestos claves, lograremos vencer la impunidad y devolver la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Guatemala, 15 de junio de 2011

La CICIG y la Comisión Presidencial contra la Impunidad en Guatemala Juan Gutiérrez Partido de Avanzada Nacional -PANLa existencia de una Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, debería ser motivo para que todos los guatemaltecos sintamos una profunda vergüenza, al reconocer que las instituciones creadas por el Estado para proteger la vida, la seguridad y los bienes de los ciudadanos son incapaces de cumplir con sus funciones.

Sin embargo, debemos aceptar la vergüenza y beber de ese cáliz amargo, como algo necesario, puesto que el Estado en general y sus instituciones específicas, especialmente el Ministerio Público, desde hace algunos años, ha demostrado con suficiencia su incapacidad para investigar, acusar y condenar, a los delincuentes y resolver los crímenes comunes, mucho menos los que provienen del crimen organizado.

En ese sentido dada la incapacidad de nuestro sistema de investigación, seguridad y justicia, la Organización de Naciones Unidas y la República de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en diciembre de dos mil seis; Acuerdo que contó con la Opinión Favorable de la Corte de Constitucionalidad y la respectiva ratificación por el Congreso de la República. Esta institución depende directamente del Secretario General de Naciones Unidas.

El Acuerdo relacionado establece que dicha Comisión surge debido a que los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad atentan gravemente contra los derechos humanos, a través de acciones delictivas que provocan impunidad y debilitan el Estado de Derecho, lo que hace necesario establecer una comisión investigadora de estos grupos para coadyuvar con la desarticulación de estos.

Es verdaderamente preocupante que el Estado de Guatemala, y sus instituciones encargadas de velar por la seguridad y la justicia de los ciudadanos, no sean capaces de cumplir con sus obligaciones y que hayan sido permeadas por el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, es absolutamente inconcebible que se tenga que recurrir a la ayuda de comisiones internacionales para que vengan a realizar el trabajo que por mandato constitucional le corresponde al Estado de Guatemala y sus instituciones, en vista de no existir

un liderazgo político que termine con los altos niveles de corrupción, y la cooptación de las instituciones por los poderes paralelos ejercidos por el crimen organizado.

Luego de 3 años, se prorrogó ante la Organización de Naciones Unidas, por solicitud realizada por la República de Guatemala, por dos años más; prórroga que vence el cuatro de septiembre de 2011.

Lo que significa, que durante los primeros 3 años de trabajo de la CICIG en Guatemala, poco se ha hecho para que los guatemaltecos puedan tomar la dirección de las instituciones del Estado, fortalecerlas, y formar a las personas idóneas que puedan desarrollar el trabajo que se requiere y garantizarle al ciudadano, seguridad y justicia, devolviendo la confianza en las instituciones específicas.

Con mucha razón, la creación de la CICIG y la injerencia de una entidad internacional en asuntos propios del Estado de Guatemala, creó un descontento generalizado por considerarse que se viola la soberanía del Estado de Guatemala, al dar a una institución internacional un poder desmedido y superior al poder de cada uno de los Organismos del Estado posee; además de someter la justicia guatemalteca a la autoridad de

la Organización de las Naciones Unidas.

En ese sentido, la CICIG como institución supranacional de apoyo al fortalecimiento de la justicia a través de la investigación de casos muy puntuales, de alto impacto, en los cuales los organismos del Estado resultan involucrados, o con poca capacidad para combatirlos, debe ser absolutamente transparente en su función, evitando intervenir en decisiones políticas o administrativas que son competencia exclusiva del gobierno de Guatemala, y sí procurando dar los lineamientos y soporte necesario para dejar instituciones fortalecidas, depuradas y eficientes a su retiro.

La CICIG, si bien es cierto fue creada con la finalidad de coadyuvar en el proceso de investigación, identificación, procesamiento y eliminación de cuerpos ilegales de seguridad y clandestinos de seguridad, también lo es que su mandato fue otorgado por un tiempo limitado, y renovado en una oportunidad, por un período igual de dos años. Esencialmente, su naturaleza es de carácter temporal, y debe de permitir que Guatemala se fortalezca legalmente e institucionalmente para poder lograr un Estado de Derecho, un respeto a la ley y una

efectiva lucha contra la impunidad; tarea que deberá desempeñar a cabalidad y por si sola, en un futuro no lejano. El objetivo de la CICIG es reforzar la capacidad del Estado de Guatemala para cumplir eficazmente sus obligaciones dimanantes de las conversiones de derechos humanos de que es parte.

De esa cuenta, debe pensarse que la CICIG, a corto o mediano plazo, tendrá que finalizar con su mandato, su trabajo ha sido, sin duda alguna, de gran importancia y de mucha ayuda para nuestro país, lo cual se evidencia claramente en los distintos informes rendidos.

Sin embargo, el Estado guatemalteco debe antes del retiro de la CICIG, hacer su parte y fortalecer nuestras instituciones, empezando con el Ministerio Público en el cual deberá invertir todo tipo de recursos, económicos, humanos y técnicos, implementando laboratorios para la investigación científica, mejorando y dignificando la carrera de los fiscales, profesionalizándolos y ofreciéndoles salarios justos y dignos para el trabajo que desarrollan; combatiendo la corrupción generalizada a lo interno y aplicando la Ley a quienes corrompen a los miembros y funcionarios del mismo.

Así mismo, formando y brindando capacidades de especialización a los fiscales de acuerdo a los diferentes tipos de crímenes contra la sociedad que deben combatir: a.

El narcotráfico. b.

El crimen común. c.

El crimen organizado: maras, sicariato, extorsiones, secuestros. d.

Crímenes de cuello blanco: lavado de dinero, defraudación fiscal. Etc. e.

Combate a la corrupción.

Finalmente, deberá desarrollar un proceso permanente de supervisión y evaluación, con el propósito de medir el funcionamiento de las instituciones en base a su desempeño y objetivos cumplidos.

Esa evaluación, podrá decirnos de manera inequívoca, en qué momento el Ministerio Público estará funcionando de manera eficiente, libre de corrupción, profesionalmente, y pueda entonces garantizarle a Guatemala y a todos los ciudadanos, que los objetivos para los que fue creado, se cumplen de manera satisfactoria, en ese momento, la CICIG podrá irse, dejando un legado histórico, de su paso por Guatemala.

Guatemala, 15 de junio de 2011 - LH POLÍTICA/Página 7

Las propuestas de los principales líderes políticos de Guatemala se encuentran aquí Suplemento especial

Suplemento especial

¿Qué proponen

para combatir la CORRUPCIÓN?

IMPUESTOS Y REFORMA FISCAL, Guatemala, 2 de marzo de 2011

en el centro del debate

Guatemala, 16 de marzo de 2011

Suplemento especial

Suplemento especial

Guatemala, 4 de mayo de 2011

IMPUNIDAD, en el debate político

La

74 mil 826 expedientes recibió el OJ en todo el 2009

EXPLOTACIÓN de los RECURSOS NATURALES,

7.2 por ciento de los casos ingresados en 2009 fueron resueltos en 2010 300 mil expedientes penales permanecen inactivos en el OJ 55 procesos de alto riesgo se registran desde marzo de 2010 5 mil 397 sentencias emitió el OJ en el 2010

en la agenda política

Guatemala, 30 de marzo de 2011

Suplemento especial

Suplemento especial

Los aspirantes a la Presidencia opinan sobre

JUSTICIA

CICIG

CICIG y la creación de la Comisión Presidencial contra la Impunidad en Guatemala

Los políticos opinan Guatemala, 1 de junio de 2011

Guatemala, 15 de junio de 2011

Guatemala, 15 de junio de 2011

CICIG y la creación de la Comisión Internacional

Contra la Impunidad en Guatemala Eduardo Suger Compromiso, Renovación y Orden -Creo-

La Constitución de Guatemala contiene, entre otros, los siguientes artículos: EL ESTADO Y SU FORMA DE GOBIERNO Artículo 140.- Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de Gobierno es republicano, democrático y representativo.

Artículo 141.- Soberanía.

La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La subordinación entre los mismos, es prohibida.

De la correcta interpretación del artículo 140 se desprende que fundamentalmente Guatemala es un Estado Libre, lo que significa que no está de ninguna manera supeditado al control o injerencia de otras naciones para resolver nuestros asuntos internos. Por tratarse de un artículo “pétreo”, es decir inmodificable y no reformable, los tratados internacionales de cualquier origen y por cualquier motivación, no tienen poder para modificar el espíritu y significado de este artículo.

Digo esto porque servirá como argumento central de mi exposición acerca de la CICIG, de su razón de ser, y de las dificultades legales que existen para que su operación sea legítima y dentro del marco Constitucional.

El Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en su versión final de fecha 19 de noviembre del 2006, expone en sus considerandos, lo siguiente: Considerando que los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad atentan gravemente contra los derechos humanos a través de acciones delictivas, existiendo en los mismos capacidad de provocar impunidad, entendida esta como la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil para los responsables de

dichas acciones, eludiendo la investigación o la condena; todo lo cual conduce al debilitamiento del estado de derecho, impidiendo al Estado cumplir con su deber de garantizar a los ciudadanos afectados la protección de su vida, integridad física y el pleno acceso a la justicia, con la consecuente pérdida de la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas del país…

El texto anterior nos indica claramente que la CICIG fue creada con el objeto primordial y único de combatir y prevenir los delitos emanados de CUERPOS ILEGALES DE SEGURIDAD Y APARATOS CLANDESTINOS. Esto quiere decir que la motivación de las Naciones Unidas para celebrar este convenio radica en su loable intención de proteger los derechos humanos, los cuales son indudablemente puestos en riesgo por la existencia y operación de aparatos clandestinos.

Podemos inferir entonces que la CICIG no puede ni debe representar autoridad alguna dentro del territorio guatemalteco, ni tener injerencia en asuntos delictivos que NO estén relacionados directamente con “aparatos clandestinos de seguridad” de alguna clase. En razón del artículo 140 constitucional, el acuerdo CICIG del 2006 no

puede otorgarle a la CICIG la potestad para manifestarse en juicios como parte actora, hacer declaraciones en nombre de la justicia guatemalteca, ni hacer presión para que se promulguen leyes o se efectúen cambios o reorganizaciones en las dependencia de justicia del Estado.

En dicho acuerdo se lee: Artículo 1. Objetivos del Acuerdo.

1. El presente Acuerdo tiene como objetivos fundamentales: (a) Apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad…

Queda pues claro que la función autorizada por acuerdo con la CICIG no le otorga ningún mandato para ejercer autoridad o manifestarse como tal, siendo sus funciones legítimas el proveer el apoyo necesario para lograr la desarticulación y enjuiciamiento de APARATOS CLANDESTINOS DE SEGURIDAD y no de alguna otra cosa o delito.

La función PRIMORDIAL del Presidente de la República es VELAR POR EL RESPETO

Y CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN y en base de esa obligación, el poder ejecutivo no debe ni puede estimular a instituciones de origen extranjero a interferir, regular o dirigir las operaciones de nuestro sistema de Justicia.

En todo caso su colaboración tiene que ser eminentemente técnica y de apoyo logístico pero nunca como parte actora en procedimientos policiales, judiciales o legislativos.

Podemos entender que la CICIG, paulatinamente ha sido empujada a intervenir en otras formas de delito, precisamente por la inoperancia de las autoridades judiciales obligadas a realizarlo. Así pues, la CICIG paulatinamente ha ido participando en actividades claramente fuera de su mandato.

Indeseablemente, esto ha provocado un detrimento a la integridad de nuestras instituciones judiciales, sumada a la INEFICACIA de los gobiernos pasados y de turno para cumplir con sus obligaciones de proveer seguridad a los ciudadanos. La necesidad ha permitido que, ante la indolencia y poca estabilidad de las jefaturas de Gobernación, Policial y del Ministerio Público, la CICIG haya ido adquiriendo poderes y responsabilidades que no le corresponden, apoyada por las opiniones mediáticas que en forma desproporcionada le atribuyen facultades que no le competen y por la misma solicitud de las entidades estatales que debieran funcionar independientemente.

Es necesario que el nuevo gobierno que tomará la dirección del país, ejecute los pasos necesarios e INMEDIATOS para reconstituir a nuestras autoridades de gobernación y de justicia. El Gobierno debe asumir sus responsabilidades, para que la necesidad de acuerdos como el de la CICIG desaparezca y podamos agradecer a las Naciones Unidas su gesto de colaboración, cuando nuestro gobierno renovador se haga cargo de la Seguridad Nacional.

El Compromiso de Renovación y Orden implica que asumiremos dicha responsabilidad en toda su extensión, para que Guatemala recupere el prestigio internacional perdido y los guatemaltecos podamos disfrutar de nuevo de una vida pacífica, productiva y feliz. ¡CREO en este compromiso y lo respaldo con toda decisión!

Guatemala, 15 de junio de 2011

“CICIG y la creación de la Comisión Presidencial

Contra la Impunidad en Guatemala” Rigoberta Menchú Frente Amplio –FA– La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), llegó a solicitud del Estado de Guatemala, misma que hicieron dos gobiernos a la Organización de Naciones Unidas y que fue ratificada por el Congreso de la República ante la evidente incapacidad del Estado de combatir eficazmente la situación de impunidad en que ha vivido el país.

En Guatemala diariamente 16 personas mueren violentamente, dos de éstas son mujeres, lo que representa una de las tasas más altas de América Latina; más del 84% de estas muertes se hicieron con armas de fuego y más del 96% queda en total impunidad. En Guatemala, se venden en promedio 50 millones de municiones legalmente por año. Funcionarios de las instituciones de seguridad se han visto involucrados con el crimen organizado, ejecuciones extrajudiciales y el narcotráfico, otros funcionarios públicos han saqueado las arcas del Estado en detrimento de miles de guatemaltecos que viven en extrema pobreza, especialmente los pueblos indígenas.

La impunidad en Guatemala es un problema de carácter estructural y los grupos de poder son responsables de que se mantenga. Existe una deuda histórica por la impunidad del pasado, producto de la política represiva contrainsurgente, que tiene relación con la situación del presente. Hay vínculo entre actores de la guerra sucia y las estructuras del crimen organizado incrustadas en el Estado.

Conforme su mandato, la CICIG tiene entre sus funciones determinar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, colaborar con el Estado en su desarticulación, promoviendo la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos así como recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para su erradicación.

Tiene facultad de ejercer la acción penal y/o disciplinaria ante las autoridades correspondientes contra aquellos servidores públicos que obstaculizan el ejercicio de las funciones de la Comisión. La CICIG se puede constituir en querellante adhesivo, pero el proceso y la resolución de los casos es responsabilidad del

Estado guatemalteco.

Es claro que no podemos darle toda la responsabilidad a la CICIG, debemos apoyarla, dándole todos los recursos humanos y económicos necesarios, así como también debemos fortalecer al MP y el OJ y, realizar un proceso interinstitucional de traspaso de las capacidades de la CICIG a las entidades nacionales, con el fin de que el Estado fortalezca la lucha contra la impunidad.

Es preocupante el rechazo al trabajo de la CICIG, por parte de algunos partidos que tienen vínculos históricos con las redes de impunidad y que pretenden eliminar el esfuerzo realizado y los logros del trabajo conjunto CICIG-MP. Es desde este ángulo en el que también se explica por qué los dos conjuntos de propuestas integrales de reformas legislativas, elaborados por esta Comisión, han avanzado tan lentamente en el Congreso al punto de estancarse. El gobierno

del Frente Amplio apoyará la continuidad, por el tiempo que sea necesario, a la CICIG. La CICIG necesita más tiempo de vigencia en el país, debido a que la investigación criminal es todavía muy débil, los procesos penales son lentos y la legislación correspondiente necesita aprobarse y ser implementada de conformidad con lo que Guatemala requiere. También hace falta seguir depurando a las instituciones de seguridad y justicia, las redes que desde adentro colaboran para que la impunidad persista. Todos estos cambios requieren no solo voluntad política sino presupuesto y tiempo.

Está demostrado que las diferentes comisiones presidenciales, incluida la Comisión Presidencial contra la Impunidad, creadas para diversos temas, no han funcionado. Por el contrario, han burocratizado y obstaculizado los procesos de toma de decisiones

oportunas, no aportan soluciones eficaces a los problemas y duplican funciones de las instituciones que ya tienen mandatos específicos sobre los mismos temas.

El Gobierno del Frente Amplio, fortalecerá las instituciones, con funcionarios capaces y probos, con presupuestos adecuados y reducirá la burocracia estatal, eliminando todas las estructuras que entorpecen la función pública.

Consideramos que el Ejecutivo, junto al Organismo Legislativo y el Judicial, deben coordinarse y ponerse al frente de la lucha contra la impunidad, mediante un Pacto Nacional contra la Impunidad, removiendo todos los obstáculos para que la ciudadanía guatemalteca goce plenamente de sus derechos humanos, especialmente del derecho a la vida y el acceso a la justicia.

El gobierno del Frente Amplio establece como eje prioritario y estratégico la lucha contra la impunidad, a partir de una política de Estado integral, definiendo prioridades como el fortalecimiento de las capacidades de investigación criminal a través de una Policía de Investigación Criminal, apoyo decidido a las labores de la CICIG, respaldo político y financiero al MP y en particular a la función de la Fiscal General Claudia Paz y Paz y se promoverá una estrecha coordinación con el OJ. Esta estrategia integral tendrá como complemento políticas de prevención del delito y políticas sociales a favor de la juventud guatemalteca, que ha sido totalmente abandonada por los anteriores gobiernos. El Frente Amplio, cree firmemente que la educación, el empleo, la salud y la recreación son elementos claves de la prevención de la violencia.

El Frente Amplio quiere gobernar Guatemala, sobre la base de la vida, los derechos humanos de manera integral. Debemos rescatar el derecho a la vida, a una vida mejor, que significa educación, salud y empleo.

Solamente de esa manera, tendremos un país en paz, con desarrollo humano, sin violencia, racismo y discriminación. El Frente Amplio estará cerca de la gente y sus problemas, no con medidas represivas, ni clientelares y asistencialistas sino mediante estrategias y políticas públicas que resuelvan las principales necesidades del pueblo guatemalteco.

Guatemala, 15 de junio de 2011

Adela de Torrebiarte opina sobre la CICIG y la creación de la Comisión Presidencial Contra la Impunidad en Guatemala.

Adela de Torrebiarte Acción de Desarrollo Nacional -ADNPara hacer un balance sobre la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– y su “similar”, la Comisión Presidencial de Acompañamiento y Apoyo a la CICIG, se necesita mencionar tres elementos básicos de análisis: 1.

CICIG siguió un tortuoso camino que inicia como proyecto CICIACS durante el gobierno de Óscar Berger, con el decidido y manifiesto apoyo del vicepresidente de la República, el Dr. Eduardo Stein Barillas.

2.

Los mandatos y alcances de ambas Comisiones y su correlación con la dinámica y resultados conocidos, tienen marcadas disonancias entre la teoría y la práctica.

3.

El Gobierno de la UNE y el Proceso Electoral, destacando el hecho de que la decisión de continuidad de la CICIG será tomada por el todavía gobernante Álvaro Colom, pues el 4 de septiembre de 2011 vence el plazo respectivo.

En cuanto al primer elemento, se debe recordar que el propósito inicial fue crear la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos de Seguridad –CICIACS–, pero el intento fracasó por diversos motivos, entre los que resalta la similitud –inducida o asumida– con la búsqueda, juicio y castigo de un pasado de 36 años de guerra. El espíritu del proyecto original tenía que ver con el desmantelamiento de esos aparatos para que, una vez realizada esa tarea (o en forma paralela incluso), se establecieran mecanismos y coordinaciones que permitieran combatir la impunidad, pero sobre todo, erradicar a los grupos paralelos que la financian y dirigen (al fin de cuentas, la IMPUNIDAD es un producto y un medio a la vez).

Los resultados son conocidos por todos y, en consecuencia, CICIG surge como una alternativa o “compensación”, siempre enfocada en el ataque a la impunidad pero desprovista –según sus detractores iniciales– de cualquier orientación política tendiente a escudriñar en el pasado con énfasis en el conflicto armado interno, aunque el primer objetivo de su mandato sigue siendo “… investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los

derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.”

En cuanto al segundo elemento de análisis, los otros dos objetivos de CICIG son: “… colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos (…) y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes”; y efectuar “… recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.”

Por su parte, el Acuerdo Gubernativo 65-2009 que crea la Comisión Presidencial de Apoyo y Acompañamiento a CICIG, define como objeto: “…estudiar, analizar y determinar las causas que originan la impunidad penal en Guatemala, así como apoyar, fortalecer y coadyuvar a la [CICIG], y demás instituciones del Estado, encargadas de la prevención, investigación y persecución de hechos delictivos que suceden en el territorio nacional.”

En la teoría encontramos la primera disonancia pues el Acuerdo es

bastante escueto (10 artículos) y parece desconocer la magnitud del reto. Además, tiene otras falencias: a) No establece –con detalle y precisión– los mecanismos de coordinación entre CICIG y la Comisión Presidencial; b) Solo establece la necesidad de un presupuesto y la posibilidad de hacer gestiones ante el Minfin, cuando la parte financiera siempre ha sido lo medular en toda política, gestión y programa público; c) las seis personas designadas en el Acuerdo, continuarían con sus funciones a pesar de la envergadura de la delegación.

Resultados obtenidos en casi cuatro años de mandato: CICIG se convirtió en una instancia efectiva pero que actuaba con casi total independencia y muchas veces, con evidente descoordinación con relación a las instituciones públicas locales, sea por desconfianza o por la autonomía ejercida, pero lo cierto es que el protagonismo quedó en la CICIG, aunque muchas veces se sirvieron de insumos y gestiones de las instancias locales. Por su parte, el Comisionado español que la presidía, llegó a erigirse en una figura pública polémica, con bastante cobertura mediática, lo cual no siempre ayuda al ejercicio de la Justicia y el desempeño de un cargo de tal envergadura y alcances.

Los resultados fueron sucediéndose unos a otros pero asimismo,

salieron a luz fisuras, fugas de información e incluso deslices que en nada ayudaron, ni a la efectividad de la función de la CICIG ni a la necesaria credibilidad que deben tener esta clase de Organismos. Incluso se habló de casos preferentes y discriminación en los empeños judiciales, lo cual se justificaba en declaraciones públicas aduciendo el impacto público y la connotación que evidenciaban tales casos.

El protagonismo del jefe de la misión internacional provocaba que muchos casos se “litigaran en los medios” y la coordinación que debiera haberse tenido con el Estado, era sustituida por presiones a los tres Organismos del Estado.

En este contexto, las transferencias de conocimiento, la generación de nuevas competencias en el personal permanente de nuestro sistema de Seguridad y Justicia y la capacidad instalada como producto, no han sido lo óptimas de acuerdo a las expectativas generadas.

Luego vino lo peor, el gobierno actual colapsó en el tema que había sido su estandarte de campaña: “Combatir la violencia con inteligencia” y la Comisión Presidencial de apoyo y acompañamiento a la CICIG, devino siempre en inoperante. El Estado ha sido rebasado por la violencia y la inseguridad, con las funestas consecuencias de terror y zozobra en la que vivimos los guatemaltecos y guatemaltecas.

Pese a los problemas señalados, el balance de la CICIG es positivo pues es evidente el impacto que ha habido en las capturas y procesamiento de personajes criminales, asestando un certero golpe a los poderes paralelos y las bandas del crimen organizado. El nuevo jefe de la CICIG reviste un papel más técnico, lo cual se puede calificar de un buen relevo. Pero la tarea sigue incompleta y el actual presidente tiene todas las justificaciones para obtener otros dos años de mandato, pero que deben dar oportunidad a una coordinación más eficiente y eficaz, poniendo a disposición del combate implacable del crimen y la impunidad, todos los recursos del Estado pues la crisis actual puede generar un caos mayor al que ya se vive. Afortunadamente, ya no corresponderá a los actuales gobernantes esta tarea de coordinación, confiando en la sabiduría de los buenos guatemaltecos para escoger a las próximas autoridades del país. Adela de Torrebiarte, SÍ PODEMOS!!!

Guatemala, 15 de junio de 2011

CICIG y la creación de la Comisión Presidencial contra la Impunidad en Guatemala Mario Estrada Unión del Cambio Nacional –UCN– Para poder emitir un criterio objetivo sobre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), es necesario hacerlo con la perspectiva de su mandato, el cual buscó en su momento político servir como una tabla salvadora a un sistema colapsado, precisamente por las instancias que luego buscan colocar dicha Comisión, soslayando el hecho de que la debilidad de un Estado se debía precisamente a la limitación de recursos y debilitamiento institucional que la misma administración había manipulado hacía apenas un par de años antes.

Tanto los seres humanos, las empresas, las instituciones, y en este caso los Estados, pasan por etapas de madurez muy propias, en las cuales en su inicio se genera la dependencia. Cualquiera de los ejemplos arriba citados requieren de una ausencia de determinación en sus propias acciones, precisamente porque se está en un período de aprendizaje, que al no administrarse correctamente genera una dependencia permanente, impidiendo la capacidad de tomar sus propias decisiones, cediendo dicho terreno a otros quienes les asesoren o rodeen; sin embargo, ello nos puede llevar a la zona de confort en la cual nos convertimos en entes dependientes, carentes de autonomía en nuestras decisiones, estando en un espacio cómodo de obediencia a cambio de no afrontar las consecuencias de las decisiones propias. Esa etapa bien pudo enmarcarse en el Estado guatemalteco antes de formarse como tal y pertenecer al grupo de colonias americanas, sin embargo, el paso de la independencia marcó el deseo de la autonomía en la toma de decisiones en el destino de una nación. Las acciones que se hagan con la libertad que ahí se logró, será la responsabilidad directa de los gobernantes que se elijan y la factura será el peso histórico de sus resultados.

Ahora bien, si enmarcamos a nuestro Estado como un país

que goza de su independencia soberana, para tomar la decisión de pedir un apoyo a la comunidad internacional, con el fin de redireccionar nuestro sistema de investigaciones criminales, como un ente operativo más que una función asesora, bien nos puede amenazar el hecho de que descartemos nuestra capacidad de llevar las riendas de nuestra soberanía y pasar a la cómoda posición de dependencia. El mandato con el que se autorizó la asignación de una CICIG buscaba básicamente erradicar a los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos que cometen delitos que afectan a los derechos humanos, sin embargo, el mismo Estado ha buscado apoyarse en las capacidades y experiencia de los funcionarios de dicha Comisión para el desarrollo de casos de tal impacto, que valiente reto se ha convertido haber aceptado dicha misión.

En crisis como el Caso Rosenberg, que a la fecha ha tenido

una versión inconclusa, cuando esperamos tanto; el que pasó con los asesinos de la familia Musa, crimen original de toda la tragedia, crisis tan compleja que aún hace temblar la estructura del Estado hasta su sillón más elegante, se ha acudido a dicha Comisión para funciones que no fueron las designadas en el mandato de las Naciones Unidas, el que se haya querido retorcer su función por parte del mismo staff de Estado, para sugerir que debía de hurgar sobre los crímenes de guerra, más parecía una dedicatoria de exterminio político que un apoyo a la justicia nacional.

Razón por la que es de dar el mérito al actual Comisionado y su determinación de apegarse a su mandato real.

La CICIG ha sido bienvenida para Guatemala con la ilusión de que su estadía deje un cimiento en la independencia de los poderes y la búsqueda incansable de la justicia. El haber tenido el retiro de un primer comisio-

nado, quien abandona el barco indicando la culpa a otros del incumplimiento de la misión que él decidió aceptar, dejó un sinsabor de la expectativa sobre su función, para que al colmo, en su salida, se lanzaran gritos sobre acciones no éticas acerca de las contrataciones de asesores, riñendo con la ética moral y sobre declaraciones de su mismo círculo que decían recibir instrucciones, en donde se versaba que no era la justicia la que debía de prevalecer sino los tiempos políticos correctos para sacar a luz la información.

Hoy en día en las acciones actuales que contemplamos del desarrollo de esta nueva administración de la Comisión, vemos una adecuada distancia del protagonismo en medios publicitarios que anhelaba su antecesor. Hoy se contempla un correcto enfoque a su trabajo, sin embargo, es nuestra demanda como guatemaltecos el aprender a hacer y no quedarnos apaciblemente sentados a que otros nos hagan. ¿Qué le está quedando a nuestra Guatemala sobre esta Comisión? Al momento nos queda la investigación de casos que otros entes jamás hubieran pensado en abrir, queda también la amenaza de que no temblará la mano en perseguir a quien se aproveche del Estado para su beneficio. Hasta podríamos apostar que se está dando alguna revisión al contexto del cómo se comete el delito de Fraude de Ley; al fin y al cabo saben que nadie más quiere afrontar tal problemática, que está por estallar en las manos de algún funcionario local. Sin embargo, estamos en el derecho de pedirles, y como así lo es, pedimos que no se nos haga, sino que se nos enseñe a hacer. ¿Qué será de nuestro mañana cuando el mandato termine?

El gobernante de turno volverá a lanzarse al suelo suplicando que no se vayan, ya que sin ellos se derrumbará su entorno o bien podrá decir: “Gracias al apoyo temporal de Naciones Unidas, dio frutos. Estamos ahora en la capacidad de llevar las riendas de nuestra nación, haciendo uso de la soberanía.

Qué buen orgullo debería ser recordar que alguna vez nos la hemos ganado”.

Página 12/LA HORA Guatemala, 15 de junio de 2011

¿Existe la presencia de poderes paralelos en Guatemala?

Los políticos opinarán sobre el tema

Exija su ejemplar el próximo miércoles 29 de junio de 2011.