Postura Partido PAN

Guatemala, 2 de marzo de 2011

“Cero tolerancia a la corrupción” Juan Guillermo Gutiérrez Partido de Avanzada Nacional La corrupción política es el mal uso del poder para conseguir ventajas ilegítimas, para beneficio personal y privado, aunque este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos; pues para “bailar tango, se necesitan dos”, en este caso un corruptor y un corruptible, por lo que se define como el conjunto de actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios otorgados con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común.

Todos los gobiernos son susceptibles a la corrupción política, las formas varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, tráfico de influencias, el compadrazgo, la cooptación, sobornos, extorsiones, influencias, fraudes, malversación, nepotismo, impunidad, etcétera.

La corrupción facilita otros tipos de hechos criminales como el tráfico de drogas, o el lavado de dinero.

Lo opuesto a la corrupción política es la transparencia, y se habla de niveles de corrupción y de transparencia. La corrupción política es una realidad mundial y su nivel de tolerancia o de combate, evidencia la madurez política de cada país.

Existen entidades nacionales e internacionales oficiales y privadas con la misión y el objetivo de estudiar los niveles de corrupción en general, porque en la corrupción no solo hay responsabilidad del sector público, del Estado o del gobierno de turno, también incluye al sector privado, se habla de la corrupción empresarial o del tráfico de

influencias entre el sector privado y el sector público.

El primer paso para comenzar a combatir la corrupción en la administración pública, es que todos los guatemaltecos repudiemos y denunciemos la corrupción, sobre todo ahora, en un proceso preelectoral, es un buen momento para que cada uno de los guatemaltecos comience a cambiar el país con su voto, exigiendo que los candidatos tengan un pasado limpio, que demuestren el origen de los fondos para financiar sus campañas, para asegurarnos que no tienen compromisos con poderes obscuros, pero todos y cada uno de los guatemaltecos deben tener el valor de hacer su parte en esta lucha.

Por nuestra parte, tenemos el compromiso de hacer transparente el financiamiento de la campaña, de igual manera todas las personas que se propongan para puestos de elección popular serán sometidas a investigación previa para evitar que gente comprometida con actos ilegales se infiltre en nuestro proyecto y posteriormente cuando tomemos posesión del gobierno, gracias al voto de los guatemaltecos, todos los funcionarios nombrados serán personas probas y honorables.

Insisto que la lucha contra la corrupción es de todos los guatemaltecos sin excepción y los medios juegan un papel muy importante en este asunto, al hacer las denuncias respectivas, por lo tanto, estaremos muy abiertos a escuchar a todos los sectores, a hacer las investigaciones pertinentes y de resultar ciertas las acusaciones de corrupción, se deberán aplicar los mecanismos correctivos de los que dispone el Estado, de acuerdo a la ley. Aplicar la ley contra quienes una vez llenados todos los requerimientos de la justicia, resultaren culpables, no importando quien sea, ni cual el nivel que dentro de la administración pública posea, aplicaremos la Ley a todos por igual De igual manera, si descubriera una situación de corrupción la afrontaría siguiendo los pasos que la ley señala, pero tengan la certeza los guatemaltecos, que estaremos muy vigilantes en el desempeño de nuestras funciones de gobierno, para darle verdadera transparencia a nuestra gestión, y garantizar que no tendremos tolerancia con la corrupción y la

decisión de luchar para combatirla puesto que sabemos que la corrupción socava y mina la legitimidad del gobierno así como los valores democráticos, tales como la confianza y la confiabilidad, además de los enormes costos económicos y sociales que provoca.

Para combatir la corrupción, en principio, es necesario asignar recursos para el sector justicia, seremos muy celosos con el cumplimiento de las leyes, por ejemplo existe legislación al respecto, pero no se cumple con la misma, como la exigencia de presentar estados patrimoniales al momento de tomar posesión de cargos públicos, para descubrir enriquecimientos ilícitos, haremos que las leyes se cumplan, y estaremos monitoreando permanentemente los niveles de transparencia y corrupción, en la medida que también podamos ir terminando con las causas que la producen, pero concretamente, proponemos 14 puntos que consideramos esenciales para combatir la corrupción: 1) Exponer ante la sociedad la dimensión y los costos de la corrupción para el país, y así propiciar la participación ciudadana a efecto de combatirla.

2) Fortalecer el poder local en materia de auditoría social, principalmente a través de los Consejos de Desarrollo y Organizaciones Sociales.

3) Buscar consensos a nivel nacional con los diferentes actores de la sociedad, con el objetivo de formular una Reforma Fiscal.

4) Incentivar al Congreso de la República para que agilice la aprobación de la Ley de Enriquecimiento Ilícito y reforma del Código Penal en el tema de Evasión Fiscal.

5) Iniciar un Diálogo Nacional encaminado a buscar una reforma en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que permita la fiscalización de las campañas electorales y de sus financistas.

6) Exigir el cumplimiento estricto de la Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos.

7) Eliminar el uso de fideicomisos por parte del Gobierno.

8) Promover la reorganización en la estructura del Estado, fortaleciendo las instituciones y unificando entidades con duplicidad de funciones.

9) Prohibir el uso de las Organizaciones No Gubernamentales –ONGs– en procedimientos de obras y proyectos gubernamentales o del sector público.

10) Fortalecer el Observatorio Ciudadano para la Transparencia en el gasto público.

11) Brindar mayor respaldo a la Oficina de Responsabilidad Profe-

sional de la Policía Nacional Civil, y que permita depurar y transparentar la institución.

12) Fomentar la denuncia ciudadana. En el entendido que la colaboración entre la población y Gobierno, es la herramienta más efectiva para la solución de conflictos.

13) Combatir el contrabando con determinación. Desarticular las redes de corrupción en aduanas, retomar el control en puntos fronterizos de las rutas de contrabando identificadas.

14) Priorizar la emisión del Reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario, que permita la construcción de nuevos centros penales, conformación de una guardia penitenciaria capacitada y retomar el control de los centros carcelarios del país.

Conocemos las causas que provocan la corrupción; para prevenirla, debemos atacarlas en un proceso de prevención, permanente y como política de Estado, por ejemplo; sabemos que existen causas endógenas que tienen que ver con el individuo, tales como la falta de valores, carencia de conciencia social, falta de educación, desconocimiento de las leyes, baja autoestima y paradigmas distorsionados y negativos en los cuales es más importante el tener que el ser, entonces, la educación, la integración a la sociedad, la generación de oportunidades y el crecimiento económico del país, serán nuestras mejores armas preventivas.

Pero también existen causas exógenas que dependen de la sociedad, tales como impunidad en los casos de corrupción, modelos sociales que transmiten antivalores, excesivo poder discrecional del funcionario público, concentración de los poderes de decisión en actividades de gobierno, soborno internacional, bajos salarios, falta de transparencia e información sobre la utilización de los fondos públicos y los procesos de decisión, poca eficiencia en la administración pública y extrema complejidad del sistema, y para eso, la aplicación de la justicia de manera pronta y decidida, y niveles de eficiencia y eficacia, con los cuales estamos absolutamente familiarizados, por ser los elementos clave del éxito empresarial que hemos tenido a lo largo de nuestra vida.

Pero estamos seguros que no podremos transformar Guatemala en un país próspero y desarrollado, si no combatimos y eliminamos primero la corrupción, por eso nuestro lema “CERO CORRUPCIÓN” “CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN”.

Guatemala, 16 de marzo de 2011

“Debe ser el resultado de un consenso” Juan Guillermo Gutiérrez Partido de Avanzada Nacional – PAN Una reforma fiscal se hace necesaria cuando, por una planificación fiscal inadecuada, el Estado ya no puede continuar funcionando por un desequilibrio de las finanzas públicas, en cuanto, el gasto es mayor que los recursos con los que se cuenta. Para corregir esas distorsiones fiscales, el Estado trata de buscar mecanismos para obtener más recursos para su funcionamiento.

Recordemos que la única manera en la que el Estado reúne dinero para su funcionamiento, y ojalá para inversión en desarrollo, es con los impuestos que recauda; con préstamos del exterior (que de igual manera habrá que pagarlos), o con el método de fabricar dinero aún sin respaldo, con las consecuencias negativas que esto conlleva. En esos casos, sí se hace necesaria una reforma fiscal.

Sin embargo, consideramos que, antes de entrar en un proceso de reformas fiscales, es imprescindible hacer cumplir con lo establecido en las Leyes vigentes, desarrollando estrategias que permitan evitar la defraudación fiscal, tomando control sobre las áreas en donde se produce el contrabando, fortaleciendo los controles en las aduanas, motivando y facilitando los trámites y gestiones para cumplir con las obligaciones tributarias.

Es increíble la cantidad de dinero que el Estado deja de percibir anualmente, se estima que se pierden más de 20 mil millones de quetzales al año solo en las aduanas de los puertos marítimos como consecuencia de la falta de controles eficientes y sistemas modernos para recaudar y controlar la evasión.

Consideramos que bajo las premisas de descontrol fiscal, principalmente en los aspectos del gasto público irracional y falta de estrategias eficientes de recaudación de impuestos, que se vive actualmente, sí se hace necesario un proceso de reforma fiscal, pero esta debe ser el resultado de un consenso entre todos los actores nacionales: El Estado, los grupos políticos, los empresarios, los trabajadores, los sindicatos y otros, en donde el interés de la nación esté por encima de los intereses particulares y de grupos; debiendo ser el resultado de una reflexión seria

y profunda, libre de todo tipo de intereses electorales.

Este proyecto de reforma, en el caso fuera necesario, debería impulsarse en el seno del Congreso Nacional, en el momento político propicio, lejos de presiones electorales, nacionales, internacionales, o de cualquier otra coyuntura especial que desnaturalice el objetivo de encontrar el balance necesario entre la certeza jurídica, la universalidad y justicia de la tributación, la inversión del Estado en servicios públicos de calidad, la garantía de transparencia, la utilización y optimización del gasto público.

Mientras ese momento llega, se deberán concentrar los esfuerzos en la creación de empleo y por ende en el crecimiento económico como un mecanismo idóneo para fortalecer la plataforma

de ingresos, ampliar la base impositiva y de los ingresos del Estado, modernizando los procesos de recaudación, a efecto de hacerla eficiente y efectiva, y no necesariamente aumentando los porcentajes de impuestos, que podrían desestimular la inversión, y tornar más difícil el ya de por sí complicado cobro de obligaciones impositivas.

Pero sobre todo, se debe enviar un mensaje claro y preciso a la ciudadanía, en el que se busque la calidad del gasto público, la transparencia en el manejo del erario nacional, la jerarquización de programas, porque existe un reto que debe enfrentarse en el inmediato plazo, incluso antes del relevo del actual gobierno, en vista de los niveles sin precedente en la historia moderna que ha alcanzado la

deuda pública, y el gasto excesivo del Gobierno, lo que podría llevar a la falta de recursos para funcionamiento, no digamos para invertir en desarrollo.

Además de lo expuesto anteriormente, se hace imprescindible entonces, la generación de un acuerdo entre todos los sectores del país, no puede haber un Estado saludable, si no se cuenta con el aporte y compromiso de todos los guatemaltecos, además de un gasto publico manejado con prudencia y de manera consecuente, la ampliación de la base tributaria, la instalación de sistemas modernos y eficientes de control en las aduanas, que existe en muchas partes del mundo, como por ejemplo el sistema internacional de cámaras de rayos x, no gamma, que opera en más de 100 países, que de alguna manera garantiza la disminución de posibilidades de evasión y/o corrupción.

De tal manera, que, antes de pensar en replantear todo el concepto fiscal, es importante hacer todos los esfuerzos necesarios para cobrar adecuadamente lo que está legislado, reglamentado y tasado, aplicando las sanciones previstas a los evasores, puesto que solo con los impuestos establecidos cobrados adecuadamente, se podría incrementar la capacidad real del Estado en más de un 50%.

Planteamos adicionalmente la posibilidad de estructurar un Consejo Nacional de Fiscalización del Gasto Publico, que vigile y fiscalice permanentemente los procesos de compras, gastos y contrataciones del Estado, para garantizar la transparencia, utilidad y calidad de los productos y servicios.

En ese orden de ideas, la lucha contra la evasión, el contrabando y la corrupción debe ser implacable, no únicamente un discurso político con carácter electoral, una lucha de todos los guatemaltecos, gobernantes y gobernados, en lo personal, y aun a costa de mi propia seguridad, y en contra de los intereses de malos guatemaltecos que se esconden en la impunidad. Llevo más de 12 años luchando por erradicar esos vicios que no permiten el desarrollo y crecimiento de Guatemala, por eso digo y repito, no tendremos tolerancia contra la corrupción, debemos derrotarla de raíz, por eso debemos impulsar la cultura de CERO CORRUPCIÓN como política de Estado.

Guatemala, 30 de marzo de 2011

“Se debe regular con el objeto de protegerlos y garantizar su supervivencia” Juan Guillermo Gutiérrez Partido de Avanzada Nacional - PAN Es importante analizar qué son los recursos naturales, y cuál es la razón por la que existe tanta controversia sobre la utilización y explotación de los mismos, cuando se trata de evitar, a toda costa, la utilización de lo que, por naturaleza, el hombre ha hecho uso desde que aparece sobre la tierra para satisfacer sus necesidades básicas, de alimentación, vivienda y vestuario.

La naturaleza nos provee de los recursos renovables, no renovables e inagotables.

Los recursos naturales renovables son aquellos que, con un manejo adecuado, pueden mantenerse e incluso aumentar, el caso de las plantas y los animales, los que a su vez dependen para su subsistencia de otros recursos renovables como el agua y el suelo.

El agua, aunque abundante, no es recurso permanente dado que se contamina con facilidad cuando se explota en forma irresponsable y una vez contaminada difícilmente puede recuperar su pureza.

Por su parte el suelo también se degrada, hay cultivos como el trigo o el maíz que lo agotan y le hacen perder su fertilidad, por ello, es necesario alternar estos cultivos con otros que permitan renovar los elementos nutrientes de la tierra, por ejemplo las leguminosas como el frijol, que también detiene la erosión. Los antiguos mayas utilizaron el sistema de rotación de cultivos, lo que garantizaba la calidad y fertilidad de los suelos.

Los recursos naturales no renovables existen en cantidades determinadas y al ser sobreexplotados se pueden acabar. El petróleo, por ejemplo, los minerales, los metales, el gas natural y depósitos de aguas subterráneas.

Los recursos naturales permanentes o inagotables, no se agotan, sin importar la cantidad de actividades productivas que el ser humano realice con ellos: la luz solar, la energía de las olas, del mar y del viento.

De acuerdo a lo anterior se debe entender que la explotación de los recursos naturales es algo inherente al ser humano y a la sociedad, pero que se debe regular con el objeto de protegerlos y garantizar su supervivencia, fortalecimiento y utilización, sin

que esto haga peligrar el natural equilibrio.

Existe en nuestro país suficiente legislación con respecto a la exploración, explotación y protección de los recursos naturales y como tal la Ley debe aplicarse, pero también debe de existir la suficiente información y educación para que el ciudadano comprenda cómo lograr el uso racional de los mismos, puesto que no podemos abstraernos de su uso.

Es importante, entonces, generar el conocimiento necesario de los procesos de la explotación y uso racional de los recursos naturales.

Los países desarrollados han diseñado estrategias y programas para hacerlo, el Canadá, por ejemplo, con un manejo planificado y sustentable de sus bosques, y la utilización industrial de la madera, nos demuestra que aun con una explotación masiva de los bosques, actualmente cuenta con una capa boscosa mayor que hace 50 años, es decir, ha potencializado el recurso, con un manejo adecuado.

En ese orden de ideas, se debe hacer un enfoque de la legislación hacia el respeto y protección de los recursos, pero también en el uso y explotación racional de los mismos, puesto que de ello depende la satisfacción de las necesidades humanas y sociales, pero debemos estar muy claros que en gran medida la discusión y debate sobre el tema de la explotación de los recursos naturales está en función económica y de intereses de grupos, no tanto en los intereses nacionales o del propio ambiente.

La regulación en este caso debe ir orientada a la mejor utilización y/o explotación de los recursos naturales, la posibilidad de contar con materia prima para los procesos industriales, garantizar la preservación y fortalecimiento del recurso, del hábitat natural, del paisaje y que a la vez, sea un generador de riqueza, toda vez que esa materia prima, pueda ser exportada, obteniendo con esto, las regalías justas en concepto de pago por las empresas que lo hagan o procesada internamente para producir bienes y servicios, lo que aporta gran cantidad de fuentes de trabajo, con el consiguiente crecimiento económico y por ende el desarrollo social tan necesario.

Se deberá revisar las condiciones con las que se otorgan las concesiones para la exploración

y explotación de los recursos, haciendo de esto un proceso transparente, evitando así la corrupción y garantizando que el producto obtenido, reditúe al Estado, lo que en razón y justicia le pertenece, a la vez que se protegen los recursos naturales.

Se hace necesario promover, de manera profusa, las fuentes alternativas de energía que no utilizan combustibles fósiles, sino que son proporcionados por la misma naturaleza, lo que representa un menor impacto económico y ambiental, tal el caso de: la energía solar, la energía geotérmica, la energía de las mareas, la energía del viento, por mencionar algunas.

La energía solar, hasta hoy ha sido desaprovechada, la energía geotérmica que se genera en el interior de la tierra y emerge en forma de vapor, de igual manera.

La energía hidroeléctrica, es un sustituto del combustible fósil, que no genera contaminación al igual que la energía del viento.

Guatemala cuenta con estos recursos y poco se aprovecha de ellos, habrá que diseñar proyectos y programas para utilizarlos.

Pero por otro lado, se debe trabajar arduamente en la construcción de conciencia ambiental, a través de la educación, capacitando a las nuevas generaciones y rompiendo paradigmas culturales, que permitan el desarrollo de

actitudes que minimicen los prejuicios, limiten los impactos negativos, a la vez que permitan la sana utilización de los recursos con los que contamos.

Es función del Estado reglamentar y fiscalizar adecuadamente que se cumpla con la ley; promover incentivos para que juntos todos los guatemaltecos participemos cada quien desde su ámbito de actividades en un esfuerzo por reducir la quema de pastizales, reguardar las reservas ecológicas, luchar por la regeneración del suelo y la reforestación de las zonas dañadas, minimizar el uso de los plaguicidas, la construcción de plantas de tratamiento de las aguas residuales domésticas y de desechos industriales, el adecuado manejo de la basura, y cooperar para minimizar las emisiones generadas por fábricas y automóviles.

Para finalizar, no se trata de no utilizar los recursos naturales, se trata entonces de hacerlo de manera responsable, planificada, estratégica, se trata de darnos la oportunidad de vivir amigablemente con el ambiente, de entender que en esta relación simbiótica, necesitamos de los recursos naturales de nuestro país, pero que el futuro de los mismos depende proporcionalmente de los esfuerzos que desarrollemos para protegerlos, y desarrollarlos.

Guatemala, 13 de abril de 2011

Por qué vivimos con tanta inseguridad Juan Guillermo Gutiérrez Partido de Avanzada Nacional La problemática de la falta de seguridad es un tema muy complejo que debe ser tratado de manera integral, para lograr soluciones a largo plazo, porque consideramos que la debacle en la que estamos inmersos es consecuencia de tres grandes problemas, la pobreza, la inseguridad y la corrupción.

Guatemala ha vivido en un clima de inseguridad desde hace ya muchos años. Desde mediados de los años sesenta, cuando la guerrilla empieza con su estrategia de terrorismo y muerte, también la seguridad ciudadana empieza a verse vulnerada, las bombas panfleteras en un inicio, los atentados contra “objetivos” que siempre fueron parte de la infraestructura del país, puentes, torres de transmisión de energía, carreteras, líneas de comunicación, etc. Así como los ataques directos contra la población, el caso de secuestros “políticos”, ametrallamientos y crímenes, por un lado, mientras que por el otro, la represión y contra ataque por parte de las fuerzas de “seguridad” se fueron haciendo cada vez más cotidianos, hasta llegar a ser percibidos como parte de la vida misma, como algo natural cuando se vive en una guerra civil en la que existe un enfrentamiento encarnizado, por lo que durante más de treinta años, Guatemala vivió bajo la inseguridad y la

violencia política.

Con la firma de la paz surge en los guatemaltecos la esperanza de dar por terminados todos esos años de sufrimiento y dolor, más sin embargo, otro tipo de violencia mucho más generalizada y cruenta, puso al descubierto las causas fundamentales que generan de la inseguridad y la violencia en nuestro país.

En ese sentido, ha sido posible discernir que la inseguridad y la violencia no son causas por si mismas, por el contrario, son la consecuencia de la inequidad, la pobreza y la falta de oportunidades que existen en el país, puesto que a falta de empleo, de estudio, de capacidades, de oportunidades en general, que hace que muchas personas se vean obligadas a viajar al norte en busca de las oportunidades que no encuentran en el país, abandonando en la mayoría de los casos a sus hijos, o a sus parejas, quienes por las razones anteriores, se ven obligados a sobrevivir con muchas limitaciones, vivir en las calles, o robar y delinquir para conseguir el sustento diario.

Lo anterior, aunado a causas de tipo exógeno, como el hecho de que Centroamérica por su posición estratégica entre los EE.UU. (consumidores) y los países del cono sur (productores) se convirtiera a partir de los años setentas en el puente natural para el trasiego de drogas.

Ya para los años ochentas el crimen organizado ha permeado las entrañas del Estado y

corrompido a funcionarios de todos los niveles, incluyendo, por supuesto, a los entes encargados de la seguridad y la justicia. El enriquecimiento ilícito ha sido fácil para quienes han hecho del vicio y el crimen su modus vivendi, muchas personas se han vuelto millonarios en muy poco tiempo, a la vez que la justicia, la certeza jurídica y la seguridad ciudadana, se deteriora y colapsa.

De esta cuenta la violencia y la inseguridad ha tenido un crecimiento absolutamente imbatible, se ha minado la justicia, los jueces y las Cortes se han doblegado ante los intereses espurios e ilegales, la Policía se ha vendido en todos sus niveles, desde los mandos más altos hasta los pequeños agentes de las calles, y los recursos que se deberían invertir en el combate a la delincuencia, no han sido utilizados de manera adecuada y responsable, puesto que la seguridad ciudadana nunca ha sido una prioridad para los gobiernos de turno.

En ese sentido, consideramos que para reducir el índice de criminalidad se deben mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos, siendo la generación de empleos y por ende el crecimiento económico, la forma más eficiente para alcanzar el desarrollo, el sistema educativo de igual manera, se debe transformar para proveer de herramientas productivas a los jóvenes para que con estas y apoyados con su propio trabajo y esfuerzo, deben desarrollarse como personas y alejarse de las pandillas y actividades ilícitas.

Sin embargo, en la lucha para combatir adecuadamente a la delincuencia se debe, en primer lugar, poner en orden la casa; puesto que por ejemplo, existe actualmente un sistema penitenciario colapsado, y corrupto, controlado por delincuentes y no por autoridades, desde donde se ordenan homicidios, secuestros y extorsiones; se debe retomar el control y la visión de los centros de reclusión, los que no deben seguir siendo la universidad y el centro vacacional de los criminales y antisociales, sino los correccionales en donde se deben cumplir las sentencias impuestas por los tribunales competentes y de donde deben salir y reinsertarse a la sociedad, las personas debidamente reformadas.

Se hace necesario también, trabajar en una verdadera reforma policial, es urgente contar por lo menos con 10 mil policías profesionales, policías de élite, formados y capacitados

para el desarrollo adecuado de su trabajo, a los que se deberá hacerles pruebas de sustancias prohibidas (drogas) por lo menos una vez al mes, al igual que pruebas en el detector de mentiras, para garantizar su idoneidad como autoridad, equiparlos y proveerlos de los recursos necesarios para el buen desempeño de sus funciones, ofrecerles la oportunidad de actualizarse y profesionalizarse permanentemente, así como brindarles el salario que les permita vivir digna y decorosamente, proveyendo a sus familias de las condiciones necesarias para desarrollarse y sentirse orgullosos y satisfechos de su trabajo.

Debemos rescatar la confianza de la población en la institución de la Policía Nacional, el respeto y apoyo de los ciudadanos hacia esta, se hace impostergable.

El fortalecimiento a la labor de investigación es absolutamente imperioso, se hace necesario contar con una fiscalía de alto nivel, con investigadores profesionales, en calidad y número suficientes para atender la totalidad de casos que se presenten en el país, de manera inmediata, a fin de apoyar el proceso de la justicia y acelerar las resoluciones judiciales.

De manera similar, el sistema de justicia debe depurarse, los jueces deben ser profesionales probos, capaces, imparciales a quienes se deberá proveer con los recursos y elementos necesarios para desarrollar su trabajo de manera integral, se deberá descentralizar la función de los juzgados y jueces para llevar la justicia a todos los rincones del país. También los jueces y funcionarios judiciales deberán pasar por las pruebas de drogas y polígrafos para garantizar su absoluta idoneidad y solvencia moral.

Por otro lado, se debe comprender que la seguridad y la justicia conforman un sistema indisoluble, que actualmente se encuentra desarticulado, en donde cada una de las instituciones involucradas tiene una agenda absolutamente diferente. El Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Organismo Legislativo y el Ejecutivo deben compartir una visión común, estableciendo agendas mínimas, para encausar todo el sistema en una misma dirección, que es la de terminar con la corrupción, generar certeza jurídica, garantizar la seguridad y la justicia, como parte del fortalecimiento de la institucionalidad y el estado de derecho, único camino para ofrecer la tan anhelada seguridad, que todos los guatemaltecos merecemos.

Guatemala, 4 de mayo de 2011

“Rebasa los límites de lo permisible, de lo aceptable” Juan Guillermo Gutiérrez Partido de Avanzada Nacional -PANImpunidad se refiere a la falta de rendición de cuentas sobre actos delictivos, o la falta de castigo a quien por conocimiento o ignorancia, los haya cometido.

En ese sentido, la impunidad es una absoluta falta de acatamiento a las leyes, falta de respeto a las instituciones encargadas de velar porque la Ley sea efectiva, pronta y cumplida, y sobre todo, el hecho que no se aplica el castigo correspondiente al delito que se trate.

Para que la Ley sea un verbo, no un simple sustantivo existente tan solo en las hojas de los libros jurídicos, se hace necesario que se acate y respete por todos, y para aquel que ose no cumplir con lo que la ley determina, debe existir la plena certeza que habrá la sanción correspondiente a su incumplimiento, también determinada por la misma Ley. En otras palabras, la Ley ha sido dictada para que en la sociedad todos estemos impuestos de lo que se puede y lo que no se debe hacer, en el caso de hacer lo que la Ley prohíbe, o hacer algo contrario a la ley (por omisión o acción directa), hay castigos y sanciones previstas sin excepción, es decir, teórica y legalmente, es imposible que alguien por su posición social, económica, o de desempeño político, pueda sustraerse de cumplir con la misma y quien lo haga, se hace merecedor a una sanción o un castigo.

En Guatemala, sin embargo, la inobservancia e incumplimiento de las normativas legales, rebasa los límites de lo permisible, de lo aceptable y se ha convertido en los últimos años en una costumbre generalizada de los gobernantes y autoridades encargadas de hacer cumplir con las mismas, no digamos de los ciudadanos de a pie.

Esta cultura de la impunidad que no es otra cosa que la falta de castigo y sanción a los que no cumplen con lo dispuesto en las leyes, ha ido creciendo en los últimos años y haciéndose absolutamente visible a través de la erosión de la institucionalidad y a falta de credibilidad en el sistema y las autoridades, que hoy por hoy impera en nuestro país.

De acuerdo a estudios hechos por la CICIG, la impunidad en Guatemala está en el orden del 97 al 99 %, lo que significa literalmente, que todos los actos delictivos cometidos por el infractor

o el delincuente, son cubiertos por ese manto que les permite seguir delinquiendo sin que la justicia dé cuenta de ellos, y por otro lado, los guatemaltecos honrados víctimas de estos infractores y delincuentes, no tienen en absoluto protección y defensa por lo que se encuentran totalmente a merced de quienes violan su dignidad, seguridad y en el peor de los casos su integridad personal.

Como una reacción normal a esta falta de acción por parte de los entes encargados de proveer la seguridad en el cumplimiento de las leyes y las normas, así como de la protección de las personas, ha aumentado la proliferación de actos de “defensa propia” en la cual los ciudadanos cada vez en mayor número, toman la ley en sus manos y optan por hacer su propia justicia. Hemos llegado entonces a la absoluta anarquía.

Pero debemos entender que esta impunidad que campea en Guatemala, se ha generalizado no solo a los casos de infracciones a la ley; también el derecho internacional de los derechos humanos, se refiere a la impunidad, como la imposibilidad de llevar a los violadores de los derechos humanos ante la justicia y, como tal, constituye en sí misma

una negación a sus víctimas del derecho a ser reparadas, agregando que es especialmente común en los países que carecen de una tradición del imperio de la LEY, los que sufren de corrupción política o tienen arraigados sistemas de mecenazgo político, en donde el poder judicial es débil o las fuerzas de seguridad están protegidas por jurisdicciones especiales o inmunidades.

De acuerdo con lo anterior, el conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, promulgado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 08 de Febrero del 2005, define la impunidad como: “La inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a indemnización del daño causado a sus víctimas”.

Así mismo, el primer principio del

mismo documento establece que: “La impunidad constituye una infracción a las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto a los autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los prejuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones”.

Como se puede observar, la impunidad es una responsabilidad directa del Estado, que por negligencia o por incapacidad, no ha cumplido con una de las principales funciones del Estado Democrático de Derecho, como lo es, que el Estado en su carácter de titular del monopolio de la coerción legal, es el encargado de garantizar el funcionamiento del sistema social, mediante la formulación precisa del uso legitimo de la fuerza como instrumento de control, para asegurar el respeto de los ciudadanos a normas básicas de convivencia, como bien lo dice el documento Guatemala: Memoria del Silencio en su Capítulo III cuando se refiere al debilitamiento de la institucionalidad estatal.

Impunidad.

Por esa razón solo existe una manera de erradicar la impunidad en el país, la cual consiste en que el Estado cumpla con las funciones para las que se organiza; que los organismos encargados de velar por la seguridad y la justicia efectúen con seriedad sus funciones, lo que significa: terminar con la cultura de la impunidad, fortalecida por la corrupción, retirar a los corruptos y mafiosos que se enquistaron en estos organismos, devolviendo el prestigio y dignificando a los encargados de impartir justicia, y de igual manera a los entes de quienes depende la seguridad ciudadana, haciéndolos sentirse orgullosos de su trabajo y parte de este esfuerzo por llevar a Guatemala a un verdadero Estado de Derecho, en donde se instituya la aplicación de la justicia, igual para todos, sin distingos de ningún tipo, promoviendo el fortalecimiento institucional, en un proceso generador de la cultura de respeto a las autoridades y a la Ley, como un medio eficaz para construir una sociedad libre, con personas no solo libres sino dignas, que sientan pleno orgullo en el cumplimiento de sus obligaciones como el primer paso para demandar sus derechos.

Guatemala, 18 de mayo de 2011

“Más que borrón y cuenta nueva, una gerencia y dirección basada en visión” Juan Guillermo Gutiérrez Partido de Avanzada Nacional -PANCuando se habla de los enormes problemas de inseguridad en el país, inmediatamente se hace referencia a la Policía Nacional Civil; a la crasa ineficiencia, los altos niveles de corrupción y la inoperancia, de la que debería ser una institución modelo, al servicio de la seguridad de los guatemaltecos.

Dicha percepción ciudadana se fortalece con los sonados casos en los que se ha visto envuelta la Policía Nacional Civil, que van desde acoso sexual a las estudiantes de la academia, a las propias agentes mujeres, hasta los escandalosos casos de tumbe de drogas, asociación de los altos mandos con el crimen organizado o abusos y violaciones a los derechos humanos.

Más aún cuando en tan solo tres años de gobierno, se han registrado varios cambios en la cúpula y los mandos medios de la institución (5 ministros, 5 directores de la Policía y 11 directores del sistema penitenciario entre otros) entonces, tenemos la certeza que algo verdaderamente malo está pasando.

Sin embargo es importante señalar que los problemas de la Policía Nacional Civil, tienen su origen en el ministerio del que depende, que no es otro que el Ministerio de Gobernación, el cual según el diagnóstico de un reciente estudio presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, “por falta de planificación y gestión de sus autoridades es ineficiente e inoperante, lo que hace que garantizar la seguridad ciudadana sea un fracaso”.

En el mismo sentido, de acuerdo con los criterios expresados por la Comisionada para la Reforma Policial, Helen Mack Chang; “son los procesos centralizados por el propio Ministerio de Gobernación los que no permiten que la PNC cumpla con su tarea de garantizar la seguridad ciudadana”.

Eso es una señal muy clara, si analizamos que el Ministerio de Gobernación en materia de seguridad consume el 91 % del su presupuesto (solo para el año 2011 están presupuestados Q 3 mil 274 millones, y el año pasado, se dejó de ejecutar más de 500 millones de quetzales), sin embargo la Policía Nacional Civil carece de personal, equipo, etc., por lo que vale la pena preguntarse si, es falta de recursos, planificación o administración operativa, en vista que no se cuenta tan siquiera con indicadores para evaluar el comportamiento de la delincuencia, por lo tanto no es posible atacarla, mucho menos prevenirla.

Lo anterior contradice literalmente el objetivo y misión de la PNC que dice “La Policía Nacional Civil es la fuerza armada de seguridad de Guatemala, que está a cargo de resguardar el orden público, así como de la

seguridad civil de la población. Junto al Ejército de Guatemala resguardan la seguridad del territorio nacional.

Fue fundada en 1997”.

Asimismo el Objeto Según el Art. 1 del Decreto 11-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la PNC dice: “La seguridad pública es un servicio esencial de competencia exclusiva del Estado y para ese fin se crea la Policía Nacional Civil”.

O bien, en la Definición Jurídica que reza que “La Policía Nacional Civil es una institución profesional armada, ajena a toda actividad política.

Su organización es de naturaleza jerárquica y su funcionamiento se rige por la más estricta disciplina.

La Policía Nacional Civil ejerce sus funciones durante las veinticuatro horas del día en todo el territorio de la República. Para efectos de su operatividad estará dividida en distritos y su número y demarcación serán fijados por su Dirección General. Está integrada por los miembros de la carrera policial y de la carrera administrativa.

Aún más preocupante, por cuanto, de acuerdo con la normativa que le da origen, “El mando supremo de la Policía Nacional Civil será ejercido por el Presidente de la República, a través del Ministro de Gobernación. El funcionamiento de la Policía Nacional Civil estará a cargo de su Director General, bajo la inmediata y exclusiva autoridad del Ministro de Gobernación”.

(Art. 3 de la Ley de la PNC).

Y como si fuera poco: “En lo referente a cada departamento y con sujeción a las directrices del Ministerio de Gobernación, el Gobernador supervisará la actuación de la Policía Nacional Civil, sin perjuicio de la dependencia orgánica, funcional y operativa de las fuerzas de la Policía Nacional Civil del Departamento ante los mandos de está”. (Art. 4 de la Ley de la PNC).

El espíritu de la Ley, marca claramente entonces, para lo que fuera fundada la PNC, los objetivos, funciones y responsables directos de su buen, o como es el caso, desastroso desempeño; de la absoluta improvisación de acciones, del abandono y negligencia en la que se encuentra sumida, y por supuesto, de los enormes impactos negativos que sufre la sociedad.

Recordemos que la PNC tal como la conocemos, inicia a partir de la firma de los Acuerdos de Paz suscritos en 1996, las entonces, Policía Nacional y la Guardia de Hacienda cesaron en operaciones y surge la Policía Nacional Civil. El Gobierno de ese entonces, decidió integrar la nueva fuerza policial formando personal nuevo y reeducando parte de los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia de Hacienda. La formación policial fue asumida por la Unión Europea (UE) y desarrollada por el “Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad” a través de la Guardia Civil Española (GCE) en 1997. En materia de investigación criminal,

la Academia recibió apoyo de ICITAP (International Criminal Investigative Training Assistance Program), y la instrucción y formación en derechos humanos estuvieron a cargo del programa de fortalecimiento de la PNC de MINUGUA. El despliegue territorial de la PNC, que comenzó a mediados de 1997, logró cubrir los 22 departamentos del país en agosto de 1999.

Según información de la misma, han desplegado 6 Jefaturas de Distrito, 27 Comisarías, 127 Estaciones y 343 Subestaciones, y además cuenta con 8 unidades móviles (serenazgos) que se desplazan en puntos críticos de la ciudad capital. Nacen varios cuerpos especiales encargados de distintos rubros de la seguridad.

Si se accede a la información sobre la Policía Nacional Civil que aparece en internet, podremos darnos cuenta que la organización teórica que presenta es completa, de igual manera, las secciones y departamentos para el análisis, investigación, y persecución criminal, pueden competir con cualquier policía profesional del mundo, sin embargo, los resultados, distan mucho de ser los esperados por la ciudadanía, que día a día sufre los embates de la violencia y criminalidad. ¿En donde estriba entonces la incongruencia entre una institución teóricamente estructurada y la realidad objetiva de falta de resultados?

En principio debemos reconocer que existe una falta de voluntad política que dé paso a la reestructuración, de la policía nacional, en base a una reingeniería total y absoluta, que permita la utilización racional de los recursos financieros de manera eficiente, para lo cual se hace necesario efectuar análisis de procesos, revisando si las funciones de las direcciones son acordes a la misión de la institución.

Por lo tanto, más que borrón y cuenta nueva, una gerencia y dirección basada en visión, planes y organización, ejecutada por verdaderos profesionales, honrados, probos y capaces es la clave para llevar adelante la institución, amén de impulsar medidas y procedimientos absolutamente necesarios para lograrlo.

Se debe hacer énfasis en generar la carrera profesional de la policía nacional y en el sistema

penitenciario, en la cual, el personal y los mandos tienen que acceder por méritos personales, respetando las plazas técnicas y profesionales, no por intereses particulares, o compromisos políticos.

Se deberá velar asimismo, por la idoneidad y calidad de todos los miembros de la PNC, dotarlos de formación y capacitación permanente, equipamiento necesario, una escuela especializada con currículos y programas específicos modernos y adecuados a nuestra realidad, supervisión constante de desempeño, pruebas sobre utilización de drogas, detección de mentiras, así como de informes patrimoniales, todo ello para determinar la consistencia y honorabilidad de los integrantes de todos los niveles de la institución.

Por supuesto, se deberá garantizar el otorgamiento de salarios dignos, con las prestaciones sociales correspondientes para quienes su trabajo implica una seria responsabilidad y riesgo permanente; hacerlos sentirse orgullosos y comprometidos con la institución, pero igualmente, se deberá trabajar con la ciudadanía, de quienes se espera el respeto irrestricto a las leyes y obligaciones con el Estado, el reconocimiento a la autoridad, la responsabilidad ciudadana de velar por nuestra propia seguridad y la de los demás, si entendemos que la vida en sociedad es una responsabilidad de todos, un contrato social, como se ha definido en más de una ocasión en la que todos estamos dispuestos a dar un poco de nuestra propia libertad para vivir en una sociedad armónica que nos garantiza a cambio, seguridad, certeza e igualdad.

Guatemala, 1 de junio de 2011

Mientras la justicia no se garantice, habrá inseguridad e impunidad Juan Gutiérrez Partido de Avanzada Nacional -PANDe acuerdo a Wikipedia, “La justicia (del latín, Iustitia) es la concepción que cada época y civilización tiene acerca del sentido de sus normas jurídicas. Es un valor determinado por la sociedad.

Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes.

Es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones”.

Para John Rawls, “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, así como la verdad es a los sistemas del pensamiento”.

La justicia no es el dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir a quién le pertenece esa cosa por derecho. La justicia es ética, equidad y honestidad.

Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que es suyo. Es aquel referente de rectitud que gobierna la conducta y nos constriñe a respetar los derechos de los demás.

• Otro nivel de análisis lo constituye el hecho de entender la justicia como valor y fin del derecho (más que como virtud subjetiva) al que podemos conceptuar juntamente con Norberto Bobbio como “aquel conjunto de valores, bienes o intereses para cuya protección o incremento los hombres recurren a esa técnica de convivencia a la que llamamos derecho”.

En ese sentido ¿Se aplica la justicia en Guatemala? Se le da a cada quien lo que le corresponde? ¿Existe igualdad en la aplicación de la ley, sin preferencia alguna

por nadie? ¿O por el contrario, hay personas que están sobre los demás y reciben más que los otros o las leyes no les son aplicadas?

Hablar de justicia en Guatemala, en el momento actual es referirnos automáticamente a los procesos que determinan la certeza jurídica (o falta de ella) para las personas, que de alguna manera está ligada al Organismo de Estado que tiene la responsabilidad directa de la aplicación de las leyes y las concernientes sanciones a quien las viole, es decir el Organismo Judicial, el cual de acuerdo a la Constitución Política de la Republica de Guatemala, en su capítulo IV. Organismo Judicial. Sección Primera: Disposiciones Generales.

Articulo 203. Independencia del Organismo Judicial y Potestad de Juzgar. A la letra dice: “La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.

Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la Republica y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de la justicia”.

De lo anterior podemos colegir, que la administración de la justicia es absolutamente una responsabilidad del Organismo Judicial y la impartición de la justicia se hace de acuerdo con la Constitución y leyes del país. Debemos recordar de igual manera, que en el Artículo 2. Deberes del Estado, la Constitución reza literalmente: “Es deber del Estado, garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. De tal manera que si no se aplica la justicia en la medida que garantiza la Constitución, es el Estado el que viola su propia ley fundamental.

En ese orden de ideas, mientras la

justicia no se garantice, habrá para los guatemaltecos inseguridad e impunidad; ya para el año 2008 la tasa de homicidios se colocaba en 48 por cada 100 mil habitantes, la más alta de los últimos 20 años, convirtiendo al país en uno con mayores índices de homicidios en todo el mundo.

Al lado de la inseguridad, la impunidad complica el panorama, entendida esta, como la falta de una respuesta efectiva del sistema penal hacia los delitos cometidos. Se comprende como una respuesta efectiva de parte del sistema de justicia aquella que permite el castigo del responsable de un delito grave; es decir de una condena penal, sin embargo, para tales efectos, se calcula que en Guatemala, la impunidad en el caso de los delitos graves, (homicidios) la efectividad es de tan solo 2.7 % de los casos ingresados al sistema, mientras que en los delitos de evasión fiscal, aproximadamente un 96% de los casos ingresados al sistema quedan en la impunidad.

Esta falta de respuesta efectiva del sistema de justicia penal, provoca a su vez dos grandes problemas sociales: Por un lado, la impunidad genera una pérdida de confianza del ciudadano en las instituciones encargadas de la aplicación de la justicia, agravando con ello la situación de inseguridad de la población; por lo que algunos ciudadanos al no encontrar respuesta a sus conflictos por parte del sistema de justicia oficial, intentan buscarla por sus propios medios, lo que propicia en muchos casos ejecuciones extrajudiciales y linchamientos.

Sin embargo, el efecto más fuerte y directo de la impunidad es el hecho que los delincuentes, al no ser castigados por los delitos cometidos, continúan delinquiendo, puesto que la impunidad les otorga una sensación de confianza que les permite seguir realizando acciones contrarias a la ley.

Pero la impunidad, no es fácil de combatir, mientras las instituciones encargadas no estén suficientemente fortalecidas económica, financiera y de recursos humanos, y una depuración profunda que permita terminar con la infiltración de la que han sido víctima las instituciones del sistema de justicia tales como la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, llenándolas de corrupción.

Vale la pena preguntarse entonces, cuales son las posibles soluciones a esta problemática que hace crisis en el país?

1. El fortalecimiento de sistema de investigación criminal en las tres

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instituciones que lo conforman: a.

La Policía Nacional Civil b. El Ministerio Público c. El INACIF La formación profesional de los investigadores. La cual debe desarrollarse a partir de la carrera profesional de investigación, como una especialización, es decir; una Policía de investigación criminal Fortalecimiento del Ministerio Público, para dotarlo de los recursos humanos y materiales que permitan llevar a las cortes y los tribunales a quienes resultaren capturados de acuerdo a las investigaciones practicadas.

En el caso del Organismo Judicial, la depuración, formación, capacitación y apoyo a los jueces y juzgadores, para que de acuerdo con la ley, puedan aplicar las penas estipuladas en las leyes, sin que, su integridad moral o física se vea amenazada por ningún motivo, garantizando así, el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia.

Redimensionar el sistema penitenciario.

Diseño e implementación de políticas de prevención comunitaria, y programas pedagógicos para apoyar políticas de prevención a todo nivel desde la familia y la escuela primaria.

El compromiso ciudadano y en especial de los medios de comunicación en este esfuerzo, para erradicar la cultura de la violencia que se filtra a través del tratamiento de la noticia en la medida que se deshumaniza y se exalta el uso de la violencia, cambiando por la transmisión de valores positivos, así como de la prevención del delito en todas sus manifestaciones.

Finalmente, nada de esto será posible mientras la corrupción siga infestando el sistema de justicia y seguridad, por esa razón, se deberá hacer un esfuerzo extraordinario por acabar con ese flagelo, en la medida de la profesionalización y dignificación de los hombres y las mujeres que trabajan, en dichas instituciones, a través de salarios dignos, certeza laboral, controles adecuados y permanentes para evitar enriquecimientos ilícitos, uso de drogas y tráfico de influencia, en los puestos de trabajo.

Guatemala, 15 de junio de 2011

La CICIG y la Comisión Presidencial contra la Impunidad en Guatemala Juan Gutiérrez Partido de Avanzada Nacional -PANLa existencia de una Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, debería ser motivo para que todos los guatemaltecos sintamos una profunda vergüenza, al reconocer que las instituciones creadas por el Estado para proteger la vida, la seguridad y los bienes de los ciudadanos son incapaces de cumplir con sus funciones.

Sin embargo, debemos aceptar la vergüenza y beber de ese cáliz amargo, como algo necesario, puesto que el Estado en general y sus instituciones específicas, especialmente el Ministerio Público, desde hace algunos años, ha demostrado con suficiencia su incapacidad para investigar, acusar y condenar, a los delincuentes y resolver los crímenes comunes, mucho menos los que provienen del crimen organizado.

En ese sentido dada la incapacidad de nuestro sistema de investigación, seguridad y justicia, la Organización de Naciones Unidas y la República de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en diciembre de dos mil seis; Acuerdo que contó con la Opinión Favorable de la Corte de Constitucionalidad y la respectiva ratificación por el Congreso de la República. Esta institución depende directamente del Secretario General de Naciones Unidas.

El Acuerdo relacionado establece que dicha Comisión surge debido a que los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad atentan gravemente contra los derechos humanos, a través de acciones delictivas que provocan impunidad y debilitan el Estado de Derecho, lo que hace necesario establecer una comisión investigadora de estos grupos para coadyuvar con la desarticulación de estos.

Es verdaderamente preocupante que el Estado de Guatemala, y sus instituciones encargadas de velar por la seguridad y la justicia de los ciudadanos, no sean capaces de cumplir con sus obligaciones y que hayan sido permeadas por el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, es absolutamente inconcebible que se tenga que recurrir a la ayuda de comisiones internacionales para que vengan a realizar el trabajo que por mandato constitucional le corresponde al Estado de Guatemala y sus instituciones, en vista de no existir

un liderazgo político que termine con los altos niveles de corrupción, y la cooptación de las instituciones por los poderes paralelos ejercidos por el crimen organizado.

Luego de 3 años, se prorrogó ante la Organización de Naciones Unidas, por solicitud realizada por la República de Guatemala, por dos años más; prórroga que vence el cuatro de septiembre de 2011.

Lo que significa, que durante los primeros 3 años de trabajo de la CICIG en Guatemala, poco se ha hecho para que los guatemaltecos puedan tomar la dirección de las instituciones del Estado, fortalecerlas, y formar a las personas idóneas que puedan desarrollar el trabajo que se requiere y garantizarle al ciudadano, seguridad y justicia, devolviendo la confianza en las instituciones específicas.

Con mucha razón, la creación de la CICIG y la injerencia de una entidad internacional en asuntos propios del Estado de Guatemala, creó un descontento generalizado por considerarse que se viola la soberanía del Estado de Guatemala, al dar a una institución internacional un poder desmedido y superior al poder de cada uno de los Organismos del Estado posee; además de someter la justicia guatemalteca a la autoridad de

la Organización de las Naciones Unidas.

En ese sentido, la CICIG como institución supranacional de apoyo al fortalecimiento de la justicia a través de la investigación de casos muy puntuales, de alto impacto, en los cuales los organismos del Estado resultan involucrados, o con poca capacidad para combatirlos, debe ser absolutamente transparente en su función, evitando intervenir en decisiones políticas o administrativas que son competencia exclusiva del gobierno de Guatemala, y sí procurando dar los lineamientos y soporte necesario para dejar instituciones fortalecidas, depuradas y eficientes a su retiro.

La CICIG, si bien es cierto fue creada con la finalidad de coadyuvar en el proceso de investigación, identificación, procesamiento y eliminación de cuerpos ilegales de seguridad y clandestinos de seguridad, también lo es que su mandato fue otorgado por un tiempo limitado, y renovado en una oportunidad, por un período igual de dos años. Esencialmente, su naturaleza es de carácter temporal, y debe de permitir que Guatemala se fortalezca legalmente e institucionalmente para poder lograr un Estado de Derecho, un respeto a la ley y una

efectiva lucha contra la impunidad; tarea que deberá desempeñar a cabalidad y por si sola, en un futuro no lejano. El objetivo de la CICIG es reforzar la capacidad del Estado de Guatemala para cumplir eficazmente sus obligaciones dimanantes de las conversiones de derechos humanos de que es parte.

De esa cuenta, debe pensarse que la CICIG, a corto o mediano plazo, tendrá que finalizar con su mandato, su trabajo ha sido, sin duda alguna, de gran importancia y de mucha ayuda para nuestro país, lo cual se evidencia claramente en los distintos informes rendidos.

Sin embargo, el Estado guatemalteco debe antes del retiro de la CICIG, hacer su parte y fortalecer nuestras instituciones, empezando con el Ministerio Público en el cual deberá invertir todo tipo de recursos, económicos, humanos y técnicos, implementando laboratorios para la investigación científica, mejorando y dignificando la carrera de los fiscales, profesionalizándolos y ofreciéndoles salarios justos y dignos para el trabajo que desarrollan; combatiendo la corrupción generalizada a lo interno y aplicando la Ley a quienes corrompen a los miembros y funcionarios del mismo.

Así mismo, formando y brindando capacidades de especialización a los fiscales de acuerdo a los diferentes tipos de crímenes contra la sociedad que deben combatir: a.

El narcotráfico. b.

El crimen común. c.

El crimen organizado: maras, sicariato, extorsiones, secuestros. d.

Crímenes de cuello blanco: lavado de dinero, defraudación fiscal. Etc. e.

Combate a la corrupción.

Finalmente, deberá desarrollar un proceso permanente de supervisión y evaluación, con el propósito de medir el funcionamiento de las instituciones en base a su desempeño y objetivos cumplidos.

Esa evaluación, podrá decirnos de manera inequívoca, en qué momento el Ministerio Público estará funcionando de manera eficiente, libre de corrupción, profesionalmente, y pueda entonces garantizarle a Guatemala y a todos los ciudadanos, que los objetivos para los que fue creado, se cumplen de manera satisfactoria, en ese momento, la CICIG podrá irse, dejando un legado histórico, de su paso por Guatemala.

Guatemala, 29 de junio de 2011

¿Existen los poderes paralelos en Guatemala y cuáles son? y ¿Cómo enfrentarlos?

Juan Gutiérrez

Partido de Avanzada Nacional

–PAN–

impiden la aplicación de la Ley y de políticas privadas o públicas de interés común.

Como Poderes Paralelos se definen a aquellos grupos que ostentan un poder político, y se ocultan detrás del sistema político nacional para la consecución de sus propios fines, se entiende por poder político, la capacidad de ejercer, a través de la fuerza física o coacción, un control imperativo sobre la población de un territorio determinado.

Generalmente se asocia a los poderes paralelos con agrupaciones al margen de la ley, clandestinas, sin códigos morales o éticos, promovedoras de violencia y fuertemente armadas; tal como las mafias del narcotráfico. Sin embargo estos grupos que ostentan poder político, pueden ser grandes empresas nacionales y transnacionales, el comercio informal, movimientos sociales o religiosos, entre otros.

Los objetivos de estos poderes paralelos varían según sus propios intereses, pero todos ellos tienen un denominador común; para cumplir con sus fines a través del poder político que ejercen, se oponen e

¿EXISTEN PODERES PARALELOS EN GUATEMALA Y CUÁLES SON? Sí, en Guatemala existen poderes paralelos, cuya concepción corresponde a actividades de todo tipo, no sólo aquellas vinculadas con el narcotráfico y la mafia, sino también, las que tienen origen en el desarrollo de actividades económicas, la industria y el comercio informal, o bien de tipo social, como sindicatos, cooperativas y asociaciones.

En Guatemala, el poder político que ejercen los grupos que se dedican a actividades ilícitas como el narcotráfico y el sicariato, es más que evidente; amparados por la impunidad, violencia, coacción y amenaza, así como de las debilidades del sistema de justicia, y la corrupción, para evitar la aplicación de la ley.

De igual manera, existen varios grupos de industria, del comercio, o de cualquier actividad económica, que a través de la coacción, valiéndose de su poder económico y la corrupción imperante, ejercen suficiente poder político para favorecerse,

defraudando económicamente, incumpliendo con sus obligaciones tributarias, corrompiendo a la administración pública, logrando condiciones favorables para su causa, aun en contra de las leyes y del bien común.

Es de conocimiento generalizado, la gran influencia que los grupos paralelos de origen comercial o industrial que en forma independiente u organizada, han tenido en Guatemala desde hace muchos años, tanto en la política nacional económica, como en la formación y sanción de ley; buscando con ello la protección de sus intereses particulares así como la creación o sostenimiento de monopolios artificiales (algo prohibido por la Constitución de la República) en detrimento directo del interés nacional. Estos grupos que detentan poderes paralelos, son fácilmente distinguibles, debido a la enorme capacidad de decisión e influencia que ejercen sobre las estructuras de los gobiernos de turno, desde hace ya muchos años, logrando evadir impuestos y defraudar al Estado, evitando la persecución penal por este tipo de hechos, aun y cuando ha existido prueba contundente de los hechos ilícitos cometidos.

Las influencias negativas provocadas por estos grupos de poder paralelo, obstaculizan el desenvolvimiento normal de la economía, la labor legislativa y judicial, corrompiendo actividades y funcionarios estatales, los que en un sistema saludable, deberían propender a la búsqueda y protección de los valores supremos del Estado, como lo es la justicia, la libertad y el derecho a la propiedad.

El origen, existencia y permanencia de estos poderes paralelos son fruto de la corrupción, la ilegalidad y la impunidad, así como la violencia y la ingobernabilidad. Estos grupos, no sólo ejercen su poder a través de la fuerza física y la corrupción, también lo hacen a través del tráfico de influencias, algo mucho más evidente en tiempos electorales. De esto deviene la importancia en la transparencia y fiscalización de las contribuciones y financiamiento de las campañas políticas partidarias, información que de conformidad con la ley, debe de ponerse a disposición del Tribunal Supremo Electoral, obligación que en este proceso electoral, solo dos de los partidos políticos que se encuentran en la contienda han cumplido; a la fecha, en el caso del Partido de Avanzada Nacional ha entregado

el listado con toda la información requerida por la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La problemática de la claridad del financiamiento de las distintas campañas electorales recae también en fiscalizar e investigar que los fondos no provengan de actividades ilícitas. El posible financiamiento de campañas políticas, por cualquiera de los grupos paralelos de poder, significa que el gobierno electo bajo estas condiciones, estará comprometido a cumplir con las demandas que estos exijan, algo absolutamente ilegal, inmoral y en detrimento del interés nacional y el bienestar común. ¿CÓMO ENFRENTARLOS? La presencia e influencia de grupos de poder paralelo, es una situación preocupante que debe atacarse de inmediato en Guatemala, no solo por la corrupción que provoca, también, por la penetración criminal que bajo su sombra crece cada día.

Esta problemática se agrava por la ausencia de voluntad política y falta de liderazgo para enfrentarlos, además de los compromisos económicos y políticos contraídos por los gobiernos de turno.

Es una obligación del Estado, combatir todo tipo de grupos de poder paralelos, para fortalecer el Estado de Derecho y el respeto a la ley, se debe investigar, desarrollar un efectivo esclarecimiento y sanción de las actividades delictivas que dañan al Estado y a la sociedad, no importando de dónde provengan.

El Estado democrático garantiza los derechos de libertad y de primacía de la ley; la situación gravísima en la que hoy por hoy se encuentra Guatemala debido a la influencia de los distintos poderes paralelos, ha deteriorado seriamente al país y puesto en peligro la estabilidad y la democracia, algo que ha sido percibido por la comunidad internacional.

El esfuerzo por combatir la impunidad, la corrupción y por lograr un respeto de la ley, es un trabajo a desarrollar en conjunto, no solo los sectores gubernamentales, también la sociedad civil y cada ciudadano en particular. Debemos fortalecer la justicia y valores democráticos, combatiendo la corrupción y luchando contra la impunidad.

Por eso se hace tan importante la participación política, de todos los sectores, de todos los ciudadanos conscientes y consecuentes, una participación con absoluto respeto por la legalidad, la justicia y el Estado de Derecho.

Guatemala, 13 de julio de 2011

Narcotráfico, estrategia y combate Juan Gutiérrez Partido de Avanzada Nacional PAN El problema del narcotráfico en Guatemala no es algo nuevo, se conoce desde hace décadas; sin embargo, en este momento ha tomado proporciones verdaderamente alarmantes, por cuanto ha permeado los estamentos del Estado y la justicia, por medio de la corrupción y la compra de voluntades; siendo lo más grave, que ha rebasado la capacidad de la ley al punto que estamos prácticamente indefensos ante los embates de este tipo de crimen, tomando en cuenta que al narcotráfico se le suman, entre otras actividades delictivas, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el sicariato, el lavado de dinero y otros activos, así como la violencia en general.

Los guatemaltecos hemos sido testigos en los últimos tiempos de la saña con que se cometen los crímenes vinculados con narcotráfico en espectáculos dantescos e insospechados, de igual manera, el nivel de sofisticación de los operativos que realizan las organizaciones que se dedican al narcotráfico, el calibre de las armas utilizadas y la libertad con la que actúan demuestran la capacidad de acción y la impunidad que los protege.

Debido a la escalada en la frecuencia con que se cometen estos crímenes, se ha vuelto un tema del diario vivir; y en cierta medida, infelizmente, los guatemaltecos nos hemos acostumbrado a verlo como un fenómeno normal; es por ello que se hace imprescindible implementar acciones a corto, mediano y largo plazo para enfrentar el delito de manera adecuada.

Es importante resaltar que Guatemala no es un país productor de drogas, tampoco es el mercado preferencial para el consumo, sin embargo, el área centroamericana se encuentra localizada geográficamente entre los países productores en el sur y los grandes consumidores en el norte, sirviendo para los intereses de ambos como puente natural.

En principio, se hace necesario enfatizar en el hecho que descartamos absolutamente la posibilidad de la legalización de la droga, puesto que consideramos impensable legalizar una conducta delictiva. No estamos dispuestos a legalizar lo que por naturaleza es ilegal.

Legalizar la droga no eliminaría la problemática y la violencia que esta genera, al contrario, favorecería, de una manera u otra a quienes se benefician con este tipo de crimen, recordemos que quienes se dedican a estas actividades son criminales organizados y endurecidos que no estarían dispuestos a dejar su vida criminal por más que se legalicen

las drogas, además de aumentar el consumo, la dependencia y las consecuencias nefastas para la sociedad.

Algunas personas y sectores que favorecen la legalización de las drogas, suelen hacer analogía con la legalización de las bebidas alcohólicas a principios del siglo XX en Estados Unidos, sin embargo no existen parámetros para comparar los daños que el consumo de drogas causa al ser humano en particular; a nivel biológico y psicológico pero también en lo social, económico, moral y legal en general, Por otro lado, el narcotráfico, debido su ámbito internacional de acción, debe combatirse en forma regional conjunta, con la cooperación de los países que resultan afectados por esta actividad ilegal, en la justa medida de su responsabilidad y participación en el problema, se deberá aportar para solucionarlo.

En ese sentido, se debe tener presente que para enfrentar al narcotráfico es necesario invertir en varios niveles: primero, en la prevención de las adicciones a través de procesos de educación para los padres y los hijos en la familia, a los estudiantes en los centros de enseñanza y a la sociedad en general como un compromiso de Estado no solo en la lucha contra las drogas y el narcotráfico, pero también en el área de salud integral de los guatemaltecos.

En segundo lugar, fortaleciendo el sistema de seguridad, descentralizándolo con el objeto de cubrir todo el país con programas específicos, desarrollando una reforma de la Policía Nacional Civil, con la creación de divisiones élite, debidamente formados, capacitados, entrenados y equipados en el combate contra el narcotráfico, igualmente el fortalecimiento del ejército y la apertura de bases militares en los lugares estratégicos en donde sean necesarios, con el objetivo de resguardar las fronteras, cielos y mares nacionales para evitar a toda costa el ingreso de personas y sustancias prohibidas.

Se hace necesario también la depuración y dignificación de los servidores públicos concientizándolos sobre la importancia y responsabilidad de sus labores; y remunerándolos adecuadamente, lo que en consecuencia disminuiría la posibilidad de corrupción.

Por supuesto que cualquier estrategia para combatir el narcotráfico puede fracasar si no se atacan también las causas que motivan a las personas a participar en esta actividad absolutamente fuera de la ley, y una de esas causas es precisamente el hecho de la falta de oportunidades y la falta de empleo.

En Guatemala el desempleo y la falta de oportunidades para producir satisfactores a las necesidades

básicas, es verdaderamente preocupante, algo que en los últimos años se ha incrementado debido a la precaria situación económica. La falta de empleo y la pobreza son factores que se reflejan directamente en los índices de delincuencia. En el caso particular del narcotráfico esta incidencia no es distinta. Ante la falta de oportunidades y la necesidad ingente, las personas optan por dedicarse a actividades que, no sólo les proporciona dinero rápido y relativamente fácil, sino que les provee de cierto poder.

Es por ello que la generación de empleo es parte integral y muy importante en el combate a este flagelo, generar empleo y oportunidades para todos los guatemaltecos puede ser un disuasivo tan importante como lo es la decisión política de combatirlo con todos los recursos legales, policiales y jurídicos que sean posibles.

Finalmente, en la lucha contra el narcotráfico debe combatirse la corrupción y la impunidad a todo nivel desde los funcionarios públicos con atribuciones sencillas, hasta aquellos de alto nivel. El narcotráfico se vale de la corrupción no sólo para lograr sus objetivos, sino también para que sus actos no tengan consecuencia alguna. Es por ello que debe contemplarse dentro de cualquier plan para combatir la corrupción, una estrategia contra la impunidad y el fortalecimiento de la transparencia de nuestras instituciones, algo en lo que todos y cada uno de los guatemaltecos debemos aportar. Es necesario proponernos cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción; exigiendo el cumplimiento de las leyes a cabalidad, sin excepciones de ninguna índole.

Especial atención se debe prestar al tema de la lucha frontal contra el lavado de dinero y otros activos, cerrar nuestro sistema financiero a este tipo de actividades ilícitas haría imposible las operaciones criminales de manera rentable, por lo que es la más eficiente, la menos riesgosa y violenta de las estrategias para luchar contra ese flagelo.

Entendemos con claridad meridiana que en esta lucha desigual, no podemos estar solos, puesto que no es solo nuestro problema, es un problema de carácter regional internacional, por consiguiente, las estrategias para combatirlo deben

también ser de carácter regional internacional, necesitamos de colaboración entre naciones, dentro de un marco legal que permita la cooperación en conjunto enfocada no sólo al combate, sino también a la prevención y el cumplimiento de la ley.

Debemos entender que en esta cruzada cada quien debe hacer lo suyo, es decir, cada uno de los guatemaltecos, en particular, de los centroamericanos en general debemos cumplir con una función, educativa, formativa, preventiva y de seguridad, empezando por la educación y el control de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros vecindarios, en un proceso multiplicador que se expanda hasta cubrir la región.

Insistimos en afirmar que la falta de oportunidades y empleos tiene incidencia negativa directa en el narcotráfico, por lo que generarlos debe ser un objetivo a mediano plazo. Deben propiciarse más y mejores oportunidades de empleo para la juventud, de manera que existan mejores opciones que enrolarse en las filas del narcotráfico y el crimen organizado para tener el dinero y los recursos necesarios para vivir dignamente.

El combate a la corrupción y la impunidad, para lograr el respeto e imperio de la ley es la mejor forma de atacar al narcotráfico de forma integral.

Se necesita para lograrlo, voluntad política, y estar libre de compromisos con grupos al margen de la ley. Yo estoy dispuesto a combatir el narcotráfico de manera integral, asumo la responsabilidad y acepto el reto, porque mi compromiso es únicamente con Dios, con Guatemala y con nadie más.

Guatemala, 27 de julio de 2011

La respuesta a las principales amenazas a la gobernabilidad Juan Gutiérrez Partido de Avanzada Nacional PAN La GENERACIÓN DE EMPLEO es el tema central de nuestro programa de Gobierno. Se presenta como respuesta a las principales amenazas a la gobernabilidad del Estado guatemalteco, la falta de empleo, la corrupción en sus diferentes manifestaciones y el clima de violencia e inseguridad que se vive actualmente en Guatemala, son producto de la falta de oportunidades reales para el ciudadano, denominador común de la sociedad guatemalteca.

La violencia imperante y por lo tanto las amenazas a la gobernabilidad e institucionalidad, son las razones que de manera recurrente argumenta el ciudadano cuando se le pregunta por el mayor problema que enfrenta el país en el momento actual, pero sin embargo, cuando la pregunta es cuál es el principal problema que a nivel personal preocupa al guatemalteco, indefectiblemente la respuesta es la falta de empleo y de oportunidades, así como el alto costo de la vida (economía).

En ese sentido, al revisar los estudios del Banco Mundial y la Encuesta Empresarial efectuada por ASIES con datos al mes de marzo del 2011, podemos entender un poco mejor nuestra realidad, porque Guatemala está considerada como un país de ingreso mediano bajo, un PIB per cápita de US $ 2,650.00, una deuda pública del 38.8 % en relación al PIB, acelerada grandemente en los últimos 3 años; la relación de empleo población es del 62.4 % y la tasa de desempleo asciende a 37,60 %.

El sector agrícola absorbe el 52.4 % de la población económicamente activa (PEA), por lo que el desarrollo rural se convierte en una prioridad, el PEA aumenta en 90 mil personas anualmente, mientras que el empleo formal solo lo hace en una décima parte es decir 9 mil empleos al año, aproximadamente.

El empleo informal ha pasado a ser el principal mecanismo de ajuste en el mercado laboral, pese a que trabajan el mismo número de horas, el ingreso del trabajador formal, tiende a más que duplicar el informal, siendo que este sector (el informal) es el receptor de mano de obra expulsada por otros sectores o de quienes ingresan por vez primera al mercado laboral.

De igual manera, el apoyo a las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas), se convierte en la clave para impulsar el desarrollo económico, es obligación del Estado el apoyo a estas instancias, las empresas grandes pueden operar sin obstáculos y regulación excesiva, toda vez que existan reglas claras, que generen certeza jurídica y controles eficientes, pero el apoyo a las MIPYMES debe de enfocarse en: • El fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa • Facilitar el acceso al crédito (expedito y competitivo con baja tasa de interés) • Acceso a tecnologías • Acceso a mercados nacionales y extranjeros • Facilitación de trámites para la constitución y operación

Las tres tendencias históricas que estructuran el trabajo en Guatemala y el resto de países de Centroamérica son: insuficiente generación de empleo, precarización laboral y fragilidad de sujetos y actores laborales.

Esa es nuestra realidad, y es la falta de empleos y oportunidades, la que obliga a muchos guatemaltecos a delinquir para llevar el pan a su familia, esa falta de oportunidades es la que el narcotráfico y el crimen organizado a aprovechado para capitalizar sus ejércitos de sicarios, traficantes y delincuentes, así como para permear al gobierno y diversas instancias del Estado a través de la corrupción y el contrabando.

De esa cuenta, no es difícil concluir que el país se encuentra sumido en la miseria, la extrema pobreza, violencia, el crimen, la inseguridad ciudadana, la corrupción y sin oportunidades.

Sin embargo, sabemos que se debe mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos, se hace necesario promover el desarrollo económico y el desarrollo rural del país, y esto solo se logra, a través de la generación de más y mejores empleos, como respuesta inmediata a la pobreza.

Solo hay una forma de combatir la pobreza: es con la creación de riqueza, es decir, desarrollo económico. Esto se logra atray-

endo y promoviendo la inversión. nacional y extranjera, para lo cual se requiere: • Certeza jurídica • Acceso al financiamiento y creación de mercados financieros y valores • Acceso a tecnologías • Apertura de mercados para los productos nacionales • Promoción de las exportaciones y el desarrollo turístico • Desarrollo de proyectos productivos económicamente sostenibles • Fomento de la inversión de capital • Mejora y ampliación de infraestructura productiva • Incorporación de las remesas familiares al mundo productivo y de desarrollo mediante programas de colaboración entre gobierno local, los migrantes en el extranjero y sus familias en Guatemala Ley antimonopolios • Promoción de la competencia en igualdad de condiciones • Simplificación y agilización de trámites burocráticos para formalización, incorporación y creación de nuevas empresas • Eliminación de la corrupción y otras barreras a la inversión local y externa • Se garantizará la carrera del servidor público, su dignificación y estabilidad laboral

El desarrollo rural gira sobre premisas similares, adicionalmente al apoyo a la organización comunitaria y programas cooperativos para mejorar producción y promover exportación de productos no tradicionales.

El enfoque a la protección, respeto y mejoramiento del medio ambiente es sensiblemente crítico.

La limpieza, protección y saneamiento de los mantos acuíferos como ríos, lagos, nacimientos de agua, puesto que más de 5 mil niños mueren cada año por enfermedades causadas por aguas contaminadas, además que con esas aguas contaminadas se riegan los productos agrícolas, lo que les resta calidad y los convierte en focos de infección y enfermedades.

La reforestación del país para mejorar el ambiente, combatir la erosión y la destrucción de la tierra, evitar la escorrentía y generar filtración de agua de lluvia para enriquecer los mantos freáticos Garantizar la certeza legal en la tenencia de tierras y el manejo de los conflictos agrarios como parte de los esfuerzos nacionales para lograr el desarrollo.

Nuestra experiencia como empresarios exitosos por más de 30 años, durante los cuales hemos creado más de 50 mil empleos directos, nos da la solvencia para asegurar que sí es posible, construir la Guatemala que merecemos a través de la generación de empleo y por ende las oportunidades que el país necesita para su desarrollo integral.

Guatemala, 10 de agosto de 2011

El combate a la desnutrición debe ser un compromiso de Estado Juan Gutiérrez Partido de Avanzada Nacional PAN Estudios recientes muestran que las muertes de los niños menores de 5 años, usualmente están relacionadas al grado de desnutrición que presentan y que los hace vulnerables a enfermedades que podrían ser prevenidas y curadas. En Guatemala, muchos de los casos de muertes por desnutrición se esconden tras otros padecimientos y enfermedades provocados por la insuficiente ingesta de nutrientes básicos Las causas de la desnutrición crónica en los niños, se debe a que los padres de familia descuidan el peso de sus hijos y es difícil que los infantes recuperen su talla. Aunque otras causas de la desnutrición se originan por el reducido consumo de alimentos que son fuentes de proteínas, debido a las limitadas condiciones económicas; así como por el elevado número de hijos por familia, lo que impide que el presupuesto familiar alcance para lo necesario, aunado a la falta de empleo de los padres de familia.

Se considera que la desnutrición infantil tiene causas genéticas profundas en muchos casos, en los que los niños nacen desnutridos por ser producto de embarazos de madres muy jóvenes y con niveles de desnutrición severos.

En ese sentido, las condiciones de desnutrición provocan que se debilite el sistema inmunológico de los menores de edad y sean susceptibles a ser víctimas mortales de enfermedades infecto-contagiosas o respiratorias principalmente.

La oficina en Guatemala del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció recientemente que la desnutrición crónica que padecen los niños guatemaltecos ha llegado a niveles críticos al alcanzar el 49,3% de la población infantil del país, la mayor tasa de desnutrición infantil del continente, y el sexto lugar de desnutrición crónica en el mundo.

Manuel Manrique, representante de Unicef en Guatemala, dijo que el crecimiento de la desnutrición crónica ubica al país en el nivel más alto de América Latina, superando en más de 19 puntos el promedio mundial, que es del 30%. Manrique agregó que estas cifras colocan a Guatemala en una situación peor que la de Haití, Bolivia o Perú en estos indicadores.

En el caso de la población indígena, la situación es más complicada debido a que los niveles de desnutrición crónica son del 70%, el doble de los niños no indígenas, cuya cifra se sitúa en el 35,7%; y hay algunos municipios de población indígena, como en San Pablo la Laguna, donde la incidencia de la desnutrición crónica es del 82%.

Según estadísticas de la Secretaria de Planificación Económica SEGEPLAN el 50% de los 13,3 millones de guatemaltecos son niños y adolescentes de cero a 17 años de edad, el 63,9 % de estos vive en condiciones de pobreza, y el 19,2 en pobreza extrema, siendo los indígenas (el 82,4 %) los más afectados, lo que posiciona a Guatemala en el cuarto puesto mundial por pacientes en esas edades con desnutrición crónica, causante de retardo en el crecimiento, mientras la desnutrición aguda es la de más riesgo de muerte y requiere una atención médica inmediata.

Por su parte, María Claudia Santizo, oficial de nutrición de la UNICEF destacada en Guatemala contabiliza 11 mil 83 casos de desnutrición aguda, entre severa y moderada, con 56 fallecidos de los llegados a hospitales en un estado avanzado de malnutrición, algunos menores de seis meses de nacidos.

La ONU asegura que Guatemala tiene la mayor tasa de desnutrición infantil del continente. El 49,3% de los menores de cinco años padecen de desnutrición crónica.

De acuerdo con lo anterior, no podemos que-

darnos con los brazos cruzados, se deben tomar medidas inmediatas para dar solución a tan espantosa realidad, que ataca a casi la mitad de los seres más indefensos de la sociedad, nuestros niños.

Es necesario, de inmediato implementar políticas de Estado, institucionalizando programas sociales consistentes en asistencia médica y alimentaria, así como educativos y económicos, el combate a la desnutrición debe de hacerse desde varios frentes, creándose para el efecto, centros de ayuda multidisciplinarios.

Guatemala, fue pionera en el estudio de alimentos fortificados para prevenir la desnutrición, en 1954 el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá –INCAP– bajo la dirección del doctor Ricardo Bressani, produjo la INCAPARINA, un “atol” a base de harinas de maíz y algodón enriquecido con vitaminas y minerales, que tuvo magníficos resultados en el combate a la desnutrición en muchos países del mundo, al igual que la galleta de INCAPARINA utilizada en los años 70´s. No encontramos ninguna razón que nos impida volver a utilizarla en un programa agresivo contra la desnutrición infantil.

Se debe velar porque los niños y sus madres reciban del Gobierno, las raciones alimentarias necesarias para nutrirse adecuadamente, sobre todo en las regiones geográficas más castigadas por los accidentes climáticos, tal el caso del corredor seco.

Se debe asegurar el manejo transparente y adecuado de los programas sociales, erradicando la corrupción en las compras, licitaciones, cotizaciones y contrataciones del Estado, de igual manera, garantizando la idoneidad y capacidad de las personas que tengan a su cargo el manejo y administración de los mismos, para evitar que dichos programas se presten a la corrupción y no cumplan con su objetivo principal que es el combate a la desnutrición infantil.

Adicionalmente, de manera paralela, se hace necesaria la creación de centros multidisciplinarios, para trabajar con las familias, en su propia comunidad, los cuales se encargarán del diagnóstico y control nutricional, evaluando a los menores en relación peso-talla para determinar su estado nutricional, así como la promoción de la lactancia materna. Para un efecto preventivo óptimo, los servicios deben de prestarse a través de visitas domiciliarias, para el diagnóstico rápido de la desnutrición, evitando llegar a casos críticos.

La educación se convierte en un factor determinante en la lucha contra la desnutrición infantil, entendiendo que este es un proceso de más largo aliento, que precisa la educación de las madres y todos los integrantes de la familia, habrá que fortalecer los programas educativos a través del Ministerio de Educación, así como diseñar programas de formación técnico-práctico, que permita desarrollar trabajos que generen ingresos económicos a la familia.

El combate a la desnutrición, debe ser un compromiso de Estado, en el que tenemos que involucrarnos todos los guatemaltecos, pero debemos estar conscientes que este flagelo no se terminará mientras las razones que lo provocan no se terminen, estas razones son la pobreza, la falta de oportunidades y empleo, por lo que únicamente cuando logremos el desarrollo económico a través de la inversión nacional y extranjera para generar empleos, y el desarrollo rural, a través de los microcréditos, las semillas mejoradas, insumos, sistemas de minirriego y la capacitación permanente para que todos los guatemaltecos sean capaces de obtener los recursos económicos que les permita llevar el alimento y los servicios de salud a sus familias, podremos estar en el camino para terminar con la desnutrición infantil.

Sin embargo, la lucha debe comenzar ahora, proveyendo los alimentos básicos a las madres y los niños menores, en un verdadero proyecto de apoyo del Estado para quienes han sido abandonados y olvidados durante tantos años, debemos empezar de inmediato, utilizando de manera honesta y racional los recursos del Estado que ahora se pierden en corrupción y malos manejos.

Es importante que cualquier esfuerzo que se realice para combatir la desnutrición infantil, debe de complementarse con una serie de programas que tiendan a mejorar la calidad de vida de las familias de escasos recursos, ofreciendo soluciones también al problema habitacional, la falta de servicios sanitarios, de desocupación y el desempleo, embarazos en adolescentes, etc.

Estamos conscientes que la buena nutrición puede cambiar el futuro de la niñez guatemalteca, mejorando su desarrollo físico y mental, estableciendo bases sólidas para que el día de mañana sean parte de la fuerza productiva del país, por lo que nuestro gobierno tiene un compromiso con Guatemala para combatir con todos los mecanismos a nuestro alcance, la desnutrición infantil.