Guatemala, 2 de marzo de 2011
Propuesta del Partido Patriota Contra la Corrupción Otto Pérez Molina Partido Patriota La corrupción es uno de los flagelos más graves que afronta la sociedad guatemalteca y su sistema de administración de justicia. Por ello, su lucha y erradicación es uno de los principales retos del Partido Patriota. La corrupción se da cuando un funcionario público con poder se aprovecha del mismo para su propio beneficio, cuando éste otorga beneficios para determinadas personas o grupos, cuando desvía recursos provenientes de los impuestos para otros fines que no son públicos, cuando no cumple las funciones y atribuciones que la ley le manda. Es por ello que el Partido Patriota sabe que el problema es de personas, y por lo tanto, los objetivos y las acciones que debe emprender para
combatirla, van dirigidas a controlar a esos funcionarios públicos, y a los que corrompen del lado no gubernamental. Es por eso que afirmamos que el problema de la corrupción, se manifiesta en distintos niveles y esferas de la función pública y privada, en la cual hay un corrupto y un corruptor, y que su éxito radica en la impunidad. Esa, es la verdadera razón de por qué existe la corrupción en el país, porque no se ha castigado a los culpables que la han cometido. Combatirla requiere entender que esta (la corrupción), está íntimamente ligada a la impunidad, ya que para que la corrupción se pueda dar, deben quedar impunes los delitos y las infracciones cometidas. Y, para que se elimine la impunidad, es necesario, como premisa, que se fortalezca el sistema de
justicia y que se implementen los cambios en la legislación que tiene como fin, combatirla. Guatemala ocupa el puesto 91 de 178 naciones analizadas en el Índice de Percepción de la Corrupción en 2010 (IPC), que es una recopilación de estudios y encuestas sobre transparencia, elaborada por Transparency International. Hemos retrocedido siete puestos, debido a que nuestro país se encontraba en la casilla 84 en el 2009. Eso no va a pasar en el gobierno encabezado por Otto Pérez Molina, porque desde ya se le ha pedido a todos los seguidores y miembros del partido en todas las instancias donde participamos, que habrá CERO tolerancia con la corrupción, pero si se llegara a dar, vamos a cumplir con la ley, y la ley dice que hay que denunciar y castigar a los culpables de cometerla, y eso vamos a hacer. Así que desde ya se les invita a mantener esa postura de señalar los actos de corrupción. En las actuales condiciones, una lucha adecuada contra la corrupción se ve imposibilitada o con pocas probabilidades de éxito, debido al inadecuado marco jurídico con que se cuenta para prevenirla. Hay que modificar la Ley de Contrataciones del Estado; la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, entre otras, esto indica que si se quiere combatirla, hay que transformar y modernizar estas leyes, dotarlas de dientes como se dice en el vocabulario de auditoría social y es lo que ya estamos trabajando con un equipo de profesionales. No hay que confundir corrupción con latrocinio en sus distintas manifestaciones (estafa, robo, sustracción, etc.). La corrupción es cohecho pasivo, soborno y mordida (cuando un funcionario pide); aceptación ilícita de regalos; cohecho activo o soborno (cuando un funcionario o empleado público recibe); peculado o apropiación indebida de bienes que le pertenecen al Estado; malversación; concusión; fraude; exacciones ilegales; y cobro indebido. Todos estos actos, deben tipificarse claramente y sus respectivas sanciones en el Código Penal, que no quede duda o confusión para que no se salgan de la cárcel, para que la justicia se cumpla y ya no haya impunidad. Los objetivos de la política pública contra la corrupción del Partido Patriota se orientan en dos líneas de trabajo: la primera es en la preven-
ción; y la segunda, en el fortalecimiento de los sistemas de control. Eso implica establecer y fomentar prácticas dirigidas a prevenir la corrupción, procurando un aumento sostenido y la difusión de los conocimientos en materia de prevención de la corrupción en todos los ámbitos públicos. Es necesario establecer mecanismos enérgicos de lucha contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad, lograr una adecuada acción de las operaciones y del uso de bienes públicos, lograr la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas de todo el funcionariado público. Debe fomentarse en la ciudadanía la denuncia de actos de corrupción, dotando a los denunciantes de las garantías constitucionales y legales para que no existan amenazas, represalias o daños personales que les impida realizarlas. Para operativizar, además de las políticas públicas contra la corrupción, vincularemos el actuar estratégico con los presupuestos de los ministerios, fondos sociales, consejos de desarrollo departamentales y gobiernos municipales, a las políticas públicas: 1. Elevar a categoría de Dirección, dentro de la Vicepresidencia de la República, la Comisión de Transparencia y el Combate a la Corrupción por medio de un Acuerdo Gubernativo, que establezca vinculación y coordinación institucional con el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Como estamos proponiendo reforzar la ley orgánica de la Contraloría, vinculamos su relación institucional con esta nueva Dirección 2. Desarrollaremos las funciones y capacidades de planificación pública, estratégica y prospectiva dentro del Organismo Ejecutivo en los gobiernos municipales y en los Consejos Departamentales de Desarrollo, a través de la revisión del desempeño de los ejecutores encargados y la coordinación de la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que lleven a cabo las dependencias públicas. 3. Fortaleceremos el Sistema Nacional de Inversión Pública, modificándolo a un Plan Plurianual de Inversiones (PPI). Asimismo, vincularemos el PPI con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).