Guatemala, 2 de marzo de 2011
Propuesta del Partido Patriota Contra la Corrupción Otto Pérez Molina Partido Patriota La corrupción es uno de los flagelos más graves que afronta la sociedad guatemalteca y su sistema de administración de justicia. Por ello, su lucha y erradicación es uno de los principales retos del Partido Patriota. La corrupción se da cuando un funcionario público con poder se aprovecha del mismo para su propio beneficio, cuando éste otorga beneficios para determinadas personas o grupos, cuando desvía recursos provenientes de los impuestos para otros fines que no son públicos, cuando no cumple las funciones y atribuciones que la ley le manda. Es por ello que el Partido Patriota sabe que el problema es de personas, y por lo tanto, los objetivos y las acciones que debe emprender para
combatirla, van dirigidas a controlar a esos funcionarios públicos, y a los que corrompen del lado no gubernamental. Es por eso que afirmamos que el problema de la corrupción, se manifiesta en distintos niveles y esferas de la función pública y privada, en la cual hay un corrupto y un corruptor, y que su éxito radica en la impunidad. Esa, es la verdadera razón de por qué existe la corrupción en el país, porque no se ha castigado a los culpables que la han cometido. Combatirla requiere entender que esta (la corrupción), está íntimamente ligada a la impunidad, ya que para que la corrupción se pueda dar, deben quedar impunes los delitos y las infracciones cometidas. Y, para que se elimine la impunidad, es necesario, como premisa, que se fortalezca el sistema de
justicia y que se implementen los cambios en la legislación que tiene como fin, combatirla. Guatemala ocupa el puesto 91 de 178 naciones analizadas en el Índice de Percepción de la Corrupción en 2010 (IPC), que es una recopilación de estudios y encuestas sobre transparencia, elaborada por Transparency International. Hemos retrocedido siete puestos, debido a que nuestro país se encontraba en la casilla 84 en el 2009. Eso no va a pasar en el gobierno encabezado por Otto Pérez Molina, porque desde ya se le ha pedido a todos los seguidores y miembros del partido en todas las instancias donde participamos, que habrá CERO tolerancia con la corrupción, pero si se llegara a dar, vamos a cumplir con la ley, y la ley dice que hay que denunciar y castigar a los culpables de cometerla, y eso vamos a hacer. Así que desde ya se les invita a mantener esa postura de señalar los actos de corrupción. En las actuales condiciones, una lucha adecuada contra la corrupción se ve imposibilitada o con pocas probabilidades de éxito, debido al inadecuado marco jurídico con que se cuenta para prevenirla. Hay que modificar la Ley de Contrataciones del Estado; la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, entre otras, esto indica que si se quiere combatirla, hay que transformar y modernizar estas leyes, dotarlas de dientes como se dice en el vocabulario de auditoría social y es lo que ya estamos trabajando con un equipo de profesionales. No hay que confundir corrupción con latrocinio en sus distintas manifestaciones (estafa, robo, sustracción, etc.). La corrupción es cohecho pasivo, soborno y mordida (cuando un funcionario pide); aceptación ilícita de regalos; cohecho activo o soborno (cuando un funcionario o empleado público recibe); peculado o apropiación indebida de bienes que le pertenecen al Estado; malversación; concusión; fraude; exacciones ilegales; y cobro indebido. Todos estos actos, deben tipificarse claramente y sus respectivas sanciones en el Código Penal, que no quede duda o confusión para que no se salgan de la cárcel, para que la justicia se cumpla y ya no haya impunidad. Los objetivos de la política pública contra la corrupción del Partido Patriota se orientan en dos líneas de trabajo: la primera es en la preven-
ción; y la segunda, en el fortalecimiento de los sistemas de control. Eso implica establecer y fomentar prácticas dirigidas a prevenir la corrupción, procurando un aumento sostenido y la difusión de los conocimientos en materia de prevención de la corrupción en todos los ámbitos públicos. Es necesario establecer mecanismos enérgicos de lucha contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad, lograr una adecuada acción de las operaciones y del uso de bienes públicos, lograr la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas de todo el funcionariado público. Debe fomentarse en la ciudadanía la denuncia de actos de corrupción, dotando a los denunciantes de las garantías constitucionales y legales para que no existan amenazas, represalias o daños personales que les impida realizarlas. Para operativizar, además de las políticas públicas contra la corrupción, vincularemos el actuar estratégico con los presupuestos de los ministerios, fondos sociales, consejos de desarrollo departamentales y gobiernos municipales, a las políticas públicas: 1. Elevar a categoría de Dirección, dentro de la Vicepresidencia de la República, la Comisión de Transparencia y el Combate a la Corrupción por medio de un Acuerdo Gubernativo, que establezca vinculación y coordinación institucional con el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Como estamos proponiendo reforzar la ley orgánica de la Contraloría, vinculamos su relación institucional con esta nueva Dirección 2. Desarrollaremos las funciones y capacidades de planificación pública, estratégica y prospectiva dentro del Organismo Ejecutivo en los gobiernos municipales y en los Consejos Departamentales de Desarrollo, a través de la revisión del desempeño de los ejecutores encargados y la coordinación de la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que lleven a cabo las dependencias públicas. 3. Fortaleceremos el Sistema Nacional de Inversión Pública, modificándolo a un Plan Plurianual de Inversiones (PPI). Asimismo, vincularemos el PPI con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
Guatemala, 16 de marzo de 2011
Propuesta del Partido Patriota acerca de una reforma fiscal Otto Pérez Molina Partido Patriota El Pacto Fiscal en Guatemala: “para un futuro con paz y desarrollo”, es producto de un intenso y prolongado proceso de negociaciones entre sectores de la sociedad guatemalteca y los poderes del Estado. Otto Pérez Molina apoyó esos esfuerzos y en su momento, cuando correspondió opinar como Partido, se apoyó irrestrictamente, no sólo porque es lo correcto, sino porque, Otto Pérez Molina es signatario de los Acuerdos de Paz, instrumentos de donde emana el Pacto Fiscal. No podría ser de otra forma. Sin embargo, a pesar de que ha habido avances parciales en el cumplimiento del Pacto, y distintos gobiernos han contado con recursos adicionales para la implementación de políticas públicas adecuadas, la sociedad guatemalteca se sigue caracterizando por sus elevados índices de pobreza y alto grado de severidad de la misma, además de un escueto índice de crecimiento. Otto Pérez Molina ha recorrido el país varias veces y ha podido constatar que la pobreza y la vulnerabilidad siguen siendo crónicas, que predominan en las áreas rurales y con población indígena. Los indicadores en salud y educación y oportunidades de empleo son también deficientes en cobertura y en calidad, aun a pesar de que las cifras oficiales pretenden esconder esa cruda realidad. La satisfacción de necesidades básicas, requeridas por la gran mayoría de la población para su supervivencia, no llegan y el bienestar nunca se alcanza. Algunos países en América Latina han demostrado que es posible compatibilizar un alto crecimiento económico con avances sociales significativos, es por ello que Guatemala necesita y debe adoptar una política fiscal que verdaderamente contribuya al crecimiento económico y al desarrollo social, a la reducción de la pobreza y a la solución de los graves problemas que enfrenta el país. Algunas de las causas del subdesarrollo nacional, se deben a la baja dispersión de
la riqueza y el limitado acceso a la tierra para alcanzar mejores niveles de productividad y competitividad, pero también a la baja tributación (alrededor del 11.3% del PIB hasta 2008, entre el 9.5% y 10% en 2009 y un 10.3% en 2010), lo cual impide la ejecución de políticas económicas y sociales más efectivas y focalizadas. Eso sin contar los altos niveles de corrupción que han imperado en los últimos años, donde creemos que ninguna política pública puede funcionar con semejante fuga de recursos, los cuales deberían ser destinados, en una buena parte a los más necesitados (mujeres, niños y niñas, ancianos y en general, los más pobres) y no a los bolsillos de nuevos y emergentes grupos de ricos vinculados a los gobiernos de turno. Con relación a los compromisos tributarios, todos los gobiernos han enfrentado serias dificultades legales. Es por eso que ahora, uno de los grandes retos aun por alcanzar, es la meta de la carga tributaria establecida por los Acuerdos
de Paz (13.2% respecto al PIB), pero en virtud de las circunstancias políticas por la que atraviesa el país y las fracasadas propuestas de reformas fiscales del actual gobierno que únicamente le han restando seriedad a una Reforma Fiscal Integral, se ve complicado alcanzarla antes del proceso electoral. Además de estos factores negativos y recurrentes, en los últimos dos años, luego de un período de estabilidad y crecimiento adecuado, la economía de Guatemala enfrentó condiciones internacionales adversas, ya por todos conocidas, que se originaron con la crisis de 2009. Creemos que las malas decisiones económicas y financieras adoptadas por el Gobierno para solucionar la crisis y la utilización irresponsable e ilegal por parte de la esposa del Presidente de la política pública social de forma clientelar, agudizaron aun más la situación. Desde inicios del 2008, Otto Pérez Molina y la Bancada del Partido Pa-
triota en el Congreso, han venido promoviendo el seguimiento a los acuerdos y los objetivos del Pacto Fiscal, ofreciéndole apoyo al Gobierno en la discusión y diseño de propuestas de fortalecimiento al sistema tributario y aduanero del país y la reforma total al impuesto sobre la renta. Sin embargo, en virtud de que no se avanza en la discusión legislativa, como corresponde, hemos replanteado nuestra postura, en dirección de lograr una Reforma Fiscal pero que esté sustentada en dos pilares: “eficiencia y equidad”. Además de esto, proponemos que antes de cualquier intento de reforma, se establezca el destino de los recursos, porque no podemos seguir pidiendo más cheques en blanco. Los recursos de una reforma, deben tener un destino específico, uno en el que la gran mayoría de ciudadanos nos hayamos puesto de acuerdo, que no quede duda de que se van a usar para ese destino común. Por supuesto, ese destino no puede ser otra cosa que el desarrollo económico y social, la seguridad ciudadana, la búsqueda del éxito de programas institucionales de combate a la pobreza, la apertura de oportunidades para nuestros jóvenes, retomar seriamente la agenda de productividad, competitividad e inversión, todo con visión del país que queremos ver en el más corto plazo. El logro de la implementación de una Reforma Fiscal Integral, está basada en los siguientes cuestionamientos: a) ¿Cuánto requiere el Estado para lograr el desarrollo económico y social sostenido?; b) ¿Quiénes deben ser los que contribuyan con esa carga fiscal?; y c) ¿Para qué quiere el Estado esos recursos adicionales y en qué se los va a gastar? Por supuesto que el tema de la transparencia y la erradicación de la corrupción, no son temas que se puedan soslayar, sin éstos, no hay reforma fiscal que tenga credibilidad, ni que deba implementarse. Guatemala necesita urgentemente una Reforma Fiscal Integral, pero hay temas que nunca se han discutido, y que deben urgentemente incorporarse en esa Reforma, que abarquen todos los componentes de la fiscalidad: el ingreso y su origen, el destino del gasto adicional, lo obligado de los ingresos y principalmente, el uso y destino de los recursos públicos del Estado en toda la institucionalidad pública.
Guatemala, 30 de marzo de 2011
La armonía debe prevalecer entre AMBIENTE Y DESARROLLO Otto Pérez Molina Partido Patriota - PP La conceptualización del Partido Patriota y de Otto Pérez Molina, acerca de la explotación de los recursos naturales en Guatemala, se traduce en la armonía que debe prevalecer entre AMBIENTE Y DESARROLLO para beneficio de todas y todos los guatemaltecos. Otto Pérez Molina está convencido de que los bienes naturales y servicios ambientales son patrimonio de la nación y que su explotación, debe estar sustentada en los siguientes pilares: 1. Son esenciales para la vida humana y base de un modelo sostenible de desarrollo económico; 2. Su aprovechamiento responsable debe contribuir al bienestar social; 3. Son estratégicos para la estabilidad y gobernabilidad del país; 4. Es un asunto de seguridad nacional, y por lo tanto, debemos garantizar la seguridad ambiental de Guatemala. El cambio climático que afecta nuestro territorio, se manifiesta como huracanes, sequías, heladas, inundaciones e incendios. Provoca pérdidas de vidas humanas, patrimonios, servicios públicos, cosechas y destruye la debilitada infraestructura del país. Impacta negativamente la economía y provoca retrasos en el desarrollo. El gobierno de Otto Pérez Molina, orientará la economía y modernizará la institucionalidad ambiental, con innovación, con ideas emprendedoras y decisiones políticas acertadas, para hacer de la adaptación al cambio climático y la mitigación forzosa, una oportunidad. Aprovecharemos las ventajas comparativas de Guatemala como su ubicación geográfica, bosques y áreas protegidas. El agua es una oportunidad para el desarrollo del país. Su uso con enfoque humano, económico y ambiental es un eje de trabajo. Garantizaremos el acceso universal al agua para consumo humano y agricultura de subsistencia. Agua potable y saneamiento son nuestra prioridad. El uso económico del agua será fomentado con reglas claras y normas técnicas para su aprovechamiento ordenado en el largo plazo. Protegeremos las zonas de recarga hídrica, teniendo agua para todos. Nuestro enfoque es la gestión
integrada de los recursos hídricos, a través de las 38 cuencas del país. Agua para agricultura, agroindustria, acuicultura, industria, energía, recreación y transporte. Los ecosistemas costero-marinos y los lagos de Amatitlán, Atitlán, Izabal, Petén Itzá, Ayarza y Güija serán gestionados, manteniendo su integridad y fomentando la pesca artesanal, deportiva y el turismo. Recuperaremos los ríos de la Costa Sur, el Motagua y el Cahabón. Fomentaremos alianzas público privadas, para que municipalidades, comunidades, cooperativas, empresarios e inversionistas se integren en la producción de energía limpia. Guatemala es un país megadiverso, las áreas protegidas nos permiten asumir ese reconocimiento internacional. Nuestra diversidad biológica, genética, de especies y de ecosistemas representa una oportunidad económica a través del ecoturismo, la biprospección y la captura de carbono. Cumpliendo estrictamente con la ley, mantendremos la gobernabilidad de la Reserva de la Biosfera Maya, y el rescate integral de la Laguna del Tigre. Las propuestas estratégicas que Otto Pérez Molina impulsará en su gobierno, convertirán a Guatemala, en 10 años, en el principal destino mundial de turismo de naturaleza. Invertiremos con municipalidades, comunidades y empresarios; para garantizar la integridad y consolidar el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Tendremos efectivos programas de uso público e infraestructura, para atender a los visitantes nacionales e internacionales. Promocionaremos Tikal, Río Dulce, Lachúa, Yaxhá, Mirador y Candelaria. Además: Punta de Manabique, Sierra de las Minas, Cuchumatanes, nuestros Volcanes, Cerro San Gil, Biotopos, Visis-Cabá, Monterrico, Reservas Privadas, Sarstún, Chicabal e Ipala; que son algunas de las más de 250 áreas protegidas de Guatemala. Sumaremos a la oferta, el patrimonio arqueológico de Quiriguá, Iximché, Mixco Viejo y Ceibal. En el gobierno de Otto Pérez Molina, además del PINFOR, dará incentivos forestales a los poseedores de tierras de vocación forestal, como herramienta de lucha contra la pobreza. Motivará para que particulares, reforesten las cuencas y zonas de recarga hídrica, los bosques de galería y manglares del Pacífico. Combatirá las talas ilícitas y el manejo forestal será fomentado. La industria utilizará sólo materia prima proveniente de bosques
bajo manejo y plantaciones. En nuestro gobierno reforestaremos por medio de un programa de emergencia, los departamentos de Petén, Verapaces, Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Sololá, Chimaltenango, Jalapa y Chiquimula. Explotaremos el petróleo para beneficio de todos, en base a ley y a las normas ambientales y lo utilizaremos para desarrollar la infraestructura vial del país. Se suprimirán las arbitrarias exenciones petroleras y los costos recuperables que se establecieron en el gobierno pasado. Las rocas y canteras son esenciales en la industria de la construcción, la ley permite su explotación técnica y racional, por lo tanto, no permitiremos las areneras ilegales. La minería metálica, requiere apreciadas inversiones internacionales de capital y tecnología, que bajo condiciones especiales y estrictos controles ambientales puede autorizarse. En virtud de que existen altos niveles de conflictividad socio ambiental y de rechazo a este tipo de industrias, respetaremos las expresiones de la población, así como garantizaremos la certeza de las inversiones vigentes. Otto Pérez Molina fomentará un diálogo nacional sobre la minería, para construir un acuerdo en función del desarrollo del país y discutiremos una moratoria en el otorgamiento de nuevas licencias, mientras ese debate se da.
Al mismo tiempo, propondré una ley de minería que regule estrictos controles ambientales, protección del agua y de la salud humana, que fomente la participación ciudadana y el derecho de consulta, además, que contemple un incremento de regalías digno para el país y los guatemaltecos. Otto Pérez Molina está consciente que con el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, Guatemala asumió compromisos a través de los cuales se obliga a cumplir y mantener la legislación ambiental, razón por la cual se deben crear las condiciones para que ésta se desarrolle e implemente, porque persiste la impunidad ambiental, pese a la legislación vigente. No debemos percibir las normas y controles ambientales, como obstáculos al desarrollo y a la inversión privada. Son oportunidades para garantizar estándares internacionales, índices de desempeño ambiental y fomento de la competitividad del país. En el gobierno de Otto Pérez Molina se va a impulsar y apoyar la aprobación o reforma de las siguientes leyes: Sector de Agua Potable y Saneamiento; General de Aguas; Adaptación al Cambio Climático; Residuos Sólidos; y la de Minería. Aprobaremos los reglamentos de las leyes de Protección y Mejoramiento del Ambiente, la de Áreas Protegidas, y el Código de Salud.
Guatemala, 13 de abril de 2011
“Es necesario en primer lugar un Presidente Constitucional con voluntad política” Otto Pérez Molina Partido Patriota - PP Quienes han dirigido el Ejecutivo, han sido incapaces de priorizar y garantizar los Objetivos Nacionales, así como ejercer el monopolio de la fuerza dentro del Estado de Derecho, para enfrentar las amenazas contra la ciudadanía y el Estado exitosamente. Las instituciones responsables de la prevención del delito, la investigación, la persecución penal, el juzgamiento y el cumplimiento de condenas presentan altos niveles de ineficiencia, improvisación, corrupción e indiferencia; debilidades aprovechadas por las diferentes organizaciones criminales para atentar contra la vida de los ciudadanos en cualquier lugar y en cu-
alquier momento. Esta vulnerabilidad facilita particularmente el accionar del narcotráfico, que busca el control de territorios y facilita a las maras las extorsiones y el sicariato, mientras que la delincuencia común actúa impunemente en las áreas urbanas asaltando y robando desde una cartera, un celular, una computadora hasta un automóvil. Desde enero 2008 a marzo del presente año han sido asesinados 19,512 guatemaltecos en forma violenta, cruel e inhumana, además se registran más de 95,000 hechos delictivos contra la vida, los bienes y las instituciones. Hoy la seguridad ciudadana se encuentra inmersa en una grave crisis. Para unos analistas el origen de la inseguridad y la violencia, es consecuencia de la Encomienda, el Repartimiento, la brecha entre
clases heredada por la colonia y las diferentes guerras internas. Esta tesis podría ser válida, pero otros estudios la contradicen –aunque no se desestima cierta incidencia del conflicto armado–. La investigación acerca de “LA MAGNITUD Y COSTO DE LA VIOLENCIA EN GUATEMALA”, realizada en mayo del 2002 por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), dice al respecto “La única herencia que se percibe del conflicto sobre la violencia actual sería la de haber inducido, o facilitado, la consolidación del crimen organizado en ciertas regiones.” Las acciones delincuenciales mayormente perceptibles son 1. La migración hacia núcleos urbanos, la conflictividad social, la desintegración familiar, el crecimiento urbano descontrolado, la falta de servicios básicos –agua entubada, energía eléctrica, drenajes, centros educativos, de salud y recreación–, aspectos que deben ser considerados responsabilidad del municipio. 2. La delincuencia juvenil, resaltan las “maras MS 13 y 18”, que operan principalmente en las áreas suburbanas y marginales, en donde han generado altos niveles de crueldad, como un mensaje claro para quienes se niegan a pagar la extorsión, sin contar que también se dedican al sicariato. 3. El narcotráfico. El enfrentamiento entre los carteles mexicanos, por el control de territorios y las rutas logísticas, están generando altos niveles de violencia armada y propiciando la corrupción e impunidad en las instituciones de seguridad y de Justicia. La posición geográfica de Guatemala, la coloca como puente entre sur norte, de los países productores de droga y el mayor consumidor, convirtiéndola en el lugar ideal, para el funcionamiento de las diferentes organizaciones del narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y tráfico de armas y 4. Ineficiencia Pública. La falta de coordinación entre el Gobierno y el Sector Justicia, multiplican la vulnerabilidad. Actualmente el mayor problema lo constituye la PNC, en la cual se han formado bandas delincuenciales, que realizan actividades fuera de la Ley en su beneficio personal, acciones que van desde protección a organizaciones criminales, extorsiones hasta ejecuciones extrajudiciales en desmedro de los derechos humanos. CÓMO SOLUCIONAR LA INSEGURIDAD Y VIOLENCIA Para garantizar la protección de la persona, la vida, la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral
de los guatemaltecos, es necesario en primer lugar un Presidente Constitucional, con voluntad política, capacidad, recursos del Estado para revertir el actual escenario de criminalidad dentro del marco del Estado de Derecho, Régimen de Legalidad y pleno respeto de los Derechos Humanos, para recuperar la confianza y el apoyo de la población. En segundo lugar. La conformación de equipos multidisciplinarios y la relación con otras dependencias estatales, para atender integralmente la inseguridad y la violencia, privilegiando la prevención del delito, tanto en lo social como en lo situacional, para generar espacios seguros en la comunidad, que propicien la convivencia pacífica, a través del fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia en todo el territorio, para atender los problemas y retomar el control fronterizo. Es consecuente meditar seriamente en la refundación de la Policía Nacional Civil, para que cumpla efectivamente sus funciones de seguridad ciudadana y comunitaria, priorizando la creación de la Academia de Formación de Oficiales de Policía -inicio de la profesionalización institucional-, que privilegiara la formación de valores y el respeto irrestricto de los Derechos Humanos. También es pertinente la creación de la Policía de Investigación Criminal, con recursos los adecuados y una excelente relación institucional con el Ministerio Publico y el INACIF. Asimismo debe retomarse el control de los diferentes centros penitenciarios, para contrarrestar las acciones criminales que se desarrollan desde su interior, evitando la corrupción de las autoridades. Eso plantea la urgencia de construir centros penitenciarios, para cumplir con el mandato constitucional -“readaptación social y a la reeducación de los reclusos”- (Artículo 19); que principia por la correcta clasificación de los privados de libertad, de tal forma que se garantice su seguridad y el cumplimiento de su condena. Finalmente una política de SEGURIDAD PÚBLICA, debe contar con el soporte tecnológico, que optimice la prevención e investigación del delito, la video vigilancia, las estadísticas delictivas, las comunicaciones, la coordinación y el control, para coadyuvar en su implementación.
Guatemala, 4 de mayo de 2011
LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Otto Pérez Molina Partido Patriota - PP Guatemala atraviesa el peor momento de su historia, en materia de impunidad (falta de castigo), que impide la construcción de un país económica y socialmente viable. Hoy más que nunca, se hace imperativo implementar acciones coherentes para coadyuvar en la optimización del sistema de justicia, para combatir los altísimos niveles de impunidad vigentes. Respetando la independencia de poder, que no limita la construcción de buenas relaciones entre los organismos de Estado, con la única finalidad de diseñar e implementar una política integral de carácter preventivo, que tienda a favorecer condiciones de desarrollo humano y social de manera permanente. Las circunstancias actuales, el sistema de justicia guatemalteco requiere de acciones concretas y eficaces, que reviertan los dramáticos índices de impunidad. Esto exige inevitablemente la ruptura de estructuras viciadas, conformadas por el crimen organizado, que ante la falta de una política integral, de recursos económicos y humanos, de una legislación adecuada y la corrupción imperante han logrado crear nichos dentro de los organismos e instituciones responsables de hacer cumplir las leyes el país. En un sistema de justicia eficaz se conjugan varios elementos, que dispuestos en el orden correcto, tienden a la promoción de resoluciones ejemplares para los ciudadanos que quebrantan la ley. Según la experiencia de diversos países con prácticas exitosas en el combate a la impunidad, es necesario impulsar reformas radicales que se traduzcan en un verdadero fortalecimiento de la legislación sustantiva y procesal, el mejoramiento de sistemas de información, cambios en la gestión organizativa, incremento presupuestal, mejoramiento de salarios, capacitación, depuración de procesos de selección y promoción, combate a la corrupción, supervisión y disciplina, publicidad y transparencia, entre otros. Trasladando lo anterior a Guatemala, debe ponerse especial énfasis en el fortalecimiento de las instituciones del sector justicia (Organismo Judicial, Ministerio
Público, Ministerio de Gobernación, Instituto Nacional de Ciencias Forenses e Instituto de la Defensa Pública Penal) y en lograr que el trabajo entre ellas sea coordinado, sistemático y armónico. El Partido Patriota implementará acciones concretas basadas en 5 ejes Estratégicos para contribuir, en la construcción de un sistema de justicia, capaz de reducir gradualmente la impunidad, hasta su erradicación: Coordinación interinstitucional, que comprende apoyo al Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Publica Penal e Instituto Nacional de Ciencias Forenses; a través de la creación de la Comisión Presidencial para el fortalecimiento de la Justicia en Guatemala y la participación activa de Ministerio de Gobernación, para optimizar el fortalecimiento de la investigación criminal. El Ministerio de Gobernación desarrollará una política interna, con la finalidad de mejorar los mecanismos para construir una cultura de cooperación, combate interno
a la impunidad, por medio del Viceministro de Apoyo al Sector Justicia quien deberá velar porque se cumplan los objetivos de la política, coordinar y supervisar la ejecución de los programas y los planes de apoyo al sector justicia, así como mantener el enlace con las diferentes organizaciones e instituciones internacionales que brindan apoyo y cooperación. 1. La Inspectoría General de la Policía Nacional Civil y la Oficina de Responsabilidad Profesional, en apoyo al Ministerio Público, por medio del fortalecimiento de las unidades de supervisión, control y monitoreo, de los integrantes de la PNC, para desarrollar planes de prevención y sanción administrativa de los integrantes de la PNC que cometan hechos delictivos. 2. Apoyo al combate de la impunidad a los funcionarios judiciales, fiscales, defensores, e investigadores a través del fortalecimiento de las unidades de supervisión, monitoreo y sanción administrativa; mejoramiento del sistema penitenciario a través de la implementación integral de la
ley respectiva; mejoramiento de infraestructura en las cárceles del país, y neutralización de los altos índices de corrupción existentes en los mismos. 3. Fortalecimiento Institucional, entendido como el apoyo para mejorar las condiciones estructurales, normativas, humanas, financieras y de cualquier otra naturaleza que permita eficientar las labores propias del Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, Inacif e Instancia Coordinadora para la modernización del sector justicia. Se impulsarán acciones orientadas al mejoramiento del presupuesto a las Instituciones del sector; presencia del Ministerio Público e Instituto de la Defensa Pública Penal a nivel nacional. 4. Acceso a la justicia, a partir de la implementación de condiciones, que faciliten el acceso directo al sistema de justicia de todos los sectores de la sociedad, con énfasis en grupos vulnerables que no logran llegar al sistema o que acceden en condiciones desiguales. Entre las acciones a emprender dentro de este eje, destacan: apoyo al Organismo Judicial para la creación de más Centros de Administración de Justicia en las áreas de mayores índices conflictivos, apoyo al acceso de la justicia de grupos vulnerables, mujeres e indígenas; apoyo al Organismo Judicial en la creación de más juzgados civiles, penales, laborales y de familia en el departamento de Guatemala y departamentos con alta mora judicial; apoyo a las Instituciones del sector para la ampliación del sistema de justicia de 24 horas –Juzgados de Turno– a nivel nacional. 5. Promoción normativa, que incluye la generación de reformas constitucionales para fortalecer el sistema judicial; promoción de leyes y/o de reformas legales en distintas materias, con el objeto de desarrollar e impulsar las mejoras requeridas por los entes especializados y a favor de la población, en leyes tales como la Ley de la Carrera Judicial, Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, Código Procesal Penal, Ley de Amparo, Ley contra la delincuencia organizada, Ley para la protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal, Ley del Organismo Ejecutivo, Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley del Servicio Público de la Defensa Penal, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.
Guatemala, 18 de mayo de 2011
La Policía Nacional Civil Otto Pérez Molina Partido Patriota - PP La ausencia de la autoridad y de las instituciones del Estado en la mayor parte del territorio nacional, cedieron el espacio y el monopolio de la fuerza a organizaciones criminales, permitiendo la infiltración en las instituciones públicas y el financiamiento de campañas políticas para asegurar el apoyo de las autoridades y mantener el control de las rutas del narcotráfico y de otras actividades criminales. El crimen ha ocupado los espacios públicos, existe un desmedido incremento de demandas de licencias de portación de armas de fuego, en parte por los altos índices delincuenciales y por otro por la enorme desconfianza en la autoridad responsable de la seguridad pública. Paralelo a esto, hay que mencionar el desarrollo de la narcoactividad, el incremento de adolescentes bajo control de las maras, el asesinato de mujeres y niños, pilotos y ayudantes del buses, tráfico de personas y trasiego de armas, esto último gracias a la indolencia y complicidad de la autoridad migratoria denunciada constantemente en los medios de prensa Las instituciones del Sistema de Seguridad y de Justicia, están debilitadas por la corrupción, la impunidad, la improvisación, la falta de voluntad política y la ausencia de un liderazgo que enfrente el reto de administrar y fortalecer las instituciones, para cumplir con funciones asignadas en ley, proteger y servir a los ciudadanos mediante la prevención y control del delito. El libre accionar de la delincuencia común, han modificado los hábitos y horarios de los guatemaltecos trabajadores y honrados, quienes para protegerse de los hechos delictivos, se han visto obligados a cerrar los espacios de convivencia ciudadana afectando su calidad de vida. Este escenario requiere asumir con responsabilidad uno de los retos evadidos por los últimos gobiernos, como lo es, refundar la PNC; que principia por institucionalizar el proceso de reforma a cargo de la licenciada Helen Mack. El Partido Patriota visualiza una PNC con un dispositivo estratégico en todo el territorio nacional, capaz de diseñar y elaborar planes de prevención
del delito, apoyada desde la comunidad, para comprender y emprender desde lo local la atención de la problemática social, para enfrentar y reducir las actividades delictivas de las diferentes amenazas; que afectan directamente a las personas en su diario vivir, con el riesgo en algunas oportunidades de perder la vida. Finalmente vemos una PNC reconocida y aceptada por los guatemaltecos; lo cual permitirá crear ciudades, barrios, colonias y comunidades seguras e intervenir eficazmente en zonas vulnerables, generalmente caracterizadas por la carestía de servicios vitales y malas condiciones socioeconómicas. La visión de seguridad ciudadana expuesta, demanda un alto desempeño policial y para lograrlo será necesario efectuar las siguientes acciones: . Crear la academia de Formación de Oficiales de la Policía Nacional Civil. Convocando a los guatemaltecos egresados de educación media (bachilleres, peritos, maestros, etcétera) e iniciar la incorporación de personal técnico y profesional, para apoyar la labor policial en cada una de las comisarías y subcomisarías. b. Dotar a la PNC de una doctrina policial basada en el conocimiento y respeto del Estado de Derecho, Régimen de Legalidad, con pleno respeto a los Derechos humanos. c. Implementar el nuevo currículo para la academia de formación policial –nivel básico– , basado en la investigación situacional, para desarrollar un accionar de carácter preventivo, con el apoyo de la comunidad y otras instituciones gubernamentales; generar capacidad de disuadir la actividad delincuencial a través de la presencia policial en áreas estratégicas o de intervenir eficientemente cuando las circunstancias lo exijan. d. Creación de la Dirección General de la Policía de Investigación Criminal. e. Mejorar la infraestructura policial e incrementar el número de efectivos para cumplir en mejor forma sus funciones. f. Mejorar las condiciones laborales y previsionales. g. Revisar el dispositivo estratégico y táctico de la PNC, con la finalidad de readaptarlo y hacerlo altamente flexible, para enfrentar con éxito la inseguridad. h. Reforzar la función de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil y la Oficina de Responsabilidad Profesional, por medio del fortalecimiento de las unidades de supervisión, control
y monitoreo, para mejorar el desempeño profesional, reducir los índices de corrupción y el actuar delincuencial de los integrantes de la PNC. En tanto se desarrollan estas acciones, se implementará un “El plan emergente de seguridad ciudadana”, con Fuerzas de Tarea Interinstitucionales (FTI) integradas por personal del Sistema Nacional de Seguridad, con el apoyo del Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos, para garantizar los derechos fundamentales de todas las personas y enfrentar el debido proceso; a fin de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos. Este plan se pondrá en vigencia inicialmente en la ciudad capital, ampliándose en cualquier área del territorio nacional, en dónde sea necesario proteger y garantizar la vida de los ciudadanos en forma
inmediata A Cada Fuerza de Tarea se le asignará un área geográfica, en donde combatirá los principales delitos contra la vida –narcotráfico, narcomenudeo, extorsiones, el sicariato, maras–. En cada una de estas áreas se promoverá la organización ciudadana, para facilitar la recuperación de los espacios públicos y el sostenimiento de la seguridad comunitaria. Es importante mencionar, que el apoyo de las fuerzas armadas a la PNC, finalizará cuando se determine estadísticamente el descenso de los índices de criminalidad y la recuperación de la confianza en la Policía Nacional Civil, actualmente por debajo del límite aceptable según estudios serios, como la investigación acerca de “La cultura política de los guatemaltecos” (2010), que coloca a la PNC con un 31% de legitimidad.
Guatemala, 1 de junio de 2011
Justicia: el gran desafío Otto Pérez Molina Partido Patriota -PPEl Partido Patriota, acepta y respeta el informe “Una nueva justicia para la paz”, emitido por la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, en 1998, ente creado en el Acuerdo de Paz denominado “Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática”, por ser uno de los diagnósticos más certeros e importantes de los últimos años sobre la situación del sistema de justicia en nuestro país. El mandato de dicha Comisión fue generar, a través de un debate amplio en torno al sistema de justicia, un informe y un conjunto de recomendaciones susceptibles de ser puestas en práctica a la
mayor brevedad. Este informe recoge una serie de conceptos y principios básicos para fortalecer la justicia en Guatemala. Entre los cuales destaca la necesidad de visualizar una nueva concepción de la justicia, en donde los tribunales sean verdaderos centros desde los cuales pueda emanar la solución de los conflictos; la reparación y el resarcimiento de quienes han sido despojados de su dignidad; de las víctimas de conductas antisociales o de quienes han sufrido la vulneración de sus derechos reales. Refiere, además, la necesidad de fortalecer una verdadera independencia judicial, que permita una efectiva separación de poderes, así como el mejoramiento sustantivo del desempeño profesional de jueces, fiscales y defensores, un sistema de justicia que reconozca la
pluriculturalidad, en donde se afiance la seguridad jurídica, como componente de un sistema de garantías básico de los derechos de los ciudadanos, y la generación de condiciones para la legitimación y eficacia de la reforma judicial y el apoyo de la cooperación internacional. Una década ha transcurrido desde entonces y justo es reconocer los importantes avances en temas tan vitales, como ciertas reformas legales sustantivas y procesales, la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales en el Organismo Judicial y Ministerio Público, implementación de las carreras judicial y fiscal, y de modelos gerenciales de administración, oralidad de procesos, gestión de despacho, juzgados de turno de 24 horas, evaluación del desempeño, sistemas disciplinarios, supervisión y capacitación, entre muchos otros. No obstante, y a pesar de las múltiples tareas llevadas a cabo por distintos actores nacionales juntamente con la cooperación internacional, es innegable que aún subsisten dificultades que son fácilmente identificables, como la corrupción, la falta de excelencia profesional de los operadores de justicia, la falta de acceso universal a los centros de justicia, la utilización exacerbada del amparo como remedio procesal, la falta de ética profesional, la carencia de información y estadística judicial plenamente confiable, la centralización de servicios, así como otros de análoga naturaleza que condicionan y limitan un sistema de justicia pleno y confiable, y que se convierten en un verdadero e inquietante valladar al desarrollo económico y social de nuestro país. Por si lo anterior fuera poco, estamos viviendo una época de profunda crisis interna, en la que ciertos actores sociales buscan la solución a sus problemas por vías de hecho, que se traducen solamente en dolor y luto para la sociedad. Por esa razón, el Partido Patriota hace un llamado a los guatemaltecos y guatemaltecas, para continuar en la inexorable lucha por fortalecer la justicia como única herramienta válida para procurar una convivencia pacífica entre los ciudadanos. La justicia es, por supuesto, un valor al que anhelamos todos los hombres y mujeres de este país. Nos corresponde luchar por generar las condiciones mínimas que viabilicen la búsqueda eficaz
de una justicia pronta y cumplida. Debemos obtener el compromiso de dotar a las instituciones del sector justicia de los recursos humanos y financieros que garanticen una mejora sustancial en los servicios judiciales básicos que se prestan a la población. Un sistema de justicia sin recursos es, a todas luces, contraproducente y negativo, por lo que debe proveérsele de una asignación financiera suficiente, que garantice su independencia funcional y económica de manera real y efectiva. Al igual que en otras latitudes, en las que han apostado por una administración de justicia pronta y cumplida como elemento fundamental de convivencia y desarrollo, es impostergable que en Guatemala se tome la decisión categórica de elevar la asignación presupuestaria de un mínimo de 2% del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado que contempla la Constitución a un mínimo del 8%. No en vano un reciente estudio relativo a la eficacia judicial en Guatemala, arrojó como resultado el 88% de insatisfacción de la población, con relación a los servicios judiciales, coincidiendo casi en su mayoría, en la necesidad de incrementar los recursos financieros a las Instituciones del sector y, particularmente, al Organismo Judicial, que como consta en la propia Constitución, goza de las garantías de independencia funcional y económica, entre otras. Y son precisamente estas garantías las que, a falta de recursos financieros, se ven vulneradas, perjudicando el principio de que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República, correspondiendo a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. El reconocimiento de la situación y la propuesta están planteados. Pero se requiere de voluntad, carácter, compromiso para hacer realidad la visión compartida de una Guatemala próspera y floreciente, en donde la convivencia pacífica sea el común denominador de una Guatemala nueva y diferente. Por eso la participación activa, la interrelación y apoyo entre los tres Organismos del Estado, es vital para hacer efectivo el Estado de Derecho y el Régimen de Legalidad. Sin justicia no habrá paz social, mucho menos gobernabilidad democrática, base de la propuesta del Partido Patriota.
Guatemala, 15 de junio de 2011
Esfuerzo conjunto: CICIG y sector justicia Otto Pérez Molina Partido Patriota -PPEl Partido Patriota (PP) reconoce la importancia de la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sin duda, los elevados índices delincuenciales, las redes criminales, el narcotráfico y demás ilícitos de alto impacto se han visto nutridos y fortalecidos por la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en el país, por lo que su desmantelamiento y destrucción es una prioridad de Estado. El mandato de la CICIG establece entre sus principales acciones la de emprender y establecer la existencia de los cuerpos ilegales, identificando las estructuras, modalidades de operación y fuentes de financiación, que además de menoscabar los derechos humanos de los ciudadanos, toma indirectamente el control del Estado. La eficiencia de la CICIG contribuirá a su desarticulación, promoviendo la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes. La CICIG también debe recomendar al Estado de Guatemala la adopción de políticas públicas para erradicar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, así como prevenir su reorganización, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales que sean necesarias para tal fin. Por tanto, la CICIG tiene un mandato de dos años y ha sido renovado por dos años más, es una herramienta de carácter temporal y de múltiples aristas en función de fortalecer el sistema de justicia en el país y, por ende, el combate a la impunidad, que solamente corrompe, destruye y aniquila nuestra frágil democracia. Al PP le congratula sobremanera la voluntad de la comunidad internacional en coadyuvar al fortalecimiento de nuestras instituciones y particularmente en la implementación de mecanismos eficaces que tiendan irremediablemente a la construcción de un Estado de Derecho sólido y eficaz. Por ello, la decisión de la ONU de apoyar a través de la CICIG a la justicia oficial guatemalteca significa una innegable manifestación de apoyo y solidaridad para nosotros, así como el reconocimiento de que nos encontramos atravesando por una coyuntura histórica compleja, atípica y extremadamente
violenta, que se traduce en la impostergable necesidad de diseñar y ejecutar una estrategia coherente y ejecutable de prevención del delito y reaccionar con contundencia, capacidad y efectividad ante la comisión de delitos. El combate al crimen organizado no es tarea fácil, pero es factible, siempre que exista voluntad política, planes estratégicos, recursos humanos y financieros, estos últimos utilizados de manera transparente. Aunque es una tarea del Ejecutivo, la misma debe contar con el respaldo de los otros Organismos de Estado y la colaboración de la ciudadanía, lo cual implica la promoción de valores y actitudes de convivencia pacifica. Estamos convencidos que los jueces, fiscales, investigadores y demás auxiliares del sistema de justicia, constituyen la parte fundamental del gran andamiaje institucional del sector justicia, conformado por el Organismo Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil (PNC), el Instituto de la Defensa Pública Penal, el sistema penitenciario y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Hombres y
mujeres que a diario exponen su vida y su seguridad para revertir los índices delincuenciales y brindar seguridad jurídica a la población. Reconocemos la labor de hombres y mujeres guatemaltecos, como a los ciudadanos de otros países amigos que trabajan hombro con hombro con Guatemala desde la CICIG, para obtener sentencias condenatorias contra los autores intelectuales y materiales, cómplices y encubridores de infracciones penales, de quienes esperamos su legado procedimental, para realizar investigaciones, que les permitan a los jueces dictar fallos técnica y jurídicamente sustentables, en beneficio del imperio de la ley. El PP comparte la idea de la CICIG en la desarticulación del crimen organizado a través de fiscalías especializadas, equipos de investigación eficientes, así como criminalistas profesionales y equipos tecnológicos de que esto se haga realidad. En el PP creemos que el gobierno central no puede ser ajeno a la problemática del sector justicia. Por el contrario, desde el gobierno central, a través de una comisión específica
o de una Secretaría Presidencial de Apoyo a la Justicia, se pueden ejecutar múltiples acciones para coadyuvar en la construcción de un sistema de justicia eficaz, por supuesto sin vulnerar la independencia funcional de las instituciones del sector justicia. Algunas acciones que pueden ser apoyadas desde el gobierno son: (i) Mayores recursos para el Organismo Judicial, el Ministerio Público y demás instituciones del sector justicia; (ii) Promoción de reformas legales sustantivas y procesales; (iii) Mejorar la coordinación con la cooperación internacional, con el objeto de optimizar el uso y aplicación de los recursos de dicha cooperación; (iv) Coadyuvar en la definición y actualización permanente de las políticas criminales de Estado; (v) Mejorar los procedimientos de investigación en la PNC; (vi) Crear la escuela de oficiales de la PNC; (vii) Implementar la ley del sistema penitenciario; (viii) Apoyar a los formuladores de currículos de estudio en materia de fortalecimiento de la justicia; y (ix) Comunicación eficaz con la población en temas relacionados con la justicia. El PP está comprometido con la justicia y la seguridad jurídica, que se traduce en la certeza de la ley y, por consiguiente, en la previsibilidad de su aplicación. Estamos convencidos que solo a través del trabajo conjunto y de la coordinación de esfuerzos alcanzaremos la justicia que nos permitirá la convivencia pacífica. Reconocemos sin embargo, que el esfuerzo y apoyo de la CICIG es temporal y no puede durar para siempre. La CICIG debe contribuir a fortalecer las instituciones como el Ministerio Publico, Policía Nacional Civil y otras instituciones del Estado que deben aprovechar la experiencia y emplearla en la mejor forma posible para que los guatemaltecos fortalezcamos las capacidades de los operadores de justicia sin depender de la ayuda internacional. De esa manera, llegado el momento en que finalice su mandato, tendremos la plena certeza que contamos con un sistema más sólido y eficiente. Reiteramos nuestro reconocimiento y agradecimiento a la comunidad internacional por su manifiesto interés y permanente apoyo en la construcción de un genuino Estado de Derecho en Guatemala y, particularmente, a la CICIG y al Sistema de Naciones Unidas que están colaborando en la construcción de un sistema de justicia moderno, confiable y eficaz.
Guatemala, 29 de junio de 2011
Poderes paralelos en Guatemala Otto Pérez Molina Partido Patriota -PPPrincipio por conceptualizar el término Poder Paralelo, para el Partido Patriota (PP), como “La capacidad que tienen determinadas personas –hombres y mujeres– de organizarse alrededor de un fin de carácter ilícito, con el propósito de incidir, obstaculizar o desacreditar aquellas decisiones de Estado, que afectan sus intereses. Lo cual es factible por la inanición y el debilitamiento de los gobiernos responsables enfrentarlos, lo cual viene a potenciar su capacidad de incidir y lograr sus fines.” El concepto anterior permite confirmar la existencia de estos grupos en nuestro país, los cuales se diferencian de los llamados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICICS), cuya responsabilidad de someterlos al orden corresponde al sector
Justicia, apoyado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Generalmente los Poderes Paralelos están relacionados con diversas expresiones del crimen organizado, como la narcoactividad, tráfico ilegal de personas, trasiego de armas y trata de personas, por mencionar las más relevantes; la delincuencia común y la denominada de Cuello Blanco que monopoliza los contratos con el gobierno y que llega a influir en el diseño y propuesta de políticas internas, así como en la aprobación de aquellas leyes que los benefician o en el rechazo de aquellas que afectan sus objetivos de poder económico o político y que en algún punto terminan coincidiendo con los mismos objetivos del narcotráfico. De la lista trasciende este último debido a la magnitud de poder acumulado y la capacidad desarrollada para infiltrar, reclutar, amenazar y chantajear a los funcionarios a
cargo de su persecución. En el caso de Guatemala, se le ha reconocido a esta expresión criminal la capacidad de controlar ciertas áreas estratégicas del país, percepción que terminó de consolidarse con las recientes declaraciones del presidente Álvaro Colom, aceptando que nuestro país es “un narco-Estado”, según lo declaró al periodista Pablo Ordaz, del periódico El País, de España. El comentario anterior del Presidente y la masacre de 27 campesinos en el municipio de la Libertad, del departamento del Petén generó el llamado de la CICIG instando a la población “dar un paso adelante en contra de quienes desean convertir a Guatemala en un narco-Estado”. Para reducir el accionar de estos poderes se hace necesaria la interrelación de los organismos estatales, cada uno en su campo de acción, y la cooperación regional y continental. Tratando de identificar a los poderes paralelos podemos mencionar que los que ejercen mayor influencia son los de cuello blanco, que aprovechando el tráfico de influencias se apoderan de la mayoría de proyectos de inversión del Estado, le siguen en importancia el narcotráfico que utilizando las diferentes redes del contrabando y la corrupción estatal se apoderan de las instituciones responsables de la seguridad de fronteras, aduanas y la administración tributaria, y en tercer lugar las diferentes organizaciones que administran el contrabando y la falsificación de marcas y mercaderías que utilizan su relación con grupos armados para imponer y apoderarse de los mercados locales. En el orden interno, el Partido Patriota sustentará su esfuerzo con la implementación de las Fuerzas de Tareas Interinstitucionales. Una de ellas dedicada específicamente a intervenir con inteligencia, operaciones policiales y apoyo de las Fuerzas Armadas, y la colaboración de la población en las áreas geográficas en disputa por los carteles de la droga mexicanos y los intermediaros nacionales, con la finalidad de capturarlos para ser juzgados o extraditarlos cuando se trate de extranjeros, en cumplimientos de compromisos acordados; así como recuperar la presencia del Estado y la tranquilidad de los pobladores. En igual forma se combatirá el contrabando, que reduce la capacidad del Estado para fortalecerse y que sus diferentes redes son utilizadas para fines particulares que sólo benefician la existencia de poderes paralelos. El éxito será posible con un
equipo liderado por profesionales comprometidos con el tema de seguridad; un sistema de seguridad y justicia fuerte y con mejores recursos financieros y humanos; fuerzas armadas y policiales fortalecidas y profesionales; organismos de inteligencia fortalecidos y tecnificados; incremento de la cooperación internacional; convenios y alianzas internacionales contra el narcotráfico e incremento del presupuesto de todas las instituciones de seguridad y justicia. La continuidad de este esfuerzo permitirá identificar el nivel de penetración de estos grupos dentro de la administración estatal. La cooperación regional será posible en la medida que los compromisos acordados en la reciente Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad Centroamericana, realizada en nuestro país, se calendaricen y se establezcan indicadores claros. En este punto compartimos lo expresado por la señora Clinton “Los gobiernos de América Central tendrán que mostrar la voluntad política necesaria para erradicar la corrupción y asegurar que las instituciones rindan cuentas y sean eficaces, así como invertir en educación y oportunidades para los jóvenes”, condicionante incluida en unos de los cinco (5) ejes del partido El Partido Patriota asume el compromiso de enfrentar los grupos paralelos, por la gravedad que representan al utilizar a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad para generar terror, desolación y muerte en función de mantener e incrementar su capacidad de influencia y por ser estos quienes terminan por llevar a las naciones a condiciones de estados fallidos. Esfuerzo que estará regido por el Estado de Derecho y el Régimen de Legalidad. Aceptamos que su neutralización absoluta resulta compleja, porque depende, en gran parte, del actuar eficiente de la justicia y la capacidad de esta para blindarse y evitar ser cooptada, capacidad que será fortalecida respetando la independencia de poderes mediante la asignación presupuestaria que mejore las capacidades del sector justicia y con el respaldo necesario para la obtención de recursos externos y la aprobación de leyes indispensables. También será determinante acompañar esta acometida desde el Ejecutivo, con una campaña masiva de comunicación para crear una cultura de denuncia, construcción de ciudadanía, recuperación y consolidación de los valores democráticos.
Guatemala, 13 de julio de 2011
Narcotráfico. estrategia y combate Otto Pérez Molina Partido Patriota -PPEl narcotráfico es una de las cuatro amenazas transnacionales –trata de personas, tráfico de armas, terrorismo- y el principal generador de violencia armada; es la plataforma sobre la que se desarrollan todos los males de la sociedad, como la corrupción, la impunidad, el contrabando, las organizaciones criminales dedicadas al secuestro, sicarios, robo de vehículos y delincuencia común, que aparte de afectar a los guatemaltecos debilita y pone en riesgo la solidez del Estado guatemalteco. La política de seguridad del Partido Patriota (PP) está diseñada conforme lo estipula la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, que entre sus objetivos establece “Dar coherencia y coordinación al funcionamiento de instituciones, políticas normativas y controles en materia de seguridad, en el marco del Estado de Derecho”. El plan estratégico que se implementara, para enfrentar la amenaza del narcotráfico se rige por el objetivo citado, que se inició con el esfuerzo de recopilar y analizar información proveniente de fuentes abiertas, particularmente de los medios de comunicación impresos nacionales y extranjeros, para determinar la magnitud de la amenaza; la identificación de actores nacionales e internacionales y las características de las zonas geográficas en donde se movilizan dentro del territorio nacional. Los resultados del procesamiento de la información recopilada institucionalmente en las diferentes áreas, orientarán el esfuerzo para reducir las actividades de los grupos criminales nacionales e internacionales y externamente por intermedio de la cooperación regional y el intercambio de experiencias continentales. El accionar para enfrentar el narcotráfico comienza con la implementación de un plan estratégico, para controlar y evitar que las organizaciones criminales puedan ingresar la droga a nuestro territorio por la vía terrestre, aérea y marítima; por medio de la vigilancia y presencia en zonas geográficas, que puedan ser utilizadas como pistas de aterrizaje; caminos vecinales para transportar la droga desde esas áreas o de Honduras y El Salvador hacia México; así como un mayor control en la frontera con este país. De esta manera se enfrentará este flagelo con recursos humanos y técnicos, para combatir su accionar y reducir efectos colaterales, como son el aumento del consumo por grandes segmentos de la población
juvenil. El esfuerzo principal estará dirigido a evitar el abastecimiento de droga a las diferentes organizaciones, por lo que se implementaran unidades especiales dentro de los efectivos del Ejército de Guatemala para negar el paso por las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, se le dotará de aviones adecuados para la vigilancia y soberanía del espacio aéreo, de radares, de naves marítimas, así como de tecnología para mejorar las comunicaciones y la transferencia de información. Para enfrentarlo integralmente se implementará el Centro de Comando, Control, Coordinación, Computación y gestión de Crisis (C5) para coordinar, integrar, supervisar y controlar los esfuerzos y recursos del Ministerio de Gobernación, de la Defensa, Secretaria de Inteligencia Estrategia del Estado, la Dirección de Inteligencia Civil, la Dirección de Inteligencia Militar, El Sistema Penitenciario y la Dirección de Migración; además se creará una Fuerza de Tarea inter-institucional, que operará por un plazo no menor de seis (6) meses; la cual estará integrada por elementos de la PNC; Unidades del Ejército de Guatemala, con apoyo aéreo y marítimo; Fiscales del Ministerio Público (MP); Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif); Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), apoyada con una masiva campaña de difusión pública, para informar y solicitar la colaboración de la población en general, pero con mayor énfasis en los espacios en donde existe presencia e influencia del narcotráfico en los pobladores. El plazo establecido es determinante para asegurar la presencia del Estado, para recuperar la confianza de los habitantes y dar continuidad al esfuerzo de prevención y disuasión a través de la instalación de las comisarías de la PNC que sean necesarias, con los efectivos suficientes y los recursos para producir inteligencia policial, capaz de proveer la seguridad y facilitar el establecimiento de agencias del Sistema de Justicia y Ministerio Público. En el ámbito regional, el reto es recuperar el Tratado Marco de Seguridad Democrática, como el instrumento idóneo para facilitar la conjunción de intereses comunes, para cada uno de los Estados y concretizar entre otros aspectos la superación de la pobreza y la pobreza extrema; la protección del medio ambiente; la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el tráfico de armas; el establecimiento de un balance
razonable de fuerzas que tome en cuenta la situación interna de cada Estado y las necesidades de cooperación entre todos los países centroamericanos para garantizar su seguridad, establecidos en el artículo 1ro. El éxito de nuestra propuesta en el ámbito centroamericano, descansa en la voluntad para alcanzar consensos que conduzcan a la creación de un Consejo Regional de Seguridad (C.R.S), en el cual estarán representados todos los países que conforman SICA y al que podrán enviar delegados los gobiernos de México y EE.UU. Este Consejo abordaría el diseño y la puesta en práctica de la agenda acordada en “La Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad Centroamericana”, desarrollada en
junio pasado en nuestro país y de acuerdo a los recursos obtenidos implementar todos los proyectos elaborados en conjunto para unir esfuerzos y reducir la presencia de los cárteles mexicanos que necesitan del territorio centroamericano para trasladar la droga de los países productores hacia los países consumidores. Es importante tener como observador a los Estados Unidos, porque facilitará el acceso a los recursos y apoyo provenientes de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI) y, con México favorece el intercambio de información, para reducir la vulnerabilidad fronteriza entre ambos países, a través de la coordinación permanente de los Grupos de Altos Nivel de Seguridad Fronteriza (GANSEF).
Guatemala, 27 de julio de 2011
La generación de empleo productivo y digno Otto Pérez Molina Partido Patriota PP Establecer las condiciones de seguridad pública para cimentar confianza que promueva el aumento de la inversión nacional y extranjera, es uno de los compromisos del Partido Patriota, lo cual permitirá alcanzar un crecimiento económico sostenido de 4 a 5% anual. Las condiciones actuales de violencia, inseguridad permanente, aunado a la falta de credibilidad en varias de las instituciones nos coloca como país frente a un verdadero reto, el cual enfrentaremos con decisión, porque estamos convencidos que el cambio requiere el crear oportunidades de empleo productivo que es el único generador –de manera permanente– de ingresos para nuestro país. Es por ello, que estamos seguros de que deben atenderse las condiciones para que ello suceda y se descentralice el desarrollo, logrando así una mejor calidad de vida para todos. Nuestra propuesta está dirigida: A. Para los guatemaltecos que participan en la economía de subsistencia: • Un proyecto de extensión agrícola, que permita capacitar y transferir tecnología en el manejo y conservación de suelos, encadenamientos productivos, manejo integrado de plagas y vigilancia epidemiológica que impulse el potencial productivo agropecuario del país. • Asistencia financiera y gestión de recursos en el sistema bancario mediante el otorgamiento de microcréditos a la producción, distribución y programas preferenciales de abasto. • Arrendamiento de tierras privilegiando el cumplimiento del pago y el cultivo para la sostenibilidad de la seguridad alimentaria. • Profundizar los esfuerzos del Programa de Electrificación Rural (PER) que ofrezca mejores condiciones de vida a los pobladores y les permita atraer nueva inversión productiva al área rural. • Un proyecto de caminos vecinales, en cuya primera etapa se construirán aproximadamente 800 kilómetros de caminos rurales que permitirán incrementar los rendimientos agrícolas, la promoción de la organización social y la incursión en nuevos mercados.
B. Para los que participen en la economía local: • El Programa de Sistemas de Riego apoyando la seguridad alimentaria para las comunidades. • Alianzas multisectoriales para impulsar procesos de certificaciones sanitarias, fitosanitarias, de inocuidad de los alimentos y de calidad. • Acceso a los mercados e innovación de productos y procesos. C. Para el fortalecimiento de las cadenas productivas: • Fortaleceremos las asociaciones o vínculos productivos entre PyMEs para incorporarlas a las cadenas de valor y grupos productivos y
ampliar su acceso a los mercados. • Fortaleceremos al ICTA y a CONCYT mejorando el eslabón de innovación de la cadena productiva. Para mejorar la institucionalidad del comercio y la inversión, y mejorar la infraestructura pública y privada, proponemos: A. Una nueva Política Integrada de Comercio Exterior, Competitividad y Atracción de Inversiones, en consenso con los sectores productivos y aprobada dentro del CONAPEX; la institucionalización de programas meritorios: PRONACOM, INVEST in Guatemala y el Programa de Agregados Comerciales de
Guatemala –PROGUAT, entre otros. • El impulso a los motores del desarrollo (turismo, exportación, energía y logística). Apoyaremos una nueva Política de Desarrollo Turístico 2012-2022. Promoveremos los encadenamientos productivos, desde los ministerios de Agricultura y Economía y fortaleciendo programas meritorios que han mostrado resultados positivos para el logro de objetivos. Apoyaremos los esfuerzos para abastecer el mercado interno de China (400 millones han salido de la pobreza) pues será el mayor importador de alimentos para 2020, y suplir la demanda desatendida por este país en el mercado de los Estados Unidos, por ejemplo en la confección y prendas de vestir. Se apoyará la instalación de 9 plantas de generación eléctrica en el período 2012-2016, lo cual representarán 1,074 MW nuevos y US$ 2,749 millones. Se retomará el Plan Multimodal de Obras de Infraestructura 2012-2016 y la conformación del Consejo Nacional de Infraestructura, así como la cobertura de internet en todo el territorio especialmente en las escuelas públicas. Se impulsará la aprobación de la Política Portuaria Nacional. La vivienda, es otro motor del desarrollo para la generación del empleo. • Seguiremos promoviendo la descentralización y la competitividad, por lo que coadyuvaremos en la generación de 50 mil nuevos empleos formales, en alianzas con el sector cooperativo, las organizaciones productivas de desarrollo y las MIPYMEs, por medio de financiamiento que ya existe, han sido aprobados y cuenta con techo presupuestario. Estas fuentes permitirían inversiones en encadenamientos productivos, promoción de exportaciones, innovación y transferencia tecnológica, promoción y acceso a Mercados. • Apoyaremos la reforma de los sistemas de capacitación a nivel diversificado y de carreras técnicas con calidad de servicios orientados a satisfacer las necesidades del mercado laboral y apoyar los motores del desarrollo económico que ya hemos mencionado, para lo cual impulsaremos la aprobación de la “Política Nacional de Capacitación Técnica Laboral”, que será un marco de referencia de los esfuerzos académicos y empresariales y los esfuerzos públicos meritorios (INTECAP).
Guatemala, 10 de agosto de 2011
¿Qué planes contempla para combatir eficazmente la desnutrición? Otto Pérez Molina Partido Patriota PP Enfrentar de manera decidida la desnutrición es una prioridad del Partido Patriota. Para ello se creó la Estrategia Hambre Cero, que eliminará la desnutrición en una nueva generación y facilitará que todas las familias tengan una buena alimentación y una salud adecuada para aprovechar los alimentos que consuman. Hambre Cero se enmarca dentro de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y su política. Aborda de manera articulada y en forma multisectorial la desnutrición, generada por múltiples causas interrelacionadas. Se basa también en el Pacto contra el Hambre, que convocará a todos los sectores a trabajar en forma coordinada con el Gobierno, en una Cruzada Nacional para erradicar la desnutrición y el hambre. De esta forma gobernadores, alcaldes, diputados, representantes de la sociedad civil, empresas, iglesias, universidades, organizaciones comunitarias y comunidad internacional, trabajarán juntos
en planes territoriales y sectoriales contra la desnutrición. Sus componentes básicos: 1. La Ventana de los Mil Días. Son trece intervenciones claves dirigidas a embarazadas y niños hasta que cumplan los 2 años, que previenen la desnutrición en la nueva generación, evitando daños irreversibles. Por ejemplo: promoción de lactancia materna, higiene, y alimentación complementaria después de los 6 meses; desparasitación, ácido fólico para embarazadas, micronutrientes para infantes; y detección y tratamiento de desnutrición leve. 2. Seguridad Alimentaria Nutricional. Para facilitar que todas las personas tengan acceso a una alimentación suficiente, segura, nutritiva y que puedan aprovechar lo que comen adecuadamente se realizarán iniciativas para aumentar la disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, entre ellos: a. Programa de apoyo al pequeño agricultor, dirigido a mejorar la productividad, los ingresos y la disponibilidad de alimentos de las familias rurales, por medio de asistencia técnica, promoción de
la organización, crédito, semillas mejoradas, fertilizante de calidad, encadenamiento productivo y ampliación de mercados. b. Centros de apoyo para mujeres emprendedoras, que pretende asistir a las mujeres para que desarrollen una opción productiva que les permita mejorar sus ingresos, estableciendo centros que brinden servicios integrados de: formación empresarial, asistencia técnica, créditos, asistencia para la comercialización y la integración con las cadenas productivas, apoyo a la organización de las mujeres. c. Agua segura, se apoyará a las municipalidades a llevar agua potable y sacar aguas residuales, de sus comunidades y a sensibilizar a la población sobre higiene, agua segura y saneamiento. d. Educación Nutricional. Programa de comunicación social dirigido a evitar la desnutrición en las áreas más vulnerables del país, por medio de la educación de las familias, la niñez, juventud y actores locales. Se basa en las mejores prácticas ya probadas en el país y se llevará a cabo en alianza con las escuelas de comunicación de las universidades, UNICEF, municipalidades, gobernaciones y medios de comunicación social. e. Mis niños creciendo al máximo. Este programa se basa en un Modelo de Atención en Salud que permite la atención integrada de embarazadas, infantes y niñez, con acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades, vigilancia del crecimiento, manejo integral de las enfermedades y acceso a medicamentos. Además, incluye la expansión del proyecto Escuelas Saludables, para promover la salud de los escolares, incluyendo la Alimentación Escolar. 3. Prevención del Hambre. Iniciativa para evitar que las familias sufran de hambre durante ciertos períodos del año y prevenir la muerte de los niños y niñas que puedan ser afectados por la desnutrición aguda. Incluye acciones como: a. Apoyo a las comunidades a adaptarse al cambio climático y manejar adecuadamente las sequías e inundaciones. b. Instalación del Sistema de Alerta Temprana, para detectar y tratar a tiempo los casos de desnutrición antes de que sean graves. c. Asistencia alimentaria a las familias en caso de crisis o desastres. d. Establecimiento de silos de alimentos para emergencias e. Integración de Redes Locales de Protección
f. Empleo temporal en áreas en riesgo de escasez de alimentos Fortalecimiento Institucional Implementar la Estrategia Hambre Cero requiere de instituciones fuertes, capaces de promover la seguridad alimentaria nutricional de las familias y manejar oportunamente los riesgos y amenazas para la nutrición, la salud y la vida de los niños y niñas. Un elemento clave es la coordinación vertical, entre todas las instituciones públicas y la coordinación horizontal con las organizaciones no gubernamentales, iglesias, empresas y cooperación internacional, para alcanzar objetivos comunes. Por eso, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional y la Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional (SESAN) como entes coordinadores de las intervenciones en seguridad alimentaria en el país, deben fortalecerse. Otras instancias que deben robustecerse y dinamizarse para el éxito de la estrategia son: • El Viceministerio de Seguridad Alimentaria Nutricional del Ministerio de Agricultura, y muy particularmente el programa de extensión agrícola • La Red de Servicios de Salud del país, pero especialmente el primer nivel de atención. • El Sistema de Información Municipal de Riesgo a la Inseguridad Alimentaria Nutricional. • El Centro de Información y Coordinación en Seguridad Alimentaria Nutricional La desnutrición es un lastre ancestral que avergüenza a Guatemala, pero que, además, es un factor negativo que condena el presente y el futuro de la Nación. Es por eso que para el binomio presidencial formado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como para el Partido Patriota, este problema se convierte en un desafío de primer orden, el cual, como ya se dijo, se enfrentará convocando a un Pacto contra el Hambre, a través de una cruzada nacional que involucre a todos los sectores en torno a la más dramática realidad del país. Para los Patriotas, la paz social comienza en los estómagos llenos de niños y niñas, en familias con seguridad alimentaria, y, por supuesto, en el combate frontal a la desnutrición, que hoy por hoy, condena a lo más valioso y vulnerable que tiene toda sociedad, su niñez. En ese sentido, se luchará incesantemente, para que a través de una nutrición adecuada los niños y niñas de Guatemala, puedan tener un futuro con esperanza, para que desarrollen todas sus capacidades, sean exitosos y contribuyan al progreso de su familia, su comunidad y nuestro país.