Guatemala, 2 de marzo de 2011
EN TORNO A LA CORRUPCIÓN Y SUS SOLUCIONES Nineth Montenegro Encuentro por Guatemala En términos generales, la corrupción se refiere a la usurpación indebida de fondos públicos y cargos de poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. También se considera como tal el soborno de orden privado dirigido hacia funcionarios públicos ya sea para obtener contratos o comprar información privilegiada para hacer negocios. En nuestro país, las leyes son débiles para castigar la corrupción, mientras que también el sistema judicial es marcadamente inoperante para investigar y ya no digamos sancionar la corrupción, tanto la que se produce a nivel local como la que se produce a nivel nacional. Incluso entre la cultura política de la gente, parecería que ésta es aceptada o no socialmente condenada, sino vista normal para “aceitar” el sistema. Las encuestas que han publicado los medios muestran que la preocupación por el tema de la corrupción alcanza entre el 1% (elPeriódico/Canal Antigua, febrero 2011) y el 6% (Prensa Libre/Vox Latina, enero 2011), es decir, tal parece que luchar contra la corrupción tampoco gana votos; por eso es que se trata enteramente de una lucha de principios, por la dignificación y renovación de la política y el servicio público. Pero la corrupción afecta también el desarrollo social y económico de todo un país. Desde lo externo, las calificadoras de riesgo comprueban qué tan eficientes son las instituciones de inversión para recomendar un país como sólido y seguro en vez de uno donde el latrocinio y el soborno están generalizados. Y a lo interno, por otro lado, los programas sociales se ven afectados porque merman la cantidad, la calidad y la cobertura de los servicios públicos esenciales. Así que la lucha contra la corrupción y su correlato la promoción de la transparencia (financiera e informativa) deberían ser los ejes transversales de todo programa político de gobierno legislativo que se precie de tener una adecuada interpretación de los intereses ciudadanos y de los electores. Hay corrupción por un débil Estado de Derecho y una débil cultura de participación ciudadana. Y, claro, porque los seres humanos tendemos a hacer lo malo cuando nadie nos ve o simplemente pensamos que no es mala tal acción. Por lo que sea, eso explica por qué en las dictaduras y tiranías es más
fácil que sobreabunde la corrupción porque no hay controles, no hay ojos vigilando y no hay ciudadanos organizados demandando. Pero en las democracias, y sobre todo en las democracias subdesarrolladas como la nuestra, la corrupción es más sutil o a veces más descarada. Porque ciertamente no hay mejor corrupción que aquella que se hace a plena la luz del día (como la de los contratos que cumplen con todos los pasos de ley pero ocultan los dobletes). Así que lo que necesitamos como pilares para combatir la corrupción son tres cosas: 1) gente honesta (especialmente los funcionarios públicos; 2) leyes buenas (tribunales idóneos) y 3) ciudadanía responsable, que exija y a su vez no corrompa. En el partido Encuentro por Guatemala creemos plenamente en la promoción y ejercicio de la transparencia. Esta se impulsa por medio de una aguda fiscalización contra las zonas oscuras de los negocios públicos y privados. La situación fiscal del Estado de Guatemala es tan débil y las necesidades sociales tan abundantes que la corrupción, es decir, el desvío del dinero público hacia donde no corresponde es un crimen contra la ciudadanía. En nuestro programa político y legislativo no sólo promovemos la fiscalización, también hemos promovido leyes pertinentes que refuerzan la transparencia tales como la Ley de Acceso a la Información; la Ley de Comisiones de Postulación y otras reformas a leyes que promueven la transparencia y la equidad en el Código Procesal Penal, y leyes de derechos humanos o administrativas como la Ley de Presupuesto, etcétera. Nuestra actitud siempre ha sido y será la plena colaboración con la prensa. Ya sea porque se trate de alguna investigación nuestra o de la sociedad civil o de la prensa, nuestro objetivo tiene que ser de hacer causa común contra la corrupción, en aras de que los casos de impacto social lleguen a los tribunales. Nuestra actitud sobre los casos de corrupción es de denuncia inmediata, previas averiguaciones de rigor para no afectar la honorabilidad de nadie y no caer en calumnia, pero tampoco en omisión de denuncias. Las investigaciones referidas a los casos de corrupción no son solo procesos políticos pero encarnan elementos altamente técnicos, pues supone conocer detalles contables, tecnológicos, legales, y de toda índole que obliga a tener un equipo calificado para corroborar los documentos o materiales que se tengan a la vista para descubrirlo. Pero va más allá de eso, también implica un alto riesgo político. Nosotros mismos hemos sido víctimas de acoso de
gente poderosa que se ha visto afectada por nuestras investigaciones. Para nosotros, la lucha contra la corrupción no es una pose mediática es un compromiso de servicio público y principios éticos. No jugamos con nuestra credibilidad. Hay que seguir profundizando en promover un fortalecimiento de la Contraloría General de Cuentas, pero también vigilar la independencia del Ministerio Público; y proseguir con nuestro más reciente esfuerzo que es crear la Dirección Contra la Corrupción en la Administración Pública (DICCAP), como un ente autónomo y descentralizado, la cual tiene que hacerse acompañar de una Ley contra el Enriqueci-
miento Ilícito La forma más efectiva para evitar la corrupción sigue siendo la fiscalización, la denuncia y la formación de alianzas sociales y políticas contra los negocios oscuros, el clientelismo y la usura corporativa. Pero para el partido Encuentro por Guatemala, lo más inmediato es generar condiciones al seno del Congreso de la República para que se apruebe la Ley que crea la Dirección contra la Corrupción en la Administración Pública (DICCAP), la que probablemente encuentre muchos opositores, pero también habrá miles de electores y ciudadanos que las respaldarán para sanear y profesionalizar la administración pública guatemalteca.