Se ratifica la legalidad y legitimidad de las Consultas Populares desde los entes más importantes del país como el Concejo de Estado, para que las comunidades que se encuentran amenazadas por proyectos que atenten contra sus dignidades y territorios se expresen y se efectúe el mandato de estos pueblos. Así mismo la importancia de que las comunidades promuevan estrategias organizativas y contundencia en las acciones colectivas para la defensa de sus territorios.
