Homo sum

Sergio Cortés Sánchez *

La reforma electoral de AMLO

Tal como lo prometió en campaña y como presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió el pasado 28 de abril su iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados. Entre los objetivos explícitos de ésta se mencionan construir un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad; elegir autoridades administrativas y juridiccionales honestas e imparciales; ofrecer a partidos políticos y candidatos garantías para su libre participación; establece un solo mecanismo nacional con instituciones administrativas y juridiccionales únicas; elegir por voto directo y secreto de la ciudadanía a las máximas autoridades administrativas y juridiccionales. Asimismo, se propone que la elección de senadores, diputados (locales y federales) y regidores de ayuntamiento (o delegación) sea a través de listas de candidatos postulados por partidos políticos y candidatos independientes en una sola demarcación; se eliminan 200 diputados federales, 32 senadores, 459 diputados locales y varios cientos de regidores, el financiamiento público persiste para campañas electorales y se elimina el gasto público ordinario para partidos políticos. (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. LXV Legislatura. 28 de abril de 2022, XXV:6012-XI)

Cualquier reforma constitucional requiere dos terceras partes de los votos de los diputados federales y la coalición Morena, PT y PVEM no los tiene; los opositores PRI, PAN y Movimiento Ciudadano ya han expresado el rechazo a la iniciativa, se rehúsan a perder sus privilegios de elegir a las máximas autoridades electorales administrativas y juridiccionales, refrendan la sobrerepresentación que tienen en el Congreso de la Unión (tienen 25 por ciento de las diputaciones uninominales y sumadas las plurinominales, llegan a 45 por ciento del total; tienen 37 por ciento de los senadores uninominales y sumados los plurinominales, su total es 41 por ciento), y al hiperfinanciamiento público que disponen sus partidos (16 mil 297 millones 600 mil pesos de financiamiento público para gastos ordinarios en 2021), y sobre todo, no comparten el principio de que la soberanía emana del pueblo.

Permanentemente hay reformas constitucionales: entre 1953 y 2014 Roberto Sigala Aguilar ha documentado 47 y Carlos Ugalde ubica 11 entre 1977 y 2014. Paulatinamente se introducen modificaciones que mejoran la calidad del proceso electoral, como lo fueron el reconocimiento del derecho de la mujer al voto y a ser votadas; el acceso de las minorías políticas al parlamento, el reconocimiento del régimen de partidos políticos, la representación plurinominal, los gobiernos de coalición, la ciudanización del organismo electoral, la reelección de diputados, senadores y presidentes municipales, la paridad de género en la nominación de candidatos a diputados (federales y locales) y mínimo de votos emitidos para conservar registro de partido. La actual iniciativa de reforma promovida por el Ejecutivo federal trata de darle objetividad, independencia e imparcialidad a los organismos rectores del proceso rectoral, como se consigna en la Constitución Política del país, principios que fueron violentados en últimos procesos electorales.

El Instituto Nacional Electoral (INE), organismo administrativo encargado de procesos federales es muy costoso, este año percibirá 19 mil 736 millones de pesos de financiamiento público, y los 32 organismos locales electorales, encargados de procesos estatales o municipales recibirán 11 mil 264 millones de pesos. Hay traslape en las funciones electorales de estos organismos y fusionarlos en uno solo denominado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas es optimizador de recursos públicos. El costo real de los procesos electorales ha aumentado más que los ciudadanos en lista nominal: el presupuesto de todas las autoridades electorales en el año 2006 fue de 49 mil 200 millones de pesos constantes de 2018 (mpc), en 2012 aumentó a 53 mil 800 mpc (incremento de 4 mil 600 mpc) y en 2018, ya bajo la presidencia actual del INE, el costo fue de 68 mil 300 mpc (aumentó de 14 mil 500 mpc), cabe precisar que las elecciones de 2018 fueron concurrentes, situación diferente a las elecciones presidenciales anteriores. (Gabriel Moreno Z. El costo presupuestario de la democracia en México. Integralia Consultores). El costo anual promedio de todos los procesos electorales del quinquenio 2004-2008 fue de 41 mil 260 mpc del año 2018, en el quinquenio 2009-2013, de 45 mil 120 mpc y en el quinquenio 2014-2018, de 50 mil 760 mpc, es decir, entre el primer y segundo quinquenio aumentó 9.4 por ciento y entre el segundo y tercer quinquenio, el incremento fue de 12.5 por ciento: más funciones dirían los Consejeros Electorales; más fideicomisos ilegales, acusa el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

La percepción ciudadana sobre INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha empeorado, en la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci) del Inegi del año 2020 se registró que 78.7 por ciento de los ciudadanos reportó que la compra de votos fue una actividad muy frecuente o algo frecuente; 43.7 por ciento manifestó que es poco o nada frecuente que los votos se cuenten limpiamente; 42.9 por ciento aseguró que es muy o algo frecuente que se prohíba competir a la oposición y 48.4 por ciento afirmó que es poco o nada frecuente que las autoridades electorales sean justas.

Con base en la mencionada Encuci de 2020, 60 por ciento de los ciudadanos sí confió en el INE (mucho o algo) y 39 por ciento no confió (poco o nada). En una encuesta similar aplicada en 2001 por el Inegi, 61 por ciento confió en el IFE y 30 por ciento no confió. Entre ambas instituciones, hay una pérdida de confianza del 10 por ciento de ciudadanos, después de la elección intermedia de 2021 y de la negligencia con que operó el INE en la Consulta del 10 de abril de este año, la confianza en el INE es probable que se haya deteriorado aun más.

Los partidos políticos y los legisladores no tienen buena reputación entre la ciudadanía, secularmente son percibidos como corruptos que solo defienden los intereses partidarios y los personales y no el de sus representados. Generalmente los partidos son asociados con hechos negativos, ilegítimos y hasta ilegales y los legisladores detentan la valoración positiva más baja de los representantes populares. La Encuci 2020 consignó que la mitad de las personas de 15 años o más no simpatiza con los partidos políticos y la otra mitad sí; de los que simpatizan, la mitad lo hace por Morena, PT y PVEM y la otra mitad simpatiza con el PRI, PAN, PRD y MC; respecto a la confianza de los ciudadanos en los partidos, 21.8 por ciento confía mucho o algo en ellos y 76.4 por ciento confía poco o nada; en la encuesta similar de 2001 aplicada por el Inegi a ciudadanos, los porcentajes respectivos fueron 24.4 y 74.8. Con la iniciativa de reforma electoral propuesta por AMLO, ya no habrá financiamiento público para gastos operativos de los partidos, éstos deberán fondear su gasto corriente con los donativos de sus simpatizantes y militantes, y las aportaciones deberán transparentarse.

La valoración ciudadana de los legisladores es similar a la de los partidos: en la Encuesta Nacional sobre de Cultura Política y Práctica Ciudadana (Encup) de 2003, los diputados federales al legislar consideran solo los intereses de su partido (52.5 por ciento), los propios (13.1 por ciento), los intereses de la población (14.3 por ciento) o el interés del presidente de la República (13.1 por ciento); en la Encup de 2001, solo 26.2 de los ciudadanos confiaba mucho o algo en los diputados y senadores y 72.1 por ciento, confiaba poco o nada y en la Encuci 2020, los que confiaban mucho o algo en ellos fueron 23.4 por ciento en tanto que los que confiaban poco o nada llegaron a 73.3 por ciento de la población de 15 años o más, es decir, de cuatro personas, una confía en los legisladores federales y tres no.

La elección de diputados a través de listas propuestas por coaliciones, partidos políticos o candidatos independientes y no por distritos y circunscripciones, permitirá que cada quien tenga una representación proporcional a los votos emitidos a su favor en la demarcación en la cual se postuló, no habrá ni sub ni sobre representaciones. El total de diputados federales será de 300, para calcular el cociente natural de asignación de diputaciones federales, se dividió el total de población del año 2020 (126.014 millones) entre el número de diputaciones (300) y, en este caso, por cada 420 mil 46 habitantes se asigna una diputación; Colima es la entidad más pequeña del país, tiene 0.6 por ciento de la población y le corresponde el 0.66 por ciento de las diputaciones federales, es decir, dos; el estado de México es el más grande en tamaño poblacional, tuvo 13.5 por ciento del total y tendrá 13.33 por ciento de las diputaciones federales, es decir, 40. Puebla y Tlaxcala, con 5.2 y 1.1 por ciento de la población tendrán 16 y tres diputaciones, respectivamente.

La elección directa de siete consejeros electorales y de siete magistrados electorales despartidiza su elección, ya no habrá reparto de cuotas por coaliciones y partidos, que deslegitimaban la ciudanización de los órganos electorales. Corresponderá a los poderes de la Unión proponer sus respectivas listas para elegir a las autoridades electorales administrativas y juridiccionales y a los ciudadanos elegirlos a través del voto directo y secreto, vale la pena discutir y aprobar esta iniciativa.

* sercorsan@hotmail.com