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LA JORNADA Lunes 21 de febrero de 2022
POLÍTICA ASTILLERO Retorcer al periodismo // Golpeteo regresivo // “Ajustar cuentas” // Q. Roo: Verde-Morena JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
lanza mediática del proyecto salinista-madracista, Carlos Loret de Mola.
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A ESA ALGARADA mediática nativa se ha sumado, de manera explicable, el aparato de representación de intereses empresariales mediáticos internacionales: cual si antes hubiese habido en México verdadera libertad de expresión, emiten comunicados “libertarios”; cual si la dolorosa lista de muertos civiles y, entre ellos, de periodistas, fuese una excepción causada en lo que va del sexenio, se ponen “justicieros”.
OS MEDIOS DE comunicación social han constituido una de las asignaturas casi intocadas en los procesos mexicanos de reformismo. Entretejidos de manera redituable los intereses de los políticos dominantes en la etapa previa a 2018 con los de los empresarios periodísticos tradicionales, el telar de la corrupción y el mutuo apoyo no necesitaba de testereo alguno: funcionaba de manera espléndida para ambas partes. EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador ha tratado de cambiar cuando menos la relación de dependencia que históricamente se había mantenido, sobre todo con las grandes firmas de televisión abierta (Televisa y Televisión Azteca, más tirante en ocasiones la relación con aquella que con esta). La mañanera ha sido el gran mecanismo de cambio en la correlación de fuerzas: Palacio Nacional no necesita más la “ayuda” de los grandes medios para difundir su mensaje y fijar la agenda política del día. ADEMÁS, EL HABITANTE de Palacio Nacional ha mantenido una continua confrontación con figuras relevantes de ese entramado de complicidades, no con los periodistas de a pie sino con los que él a veces denomina con el vocablo machuchón (mandamás, jefe, según relatoría de locuciones regionales que hizo la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco https://bit.ly/3I9A1Ae). EL RECIENTE EPISODIO de discusión sobre la casa en Houston en la que vivieron los esposos López-Adams ha acelerado esa confrontación, estremeciendo a ciertos sectores socioeconómicos de nivel medio y alto por cuanto a la afectación del secreto fiscal y permitiendo que élites mediáticas ofendidas por las políticas andresinas crean que ha llegado el momento de ajustar cuentas, encabezadas por el binomio de regresión que integran Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, del coordinador virtual de la campaña 2024 de los opositores a AMLO, Claudio X. González, y de la punta de
▲ David Rogelio Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, le entregó ayer a Pablo Guillermo Ángulo Briceño, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria
JUNTO A OTROS factores (poderes estadunidenses, en primera línea), el periodismo pretende ser usado por sus mancilladores de siempre, y por los membretes que les protegen, para generar incertidumbre y buscar el doblegamiento del proyecto llamado 4T que, con sus altibajos y claroscuros, ha lastimado a dichos intereses. EL CAMINO ESTÁ despejado para que Morena (es decir, el gobernador saliente, Carlos Joaquín, y la mafia “ecologista” encabezada por Jorge Emilio González, anacrónicamente llamado el Niño verde) “gane” la elección de gubernatura en Quintana Roo. Movimiento Ciudadano tumbó, con justas razones, al actor de telenovelas Roberto Palazuelos y habilitó al senador morenista José Luis Pech como relevo de aparente bajo perfil competitivo. Mara Lezama tiene desde ahora todo para añadirse a la lista de mujeres llegadas a gubernaturas por la vía guinda. Y, MIENTRAS, DE manera sigilosa, incruenta y con irónico aire parecido a una escena cinematográfica de El Padrino el reciente fin de semana fue detenido en Culiacán José Bryan Zepeda Salgueiro, apodado El Menor, integrante de una familia presuntamente asociada al cártel de Sinaloa y, según las primeras versiones, compadre de Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo que fue detenido y liberado en la capital sinaloense en un episodio judicial y militar aún no culminado. ¡Hasta mañana, con los informes de la Auditoría Superior de la Federación como nuevo motivo de polarización política y mediática en los niveles estatales y federal!
Superior, el reporte general sobre la fiscalización superior de la cuenta pública 2020, y la tercera entrega del informe del resultados. Foto Cristina Rodríguez
Carolyn Adams señala difamación calumniosa y dolo Se reserva el derecho a presentar denuncia ante la autoridad judicial DE LA REDACCIÓN
Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que “no hay ni habrá conflicto de interés", en la residencia situada en 1003 Oakshire Ln, Conroe, Texas, en un suburbio de Houston, que fue rentada en forma regular mediante un contrato de arrendamiento entre sus propietarios, Keith L. Schilling y Lauren M. Schilling, y ella. Insistió que tiene a disposición todas las pruebas “y estamos dispuestos a entregarlas a las autoridades correspondientes (contrato de arrendamiento, estados de cuenta, correos electrónicos, chats y lo que se requiera)”. En una publicación que realizó en
su red social de Instagram, señaló que ella y su esposo no son figuras públicas, y que los medios de comunicación “que montaron y divulgaron las noticias falsas relacionadas con nosotros han empezado a buscar a terceros para involucrarlos y, de manera tendenciosa, distorsionar sus dichos. Entristece ver que lo que menos les importa es informar y dar con la verdad”. Agregó que ayer “se pudo ver una gran parte de las pruebas para dar por concluido este asunto. Se invadió nuestra privacidad y se nos expuso de manera cruel y perversa. Nos reservamos el derecho de tomar acciones legales contra todos los responsables de esta difamación a todas luces hechas con dolo. No somos personas públicas. No hay ni habrá conflicto de interés. Respeten nuestra privacidad”.
Votará la Suprema Corte sobre la deuda de Azteca con el SAT La televisora quiere evitar el pago de casi $2 mil 448 millones EDUARDO MURILLO
TV Azteca litiga en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar el pago de 2 mil 447 millones 748 mil 540 pesos de impuesto sobre la renta (ISR), además de otros 89 millones por multas del entonces Instituto Federal Electoral (IFE). El primer caso se trata de un crédito fiscal de la televisora “por concepto de contribuciones omitidas del gravamen sobre la renta, actualización, recargos y multas, respecto del ejercicio fiscal de 2009.” La empresa ha impugnado el pago, alegando que el asunto no le fue notificado directamente, sino a su representante legal. Además, sostiene la inconstitucionalidad del artículo 24 de la Ley del ISR, la cual, afirma, viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria al no permitirle adicionar las pérdidas fiscales al costo de adquisición de acciones. El asunto fue impugnado hasta llegar a la SCJN, donde se encuentra listado para votarse el miércoles en la segunda sala. El proyecto de sentencia, presentado por el ministro Javier Laynez
Potisek, propone darle parcialmente la razón a TV Azteca y regresar el asunto al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para que emita una nueva sentencia. Se explica, sin embargo, que el tribunal sólo tiene la obligación de analizar los argumentos presentados por TV Azteca, pero queda en libertad de modificar o reiterar el sentido de su sentencia original: “los efectos generados por la concesión de la protección constitucional obligan a la sala fiscal responsable a analizar lo expresado por la actora del juicio de nulidad, lo cual genera una nueva oportunidad para que dicho órgano exponga nuevos razonamientos en torno a la indispensabilidad de deducciones a que se refiere la ley. “O bien, que en el nuevo fallo dictado en cumplimiento de la sentencia de amparo sean reiteradas las razones ya sintetizadas.” Respecto del caso de las sanciones económicas por incumplir con las pautas para emitir los mensajes de campañas electorales, se trata de siete multas impuestas entre el 24 de marzo de 2009 y el 29 de enero de 2010, por un total de 63 millones 212 mil 848 pesos, más actualizaciones y recargos. Aunque la televisora afirma que estas sanciones han prescrito, el proyecto de sentencia, elaborado también por el ministro Laynez Potisek, señala que no es así y que las multas deben ser pagadas. Aún no hay fecha para votar este asunto.
