¿Quién defiende a los defensores?

¿QUIÉN DEFIENDE A LOSDEFENSORES?

Por Jorge Luis Galeano Colaboraciòn con Hecho en Cali

Desde que se firmó el acuerdo de paz con las Farc, algo se hizo evidente en Colombia: la violencia no se detuvo y no se detendrá, al menos, para quienes se desempeñan como defensores de derechos humanos. Las amenazas y los asesinatos se incrementaron en los últimos meses y así lo muestran las cifras, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, que entre enero de 2016 y el 1 de marzo de 2017 registra ya 156 asesinatos de líderes sociales, al igual que 500 amenazas y situaciones de riesgo. Así mismo, organizaciones no gubernamentales como Somos Defensores muestran cifras más alarmantes: “Entre enero y marzo de 2017, el Sistema de Información de Agresiones contra defensores de DD.HH. en Colombia – SIADDHH, registró un total de 193 agresiones individuales contra defensores(as) discriminados en 136 amenazas, 20 asesinatos, 19 atentados, 13 detenciones arbitrarias y 5 casos de judicialización”, dice en su informe trimestral. Existe también la preocupación por el estado de indefensión de muchos de esos líderes que, sin tener siquiera un esquema de seguridad, deben enfrentarse a la realidad de ser blanco de grupos que, en muchos casos, se identifican como paramilitares o bandas criminales. La misma ONG dice que en 129 de esos 193 casos reportados, grupos paramilitares aparecen como presuntos responsables. Lo anterior es preocupante porque la realidad parece chocar con lo que el Gobierno aún no acepta: la persistencia de grupos paramilitares que ejercen violencia en muchas zonas del país, 344 municipios para ser exactos, según reciente informe de Amnistía Internacional. Esa sombra que parecía haberse extinguido hace diez años con la desmovilización de las AUC, hoy sigue oscureciendo lo logrado con el acuerdo de paz con las Farc. Las comunidades de territorios rurales denuncian la presencia de personas armadas que se han identificado como estructuras paramilitares. La propia ONU en Colombia ha hecho eco de dichas denuncias: “Las organizaciones de la sociedad civil han denunciado la presencia de esos grupos armados no estatales, a los que responsabilizan de una serie de agresiones y actos de intimidación perpetrados contra las comunidades y sus dirigentes”, dice en su informe sobre actividades delictivas ocurridas entre diciembre de 2016 y marzo de 2017. Es difícil creer, pues, que tantas organizaciones se equivoquen al alertar sobre la urgencia de mejorar la protección a los líderes sociales en Colombia. Personas que, valga decirlo, no obtienen remuneración económica por su labor, pero que hacen que un tema como los derechos humanos, tan importante pero tan desconocido, aparezca ante la opinión pública como una forma de construir sociedad. La negativa del Gobierno a aceptar que aún existen grupos paramilitares en Colombia es tan incomprensible como peligrosa, pues puede hacer que no se tome en serio la escalada violenta contra los líderes sociales y por ende, se descuide aún más su protección. No olvidemos que es obligación del Estado proteger a quienes defienden los derechos humanos. Debemos empezar a exigir que la defensa de los derechos humanos no se convierta en una labor de alto riesgo, sino por el contrario, una obra de exaltar, pues mitiga los efectos de las vulneraciones a nuestros derechos, pero como van las cosas, queda en el aire la sensación de total desamparo para esas personas y cabe la pregunta: ¿quién defiende a los defensores?