The Story Behind the Sweet Addiction That Is Destroying Us

Human beings have a natural tendency to like sweet tastes and we have always looked for different ways to sweeten our food. The junk food industry knows this, and throughout history it has committed multiple practices of questionable ethics. These actions have fueled our addiction to sweets and at the same time have caused a true public health problem.

The honeymoon

Honey was the natural way to sweeten food in pre-Hispanic America until Christopher Columbus brought the first sugar cane plants, which thrived in the Caribbean. For years, sugar was considered a luxury product in Europe. It gradually became more affordable, and by the 19th century it became a staple item.

Before the development of the sugar industry worldwide, the practice of adding sweeteners to food was limited to a few items. However, with the development of the food industry, sweet taste became an increasingly important element when selling a wide range of products: from drinks, to snacks, to less obvious items such as breakfast cereals, breads, and pasta sauces.

The hoax of the century

A recent report from the University of California revealed that between 1960 and 1970, the sugar industry paid prominent scientists from Harvard University to minimize the relationship between sugar (sucrose and its derivatives) and heart disease.

According to the study, the industry’s goal was to claim that the only cause of heart disease was fat consumption, which deceived the medical community and society at large.

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From 1970 to 2000, there was a 25% increase in added sugars in food products (mainly high fructose corn syrup) after being classified as “safe” by the Food and Drug Administration (FDA). In this same period obesity rates shot up.

A bitter awakening

Years later, a New York Times investigation reported that the sugary drink industry contributed millions of dollars to conduct a study that sought to minimize the relationship between these drinks and obesity. The study said that obesity was caused solely by lack of exercise and not so much by bad eating habits, which in reality is untrue.

Today the consensus of the scientific community is that sugars are largely responsible for creating conditions that affect the heart.

Sadly, many products listed as “healthy” actually have enormous amounts of hidden sugar. For instance, low-fat salad dressings, granola bars, low-fat cereals, flavored vitamin water, pureed canned fruit for babies, low-fat crackers, and yogurts are some of the products that are marketed as healthy but actually are not.

According to a report from the Centers for Disease Control (CDC), one in three adults in North Carolina is obese. This is an alarming figure because being overweight or obese can result in problems such as diabetes and heart disease, conditions that are destroying our community.

The best tool we have to fight against the industry’s immoral practices is to be well-informed. This means reading the labels on the products we consume and understanding that we must avoid foods with added sugar or sweeteners. If you feel like eating something sweet, opt for a piece of fruit instead.

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La Corte Suprema anunció que ya no se interpondrá en el camino de la política de la administración Biden, que prioriza la deportación de inmigrantes conside- rados de alto riesgo para la seguridad pública o aquellos detenidos en la frontera como prioridad, en lugar de deportar a otros inmigrantes. Esta decisión marca un hito importante en la lucha por definir las políticas de inmigración del país.

El máximo tribunal rechazó un desafío presentado por estados liderados por gobernadores republicanos en contra de una política implementada por la administración actual. Según la argumentación de la administración Biden, la falta de recursos económicos y de personal dificulta la deportación de los aproximadamente 11 millones de personas que se encuentran en el país sin papeles.

Políticos republicanos pedían deportar a 11 millones de indocumentados

Los estados opositores alegaron que la ley federal de inmigración exige que las autoridades detengan y deporten incluso a aquellos inmigrantes que representan poco o ningún riesgo. Sin embargo, la Corte Suprema respaldó la directiva emitida en septiembre de 2021 por el Departamento de Seguridad Nacional, la cual suspendió las deportaciones a menos que las personas estén involucradas en actos de terrorismo, espionaje o representen “amenazas atroces a la seguridad pública”.

Esta directiva, promulgada después de la llegada al poder de parte de Joe Biden como presidente, modificó una política de la era Trump que buscaba la expulsión de personas que se encontraran en el país sin papeles, sin tener en cuenta su historial delictivo o sus vínculos comunitarios.

¿Qué significa esto para los inmigrantes indocumentados?

Esta política se enfocará principalmente en deportar personas sin papeles que representen un riesgo, teniendo antecedentes penales por delitos graves o que sean buscados por algún crimen.

Si bien, esto no quiere decir que las deportaciones a personas indocumentadas no se realizarán, sí quitará el foco de atención a las personas que solo llegan a Estados Unidos a trabajar y no representan un peligro para la comunidad.

Con la decisión de la Corte Suprema, se confirma el respaldo judicial a la política de la administración Biden en relación con la deportación selectiva de inmigrantes. Este fallo ha generado diversas opiniones y debates sobre el enfoque que debe adoptar Estados Unidos en materia de inmigración y cómo encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y los derechos de los inmigrantes.

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Jeralí Giménez

Miles de inmigrantes cuentan con el amparo de beneficios como el Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés), que aunque les ha permitido hacer una vida en Estados Unidos, no les ofrece una opción de residencia permanente. En esa lucha, hay congresistas intentando ayudarlos y a su vez reciben el apoyo de los interesados.

Así es como un grupo de beneficiarios del programa humanitario que forman parte de la organización CRECEN Houston, aplauden la reintroducción de la propuesta conocida como Ley HR6. Esta iniciativa trata de conseguir la residencia permanente a personas beneficiarias de TPS y otras poblaciones inmigrantes que carecen de estatus migratorio.

“Recibimos con mucha esperan- za las noticias de la reintroducción de HR6. En el pasado hemos cabildeado en el Congreso para lograr el apoyo en ambas cámaras y estamos listos nuevamente para caminar los pasillos del Congreso para lograr su aprobación”, dijo Teodoro Aguiluz, director ejecutivo de CRECEN Houston, una organización que ayuda a la comunidad inmigrante.

¿Qué busca la Ley HR6 para los tepesianos de El Salvador?

La propuesta, liderada por la congresista Sylvia García, abarcaría a personas que hayan vivido y trabajado en el país por más de tres décadas.

“La comunidad tepesiana tiene profundas raíces en Estados Unidos, tienen hijas e hijos ciudadanos estadounidenses, son parte activa de comunidades de fe, ofrecen empleo a personas ciudadanas estadounidenses y la mayoría han vivido más de

30 años de forma continua en este país”, sostuvo Aguiluz.

Con la HR6 (la Ley de Sueños y Promesas) se proporcionaría un ca mino legal hacia la ciudadanía.

“Estoy orgullosa de liderar la ley bipartidista del Sueño y la Prome sa Americana (HR6). Necesitamos un camino hacia adelante para una residencia permanente para las personas beneficiarias de TPS. Ninguna familia debe ser separada. Es hora de soluciones reales que inviertan en el sistema de inmigración de Estados Unidos para asegurar que siga siendo un país de esperanza y oportunidad para todos nosotros”, dijo la congresista Sylvia García.

Cabe destacar que la HR6 se presentó en 2019 y fue votada a favor por la Cámara de Representantes bajo el liderazgo de la congresista Nydia Velázquez. Posteriormente, Velázquez y la exrepresentante Lu- cille Roybal-Allard volvieron a presentarla en 2021.

Clara Donicia Santos Sandoval, una persona beneficiaria de TPS, expresó su apoyo a la ley, que también es un alivio para la economía:

“Solamente el Congreso puede legislar para protegernos de forma permanente. A nosotros nos dará seguridad y al país le ayudará a fortalecer la economía y dará estabilidad a miles de personas”, dijo.

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