Trabajador latino demanda empresas agrícolas del estado por tráfico de personas

Apolo Valdés

Un trabajador agrícola latino de Carolina del Norte presentó una demanda legal contra Lamm Farms, LLC y Alvarado’s Harvesting, LLC, por trata de personas y múltiples violaciones de los salarios mínimos estatales y federales, así como de horas extra.

El demandante, Axel Campos Arroyo, llegó a Carolina del Norte en el 2022 bajo una visa de trabajo temporal H-2A, reclutado por Lamm Farms y Alvarado’s Harvesting, LLC, señala la queja presentada por la División de Ayuda Legal de los Trabajadores Agrícolas (FWU) y Justicia Campesina (FJ). ¿Por qué se acusa a las empresas?

Campos Arroyo y sus compañeros de trabajo supuestamente enfrentaron condiciones laborales adversas, trabajando más de 60 horas a la semana bajo amenazas constantes de deportación y daño a sus familias.

Además, alega que no se cumplieron los salarios prometidos, así como la obligación de pagar deudas impuestas por los acusados como parte de un esquema de trata de personas.

El demandante también acusa de abuso, dice que obligaron a los trabajadores a realizar tareas que no estaban contempladas por el programa H-2A, incluyendo trabajos de construcción, donde trabajaron mucho tiempo sin compensación por horas extras. Además, se alega que los acusados confiscaron los pasaportes de los trabajadores y no proporcionaron información sobre las condiciones laborales.

Tuvo que escapar de la granja

La situación se volvió aún más tensa cuando el demandante logró escapar de la vivienda controlada por los empleadores, siendo luego acosado por llamadas y mensajes amenazantes, que le decían de una posibilidad de arresto y deportación.

Trent Taylor, abogado de Justicia Campesina (FJ), enfatizó que los propietarios de granjas no deben escapar de la responsabilidad si los contratistas de mano de obra agrícola violan la ley al traficar con trabajadores, declarando que nadie debería ser forzado a trabajar bajo amenazas, sin importar su origen o el trabajo que realicen.

“Muy a menudo, los propietarios de fincas delegan la función de re clutamiento de trabajadores a los contratistas de mano de obra agríco la, pero esto no debería protegerlos de la responsabilidad, cuando estos contratistas violan la ley”, declaró Trent Taylor, abogado de FJ. “Na die, sin importar de dónde sea o el trabajo que realice, debe ser obliga do a trabajar bajo la amenaza de su empleador”.

Axel Campos asegura buscar jus ticia para él y sus compañeros, pues las empresas continúan operando presumiblemente bajo el mismo esquema.

“Los acusados no le pagaron el salario prometido y exigido legalmente, lo sometieron a amenazas de represalias si se quejaba o hablaba sobre sus violaciones de la ley, y lo privaron del reembolso de los gastos de viaje que certificaron ante el gobierno federal que pagarían”, agregó el abogado.

Las organizaciones FJ y FWU di- jeron haber observado un incremento en la explotación de trabajadores agrícolas en la última década.

El demandante alega que una empresa agrícola lo obligó a trabajar largas horas por salarios insuficientes, además recibió amenazas.

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