NOVIEMBRE 20, 2019 AÑO 17 - No 948 www.lanoticianewspaper.com CONTACT@LNNEWSPAPER.COM
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“No es un crimen solicitar asilo en Estados Unidos”
Washington, 19 nov (EFEUSA).- La política del Gobierno de Donald Trump "Permanezcan en México", que obliga a los solicitantes de asilo centroamericanos a esperar en ese país una respuesta de EE.UU. a su petición, pasó este martes a examen del Congreso, donde los demócratas criticaron que se criminalice ese derecho. "No es un crimen solicitar asilo en Estados Unidos", apuntó el congresista Al Green durante una audiencia especial llamada "Examen de los derechos humanos y las implicaciones legales de la política del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) 'Permanezcan en México'". Durante dos horas, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja escuchó a abogados, expertos y funcionarios sobre las consecuencias de esta política ideada por la Administración Trump. La política de Protocolos de Protección al Migrante (MPP, en inglés), más conocida como "Permanezcan en México", empezó a aplicarse a finales de enero en tres puntos de entrada de la frontera común y en junio, con la venia de México en medio de las negociaciones para un acuerdo con Washington, se amplió a toda la zona limítrofe. ESPERAR EN UN LUGAR SEGURO Para la abogada Erin Thorn Vela, de la organización Texas Civil Rights Project, "no hay duda de que esta política ha erosionado el acceso de todos al asilo y la posibilidad de esperar en un lugar seguro". Thorn Vela consideró que la "seguridad" es un derecho para quienes buscan esta protección, y puntualizó que así está consagrado en los tratados internacionales, la Constitución y los "principios básicos" de humanidad. Esta experta denunció que en ocasiones los carteles mexicanos "secuestran personas y extorsionan familias por dinero", e incluso habló de personas que han sido maltratadas y torturadas. "Nadie debería estar en este programa", opinó la experta, quien lamentó que los solicitantes de asilo pueden ser víctimas de todo tipo de ataques "con impunidad y sin ningún Gobierno al que le importe". SIN ACCESO A LA JUSTICIA La abogada Laura Peña, quien ejerce de forma voluntaria para American Bar Association, lamentó que este programa prive a los solicitantes de asilo "del pleno acceso al sistema de justicia estadounidense". Peña admitió que su propia seguridad ha estado en riesgo cuando cruza a México, al relatar que en una ocasión hombres armados irrumpieron en el lugar donde se reunía con unos clientes. La abogada criticó las audiencias de inmigración -en su mayoría por videoconferencia- en las que se procesan a las personas que han presentado su pedido. Para la jurista, este sistema tecnológico es "poco confiable" y genera retrasos que pueden "traumatizar aún más a los solicitantes de asilo".
La representante demócrata estadounidense de El Paso, Texas, Veronica Escobar (C) hace declaraciones junto a la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (izquierda), la líder demócrata del Senado demócrata Chuck Schumer (2-R) y la senadora demócrata de Michigan Debbie Stabenow (R), durante una conferencia de prensa sobre la Ley de Verificación de Antecedentes Bipartidista, HR 8, en Capitol Hill en Washington, DC, EE. UU., 09 de septiembre de 2019. EFE/EPA/Michael Reynolds CRÍTICAS DEMÓCRATAS A juicio del congresista Green, quien representa al estado de Texas (en la frontera con México), cuando se trata a los solicitantes de asilo como criminales, de alguna manera se concluye "que está bien encerrar a sus hijos en jaulas". "Esta Administración concluye que los solicitantes de asilo son delincuentes. Y no son delincuentes", agregó. La congresista Verónica Escobar, también demócrata de Texas, consideró que los MPP han creado "un nuevo ecosistema de actividad criminal" en la frontera con México, que pone a los migrantes en "riesgo de violaciones a los derechos humanos y muchos peligros". Su colega, Nanette Barragán, indicó que el Gobierno de Trump está enviando a estos inmigrantes de vuelta a lugares "tan peligrosos como Siria", y señaló como "aún más insultante" que llamen a esto "protección".
Los habitantes de la frontera, hartos de los “abusos” de ICE y CBP Washington, 19 nov (EFEUSA).- "Les echan gases a los perros, se suben a lo tejados de nuestras casas, quiebran las tuberías del gas y entran en nuestras propiedades sin permiso". Esto que relata a Efe Lourdes Limón, residente de Sundland Park (Nuevo México) describe no la obra de una organización criminal, sino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés). Limón es miembro de una delegación integrada por 40 personas de la Red Fronteriza de Derechos Humanos (BNHR, en sus siglas en inglés) que acudió hoy a Washington para pedir a los legisladores aprobar la nueva Ley de Mejora de la Seguridad Nacional, promovida por la demócrata Verónica Escobar en el Congreso, donde fue aprobada en septiembre, y por el senador Tom Udall en la Cámara Alta, donde todavía tiene que ser ratificada. LA IMPUNIDAD DEL ICE Desde BNHR denuncian que el Departamento de Estado desarrolla operaciones a lo largo de la frontera sin tener respeto por las comunidades que residen en la zona y sin transparencia alguna. En una rueda de prensa celebrada hoy en la explanada del Capitolio, el director ejecutivo de esta organización, Fernando García, lamentó que "hay una impunidad histórica en las fuerzas del orden que se supone que deberían defender la Constitución, especialmente en la frontera". De esta impunidad se considera víctima Limón, quien acusa al ICE y a la CBP de "abuso de poder" y de llevar a cabo "acoso con el objetivo de intimidar"; algo que ve ejemplificado en que "las patrullas entran a los jardines en "quad" (vehículo todoterreno de cuatro ruedas similar a una motocicleta) "sin ningún tipo de orden judicial". "No es vida, no es sano para la familia vivir así", sentencia a Efe esta mujer. "ABANDONADOS A LA OSCURIDAD" POR TRUMP "Bajo la Administración de Trump las comunidades de la frontera han sido abandonadas a la oscuridad", señaló hoy en la misma comparecencia ante los medios el senador demócrata por Nuevo México Tom Udall. El representante de este estado fronterizo con México consideró que las políticas migratorias del presidente de EE.UU., Donald Trump, "han extendido el miedo entre las comunidades de la frontera sur, forzando a
niños a quedarse en casa y a personas a no acudir a citas con el médico". "Las comunidades han sido heridas por las políticas antimigratorias de esta Administración", sentenció el senador. Algo con lo que comulga Fernando García, que aseguró que los abusos por parte de las fuerzas del orden encargadas de la frontera son consecuencia de "cómo ha sido envenenada la retórica y la política en este país, especialmente contra los latinos". UNA NUEVA ESPERANZA Los integrantes de BNHR ven la nueva Ley de Mejora de la Seguridad Nacional aprobada en septiembre como una nueva esperanza para cambiar la situación y sus relacione con el ICE, las cuales definen como muy tensas. La congresista por El Paso, Verónica Escobar, máxima valedora de este nuevo texto legislativo, decidió acompañar la delegación de estos moradores de la frontera residentes en Texas y Nuevo México, entre otros. "Con esta ley pedimos al Departamento de Estado que haga lo mismo que han estado haciendo las fuerzas del orden locales en estas regiones, como obligar al uso de cámaras corporales", declaró Escobar a la prensa. El texto legislativo, que ha recibido el apoyo de candidatos a las primarias demócratas como Kamala Harris, Cory Booker y Elizabeth Warren, busca dotar de herramientas a cualquier integrante de las fuerzas del orden en la frontera para hacer saltar las alarmas cuando hay acciones fuera de lo normal, así como mejorar las relaciones con la población. Con ese objetivo el escrito, que aún debe ser aprobado en el Senado, propone la creación de la figura de un ómbudsman para promocionar un proceso neutral y confidencial, que admita quejas de cualquier persona contra el ICE y la CBP. La persona que ostentase este cargo sería también la encargada de llevar a cabo evaluaciones anuales, establecer un panel de control sobre estos dos cuerpos y requerir el uso de cámaras corporales por parte de los agentes. Por ello, la demócrata consideró que aprobar esta ley debería ser un objetivo "compartido por todo el mundo", pues busca mejorar el funcionamiento de las fuerzas del orden y la vida de quien viven en la frontera sur.