Sr. Miguel Ángel Osorio Chong Secretario de Gobernación México, D.F. - MÉXICO
De mi mayor consideración: Tengo el honor de dirigirme a Ud. con el propósito de transmitirle la preocupación de Human Rights Watch ante los limitados avances de México en casos de desapariciones forzadas y de personas llevadas ilegalmente contra su voluntad. Si bien esta grave crisis de derechos humanos comenzó durante el gobierno anterior, han ocurrido miles de casos durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y sigue afectando a muchísimos mexicanos en la actualidad. En febrero de 2013, Human Rights Watch publicó el informe “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, donde se documentan casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón. Como posiblemente recuerde, encontramos evidencias convincentes de que 149 de esos casos constituyeron desapariciones forzadas, en las cuales estaban involucrados agentes de todas las fuerzas de seguridad, incluidos el Ejército, la Marina, la policía federal y las policías locales. También documentamos que las autoridades en general no investigaban estas desapariciones, ni hallaban a las víctimas o perseguían penalmente a los responsables[1]. Cabe reconocer que, en respuesta a la publicación del informe, el gobierno de Peña Nieto admitió la gravedad del problema y anunció una serie de iniciativas destinadas a encontrar a personas cuyo paradero se desconocía, y a brindar asistencia a las víctimas y sus familiares. Sin embargo, desde entonces, los esfuerzos del gobierno se han visto eclipsados por demoras inexplicables y declaraciones públicas contradictorias, y las medidas adoptadas han tenido resultados muy limitados. Para evaluar cabalmente la respuesta del gobierno, Human Rights Watch realizó recientemente una misión de investigación a México, durante la cual se reunió con un amplio espectro de altos funcionarios gubernamentales, así como con abogados de víctimas, especialistas en seguridad pública, representantes de la sociedad civil y miembros de la comunidad internacional. Comprobamos que —aunque algunos funcionarios, especialmente en la Procuraduría General de la República, están genuinamente comprometidos con avanzar en la búsqueda de personas no localizadas y proveer asistencia a las víctimas— las actuaciones del gobierno en general están muy por debajo de lo requerido para asegurar que México cumpla con su obligación jurídica internacional de abordar esta crisis de derechos humanos.
Determinar la magnitud del problema