GREGORIO: ASESINADO POR INFORMAR Resumen ejecutivo Miércoles 19 de marzo de 2014, Ciudad de México
Los días 15, 16 y 17 de febrero, un grupo de 16 periodistas, algunos miembros de cuatro organizaciones de defensa de la libertad de expresión, integramos una Misión de Observación con el fin de investigar el secuestro y asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz. Viajamos a Coatzacoalcos y Xalapa y nos entrevistamos con más de 60 comunicadores: reporteros, editores y directivos de medios de información; con familiares y amigos de Gregorio, así como con autoridades estatales y federales. Tuvimos acceso al expediente que integró la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz y revisamos las notas publicadas por Gregorio en los seis meses anteriores a su asesinato. Visitamos el domicilio donde ocurrió el secuestro y el lugar donde fue localizado el cuerpo del periodista una semana después. Hoy presentamos este informe como resultado de ese trabajo en equipo, en el que analizamos las posibles causas que motivaron el crimen de Gregorio, el contexto en el que realizaba su trabajo y la actuación de las autoridades. El secuestro y asesinato del periodista Gregorio Jiménez no puede entenderse sin abordar el alarmante contexto de violencia en Veracruz, particularmente la zona sur de la entidad. La inacción del gobierno en materia de seguridad y justicia repercute de manera clara y decisiva en el trabajo cotidiano de los comunicadores. Estos factores explican la lista de periodistas asesinados, desaparecidos, desplazados y las muchas y constantes agresiones a la libertad de expresión en el estado. Es por esto que el presente informe incluye una radiografía del ejercicio periodístico en Veracruz: testimonios y hechos que sustentan las condiciones laborales precarias y riesgosas en las que los comunicadores trabajan. En cuanto a las investigaciones oficiales del caso, en el expediente del crimen de Gregorio Jiménez existen pruebas contundentes de que fue secuestrado y asesinado por su ejercicio periodístico; sin embargo, la autoridad ministerial evade reconocer que se trata de un ataque directo a la libertad de expresión por parte de un grupo del crimen organizado que opera en la zona sur de Veracruz.