El programa ‘Comercio Rural

Mínimo’ expande su presencia con nuevos establecimientos en la provincia de Valladolid

LV

La Diputación de Valladolid ha ampliado su red de comercio rural mínimo con la apertura de dos nuevos establecimientos en los municipios de San Pablo de la Moraleja y Bobadilla del Campo. Con estas incorporaciones, ya son 18 los establecimientos en funcionamiento en la provincia, desde el inicio del programa en 2011 con la apertura en Cuenca de Campos.

Este programa tiene como objetivo principal impulsar la innovación en el sector comercial rural y aumentar la competitividad de las pequeñas empresas locales, especialmente en municipios con una población cercana a los 300 habitantes. Además, contribuye a la creación y mantenimiento de empleo, mejora los servicios a la comunidad y a los turistas, apoya la fijación de población rural y promueve la comercialización de productos locales.

Desde 2017, la Diputación ha intensificado su apoyo a estos proyectos mediante una línea de ayudas de 30.000 euros para ayuntamientos de menos de 300 habitantes. Esta ayuda cubre hasta el 90% de los gastos de inversión en acondicionamiento de locales, con un máximo de

10.000 euros por proyecto.

Nuevas convocatorias para la apertura de establecimientos

En paralelo a estas nuevas aperturas, la Diputación ha lanzado una nueva convocatoria para seleccionar municipios que deseen implementar establecimientos de Comercio Rural Mínimo, dentro del proyecto de digitalización y promoción de la actividad comercial en zonas rurales de Valladolid. Este proyecto forma parte del Plan de Transformación, Recuperación y

Investigan a 40 personas en Valladolid por delitos urbanísticos en terrenos rústicos en Laguna de Duero, Cigales y Melgar de Abajo

LV

La Guardia Civil de Valladolid ha iniciado una investigación contra 40 personas por presuntos delitos contra la Ordenación del Territorio y Urbanismo en los municipios de Laguna de Duero, Cigales y Melgar de Abajo. Estas personas están acusadas de instalar viviendas móviles, prefabricadas o contenedores en suelos clasificados como «rústico común», violando la normativa urbanística vigente.

La investigación, denominada Operación «MOBILE HOME», comenzó en junio de 2023 con el objetivo de detectar construcciones ilegales en terrenos destinados exclusivamente a usos agrícolas o ganaderos.

Durante el proceso, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) centró sus esfuerzos en identificar y localizar viviendas que, camufladas como infraestructuras agrarias, eran en realidad residencias permanentes o temporales.

El «modus operandi» de los investigados consistía en instalar viviendas móviles o prefabricadas en parcelas agrícolas, atentando contra la naturaleza del suelo y vulnerando la normativa urbanística. Según los informes técnicos de los ayuntamientos implicados, los terrenos afectados están clasificados como «rústico de uso principal agrario», lo que impide su uso residencial sin las debidas autorizaciones.

Además, la investigación reveló que las parcelas en cuestión no cumplían con los requisitos mínimos de superficie para obtener autorizaciones destinadas a la construcción de casetas de aperos, que en ningún caso deberían ser utilizadas como viviendas. En muchos casos, junto a estas estructuras se encontraron elementos lúdicos como barbacoas, piscinas y pérgolas, lo que refuerza la sospecha de uso residencial.

Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation. Los ayuntamientos interesados pueden presentar sus propuestas para obras de construcción, reforma o adaptación de locales municipales. El plazo de ejecución de las obras no debe exceder los dos meses, y las solicitudes pueden presentarse hasta 15 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Otro hallazgo significativo de la investigación es que el valor de estas parcelas se incrementó considerablemente en las transacciones de compra-venta, en comparación con el precio habitual de terrenos rústicos dedicados a la agricultura. La operación concluyó con la imputación de 40 personas por realizar obras de construcción no autorizadas en suelo no urbanizable, delito tipificado en el artículo 319 del Código Penal. Las penas previstas para este tipo de infracción incluyen prisión de uno a tres años, multas de doce a veinticuatro meses y, en algunos casos, la demolición de las obras ilegales a cargo de los responsables.