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Movimiento Ciudadano evalúa resultados de las elecciones

Enrique Alfaro, Clemente Castañeda y Dante Delgado

MoviMiento Ciudadano

Durante la septuagésima segunda sesión ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional, se presentó la evaluación de los resultados de las pasadas elecciones en donde Movimiento Ciudadano (MC) se posicionó como la tercera fuerza en el ámbito nacional; asimismo se comenzaron los trabajos de cara al 2024.

Con la participación de la comitiva de Aguascalientes, encabezada por el coordinador estatal de MC, Gustavo Granados, se realizaron los trabajos para fortalecer y garantizar un buen gobierno por parte de los ciudadanos que asumirán un cargo de elección en las diputaciones, alcaldías y gubernaturas.

Durante la reunión se reiteró la importancia de fortalecer el MC, mismo que ha demostrado que no necesita ir en alianza para ganar elecciones, y que tiene viabilidad y la fuerza para construir un camino exitoso de cara al 2024.

En el evento, en el que estuvieron presentes Dante Delgado, Jorge Álvarez Máynez, Clemente Castañeda, Enrique Alfaro, Samuel García, Luis Donaldo Colosio Riojas, entre otros, se reafirmó el compromiso de representar de manera responsable a los ciudadanos en el que MC asumirá cada uno de los cargos y fortalecerá el proyecto de un buen gobierno y una representación auténtica de las causas de la ciudadanía.

El coordinador nacional de MC, Clemente Castañeda, mencionó que “ser oposición es justamente lograr que los gobiernos hagan mejor su trabajo, que no se trata de descarrilar a nadie para que ganen los otros, que no se trata de anular entre los poderes públicos, se trata de corregir el rumbo de México”.

Asimismo, Clemente Castañeda, mencionó que en MC se realizó el registro en todos y cada uno de los distritos federales, en el que se registraron a 140 hombres y 160 mujeres, materializando el arribo de las mujeres al poder político de México; por otra parte reconoció que los candidatos que participaron en el pasado proceso electoral, dieron una batalla incansable y ejemplar en medio de presiones de toda índole.

Se cae desafuero de Mauricio Toledo; el de Saúl Huerta Corona sigue vigente

/ aLeJandro CabaLLero

El dictamen a favor del desafuero del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Partido del Trabajo (PT), no podrá ser votado en el próximo periodo extraordinario de la Cámara de Diputados, porque en la Sección Instructora no alcanzó la mayoría absoluta de sufragios.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, informó lo anterior a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por lo que sólo el procedimiento de desafuero del legislador de Morena, Saúl Huerta Corona, se mantiene vigente.

De acuerdo con la exgobernadora de Yucatán, en la discusión del dictamen de Toledo Gutiérrez, efectuada el lunes en el seno de la Sección Instructora, sólo se emitieron dos votos a favor, de Pablo Gómez Álvarez y de Martha Ramírez Lucero, ambos de Morena, un voto en contra de Mary Carmen Bernal Martínez, legisladora del PT, y una abstención de Claudia Pastor Badillo, del PRI.

En el comunicado emitido por la Sección Instructora que preside Gómez Álvarez se informó que Pastor Badillo había votado a favor “exclusivamente para acompañar a la mayoría para que el dictamen pueda ser discutido en el pleno camaral”, y dio por aprobado el dictamen a favor del desafuero de Toledo Gutiérrez.

Sin embargo, en la versión estenográfica de la reunión de la Sección Instructora, realizada en la modalidad a distancia, se lee que la diputada del PRI solicita que se asiente en el acta correspondiente que en el caso de Toledo Gutiérrez “no tengo tomada una decisión, mi punto debe quedar registrado como abstención, pero tiene mi voto para que pase al Pleno de la Cámara. Que quede eso en actas”.

En la discusión del tema, el presidente de la Sección Instructora le insistió a la priista que no podía haber abstenciones, lo que fue rebatido por Pastor Badillo, quien sostuvo que su voto quedara registrado como abstención.

Por tanto, de acuerdo con Sauri Riancho, en la petición del periodo extraordinario de la Cámara de Diputados, que deberá realizar la Jucopo, sólo se podrá incluir el caso de desafuero del diputado de Morena Saúl Huerta Corona.

De aprobarse el periodo extraordinario por la Comisión Permanente, la Cámara de Diputados convertida en Jurado de Procedencia deberá votar la próxima semana el dictamen que, votado por unanimidad en la Sección Instructora, avala el desafuero de Huerta Corona.

El diputado de Morena está acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de los delitos de violación equiparada agravada contra un menor de edad y abuso sexual agravado contra un adulto.

Toledo Gutiérrez, quien está acusado por la misma fiscalía capitalina de enriquecimiento ilícito, ganó la reelección en los comicios del pasado 6 de junio y se salvó por lo pronto del desafuero.

Si la Fiscalía capitalina insiste en procesarlo deberá actualizar su petición de desafuero a la Cámara de Diputados y tocará a la próxima legislatura, que entra en funciones el próximo 1 de septiembre analizar su procedencia.

BC: gobierno de Bonilla “descabeza” el Sistema Estatal Anticorrupción

/ Jesusa Cervantes

El gobierno de Jaime Bonilla “descabezó” al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) al suspender a cinco consejeros, entre ellos el presidente del organismo, Eduardo Arredondo Uribe, y “removió y cesó” del cargo al secretario técnico Luis Irineo, quien fue electo por el Congreso local hasta 2024.

Los seis consejeros recurrieron al amparo, debido a que no son “servidores públicos” y no pueden ser suspendidos con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Con la medida tomada por el gobierno bonillista, el SEA prácticamente se quedó sin “consejeros ciudadanos”. Y los dos que aún se mantienen en el cargo, Ricardo Zurita y Edgardo Silva, quienes convocaron a sesión extraordinaria para suspender al consejero presidente, concluyen su periodo en nueve días más.

Así, el Sistema Estatal Anticorrupción estará representado únicamente por miembros de gobierno.

Además de la suspensión de los consejeros y el secretario técnico, la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza, retiró del cargo a la directora de Administración y Servicios, Yolanda Fierro. Y es que, en caso de faltar el presidente del SEA, era ella quien debía asumir el despacho. El SEA, pues, quedó “descabezado”.

El pasado 30 de junio, los consejeros Edgardo Silva y Ricardo Zurita, así como los síndicos de las ciudades de Tecate, Rosario y Ensenada, además de los representantes de la Auditoria Superior del Estado, de la secretaria de Honestidad y la Función Pública, y del Instituto de Transparencia, llamaron a “sesión extraordinaria”.

De acuerdo con el comunicado emitido y firmado por ambos consejeros -sin el membrete oficial del SEA-, se pudo sesionar luego de seis intentos fallidos.

En el ininteligible y confuso comunicado puede apreciarse que los seis consejeros del Sistema Estatal Anticorrupción, incluido el presidente, fueron suspendidos del cargo por no haber atendido seis convocatorias para sesionar.

Y no lo hicieron porque el propio Arredondo Uribe, quien fue electo por mayoría de votos, es el único que podía convocar a las sesiones del SEA.

En aquella sesión ilegal, los asistentes supuestamente comprobaron la falta de rendición de cuentas de 2020 o la falta de presentación del presupuesto 2021, así como la “comprobación de diversas ilegalidades por parte del secretario técnico: violaciones de leyes en el reglamento interior de la SESEA (Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción), ilegal retención de pagos de honorarios, ilegales nombramientos de personal de la SESEA, etc”.

Luego establecieron que, “tras la comprobación de diversas ilegalidades y faltas a su deber de diligencia y por causas plenamente justificadas y comprobadas, fue removido y cesado Luis Irineo (hace tres meses suspendido) como secretario técnico de la SESEA”. diciembre de 2019 el organismo elaboró un proyecto de recomendaciones, mismas que se centraban en pedir cuentas sobre “el escándalo de los moches” en los que habrían incurrido futuros funcionarios del gobierno bonillista, durante la etapa de transición, y lo referente a la entrega de dos notarías a la familia del último gobernador priista en la entidad, Xicoténcatl Leyva Mortera.

La sesión para avalar el proyecto sería en enero de 2020, sin embargo, los representantes del gobierno estatal no acudieron, evitando con ello el quórum necesario.

Aunque el SEA no puede investigar moches, malos manejos o entrega de notarías, cuenta con el respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, a través de un convenio de “vinculación”. Es decir que los hechos sobre los que se pronuncie el SEA, tienen que ser indagados por la UIF.

En marzo de 2020, la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza, acudió a la sesión convocada, pero únicamente para pedir que no volviera a reunirse el SEA hasta que no resolvieran algunos temas jurídicos.

Un año después, el 18 de marzo de 2021, el presidente del organismo, Eduardo Arredondo, convocó a sesión para aprobar el presupuesto de egresos, condición necesaria para la entrega de recursos, sin embargo, 10 de los 11 representantes de gobierno no acudieron, por lo que, otra vez, no se logró el quórum legal.

Ese día el presidente acusó directamente al gobernador, Jaime Bonilla, de haber instrumentado toda una operación política para que sus representados hicieran el vacío legal.

Los ataques en contra del SEA no cesaron. El 14 de abril pasado, elementos de la policía municipal pretendieron encarcelar al secretario técnico, Luis Irineo, luego de que representantes de la Auditoría Superior del Estado pidieron el acceso a las instalaciones para realizar una auditoría, y este se negó.

Lo anterior, explicó en su momento Luis Irineo, era ilegal, pues según la Ley del SEA, la única figura que puede hacer la auditoría es el llamado “órgano de control” que debe ser designado por el Congreso local. Hasta la fecha esa designación no ha ocurrido, por lo que, al no existir, la Auditoría Superior del Estado auditó al SEA en 2019 y 2020, tiempo de vida del Sistema.

Aquel 14 de abril, los auditores explicaron a Apro que sí estaban facultados para realizar la diligencia y mostraron la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. De acuerdo con su interpretación, la ley nacional sí les autoriza intervenir, pero del lado del organismo afirman lo contrario, por lo que la negativa del secretario derivó en una suspensión de tres meses. Y es justo a esta suspensión a la que se refirieron los consejeros Edgardo Silva y Ricardo Zurita.

Pero lo que no explicaron las autoridades en aquella ocasión –y tampoco lo hicieron los consejeros Silva y Zurita– es que no existe lo que se pretendía auditar, dado que la Secretaría de Hacienda estatal no ha entregado un solo peso del presupuesto 2021 porque esto se condicionó a la realización de una sesión del SEA, lo que no ha ocurrido por el vacío de los representantes de gobierno.