La eliminación de la Investigación Complementaria

Contrarreforma penal de la 4T,

Adrián Flores

A principios de enero se filtraron lo que parecían ser los últimos borradores de la iniciativa que serían enviados al Senado de la República con el afán de hacer cambios importantes en la reforma penal concretada en el 2008 y que, por ende, harían cambios relevantes en los órganos operadores de justicia. De inmediato comenzaron a surgir voces analíticas sobre lo que esta “contrarreforma” podría representar; la mayoría de ellas suponen que esta iniciativa es un retroceso en el sistema de justicia de México.

Las críticas también se hicieron presentes en la entidad a través del Consejo de Abogados del Estado de Aguascalientes, quien está llevando a cabo distintas mesas de análisis con expertos que previamente estudiaron la propuesta federal. Erick Monroy Sánchez, titular de dicha organización que reúne a 11 asociaciones civiles de abogados en el estado, explicó “la idea de organizar estas mesas de análisis de la contrarreforma penal filtrada como una propuesta de la 4T, es un ejercicio que tiene como finalidad el prevenir algunas cosas. Queremos sondear el sentir de la abogacía en Aguascalientes”. En el estado hay aproximadamente ocho mil abogados registrados ante el Poder Judicial; de ellos, se estima que mil 300 son litigantes; a su vez, existen entre 120 y 130 abogados penalistas. Aunque no todos los abogados son de materia penal, Erick Monroy Sánchez señaló que las posibles permutaciones en materia de proceso penal son un tema que les interesa a todos. Agregó que, como parte adicional al diálogo de expertos, a las propuestas obtenidas y a la discusión generada, se hará una relatoría de las mesas de análisis con el fin de hacerlas llegar el Gobierno Federal para que tomen en cuenta los puntos que se trataron en la entidad antes de tomar una decisión apresurada. Fotos Cristian de Lira

Entrega Poder Judicial certificaciones a mediadores

75 mediadoras y mediadores, públicos y privados, recibieron la certificación en la materia para 2020

En el Salón de usos múltiples del Edificio de Justicia Alternativa Penal, la magistrada presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Gabriela Espinosa Castorena, presidió el evento en el que 75 mediadores y mediadoras recibieron de manos de los magistrados del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia la certificación para el año 2020.

“Tenemos un gran compromiso con su difusión y crecimiento, buscando contribuir a construir una sociedad que transite del enfrentamiento al entendimiento. Son ya más de 18 años desde que se sembró la semilla de la justicia, de la paz en nuestro Tribunal, y 15 años desde que surgió legalmente el Centro de Mediación; haciendo un recuento de estos años, podemos tener la satisfacción de observar que al día de hoy el avance es innegable”, señaló la magistrada presidente.

Apuntó: “Busquemos construir en Aguascalientes la cultura del acuerdo, cambiando la idea de que la única justicia es la impartida por un Juez”.

“Ustedes como Mediadoras y Mediadores se preparan para la solución, son agentes de cambio social, siéntanse orgullosos de ello”, enfatizó Espinosa Castorena.

El evento contó con la presencia de Juan Rojas García, magistrado presidente de la Sala Civil; Juan Manuel Ponce Sánchez, magistrado presidente de la Sala Penal; Ma. de los Ángeles Viguerías Guzmán y el Mauro René Martínez de Luna, integrantes de la Sala Civil, así como Fernando González de Luna, integrante de la Sala Penal. Poder Judicial

“La idea de tener estas mesas recae en tener una opinión única de todo el gremio de los abogados, que haremos llegar mediante un documento al Senado de la República. Trataremos de entregarlo personalmente al senador Ricardo Monreal, quien es quien encabeza este tema de la contrarreforma penal. De alguna manera haremos escuchar la voz de Aguascalientes en el Senado”, indicó el representante del Consejo de Abogados.

El lunes 27 de enero se ejecutó la mesa de análisis titulada Condiciones actuales del sistema penal en México, donde participaron el académico, abogado penalista, Sergio Rodríguez Prieto, el exombudsman Jesús Eduardo Martín Jáuregui y el magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez. Ahí se señalaron siete puntos importantes que deben de reconsiderarse en la reforma legislativa al sistema de procuración y administración de justicia:

1.-La aplicación del arraigo para todos los delitos (lo cual se consideró por los tres expertos como uno de los retrocesos más importantes que integran la nueva reforma).

2.-La eliminación de la figura del Juez de Control. 3.-La eliminación del Auto de Vinculación a Proceso. 4.-La eliminación de la Investigación Complementaria. 5.-La eliminación de la Etapa Intermedia. 6.-Que el juez que participó en la investigación a su vez sea el que dicte la sentencia.

7.-Que se establezca la obligatoriedad al Órgano Jurisdiccional de imponer en todos los casos medidas cautelares.

Como ya se mencionó, la “contrarreforma penal de la 4T” no es poca cosa, tan así que propone cambios a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por su puesto, al Código Nacional de Procedimientos Penales.

El magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez fue quien inició la mesa de análisis al catalogar la nueva reforma como un atraso palpable en el sistema de justicia de México y que es incomprensible, puesto que con la reforma del 2008 se había dado un paso adelante para dejar los sistemas arcaicos y de corte inquisitivo con el que se estaba operando, esquemas similares al que se pretende llegar con los cambios formulados por el Gobierno Federal.

Añadió que, si bien el sistema que actualmente rige la justicia penal tiene sus déficits, es un mecanismo que ha ido creciendo poco a poco desde su implementación en el 2015 en la entidad y, por ello, hacer alteraciones como las sugeridas en los borradores de iniciativa son un entero retroceso. Explicó que las figuras como el arraigo, o el valor de la confesión en un caso, son espectros que ya pasaron y que dada la evolución de la sociedad -tanto en valores humanos como tecnológica- no deben de regresar, no al menos como se está planteando. También manifestó que culpar al sistema penal es una respuesta política para esclarecer que el mismo no está funcionando, lo que significa una salida fácil para el legislador que siempre, por su génesis, tendrá una raíz política. No obstante, la justicia va más allá de las legislaciones y el esquema que se opera; sí, si se tiene una estructura que contemple un mejor progreso esto resulta favorable para el estado, pero la realidad es que son distintos los factores que conllevan a la delincuencia o a la corrupción, además, se tiene que reforzar la confianza ciudadana y la denuncia; sin contemplar estos factores no se puede tener un avance como el esperado.

En su participación, Martín Jáuregui, aquilató que antes de hacer un cambio como el impulsado por el senador Ricardo Monreal, hay que visualizar cinco puntos que parten de un diagnóstico al problema de la falta de justicia que hay en México y que sustentan la ausencia de la misma: el crecimiento EN LOS DOCUMENTOS FILTRADOS DE LA PRÓXIMA REFORMA PENAL, SE PREVÉ REGRESAR A LA FIGURA DEL ARRAIGO PARA TODOS LOS DELITOS; DICHA FIGURA SE PRESTABA PARA TORTURA O EXTORSIÓN