La eliminación de la Etapa Intermedia

retroceso en materia de justicia

exponencial de la inseguridad “no ha disminuido la inseguridad, al contrario, se ha agravado”, aseguró el maestro; la persistencia de la corrupción en el sistema de justicia penal que viene desde administraciones y esquemas de tiempo atrás; por ende, existe un alto grado de impunidad; el desconocimiento de los mecanismos de justicia penal; y, por último, la ineficiencia de los mismos como consecuencia de la falta de conocimiento.

Uno de los señalamientos más pertinentes y en el que los tres académicos coincidieron es en la falta de mecanismos de evaluación de eficacia del derecho, es decir, no hay órganos independientes que analicen y discutan contra las leyes para verificar si realmente están fungiendo con la enmienda por la que fueron creadas, lo cual genera un estancamiento legislativo en relación con su eficacia. Martín Jáuregui explicó lo anterior distinguiendo dos tipos de derecho, el operante y el eficaz. El primero es el derecho que tenemos, el que rige y del que todos pueden constar; el segundo es el derecho que verdaderamente está cumpliendo con los objetivos por el que fue creado, el que dicta que, en efecto, se estén cumpliendo las metas por las cuales esa ley fue gestionada. En tanto no exista un organismo evaluador de normas es difícil saber cuál es el avance real de un sistema de justicia. Dijo también que se debería regular en la exposición de motivos de las leyes la especificación de cuáles, cuántos o para cuándo se podrían ver los resultados, lo que podría complementar el órgano calificador de leyes.

El modelo que se está planteando por la 4T para el sistema penal necesita ser rediseñado para evitar atrasos que ya se habían dejado en el pasado. El exombudsman detalló que la poca confianza ciudadana es parteaguas para que existan pocas denuncias, por lo que la participación ciudadana debe de ser primordial en el planteamiento de un esquema novedoso.

Tanto Sergio Rodríguez Prieto como Martín Jáuregui concordaron en que otro de los impedimentos para tener un sistema de justicia eficaz y eficiente es la falta de profesionalización adecuada en las universidades y facultades del derecho, ya que los programas de estudio están empedernidos en los métodos arcaicos de la abogacía, lo que no permite un desarrollo concreto para observar nuevas oportunidades. Rodríguez Prieto cuestionó sobre si era necesaria una reforma en el actual Sistema Penal Acusatorio y respondió: “Por supuesto que sí es necesaria una reforma, pero no para irnos hacia atrás, sino para realmente concretizar a plenitud la estructura del nuevo sistema penal”. Una de las recomendaciones que desde su perspectiva Sergio Rodríguez Prieto hizo, fue la creación de una Legislación Penal única que sirva como oriente para seguir en las entidades federativas. En la contrarreforma de la 4T se implica también un Código Penal general que regirá a todos los estados y que invalidaría los códigos estatales, aunque, habrá que destacar que se permitirán adecuaciones con base en las necesidades de cada estado; por ejemplo, algunas entidades tienen problemas serios de abigeato, cosa que no se presenta de tal manera en Aguascalientes, por lo que el Código Penal general tendría que permitir adecuaciones en ciudades donde esa problemática es más grave o tenga mayor resonancia. Sin embargo, el Código Penal general no es la misma figura que la Legislación única que menciona el reconocido penalista, puesto que la propuesta del Código Penal general que se filtró en los documentos muestra una normativa con un modelo del siglo XIX y que se aleja del progreso para la justicia penal.

El mecanismo del sistema acusatorio, según el abogado penalista, no ha funcionado por el desconocimiento de las bases teóricas que dieron sustento a la misma reforma (2008) que obligó su implementación. Ello lo ligó directamente con el retraso ya mencionado de las universidades y facultades de derecho.

Uno de los puntos más criticados de la iniciativa federal y en el que los tres expertos combinaron, es el del retorno de la figura del arraigo lo que representa un severo retroceso. En el sistema tradicional o inquisitivo este concepto se prestaba para extorsión del presunto sospechoso; con la reforma del 2008 esta figura pasó a segundo plano, sólo dejando esa posibilidad a quien “cometía” ilícitos graves o de alto impacto, y ello fue catalogado como un avance en el respeto de los derechos humanos a través de la justicia penal. Con la contrarreforma filtrada, se prevé el regreso del arraigo y de la prisión preventiva para todos los delitos.

En distintas ocasiones las instancias en pro de los derechos humanos han estado en contra de la figura del arraigo, en el 2012 la Comisión de Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, publicó una investigación titulada La Figura del Arraigo Penal en México, el uso y su impacto en los derechos humanos, realizada con el afán de exponer la necesidad de borrar este concepto por cuestiones de violación de los derechos humanos. En ese texto se expuso lo siguiente: “Debido a que el arraigo es por sí mismo violatorio de los derechos a la libertad personal y de tránsito, a la presunción de inocencia, al debido proceso legal, y al honor, diversos actores se han pronunciado contra el arraigo, no solamente desde la comunidad de personas defensoras de derechos humanos o la academia, sino también desde el Poder Judicial, los organismos públicos de protección de los derechos humanos y el Congreso”. Lo anterior porque en el 2011 la, en ese entonces la Procuraduría General de la República (PGR) -ahora FGR-, había mostrado interés en ampliar el arraigo, situación preocupante para las garantías individuales.

Con lusiones de la primera mesa de análisis Las propuestas en las intervenciones de Juan Manuel Ponce Sánchez son en dirección a que sí se necesita un ajuste en el sistema actual, pero no en la dirección que la contrarreforma propone, pues eso representa una paralización en materia de derechos humanos. Martín Jáuregui concluyó enfatizando en la importancia del derecho eficaz y de la implementación de una mecanismo que realmente evalúe al órgano operador de justicia, así como las legislaciones alrededor de él; también recalcó que el regreso del arraigo y de la prisión preventiva como se está proponiendo es completamente retrógrada. Sergio Rodríguez Prieto apoyó la moción de mejorar la enseñanza del derecho penal en los institutos de educación, en el sentido de dejar atrás los esquemas vetustos, y apoyó la unificación de la legislación penal como oriente para partir y estructurar un nuevo esquema.

Hoy se llevará a cabo otra mesa de análisis en la que se tratará el tópico “sistema garantista vs sistema inquisitivo” que complementa el diálogo que se llevó a cabo ayer entorno a “un Sistema Penal Garantista en una sociedad de alto grado de criminalidad”.

El Sistema Penal Garantista es un tema que se está debatiendo en las mesas de análisis de los sistemas de justicia penal y al que algunos penalistas le tienen fe, sin embargo, su estudio no ha sido debidamente difundido. Es por lo anterior que es importante asistir, no sólo como abogado, sino como ciudadano, para ver qué opciones hay para mejorar la justicia en México.