GAbriel soriAno

bAjo prEsión Gazmoñería

EdilbErto Aldán

No hay nada más eficaz para exhibir las fallas de un sistema que la transparencia, aunado a la rendición de cuentas y la máxima publicidad, se dispone de un juego de herramientas que auxilia a la impartición de justicia y promueve la participación ciudadana. No exigir a las instituciones que los lineamientos establecidos el Sistema Nacional Anticorrupción y dejar todo a la voluntad de los hombres es una petición insensata y que alienta la opacidad, pues deja a la interpretación de los individuos toda la responsabilidad.

Por sí misma, la Guía ética para la transformación de México, propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no es un mal documento, son 20 principios desglosados en valores y preceptos que se haría bien en tomar en cuenta como ciudadanos: “Del respeto a la diferencia; de la vida; de la dignidad; de la libertad; del amor, del sufrimiento y el placer; del pasado y del futuro; de la gratitud; del perdón; de la redención; de la igualdad; de la verdad, la palabra y la confianza; de la fraternidad; de las leyes y la justicia; de la autoridad y el poder; del trabajo; de la riqueza y la economía; de los acuerdos; de la familia y, de los animales, las plantas y las cosas”.

Es difícil pensar en alguien que no esté de acuerdo en que las personas deban seguir alguno de estos lineamientos, sí creo que algunas de ellas podrían ayudar a ser mejores individuos. El problema es que el gobierno federal plantea que se deben seguir estos principios para apoyar la transformación de un país en que las conductas individuales fueron afectadas por el modelo neoliberal, hasta convertir esos malos procederes en un sistema. La Cuarta Transformación considera las políticas de los regímenes anteriores como una enfermedad que, al contagiar a la sociedad, nos convirtió a la mayoría en seres despreciables, personas que actúan de mala manera sólo por el hecho de vivir en un país gobernado por el PAN o el PRI.

Este pensamiento está en la misma línea de simplicidad de aquella consideración de Enrique Peña Nieto acerca de considerar la corrupción como un fenómeno cultural, una fuerza que nos obligaba a comportarnos así, cuando el problema es la normalización de las prácticas corruptas, el andamiaje de un sistema que alienta, procura y se sirve de ellas.

Si esto es de por sí ya grave, la simplicidad de esta guía es denigrante cuando se refiere a las víctimas. Es inmoral demandar a una víctima que perdone cuando tenemos un sistema que funciona a partir de la impunidad. La Guía propuesta por la Cuarta Transformación, como todas las buenas intenciones de López Obrador en su combate a la corrupción, es superficial, apuesta al buen comportamiento de los individuos y no se propone desmantelar el andamiaje institucional, ni incidir en las conductas que en la esfera privada vulneran la dignidad y los derechos de las personas.

“Pide perdón si actuaste mal y otórgalo si fuiste víctima de maltrato, agresión, abuso o violencia, que así permitirás la liberación de la culpa de quien te ofendió”, se atreve a aconsejar la Guía de la Cuarta Transformación, y en nada es distinto a la gazmoñería con que los muy devotos, a lo largo de nuestra historia, han tratado de guardar las apariencias.

Con esta Guía, la Cuarta Transformación se exhibe como un gobierno irresponsable con su actuar, porque de todo responsabiliza a quienes cree sus súbditos, a quienes no se someten al orden propuesto.

Coda. “Cristo quería a los justos, habitaba las buenas conciencias, pertenecía a los hombres de bien, a la gente decente, a las buenas reputaciones. ¡Que cargara el diablo con los humildes, con los pecadores, con los abandonados, con los rebeldes, con los miserables, con los que quedaban al margen del orden aceptado!”, de Las buenas conciencias, de Carlos Fuentes.

Sin una vigilancia efectiva, la prevención de actos de violencia política de género

Gabriel Soriano

Son permisivas las acciones que se implementaron para prevenir y vigilar actos de violencia política de género, consideró el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iván Alejandro Sánchez Nájera.

Ya inició el proceso electoral para el próximo ejercicio democrático que se llevará el próximo año en donde se elegirá las diputaciones federales y locales, así como a los alcaldes para los once ayuntamientos.

Previo a ello, desde el Congreso del Estado se reformó el Código Electoral del Estado de Aguasca-

adrián FloreS

Este domingo 29 de febrero el nuevo coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Gustavo Granados, presentó una convocatoria con la cual buscarán que el 50% de las candidaturas para el siguiente proceso electoral 2021 provengan de la participación ciudadana y no sólo de actores políticos ya conocidos. Dentro del margen de las postulaciones que hagan por parte de MC se aseguró respetarán la paridad de género para una participación equitativa entre mujeres y hombres.

“¿Qué buscamos con esta convocatoria? Por ejemplo, que haya sectores de la población que hoy necesitan estar representados en el Congreso del Estado. Queremos que, por supuesto, todos estén, hombres y mujeres”, dijo el ahora abanderado por el color naranja, Gustavo Granados. Agregó que también se pretende que a través de esta convocatoria la comunidad universitaria, representada en una figura consensuada, pueda llegar el legislativo local: “Que lientes para reconocer la violencia política contra las mujeres, así como para establecer medidas de prevención y sancionar aquellas personas, actores políticos o partidos que busquen limitar o anular la participación de mujeres tratándose de precandidaturas, candidaturas y funciones para cargos públicos.

El presidente estatal PRD, Iván Sánchez Nájera, dijo que son pertinentes las reformas que se han hecho para reconocer este tipo de violencia en la política, sin embargo, resaltó que hace falta una mayor regulación y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la ley.

El dirigente recordó que, tras las reformas antes mencionadas, no los universitarios lleguen al Congreso, que haya un universitario que tenga la representación a través de MC para que encabece la defensa y las causas universitarias”.

De cara a los procesos electorales venideros, MC aseguró que en Aguascalientes se buscaría contender para las 11 alcaldías, las tres curules de diputación federal y las 18 locales. Cuando el partido hizo su pronunciamiento en el estado, el senador Dante Delgado Rannuro, dirigente nacional del partido, dejó claro que no harían ninguna alianza partidista para las siguientes elecciones.

Gustavo Granados reiteró que MC no busca ninguna alianza con partidos políticos como lo hicieron en otros procesos, en cambio, dialogarán con colectivos y asociaciones civiles que buscan el bienestar sopodrá participar en el ejercicio electoral aquellas personas que tengan antecedentes de violencia política. El requisito para validar esto será únicamente una carta de buena intención en donde bajo protesta a decir verdad se debe señalar que no ha sido objeto de estas acusaciones.

“Es una vigilancia sumamente permisiva. Por nuestra parte, vigilaremos a profundidad para que nadie de los que abandere un instituto político esté en esta situación”, dijo. Aseguró que desde el PRD se establecerán todas las medidas pertinentes para garantizar la participación por igual de hombres y mujeres y evitar cualquier acto de

Movimiento Ciudadano convoca a ciudadanía para candidatearse en el próximo proceso electoral

Aseguran que se respetará la paridad de género para una participación equitativa entre mujeres y hombres

violencia política de género. | Foto Movimiento Ciudadano cial para ofrecerles un lugar como candidatura. Además de tratar de incluir a líderes de estos colectivos, mencionó también que se pretende invitar a algunos académicos e intelectuales para unirse a MC y reconfigurar la agenda política.

Quienes quieran participar deberán ser mayores de edad, presentar su 3de3, firmar una carta de no corrupción. No podrán integrarse si ya antes habían sido candidatos.

Una vez que estén aprobados por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE) los lineamientos para la paridad y se hayan dictaminado los perfiles internos a postularse, será cuando se determinará de qué manera se lanzarán a los candidatos. En MC aseveraron que no hay espacios reservados para militantes y cumpliendo con la paridad es como se seleccionará a cada uno de ellos.

Los gobers rebeldes sólo tienen 23 mil seguidores. Y muchos gastos sin aclarar

Presumen que gobiernan a 40 millones de mexicanos, hacen reuniones con gastos opacos, se distraen de sus estados. La Alianza Federalista está en pie de guerra con la Federación ¿Y sus gobernados?

EME | EQuis

En las oficinas de gobierno de diez entidades del país ya se hicieron bolas. Por ningún lado aparecen registros de montos de recursos públicos, viajes en aeronaves oficiales y horas dedicadas a las diversas actividades de los mandatarios estatales que integran la llamada Alianza Federalista. Y aunque gobiernan a más de 40 millones de mexicanos, llama la atención que apenas tienen 23 mil seguidores en la cuenta de Twitter de la rebelión.

Desde el 7 de septiembre –fecha en que cinco gobernadores del PAN, dos del PRI, uno del PRD, uno de MC y un independiente realizaron, en Chihuahua, el anuncio oficial de su separación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), y la creación de la Alianza Federalista–, en los círculos políticos de esos estados, pero sobre todo en los corrillos ciudadanos, se siguen preguntando si la agenda de estos mandatarios realmente responden a la agenda de sus gobernados o a una agenda político-electoral de corto plazo.

Y es que, nos dicen, a los gobernadores de Aguascalientes, Colima, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Durango, Nuevo León y Tamaulipas cada vez se les ve menos en sus estados atendiendo los problemas de primera línea (seguridad, contingencia sanitaria, reactivación económica, feminicidios) y progresivamente se les advierte más ocupados en atender sus respectivos compromisos “personales” en las reuniones de la Alianza Federalista.

El asunto es que en los “círculos rojos” de esas entidades también se habla de los “otros datos”, como una calca de lo que ocurre en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En esos ambientes se habla, por ejemplo, de que los dos únicos estados de la República que están en “Semáforo Rojo” por la pandemia de Covid-19 son los que gobiernan dos panistas de la Alianza Federalista, el chihuahuense Javier Corral Jurado y el duranguense José Rosas Aispuro, mientras que apenas este miércoles se reveló que los dos estados que encabezan la lista de desapariciones de personas son los gobernados por Enrique Alfaro (Jalisco) y Diego Sinhue (Guanajuato).

Gastos por aclarar

Hace un mes y medio, EMEEQUIS realizó diversas solicitudes de información –a través de la Plataforma Nacional de Transparencia– a los gobiernos estatales que integran ese bloque opositor, para conocer cuánto han gastado estos gobernadores en los distintos encuentros de la Alianza Federalista, así como las horas que han destinado a estos compromisos.

Las respuestas han sido simples: no hay datos de esos asuntos.

En las secretarías de Finanzas y de Gobierno, así como los despachos de los gobernadores y unidades auxiliares, se echan la bolita sobre gastos y agendas de los gobers federalistas, al argumentar que no hay información sobre esos temas porque forman parte de las actividades propias de un mandatario estatal.

Jalisco fue el único en dar información a medias, al señalar que “no se ha destinado ningún recurso económico para la promoción denominada Alianza Federalista y, en cuanto a los recursos erogados para las actividades y organización en general, únicamente se ha erogado la cantidad de 95,588 pesos en un evento celebrado en la Ciudad de México en el mes de septiembre.

En cuanto a las horas destinadas a las reuniones de la Alianza Federalista, el secretario particular del Despacho del gobernador Enrique Alfaro informó, a través de la Coordinación General de Transparencia del Estado de Jalisco, que “no se cuenta con un registro de horas destinadas a las actividades citadas en la solicitud (de la Alianza Federalista), para considerarse que, por una parte, el gobernador del estado no tiene un horario de labores específico ya que, por la naturaleza y relevancia de sus atribuciones y responsabilidades está disponible en todo momento según se requiera y, por otra parte, no existe normatividad alguna que obligue a generar el registro referido”.

Y aunque ya son seis las reuniones de los diez gobers aliancistas desde su constitución –en Chihuahua, Chihuahua, el 8 de septiembre; en la Ciudad de México, el 23 de septiembre; en Aguascalientes, Aguascalientes, el 12 de octubre; el 26 de octubre en un mensaje virtual de cada gobernador desde su estado, denominado “cierre de filas”; en Morelia, Michoacán, el 1 de noviembre, y en Guadalajara, Jalisco, el 20 de noviembre–, no se sabe aún si los recursos para la organización de estos eventos, el costo de la logística, el traslado de los mandatarios y sus comitivas, el despliegue de seguridad en cada encuentro, salen del bolsillo de los gobernadores, de un patrocinio de la iniciativa privada, de una “coperacha”, o de recursos públicos de cada estado.

Esas son las grandes dudas que se comentan en los estados gobernados por los panistas Javier Corral, José Rosas Aispuro, Martín Orozco Sandoval, Diego Sinhue y Francisco García Cabeza de Vaca; de los priístas Ignacio Peralta y Miguel Ángel Riquelme; del perredista Silvano Aureoles Conejo; del independiente, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, y de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano.

Muchas dudas

Dudas sobre el origen de los recursos destinados a este bloque. Dudas sobre la transparencia de los dineros que se canalizan a ese frente opositor. Dudas sobre las horas invertidas en esta aventura llamada Alianza Federalista. Dudas sobre la posibilidad de que los mandatarios estatales estén más distraídos con ese “juguetito nuevo” que en las problemáticas de sus respectivos estados.

Y otra cosita: también se habla en esas entidades sobre la representatividad real de este bloque.

Y es que el 1 de agosto –cuando nueve de los diez gobernadores de este frente exigieron la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo LópezGatell– aseguraron que son “los gobernadores de 40 millones de mexicanos”.

Pero a EMEEQUIS nos comentan que sólo hay que ver el número de seguidores que tiene la Alianza Federalista en Twitter. Y sí. Hasta el sábado 28 de noviembre por la tarde eran 23,451 seguidores de ese frente opositor.

/ José Gil olMos

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende un cambio de régimen político, es necesario que concentre el poder y centralice las decisiones clave, pues detonar una transformación social sustantiva y desmontar un sistema de privilegios para una élite corrupta sólo puede realizarse desde la restauración de un presidencialismo fuerte, sostiene el historiador y analista Lorenzo Meyer.

Ahora bien, aclara: “Hay de presidencialismos a presidencialismos. No es lo mismo uno autoritario en un sistema concentrador de privilegios –como el de Miguel Alemán o el de Carlos Salinas de Gortari–, que el actual, afincado en una base electoral amplia y real, a la que se movilizó hacia las urnas en pos de un proyecto colectivo que implicaría rupturas con el pasado”.

En el contexto del segundo año de gobierno de López Obrador, Meyer, doctor en historia y relaciones internacionales y profesor emérito de El Colegio de México, contestó por escrito un cuestionario que le envió Proceso.

En sus respuestas aborda, entre otros temas, la concentración del poder del actual mandatario, su estilo sui géneris de gobernar, su “estrecha relación” con las Fuerzas Armadas y el “logro” diplomático de haber evitado un choque frontal con el presidente estadunidense, Donald Trump. –Después de dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿México vive un cambio de régimen o un cambio de gobierno con un Ejecutivo que tiene mayoría en el Congreso? –Eso no se puede responder cabalmente ahora. México vive una coyuntura crítica en materia política, pero aún es imposible predecir si efectivamente el desenlace será o no un cambio de régimen que, en todo caso, es uno de los procesos políticos más difíciles de llevar a cabo en cualquier época y circunstancia. –¿Cómo se entiende ese cambio con la centralización del Ejecutivo en la toma de decisiones? –Históricamente todo cambio de régimen político –y eso es efectivamente lo que pretende llevar a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador– implica un mayor grado de concentración del poder y centralización de las decisiones políticas clave. –¿Existe la tendencia a la restauración de un presidencialismo fuerte? –Sí, pero hay de presidencialismo a presidencialismos. No se pretende, hasta donde entiendo, restaurar presidencialismos fuertes al estilo de Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz o Carlos Salinas. Un presidencialismo autoritario en un sistema concentrador de privilegios en una élite del poder.

“El presidencialismo actual tiene una base electoral amplia y real, a la que se movilizó hacia las urnas anunciándole que el propósito final era detonar un cambio social sustantivo, un proyecto colectivo que implicaría rupturas con el pasado. Y ese tipo de ruptura no lo puede llevar a cabo una presidencia débil.” –¿Qué logros destaca de estos dos años? –Por un lado, los primeros efectos de un esfuerzo contra la enorme, a veces increíble, corrupción que caracterizó a México desde tiempo atrás, pero, sobre todo, en las últimas décadas.

“Por el otro, el esfuerzo de avanzar en un empeño que, igual que el anterior, sólo se logrará en un tiempo largo, y eso suponiendo que tenga continuidad: el hacer sentir a los grupos socialmente menos favorecidos y demográficamente mayoritarios que el gobierno no es un aparato ajeno, sino uno que realmente es suyo y representa sus intereses.” –¿Cómo valora la actuación de los poderes Legislativo y Judicial en este periodo de gobierno? –Les falta mucho para estar a la altura de la coyuntura histórica, tanto al partido del presidente como a los de oposición. El Poder Judicial sí se ha renovado en su cúpula, pero no es gratuita la desconfianza popular respecto del sistema de justicia en su conjunto. –¿Hay bases para pensar que vivimos un gobierno de izquierda en lo social y conservador en lo económico? –Por ahora sí. Los intereses económicos creados, los de la derecha, son muy fuertes y como no se intenta, porque no se puede ni se quiere, dar forma a una alternativa al sistema capitalista, pues entonces no se puede prescindir de los capitalistas, ni siquiera del T-MEC, que une a la parte moderna de la economía mexicana a lo que es el centro del capitalismo: la economía norteamericana. –¿Es correcto hablar de un nuevo populismo a partir de sus programas de Bienestar? –No hay una definición de populismo universalmente aceptada, pero en general el concepto de “populismo de izquierda”, también lo hay de derecha, implica movilizar políticamente a sectores amplios de las clases subordinadas e históricamente con poca representación, no para proceder a la abolición del sistema capitalista, sino para algo más modesto, más factible: moderar la brutalidad social propia del mercado.

“Se trata de enfrentar con apoyo popular y desde el gobierno a una élite muy excluyente, a una oligarquía montada sobre una estructura de poder claramente percibida como corrupta y extractiva en exceso, y que se ha convertido ya en un obstáculo a un desarrollo económico y social que distribuya de manera más equitativa las cargas y las recompensas de los esfuerzos colectivos y que dé sentido al concepto de nación.”