El gobierno del estado de Yucatán está obligado a detener de manera inmediata todos aquellos proyectos públicos y/o privados que se estén desarrollando o se pretendan realizar en territorios que pertenecen o en donde se encuentren asentadas comunidades mayas hasta no obtener su consentimiento expreso, concluye el informe “Mix Máak” (Los Nadies), sobre derechos del pueblo maya, presentado por el Equipo Indignación.