Madrid15m nº 33, febrero 2015

JUAN ZARZA/DISOPRESS

La PAH recupera un nuevo bloque del ‘banco malo’ en Vallecas

Especial: 4 años con el 15M tomando las calles [1 de 4]

Pág. 7

Páginas centrales

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EJEMPLAR GRATUITO

Nº 33 – FEBRERO 2015M

PERIÓDICO DE ASAMBLEAS DEL 15M

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administracion@madrid15m.org

Reforma universitaria: Wert ataca de nuevo Pág. 4

madrid15m

Código Penal, grave retroceso para las libertades Págs. 2-3

20 de febrero: #DefiendeCadete Pág. 6

@madrid15m

El becario apunta, la Oficina Precaria dispara Pág.8

Compromiso por una gestión pública y participativa del agua Pág. 9 Vecinos de Lavapiés acuden a paralizar el desahucio de una vecina. DAVID FERNÁNDEZ/DISOPRESS

Si el Partido Popular consigue imponer su Ley Mordaza

Parar desahucios será delito con multas de hasta 30.000€

Páginas 2 y 3

El Supremo declara ilegales cuatro artículos del reglamento de los CIE Permitían a los funcionarios realizar registros con desnudo integral y limitaban la posibilidad de la agrupación familiar PABLO ORTEGA

Pág. 5

NO BEBAS

SI EN MADRID NO SE FABRICA, EN MADRID NO SE BEBE

DERECHOS HUMANOS

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Nº 33 FEBRERO 2015M

La Ley Mordaza nacerá muerta Iniciativas sociales y partidos políticos se unen en un compromiso para la derogación de la abominable Ley de Seguridad Ciudadana

Acto por la retirada de la Ley Mordaza en el Ateneo de Madrid. ADOLFO LUJÁNPie. /DISOPRESS FOTERO

NO SOMOS DELITO

E

l Ateneo de Madrid acogió el pasado día 3 de febrero el acto por la retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana, donde grupos parlamentarios de la oposición, exceptuando a UPyD, CIU y PSOE, y partidos sin representación parlamentaria como Podemos firmaron un compromiso con la ciudadanía de derogación de la ley en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura.

En este encuentro, al que asistieron más de 300 personas como testigos del acto de firma, participaron organizaciones sociales de toda índole

AMNISTÍA INTERNACIONAL

A

mnistía Internacional lamenta que se haya aprobado un Código Penal que dificulta el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica y se olvida de los crímenes de derecho internacional.

Este nuevo Código Penal modifica los delitos contra el orden público, crea algunos nuevos y aumentan las penas contra los manifestantes sin justificación alguna. Por ejemplo, se sanciona de manera más grave el delito contra la autoridad cuando se produce en el contexto de las manifestaciones, y se castiga la resistencia pacífica grave hasta con penas privativas de libertad.

Para Amnistía Internacional,

(sindicatos, ONG, partidos y colectivos ciudadanos) en una asamblea abierta al público en la que se compartieron propuestas y compromisos en torno a un mismo objetivo: parar la Ley Mordaza. En la asamblea, los representantes de diferentes iniciativas sociales hablaron sobre las implicaciones de esta ley y de cómo se vulneran derechos fundamentales que son propios de un sistema democrático.

Greenpeace, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Defiende a Quien Defiende, Avaaz, las Marchas de la Dignidad 22M, Democracia Real Ya y Madres Contra la Represión señalaron cómo es-

ta ley lo que intenta es reprimir el libre ejercicio del derecho de reunión y manifestación. “En un momento crítico en el que señalamos la oligarquía energética y los intereses que dañan al medio ambiente, vemos amenazada nuestra actividad con sanciones para los activistas más comprometidos. Nos quieren fundir a multas”, denunció Miguel Ángel Soto, de Greenpeace.

Amnistía Internacional y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información apuntaron la amenaza que esta ley supone hacia derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información. “Pone en

riesgo derechos fundamentales, impidiendo que periodistas y ciudadanos puedan grabar y difundir injusticias”, señaló María Serrano, de Amnistía Internacional.

La Asociación Libre de Abogados (ALA) y Legal Sol 15M advirtieron de la limitación que esta ley supone a nuestro acceso a la justicia. “Esta ley no viene sola, sino que va acompañada de un paquete de reformas como el Código Penal, la Ley de Tasas, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con las que se señala a quien roba en un supermercado, pero no a quien comete grandes fraudes”, afirma Alejandro Gámez, de ALA.

SOS Racismo, Pueblos Unidos, Cáritas y la Plataforma del Tercer Sector alertaron del ataque directo hacia los derechos de las personas migrantes y en situación de vulnerabilidad social. “Los inmigrantes se ven doblemente afectados por estas leyes que dividen a las personas en ciudadanos de primera y de segunda”, según explicó Isabel Elenku, de SOS Racismo.

Por último, Ganemos Madrid, Confederación Pirata y Attac se pronunciaron sobre cómo esta ley afecta a la política social y económica. “Esta gran cascada de leyes en el plano económico va en paralelo a una serie de tratados de libre comercio e inversiones con los que pretenden robarnos nuestros derechos para ponerlos al beneficio de la élite financiera”, recordaba Sol, de Attac.

El encuentro confluyó en un compromiso firme y unitario, adquirido por todas las personas asistentes: parar la ola de represión, la estrategia del miedo y Estado policial del Gobierno, saliendo a la calle porque “no tenemos miedo a ejercer nuestros derechos, y ante la represión, ni un paso atrás”. De este compromiso salió también un acuerdo inmediato: el de acudir todos a la manifestación del 14 de febrero convocada por No Somos Delito contra la Ley Mordaza.

Desde un principio estaba previsto que el Congreso fuese el lugar de escenificación de este encuentro en rechazo a la Ley Mordaza, pero por motivos que explicó Ricardo Sixto, portavoz de Izquierda Unida, esto no fue posible debido a que el Partido Socialista, por motivos de agenda, canceló de forma unilateral la celebración de este acto para el día 3 de febrero y vetó la posibilidad de que el grupo parlamentario de IU solicitara esta sala, impidiendo así que este encuentro

La aprobación del Código Penal es un grave retroceso para la libertad de expresión y de reunión habría sido necesario que se definiera el término de “resistencia activa” para evitar ambigüedades, ya que acciones como una sentada pueden llegar a ser castigadas con penas de prisión.

En este nuevo Código Penal se tipifica como delito la ocupación de despachos, oficinas, establecimientos o locales, aunque estén abiertos al público, si perturba el funcionamiento normal de la actividad. Aparte de la ambigüedad de esta definición, la inclusión

RAMÓN COSTAS / DISOPRESS

de este nuevo delito pretende acallar las nuevas formas de protesta que de manera pacífica se han producido en los últimos tiempos.

“Amnistía Internacional considera alarmante que esta reforma convierta en acto criminal la sola participación en la protesta, pudiéndose castigar conductas que no produzcan daños o lesiones a terceros. Y sin embargo desaparezca como delito el impedimento de reunión pacífica, pese a que las normas inter-

se celebrara en el Congreso en la fecha programada.

La plataforma No Somos Delito insistió en que la casa del pueblo no es patrimonio de ningún partido, y apeló a que se eviten pactos a puerta cerrada y se facilite la asistencia y participación real de la ciudadanía en los asuntos públicos. “El Parlamento no está respondiendo a las necesidades de la ciudadanía, y su reacción es criminalizarnos con una ley que impone multas desorbitadas por parar desahucios como hace la PAH, por proteger el medio ambiente como hace Greenpeace, por defender el acceso a una sanidad pública y universal como hace la Marea Blanca o los afectados por la hepatitis C, por luchar contra la manipulación mediática como los trabajadores de RTVE o Telemadrid, por defender nuestros derechos laborales como Coca-Cola en Lucha o por sobrevivir como los migrantes que cruzan la valla de Melilla”, apuntaba No Somos Delito en su intervención.

Para la plataforma, un ejemplo de seguridad ciudadana es cuando el Gobierno garantiza a todas las personas el acceso a derechos fundamentales como son una vivienda digna, una educación y sanidad pública para todas las personas, un salario digno o el acceso a la cultura, “y nada de eso se nos está garantizando, al revés, nos lo están arrebatando”. Por este motivo, organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, sindicatos y partidos políticos hicieron ayer un llamamiento conjunto a toda la ciudadanía a manifestarse el 14 de febrero. “El 14F nos declaramos amantes de la libertad y salimos a la calle a decirles que no queremos vivir amordazados, que no tenemos miedo porque no somos delito” es el mensaje de la plataforma. ■

nacionales obligan a las autoridades a protegerla y facilitarla”, señaló María Serrano, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional España.

Resulta positivo que en el texto aprobado en el Congreso se elimine el delito de interrupción de servicios de transporte, que aparecía en textos anteriores.

Otro elemento positivo de este nuevo Código Penal es que los matrimonios forzados quedan considerados como trata de personas.

Pero este Código Penal supone también una oportunidad perdida para tipificar adecuadamente los crímenes de derecho internacional. Aunque esta reforma por primera vez contempla la desaparición

DERECHOS HUMANOS

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Ley Mordaza: todo un catálogo de sanciones a la medida de los movimientos sociales COMISIÓN LEGAL SOL

E

n pleno debate sobre la posible utilización excesiva del derecho sancionador como herramienta para desincentivar la protesta ciudadana y el ejercicio del derecho de reunión, cuando desde los tribunales de lo Contencioso-Administrativo se están consiguiendo tumbar un gran número de sanciones impuestas por Delegación de Gobierno en el último ciclo de protestas —en concreto, 1.179 personas sancionadas desde mayo de 2011 hasta diciembre de 2014, con una recaudación total de 340.200€—, parece inminente que el Partido Popular en solitario, con el rechazo explícito del resto de grupos parlamentarios, va a conseguir aprobar la fuertemente criticada Ley Mordaza.

Esta nueva norma que nos pretenden imponer desde el ejecutivo ya ha hecho correr ríos de tinta, pero nos interesa volver a analizarla ahora que solo está pendiente de su aprobación por el Senado —prevista para marzo— para que así podamos estar preparadas el día que, en caso de que sea finalmente aprobada, comiencen a aplicárnosla en las calles.

Y es que parece que este ejecutivo nos ha tenido en cuenta por una vez, pero claro, no para bien, y han hecho los deberes estudiándose todo el catálogo de nuevas prácticas activadas por los distintos movimientos sociales en el ejercicio de la protesta, dedicándole a cada una un artículo y una sanción concreta. La intención es clara: castigar a golpe de

forzada como crimen de lesa humanidad cuando se produce como parte de un plan sistemático, no se reconoce cuando se trata de un acto concreto. Tampoco se han incluido en el texto crímenes como la ejecución extrajudicial, ni se ha revisado la definición de tortura de acuerdo con los convenios internacionales de los que España forma parte, incluyendo la consideración de la violación sexual bajo custodia como tortura. No se garantiza la imprescriptibilidad de los delitos, la inaplicabilidad de la eximente de cumplimiento del deber, o el hecho de que estos crímenes no puedan estar sujetos a indultos o amnistías.

“El olvido de los crímenes de derecho internacional abre resquicios a la impunidad y

— Perturbar actos públicos, deportivos, culturales o religiosos: protestas como las protagonizadas por Femen en la Catedral de la Almudena o las acciones para paralizar actos como el Toro de la Vega se podrán sancionar con entre 1.000 y 30.000 euros.

— Ocupación de espacios o infraestructuras donde se prestan servicios básicos: encerrarse en un hospital o centro de salud, como ocurrió por ejemplo en el Federica Montseny de Vallecas, también podría llegar a sancionarse con la misma

cuantía, en caso de que se perturbara el normal funcionamiento del centro.

— Perturbación de la seguridad ciudadana en reuniones frente a órganos representativos: es decir, la generación o participación en disturbios, pero también en simples cortes de la vía pública, en manifestaciones frente al Congreso o las Asambleas Legislativas.

— Causar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos, así como la provocación de incendios en la vía pública: por ejemplo, realizar barricadas o nuevamente cortar el tráfico en la calle, impidiendo la circulación normal de vehículos.

— Actos de obstrucción a resoluciones administrativas o judiciales: aquí la ley es clara, acudir a la paralización de un desahucio ya tiene su propia sanción específica.

— La negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio. Es decir, si se dieran los supuestos para disolver una manifestación (que están tasados, pero entre los que se encuentran los desórdenes públicos), la negativa a marcharse sería constitutiva de infracción grave.

— La obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos que ocasionen una perturbación grave de la seguridad ciudadana. Estamos ante una nueva forma de sancionar la generación de barricadas (esta vez sin fuego).

— El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

Especialmente pensada para disuadir la actividad de fotógrafos y streamers en movilizaciones sociales.

dificultará el acceso de las víctimas a la justicia”, manifestó María Serrano.

Otras preocupaciones de Amnistía Internacional en relación con el texto aprobado en el Congreso de los Diputados son: — Se introduce la prisión permanente revisable para delitos de especial gravedad tras el cumplimiento efectivo de entre 25 y 30 años, o 35 en caso de terrorismo. Pero no se contempla cómo se garantizará la rehabilitación y reinserción de las personas condenadas, tal y como recomienda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

— Se invisibiliza a los ciudadanos extranjeros, castigando la ayuda con o sin ánimo de lucro a la entrada en el territorio español, lo que

puede tener impacto negativo en el derecho de asilo. Y se sustituye parte de la pena de prisión por expulsión, lo que podría dar lugar a devoluciones de personas que deberían estar protegidas a sus países, como víctimas de trata o personas que podrían correr riesgo si son devueltas.

— Aunque en el nuevo texto se tipifica como delito la incitación directa al odio, también sanciona la incitación indirecta, lo que puede vulnerar la libertad de expresión.

Y, por último, España sigue sin definir claramente los delitos de terrorismo, por lo que conductas que no tienen naturaleza terrorista podrían ser sancionadas de manera incompatible con las normas del derecho internacional.

Aunque el Gobierno ha sacado las enmiendas sobre terrorismo de este texto del Código Penal y ha anunciado que negociará con el Partido Socialista una reforma en materia de terrorismo, a Amnistía Internacional le preocupa que la base de esta negociación arranca de las doce enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Congreso. Estas enmiendas han sido analizadas por la organización, que ya ha expresado su preocupación por la ampliación de la definición de terrorismo y la imprecisión de algunos delitos como la difusión de mensajes y consignas o la colaboración, y el riesgo de que se terminen castigando comportamientos pacíficos y limitando la libertad de expresión. ■

sanción aquellas acciones con más repercusión política y mediática; veamos, pues, como lo plasma la ley.

Muy graves: sancionadas con entre 30.000 y 600.000€

— Convocar reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones que presten servicios básicos: aquellas personas que sean consideradas por la autoridad como convocantes u organizadoras de, por ejemplo, un Rodea el Congreso o una manifestación frente a una central nuclear podrían llegar a ser castigadas con entre 30.000 y 600.000 euros en caso de que se genere riesgo para las personas o perjuicio en el funcionamiento de dichas infraestructuras.

Graves: castigadas con entre 1.000 y 30.000€

— Desobediencia o resistencia a la autoridad, negativa a identificarse o alegación de datos falsos: ésta es claramente una infracción expresamente pensada para la campaña DNI (Di No a las Identificaciones) promovida por la Plataforma por la Desobediencia Civil.

Leves: sancionadas con entre 100 y 1.000€ — La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, cuando no hayan sido comunicadas, debiendo responder quienes sean considerados convocantes.

Toda manifestación no comunicada podrá acarrear sanciones a aquellas personas que sean consideradas como convocantes u organizadoras de las mismas, aunque toda la convocatoria se realice con total normalidad y de forma pacífica.

— El incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos.

Es decir, la realización de un “reclama las calles”, saltándose el itinerario previsto. Según esta premisa, el nacimiento del 15M se vería amenazado por la imposición de una sanción.

— Las injurias o faltas de respeto y consideración que se realicen en una reunión o concentración cuyo destinatario sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones, cuando estas conductas no sean constitutivas de delito.

Hablando en plata, insultar a un policía puede salir caro.

— La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o de la vía pública, fuera de los casos permitidos por la ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquélla por la autoridad competente, o la permanencia en ellos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de delito. Es uno de los artículos más polémicos, precisamente por su indefinición. ¿A qué se refiere? ¿Quién es el titular de la vía pública? Entrarían, entendemos, en este supuesto, las ocupaciones de bancos, incluso en horario de atención al público.

— Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan delito. Se trata de un complemento para sancionar los daños en movilizaciones, cuando no puedan ser imputados como falta o delito.

— El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización. Es decir, Greenpeace no podrá colgar pancartas, aunque no lo haga en el Congreso.

— La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las fuerzas y cuerpos de seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo. Hablamos de zarandear las vallas que rodean al Congreso con motivo de manifestaciones convocadas para tal fin. ■

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EDUCACIÓN/VIVIENDA

Nº 33 FEBRERO 2015M

Wert ataca de nuevo, o el inútil esfuerzo de demostrar que 3+2 no es lo mismo que 4+1 PACO MARCELLÁN

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a implantación en nuestro país del llamado Plan Bolonia (una pretendida armonización de los estudios de educación superior en el marco europeo asentada en tres pilares básicos: la medida del aprendizaje a través de los créditos ECTS, en los que se valora no solo la actividad docente presencial sino también la dedicación personal del alumno; la estructuración de las enseñanzas en tres niveles —Grado, Máster y Doctorado— y los procesos de acreditación ex-post de los títulos por parte de agencias de evaluación) se encontraba en fase de consolidación dado el desigual cumplimiento de los plazos establecidos, las dificultades económicas inherentes y sobre todo no haber procedido a la evaluación anteriormente señalada.

Junto a las críticas de mercantilización de la educación superior (aprendizaje orientado al mercado; tasas de matrícula crecientes en los estudios de Grado, pero fundamentalmente en el Máster; precarización del egresado ante la crisis de empleo, con una imposibilidad de congeniar niveles de formación con actividad laboral real; disminución drástica de becas y progresiva implantación de préstamos con unos efectos a medio y largo plazo que el sistema universitario norteamericano está pa-

ÁLVARO MINGUITO /DISOPRESS

deciendo en profundidad; reducción notable de las becas Erasmus, “joya de la corona” del mencionado espacio europeo de educación superior), un problema acuciante eran los niveles de contenidos y la formación de Grado (cuatro años de duración) y Máster (un año) orientados en el desarrollo de “capacidades” y “habilidades” como señas de identidad de cada uno de ellos. Las universidades debieron “sufrir” un proceso burocrático-administrativo absolutamente desproporcionado en la elaboración de los documentos exigidos para la evaluación ex-ante de cada una de las titulaciones por parte de la Agencia Nacional

de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o por las correspondientes agencias regionales que, en mi opinión, pretendía ser un elemento clave para el control del aprendizaje y un posible referente para que los estudiantes conocieran el compromiso formativo de la universidad con ellos.

Y en estas llega Wert y manda parar… lanzando una “brillante idea” de armonización con Europa basada en la duración de los grados en tres años (aunque puedan coexistir con estudios de cuatro años) y la ampliación de la duración de los másteres a dos años para “armonizarlos” (de nuevo el palabro) con una mayoría

de los existentes en países europeos. Sus “argumentos básicos” radicaban en el “ahorro” que significaría a las economías familiares la reducción de los grados en un año y, dado que el Máster lo deberían cursar unos pocos, incrementar su duración como zanahoria para mejorar la recaudación en las universidades, tanto en los másteres oficiales (con precios “altos” regulados por las comunidades autónomas) como en los denominados másteres propios con precios “de mercado” y que pueden servir también de sobresueldo para los profesores que los imparten. Unas medidas de carácter exclusivista para aquellos que puedan pagarse los estu-

La justicia de la UE da un nuevo golpe a la ley hipotecaria del PP por no proteger al consumidor Si los intereses de mora son abusivos, el juez no tiene que recalcularlos, sino que debe declararlos directamente nulos PAH

E

l Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto una cuestión prejudicial planteada por un juez de Marchena (Sevilla) que supone un nuevo golpe al Gobierno español por no proteger al consumidor frente a las entidades financieras.

El TJUE sentencia que si los intereses de mora ante un impago hipotecario son abusivos, el juez podrá apre-

ciar que se trata de una cláusula abusiva y decretar su nulidad para que no se apliquen en la ejecución hipotecaria en marcha. Asimismo, el tribunal advierte de que estas cláusulas declaradas nulas no podrán integrarse por otra norma nacional.

La sentencia supone otro duro golpe a la Ley Hipotecaria 1/2013 aprobada por el Gobierno del PP que pretendía que en estos casos el juez se limitara a recalcular los intereses considerados abusivos.

En marzo de 2013, la sentencia del caso Aziz de este tribunal puso patas arriba el caduco sistema de ejecución hipotecaria española al permitir al juez entrar a analizar el contrato hipotecario —hasta entonces no podía— ante una posible existencia de cláusulas abusivas, analizarlas de oficio y suspender el proceso hasta resolverlo. Con ello, el TJUE aplicaba la Directiva 93/13 vigente desde 1993 en la Unión Europea.

Con esta resolución, el TJUE ratificaba los postulados de la PAH: el procedimiento español de ejecución hipotecaria, así como el

de lanzamientos o desahucios, deja en absoluta indefensión a la ciudadanía, sobreprotege los intereses de los bancos, vulnera la tutela judicial efectiva e impide la detección de las múltiples cláusulas abusivas que infestan la casi totalidad de los contratos hipotecarios españoles.

Tras dicha sentencia, todo el país esperaba que el Gobierno actuara de forma responsable, decretando una moratoria de todos los procedimientos hasta adecuar la norma española a la directiva comunitaria de obligado cumplimiento. Sin embargo, el Gobierno del PP respon-

dios (¡es la economía… imbéciles!) bien por sus posibilidades familiares o bien a través de préstamos bancarios que, dadas las condiciones laborales, constituirán una deuda básica en el futuro inmediato de los egresados.

La aprobación por parte del Consejo de Ministros celebrado el pasado 30 de enero de este cambio normativo y la excluyente y autoritaria metodología política seguida se inscribe en ese mantra del PP de que las universidades públicas no tienen remedio, se encuentran saturadas de profesores incompetentes y de alumnos vagos y maleables, gastan dinero a espuertas y tienen instaurados unos sistemas de gestión democrática que les hacen inmanejables por parte de las autoridades académicas (la tan traída y llevada gobernanza). El reflejo de estas insuficiencias en los rankings internacionales de universidades con ausencias “clamorosas” de centros españoles constituye, a juicio del PP, una buena muestra de la ausencia de “eficacia y eficiencia” de las instituciones de educación superior de nuestro país.

La ausencia de un debate horizontal y abierto, no solo a nivel profesores, estudiantes y personal de administración de servicios, sino también de la sociedad sobre el modelo universitario que requiere el país, alimenta estas hidras de “ocurrencias” que han regido la legislatura actual. Tasas de re-

dió a esta doctrina con la Ley 1/2013, manteniendo los desalojos forzosos y la deuda ilegítima, y pretendiendo legalizar las cláusulas abusivas. Así, estableció que los intereses de mora no podían superar una frontera, pero aplicó esta frontera solo a los contratos firmados a partir de la entrada en vigor de la ley. Para las ejecuciones hipotecarias en marcha, dispuso que se hiciera un recálculo sobre dicho límite (fijado en tres veces el interés legal del dinero, que, además, solo se carga sobre el capital pendiente de pago).

Ahora, el TJUE da un nuevo golpe a este parche del legislador español que descaradamente favorece a las entidades financieras.

Con la reciente resolución, si los intereses son abusivos el juez no tiene que recalcularlos, sino que puede declarar-

posición del 10% destinadas a reducir el número de profesores permanentes, recortes en becas de estudiantes y salarios sobre todo en las categorías precarias, disminución de la financiación por parte de las comunidades autónomas, despidos de personal docente, investigador y de gestión, definen un panorama que se ve reforzado por las nuevas medidas antes señaladas. Y mientras tanto, las universidades privadas, viento en popa, jugando al Máster como fuente básica de beneficio. ¿Y la respuesta? A nivel institucional, los rectores se limitan a manifestar su disconformidad porque no se les ha hecho caso, pero, eso sí, aplicarán diligentemente la legislación como probos funcionarios que son. Los profesores, o bien hastiados de todo este absurdo administrativo que les lleva a preparar cronogramas, materiales “novedosos” para la enseñanza, contenidos de siempre con lazos nuevos, evaluaciones continuas sin horizonte claro, o bien refugiándose en actividades más productivas académicamente que dinamizar y estimular el interés de los alumnos por el conocimiento en un sentido amplio. ¿Y los estudiantes?

Tras la implantación de Bolonia, con las fuerzas de impugnación muy disminuidas, no les queda más opción que el sálvese quien pueda o bien reorganizar fuerzas y presentar la batalla ante un modelo que les va a precarizar aún más y les va a expulsar de la búsqueda del conocimiento por motivaciones económicas y de selección natural en el peor sentido darwinista del término. ■

los nulos y no aplicarlos en una ejecución hipotecaria.

Por lo que, en consecuencia, la deuda deja de aumentar por este concepto.

La sentencia es muy relevante porque afecta a las miles de ejecuciones hipotecarias en marcha, también las que fueron firmadas antes de la entrada en vigor la nueva ley. Asimismo, demuestra un respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los postulados de la PAH. En un contexto de emergencia habitacional en el que prácticamente cada trimestre aumenta el número de desahucios, las medidas del Gobierno no solamente están resultando incapaces para frenar esta sangría, sino que además desprotegen al consumidor frente a los numerosos abusos que contienen las hipotecas diseñadas por las entidades financieras. ■

PARO/DERECHOS

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Formas de reducir la cifra de paro sin crear empleo (en época electoral) ADRIÁN PASCUA Y EDUARDO OCAÑA, MIEMBROS DE OFICINA PRECARIA

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a Encuesta de Población Activa (EPA) del pasado enero desató el entusiasmo del Gobierno y sus voceros, que han comenzado su bombardeo de supuestos buenos datos económicos con vistas a un atiborrado año electoral. Sin embargo, algunos datos “positivos” enmascaran otra realidad bien distinta: la pérdida de población activa por el exilio juvenil o el efecto desánimo y la creación de un empleo cada vez más precario.

Las últimas cifras indican que en 2014 se crearon 433.900 empleos y el paro descendió en 477.900. Pese a la euforia de algunos de nuestros dirigentes, aún hay 5.457.700 desemplea-

dos y una tasa del 23,7%, más que al inicio de la legislatura.

No obstante, estos números esconden realidades más complejas, resultado de la definición que la EPA utiliza a la hora de contabilizar a los parados.

Al igual que ocurre con las estadísticas del SEPE (antiguo INEM), existen muchas formas de maquillar la cifra de parados sin crear puestos de trabajo. Esta forma de contabilizar el trabajo oculta una pérdida de calidad, salarios y derechos en la vida real. En época electoral, éstas son las principales razones por las que Rajoy dice que creamos empleo y tú, con suerte, pones copas algún que otro fin de semana sin contrato, sin saber si irte del país o volver a estudiar.

El primero y más sencillo: un parado que logre trabajar

al menos una hora a la semana es inmediatamente considerado trabajador. Para la EPA, la delgada línea que lleva fuera de las listas del paro es fácil de cruzar, lo cual no equivale a que el trabajador vea satisfechas sus necesidades básicas asociadas al hecho de considerarse “empleado”. Se crean grandes masas de subempleo que pretenden mostrarse como brotes verdes.

De la misma forma, la encuesta de la EPA no diferencia entre trabajadores: una persona que trabaje una hora a la semana contabiliza igual que un trabajador con una jornada de cuarenta horas semanales. Es evidente que la firma de más contratos no significa necesariamente más empleo, quizá lo contrario. Todo parece indi-

car que, en lugar de crear trabajo, estamos repartiendo el poco empleo que se crea entre más personas y en jornadas más cortas con cada vez peores salarios. De este modo, durante el año 2014 creció el número de trabajadores que llevan a cabo jornadas de entre una y nueve horas (en 3.000 personas), entre 10 y 19 horas (10.000 más) y entre 20 y 29 horas (unos 50.000 trabajadores). ¿Qué ocurriría si en lugar de hablar de trabajadores temporales y trabajadores a tiempo parcial habláramos de parados temporales y parados a tiempo parcial? Si se atiende a la duración de los contratos se observa que está lejos del empleo digno y estable necesario para hablar de “recuperación”. El paradigma del empleo precario lo representan los contratos de un solo día, que también han crecido durante 2014 (4.000 más). Considerar que una persona tiene empleo por haber trabajado solo un día en todo el mes deja claras algunas de las carencias de la encuesta. Sería más lógico considerar a este “trabajador” como un parado durante 29 días al mes.

La campaña de Navidad ha vuelto a ser el mejor ejemplo del modelo laboral al que estamos abocados. Un año más, ha generado grandes cantidades de empleo temporal. Los datos del paro de enero nos han devuelto a la realidad y han sepultado los pronósticos entusiastas con una subida del paro de casi 78.000 personas.

Otra forma sencilla de sacar gente de las listas del paro que no conlleva crear empleo es considerarlos población inactiva, es decir, ni tienen trabajo ni lo buscan.

La EPA engloba bajo esta categoría un gran rango de situaciones, ya que mucha gente desiste de buscar empleo y deja de inscribirse en las oficinas de empleo por muy diversas razones. Personas que regresan a los estudios, que emigran, que vuelven a sus países de origen o que simplemente dan por imposible encontrar un empleo se esfuman de las cifras de parados, engrosando una heterogénea lista que incluye jubilados, trabajadores del hogar o niños. Al medir elementos cuantitativos, la encuesta excluye las motivaciones por las que los trabajadores

El Tribunal Supremo declara ilegales cuatro artículos del reglamento de los CIE Las disposiciones anuladas por el Supremo daban libertad a los funcionarios para realizar registros con desnudo integral y limitaban la posibilidad de la agrupación familiar en los centros de internamiento DIAGONAL

E

l Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido parcialmente la demanda presentada por la Federación Andalucía Acoge, SOS Racismo y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía contra el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

La agrupación de familiares es uno de los puntos en los que la justicia ha obli-

gado a rectificar al Gobierno. El reglamento de los CIE, aprobado por real decreto el 14 de marzo de 2014, condicionaba un “alojamiento separado que garantice un adecuado grado de intimidad” a un informe favorable del Ministerio Fiscal, cuando la Directiva de Retorno, lanzada por la UE en 2008, estipula que la agrupación familiar es obligatoria. Con la anulación de los artículos 7.3 y 16.2 se limita la discrecionalidad en el agrupamiento familiar para las personas “en espera de expulsión”.

El artículo 21.3 del reglamento es otro de los apartados considerados ilegales por el Supremo. En este caso, la disposición entraría en contradicción con la Ley de Extranjería, que no permite un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente de expulsión. Con la anulación de este artículo “se evita la posibilidad de internamientos sucesivos, esto es, que distintos jueces autoricen que se interne más de una vez a una persona extranjera en situación administrativa irregular has-

ta completar el plazo de 60 días”, afirman las organizaciones en un comunicado conjunto.

La arbitrariedad de los funcionarios de los CIE para realizar registros de internos

que incluyan desnudo integral es otro de los puntos en los que el Tribunal Supremo ha enmendado al Gobierno del PP. Para las ONG demandantes —a las que el Supremo ha dado la razón— la

LOS ARTÍCULOS TUMBADOS POR EL TRIBUNAL SUPREMO Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Artículo 7. Instalaciones y medios básicos.

3. (…) Se procurará que los internos que formen una unidad familiar estén juntos y tengan en su compañía a sus hijos menores, facilitándoles, en la medida de lo posible, alojamiento separado que garantice un adecuado grado de intimidad.

Artículo 16. Derechos de los internos.

2. En particular y en atención a su situación, se garantizan a los extranjeros internados, desde su ingreso y durante el tiempo de

permanencia en el centro, los siguientes derechos: k) A tener en su compañía a sus hijos menores, siempre que el Ministerio Fiscal informe favorablemente tal medida y existan en el centro módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar.

Artículo 21. Requisitos legales del ingreso y plazo máximo de estancia.

3. Podrá solicitarse un nuevo internamiento del extranjero, por las mismas causas que determinaron el internamiento anterior, cuando habiendo ingresado

razón esgrimida para realizar este tipo de registros — garantizar la seguridad del CIE— es “muy poco precisa”.

De hecho, violaría la doctrina del Tribunal Constitucional, que argumenta que

con anterioridad no hubiera cumplido el plazo máximo de 60 días, por el periodo que resta hasta cumplir éste. Igualmente se podrán solicitar nuevos ingresos del extranjero si obedecen a causas diferentes, en este caso por la totalidad del tiempo legalmente establecido.

Artículo 55. Vigilancia y control de los internos.

2. En situaciones excepcionales, y cuando sea necesario para garantizar la seguridad del centro o existan motivos racionalmente fundados para creer que el interno pudiera esconder objetos o sustancias prohibidas o no autorizadas, se podrá realizar el registro personal del mismo, incluso con desnudo integral si fuera indispensable, el cual se practicará por funciona-

abandonan las listas del paro.

Muchas de esas razones no vienen a ser más que la consecuencia de un mercado laboral que ofrece trabajos mal pagados o que ni siquiera da la posibilidad de obtener un empleo, especialmente entre los jóvenes (40.200 ocupados menos entre personas de 25 a 29 años). Por ello, la población activa ha vuelto a disminuir en torno a 44.000 personas.

Además, al tratarse de una encuesta cerrada no distingue otras situaciones de subempleo. A la pregunta “¿Ha trabajado usted al menos una hora en la última semana?”, es imposible precisar la respuesta que puede dar un becario o un trabajador sin contrato. Este tipo de empleo queda fuera de los registros del sondeo.

La rigidez de los métodos que utiliza la EPA muestra que quizá no son útiles para ofrecer un retrato del precario panorama laboral español. Conviene analizar con lupa los datos que nos ofrece y protegerse de las interesadas y entusiastas reacciones. Tristemente, la precariedad no se ha ido, y amenaza con quedarse mucho tiempo. ■

los desnudos integrales solo pueden justificarse por la “existencia de razones individualizadas”.

Según José Luis Rodríguez Candela, coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge, “una vez más son los tribunales los que protegen los derechos de los extranjeros, y no el Gobierno o el Parlamento. Esta anulación nos demuestra que han sido aprobados reglamentos ilegales y leyes inconstitucionales”. ■

rios del mismo sexo que el interno, en lugar cerrado y sin la presencia de otros internos, preservando en todo momento su dignidad e intimidad. Para ello será necesaria la autorización previa del director, salvo que concurran razones urgentes o de extraordinaria necesidad, en cuyo caso será precisa la autorización del jefe de la unidad de seguridad, comunicándolo de forma inmediata al director.

En estos supuestos se dejará constancia documental del examen mediante documento suscrito por los funcionarios actuantes en el que se hará constar los motivos que justificaron la medida y su resultado. Una copia de dicho escrito se remitirá al juez competente para el control de la estancia en el centro.

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La presión popular y política para los desahucios de la EMV en San Fermín

La Empresa Municipal de la Vivienda anuncia que negociará con las familias ASAMBLEA POPULAR DE USERA 15M

La presión popular y política ha obligado a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) a dar marcha atrás en su intención de desahuciar a varias familias en el barrio de San Fermín, en Usera, dentro de su plan para especular con las viviendas sociales.

La EMV había dado orden de desalojo inmediato a cinco familias (Alfonso, Lola, Pura, Hamadi y Fátima) que vivían en pisos de alquiler social. Para hacer frente a esta situación de emergencia, los vecinos y vecinas, empoderados, pusieron en marcha a comienzos de año una red

de colectivos e individuos, dinamizada por la asociación de vecinos de San Fermín. En las asambleas y en las acciones de calle han participado, en algún momento, otras asociaciones de vecinos del Distrito, así como la FRAVM, la asamblea del 15M de Usera, PAH-Madrid y PAVPS, y partidos políticos como Podemos, PSOE e IU. La presión surtió efecto y el primer desahucio, previsto para el 12 de enero, se paró tres días antes con un acuerdo entre la EMV y la familia (matrimonio, cinco hijos y dos nietos). En vísperas del segundo lanzamiento, previsto para el 3 de febrero,

Vigilantes para defender el derecho a la vivienda

Los vecinos defienden unidos el derecho a la vivienda. ÁLVARO MINGUITO/DISOPRESS

El ayuntamiento de Getafe intenta coaccionar a PAH Getafe PAH GETAFE

Samira es una vecina de Getafe que tiene tres hijas de 2, 8 y 10 años. Divorciada y sin ningún ingreso, no puede hacer frente al alquiler que estaba pagando, por lo que tendrá que abandonar su vivienda en las próximas semanas.

Samira ha visitado en varias ocasiones los servicios sociales del ayuntamiento de Getafe, en busca de una alternativa habitacional que se le ha denegado sucesivamente por parte del Gobierno municipal. Tras varias visitas los días 22, 23 y 29 de diciembre, la concejala de Asuntos Sociales, María Teresa Rodríguez, le niega una vez más cualquier tipo de solución.

Por este motivo, desde la PAH Getafe decidimos, el pasado 5 de enero de 2015, apoyar a nuestra compañera realizando una acción en el interior del Ayuntamiento para denunciar que el Gobierno municipal (PP) miente cuando afirma que ofrece viviendas a familias afectadas de desahucio y exigir una solución habitacional para nuestra vecina. Ante nuestra acción, en la que señalamos directamente al alcalde Juan Soler, la respuesta del Ayuntamiento fue la represión policial. En un primer momento con idea de desalojarnos e identificarnos a todas las personas que participábamos en la acción. Pasadas varias horas fuimos sacados por la puerta de atrás del consistorio por la Policía Local. La acción y desalojo se desarrollaron de manera pacífica y en ningún momento se impi-

la empresa municipal se dio por vencida ante la reacción vecinal, y ha anunciado que renuncia a los desahucios y negociará con todas las familias.

Lo sucedido es una victoria popular, pero hay que estar vigilantes. Las instituciones madrileñas (el Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda, y la Comunidad, a través del IVIMA) se han embarcado en una gran operación especulativa y urbanística para vender las viviendas sociales a fondos de inversión y enjugar así su deuda ilegítima con el patrimonio de todos.

En el caso de San Fermín, cientos de estas viviendas de alquiler social están en el punto de mira. Algunos de

Cadete, un símbolo de lucha por el derecho a la vivienda ASAMBLEA POPULAR DE CARABANCHEL

PAH GETAFE

dió el normal funcionamiento del Ayuntamiento.

Sin embargo, desde hace algunas semanas, las personas identificadas estamos sufriendo lo que entendemos como una persecución y una coacción por parte del Gobierno municipal del PP, a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que busca amedrentarnos con el fin último de amordazarnos para que no denunciemos las mentiras y la falta de políticas de vivienda en nuestro pueblo.

Por este motivo queremos denunciar que: 1. Las personas identificadas en la acción están siendo citadas a declarar ante la Brigada de Información local de la Policía Nacional por una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento, según fuentes policiales.

2. Estas citaciones están siendo dejadas en buzones o se realizan por teléfono, generando inseguridad y desconcierto entre los afectados, que no saben el grado de oficialidad de dichas citaciones.

3. A pesar de ser declaraciones voluntarias, la Policía Nacional está presionando a nuestros compañeros con lla-

madas telefónicas a familiares para que nos presentemos a declarar.

4. No se ha informado acerca de si nuestra declaración es en calidad de denunciados, testigos o imputados, colocándonos es una situación de indefensión y vulnerando nuestros derechos de defensa.

Creemos que el Gobierno municipal del PP, que viola constantemente el artículo 47 de la Constitución, ha decidido perseguir a todas las personas que luchan por los derechos humanos en Getafe. Por este motivo, desde PAH Getafe exigimos: — La paralización inmediata de la persecución y acoso al que estamos siendo sometidos.

— La solución habitacional para Samira y sus tres hijas menores, recordando a Juan Soler que la vivienda es un derecho, y no una mercancía.

— La dimisión de todos los autores, cómplices y responsables que permiten que se vulneren los derechos humanos en nuestro municipio. ¡Seguiremos gritando! ¡Seguiremos luchando!

los pisos están frente a la Caja Mágica, lo que explica el interés mezquino por sacarlas al mercado.

Se trata de viviendas para familias que ya en su día tenían escasos recursos y que han sido muy golpeadas por la crisis-estafa.

La EMV de momento no ha vendido los pisos, pero presiona a los inquilinos con diferentes métodos: a unos les modifica unilateralmente las condiciones, a otros les sube el alquiler, etcétera, en una clara estrategia de “divide y vencerás”.

Los vecinos y vecinas de Usera advertimos a Ayuntamiento y Comunidad de Madrid que vamos a defender unidos el derecho a la vivienda y que vamos a obligarles a cumplir con su obligación, que no es otra que servir al pueblo y no a los intereses financieros e inmobiliarios. ¡Salud!

Cadete es mucho más que un edificio ocupado. Es el lugar que acoge y proporciona una solución habitacional a más de seis personas que fueron desahuciadas. Es el primer espacio liberado en Madrid por la Obra Social que simboliza la lucha por el derecho a la vivienda.

El pasado 3 de octubre de 2013, la Obra Social Madrid liberaba su primer edificio ubicado en el distrito de Carabanchel, propiedad de la Sareb. A nivel estatal se trataba del 14º bloque, 12 en Cataluña y 1 en Alicante.

La liberación de este edificio, que contiene seis viviendas, se realizó con el objetivo de ofrecer una solución habitacional a seis familias, muchas de ellas con niños y niñas, que estaban a punto de perder sus casas o ya las habían perdido. Y por otro lado, se hizo como una reivindicación por el derecho a la vivienda y en contra de la especulación de los bancos, cuyos intereses económicos se anteponen a nuestros derechos sociales.

Cadete es propiedad de la Sareb (Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), más conocido como banco malo. Y a través de este banco, el Gobierno pretende mantener la burbuja inmobiliaria pagada con dinero público. A pesar de la dramática situación que viven millones de personas que ven pisoteado su derecho a una vivienda, las más de 90.000 casas que ha com-

A.P.CARABANCHEL

prado la Sareb con dinero público están destinadas a la especulación. Esto es, a dejarlas vacías hasta que se puedan vender más caras de lo que se compraron.

La Sareb también ha asumido muchos de los créditos que tenía la banca y que eran impagables. Tampoco la compra de esos créditos persigue ser una vía para dar una segunda oportunidad a las muchas personas afectadas por la hipoteca. Esos créditos, al igual que las casas, serán empaquetados y vendidos a fondos de inversión extranjeros, y los deudores seguirán condenados a la muerte civil.

20 de febrero, #DefiendeCadete Cadete no es un bloque cualquiera para Carabanchel, Madrid y el resto del Estado.

Se trata de un símbolo de lucha por la vivienda y nuestra reivindicación colectiva de recuperar espacios y recursos para dotarlos de un uso social. Sin embargo, el próximo 20 de febrero, a las 9:30, pretenden desalojarlo.

Pero este edificio ya es parte de nuestras vidas y de las personas que lo habitan. En el interior de cada vivienda se encuentran nuestras vecinas y vecinos, que ya son parte del barrio. Por eso, desde la Asamblea Popular de Carabanchel vamos a defenderlo. Porque no estamos dispuestos a que haya familias que se queden en la calle sin que la Administración ni las entidades bancarias les ofrezcan una solución digna y justa.

Y en la defensa de Cadete se encuentra inmersa nuestra lucha, no solo por mantener un edificio, sino por el derecho a la vivienda y nuestra repulsa a una legislación injusta que prima a los intereses capitalistas de los bancos frente al bienestar de las personas.

En Madrid, más de 40 familias son despojadas de sus casas al día, mientras más de 10.500 viviendas se encuentran vacías. Mientras esta vulneración de nuestro derecho a la vivienda siga existiendo, la lucha será nuestra única opción.

Defendamos Cadete, defendamos el derecho a la vivienda.

☛ MÁS INFORMACIÓN ❱❱ Web: carabanchel.tomalosbarrios.net

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INFORME PAH

2015 comienza con 14 desahucios PAH MADRID

Ya han pasado bastantes años desde que las Plataformas de Afectados por la Hipoteca comenzaran a trabajar y a expandirse por todo el país. Hemos conseguido sacar a la escena pública el problema de los desahucios y hemos puesto a algún político entre la espada y la pared. Sin embargo, todavía no hemos podido conseguir ese cambio necesario para solucionar el problema de los desahucios, cosa que hemos notado en el primer mes de 2015: 14 desahucios en enero.

El primero de todos los desahucios lo tuvimos el viernes 9 de enero: Fidere, la tapadera de un fondo buitre, quería desahuciar a José Antonio y su hijo de la que fue una vivienda pública en Vallecas, pero el esfuerzo de

los distintos colectivos que trabajan por defender el derecho a la vivienda hizo que este desahucio se aplazara hasta el 14 de enero.

La siguiente semana fue la más dura de todo el mes: tuvimos que organizarnos para poder parar ocho desahucios. Los dos primeros fueron el lunes 12, de la EMVS y de Fidere, en Orcasitas y Vallecas, ambos parados. El martes tuvimos que ir a Pinto para evitar que CaixaBank echara a una familia de su casa, y por cuarta vez en este mes lo conseguimos. El miércoles nos volvimos a enfrentar a dos desahucios: conseguimos pararle los pies a Bankia en Villaverde Bajo, pero no pudimos volver a parar el desahucio de José Antonio; Fidere volvió a echar a una

familia a la calle. Tras el dolor de no haber podido parar este desahucio, tuvimos que reponernos, ya que el jueves teníamos otros dos: BBVA en Carabanchel y un prestamista en Alcalá de Henares; esta vez sí, conseguimos parar los dos. Terminamos una dura semana parándole los pies a Ibercaja, que quería echar a Bernardita de su casa en San Cristóbal.

Pasamos hoja y nos enfrentamos a una semana con tres desahucios, en la que empezamos y terminamos mal: el martes no conseguimos parar a Bankia, la entidad de las tarjetas black echó a Benaisa de su casa. El miércoles conseguimos que Encasa Cibeles no echara a una familia de su casa en Vallecas, pero el viernes no conseguimos hacer lo mismo con Fi-

Alfon: las ‘sombras’ del proceso PLATAFORMA POR LA LIBERTAD DE ALFON / REDACCIÓN

La Plataforma por la Libertad de Alfon ha elaborado un documento recopilando diez aspectos que fundamentan la convicción de que el proceso contra el joven es un montaje policial, en los que incide el recurso presentado a la sentencia que le condena a 4 años de prisión. Son los siguientes: 1. Durante todo el proceso se vulnera la presunción de inocencia.

2. Los agentes transportan la bolsa con el supuesto artefacto explosivo en su co-

che particular y lo dejan en la comisaría sin ningún protocolo de seguridad.

3. Alfon permanece en prisión en régimen FIES durante dos meses sin haber sido analizado el supuesto artefacto explosivo.

4. Se saltan repetidas veces la cadena de custodia, por lo que no pueden asegurar que el mismo artefacto que “encontraron” sea el que finalmente analizaron (‘A’ entrega la bolsa a ‘B’ y ‘B’ entrega la bolsa a ‘C’, pero los números identificativos de la primera ‘B’ y la segunda no

coinciden, por lo que no sabemos quién recibe la bolsa de ‘A’ ni quién la entrega a ‘C’).

5. Los análisis que “demuestran” que se trata de gasolina son analizados directamente de unas probetas, pero nadie sabe quién rellena esas probetas y, por tanto, tampoco de dónde procede ese líquido analizado.

6. Tras no presentarse los agentes, por estar de vacaciones, al juicio del 18 de septiembre, presentan un nuevo informe policial, sin que nadie lo solicitase, para el juicio del 25 de noviembre.

El ayuntamiento de Madrid niega a los vecinos la posibilidad de utilizar el Mercado de Legazpi La Dirección General de Participación Ciudadana recomendó a los representantes de los colectivos ciudadanos 'esperar a las próximas elecciones, a ver si había suerte' EV ARGANZUELA

El martes 3 de febrero tuvo lugar la reunión, retrasada por el Ayuntamiento durante tres meses, entre la DG de Participación Ciudadana y la DG de Defensa y Gestión del Patrimonio del ayuntamiento de Madrid con los representantes de la iniciativa Espacio Vecinal Arganzuela (EVA) y de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), que reclaman la utilización temporal de las instalaciones del Mercado de Fru-

tas y Verduras de Legazpi, una propiedad municipal situada en la glorieta de Legazpi que lleva años abandonada, sin uso definido y sin perspectivas inmediatas de tenerlo.

'Mejor vacío y sin uso que para los vecinos' La respuesta oficial del Ayuntamiento en la reunión fue que “no hay disponibilidad patri-

monial” en todo el distrito de Arganzuela para acoger el proyecto de Espacio Vecinal Arganzuela, presentado el pasado 4 de noviembre ante el Ayuntamiento. En esta iniciativa, elogiada por el propio Ayuntamiento, los 30 colectivos firmantes planteaban una solución para la falta de espacios que puedan dar servicios a la creciente población de este distrito, la intensa actividad vecinal, social y cultural del mismo, así como una solución de

dere, que echó a Wilson y a su familia (con un bebé de dos meses) a la calle. ¿Para esto vendemos la vivienda pública?

Los dos últimos desahucios los tuvimos el lunes 26, con Bankia queriendo echar a una familia de Villaverde Alto, y el miércoles 28 con un desahucio por alquiler en Parla. El primero lo paramos y el segundo fue suspendido, ya que la familia consiguió un alquiler social.

Pasan los años y los desahucios siguen ahí. Hay quien piensa que no pueden ser más crueles, pero ver cómo los fondos buitre pueden echar a familias con un bebé de dos meses a la calle te hace pensar que la gente que gestiona estas empresas no tiene ningún tipo de conciencia.

Sin embargo, como todos los meses desde hace ya bastantes años, ahí nos encontrarán para recordarles que no pueden hacer lo que les dé la gana con nuestras vidas.

7. Numerosas contradicciones entre los agentes durante sus declaraciones en el juicio contra Alfon. Como, por ejemplo, el lugar en el que fue identificado el acusado.

8. Se niegan a analizar las huellas encontradas en la bolsa.

9. Tanto el informe policial como las preguntas de la fiscalía se centran en la actividad e ideología del joven vallecano, quedando demostrado en el juicio que Alfon ha sido sometido a seguimiento policial desde el año 2009 sin ninguna orden judicial.

10. No se tiene en cuenta la declaración de ninguno de los testigos de Alfon.

urgencia para las actividades realizadas en La Traba, centro social desalojado y demolido sin alternativa en agosto pasado.

Curiosamente, el área de gobierno a la que pertenece la propia DG de Participación Ciudadana se está construyendo ahora su nueva y lujosa sede “ocupando” precisamente un edificio municipal en Arganzuela, próximo al Mercado, que el Plan Especial de Madrid Río inicialmente destinaba, en parte, a paliar la falta de equipamientos para los vecinos: una biblioteca y centro cívico (además de otros usos).

Los representantes del Espacio Vecinal llevaron a la reunión una propuesta de uso parcial del espacio del mercado, limitada en el tiempo para no condicionar a quienes asumieran el gobierno de la ciudad dentro de cuatro meses y garantizando la buena conservación del inmueble y la posibilidad de revertir el

La PAH recupera un nuevo bloque del ‘banco malo’ en Vallecas PAH VALLEKAS

a la Sareb y al Ministerio de Economía, sin que de momento ninguna de estas instancias haya contestado a la PAH en sus intenciones de negociar globalmente la regularización de los bloques ocupados por la campaña Obra Social de la PAH. La última de estas comunicaciones fue en el mes de diciembre del año pasado mediante la entrega formal de una carta al ministro de Economía, Luis de Guindos, en nombre de la PAH y de todos los bloques que este movimiento le ha ocupado a la Sareb. Desde entonces, Guindos ha vuelto a reconocer públicamente en el programa Salvados de La Sexta TV que es el Gobierno quien tiene el control del máximo accionista de la Sareb, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Desde nuestro punto de vista, esto certifica que tiene capacidad de decisión sobre los cerca de 70.000 pisos que gestiona la Sareb.

Coincidiendo con el anuncio del nuevo bloque, tres representantes de la PAH Vallekas han vuelto a entregar una carta en el Ministerio de Economía en nombre de todos los habitantes de los bloques de Obra Social, para pedir una reunión en la que poder trasladar las reivindicaciones de la PAH para el uso de los pisos vacíos de los bancos rescatados como parque de vivienda destinado al alquiler social.

proceso, en caso de no ser valorado positivamente por la Administración. Esta propuesta se basa en experiencias de éxito similares de otras ciudades españolas y europeas. Sin embargo, dicha propuesta no fue ni siquiera debatida: se negó cualquier posibilidad de que una parte del mercado fuera destinada a actividades gestionadas por los propios ciudadanos mientras el Ayuntamiento buscaba un uso definitivo para el inmueble. Es decir: mejor un patrimonio vacío y abandonado que aprovechado y disfrutado por los ciudadanos madrileños.

municipal a dialogar, acordaron incrementar las movilizaciones en la calle y la organización de actividades sociales y culturales frente a las puertas de un inmenso espacio vacío, cuya vigilancia 24 horas pagan todos los madrileños, únicamente para garantizar que continúe sin uso y abandonado durante unos años más.

Los representantes de EVA recuerdan que el Mercado de Legazpi es patrimonio histórico de todos los madrileños, no de los responsables de turno del Ayuntamiento, y su destino no puede ser en ningún caso decidido a espaldas de los ciudadanos, tras las puertas cerradas de ningún despacho municipal.

En el proyecto Espacio Vecinal Arganzuela están implicados más de 30 colectivos, desde asociaciones vecinales a arquitectos, movimientos sociales y AMPA, que agrupa a una parte importante del tejido ciudadano más activo de Arganzuela.

La PAH Vallekas anunciaba el 26 de enero una nueva recuperación de un bloque vacío propiedad del conocido como banco malo para alojar en él a personas sin acceso a vivienda digna. El inmueble, situado en la calle Monte Perdido, 60 bis, en el distrito de Puente de Vallecas, es el undécimo edificio de viviendas propiedad de la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que ha liberado la PAH en el marco de su campaña de Obra Social, dirigida a pedir alquileres sociales en pisos vacíos en manos del sector financiero (banca y cajas rescatadas, la Sareb y fondos buitre). Esta campaña ya ha recuperado una treintena de bloques, así como decenas de pisos vacíos sueltos en manos de la banca.

La recuperación de este nuevo inmueble se produjo en diciembre de 2014 por parte de personas que participan en la PAH del distrito de Puente de Vallecas.

Durante este mes la PAH ha estado acondicionando este edificio de tres viviendas, que se encontraba en un grave estado de abandono. La intención del movimiento por la vivienda digna y contra los desahucios es reclamar la regularización de los habitantes de estos bloques a través de un alquiler social, una voluntad que han comunicado repetidas veces

Incremento de la movilización ciudadana En la asamblea que se realizó en El Matadero con posterioridad a la reunión, los más de 60 representantes de los colectivos integrantes en EVA, ante la negativa

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Protestas contra el traslado de la oficina de 'desempleo' Los usuarios del distrito con más paro de la capital tendrán que desplazarse más de 15 kilómetros, hasta la calle Canillas, en el barrio de Prosperidad ASAMBLEA DE DESEMPLEADXS DE VILLAVERDE

En la mañana del 28 de enero, decenas de desempleados y vecinos de Villaverde se han concentrado frente a la oficina del INEM (SEPE) ubicada en la avenida Real de Pinto, 36, convocados por la Asociación Vecinal La Incolora, el 15M de Villaverde y la recién creada Asamblea de Parados de Villaverde, para denunciar el traslado de dicha oficina a la calle Canillas, 104, en el barrio de Prosperidad, a partir del 29 de enero.

La única oficina del INEM que atiende a todo el distrito de Villaverde (más de 140.000 habitantes) ha anunciado su

cierre por obras a partir del 29 de enero, obligando a los más de 15.000 vecinos y vecinas desempleados a desplazarse hasta la calle Canillas, en el barrio de Prosperidad. Villaverde es, junto con Puente de Vallecas, el distrito con el índice de paro más alto de la capital (aproximadamente un 21%, con picos del 28% en el barrio de San Cristóbal).

El cierre de la oficina del Servicio de Empleo Público Estatal, por un tiempo aproximado de seis meses, va a suponer para todos los afectados un desplazamiento de más de 15 kilómetros, varios transbordos en transporte público y más de una hora de recorrido,

además de un desembolso de dinero que, para unas personas obligadas a sobrevivir a veces solo con un subsidio de 426 euros, cuando lo cobran, significa tener que renunciar a cubrir otras necesidades básicas.

La indignación de los vecinos aumenta al saber que a unos pocos metros de la oficina del INEM (estatal) está la oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, que seguirá activa, aunque sus servicios se limitan a la inscripción como demandante de empleo y la información sobre ofertas laborales, y que podría haber sido compartida durante el tiempo que duren las obras de reforma. Existen además otras alternativas que supondrían un menor perjuicio para los vecinos de Villaverde, como la posibilidad de utilizar temporalmente las oficinas del INEM de

Asamblea del 15M para informar y recoger firmas contra el cierre de la oficina. A. P. VILLAVERDE 15M

LA MEDIDA NO GUSTA A NADIE R. B. T.

Nadie está contento con la decisión de desviar la oficina a Prosperidad. Ni los funcionarios, a los que no hace ninguna gracia trasladarse tan lejos, ni por supuesto —y especialmente— a los usuarios, por el absurdo gasto en tiempo y dinero —que en muchas ocasiones no tienen— que esto supone. Además, la medida se ha realizado con un “total desprecio” de los usuarios, según declaraban el día de la protesta algunos de ellos, quejándose por no haber recibido aviso alguno y enterándose en varios de los casos al presentarse en la oficina.

Así, el número total de protestas ha rondado las 3.000, si sumamos las más de 1.000 firmas recogidas a las también más de 1.000 reclamaciones presentadas en la propia oficina, donde se han terminado los formularios por dos veces, según nos cuentan activistas de 15M Villaverde.

Un año de Coca-Cola en lucha @COCACOLAENLUCHA

El pasado 22 de enero se cumplió un año desde que la empresa Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) decidió de forma contundente despedir a un tercio de sus trabajadores y cerrar 4 de sus 11 plantas de embotellado, entre ellas la de Fuenlabrada en Madrid, la de mayor producción de España y la segunda de Europa.

Fue una decisión infame, fuera de toda lógica y que a día de hoy todavía es incomprensible: el despido de trabajadores en una empresa con beneficios multimillonarios. Y ello en un país que se desangra industrialmente, con un 25% de paro y cientos de miles de exiliados laborales.

El ERE fue presentado al amparo de una reforma laboral, que paradójicamente fueron diseñados ambos por el bufete Sagardoy. Un ERE que es el paradigma de las cosas mal hechas y que ya es objeto de estudio en las facultades de Derecho de nuestro país.

Pero Coca-Cola Iberian Partners no pensó que se encontraría con la resistencia de una parte de la plantilla de los trabajadores de Fuenlabrada.

La empresa tejió sus hilos en una maraña de manipulación y engaño a los trabajadores, aplicó el divide y vencerás, creyendo que con dinero y coacciones todo se consigue.

La 'fórmula' de la Coca-Cola: despidos y represión. COCACOLAENLUCHA

Pero no fue así. Un grupo de 235 trabajadores decidió luchar, levantar la cabeza y no rendirse nunca, sabiendo que la razón estaba de su lado, como después lo estaría la justicia en esa sentencia, sin precedentes, dictada por la Audiencia Nacional.

Sabían a quién se enfrentaban: a la reina del marketing y de la publicidad engañosa; a la gran multinacional que encarna a la perfección los valores de este feroz sistema capitalista, que antepone el dinero a las personas.

Ha sido un año duro de lucha continua, en la calle real y virtual, en el que los medios de comunicación han silenciado constantemente la noticia. La todopoderosa compañía compra medios y voluntades en todos los ámbitos periodísticos y políticos para acallar las voces. Durante tres semanas, tanto Coca-Cola España como CCIP mantu-

vieron silencio. No eran capaces de salir a explicar su ERE, pero obligados por la situación saltaron a los medios varios portavoces de la patronal en defensa de su “no ERE”, con intervenciones a cual de ellas más desafortunada, que desacreditaban cada vez más su actuación.

Los trabajadores han tenido que luchar contra el silencio y la manipulación de la información en los medios al servicio de la empresa, contra la inacción del Gobierno a pesar de sus llamamientos, contra la pereza de los políticos que no traducían su apoyo en acciones visibles.

Han neutralizado los múltiples intentos de mercadeo de sus puestos de trabajo, la traición de ciertos sindicalistas mal llamados “representantes de los trabajadores” y los ataques verbales de otros trabajadores de la empresa, que no compañeros.

Han tenido que luchar contra las argucias de la empresa, empecinada en sacar adelante su ERE ilegal. Han protegido con uñas y dientes la planta de Fuenlabrada, impidiendo los numerosos asaltos para desmantelarla por parte de CCIP; el último incluso con el apoyo de la Delegación del Gobierno. Han sido apaleados por la Policía Nacional, denunciados y hasta detenidos, pero eso no les ha hecho rendirse, sabedores de que les asiste la razón y la justicia.

Están poniendo en evidencia la debilidad de un sistema político supeditado al poder económico que carece de medios o voluntad para que se cumplan las resoluciones del poder judicial. El caso Coca-Cola es un grave ataque al Estado de derecho, donde la ley se aplica con contundencia al ciudadano de a pie, pero no al poderoso, al que incluso en este caso el Gobierno pone a su servicio a la UIP para que realice acciones encaminadas al incumplimiento de un mandato judicial condenatorio.

La lucha es el único camino para la clase trabajadora, por nuestra dignidad, por nuestros derechos y por el futuro de este país.

Los espartanos de Fuenlabrada seguirán en lucha hasta que la empresa cumpla con la justicia.

Mientras, solidaridad y boicot. ¡Fuenlabrada no se cierra!

Usera o Legazpi, mucho más cercanas y accesibles, o recuperar el edificio que albergaba la antigua Agencia de Zona para el Empleo que en 2005 Gallardón inauguró en Villaverde Alto, gastándose en aquel momento aproximadamente unos 500.000 euros en reformas, y que se cerró sin cumplir ninguno de los objetivos para los cuales se había diseñado.

Durante la concentración se entregaron en la oficina del INEM las más de 1.000 firmas recogidas, que se añaden a los cientos de reclamaciones que ya se entregaron en los últimos días, pidiendo a las distintas Administraciones públicas que se estudie una solución alternativa que facilite, y no dificulte, el acceso a este servicio por parte de todos los ciudadanos de Villaverde.

Por último, se ha informado de la creación de una de Asamblea de Desempleados de Villaverde, que se reunirá todos los lunes a las 10:00 en la A.V. La Incolora de Villaverde Alto (calle Acebes, 6).

La Inspección de Trabajo regulariza a más de 30 becarios en fraude y sanciona a varias empresas OFICINA PRECARIA

Una treintena de becarios ha visto regularizada su situación laboral y han sido reconocidos como trabajadores asalariados tras cursar varias denuncias contra diferentes empresas de Madrid. La Inspección de Trabajo ha actuado a instancia de la Oficina Precaria, sancionando a varias empresas que tenían en sus plantillas a becarios en fraude de ley, que encubrían puestos de trabajo. Además, al reconocer su laboralidad, la Inspección de Trabajo ha obligado a pagar los salarios no percibidos por los becarios hasta la fecha.

Empresas de comunicación, venta al detalle y de servicios a terceros, entre otros casos, usan esta fórmula para tener empleados encubiertos, que cobran poco o no cobran y que no tienen derechos laborales. Una beca en fraude de ley es aquella en la que el becario desempeña las funciones de otro trabajador y donde no obtiene la formación que motiva la beca. En estos 30 casos, han sido declaradas fraudulentas al no cumplir con los requisitos legales de las prácticas formativas: superan las horas permitidas por la universidad, se suscriben con entidades no homologadas para la enseñanza universitaria o no están vinculadas a un proyecto de formación real.

Desde la Oficina Precaria venimos denunciando las abusivas prácticas con las becas —prácticas curriculares y extracurriculares— desde hace más de año y medio, y desde el principio hemos apostado por la Inspección de Trabajo y por las denuncias judiciales para reclamar laboralidad. El tiempo nos ha dado la razón, y hoy algunas empresas ya

son conscientes de que estos fraudes son sencillos de detectar, de que los empleados con becas empezamos a organizarnos y de que si su modelo de negocio se basa en la esclavitud moderna de jóvenes y no tan jóvenes nos tendrán detrás de ellos.

La Oficina Precaria se ofrece, a través de un formulario en su página web, para tramitar las denuncias a la Inspección de Trabajo, de modo que se garantiza el anonimato del becario que denuncia su situación. La empresa no puede negarse a ser inspeccionada ni puede pedirle a sus becarios que no hablen con los inspectores de Trabajo.

Actualmente, desde Oficina Precaria estamos trabajando con colectivos universitarios, y en 2015 vamos a reclamar a las universidades —las principales cómplices de esta flagrante vulneración de derechos— que cumplan con un código de buenas prácticas, para asegurarnos de que las becas cumplen su función. Las becas de formación en fraude de ley son una forma de educar en la precariedad a quienes entran en el mercado de trabajo, y no perjudican solo a quienes las sufren, también presionan a la baja el poder de negociación del resto de los trabajadores —y por tanto sus salarios y sus condiciones laborales—, por eso es prioritario frenar esta forma de subempleo y apostar por una inserción laboral de calidad, también para los jóvenes. ¡Contra el paro, la precariedad y sus culpables!

☛ MÁS INFORMACIÓN ❱❱ Web: oficinaprecaria.com ❱❱ http://xurl.es/2zgix

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La PLAFHC: de la Gran Marcha hasta Naiara ÁNGELES FERNANGÓMEZ PLATAFORMA DE AFECTADOS POR HEPATITIS C

Encontré a Naiara por los pasillos del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Lloraba sin consuelo, como seguramente habría llorado tantas veces antes.

Le acababan de informar en la consulta de que la Administración le seguía dando largas a su 4ª prescripción. Pude enterarme de que tenía 21 años, hepatitis C de nacimiento, tratamientos con Interferón, sin resultado, desde los 5 añitos; la vesícula extirpada para dejar sitio a su hígado inflamado, 3 denegaciones previas al tratamiento con los nuevos fármacos, y un “vuelva usted mañana y ya veremos” a su última prescripción. A un enfermo no le queda otra que confiar en su médico, pero ella ya perdía la

Continúa el encierro en el 12 de Octubre. PLAFHC

confianza incluso en ellos. A saber. Solo pude abrazarla y decirle: “no estás sola, contigo está la PLAFHC, ven”.

Y es que a la Plataforma de Afectados por Hepatitis C (la PLAFHC) no le queda otra que verlo claro y presionar, aunque el ministro diga que no es bueno. Así lo demostró en la Gran Marcha a la Moncloa, donde

Compromiso por una gestión pública y participativa del agua en la Comunidad de Madrid PLATAFORMA EN CONTRA DE LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II

El pasado 20 de enero, promovido por la Plataforma en Contra de la Privatización del Canal de Isabel II, se presentó en el Auditorio Marcelino Camacho de Comisiones Obreras el Acuerdo por una gestión pública, transparente y participativa del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, que ha sido suscrito por más de 30 organizaciones políticas, sociales y sindicales, entre las que se encuentran PSOE, Podemos, Ganemos Madrid, IU, Equo y UPyD. En el marco del acuerdo, las organizaciones firmantes se comprometen a detener la privatización del Canal de Isabel II de forma definitiva y a establecer un sistema de gestión 100% pública que sea democrático y participativo y se realice sin ánimo de lucro. En el acuerdo se asumen explícitamente los compromisos siguientes relativos al tipo de gestión del Canal de Isabel II: — Que las actividades del Canal deben circunscribirse exclusivamente a las derivadas del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid.

— Que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano que, de acuerdo con lo estipulado por Naciones Unidas, es un “derecho de prestación” que debe garantizar el suministro de una

dotación mínima de agua a cada ciudadano, independientemente de su capacidad de pago, y el compromiso de no realizar cortes por impagos justificados social o económicamente.

— Que la gestión del servicio debe estar orientada al uso sostenible del agua, dando prioridad al cumplimiento de la directiva marco sobre el agua y al resto de las directivas ambientales vigentes.

— Que los servicios relativos al ciclo integral del agua deben prestarse cumpliendo con las normas de calidad y eficiencia más exigentes, para lo cual es preciso disponer de medios y recursos financieros suficientes.

— Que el Canal debe ser un instrumento de cooperación de todas las Administraciones con competencias en el ciclo integral del agua, reforzando el peso de los ayuntamientos en los órganos de dirección de la entidad, respetando su autonomía en la elección de las formas de gestión de sus servicios y complementando sus actuaciones.

— Que un servicio de alta calidad precisa de un personal suficiente y cualificado, con derechos y condiciones de trabajo justas y equitativas.

Es necesario establecer un convenio propio para todos los trabajadores del Canal.

— Que la gestión pública debe regirse por los principios

logró que más de 100.000 ciudadanos se unieran a la lucha y consiguiendo entrar —muy a pesar de sus actuales inquilinos—, en el mismísimo Palacio de la Moncloa y entregar allí, bajo techo, como mandan los cánones, su escrito de petición y queja al presidente del Gobierno. No se trataba de llamar como mendigos a la

de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Es preciso promover nuevas formas de control social y de democracia participativa que garanticen la participación ciudadana en el funcionamiento del ente público.

— Que, como órgano de participación social y ciudadana, se constituirá el Observatorio del Agua, que estará integrado por organizaciones y movimientos sociales, asociaciones de vecinos, asociaciones de usuarios, sindicatos, ONG, instituciones académicas y expertos y ciudadanos preocupados por los problemas del agua, y cuyo objetivo será controlar y evaluar la gestión del Canal de Isabel II. Por último, en el acuerdo se recoge el compromiso de hacer lo necesario para que las leyes y normas vigentes adapten lo allí establecido y, en particular, la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que fomenta la privatización de los servicios municipales, entre ellos los de saneamiento y abastecimiento.

En el acto de presentación participaron reconocidas personas de toda España que trabajan por defender una gestión pública y participativa del agua, como Luis Babiano (AEOPAS) y Pedro Arrojo (FNCA), entre otros. Los grupos políticos estuvieron representados por Amparo Valcarce (PSM-PSOE), Carmen Varcarce (IU), Guillermo Zapata (Ganemos Madrid), Jesús Montero (Podemos), Ramón Linaza (Equo) y Elvira García Piñeiro (UPyD). Fue cerrado con una emotiva actuación de la Solfónica, que interpretó dos piezas dedicadas al agua pública.

puerta, sino de entrar a la casa como dueños a exigir que entregaran lo que es del pueblo.

A cada movimiento de la PLAFHC le sigue una declaración de engaño descarado a la ciudadanía por parte del Gobierno: “y yo os aseguro que ningún paciente al que su médico le prescriba, no se quedará... (lapsus) se quedará... (rectificación del lapsus) sin tratamiento”, dijo Rajoy desde Toledo al terminar la marcha. Un poco encima sí se le ha venido la frase, porque los médicos se van atreviendo a decir “pues vale” y prescribir. Aunque prescribir es solo el primer paso, después están los doctos comités y otras mil trampas para poner pegas y acabar así con el SNS, que, no nos engañemos, es el objetivo que subyace.

Desde entonces han pasado muchas cosas, la PLAFHC ha seguido presionando, desde su punto neurálgico en el encierro del Hospital 12 de Octubre —que va ya por la cincuentena de sus días—, hasta las múltiples acciones y movilizaciones que se ha visto obligada a realizar: protocolo de acompañamiento a las consultas (en las que las camisetas juegan un papel muy importante), ha llegado hasta el mismísimo Parlamento Europeo a llevar su petición, petición que ha sido recogida con respeto, mientras los afectados se manifestaban dignamente a sus puertas para después entrar y ser acogidos y escuchados.

Pese a la férrea cerrazón de los que aún viven en el espejismo de creer que ejercen el poder cuando solo mandan y torturan, ya que el poder lo perdieron hace tiempo al dejarlo en manos del mercado

—y, en este caso, en manos de uno de los mercados más crueles de la historia: las farmacéuticas—, la PLAFHC sigue teniendo claro su objetivo de tratamiento para todos.

Por eso también los afectados por hepatitis C gritaron “asesinos” a las puertas de Gilead hace unos días.

Se ha trabajado duro para preparar lo que el próximo viernes día 13 se presentará con mucho ruido: la querella, por omisión del deber de socorro, contra las autoridades sanitarias de la Administración. Y es que mueren más de 10 personas diariamente en el país, pero como no es con bombas no es pecado. Y los tratamientos llegan a cuentagotas y tras largos sufrimientos por la espera. Menos mal que, de tarde en tarde, tenemos alguna alegría como la de que Naiara ya tiene aprobada su medicina. ¡Enhorabuena, tesoro!

Medidas para reducir la factura de la luz PEDRO L. - APA ALPEDRETE

El Gobierno está preparando una nueva normativa para las tarifas eléctricas con la que pretende aumentar de nuevo la parte fija —potencia contratada—, subsidiando el kilovatio consumido.

Da igual que ahorres, que pases frío o que derroches, pagarás casi lo mismo.

Así, las eléctricas se aseguran unos enormes ingresos fijos, independientemente del consumo y de lo que les cueste generar y distribuir la electricidad.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha preparado una calculadora online para comparar los precios (http://altiplana.nuevomodeloenergetico.org/calculadora-online/).

Si alguna de las compañías os ofrece este tipo de tarifas planas, no se os ocurra contratarlo.

Sé que puedo parecer un poco pesado con este tema, pero no me canso de insistir en las medidas que cada ciudadano puede tomar para mandar a la “m...”, aunque solo sea un poco, a esta panda de ladrones: — Bajar la potencia contratada. Pagamos cientos de millones mensuales a estas empresas a cambio de nada.

Prácticamente nunca se utiliza. Con 2,3 kilovatios o como mucho 3,45 kilovatios es suficiente en la inmensa mayoría de hogares simplemente organizando el uso de los elec-

trodomésticos. Cuando sea imprescindible, existen dispositivos llamados racionalizadores, legales y homologados, para priorizar circuitos y que nunca salte el limitador de potencia (si pones el horno, te corta el aire, por ejemplo). Si todos los usuarios quisiéramos hacer uso de la potencia que tenemos contratada y “garantizada” reventaría el sistema. Es otra mentira más, por la que pagamos sin sentido y en la que están cebando las subidas.

Las compañías están obligadas a hacer el cambio por unos 11 euros siempre que tu contrato sea de menos de 20 años. Si es de más de 20 años, te exigirán además el boletín de la instalación por un electricista autorizado.

— Tarifa de discriminación horaria. Es la que antes se llamaba “tarifa nocturna”.

De 22:00 a 12:00. Son 14 horas diarias, tarifa valle, con un precio que no llega ni al 50% del normal. Por contra, la tarifa punta es un 15% más cara que la normal. Tengo comprobado que con un mínimo de organización en el uso de los electrodomésticos el ahorro final puede llegar al 30%.

Hay que cambiar el contador.

— Cambiar de compañía. El cambio de compañía es aún más sencillo, pues incluso se puede hacer telefónicamente o por Internet y no tiene coste alguno. Todas las siguientes son recomendables por su gestión trans-

parente, especialmente las cooperativas, donde el consumidor es además socio y puede participar en la toma de decisiones.

Cooperativas de energía limpia: — Som Energía. Teléfono 972 183 386. www.somenergia.coop/es/ — Zencer. Teléfono 902 750 736. www.zencer.es/ — Goiener. www.goiener.com/ — Grupo Enercoop. http://www.enercoop.es/ Empresas de energía limpia: — Gesternova. Teléfono 900 373 105. www.gesternova.com/ — Electra Norte. Teléfono 985 734 022. www.electranorte.es/ — Geoatlanter. www. geoatlanter.com/ — Insumisión. Con el reciente peaje al sol, que aún no está aprobado, han hundido la industria fotovoltaica, en la que este país era puntero, y por ende los precios de los paneles que ya habían bajado lo han hecho más todavía. Por unos 400450 euros te puedes instalar un panel de 240 vatios en cualquier terraza, patio, jardín, azotea y pasar un poquito de las Unesas. Es un electrodoméstico más, pero positivo en lugar de negativo. Se instala con solo enchufarlo en cualquier enchufe de la casa, pero en vez de consumir energía, la produce.

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madrid15m Nº 33 FEBRERO 2015M

Corrupción. Debate en la Escuela Política La Guillotina ESCUELA POLÍTICA LA GUILLOTINA

En febrero de 2013, los compañeros de la Asamblea de Granada nos sorprendieron con un manifiesto sobre la corrupción, que sigue siendo de lo poco coherente que se ha publicado al respecto.

La importancia del tema y la falta de un análisis de fondo, más allá del discurso mediático al uso, hizo que considerásemos necesario abordarlo para establecer las claves que nos permitieran comprender el fenómeno e identificar posibles vías de respuesta al mismo. Brevemente pasamos a compartir algunas de las reflexiones que surgieron.

Nos encontramos en medio de una corrupción sistémica, porque es inseparable del sistema, y porque es transversal y continuada en el tiempo. Los datos no dejan duda: estudios recientes calculan el coste social de este fenómeno en unos 40.000 millones de euros, y es solo la punta del iceberg, como lo son las más de 1.500 causas abiertas.

Los casos que van saliendo a la luz pública, a veces

empujados desde instancias de tinte reaccionario, suelen tener tres elementos comunes. Jamás se habla de los corruptores: salvo algún pequeño empresario despista-

esta estructura donde podemos definir el sistema como el conjunto de relaciones de sometimiento que permiten a éste perpetuarse, acumulando mediante explotación

do, las clases empresariales y financieras que sobornan a los políticos permanecen en el anonimato. Se evita establecer las causas últimas que generan las dinámicas corruptas. Se individualiza al corrupto, su forma de actuar, levantando un cortafuegos que no afecte al entramado institucional y al propio sistema.

Este sistema capitalista, injusto y depredador, se estructura sobre la apropiación del trabajo humano sometido al mercado, y es en

y desposesión. Esto configura tanto la sociedad como la propia política. Si entendemos el sistema capitalista como un sistema de relaciones de dominación, podemos entender que la corrupción es parte de su ADN; no es una deformación, ni siquiera una herramienta, es el sistema mismo.

En esta dinámica corrupta siempre hay víctimas: preferentistas, desahuciados por fondos buitre implantados por gestores públicos, impositores que

pagan tarjetas black a los directivos donde tienen sus ahorros, desaparecidos de la memoria histórica, víctimas de la represión… El trato que se da a esos afectados directos es el contrario al que se da a los corruptos: no se les individualiza, se les diluye, a veces se les contabiliza, pero no hay espacio para sus historias personales.

La corrupción tiene una dimensión personal, pero sobre ella se construye una tolerancia social que facilita su desarrollo en el mundo de las instituciones, para acabar adoptando un carácter sistémico. No hay fórmulas mágicas; algunas como la transparencia ayudan cuando no son una farsa, pero no olvidemos que los suizos hicieron hace poco un referéndum “transparente” sobre la conveniencia de abolir el secreto bancario en su país y votaron a favor de mantenerlo.

Frente a la corrupción debemos potenciar el control desde lo social, e incidir en la corrupción legalizada, la que se ejerce desde el poder a sabiendas del daño irreparable que causa en sus víctimas, la que estamos obligados a combatir para transformar de raíz este sistema capitalista. ¡Nos vemos en la tarea!

Según una sentencia, nuestra yaya Ela formaba parte de un grupo de disidentes llamado '15M'

Sentencia ‘caso Ela’ YAYOFLAUTAS MADRID

En una sentencia sin desperdicio, plagada de inexactitudes y prejuicios, Ela ha sido condenada a pagar dos euros al día durante 10 días.

No es ciertamente una ruina económica, pero sí moral. Con esta condena constatamos que tanto el Ministerio Fiscal como los jueces se convierten en muchas ocasiones en un aparato represor más del Gobierno, que no tiene otra finalidad que la de amedrentar a la ciudadanía para que dejen de ejercer sus derechos legítimos.

Duele constatar que como argumento irrefutable aparezca que “fueron increpados por la denunciada, Eladia (…), quien formaba parte de un grupo de disidentes del llamado 15M”, sin que ninguna de estas menciones apareciera en el juicio.

Creemos que Ela ya ha-

A todas las asambleas del 15M de Madrid AGSOL

Renace la Asamblea Popular de Móstoles 15M Ante las actuales perspectivas de desmovilización popular, resurgen en Móstoles los valores que representó la llegada del 15M a esta ciudad del sur madrileño ASAMBLEA POPULAR DE MOSTOLES 15M

El 28 de mayo de 2011 es una fecha clave de la reciente historia activista de Móstoles por la aparición de la asamblea del 15M. Sábado a sábado se mostró cómo era posible discutir, analizar y ofrecer soluciones y alternativas para nuestro municipio y, con el resto de asambleas, la sociedad mediante una unión hasta ese momento inédita. En la plaza confluimos gente proveniente de diversos ámbitos y también muchas personas des-

movilizadas con la esperanza de construir algo nuevo sin regirnos por calendarios electorales que legitiman un sistema injusto y voraz. Éramos personas. Aunque la concurrencia a la asamblea fue reduciéndose, desde ésta se generaron espacios como Stop Desahucios, la Asamblea de Parad@s y Precari@s, Móstoles Feminista, etcétera. La asamblea poco a poco fue perdiendo su rol aglutinador a consecuencia de su éxito y de la actuación poco edificante por parte de ciertas perso-

nas. La asamblea prácticamente se paralizó.

Sin embargo, en noviembre, un grupo de personas ligadas a la asamblea vio la necesidad de retomar la calle y crear contrapoder popular alejado de la fiebre de politiqueo presente en Móstoles. Somos apartidistas y asindicales, no nos identificamos con ningún colectivo o partido político que quiera lucrarse de lo realizado por el 15M. No nos representa nadie porque nos representamos a nosotros mismos a través del empoderamiento y de la horizontalidad. Desconfiamos de las vías fáciles de la democracia representativa porque no nos creemos que un lavado de cara de las instituciones suponga algo más que su legitimación, y rechazamos ciertas actitudes, presiones y ataques personales irrespetuosos hacia la asamblea y sus miembros. Sin un contrapo-

der en la calle, el poder institucional se revela huero y falso. A eso decimos no. No somos el apéndice de nadie, no somos la excusa ni el trasfondo publicitario ni combativo del que algunos se quieren apropiar. No somos un producto con el que conseguir votos y nos definimos a través de nuestros actos. Pretendemos proseguir con la construcción de tejido social e inclusivo mediante el empoderamiento y el rechazo hacia un sistema hostil que solo puede cambiarse desde la participación. En confluencia con otros colectivos o a partir de nuestras fuerzas queremos crear e informar, generar un sano espíritu crítico y actuar decididamente contra lo injusto.

Por todo ello, la asamblea invita a quien desee participar en este renacimiento a que lo haga, sin olvidar que “vamos lento porque vamos lejos”.

Respuesta a un artículo de Archivo15M La Asociación de Archiveros de Castilla y León ha escrito una nota respecto al artículo publicado en el número 31 de Madrid15M '¡Importante! No basura. Carteles, pancartas ¡Archivo!' que se puede consultar en el siguiente enlace:

❱❱ Web: http://xurl.es/h508c

bía sido condenada previamente y que el juicio no ha sido más que un mero trámite que con la Ley Mordaza será innecesario.

La palabra de los agentes será ley, como ya viene sucediendo, y ser disidente será motivo suficiente para ser culpable. Es un aviso. Ela somos todos, y, como Ela, cualquier día seremos también culpables.

Animamos a la ciudadanía, las redes, los medios de comunicación, a los políticos, a los jueces, etcétera, a parar despropósitos como el juicio a Ela, un despilfarro de la justicia, una judicialización de la protesta.

Ela no está sola, y no podemos consentir que se sienta culpable y pague los 20 euros a los que ha sido condenada, por lo que ya ha mostrado su intención de recurrir la sentencia.

Estimadas compañeras y compañeros: Nos dirigimos a todos como la Asamblea General de Sol 15M de Madrid. Y lo hacemos porque queremos contar con vosotros.

Empezamos en la Puerta del Sol el 15 de mayo de 2011 y seguimos estando allí los domingos, ahora a partir de enero el primer y tercer domingo de cada mes.

Pero queremos seguir contando con vosotros porque es la asamblea de todos: con vuestra participación (como lugar de encuentro y difusión de las asambleas y grupos de trabajo del 15M), como lugar desde donde se informe y se exprese la ciudadanía, como espacio de transversalización de propuestas y de cooperación. Y con vuestra opinión queremos saber si consideráis que se puede mejorar algo para que siga adelante, para que siga teniendo sentido y utilidad.

Este año 2015 se avecinan cambios, hay elecciones municipales y autonómicas y creemos que precisamente por ello hay más motivos que nunca

para estar ahí. El espacio público es nuestro, y la Puerta del Sol nuestra casa, y no hay mejor forma de ejercer nuestros derechos que haciendo uso de ellos. Por eso, y a pesar de la Ley Mordaza, queremos seguir estando ahí, pero con todos. El 15M es abierto, horizontal e inclusivo, y todas las personas tienen cabida en él.

Más adelante os convocaremos para una asamblea en la que nos gustaría que nos contarais vuestras opiniones, sugerencias y críticas constructivas.

Se ha consensuado hacer dos asambleas al mes (el primer y el tercer domingo de cada mes) a las 18:00 en la ballena de la Puerta del Sol. Próximas fechas: — 1 y 15 de marzo.

— 5 y 19 de abril.

— En mayo de 2015 el calendario se consensuará en acuerdo con las diferentes iniciativas.

— 7 de junio, asamblea de evaluación.

Tiempo de asamblea: dos horas. Siempre al final de la asamblea hay un micro abierto a todos.

☛ HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN: AGSOL ❱❱ Contacto: asambleageneral15msol@gmail.com ❱❱ Twitter: @AGSOL15Mmadrid #AGSOL ❱❱ Lista de correo abierta a quien quiera participar: asambleageneralsol15m@googlegroups.com (enviad la propuesta al correo de contacto para estar en la lista).

OPINIÓN

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La locomotora económica de Europa

Paradójicamente, las coberturas de protección a los desempleados caen en picado, y mientras aumenta el porcentaje de parados de larga duración el Estado reduce sus gastos en prestaciones. Más de dos millones y medio de parados han agotado su derecho a cobrar algún tipo de prestación; esta cifra aumentará en el transcurso del presente año, ya que más de 1.200 personas agotan su prestación contributiva cada día. Actualmente, en más de 700.000 hogares no entra ningún ingreso.

En cuanto al empleo de quienes sí tienen trabajo remunerado, es cada vez más precario, de peor calidad, con más temporalidad y con salarios más bajos. Los salarios descienden (en el lenguaje surrealista y cínico del Gobierno, “crecen moderadamente”).

Según un informe de Unicef España, es uno de los países donde más han caído los ingresos de las familias: han perdido 10 años de avance en su economía familiar, tan solo superadas por las familias griegas, que han retrocedido 14 años.

Como consecuencia, más de 13 millones, uno de cada cinco habitantes, vive por debajo del umbral de la pobreza (el 20,4% de la población española); tres millones de niños viven por debajo del umbral de la pobreza y España es el tercer país de Europa (tras Grecia y Letonia) con un 36% de menores de edad en riesgo de exclusión social. Para los inmigrantes extracomu-

ALBERTO ROSÓN / ASAMBLEA POPULAR DE FUENLABRADA 15M

L

eemos en la prensa y nos lo confirma la televisión que España está saliendo de la crisis económica a una velocidad de vértigo. Todos los organismos internacionales (es decir, BCE, BM y demás) han aplaudido las reformas económicas del Gobierno, es decir los recortes, asegurando que la recuperación se debe a ellos. El ministro Luis de Guindos se vanagloria de que la economía está creciendo en el primer trimestre de 2015 por encima del 2% y prevé este año un crecimiento de cerca del 3%. He oído afirmar que nos estamos trasformando en la locomotora económica de Europa, y debe de ser cierto porque lo dice la televisión.

Pues bien, esta locomotora tal vez avance y lleve a alguien hacia un mundo mejor, de mayores beneficios: oligarcas, corruptos, especuladores financieros, grandes compañías monopolísticas, fondos buitre, banqueros, etcétera, pero está claro que ha dejado desenganchados, desmantelados y en vía muerta a un sinfín de vagones del convoy: hombres y mujeres, trabajadores, pequeños empresarios y autónomos, estudiantes, en-

fermos, personas dependientes, pensionistas… Tal vez estas personas abandonadas en la miseria sean viajeros de segunda y de tercera clase.

Las grandes cifras y las estadísticas amañadas con que nos bombardean insistentemente carecen de sentido para la mayoría de la población, tal vez porque los trabajadores no

entendemos nada y todo sea cosa de la macroeconomía; pero esta imagen de optimismo económico desmesurado se desintegra frente a la triste realidad social.

Con 5,5 millones de parados, el Gobierno continúa sonriendo como si no pasara nada: uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar no tiene ac-

ceso a un empleo remunerado, casi dos millones de hogares tienen a todos sus miembros en el paro. La tasa de paro se sitúa actualmente en un dramático 24%, y lo peor es que los expertos más optimistas estiman que no bajará del 21% hasta por lo menos 2019. ¡Más de 10 años con la tasa de paro por encima del 20%!

nitarios el riesgo de pobreza o exclusión social es aún mayor: el 60%.

En el año 2013, unas 50.000 familias perdieron su vivienda. Al carecer de ingresos, los embargos y los desahucios continúan en aumento, con el único freno que les ponen los colectivos sociales.

Podríamos seguir ampliando la larga lista de las injusticias y de las miserias, pero vale ya por hoy, pues es muy deprimente.

A la actual situación no podemos hacerle frente desde las instituciones del Estado, porque el enriquecimiento de quienes ejercen el poder real se asienta en la miseria y progresivo empobrecimiento de la mayoría de la población, y el Estado es el encargado de garantizar la estabilidad del actual sistema; es decir, la continuidad de una situación que para el pueblo es cada día más insostenible. Esto no se apaña con medidas coercitivas, buscando soluciones de orden público a los problemas sociales, y tampoco se apaña con medidas políticas pacatas y de corto alcance. Es necesario y urgente un profundo cambio, y este cambio irá llegando en la medida en que la población desarrolle la inteligencia colectiva necesaria para desembarazarse de las clases que la explotan y la parasitan.

Mientras tanto… Vemos cómo se aleja de nosotros esta absurda locomotora con su recorrido de la ceca a la meca. ¡Pita, pita, locomotora capitalista!

Parrilla Ágora Sol Lunes: 17:00 – 18:00 19:00 – 20:30 21:00 – 22:00 23:00 – 24:00 Martes: 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:30

Al Fondo a la Izkierda. ki d Segunda S d temporada d

Cabezas de Tormenta El Pasajero en Seco Divagancia y Dinero Onda Sonora

Jueves: 17:00 – 19:00 19:00 – 19:30 20:00 – 22:00 22:30 – 23:30

La Plaza de los Pueblos El Semanario Radical Sonoro La Oveja Negra

Toma la Tierra La Diligencia Bipartidos de Risa

Viernes: 16:00 – 18:00 18:00 – 20:00 20:00 – 21:00

Barrio Canino Encuentros 132 Revolution Sangre Fucsia

Seguimos dando guerra y cubriendo lo que no te dejan ver. Programa de actualidad política, con reportajes y entrevistas. Cada quince dias en TomalaTele y TeleK.

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Domingo: 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00 21:30 – 22:30

Gothic Lab Punki Reggae Party Hipster Rober

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■ NOTA DE LA REDACCIÓN Este número lo han hecho posible: Juanvi, Enrique, Waska, Cler, Dani, José Andrés, Roberto, Juan Carlos, Felipe, Juan, Raquel, Carlos, Álvaro, Fran, David, Marcos, Diego, Santi, Mario, Berta, Ricardo, Paúl, Antonio, Javier, Bea, Alejandro, Félix, Antonia, Byron, Heithor.

Agradecimientos: A. Rosón, D. Bollero, S. M. Grueso, A. L. Rojo, M. Rastamán, Á. Fernangómez, P. Marcellán, A. Pascua y E. Ocaña, Pedro L., A.P. Villaverde, C. Huerga, El Roto, Comisión Legal Sol, PAH Madrid, GT Economía Sol, Oficina Precaria, La Guillotina, Yayoflautas Madrid, APAdH, Disopress, FotogrAcción, Librería La Malatesta, Raúl, David, Yolanda, Juan, Alvar, A. P. Carabanchel, EKO y todas las asambleas populares del 15M y personas que nos han mandado información.

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madrid15m Nº 33 FEBRERO 2015M A Asambleas Populares del 15M que han consensuado madrid15m: Alpedrete, Malasaña, Villaverde, San Juan Bautista, Collado Villalba, Chueca, La Conce, Carabanchel, Pueblo Nuevo, Villa de d Vallecas, Montecarmelo, Barrio del Pilar, Alcalá de Henares, Moratalaz, Barajas, Las Rozas/Las Matas, Plaza Dalí, Peñagrande, Torrelaguna, El Escorial, Chamartín, Austrias, BOCEMA (El Boalo/Cerceda/Mataelpino), Galapagar, Alcorcón, San Blas, Guadarrama, Lucero, Arganzuela, Paseo de Extremadura, Getafe, Tetuán, L.A. Hormigonera, Chamberí, Pedrezuela, Leganés, Usera, Las Letras, Prosperidad, Majadahonda, A. G. Sol, Predriza, Colmenar Viejo, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles, Lavapiés, Moncloa, Getafe, Hortaleza.

D. L.: M-15672-2012

Grupo de Trabajo de Economía Sol

E

n mayo de 2011, en los aledaños de Sol, se constituía nuestro grupo para elaborar las primeras veinticinco propuestas de economía. Poco tiempo después, entre otras muchas acciones y movilizaciones, el grupo se sumaba a la manifestación convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, dedicando, a partir de entonces, varios fines de semana de debate en El Retiro a denunciar el desamparo en que se encuentran muchas familias españolas, a las que las Administraciones públicas no prestan ningún tipo de ayuda, por lo que se ven desahuciadas de sus casas desde el inicio de la crisis.

Desde aquellos primeros domingos, el grupo de Economía Sol, Domingos del Retiro, ha continuado con periodicidad alterna reuniéndose en primavera y verano en la explanada tras el Palacio de Cristal y en otoño e invierno alrededor del kiosco de la música del parque, siendo siempre la convocatoria a las doce de la mañana. Se han debatido muchos temas, siempre relacionados con la economía, y han sido invitados a participar otros tantos ponentes, y todo ello ha sido filmado y archivado en Youtube, donde se pueden consultar la mayoría de las ponencias y debates que han tenido lugar desde entonces.

El grupo también se reúne durante estos años todos los lunes a las 19:00 en la plaza del Carmen, utilizando los días de invierno lugares okupados como La Morada, El Patio Maravillas y ocasionalmente otros lugares, para debatir y traba-

jar documentos y propuestas específicas sobre temas de economía y trabajo, redactando, proponiendo y publicando documentos específicos para el debate sobre una economía sostenible y participativa.

Los miembros del grupo han trabajado también varios temas relacionados con la economía, la fiscalidad, las finanzas y el trabajo, escritos en guiones cortos para el formato de guiñoles filmados, que llamamos Los econoñecas, y que se proponen desmontar las mentiras que el capital argumenta para justificar su forma de actuar.

En ellos se han tratado los temas de la banca pública como solución al desastre bancario, el artículo 135 de la Constitución en su estado actual, la desinversión pública y muchos otros, hasta casi treinta, en otras tantas filmaciones que se pueden consultar también en Youtube.

A propósito de la burbuja inmobiliaria, el grupo de Economía Sol propuso a otras asambleas del 15M la puesta en escena de la ópera bufa El Crepúsculo del Ladrillo. Fue un importante trabajo colectivo en el que, además del autor del libreto y el autor de la música, intervinieron cientos de personas de diferentes colectivos, demostrando la capacidad de acción de las personas implicadas y la eficacia y modestia económica (se reunieron pequeñas cantidades de dinero de muchas personas) con la que se puede actuar cuando hay voluntad de hacerlo por una causa común. La obra se estrenó en Madrid, en Tabacalera, el 19 de mayo de 2013, y se representó ocho veces en total, con la participación de la orquesta y coros de

esclavitud de la clase trabajadora, el reparto de la riqueza mediante la eliminación de la acumulación de las rentas del capital a costa de las rentas salariales, y el incremento en los niveles de empleo por medio del reparto del trabajo.

Todo ello para la propuesta de un nuevo modelo laboral y un nuevo concepto del trabajo que implemente la reducción de la jornada laboral hasta las veinticinco horas semanales o su equivalente en cómputo anual. Hacemos todo esto denunciando la ideología dominante que utiliza el concepto de trabajo ensalzándolo como una virtud para apropiarse del tiempo del trabajador.

Y en todo este tiempo, desde aquellos días de mayo de 2011, se ha trabajado en temas, además de los expuestos, como: finanzas alternativas, empleo, financiación, bienes comunes, relaciones económicas nacionales e internacionales, renta básica, gastos y financiación del Ejército y la Iglesia católica, fiscalidad, banca pública, etcétera.■

la Solfónica del 15M, y la producción y actuación de integrantes del grupo de Economía Sol, además de algunas otras personas invitadas. Existe una página web que recoge la memoria de esa acción (elcrepusculodelladrillo.wordpress. com) y hay muchas referencias a ese trabajo en la red, incluso filmaciones de ensayos y representaciones, por ejemplo.

El grupo de Economía Sol sigue reuniéndose en domingos alternos en El Retiro (12:00) y en la plaza del Carmen o en otros lu-

El grupo de Economía Sol sigue reuniéndose en domingos alternos en El Retiro (12:00) y en la plaza del Carmen o en otros lugares cada lunes (19:00), durante todo el año

gares alternativos cada lunes (19:00), durante todo el año, y lo hace también en ocasiones en la Asamblea de Interbarrios de Economía del 15M, para la elaboración de documentos de trabajo conjuntos. En este ámbito se han trabajado y publicado documentos como el que propone un nuevo modelo de fiscalidad, o una liberación de tiempo para el aprovechamiento de las necesidades humanas no cubiertas en el ámbito laboral, la desmercantilización del trabajo y la supresión de la

PARA CONSULTAS Y PROPUESTAS: ■ economiasol.organizacion@madrid.tomalaplaza.net; ■ Para consultar otras propuestas de trabajo de la Asamblea de Economía Sol: http://goo.gl/DVXg12 ■ O también el Canal Economía Sol en Youtube: youtube.com/user/EconomiaSol

Manual de emergencia y autodefensa contra las multas

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