Pronunciamiento de dignidad y democracia 05 de febrero 2015

Dignidad y Democracia hace de conocimiento público lo siguiente: Las rectificaciones que el país espera: a propósito del llamado al diálogo que hace el Gobierno El diálogo político no puede ser ocasión de un día, sino una práctica permanente del buen gobierno. Lamentablemente el gobierno de Humala no tiene antecedentes positivos en esto. El Presidente no cree en el diálogo, de la misma manera que no cree en la descentralización ni cree en la defensa del medio ambiente.

Quienes conocen a Humala saben que el ex militar no puede soportar más de 15 minutos de diálogo fundamentado. Su método exclusivo -fiel a la formación que ha recibido- es transmitir órdenes y esperar que los demás obedezcan. Por eso es que los nuevos ofrecimientos de diálogo que hace la Ministra Jara no auguran nada auspicioso.

Y sin embargo, el diálogo debe defenderse y promoverse, tanto más con la sociedad y con la gente que plantea sus necesidades, no sólo con las coaliciones políticas. Por encima de todo lo que el país espera del gobierno que conduce Humala es que escuche a la población y ponga en camino rectificaciones políticas claves como las siguientes: Respeto a los derechos laborales Frenar definitivamente cualquier nuevo intento de barrer con los derechos laborales, so pretexto de “promover la inversión”, “reducir sobrecostos” y ese tipo de embustes. Así como la ley “pulpín” ha sido derogada, tampoco debe pasar el Proyecto de Ley Nº 008 socarronamente llamado -en jerigonza de la academia norteamericana- ley que “promueve el mejor desempeño del mercado laboral a través de la reducción de los costos de transacción en la regulación laboral”.

Entre otras “novedades”, este proyecto quiere autorizar a los empleadores para que puedan poner fin a los contratos laborales (ceses colectivos) cuando haya “cambio tecnológicos” que afecten al 5% de trabajadores. Hasta ahora se exige el 10%. Así mismo elimina la negociación colectiva de los despedidos a través del sindicato o de sus representantes, por lo que -si la ley se aprueba- los trabajadores despedidos tendrán que defenderse individualmente.

Eventualmente el proyecto permite que se le dé al trabajador un bono de “desempeño máximo” hasta por el 20% de la remuneración, es decir que la

remuneración fija disminuirá en ese monto, monto que además no es computable para efectos de CTS y beneficios laborales. Como si esto fuera poco, el proyecto quiere que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) sea controlada por el MEF y el Ministerio de la Producción, con lo que en vez de proteger las relaciones laborales la SUNAFIL pasará a proteger a los dueños de las empresas.

El ejecutivo quiere aprobar este proyecto de la misma manera que se hizo con la ley anti ambiental y anti ordenamiento territorial 30230: de manera apresurada y a escondidas, en la sesión de la Comisión Permanente del próximo 11 de febrero, aprovechando que el oficialismo todavía tiene mayoría en esa comisión, y en temas como estos cuenta casi siempre con la adhesión incondicional del fujimartachavismo.

De la misma manera el ejecutivo tiene que comprometerse a una revisión de la legislación laboral a favor del trabajador, eliminando los regímenes laborales claramente violatorios de los tratados internacionales - como el de los trabajadores del sector agroexportador, los CAS y los infames regímenes de “services” que todavía subsisten. Así mismo homologar en derechos los regímenes laborales en los diferentes sectores.

Toca impedir, a nivel del Congreso, que con el nombre de “ley general de trabajo” se quiera imponer la compilación de normas antilaborales del fujimorismo que anteriores congresos han dictaminado con ese nombre y ahora se intenta revivir.

El gobierno se ha olvidado de su promesa de nivelar la remuneración mínima vital, lo cual no es sólo un tema de reducción de la desigualdad que sigue siendo el mal gigantesco que se halla en la base de la gran parte de males y corrupciones que matan a la gente y al país, sino que es un tema de reactivación económica. Sólo fortaleciendo los mercados nacionales podemos reducir la vulnerabilidad a los juegos de la demanda internacional. El salario mínimo nivelado es un paso importante en esa dirección.

Defensa del ambiente y de la inversión sostenible El proyecto de ley 3941 del ejecutivo tampoco debe pasar en el Congreso. Este proyecto pomposamente llamado “ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social”, hace exactamente todo lo contrario de lo que promete.

Primero, porque “agiliza” el otorgamiento de servidumbres sobre terrenos eriazos de propiedad estatal y expropiaciones por proyectos de inversión pública o de asociaciones público-privadas en materia de infraestructura, las cuales podrán imponerse incluso sobre tierras de comunidades campesinas y nativas, con lo cual los “incluidos” tendrán que sufrir las consecuencias no previstas de los megaproyectos que el gobierno emprenda.

Segundo, porque se crea la figura supina del “uso compartido de las líneas de base de los Estudios de Impacto Ambiental” que permitiría que varias inversiones pueden usar una misma línea de base en el lapso de 5 años, como si las variables de línea de base fuesen las mismas para todos los proyectos, y como si en 5 años las configuraciones ambientales no sufriesen cambios. Lo único que se estimula con esto es la negligencia ambiental de los propios inversores, lo que puede terminar siendo contraproducente para ellos mismos, dado que si no toman las necesarias precauciones ambientales al inicio, tendrá que hacerlo de todos modos cuando los daños se produzcan, con costos que pueden ser letales.

En su conjunto, con esto no se asegura ni la inclusión social ni el desarrollo sostenible sino la afectación a las tierras de las comunidades y la depredación descuidada del ambiente.

El error que se comete es creer que medidas de este tipo “incentivarán la inversión” cuando lo exacto es que incentivarán la inversión irresponsable, es decir, aquella que se realiza sin tomar mayores medidas preventivas – o a veces sin tomar ninguna- con lo cual se aumenta la probabilidad de fallas en el diseño de las obras, de depredación de recursos y se crean escenarios de aumento de las condiciones de riesgo social y ambiental cuyas consecuencias se tendrán que asumir cuando las inversiones culminen, no por supuesto por los inversionistas “incentivados” sino por el Estado, es decir, con los fondos de los contribuyentes del país.

Este tipo de “incentivos” apresurados a la inversión se olvida de una regla básica que enseña la más reciente experiencia de la gestión de riesgo en las sociedades actuales: por cada sol de inversión en medidas preventivas – como los EIA bien hechos- se ahorra más o menos 3 soles en costos de recuperación por los daños que pueden producirse y no se quisieron prever.

Escuchar la voz de la ciudadanía El Gobierno debe poner fin a la política de criminalización de la protesta social. Son decenas de víctimas que se vienen acumulando a manos de las fuerzas que comanda el Ministro del Interior, entre alcaldes, dirigentes nativos, ciudadanos indefensos. Dos muertes flagrantes fueron, por ejemplo, las de Rosalío Sánchez, alcalde de Kepashiato, y el más reciente asesinato de Fidel Flores en Cajamarca, en una maniobra armada brutal perpetrada por elementos de la policía. Recientemente la policía se colude con la empresa Yanacocha para agredir las posesiones de la señora Máxima Acuña Chaupe por el hecho de oponerse a la minería invasiva.

Hay que preocuparse también del despliegue policial a gran escala y dispuesto a todo, que organiza el ingenioso Ministro del Interior cada vez que los ciudadanos –por ejemplo los jóvenes- quieren manifestar su descontento con las políticas del gobierno en las calles.

Se impone la derogatoria de las leyes de criminalización de la protesta, en particular de los Decretos Legislativos 982 y 1095 del periodo de García y la ley 30151 del actual gobierno.

Universalizar la seguridad social bajo el principio de solidaridad Se requiere la reforma urgente de la seguridad social, la cual sigue excluyendo de los beneficios de la protección a la salud y la tranquilidad de la vejez a más del 50% de la población.

Por otro lado el actual modelo heredado del fujibolognismo sigue acumulando deudas al sistema de ESSALUD y a la ONPE, mientras obliga a la afiliación al sistema privado y propiamente subsidia a los dueños de las AFPs con beneficios de monopolio, comisiones obligatorias y privilegios de inversión en el extranjero.

Prevención y no espectáculo en la lucha contra la inseguridad y la corrupción La supuesta lucha contra la inseguridad social y la corrupción, que el Presidente Humala se ofreció a comandar en persona desde el inicio de su gobierno, no solo no ofrece resultados importantes ni revierte la tendencia, sino que se acrecienta en fracasos, sicosociales y maniobras que provienen de los adentros del propio gobierno, como son los casos de Orellana, Belaúnde Lossio y los reglajes organizados por presuntos aparatos de inteligencia públicos y privados que siguen actuando con impunidad.

Responsabilidad de los Ministros Cuatro de los ministros que deben dar explicaciones al país y eventualmente ser removidos si no hay los cambios de política esperados, son: los de Economía y Producción, quienes persisten en imponer las leyes anti laborales, como si la opinión nacional en contra fuese insignificante; el Ministro de Trabajo, que se mantiene en la sombra presto a ponerse a las órdenes de la cartera de economía para redactar los reglamentos del caso; el Ministro del Interior, por confundir orden con maltrato y política con circo; el Ministro del Ambiente por no saberse qué hace realmente para defender el ambiente y como es que sigue dejando que sigan prosperando las medidas anti ambientales.

Lima, febrero, 2015