OPINIÓN
Sábado 16.02.13 SUR
EDITORIALES
LA TRIBUNA
Ley en ciernes
El ejemplo de Málaga
La deseable reforma de la Administración Local avanza con suma lentitud, escasa ambición y debe aspirar al consenso
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ADELA JIMÉNEZ El Gobierno aprobó ayer un informe sobre el anteproyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, es decir, un esbozo de la futura norma, cuyo texto no ha sido siquiera divulgado todavía. Al parecer, la lentitud con que avanza esta reforma, crucial para producir el ahorro que se pretende y que el Ejecutivo cifra en más de 7.000 millones de euros, se debe a las serias resistencias que ha encontrado en la Federación de Municipios y Provincias. Resistencia que ha desembocado en una suavización quizá excesiva de los cambios propuestos inicialmente, como la renuncia a reducir un 30% de los concejales previsto inicialmente. Ante el dilema de concentrar municipios y fomentar mancomunidades anulando las diputaciones provinciales o, por el contrario, fortalecer éstas, el Gobierno se ha decantado por esta segunda opción. Los municipios de menos de 20.000 habitantes –7.717, el 95% del total– que no alcancen los costes estándar de cada servicio fijados por decreto, deberán cederlos a las diputaciones. También es relevante la limitación salarial: se fija el número de concejales retribuidos en función del censo, con lo que, de los 68.285 ediles que hay en España, sólo 12.188 tendrán dedicación exclusiva y percibirán una remuneración por su trabajo (la realidad es que no son muchos más quienes cobran actualmente). Además, y como es razonable, se armonizan los sueldos: el máximo, que percibirán los alcaldes de las seis ciudades principales de España, será el de secretario de Estado, 67.055 euros anuales, que llegan a los 100.000 con los complementos. Igualmente, se limita el número de asesores municipales, que será como máximo de 6.489 en toda España. Pese a ser una reforma de la estructura del Estado, que debería suscitar el mayor acuerdo posible, la norma en ciernes, aunque largamente negociada en el ámbito municipal, no cuenta con el apoyo del principal partido de la oposición, lo que le resta perspectiva a largo plazo. El PSOE, que se retiró de las negociaciones a principios de año, objeta que la sobrecarga de actividad que deberán desempeñar las diputaciones se resolverá mediante subcontratas, es decir, privatizaciones. Sea como sea, una reforma de esta trascendencia ha de aspirar a permanecer en el tiempo, por lo que aún debería intentarse el consenso que asegure tal estabilidad.
Espionaje político A raíz de un supuesto caso de espionaje de una entrevista entre la jefa de filas del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y una exnovia del primogénito de Jordi Pujol, involucrado en supuestas irregularidades económicas, ha acabado saliendo a la luz un complejo entramado de episodios de espionaje entre partidos. De momento, en torno a una conocida empresa de detectives, aparecen nombres y casos relacionados con las principales fuerzas políticas, que se investigarían entre sí, aunque también hay menciones a jueces y a empresarios. Las revelaciones de un expolicía, ya en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, están dando lugar a una investigación policial exhaustiva, según ha confirmado el ministro del Interior, Fernández Díaz. La intromisión en la intimidad de las personas sin orden judicial puede ser un delito de revelación de secretos, por lo que el caso no es banal. Y aunque sólo sea para tratar de dignificar lo público, es preciso que se indague y se aclare lo ocurrido, que hoy incrementa el estupor y la perplejidad con que la opinión pública contempla el espectáculo de la política en este país.
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PRESIDENTA DE MÁLAGA ACOGE
Ante tanto mal ejemplo, pedimos al Gobierno que nos permita ser solidarios, que nos deje dar un plato de comida o una cama a aquellos con los que convivimos
M
álaga Acoge puso en marcha el año pasado la campaña ‘Todas las piezas son importantes’. Se trataba de subrayar el papel que cada cual tiene en la sociedad: personas de diferentes países, sectores, estudios o profesiones contaban su historia vital y su situación en Málaga. Curiosamente, algo presente en todas las entrevistas fue la visión de la sociedad malagueña: todos estaban maravillados con la atención y la ayuda de los malagueños para asentarse en su nueva etapa lejos de sus países. Lo decía Fang Fang Xia, directora académica del Instituto Chino de Málaga. También Ndubuisy Ojy, trabajador de Prodiversa, así como el profesor universitario mexicano José Luis Campos, la estudiante coreana Jieun Lee o el músico marroquí Med Ziani. Y Greg Mills, británico propietario de una tienda de bicicletas en Pedregalejo, lo resumía: «Málaga es el lugar ideal para empezar una nueva vida». Quizás llevemos los malagueños en el ADN esa hospitalidad, esa apertura al extranjero, esas ganas de compartir y hacer sentir como en casa al que viene de fuera. Así lo recoge también su escudo, con más de 500 años de historia, en su lema: ‘La primera en el peligro de la Libertad, la muy Noble, muy Leal, muy Hospitalaria, muy Benéfica y siempre Denodada Ciudad de Málaga’. Quizás por eso el Ayuntamiento de Málaga ha entendido la necesidad de ser hospitalarios con todas las personas y ha sido el primero en aprobar una moción institucional, aprobada de forma unánime por todos los partidos, que critica la reforma del Código Penal que estudia el Gobierno. Una reforma que criminaliza, así de claro, la solidaridad y la hospitalidad. Y que equipara a una persona que ayude a un inmigrante en situación administrativa irregular a un criminal, a un traficante de personas, por ejemplo. Y esa ayuda simplemente ha podido ser dar de comer o acoger en casa a una persona inmigrante. El ejemplo de Málaga ha cundido ya en otras ciudades y va camino de seguir creciendo. Todo por conseguir detener el próximo debate de la reforma del Código Penal que, si entra en vigor,
supondrá que las personas o instituciones que apoyen, ayuden o acojan en sus domicilios de forma altruista a las personas extranjeras en situación irregular que transiten por España serán considerados criminales. Serán detenidas, juzgadas y, en su caso, condenadas. No es más que una perversión del uso del Código Penal, del uso de las leyes no para legislar en favor de los ciudadanos, sino para cortar de raíz la base de los Derechos Humanos: la solidaridad. Se trata de un texto que busca únicamente restringir flujos migratorios y, sobre todo, estrechar la opresión sobre aquellos que se encuentran en peor situación. Y no sólo criminaliza a todo el colectivo de personas inmigrantes y nos los presenta y unifica como delincuentes, sino que también hace extensible esa criminalización al resto de la sociedad, al que tiene un gesto amable y solidario con su vecino que, por algún motivo, no tiene su situación administrativa regularizada. Algo que, recordemos, no es más que un papel, nada más. De ahí que se hagan necesarias iniciativas como la que planteó hace semanas la plataforma Salvemos la Hospitalidad y que ahora, desde Málaga Acoge y la federación Andalucía Acoge, se ha impulsado a través de la web www.salvemoslahospit a l i d a d . o r g <http://www.salvemoslahospitalidad.org/>. El espacio reunirá iniciativas, informaciones, materiales e incluso apoyo para que entidades sociales o ciudadanos de toda España puedan presentar la misma moción que aprobó el Ayuntamiento de Málaga en sus municipios. Se trata de un lugar que servirá de punta de lanza de un movimiento que busca ni más ni menos que salvar la solidaridad, de conseguir que ésta no sea perseguida, de dejar que la gente sea amable con sus vecinos. Ante tanto recorte, ante tanto retroceso de derechos, ante tanto mal ejemplo, pedimos al Gobierno que nos permita ser solidarios, que nos deje dar un plato de comida o una cama a aquellos con los que convivimos. Déjennos vivir en armonía, que, al menos, la convivencia sea buena. Que podamos ser, simplemente, hospitalarios.