Reforma Reglamento Asamblea Legislativa

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE ACUERDO

REFORMA REGLAMENTARIA PARA INCLUIR UN CAPÍTULO SOBRE LAS FALTAS AL DEBER DE PROBIDAD Y SUS RESPECTIVAS SANCIONES

HENRY MANUEL MORA JIMÉNEZ DIPUTADO

EXPEDIENTE N.º 19.267

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

PROYECTO DE ACUERDO REFORMA REGLAMENTARIA PARA INCLUIR UN CAPÍTULO SOBRE LAS FALTAS AL DEBER DE PROBIDAD Y SUS RESPECTIVAS SANCIONES Expediente N.° 19.267 ASAMBLEA LEGISLATIVA: La historia reciente de nuestro país, ha marcado precedentes sumamente importantes desde el punto de vista del derecho constitucional, y en especial en la rama parlamentaria. Los casos de los exlegisladores Luis Fernando Sánchez Campos y Maureen Ballestero Vargas, constituyeron un hito en el quehacer de la función pública. El primer caso se suscitó a raíz de la divulgación de un documento privado, conocido popularmente como “Memorándum del miedo”, que el señor Sánchez Campos suscribió con el exvicepresidente de la República, Kevin Casas Zamora.

En el citado escrito, esgrimieron la estrategia para ganar el referéndum sobre el tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América, por el contenido del mismo, se generó un gran revuelo en virtud de que para una parte de la población y de actores sociales, fue considerado como una falta al deber de probidad en la función pública, lo que originó que la Procuraduría de la Ética presentara una denuncia formal en su contra por esta causa.

El segundo caso, el cual tuvo como principal protagonista a la exlegisladora Ballestero Vargas, se presentó tras el uso de una de las aeronaves del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), para beneficio personal. Si bien, los dos casos fueron bastante distintos en cuanto a los hechos que les atribuyeron a las personas involucradas, ambos guardan una serie de elementos comunes, tales como: que el acto fue cometido durante el ejercicio de sus cargos como diputados, y que se alegó la incompetencia del Tribunal Supremo de Elecciones para la anulación de credenciales por estas causales no contempladas en la Constitución Política, ni en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

A raíz de todo lo anterior, la Sala Constitucional en sus votos 18564-2008 y 11352-2010, sentó las bases y clarificó la aplicación del marco normativo contenido en la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en lo que a los miembros de los Supremos Poderes, y en especial a diputados, se refiere. Todo debido a que, la parte accionante, en ese momento cuestionó los alcances del cuerpo normativo supra citado, en razón de que según su criterio, los diputados no son funcionarios públicos, sin embargo, el alto Tribunal Constitucional consideró:

“Sobre el particular, cabe acotar, desde una interpretación sistemática de la norma cuestionada, que el artículo 2° estima, también, como servidor público con entera independencia del carácter representativo de su cargo, de manera que un funcionario puede ser de elección popular y tal circunstancia no enerva la aplicación de la norma. De otra parte, el artículo 43 admite, explícitamente, que un sujeto infractor de las prohibiciones, lo sea un Diputado o diputada. Adicionalmente, el inciso a) del artículo 2° de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, es más explícita al indicar lo siguiente: “(…) Por ‘funcionario público’ se entenderá: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo (…)”

(Lo resaltado no corresponde al original).

Así, tomando en cuenta que esa normativa internacional es de plena aplicación a nuestro ordenamiento jurídico interno -dado que oportunamente fue incorporada a éste, artículo 7° de la Constitución Política-, no le cabe la menor duda a este Tribunal el sentido amplio o lato que tanto la normativa nacional como la internacional, le han querido dar al concepto de servidor público, con el propósito de alcanzar, realmente, los fines previstos en las normativas citadas. Bajo esta inteligencia, tampoco puede estimarse que al aplicarse la normativa internacional e interna a los Diputados y diputadas se haya infringido el principio y derecho fundamental a la igualdad (artículo 33 constitucional), por cuanto, el fin propuesto y manifiesto de tales bloques normativos es garantizar la probidad, rectitud y honestidad de todo funcionario o servidor público, en sentido lato o amplio, en cuanto participa en la dirección, manejo y gestión de los asuntos públicos”.

“Como consecuencia de lo anterior, es evidente que el tratamiento que se da a los miembros de los Supremos Poderes, como a otros funcionarios de nombramiento popular, obedece a las obligaciones internacionales y nacionales en la materia, que responden a los deberes de probidad, honradez y rectitud en la labor de todos aquellos que ejercen la función pública, desde sus distintos puestos. En este sentido, aun cuando existan cargos de mayor trascendencia según sus competencias, es lo cierto que no hay la vulneración al derecho a la igualdad. Por tales razones, lo procedente es declarar sin lugar la demanda en cuanto a este extremo”.

Sala Constitucional, resolución 11352-2010.

Sobre este voto, conviene señalar que tratándose del cumplimiento de las obligaciones internacionales, que respondan a materias de probidad, honradez y rectitud en el ejercicio de un cargo público, indistintamente de cuál sea su naturaleza en cuanto a su nombramiento, funciones, duración y/o jerarquía, no existe distinción, ni debe hacerse entre quienes son elegidos democráticamente y

quienes se hallan en una relación normal de empleo. Empero, la misma Sala Constitucional, en la misma sentencia fue bastante clara en señalar que la sanción contemplada en el artículo 4 de la ley en análisis, es inaplicable a los legisladores, sobre este particular, enfatizó: “En efecto, el numeral 4° de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, dispone que la infracción de ese deber constituye justa causa para separar al funcionario del cargo público sin responsabilidad patronal. Es evidente que tal sanción no resulta aplicable a los legisladores, quienes son popularmente electos y no están sujetos a relación estatutaria o laboral alguna”. (El resaltado no es original) También la Sala Constitucional, señaló en el voto 18564–2008, con rotunda claridad que en caso de las faltas a la Ley N.° 8422, le corresponde a la Procuraduría de la Ética Pública: “Este Tribunal Constitucional entiende que en el caso de los Diputados y diputadas la Procuraduría de la Ética Pública debe informar a la Asamblea Legislativa y no al Tribunal Supremo de Elecciones órgano que resulta, a todas luces, incompetente para imponerle una sanción a un Diputado por haber presuntamente infringido el deber de probidad, por lo que, en su momento, debió declinar su competencia y remitir el asunto al órgano competente. De otra parte, es a la Asamblea Legislativa a quien le corresponde, con vista en el informe de la Procuraduría de la Ética Pública, imponer la sanción que resulte pertinente. Cabe advertir que al exigir el artículo 43 que la sanción a imponer sea la que conforme a derecho proceda, le corresponde, entonces, al órgano competente -en el caso de los Diputados y diputadas al plenario legislativo- determinar si el ordenamiento jurídico establece alguna sanción sobre el particular”.

En esta misma línea argumentativa, nuestra Corte Constitucional, al resolver sobre la competencia atribuida a la Procuraduría de la Ética Pública, mediante el inciso h) del artículo 3 de la Ley N.º 6815, para recibir y tramitar, así como para investigar sobre las denuncias que surjan contra las y los diputados, resolvió: “En criterio de este Tribunal, esta norma es complementaria, precisamente, de lo establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en el tanto, se crea la Procuraduría de la Ética Pública como una instancia para asegurar la ejecución misma de lo dispuesto en la Ley, siendo esta dependencia la que, en los casos de imposición de sanciones, funciona incoando una investigación preliminar la cual culmina con la elaboración de un informe, denuncia o acusación respectiva. Como tal, el establecimiento de esta Procuraduría especial, no puede ser considerada inconstitucional, pues como se ha indicado, la idea de su funcionamiento es que por especialización sea ésta la que realice una investigación, no correspondiéndole la decisión final sobre la aplicación de sanciones, razón por la cual, en la especie, no podría alegarse una violación al principio de separación de funciones, en el tanto, su función no es decisoria, ni vinculante para el órgano (fuera del alcance propio de la competencia de la Procuraduría General de la República) que deba aplicar la respectiva sanción y, por ello, no se estaría dando una intromisión en funciones propias de otro Poder de la República”.

En congruente inteligencia, la Sala Constitucional, en el fallo 11352-2010, le estableció la obligación a la Asamblea Legislativa de dictar las reformas constitucionales y reglamentarias a fin de incorporar la regulación de las medidas para prevenir, combatir y sancionar las faltas al deber de probidad, en un plazo no mayor a los 36 meses, contados a partir del 29 de junio del año 2010, a fin de regular además de la anulación o cancelación de credenciales, otras sanciones como la suspensión, según el propio mandato del Contralor de Constitucionalidad: “Ha quedado demostrado que el Derecho Internacional le impone al Estado de Costa Rica el deber de garantizar el principio de probidad en el ejercicio de la función pública. No obstante, por una omisión constitucional, a los diputados no se les puede sancionar cuando, en el ejercicio de su cargo, violan dicho principio; a diferencia de lo que ocurre con todos los otros funcionarios públicos, quienes sí están sujetos a sanciones específicas.

Lo anterior constituye un claro incumplimiento de una obligación que imponen los Tratados Internacionales al Estado de Costa Rica a causa de una omisión constitucional.

Con base en la anterior normativa internacional, es claro para la Sala que se deben crear o adoptar medidas legislativas -incluso reformas constitucionales.- y administrativas para regular las causales que permitirían suspender y cancelar las credenciales a los legisladores por faltas al principio de Probidad, así como las demás sanciones disciplinarias que quedarían reguladas en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, al promover políticas y fortalecer mecanismos para prevenir, detectar, investigar, disciplinar o sancionar esas faltas, y con ello hacer eficaces dichas disposiciones”.

(El resaltado no es original) Una vez habiendo analizado el mandato que se le giró al Poder Legislativo, y luego de hacer un repaso por las distintas iniciativas que figuran en la corriente legislativa, se confirma la imperiosa e impostergable necesidad de plantear las reformas reglamentarias atinentes al tema, más aun cuando ya se presentó la reforma constitucional al artículo 112 de nuestra Carta Política, que se tramita bajo el expediente 19.117, el cual pretende establecer la falta al deber de probidad como una causal de pérdida de credencial de las diputadas y los diputados.

LA ASAMBLA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA ACUERDA: REFORMA REGLAMENTARIA PARA INCLUIR UN CAPÍTULO SOBRE LAS FALTAS AL DEBER DE PROBIDAD Y SUS RESPECTIVAS SANCIONES ARTÍCULO 1.Créase un capítulo III para el trámite de los informes y/o denuncias por faltas al deber de probidad de los diputados y diputadas, dentro del título IV. Procedimientos de Control Político, el cual dirá: “CAPÍTULO III INFORMES Y/O DENUNCIAS CONTRA LAS Y LOS DIPUTADOS POR FALTAS AL DEBER DE PROBIDAD Artículo 193.Informes y/o denuncias contra las y los diputados por faltas al deber de probidad Corresponde a la Asamblea Legislativa conocer los informes y/o denuncias, así como la imposición de las sanciones que juzgue adecuadas de conformidad con el ordenamiento jurídico contra las y los diputados por faltas al deber de probidad en el ejercicio de sus funciones, que remitan la Procuraduría de la Ética Pública y cualquier otra autoridad competente en materia de probidad.

Artículo 194.-

Trámite del informe y/o denuncia

Recibido el informe y/o denuncia en la Asamblea Legislativa, la Presidencia deberá proceder en la sesión inmediata siguiente del Plenario legislativo, a informar, al igual que sobre resto de la documentación que le acompañen.

Posteriormente, mediante votación en papeletas el Plenario deberá integrar una comisión compuesta por 5 diputados y diputadas, de modo tal que se respeten los principios de paridad y alternancia de género en su integración.

Además de establecerle un plazo prudencial a fin de que rinda el informe al que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 195.-

Trámite en comisión

Para el análisis del caso que sea sometido al conocimiento de la comisión a la que refiere el artículo anterior, deberá proceder de conformidad con el artículo 190 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

La comisión creada de conformidad con el artículo 194 del Reglamento, deberá recomendar en su informe la sanción que estime pertinente según la gravedad de la falta, a fin de que el Plenario legislativo decida sobre su aplicación.

Artículo 196.de la comisión

Causales de impedimento y recusación de los miembros

Son causales de impedimento y recusación, las siguientes: 1.- Tener interés en el trámite que esta comisión realiza, porque le afecte de alguna manera en forma directa, a su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o a sus socios de hecho o de derecho.

2.- Existir grave enemistad o vínculos estrechos de amistad con el Congresista sobre quien se ejerce el control ético-disciplinario y que no corresponda a la relación inherente a las bancadas.

3.-

Ser parte del Directorio legislativo y/o el diputado de mayor edad.

4.- Haber formulado la denuncia que dio origen a la investigación, así como haber aportado prueba a favor o en contra de quien sea investigado.

5.-

Ejercer el control ético-disciplinario sobre su propia conducta.

En caso de que se comprobare a lo interno de la comisión que uno de sus miembros posee impedimento para formar parte del órgano, este deberá comunicárselo por escrito al presidente de la Asamblea Legislativa, quien procederá a realizar la elección para llenar la vacante, en la sesión inmediata siguiente del Plenario.

Artículo 197.-

Faltas

Para los efectos del artículo anterior, las faltas se clasificarán de la siguiente manera: 1.-

Gravísimas: a) El abandono injustificado y reiterado del desempeño de la función. b) El abandono injustificado de labores durante una semana o al menos seis días alternos en el mismo mes calendario. c) Cometer tráfico de influencias. d) Aceptar y/o no hacer del conocimiento del Ministerio Público toda dádiva que le sea ofrecida con el propósito de conseguir alguna ventaja o favorecimiento en el trámite o votación de un determinado proyecto de ley o acto legislativo.

e) Asistir a cualquier sesión de los distintos órganos legislativos en estado de embriaguez y/o bajo el efecto de cualquier sustancia que puedan alterar sus facultades mentales. f) La comisión de una falta grave habiendo sido sancionado anteriormente por otras dos graves.

2.-

Graves: a) El abandono injustificado de sus funciones durante dos días consecutivos o al menos cuatro días alternos en el mismo mes calendario. b) El adelanto de criterio en cuanto a la decisión a tomar en el trámite de lo dispuesto por los incisos 9) y 10) del artículo 121 de la Constitución Política. c) No guardar la reserva de aquellos asuntos que hayan sido conocidos y tramitados en sesiones o partes de ellas que hubiesen sido declaradas secretas. d) La comisión de una falta leve habiendo sido sancionado anteriormente por otras dos leves.

3.-

Leves: a) El abandono injustificado de las funciones por al menos tres días alternos en el mismo mes calendario.

Artículo 198.-

Sanciones

Las sanciones que se les pueden imponer a las y los diputados, por las faltas contempladas en el artículo 196, son: 1.2.3.4.-

Advertencia.

Amonestación escrita.

Pérdida de dieta.

Cancelación de credenciales.

Las faltas leves solo se podrán sancionar con advertencia o amonestación escrita; las graves con amonestación escrita o la pérdida de la dieta de hasta un máximo de cuatro sesiones; y las gravísimas con la pérdida de la dieta de hasta un máximo de siete sesiones o la cancelación de la credencial.

Artículo 199.-

Trámite del informe rendido por la comisión

Una vez que la comisión encargada del estudio del caso entregue su informe a la Secretaria del Directorio, esta procederá a darle publicidad a fin de que pueda ser consultado por las y los habitantes, así como las y los diputados, a quienes se les deberá entregar por cualquiera de los medios idóneos posibles.

Dicho informe se colocará en el orden del día en el apartado Asuntos de control fiscalización y demás contenido político, según las reglas establecidas en el artículo 35 del presente Reglamento.

Cuando la sanción que se vaya aplicar sea la advertencia o la amonestación escrita, se requerirá que la decisión sea tomada por mayoría absoluta de las y los diputados presentes; mientras que, si se tratare de la pérdida de la dieta o la cancelación de credenciales, se requerirá el respaldo de las dos terceras de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En este último caso, si se estimare que lo procedente es la cancelación de la credencial, el Directorio legislativo lo comunicará al Tribunal Supremo de Elecciones para el trámite que corresponda.”

ARTÍCULO 2.los siguientes.

Córrase la numeración del actual capítulo III, de sus artículos y

ARTÍCULO 3.-

Créase un transitorio único, el cual dirá lo siguiente:

“Transitorio Único.La presente reforma entrará en vigencia, hasta que se dicte la reforma constitucional que incorpore el deber de probidad para el ejercicio del cargo de diputadas y diputados.”

Rige a partir de su aprobación.

Henry Manuel Mora Jiménez DIPUTADO

20 de agosto de 2014