Mesa Temática 1 • Grupos de Trabajo 2 by Delegación de Paz FARC-EP

Propuestas Ciudadanas Mesa TemĂĄtica 1 Grupo de Trabajo 2

RelatorĂa

- FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Relatoría del Grupo de Trabajo No. 2 de la Mesa Temática 1 sobre "Los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito" Fecha: 25-09-2013 Número total de participantes: 31 (Número de participantes según la lista de inscripción: 40) Número de participantes hombres: 20 Número de participantes mujeres: 11 Número y sectores participantes: (dejárselo los sectores que estén presentes) Organizaciones y movimientos campesinos (16) Organizaciones indígenas (2) Representantes de sectores educativo y cultural (1) Experiencias de sustitución de cultivos de uso ilícitos (1) Organizaciones de mujeres (3) Organizaciones defensoras de derechos humanos (5) Organizaciones de víctimas (1) Movimientos políticos y sociales (2) Número de ponencias escritas inscritas al momento de la abertura del grupo de trabajo: 12 Número de ponencias escritas finalmente presentadas: 1 1 . Otra fue radicada pero no presentada Número de intervenciones orales: 19 (una de estas, finalmente radica también un documento)

Se adjunta como anexos a la relatoría: •

Listado de asistentes entregado por el equipo de organizadores

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Listado con nombre organización y sector que representa

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Listado con nombres de las personas y de las organizaciones que presentaron ponencia escrita

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Listado con nombres de las personas y de las organizaciones que presentaron intervención oral •

Ponencias presentadas:

Ponencia Escrita 1 - Ruta Pacifica de las Mujeres (Cauca)

Ponencia Escrita 2 - ASOPROBIL

Ponencia Escrita 3 - ACAMAFRUT (con Anexo a Ponencia 3)

Ponencia Escrita 4 - ANUC

Ponencia Escrita 5 - Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP

Ponencia Escrita 6 - Asoproapel (Anexo a ponencia)

Ponencia Escrita 8 - ASOCBAC

Ponencia Escrita 10 - Red Cepela

Ponencia Escrita 11 - Apemecafe

Ponencia Escrita 12 - REDEPAZ

•

Otros documentos:

Anexo 1 a intervención oral 24 - Fensuagro-CUT

Anexo 2 a intervención oral 24 - Marcha Patriótica

Anexo a intervención oral 19 - Cooperativa Agro Mamanconde

Documento radicado sin ninguna presentación - Fundación por la defensa de los derechos humanos (solo radicada)

Documento radicado posteriormente por ONIC-CRIC después de la intervención oral

Fumigación y erradicación •

Dar por acabada la actual política anti-droga impuesta por los Estados Unidos, el Plan Colombia y el Plan Patriota.1

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Hay que analizar en profundidad las razones históricas, sociales y también las expectativas de las personas que empezaron los cultivos de uso ilícito.2

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Hay que"erradicar"al narcotráfico, la politiquería y el paramilitarismo. El Estado tiene que trabajar fuertemente en el desmantelamiento de las estructuras narco que afectan las autonomías de las comunidades.3

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No a la erradicación agroquímica, biológica y forzosa tanto manual como por fumigaciones; se deberá sustituir de manera mixta, gradual, voluntaria y consensuada en acuerdos con los productores, con un proceso basado en las características especificas de cada territorio. La única erradicación posible tiene que ser voluntaria y con presencia del Estado para que se garanticen alternativas viables, garantizando soberanía alimentaria y brindando asistencia técnica, insumos y comercialización.4 Detener todas las fumigaciones y aspersiones, dado que afectan a todas las comunidades y hasta a los cultivos que no son de posible uso ilícito. Además, pueden convertirse en mayor violencia, mayor desplazamiento y siguen promoviendo la cultura de la ilegalidad.5 Reducir el énfasis demasiado puesto en las fuerzas armadas y, por tanto, abandonar gradualmente la militarización de la política antinarcóticos. No a la política de Consolidación.6 Cualquier política antidroga tiene que tener una fuerte participación de las comunidades; tienen que ser concertadas y basadas en los principios de Soberanía Alimentaria, responsabilidad, transparencia, sentido social y respeto a los derechos humanos.7 Para que las políticas antidrogas sean efectivas hay que hacer una atenta VEEDURÍA nacional e internacional latinoamericana^ un constante seguimiento.8

Incluir medidas apropiadas de reducción de la demanda.9 Hay que mantener los cultivos de coca, dado que siempre han sido la única respuesta frente el abandono del Estado y porque la coca ofrece todo: alimentación, salud, fuerza espiritual y cultura.10 Rechazar las intervenciones de otros países en la política antidroga de Colombia y preservar la soberanía del pueblo.11 Hay que hacer un buen estudio socioeconómico de la población donde se presenta el micro tráfico, en los barrios subnormales de las ciudades, por ejemplo.12 Hacer un estudio atento y un CENSO de los territorios rurales donde se llevan a cabo fumigaciones, porque muchas veces se hacen en zonas que ya se han convertido a otros cultivos.13

•

Hacer un CENSO poblacional en el campo, sobre todo para identificar claramente las personas dueñas y trabajadoras en cultivos de posible uso ilícito.14

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Fiscalizar atentamente que las indemnizaciones se hagan realmente efectivas; tanto para las personas que están padeciendo enfermedades ligadas a las fumigaciones, tanto para la reparación de los daños ambientales.15

•

El país debe emprender un programa de Control al ingreso de drogas sintéticas provenientes de otros países.16

Comunidades y cultivos de uso ilícito •

Promover debates más profundos sobre legalización y consumo.17

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Descriminalización de los campesinos y los pequeños productores, en cuanto son los actores más débiles de la cadena productiva de la COCA y AMAPOLA.18

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Detener inmediatamente, los señalamientos, la persecución y las detenciones de los líderes campesinos y comunitarios.19

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Despenalización del cultivo de COCA, MARIHUANA y AMAPOLA, porque sabemos que hacen más daño el alcohol y el tabaco que son lícitos, y atacar las reales causas que obligan a la producción de estos cultivos con uso ilícito.20

•

Legalizar los cultivos de uso ilícito, porque a pesar de los procesos de sustitución estos productos siempre tendrán demanda. La legalización y regularización de las drogas evita la violencia e implica pérdida de valor y lo convierte en un negocio no atractivo para el narcotráfico. De esta manera, los recursos que se usan para la guerra al narcotráfico pueden ser usados de otra forma.21

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No hay que mirar al campesino como un guerrillero, paramilitar, delincuentes o terroristas, sino como víctimas de la problemática, y también reconocer su rol económico, político, social y ambiental para toda la sociedad.22

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Se necesita acompañamiento de las organizaciones de defensa de los DD.HH.23

•

Terminar con la extinción de dominio de aquellas parcelas y pequeñas fincas de los campesinos que se han visto obligados a sembrar la hoja de coca para la sobrevivencia y sostenimiento de sus fincas y animales.24

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Hay que abandonar el tratamiento punitivo de las adicciones.25

•

Seguir el camino de Uruguay, hacia una política social que esté trazada alrededor del control de los procesos de producción, venta y consumo. En este sentido, hacia la legalización y despenalización como herramientas para controlar socialmente este fenómeno, así como para enfrentar de manera audaz los efectos sobre la salud pública.26

B Planes de sustitución y visión ambiental •

Toda acción desustitución debecomenzarporel análisis de las particularidadessociales, económicas y culturales regionales para determinar el grado de dependencia de los cultivos ilícitos.27

•

Lo primero que hay que hacer es impulsar investigaciones entre instituciones públicas, privadas y actores sociales sobre todos los procesos de producción del CACAO (como una de las opciones de conversión de cultivos), buscando producción limpia, control de calidad y sellos de certificación ecológica.28

La estructura de un programa de sustitución podría ser basada en los siguientes aspectos:29

Integración entre gobiernos, sociedad civil, cooperación internacional y acción simultánea.

No fumigación en el área del programa con evaluaciones periódicas.

Seguridad, que debe adaptarse a la amenaza propia en cada área

Incorporación al Programa de toda la Población Rural, incluidas aquellas libres de coca.

Desarrollo rural con acompañamiento referido a: •

Acceso justo al mercado local, regional, nacional e internacional

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Tecnología adecuada para su trabajo

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Financiamiento, fondos rotatorios, ayudas no reembolsables, créditos bancarios con cero intereses

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Apropiación de mejores técnicas productivas.

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Mejoramiento de la infraestructura productiva

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Recuperación de valores de la sociedad rural.

Respetar los criterios de responsabilidad ambiental en todos los procesos de conversión de cultivos; además, entender y considerar la fragilidad de los diferentes sistemas ambientales, climas y características regionales.30 Adaptar las tecnologías a las características del territorio y de las producciones que ya existen.31 Abandonar la agricultura tradicional e incorporar la agricultura AGROECOLOGICA. Los planes de sustitución tienen que tener en cuenta que en la producción de COCA hay mucha mano de abra de otras regiones, por tanto se pueden crear fuertes problemas de desempleo.32 Promocionar programas de reforestación con especies nativas que permitan conservar los cuerpos de agua y estabilizar los terrenos frágiles.33 Considerar el "Mandato Regional para la sustitución social, gradual, concertada, estructural y ambiental de los ingresos derivados de los cultivos de uso ilícito en el Catatumbo", como guía para otras zonas del país afectadas por este fenómeno. Se propone la política de sustitución consensuada en el Catatumbo sirva como laboratorio social para la sustitución gradual y progresiva a partir de la firma y la refrendación del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.34

Se debe superar el asistencialismo y las acciones de corto alcance y tener en cuenta un balance que sea coherente entre los ingresos a partir del cultivo y cosecha de la hoja de coca, la amapola o la marihuana con destino al narcotráfico y las condiciones socioeconómicas que se creen con el fin de sustituir los cultivos.35 Todos los planes de sustitución de cultivos no pueden ser viables sin una profunda reorientación de la política pública y si el Gobierno no garantiza canales de comercialización de los productos. Es ineludible una política pública que subsidie la producción dealimentos de la economía campesina.36 La sustitución no debe hacerse por cultivos de exportación sino enfocarse a la soberanía alimentaria, de lo contrario se expande la frontera agrícola,y se continúa la inserción en el mercado internacional escenario que ha profundizado problemas sociales.37 Se propone la erradicación de cultivos ilícitos en climas fríos y en ecosistemas de conservación prohibiendo la intervención agrícola y ganadera siemprey cuando el Estado garantice el pago a los campesinos de la preservación y mantenimiento de estas zonas naturales.38

La reubicación de los campesinos productores a otras zonas geográficas solo puede darse si esas zonas han sido previamente adecuadas para la producción agropecuaria y forestal.39

Ordenamiento territorial e institucionalidad rural Propiciar acuerdos locales de gobernabilidad para reconstruir el tejido social que garantice una real participación de las comunidades en los planes de desarrollo autónomos y alternativos.40 Concertación entre las organizaciones de productores y las distintas plataformas del movimiento campesino para proponer una nueva Ley deTierras, de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural, desde la misma población campesina, con el fin de: llevar una distribución de las tierras fértiles realmente democrático, permitir un desarrollo justo, sostenible y equitativo.41 Controlar el mercado de las tierras y garantizar el acceso y uso para la población civil y desplazada.42 Hay que visibilizar el rol y el trabajo del campesinado y garantizarle las necesarias condiciones para seguir trabajando en el campo.43 Las instituciones públicas no deben dejar falsas expectativas sobre las posibilidades de desarrollo; los campesinos no quieren más manipulaciones y quieren ser libres en sus decisiones.44 Procurar más presencia de entidades del Estado en las regiones para fortalecer los proyectos productivos.45 Garantizar el mejoramiento de vías carreteables, de la atención integral de salud, del acceso a la educación y de las condiciones de saneamiento básico.46 Implementación de laszonas de reserva campesina. Adicionalmentenosólofortalecer las existentes sino apoyar aquellas que tienen perspectiva de conformación.47 Fortalecer organizaciones sociales y campesinas.48

Alternativas productivas sostenibles y desarrollo social del territorio Primero hay que desarrollar estudios analíticos (con indicadores de evaluación y de bienestar social precisos) sobre el tema del desarrollo alternativo y diagnósticos sobre la situación del campesinado en Colombia.49 También hay que hacer investigaciones precisa para impulsar la industrialización de los productos de la COCA, MARIHUANA y AMAPOLA; y, por tanto, aprovechar sus diferentes cualidades como las cosméticas, alimenticias y medicinales.50 Las alternativas tienen queser sostenibles tantoeconómicamentecomosocialmenteyambientalmente, porque de momento en muchas zonas el cultivo de COCA sigue siendo el más rentable.51 Toda propuesta de desarrollo alternativo tiene que nacer y crear desde las comunidades, pero con el apoyo del Estado; y tiene que respetar las características ambientales regionales. De este modo se fortalece la agricultura campesina.52 Hay que cambiar los monocultivos de COCA por cultivos agroecológicos en los cuales también se contemple el cultivo de COCA; pero hay que acabar con los monocultivos.53 Optimizar la dieta campesina a través mejoramiento de la huerta casera, la vaca lechera, la cerda de cría, la siembra de alevinos en los ríos y quebradas. Así mismo establecer programas productivos para el sustento de las familias como granjas integrales campesinas con inversión social del Estado y encadenadas para asegurar sus sostenibilidad y hacerlas rentables.54

Analizar si el oro puede ser una alternativa sostenible para pequeños productores.55 Fomentar el cultivo del CACAO en sistemas agroforestales diversificados.56 Brindar acompañamiento técnico, desarrollo de capacidades y fortalecimiento organizacional para las organizaciones de productores en todos los procesos de la cadena: producción, manejo poscosecha, comercialización, reinversiones y mejoramiento de la calidad.57 Apostar por los productos orgánicos que pueden competir en los mercados internacionales y apostar por procesos de certificación orgánica y de comercio justo.58

Todo tipo de alternativa productiva sostenible necesita muchas inversiones sociales y de infraestructuras en las zonas rurales; así como un proceso de legalización de la tenencia de las tierras y respeto de los derechos de propiedad rural.59 No al TLC, no a las licencias ambientales, a las patentes; sí a políticas nacionales que fortalezcan el sector agrario y campesino.60 Se necesita un cambio profundo con respeto a los modelos extractivistas; se propone además la nacionalización de los recursos naturales.61 El Estado debe garantizar líneas de comercialización de las cosechas a través de centros de acopio de origen Estatal en municipios y corregimientos.62 La sustitución en el departamento delTolima se puede hacer por cultivos de café, cacao, fríjol, yuca, maíz, variedad de frutales y caña de azúcar con dotación de trapiches de alto rendimiento con calderas de turbinas a gas licuado.63 Promover un enfoque productivo-empresarial, con espíritu emprendedor donde los grupos asuman una posición productiva y puedan darle sostenibilidad a sus proyectos.64 Fortalecer los canales de comercialización donde se pueda llegar a eliminar la intermediación.65 Debe respetarse la autonomía de las comunidades brindando asesorías técnicas, sistemas de salud multiculturales acompañamiento psicosocial y la promoción del retorno del campesinado.66 Solicitan al Gobierno la revisión de los Plan de Desarrollo del Consejo Comunitario Unión Rio Rosario.67

Enfoque cultural y diferenciado sobre los cultivos de uso ilícito

•

Hay que entender que el cambio de cultivo también significa un cambio cultural, por tanto cualquier política territorial de desarrollo necesita un enfoque cultural bien marcado.68

•

En las zonas rurales hay que aplicar un tratamiento INTEGRAL a la proliferación del micro tráfico, que incluya los componentes culturales, educativos y generacionales.69

•

Promover los valores democráticos para favorecer la participación de las comunidades y fomentar la responsabilidad social con miras al establecimiento de una cultura cívica que rechace los cultivos ilícitos.70

•

En los procesos culturales y educativos también hay que considerar todos los componentes ambientales.71

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Reconocimiento y legalización de los usos tradicionales, comunitarios y medicinales de la coca y otros cultivos.72 Hay que ampliar mucho más el trabajo con los consumidores y también el trabajo en valores

humanos, éticos, cívicos y con la sabiduría de los abuelos y de las comunidades ancestrales; además el trabajo pedagógico para dimensionar los posibles daños del consumo de droga.73 El cambio cultural tiene que tocar también la formación de los agrónomos para que no sigan proponiendo recetas convencionales no adaptadas localmente.74 Diseño de un modelo de educación integral y pertinente con las labores campesinas de manera que se aumenten las competencias productivas.75 Implementar en todos los establecimientos educativos la cátedra de vida digna y sin drogas.76 Regular el papel de los medios de comunicación que antes que educar hacen apologías al consumo.77 Crear programas culturales y artísticos para niños y jóvenes en general que propendan por el consumo consciente.78 Los indígenas exigen a la mesa de diálogos en La Habana el respeto por los territorios ancestrales, el respeto por estos títulos coloniales, por el desarrollo del gobierno propio y el respeto de la vida de sus líderes que siguen siendo asesinados en medio del conflicto.79 El gobierno nacional debe intervenir los territorios con una perspectiva diferencial.80

Perspectiva de género Hay que considerar el efecto en el cuerpo de las mujeres, en la soberanía alimentaria de las comunidades, así como el efecto del desplazamiento y los efectos en la salud de las personas.81 Analizar las diferencias en la condición y posición de las mujeres en los estudios sobre el contexto local.82 Incorporación de las mujeres como sujetos activos de los procesos de negociación en los contratos de erradicación; y reconocimiento de su rol en todos los proceso de desarrollo rural.83 Reconocer que la incorporación de la perspectiva de género supone el diseño de estrategias enfocadas a trabajar exclusivamente con mujeres, sino que implica el trabajo tanto con varones como con mujeres de diferentes etnias, orígenes geográficas y creencias.84 Hay que avanzar hacia una propuesta integral que disminuya el impacto para las mujeres y campesinado, enfatizar la legitimidad del Estado con mayor inversión social y para profundizar democracia.85 La única erradicación posible tiene que tener en cuenta las expectativas y demandas de las mujeres en cuanto al desarrollo de sus familias y el entorno.86 Las acciones de Desarrollo Alternativo tienen que contar con la participación activa de las mujeres en sus comunidades, en igualdad de condiciones con los hombres, enfatizando en la Soberanía Alimentaria, actividad fundamentalmente en mano de las mujeres.87 Apoyar el desarrollo y financiación de los cultivos productivos liderados por las mujeres. Así como programas de capacitación social.88

Financiación para resolver el tema de los cultivos de uso ilícito •

Mejorar el acceso a los créditos bancarios para asegurar una financiación real de los procesos de conversión de los cultivos.89

El Estado tiene que adoptar acciones para hacer posible una disminución de los precios de los insumos agrícolas.90 Creación de un Seguro de Cosecha particularmente para los procesos de conversión de cultivos.91 Hay que garantizar subsidios a las nuevas producciones alternativas a los cultivos de posible uso ilícito; así como a la producción de la COCA, para su industrialización y la diversificación; y subsidios para la construcción de viviendas dignas.92

Todos los recursos deben ser entregados con base organizacional, de lo contrario puede haber mucha dispersión y corrupción.93 Crear un Fondo Nacional para el fomento de la economía campesina, apoyo a los planes de vida y a los procesos alternativos.94 Subvencionar el transporte para pequeños productores.95 Para realizar la sustitución de cultivos ilícitos a lícitos, la propuesta es solicitar incentivos económicos en un 50% del valor de la plantación.96 A partir de los ingresos generados por la legalización, despenalización y control estatal de los cultivos y la comercialización de los productos, proponemos un Fondo Nacional para la Atención Psicosocial y Médica de Consumidores de Sustancias Psicoactivas.97

Otros Proteger los derechos fundamentales de las personas, en particular de los campesinos, ante los tratados comerciales internacionales.98 Promover la adopción y promoción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.99 Abrir espacios de debate del consumo interno que permitan dar insumos para los derechos del consumidor.100 Exigir la presencia en las mesas de los grandes empresarios.101 Exponen la preocupa102ción que tienen porque todas las propuestas hechas por los campesinos si lleguen a La Habana, además solicitan más espacios de participación a nivel nacional.103 Promoción deemisoras comunitarias, para conectar laszonasruralesysensibilizaralascomunidades locales sobre la productividad y vocación de los territorios.104 Solicitamos a las FARC-EP que, como acto de voluntad política de paz, haga reconocimiento de la realidad y sus vínculos con el negocio de las drogas ilícitas.105

Proponemos combatir la producción ilícita a través del fomento del autocultivo de las plantas como la marihuana y la hoja de coca, siempre y cuando se mantenga un registro de los consumidores, reforzando la política nacional de atención en salud pública a los consumidores y permitiendo con esto hacerle seguimiento individual a quienes estén incluidos en el registro.106

Apemecafé (Organizaciones y movimientos campesinos); Coordinación Nacional de Desplazados (Organizaciones de víctimas);

Coordinación Nacional de Desplazados (Organizaciones de víctimas).

Ruta Pacifica de las Mujeres Valle del Cauca (Organizaciones de mujeres); AGROPATIA, Apemecafé (Organizaciones y movimientos campesinos).

Ruta Pacifica de las Mujeres Valle del Cauca (Organizaciones de mujeres); AGROPATIA, Apemecafé, ASFACONFU, ASOCBAC (Organizaciones y movimientos campesinos); Redepaz (Organizaciones defensoras de Derechos Humanos).

Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, Red Nacional de Mujeres, Mesa Departamental Mujeres Nariño (Organizaciones de mujeres); ASFACONFU, ASOCBAC, ANUC (Organizaciones y movimientos campesinos); Red Cepela (Representantes de sectores educativo y cultural).

Ruta Pacifica de las Mujeres Valle del Cauca (Organizaciones de mujeres); RIKWET-WALA (Organizaciones indígenas); AGROPATIA (Organizaciones y movimientos campesinos).

Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, Red Nacional de Mujeres, Mesa Departamental Mujeres Nariño (Organizaciones de mujeres); Apemecafé (Organizaciones y movimientos campesinos).

Ruta Pacifica de las Mujeres Valle del Cauca (Organizaciones de mujeres); ASOCBAC (Organizaciones y movimientos campesinos).

Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, Red Nacional de Mujeres, Mesa Departamental Mujeres Nariño (Organizaciones de mujeres).

10 AGROPATIA (Organizaciones y movimientos campesinos). 11 AGROPATIA (Organizaciones y movimientos campesinos). 12 Asociación de Víctimas Rurales "Alianza por la Vida" (Organizaciones de víctimas). 13 Servicio Jesuíta de Refugiados (Organizaciones defensoras de derechos humanos); Rikwet-Wala (Organizaciones indígenas). 14 Servicio Jesuíta de Refugiados (Organizaciones defensoras de derechos humanos); Rikwet-Wala (Organizaciones indígenas). 15 ASOCBAC (Organizaciones y movimientos campesinos); ONIC-CRIC (Organizaciones indígenas). 16 ANUC (Organizaciones y movimientos campesinos). 17 Red Cepela (Representantes de sectores educativo y cultural). 18

Ruta Pacifica de las Mujeres Valle del Cauca (Organizaciones de mujeres); Apemecafé (Organizaciones y movimientos campesinos).

19 Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, Red Nacional de Mujeres, Mesa Departamental Mujeres Nariño (Organizaciones de mujeres); Apemecafé (Organizaciones y movimientos campesinos); Coordinación Nacional de Desplazados (Organizaciones de víctimas). 20 AGROPATIA, Apemecafé, ANUC (Organizaciones y movimientos campesinos); Redepaz (Organizaciones defensoras de Derechos Humanos). 21 ANUC, ASOCBAC (Organizaciones y movimientos campesinos); Red Cepela (Representantes de sectores educativo y cultural). 22

ASFACONFU, Mesa Campesina - Putumayo, ASOCBAC (Organizaciones y movimientos campesinos).

RIKWET-WALA (Organizaciones indígenas).

Asocbac (Organizaciones y movimientos campesinos).

Red Cepela (Representantes de sectores educativo y cultural).

Redepaz (Organizaciones defensoras de Derechos Humanos).

ANUC (Organizaciones y movimientos campesinos).

ACAMAFRUT (Organizaciones y movimientos campesinos).

ASOPROAPEL (Experiencias de sustitución de cultivos de uso ilícito).

30 Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, Red Nacional de Mujeres, Mesa Departamental Mujeres Nariño (Organizaciones de mujeres); Mesa Campesina B Putumayo (Organizaciones y movimientos campesinos). 31 Mesa Campesina - Putumayo (Organizaciones y movimientos campesinos). 32 Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, Red Nacional de Mujeres, Mesa Departamental Mujeres Nariño (Organizaciones de mujeres). 33 ASOPROBIL (Organizaciones y movimientos campesinos). 34 Redepaz (Organizaciones defensoras de Derechos Humanos). 35 Redepaz (Organizaciones defensoras de Derechos Humanos). 36 Fundación Gestión Social de Colombia (Organizaciones Indígenas); ANUC (Organizaciones y movimientos campesinos). 37 Red Cepela (Representantes de sectores educativo y cultural). 38 ASOPROBIL (Organizaciones y movimientos campesinos). 39 ANUC (Organizaciones y movimientos campesinos). 40 Apemecafé (Organizaciones y movimientos campesinos). 41 Apemecafé, ANUC, AGROPATIA (Organizaciones y movimientos campesinos). 42

Recompaz (Organizaciones y movimientos campesinos).

43 Asoprogresar (Organizaciones y movimientos campesinos).

44 Asoprogresar (Organizaciones y movimientos campesinos). 45 Asopioneres (Organizaciones y movimientos campesinos). 46

ASOPROBIL (Organizaciones y movimientos campesinos).

47 Asocbac (Organizaciones y movimientos campesinos), Red Cepela (Representantes de sectores educativo y cultural).

ANUC (Organizaciones y movimientos campesinos).

Ruta Pacifica de las Mujeres Valle del Cauca (Organizaciones de mujeres); Fundación Gestión Social de Colombia (Organizaciones Indígenas).

AGROPATIA (Organizaciones y movimientos campesinos); Red Cepela (Representantes de sectores educativo y cultural); Redepaz (Organización defensora de Derechos Humanos); ONIC-CRIC (Organizaciones Indígenas).

Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, Red Nacional de Mujeres, Mesa Departamental Mujeres Nariño (Organizaciones de mujeres).

Asoprogresar, ASOPROBIL (Organizaciones y movimientos campesinos).

ASOPROAPEL (Organizaciones y movimientos campesinos); Fundación Gestión Social de Colombia (Organizaciones Indígenas).

ASOPROBIL (Organizaciones y movimientos campesinos).

Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, Red Nacional de Mujeres, Mesa Departamental Mujeres Nariño (Organizaciones de mujeres).

ACAMAFRUT (Organizaciones y movimientos campesinos).

ACAMAFRUT, ANUC (Organizaciones y movimientos campesinos).

ACAMAFRUT, Apemecafé, Asoprogresar (Organizaciones y movimientos campesinos); Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, Red Nacional de Mujeres, Mesa Departamental Mujeres Nariño (Organizaciones de mujeres).

Rikwet-Wala, ONIC-CRIC (Organizaciones indígenas).

Red Cepela (Representantes de sectores educativo y cultural); AGROPATIA (Organizaciones y movimientos campesinos).

ASOPROBIL (Organizaciones y movimientos campesinos).

Asoproapel (Experiencias de sustitución de cultivos de uso ilícito).

Red Cepela (Representantes de sectores educativo y cultural).

Consejo Comunitario Unión Rio Rosario (Organizaicón Afrodescendientes).

Coordinación Nacional de Desplazados (Organizaciones de víctimas).

Ruta Pacifica de las Mujeres Valle del Cauca (Organizaciones de mujeres); RIKWET-WALA (Organizaciones indígenas).

Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, Red Nacional de Mujeres, Mesa Departamental Mujeres Nariño (Organizaciones de mujeres).

Apemecafé (Organizaciones y movimientos campesinos).

ASFACONFU (Organizaciones y movimientos campesinos); Asociación de Víctimas Rurales "Alianza por la Vida" (Organizaciones de víctimas); Red Cepela (Representantes de sectores educativo y cultural).

Mesa Campesina - Putumayo, ANUC (Organizaciones y movimientos campesinos).

ANUC (Organizaciones y movimientos campesinos).

76 ANUC (Organizaciones y movimientos campesinos).

ANUC (Organizaciones y movimientos campesinos).

Red Cepela (Representantes de sectores educativo y cultural).

ONIC-CRIC (Organizaciones indígenas).

Recompaz (Organizaciones y movimientos campesinos).

Ruta Pacifica de las Mujeres Valle del Cauca (Organizaciones de mujeres).

Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, Red Nacional de Mujeres, Mesa Departamental Mujeres Nariño (Organizaciones de mujeres).

Ruta Pacifica de las Mujeres Valle del Cauca (Organizaciones de mujeres).

Ruta Pacifica de las Mujeres Valle del Cauca, Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, Red Nacional de Mujeres, Mesa Departamental Mujeres Nariño (Organizaciones de mujeres).

Círculo de Mujeres (Organizaciones de mujeres).

ACAMAFRUT (Organizacionesy movimientos campesinos); Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, Red Nacional de Mujeres, Mesa Departamental Mujeres Nariño (Organizaciones de mujeres).

ACAMAFRUT, AGROPATIA (Organizaciones y movimientos campesinos).

ACAMAFRUT (Organizaciones y movimientos campesinos).

ACAMAFRUT, AGROPATIA, ASOPROBIL, ANUC (Organizaciones y movimientos campesinos).

Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, Red Nacional de Mujeres, Mesa Departamental Mujeres Nariño (Organizaciones de mujeres).

Apemecafé (Organizaciones y movimientos campesinos).

Asociación de Víctimas Rurales "Alianza por la Vida" (Organizaciones de víctimas).

ASOPROBIL (Organizaciones y movimientos campesinos).

Redepaz (Organizaciones defensoras de Derechos Humanos).

AGROPATIA (Organizaciones y movimientos campesinos).

ASOPROBIL (Organizaciones y movimientos campesinos).

100 REDEPAZ (Organizaciones defensoras de derechos humanos). 101 Asopioneros (Organizaciones y movimientos campesinos). 102 103 AGROPATIA (Organizaciones y movimientos campesinos). 104 Cooperativa Agro Mamaconde (Organizaciones y movimientos campesinos). 105 REDEPAZ (Organizaciones defensoras de derechos humanos). 106 REDEPAZ (Organizaciones defensoras de derechos humanos).

Propuestas Ciudadanas Mesa Temรกtica l Grupo de Trabajo 2

Ponencias

FORO NACIONAL ••

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SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS Bogotá, septiembre 24, 25 y 26 de 2013 "Las fumigaciones no sólo arrasan la coca, arrasan con todo, hasta las casas las fumigaron y eso queda un líquido blanco... fumigaron hasta los estanques... Yo como mujer me sentía culpable por haber cultivado coca y luego verlas montañas y todos los sembrados acabados, los árboles secos... Yo me preguntaba porque tenían que pagar los árboles por las cosas que uno hace... pero yo pensaba si el gobierno antes de las fumigaciones hubiera entrado a negociar con los campesinos, tal vez no hubiera sucedido eso... si el gobierno le hubiera preguntado a la gente qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan pues nos hubiéramos ahorrado todo eso..." Testimonio de una mujer del Putumayo

Presentación La Ruta Pacífica de la Mujeres, es un movimiento de mujeres feminista, pacifista y antimilitarista que desde hace más de 16 años, con las casi 300 organizaciones que lo componen, se opone a la guerra y a la solución violenta de los conflictos. Dada nuestra presencia organizativa en diferentes regiones en donde los cultivos de uso ilícito son una alternativa de subsistencia para las comunidades, nos hemos dado a la tarea de avanzar en una reflexión alrededor de los impactos que la política antidrogas y los mismos cultivos, han generado en la vida y el cuerpo de las mujeres, así como el esbozo de algunas propuestas que las mujeres de estos territorios han planteado para avanzar en una propuesta integral de replanteamiento del problema y las soluciones que hasta ahora se han dado, y que aporte a la consolidación de la paz Nuestra preocupación frente a la Paz, se centra en la realidad que implican los cultivos de uso ilícito para el fortalecimiento de una economía para la guerra, promovida por los distintos actores armados cuyos intereses trascienden el marco de un proceso de negociación. Los cultivos de uso ilícito y la misma política antidrogas han sido en los últimos años, el motor del conflicto armado, con consecuencias nefastas no solo en términos de la militarización de los territorios, sino de cambios profundos en la institucionalidad colombiana que fue cooptada en muchas regiones por estructuras mafiosas, asociadas fundamentalmente al narcotráfico y al paramilitarismo. A través de la regulación del negocio de la coca, la administración de justicia y la intervención en la vida cotidiana de la población, los actores armados han logrado consolidarse en muchos territorios como autoridad y moldear un orden social a su albedrío. No atender de manera inteligente este problema, puede socavar la construcción de la paz, la i

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legitimidad del Estado en distintos territorios, además de los efectos que ya mencionaremos en las mujeres, en la sociedad y el medio ambiente.

El problema y sus Impactos en la vida de las mujeres

De acuerdo con Vargas (2008), mientras la principal fuente del valor agregado en la economía de las drogas se sitúa en el proceso de traslado, de las drogas desde los lugares de producción a los sitios de comercialización y consiguientemente en los complejos y rápidos procesos de lavado de dineros, el mayor porcentaje de los esfuerzos antidrogas se sitúa en aquellas partes que se relacionan más con problemas socioeconómicos y de pobreza. Esta circunstancia ha hecho que se centren los esfuerzos de la política antidrogas y sus recursos económicos en el proceso de producción de los cultivos más que en el desmantelamiento de las estructuras de criminalidad organizada del narcotráfico, que han jugado un papel fundamental en la alianza con las élites políticas regionales para el manejo del Estado y de los territorios, afectando la autonomía de las comunidades. La estrategia fundamental de la política antinarcóticos fue el Plan Colombia, implementada fundamentalmente en el sur del país, que contó con recursos de Estados Unidos por 1.3 millones de dólares, que convirtieron a Colombia en el tercer país en recibir mayor ayuda después de Israel y Egipto. El 74% de los recursos se asignó al fortalecimiento del Ejército y la Policía, así como al financiamiento de uno de sus componentes, conocido como "Iniciativa contra el narcotráfico", que enfatizó la erradicación de cultivos de uso ilícito, especialmente forzosa, por tres razones: "el vínculo existente entre la guerrilla y el narcotráfico, su fortalecimiento, y el lento desarrollo de las conversaciones de paz".1 El vínculo de la política antidrogas con la política contrainsurgente contribuyó de manera sustancial a poner a los campesinos y campesinas, y a la población civil en el centro de las acciones militares del ejército y la policía.

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La situación de las mujeres que habitan en territorios de cultivo de uso ilícito no puede verse desligada de las condiciones históricas, su situación está atravesada por discriminaciones y subordinaciones ancestrales y por una cultura patriarcal que se agudiza en contextos de narcotráfico y guerra. La dinámica de los cultivos, asociada a la exacerbación del conflicto armado, el copamiento militar de los territorios por parte de todos los actores armados y las

Mujeres, Coca y Guerra en el Bajo Putumayo. Grupo de Memoria Histórica. 2011

¿2S& estrategias principales de la política antidroga que han girado en torno a la erradicación manual forzada y las fumigaciones, han generado diversos efectos sobre la vida y el cuerpo de las mujeres que se pueden resumir de la siguiente manera: • Constante presión y tensión por los requerimientos del contexto: Las mujeres y la familia se han convertido en un escenario de expresión de las fuertes tensiones generadas por la dinámica del conflicto armado, expresado no solamente en la ruptura de vínculos familiares por resentimientos profundos que surgen ante lo que se está viviendo, aislamiento de la familia, situaciones de desplazamiento o duelo por el asesinato de alguno de los integrantes familiares-, sino también por su instrumentalización por parte de los actores armados, tanto ai margen de la ley como los que están establecidos institucionalmente. Las políticas implementadas refuerzan la situación anterior. • Efectos en la salud mental de las mujeres: Las estructuras de control social instauradas por los actores armados han agudizado las manifestaciones de violencia intrafamiliar, de manera física y psicológica, introduciendo la amenaza como estrategia de control y debilitando la capacidad que la familia tiene para manejar directamente sus conflictos. Así a través de las normas que imponen, reproducen las identidades de género más tradicionales. La dinámica que ha traído consigo los cultivos de uso ilícito ha implicado la desestructuración de las relaciones sociales y familiares, reflejada en maltrato, golpizas, violaciones, amenazas, tortura, intento de homicidio, abandono y persecuciones que se encuentran narradas en diversos testimonios de mujeres que habitan los territorios en guerra y con cultivos de uso ilícito. Las transformaciones culturales en las zonas, generadas por el dinero derivado de los cultivos de uso ilícito y el contexto de militarización, impulsan valores agresivos, el menosprecio de la vida del otro(a) y la venganza.2 Las familias y las mujeres aparecen como unidades estratégicas para ejercer el control en las comunidades, pues los actores armados buscan una legitimación como autoridad resolviendo conflictos y aplicando sanciones, teniendo una directa influencia sobre la vida privada, y por lo tanto, entablando un control social en la comunidad, que muchas veces pone en mayor estado de riesgo a las familias. Dicho control se ejerce a la vez por diferentes grupos armados, provocando mayores niveles de violencia y autoritarismo. Igualmente, ejercen un estricto control del cuerpo y la sexualidad femenina, en especial en las mujeres

Algunos testimonios del horror vividos por las mujeres, se encuentra en el documento "el espejismo de esas hojas" CIFISAM, UNICEF (2000)

jóvenes quienes son victimas de múltiples manipulaciones por su vulnerabilidad socioeconómica y por su situación social de bajo estatus y poder. • Efectos en el cuerpo de las mujeres: Es frecuente el asedio y abuso sexual al que son sometidas las mujeres jóvenes. Los actores armados ejercen control en la manera de vestir y comportarse de las mujeres. Igualmente, tienen injerencia en la forma de vivir y de asumir la masculinidad en los hombres de la zona. Así mismo las fumigaciones han generado enfermedades en la piel, abortos y malformaciones en recién nacidos. • Efectos en la soberanía alimentaria de las comunidades y en el medio ambiente: Los efectos ocasionados por las fumigaciones a los cultivos alimenticios y a la flora en general, están poniendo en peligro las condiciones de seguridad alimentaria de la población, limitando la disponibilidad y acceso de los alimentos. Al destruir también los cultivos agrícolas, se limita el acceso a unos mínimos requerimientos nutricionales de autoabastecimiento familiar, también se limita el suministro de alimentos suficientes para distribuir y comercializar, repercutiendo en los bajos o nulos ingresos de las unidades familiares campesinas. Las mujeres soportan la presión cotidiana del hambre y la escasez de alimentos. 'Efectos en cuanto al desplazamiento. El desplazamiento incide en las mujeres de manera particular, ya sea por una acción forzada de los actores armados o por las condiciones en las que quedan sus parcelas después de la fumigación. Los impactos del desplazamiento se dan mayoritariamente en la población de mujeres rurales. El trauma y la crisis las obliga a cambiar su existencia estable por una serie de circunstancias que las pone en una situación vulnerable, abiertamente desesperada, ya que significa una destrucción de su identidad social, relacionada con un cambio brusco en la forma en cómo dirigen sus vidas, pues dentro de sus comunidades de origen es normal que ellas pertenezcan al ámbito de lo privado, mientras que al hombre ya se le ha configurado en un espacio social y geográfico más amplio.

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Nuestra Propuesta Las partes en la Habana deben avanzar hacia una propuesta integral que disminuya los impactos mencionados anteriormente para las mujeres rurales que habitan en zonas de cultivos de uso ilícito y en el campesinado en general, enfatizando en la legitimidad del Estado

a través de la presencia en inversión social y la profundización de la democracia. Para ello es necesario implementar planes específicos en los territorios afectados que tengan en cuenta:

1. La descríminalización de ios campesinos/as y pequeños productores, pues son el eslabón más débil de la cadena3 y las decisiones de política deben estar más encaminadas al desarrollo alternativo que a la implementación de la fuerza. En el caso de los cultivadores de la coca y/o la amapola, el uso de la fuerza contra ellos/as, no se compadece con los orígenes y naturaleza del problema en este nivel de la cadena de producción, pues las decisiones de cultivar tienen una motivación de subsistencia y de carácter estructural. En este sentido, existe una compleja mezcla de condiciones socioeconómicas de los cultivadores, que no puede reducirse a una reflexión exclusivamente criminalizante. La militarización de la política antinarcóticos y su uso como estrategia contraguerrilla ubica al campesino/a como un enemigo interno, lo que contribuye a ampliar el paraguas de la ilegalidad y a minar la legitimidad del Estado. Es responsabilidad del Estado asegurar y garantizar el derecho a la vida humana, animal y vegetal, a la integridad personal y a las condiciones de vida dignas de la población, por lo cual el Estado debe empezar a ejercer la soberanía sobre el planteamiento de las políticas, sobrepasar los intereses particulares y reconocer la naturaleza de la problemática, dando prioridad al tratamiento social de las comunidades vinculadas con la pequeña producción de la coca. Promover políticas incluyentes para todos los sectores de la población, que aboguen por soluciones pacificas, que rescaten la defensa de la vida e integridad de las comunidades, fortaleciendo el tejido social, empoderando a las mujeres y a las comunidades y promoviendo procesos reales de desarrollo regional en aras de generar un desarrollo humano sostenible. Vale la pena señalar que según Uprimmy (2012), si bien la mayoría de las personas detenidas por droga no son mujeres, la mayoría de las mujeres reclusas en Colombia han perdido su libertad por temas relacionados con la producción y el transporte de drogas. Este dato refuerza entonces la tesis de que parece existir una feminización de los delitos relacionados con drogas. 2. La No erradicación forzosa (Manual o por fumigaciones) que deberá ser sustituida po acuerdos y concertaciones con los productores/as de hoja de coca para la erradicación 3 Se calcula que el cultivo de la hoja de coca representa el 9% del valor agregado del total del negocio del narcotráfico; la transformación de la hoja de coca en pasta, representa el 5%; la transformación en cocaína el 15% del valor agregado del total del negocio y el tráfico de la cocaína el 71% .

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gradual y voluntaria bajo circunstancias específicas. Además de generar impactos visibles en la salud de las mujeres y en los procesos de soberanía alimentaria, las fumigaciones no han generado disminución efectiva de los cultivos, pues los mismos se han desplazado hacia otros territorios, multiplicando los daños ambientales. En esta erradicación concertada, deben tenerse en cuenta las expectativas y demandas de las mujeres en cuanto un desarrollo que incluya sus propuestas y las dignifique en un desarrollo humano junto con su entorno y familia. 3. Implementación de acciones de Desarrollo Alternativo con la participación de la comunidad y de las mujeres, haciendo énfasis en el impulso a la soberanía alimentaria como una actividad fundamentalmente en manos de las mujeres y en el acceso de las mujeres a la tierra, al crédito y a la tecnología para la producción. Las pequeñas productoras no han tenido un verdadero acceso a los procesos de capacitación, transferencia tecnológica y créditos como población beneficiaría de los proyectos de desarrollo alternativo; en razón de que las mujeres tienen menor acceso que los hombres a la posesión de tierras; la mayoría de parcelas en las que trabajan las mujeres están inscritas a nombre del esposo o compañero, considerados como jefes de familia y por ende beneficiarios en mayor grado de estos programas. A lo anterior se suma que. de acuerdo con Vargas (2002), los programas de desarrollo alternativo se han caracterizado por el esbozo de propósitos de corto plazo imposibles de cumplir, por una excesiva improvisación en su diseño y ejecución, la atomización y bajo impacto de los proyectos. La falta de rigor en el estudio del problema y la ausencia de planeación en su desarrollo, han terminado por degradar al desarrollo alternativo a la condición de subsidio complementario de las acciones de erradicación forzosa. Teniendo en cuenta lo anterior, los indicadores de evaluación de un programa de desarrollo alternativo, más que el número de hectáreas erradicadas, deben contemplar avances en indicadores sociales de bienestar para la comunidad y para las mujeres (acceso a la tierra, a educación, salud etc). Por supuesto, el desarrollo alternativo está ligado a profundas reformas en el sector rural que garanticen la sostenibilidad de las acciones de erradicación por la vía de mejores condiciones de vida para la población y para las mujeres campesinas.

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4. Desmilitarización de los territorios y de la vida civil en las zonas donde se adelanten las estrategias de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo. Las llamadas zonas de consolidación en las cuales se activa la presencia estatal en territorios de guerra y cultivos de uso ¡lícito, han sido convertidas en territorios de amplia presencia de las Fuerzas Armadas y policiales que realizan acciones que debería ejecutar la institucionalidad civil. La experiencia de las organizaciones de mujeres es que a mayor presencia de grupos armados (legales e ilegales), mayor inseguridad y violencia contra las mujeres. Estas manifestaciones de la militarización, estas lógicas de guerra, tienen sus propias expresiones. Por eso, frente a la militarización del cuerpo, la vida y los territorios en los que viven las mujeres, se plantea la 6

,<?% ¿¿0^. %desmilitarización de la vida civil. A la propuesta de desmilitarización, va ligada la propuesta de fortalecimiento tanto del Estado como de la sociedad civil en las llamadas zonas de consolidación como en todo el territorio nacional: Es necesaria una mayor y cualificada institucionalidad civil en los territorios y también es necesario el fortalecimiento de las organizaciones. 5. En las zonas urbanas, el Estado debe generar políticas que den un tratamiento integral a la proliferación del microtráfico y sus consecuencias en el incremento de la criminalidad y la delincuencia. Estas políticas deben tender a políticas de educación, salud, inversión social y desarrollo para los y las jóvenes no terminen en poder de las mafias urbanas. 6. Veeduría nacional e internacional que haga seguimiento a la efectividad de la política. Tal y como se ha demostrado a lo largo de este documento, la política antinarcóticos implementada en nuestro país no se corresponde con la complejidad de la problemática, mientras se fumigan los territorios y con ellos la vida de los/as pobladoras, los narcotraficantes cualifican sus sistemas de producción y distribución. Mientras la política antinarcóticos se aplica desde el componente militar y de fumigaciones dejando poblaciones enteras en la total miseria, los narcotraficantes trasladan los cultivos a otras zonas del país e incluso a otros países sin afectarse realmente el negocio. Es necesario un acompañamiento internacional latinoamericano que haga seguimiento a una nueva política antidrogas que centre sus esfuerzos en el origen del problema y atendiendo cada parte del circuito en la dimensión que corresponde.

Corregimiento de Bilbao, Municipio de Planadas Tolima, septiembre 25 de 2013

Doctores ALEJO VARGAS VELÁSQUEZ Director Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz- Universidad Nacional FABRIZIO HOCHSCHILD Coordinador Residente y Humanitario del Sistema de Naciones Unidas en Colombia Bogotá DC. Ref: Participación en el foro sobre la solución al problema de las drogas ilícitas Bogotá, septiembre 24, 25 y 26 LUIS ALBERTO BOCANEGRA, en mi calidad de Representante Legal de la Asociación de Productores Agropecuarios y Cafés Especiales de Bilbao Tolima (ASOPROBIL) respetuosamente me dirijo a ustedes para poner a consideración de este foro la propuesta sobre la sustitución de cultivos ilícitos, desde la perspectiva del pensamiento campesino de nuestra organización. Así las cosas en lo que tiene que ver con el cambio de cultivos ilícitos a lícitos en climas cálidos nuestra propuesta está basada en solicitar incentivos económicos al menos en un cincuenta por ciento del valor de plantación y así mismo que el Estado garantice líneas de comercialización de las cosechas a través de centros de acopio de origen estatal en los municipios y corregimientos. De otra parte, se requiere también el mejoramiento de las vías carreteables, la atención integral en salud, el mejoramiento y adopción de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y en lo que tiene que ver con la vivienda campesina, generar subsidios que le permite al campesino, construir una vivienda digna y saludable, donde se tenga en cuenta variables como la calidad de paredes, pisos, techos, iluminación, ventilación, dotación de agua potable y condiciones adecuadas para la disposición final de las aguas servidas. En nuestro entorno la sustitución de cultivos, previa garantía estatal, se puede realizar por cultivos de café, plátano, cacao, yuca, maíz, fríjol, variedad de frutales y caña de azúcar con dotación de trapiches de alto rendimiento con calderas de turbina de gas licuado. Adicionalmente programas de reforestación con especies nativas que permitan conservar los cuerpos de agua y estabilizar los terrenos. Ahora bien, para mejorar ia dieta campesina se sugiere, el mejoramiento de la huerta casera, la vaca lechera, la cerda de cría, la siembra de alevinos en los ríos y quebradas

Así mismo desde nuestra asociación queremos proponer la erradicación de cultivos ilícitos en climas fríos y en ecosistemas frágiles o de conservación, prohibiendo la intervención agrícola o ganadero, siempre y cuando el Estado asuma el pago periódico a ios campesinos, por el mantenimiento de estas zonas como reservas naturales. Teniendo en cuenta que el lenguaje nos acerca, confiemos en los diálogos de paz. Cordialmente,

LUIS^ALBERTO BOCANEGRA GUTIÉRREZ ce. 6.709.398 de Rioblanco Tolima Representante Legal ASOPROBIL Emaii: asoprobil@hotmail.com Te!. 3202371906

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ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE PRODUCTORES DE CACAO Y ESPECIES MADERABLES DEL CAQl ^ N1T. 900027677-8

Florencia Caquetá, Septiembre 23 de 2013. Registro para el envío de la propuesta Información del individuo u organización La única información de carácter obligatorio es el nombre del individuo u organización. Los campos adicionales son opcionales. La información suministrada voluntariamente sólo será utilizada para análisis estadístico en función de La Mesa. Organización: ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE PRODUCTORES DE CACAO Y ESPECIES MADERABLES DEL CAQUETA -ACAMAFRUTNombre completo: EDILSON GIRALDO GIRALDO Propuesta Seleccione el o los subtemas del cuarto punto de la Agenda -Solución al problema de las drogas ilícitas, sobre los cuales quiere hacer una propuesta, a la luz de la integralidad del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. 2. Programas de prevención del consumo y salud pública. 3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos Información opcional de quien envía esta propuesta Si usted desea diligenciar información adicional hágalo en el siguiente espacio. Recuerde que la única información de carácter obligatorio es el nombre del individuo u organización. Los campos adicionales son opcionales. La información suministrada sólo será utilizada para análisis estadístico en función de la Mesa. * Campos Opcionales Departamento CAQUETA Hombre X

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Ciudad o municipio LGTBI

Sector AGRÍCOLA

Sede Principal: Carrera 4, Calle 3; El Doncello Caquetá. Subsede: Km 3, Vía Morelia, Florencia Caquetá • Telefax: (8) 4310495; Cel. 3114541997 Email: acamafrut@gmail.com. www.acamafrut.amawebs.com "Compromiso por el Desarrollo sostenible de las comunidades campesinas y el entorno Amazónico"

•

SOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE PRODUCTORES DE CACAO Y ESPECIES MADERABLES DE CAQUETÁ NIT. 900027677-8

PROPUESTA DE LA CADENA DE CACAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA SUBTEMA: Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.

PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN: El departamento del Caquetá cuenta con parte de su territorio en los macropaisajes naturales Cordillerano, de Piedemonte y de Llanura, presentando una geología muy variada, tanto en su composición como en su estructura. También se detectan varios lineamientos que controlan varios tramos del cauce de los ríos Caquetá, Caguán, Orteguaza, Anayá, Guayas y Peneya. Donde se presentan deslizamientos activos y deslizamientos en procesos de formación, que dan como resultado el movimiento de masas de suelos o rocas, a lo largo de superficies casi planas, conformadas generalmente por la pendiente estructural de estratos más resistentes. Se presentan sobre pendientes relativamente fuertes, y suelen estar asociados a fenómenos tectónicos. Otra problemática que se presenta es la contaminación en los suelos, tala excesiva de árboles, lo cual causa que nuestros bosques se desvanezcan y con ellos todas las especies que los habitan. La tala desmedida de flora ha provocado que los seres vivos tanto como personas y animales que dependen de los bosques y selvas, se vean afectados en su modo de-

vida. Es necesario implementar alternativas que permitan recobrar estos ecosistemas, aprender a utilizar los suelos sin dañarlos. Rompiendo el equilibrio ^

ISO 9001

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Sede Principal: Carrera 4, Calle 3; El Doncello Caquetá. Subsede: Km 3, Vía Morelia, Florencia Caí Telefax: (8) 4310495; Cel. 3114541997 Email: acamafrut@gmail.com. www.acamafrut.amaweb; "Compromiso por el Desarrollo sostenible de las comunidades campesinas y el entorno Amazónico"

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SOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE PRODUCTORES DE CACAO Y ESPECIES MADERABLES DE CAQUETÁ NIT. 900027677-8 Climático global; la principal causa de deforestación es el cambio de uso de suelo para convertir los bosques en potreros o campos de cultivo. Esa práctica ha sido fomentada por todos, que soto han visto los bosques y las selvas como terrenos ociosos, sin poder entender sus múltiples beneficios ni su carácter vital. La ocupación no planificada de los espacios y el desarrollo de actividades productivas inadecuadas, han propiciado la degradación de ecosistemas y estimulan la presencia de procesos erosivos asociados a suelos y cuerpos de agua. Y a esta problemática le sumamos la presencia de cultivos ilícitos de hoja de coca, la cual se inicia en 1978 y de marihuana a mediados de los setenta, los cuales crearon conflictos ambientales, sociales, económicos, familiares y de orden público. A raíz de estos se produjeron migraciones y emigraciones hacia el interior del país, a la vez se produjo degradación en los núcleos familiares, violencia, ajustes de cuentas, dependencia económica del cultivo de la coca, narcotráfico, vinculación de niños y jóvenes al trabajo, la población subvalorada; mujeres, niños explotados y abusos entre otros. Los plaguicidas empleados en los cultivos ilícitos son diez veces mayor que en los cultivos tradicionales, se emplean 1.7 veces más fertilizantes; producir un solo kilo de coca requiere de 1.9 litros de ácido sulfúrico, 1.25 litros de amoniaco, 193 litros de agua, entre otras sustancias generando 625 kilos de residuos vegetales contaminados, los cuales son vertidos al entorno ambiental generando graves problemas de contaminación a corrientes hídrícas superficiales

y subterráneas, que

debido

a los inexistentes

procedimientos

para su

potabilización terminan siendo utilizados para el consumo humano, deteriorando ríos, suelos, flora y fauna. Los cultivos ilícitos se han desarrollado básicamente en la zonas rurales donde abundan las variedades de especies de flora y fauna, trayendo consigo la deforestación de grandes extensiones de selvas, la alteración de los diversos ecosistemas naturales y la pérdida constante e irreparable de especies vegetales y animales como consecuencia de las medidas empleada: por el estado colombiano con el fin de mitigar la problemática.

Sede Principal: Carrera 4, Calle 3; El Doncello Caquetá. Subsede: Km 3, Vía Morelia, Florencia Caquetá Telefax: (8) 4310495; Cel. 3114541997 Email: acamafrut@gmail.com. www.acamafrut.amawebs.com "Compromiso por el Desarrollo sostenible de las comunidades campesinas y el entorno Amazónico"

ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE PRODUCTORES DE CACAO Y ESPECIES MADERABLES DEL CAQUETÁ ^ NIT. 900027677-8

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Con la puesta en marcha de programas de erradicación de cultivos ilícitos que han Llevado a los campesinos del departamento del Caquetá a replantear la visión de cómo enfrentar la situaciones de solución, que conlleven a aprovechar las grandes ventajas edafoclimáticas que se tienen en el departamento; el cacao se ha convertido en una opción sostenible para mejorar su calidad de vida; es por esta misma razón, que con el apoyo de entidades como Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural

(MADR), CORPOICA, Corpoamazonia,

Gobernación

del

Caquetá, Alcaldías Municipales, entre otras; La Asociación Departamental de Productores de Cacao y especies Maderables del Caquetá - ACAMAFRUT es la organización directamente responsable de la cadena productiva de cacao y su Agroindustria, posicionandose como la entidad gremial que abandera las necesidades y programas del sector cacaotero del departamento; con una base social conformada por 17 comités municipales que agremian a 2.200 familias de pequeños productores de Cacao.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

•

Fomentar el Cultivo de Cacao en sistemas agroforestales (Cacao, Plátano y maderables) en el Departamento del Caquetá mediante la siembra de 500 hectáreas por año y el sostenimiento de 1.860 hectáreas establecidas en los 16 municipios del departamento del Caquetá.

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Jk W

Brindar

acompañamiento

técnico

productivo

establecimiento,

sostenimiento y aprovechamiento de 1.860 hectáreas de cacao anuales.

•

Ofrecer a los 17 comités Cacaoteros que conforman el capital social y humano capacidades técnicas y organizativas que mejoren las fases de

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ISO 9001

Sede Principal: Carrera 4, Calle 3; El Doncello Caquetá. Subsede: Km 3, Vía Morelia, Florencia Caquetá Telefax: (8)4310495; Cel. 3114541997 Email: acamafrut@gmail.com. www.acamafrut.amawebs.com "Compromiso por el Desarrollo sostenible de las comunidades campesinas y el entorno Amazónico'

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ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE PRODUCTORES DE CACAO Y ESPECIES MADERABLES DEL CAQUETA

kSStíñ

NIT. 900027677-8 producción, beneficio y comercialización, mejorar la comercialización del

grano de cacao, obteniendo precio justo y el mejoramiento de la calidad de vida de los productores. Impulsar la investigación coordinada, entre instituciones públicas, privadas y

actores

sociales,

referente

producción, transformación

comercialización del cacao, buscando producción limpia con procesos de Control de calidad y sellos bajo certificación ecológica. Créditos bancarios para siembra y sostenimiento de áreas de cacao con intereses favorables. Legalizar tenencia de la tierra Baja en los precios a productos agrícolas (fertilizantes, herbicidas, abonos etc). Seguro de Cosecha y subsidios a la producción. Establecer mesas de dialogo regionales con los diferentes sectores de la producción agropecuaria. Mayor presencia del estado con programas productivos, que permitan mejorar la calidad de vida de los campesinos. Mejorar vías de acceso (infraestructura vial).

Cordialmente,

EDILSON GIRALDO GIRALDO Director Ejecutivo ACAMAFRUT Secretario Técnico de la Cadena de Cacao Departamento del Caqueta Florencia Caqueta, Septiembre 23 de 2013.

Sede Principal: Carrera 4, Calle 3; El Doncello Caqueta. Subsede: Km 3, Vía Morelia, Florencia Caqueta Telefax: (8) 4310495; Cel. 3114541997 Email: acamafrut@gmail.com. www.acamafrut.amawebs.com "Compromiso por el Desarrollo sostenibh de las comunidades campesinas y el entorno Amazónico"

ACAMAñZLrr

OBJETO SOCL

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GENERAR PROCESOS DE FORMACIÓN INTEGRAL ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA BASE SOCIAL DE ACAMAFRUT, Y DEMÁS INTERESADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE DEL PAÍS, EN LOS ASPECTOS SOCIO EMPRESARIALES, AMBIENTALES, CULTURALES, TURÍSTICOS, PRODUCTIVOS, DE COMERCIALIZACIÓN, CRÉDITOS, TRANSFORMACIÓN, AGROINDUSTRIA E INVESTIGACIÓN; FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, ADMINISTRACCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS.

BASE SOCIAL 17 Comités Municipales activos y 4 Comités en proceso de afiliación Total Z200 Familias Productoras de Cacao SIGLA

NIT

REPRESFNTANTE L E G A t

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MUNICIPIO

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JAIHO EUAS NIETO

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BERNARO© BAMENA GARCÍA

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90020G507-2

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CARLOS JULIO M O H Í N O

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COMITÉ Oí CU LTIV ADOBES DE Z~C.AG IN S.1STEM.AS MRMM O RÉSTALES BIL MUMCHIO Oí 1AK VICENTE OEL

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JORGE VEGA 90047707S-6

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1. 2.

Cultivos ilícitos conflictos ambientales, sociales, económicos, familiares y de orden público. 3. Abandono a las sus unidades productivas (cultivos de agrícolas, animales etc.) 4. degradación en los núcleos familiares, violencia, ajustes de cuentas, dependencia económica del cultivo de la coca, narcotráfico, vinculación de niños y jóvenes al trabajo, la población subvalorada; mujeres, niños explotados y abusos entre otros. 5. Fumigaciones por aspersión aérea 6. Baja producción agrícola y pecuaria 7. Falta de implementación de nuevas Tecnología en el cultivo de cacao (SAF). 8. Oportunidades para mejorar los procesos de producción y establecimiento de nuevas áreas Cacaoteras. 9. Ausencia del estado (créditos a muchos intereses) 10. Mejorar calidad de vida (vías de acceso, servicios públicos). 11. Tenencia de la Tierra.

LOGROS ALCANZADOS Conformación de ía cadena de cacao en el departamento del Caquetá. Establecimiento de 1.130 Nuevas Hectáreas de cacao en sistemas agroforestales. Brindar asistencia técnica a 1.890 Hectáreas de cacao en el departamento del Caquetá. Establecer un jardín clonal para producción de material Vegetal (varetas porta-yemas de cacao). Establecer dos viveros para producción de Material Vegetal (clones de cacao y especies maderables). Fortalecimiento gremial a diecisiete (17) Comités Cacaoteros 1 6. Municipales. I rr Incrementar la producción de cacao en la Región. 7. Fortalecer los procesos de Comercialización del grano de cacao.

Nuevas áreas de Cacao Establecidas r

MUNICIPIO ¡ SAN VICENTE 1 DEL CAGUÁN í PAUJIL/DONCEL LO

i VALPARAÍSO j MONTAÑITA [SÓLITA

COMITÉ DE CACAOTEROS Comité de Cultivadores en sistemas agroforestales del Municipio de San Vicente del Caguán. Comité de productores de cacao en sistemas agroforestales del m u n i c i p i o d e e l paujii C a q u e t á COMCAPComité de productores d e cacao en sistemas agroforestales del Municipio de Valparaíso — COPROCAVALComité d e cultivadores d e cacao en sistemas agroforestales del m u n i c i p i o d e la M o n t a ñ i t a Comité de cacaoteros orgánicos d e l m u n i c i p i o d e sólita — CACAORSOLComité d e Cultivadores de Caucho, Cacao y Plátano de Santa Fe del C a g u á n y Comité d e Cacaoteros de Remolino del C a g u á n y Suncillas — CHOCAGUAN

HECTAREAS DE C A C A O ESTABLECID AS 180

90 138

69 192

96 100

50 162

81 176

CARTAGENA 1 DEL CHAIRA

i FLORENCIA í TOTAL

PRODUCTOR ES

Comité de productores d e cacao en sistemas agroforestales del municipio de Florencia — COMCAFLOR-

182

1.130

91 565

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA Fomentar el Cultivo de Cacao en el Departamento del Caquetá mediante la siembra, sostenimiento y aprovechamiento de nuevas hectáreas de cacao en los 16 municipios del departamento del Caquetá. Brindar acompañamiento técnico productivo en el establecimiento, sostenimiento y aprovechamiento de 5.000 hectáreas de cacao a 2021. Ofrecer a los productores que conforman el capital social y humano capacidades técnicas y organizativas que mejoren las fases de producción, beneficio y comercialización, mejorar la comercialización del grano de cacao, obteniendo precio justo y el mejoramiento de la calidad de vida de los productores. Impulsar la investigación coordinada, entre instituciones públicas, privadas y actores sociales, referente a la producción, transformación y comercialización del cacao, buscando producción limpia con procesos de Control de calidad y sellos bajo certificación ecológica. créditos fáciles y a bajos intereses para establecimiento, sostenimiento y comercialización de nuevas áreas de cacao. Legalizar tenencia de la tierra Baja de precios a productos agrícolas (fertilizantes, herbicidas, abonos). Seguro de Cosecha, subsidios a la producción. Mejoramiento de Vías de acceso Mayor presencia del estado con programas productivos que permitan mejor la calidad de vida del campesino.

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ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS

DE COLOMBIA-ANUC u"S?l?JSS':)|J\ ") »i*aw. / - U /

pBirsoníüíii Jurídica No. £49 de 1.970 - Míü. AgrkuHtara - RUT-860066487-7 Carrera 5 A No. 9 - 05 Sur Barrio Villa Javier - Telefax 580R451 RogctáCeluiar 3103201913 -Émailar.ucp.nj%ahíioJcom- web - www «¡IIíC.CO

Foro sobre la solución al problema de las drogas ilícitas Bogotá, 24 - 25 y 26 de septiembre de 2013, Centro de Convenciones G12 PONENCIA DE LA ANUC La presencia de cultivos ilícitos en Colombia, es consecuencia de diversas causas, entre las que cabe mencionar algunas de ellas como la demanda masiva por parte ele consumidores de muchas otras naciones, que poco o nada hacen por impedir su uso, lo cual se traduce éñ el mayor facilitador del narcotráfico que es el verdadero negocio de ¡as drogas, pues la sola producción no es negocio, y tampoco causa, el daño que si ocasiona el procesa miento y comercialización da los alcaloides de ellos derivados.

En los distintos departamentos de Colombia, entre ellos Marino, Cauca, Pirtumayo, Caquetá, Huila, etc. la producción de la coca, ia marihuana y la amapola se empleaban corno cultivos tradicionales para múltiples fines tanto en "la medicina" como en el cultivo asociado y alelopático de las plantas. La hoja de coca para ¡os campesinos tiene distintos usos, puede ser un medicamento y hasta un alimento que muchas familias la utilizan por su gran potencia! vitamínico, pues se dice que tiene 305 calorías, 10,5 de proteína, 42,6 carbohidratos, calcio, hierro, fosforo etc. Los campesinostambién hacen de esta planta ungüentos, pomadas, vinos.galletas etc. Por eso, para muchos esta planta no es ilegal ya que se emplea en la medicina y en otros proyectoscientíficos. El cultivo solo no se hace por voluntad aislada o con fines perversos, pues los campesinos empiezan a cultivar coca o marihuana porque ven en esta actividad una salida individual a sus necesidades o afujías económicas debido a la insolvencia que les ocasionan las demás actividades agropecuarias,que solo producen pérdidas ante la inexistencia de políticas públicas pertinentes que garanticen rentabilidad. Por lo tanto la crisis del sector agropecuario y en particular la de la economía campesina, la pobreza rural y el instinto de supervivencia de las familias constituyen el principal motivo de propagación de los denominados cultivos ilícitos.

-4¿ Como ya se anotó, ia coca se vuelve ilegal cuando se procesa y aparece el narcotráfico, porque la hoja se transformaen alcaloide y se convierte en negocio para otros, más no para !os campesinos. —

Desde luego, el procesamiento, comercialización y consumo traen consigo unas consecuencias bien conecidas a nivel mundial y que hay que mitigarlas o erradicarlas. Entre ellas podemos citar: *

*Destrucción del equilibrio ecológico. •Abandono del territorio y la producción de alimentos por parte de los campesinos para migrar a otros sitios a cultivar coca por tener menos riesgo económico. *Es un acelerador de la pobreza y desempleo. *Es generador violencia armada, familiar, social y de todo tipo. *Afecta la salud y el bienestar humano. 'Aumenta las pandillas y la violencia callejera. *Desestabiliza núcleos familiares. *Disminuye el rendimiento económico, laboral y estudiantil. *Deteriora gravemente la cohesión social. •Muchos jóvenes adictos si no encuentran coca o sus, derivados empiezan a consumir drogas sintéticas que a» se producen en á& otros pdíTej /VÍPlTn"|

Es innegable que muchas personas, especialmente jóvenes de las ciudades y cabeceras municipales han caído en el consumo de drogas estimulado por una sociedad mercantilista, que favorece la descomposición social y fragmenta la unidad familiar por la falta de comunicación, educación y afecto, que los induce a buscar ayuda y sosiego en las drogas. • Ante el triste panorama antes descrito-, deben mencionarse algunas responsabilidades públicas que deben cumplirse para corregir el problema, entre ellas: *Es deber del estado velar por la salud física y moral de la sociedad colombiana. *EI gobierno debe acordar con los campesinos soluciones lípitasa través de proyectos productivos rentables con capacidad para sustituir la siembra de coca. •Destinar suficiente presupuesto para atender los requerimientos de infraestructura e inversión social en el campo. •Diseñar una ley agraria que permita el desarrollo justo; sostenible y equitativo en COLOMBIA. •Hacer posible una reforma agraria integral y democrática. Se asegura en diferentes escenarios que en Colombia no hay cultivo más rentable que la coca y la marihuana, lo cual es parcialmente cierto y para desvirtuar tal situación, el estado y la sociedad deben generar condiciones para que la producción de alimentos y los programas ambientales sean rentables y por ende atractivos para las familias campesinas, como el mayor estímulo para la sustitución de las plantaciones ilegales. A lo largo de la historia, la acción del estado ha atacado al campesino que por instinto de conservación y sobrevivencia se ve obligado a cultivar, pero el control sobre los traficantes que además son los proveedores de los recursos para la producción, no se nota, por lo menos con el mismo rigor. Este es un problema mundial, no es únicamente colombiano, también lo es de los países consumidores, pero de la misma forma es responsabilidad de los países productores de drogas sintéticas que están invadiendo la población colombiana ante la falta de control del estado ~ El productor de coca lo hace porque para eso tienen eí suministro del capital, crédito y el mercado que le proporcionan las mismas mafias de narcotraficantes, mas no porque le sea rentable, porque apenas sale a ras y sobrevive. Lo hace

porque aun así es en la actividad que menos pierde, pues quien realmente gana es el intermediario y narcotraficante. Varios intentos con visiones extrajeras se han hecho para combatir la producción de hoja de coca, entre ellos el conocido Plan Colombia que fracasó y al contrario ha causado graves daños a la economía de las familias campesinas que a través de la fumigación acabaron con cultivos de alimentos, por tanto esos perjuicios deben valorarse e indemnizarse. Algunos aportes en torno las múltiples soluciones posibles se consignan a continuación?

'ustitución de cultivos ilícitos. 1. La sustitución debe partir de la reorientación delapojítica pública para producción de alimentos y rentabilidad de la economía campesina, To que implica el rescate y rediseño de la institucionalidad pública y privada del sector agropecuario, es decir reingenieria de las entidades del estado y fortalecimiento de las organizaciones campesinas e instancias de participación y concertación 2. Es ineludible una política pública que subsidie la producción de aljrngntos de _la economía campesina para hacerlos sostenibles y réñtabies por "encima de loi indicadores que^eTogran en cultivos ilícitos 3. Toda acción de sustitución debe comenzar por el análisis de las particularidades sociales, económicas y culturales regionales para determinar el grado de dependencia de los cultivos ilícitos e identificación d e l ó s cultivos sustitutos con suficiente y adecuada asistencia técnica, capital de trabajo y un sistema de comercialización específico y adecuado a las condiciones de la economía campesina 4. Alcanzadas las anteriores condiciones, la sustitución debe implementarse de manera progresiva y gradual, previo acuerdo y consentimiento de las comunidades campesinas involucradas. 5. Establecer programas atractivos para el sustento de las familias campesinas, como las granjas integrales campesinas con inversión social del estado y encadenadas para asegurar su sostenibilidad y hacerlas rentables. 6. Reubicación de los campesinos productores a otras zonas geográficas previamente adecuadas para producción agropecuaria y forestal. 7. Fortalecer organizaciones y agremiaciones para los productos lícitos 8. Garantizar el mercado para la producción, comercialización y rentabilidad de los proyectos productivos campesinos que sustituyen los ilícitos 9. Legalización de los cultivos ilícitos. Porque siempre va a haber mercado para estos cultivos así toda Colombia los sustituya. La legalización implica pérdida de valor y lo convierte en un negocio no atractivo. 10. que el gobierno subsidie los productos y los compre en el sitio así como los compradores de los cultivos ilícitos lo hacen.

11. promover los cultivos orgánicos de productos agrícolas de excelencia que compitan con los del exterior. Para ello es necesario garantizar la asistencia técnica, crédito y comercialización 12.1a sustitución de cultivos ¡lícitos viene de la presión internacional. Por esto los países consumidores deben aportar a la sustitución Prevención

del consumo de cultivos ilícitos y salud

1. Diseño de un modelo de educación integral y pertinente con las labores campesinas de manera que se aumenten las competencias productivas. 2. Implementar en todos los establecimientos educativos la cátedra de vida digna y sin drogas 3. Educación en valores y autoestima por la dignidad humana dirigida a los jóvenes 4. Regular el papel de los medios de comunicación que al tocar el tema de drogas antes que educar y contrarrestan hacen apología que estimula el consumo.

Producción y comercialización de cultivos ilícitos. 1. Más allá de la penalización, que a la que no nos oponemos hay que atacar las causas que obligan a la producción de cultivos ilícitos, las cuales se han relacionado en este documento , 2. La erradicación es una alternativa, pero esta debe hacerse de manera majTualj^yoluntaria_con la misma población inmersa en el problema. 3. Acabar con las fumigaciones que son depredadoras del ambiente, de cultivos de alimentos, afectan la calidad de los suelos que se traduce en menor productividad y quiebra de la producción de la economía campesina. 4. El país tiene que emprender un agresivo programa de Control al ingreso de drogas sintéticas provenientes de otros países y que causan mayor daño que los alucinógenos a base de coca o marihuana.

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5. Una alternativa que vale la pena explorar consiste en que el estado mismo en una estrategia de sustitución progresiva compre la producción existente, la industrialice en producción de medicinas, aromatizantesgaseosas, y otros productos científicamente proBádos como inocuos! " ~ ~ ~"~~

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE ANUC Y DELEGADOS AL FORO

Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP Investigacjón.spbre los cultivos ilícitos /

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Cortés Yepes, Ménica. "Género y desarrollo alternativo en el contexto colombiano.'' Mujeres Indígenas, Territorialidad y Biodiversidad en el contexto latinoamericano. Ed. Luz Marina Donato, Elsa Matilde Escobar, Pía Escobar, Aracely Pazmiño y Astrid Ulloa, 2007. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 263-276. Impresa. Dentro del concepto del desarrollo alternativo: 1. Considerar las condiciones legales, sociales, económicas, ecológicas y culturales existentes a la región con el fin de adaptarse a las mismas. 2. Crear oportunidades sociales y económicas sostenibles mediante el crecimiento rural integrado para elevar el nivel de vida de las comunidades y poblaciones afectadas por la existencia de cultivos ilícitos 3. Incluir medidas apropiadas de reducción de la demanda, si las comunidades destinatarias presentan en uso indebido de drogas 4. Atender a consideraciones de género, cerciorándose de que las mujeres y los hombres participen en condiciones de igualdad en el proceso de desarrollo y en particular, las tareas de preparación y de puesta en práctica. 5. Respetar los criterios de sostenibilidad ambiental (266) •

"El desarrollo alternativo no puede existir desintegrado de los propósitos específicos de las políticas de lucha contra las drogas, porque él complementa la política de reducción de la oferta" (267)

El gobierno colombiano ha introducido por lo menos 6 modelos de política pública relacionados con el desarrollo alternativo: ¿ 1. a. b.

Cooperación internacional que se concentró en la sustitución de los cultivos ¡lícitos. Erradicación y sustitución No consideró los problemas intrínsecos de la agricultura colombiana frente a los mercados

2. Aspectos que pretendían mejorar la calidad de vida de las familias campesinas a. Infraestructura básica y social b. Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE) 3. Establecer interlocutores válidos con los cuales acordar y ejecutar acciones de desarrollo alternativo. a. Asociaciones y/o cooperativas de productores b. Donde no existían se incentivó su creación en asociaciones de campesinos, indígenas o de afrocolombianos con el objetivo de crear capital social. c. Avanzó el fortalecimiento organizativo pero no logró garantizar que las organizaciones tuvieran la fuerza suficiente para consolidar alternativas rentables a los productores ni cadenas de comercialización d. Un problema: productos rentables 4. Vinculó organizaciones campesinas con cadenas de comercialización agropecuaria con el fin de brindar un manejo sostenible de las actividades productivas. a. Articular los productos de las familias a las cadenas productivas b. Creación de o búsqueda de alianzas estratégicas que conectaran a las familias con el sector privado y los mercados de consumo final.

5. Todos los aprendizajes logrados a lo largo de los años. a. Contar con organizaciones sociales b. Incluir acciones para fortalecer la comercialización de los productos c. Compromiso por parte de las familias de erradicar completamente los cultivos ilícitos d. La acción de la política pública para generar desarrollo con las regiones y familias que aceptaran este compromiso 6. Incentivos condicionados (incluye las organizaciones sociales, la negociación y comercialización). Se basa en la firma de contratos de compromiso tanto verdal como individual para mantener predios y veredas libres de cultivos ilícitos. a. Uso sostenible de las zonas más vulnerables ambientalmente b. Detener la expansión de los cultivos ilícitos y reducir el riesgo de expansión de los mismos c. Reducir la intermediación política en la entrega del incentivo dado que se hace mediante transferencias bancadas d. Fomenta la compra de tierras por parte de las familias beneficiarías e. Incentiva a esta familias a entrar en alternativas productivas y organizativas de producción y vincularlas con cadenas de comercialización así como promueve el fortalecimiento a las relaciones de la comunidad con la institucionalidad (268-269) •, Ausencia de la perspectiva del género: \y

"Aún existen muchos vacíos en materia de diseño institucionales, programas, proyectos y normas que incorporen con fuerza la perspectiva del genero. La segunda, es que en el plano nacional ninguno de estos cinco modelos de política pública ha incorporado el criterio de género" (269). -Las políticas públicas se enfocan en las realidades de los campesinos, colonos, indígenas y afrocolombianos que están involucrados en el negocio de los cultivos ilícitos \

Yepes propone 5 líneas de acción:

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1. Incorporación de las mujeres como sujetos activos de los procesos de negociación o en los contratos de erradicación (no se debe concentrarse sólo en el jefe masculino del hogar) 2. Promover la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres (capacitación de asociaciones campesinas productivas) 3. Analizar las diferencias en la condición y posición de las mujeres en los estudios sobre el contexto local 4. Reconocer que la incorporación de la perspectiva de género se supone el diseño de estrategias enfocadas a trabajar exclusivamente con mujeres, sino que implica el trabajo tanto con varones como con mujeres de diferentes etnias, orígenes geográficas y creencias 5. Formulación de programas y proyectos que consideren las diferencias culturales tales como la procedencia étnica

Otras consideraciones: 1. Considerara las condiciones legales, sociales, económicas, ecológicas y culturales existentes en la región con el fin de adaptarse a las mismas 2. Crear oportunidades sociales y económicas sostenibles mediante el crecimiento rural integrado, para elevar el nivel de vida de las comunidades y poblaciones afectadas por la existencias de cultivos ilícitos

3. Promover los valores democráticos para favorecer las participación de las comunidades y fomentar la responsabilidad social con miras al establecimiento de una cultura cívica que rechace los cultivos ilícitos 4. Incluir medidas apropiadas de reducción de la demanda, si las comunidades destinatarias presentan un uso indebido de drogas 5. Atender medidas apropiadas de reducción de la demanda, si las comunidades destinatarias presentan un uso indebido de drogas 6. Respetar los criterios de sostenibilidad ambiental La Encuesta Nacional Guardabosques: • •

De cada 100 titulares 66 son mujeres y 34 son hombres 10% de las familias de guardabosque tienen jefatura femenina (274)

Fonseca, Daniel, Ornar Guitiérrez y Anders Rudqvist. Cultivo de uso ilícito en el sur de Bolívar: Aproximaciones desde la economía política. Bogotá: Gente Nueva Editores, 2005. Impresa. -Financiado por ASDI y PNUD -Enfoque familiar -Subsistir frente a la crisis agropecuaria -crisis alimentaria causada por las fumigaciones Recomendaciones y metodologías del estudio que podrían ayudar nuestra propuesta (46) Sugiere que "es importante evitar que el estudio caiga en un abordaje de la problemática de los cultivos ilícitos desde un enfoque productivista con base agropecuaria y que desde allí se planteen alternativas parciales que no integran otras dimensiones básicas del desarrollo (política, cultura, medio ambiente). Páginas 46 a 51 presentan las siguientes sugerencias coleccionadas en el Sur de Bolívar. Las sugerencias son generales y muchas aplican a las preguntas del género también. -2\

Temas que la política pública tiene que pensar: 1. 2. 3. 4.

Tenencia y legalización de la tierra Institucionalidad y organización social, derechos humanos y derecho internacional humanitario Medio ambiente y adecuación de sistemas de producción y organización campesina La escasa participación comunitaria en el diseño de programas no permite que las comunidades los sientan suyos; nadie cree en ellos, todos piensan que son un engaño más. 5. Los recursos son entregados sin una base organizacional

Consideraciones de los Derechos Humanos y Derechos Humanos Internacional Humanitario: 1. La fumigación afecta por igual a cultivadores de coca como a no cultivadores (de igual manera a mujeres y niños como hombres) 2. La fumigación puede convertirse en un elemento que fomenta más la violencia y el desplazamiento forzado, a la vez que amenaza la seguridad alimentaria de la población

3. Se debe cambiar el glifosato por otras propuestas de erradicación con medios que le permite al campesino producir 4. Hay desplazos por violencia que al no tener oportunidades de trabajo tiene que dedicarse a raspar coca 5. Persecución de los líderes por parte de los actores armados 6. Intervención de los grupos armados en los procesos de organización 7. Límites a la participación ciudadana por parte de los actores armados 8. La baja calidad de vida de la población de la región, más que material, es la angustia de la guerra y de la fumigación; luego está la pobreza 9. El conflicto armado crea inseguridad en las actividades de producción tradicionales. Frente al posible desmonte de los cultivos ilícitos, deben pagar con los nuevos productos 10. Alguna gente ha tenido que abandonar su tierra por el asunto de la violencia y otros han venido a ocuparlas \

Crédito e incentivos al agro: 1. Existen serias dificultades para el acceso al crédito 2. Se necesita créditos para la seguridad alimentaria, para cultivos comerciales, para las necesidades básicas (vivienda, educación, etc.) 3. Los altos intereses no permiten pagar un crédito, incluyendo los programas del Plante; hoy muchos son deudores morosos por culpa de este programa. 4. El Estado dejó de apoyar el mercado de los productos de la región y el Idema desapareció 5. Altos costos para el trámite de crédito; como son créditos pequeños, el valor de la hipoteca vale muchas veces la mitad del crédito 6. Exigen garantías prendarias (tierras, fiadores, ingresos adicionales, comercialización asegurada) que uno no puede cumplir 7. La cultura del no pago se da por varias razones: ¡liquidez, pérdida de cosecha, sugerencias por parte de los grupos armados, pero sobre todo porque lo que produce la inversión no da para pagar el costo del crédito 8. Los tiempos para la entrega de los créditos siempre están desfasados de los ciclos productivos

Generación de empleo e ingresos: >á 1. No hay precios estables para los productos lícitos, mientras la coca, aunque congelados por los nuevos compradores, sí lo tiene 2. Los campesinos no tiene los recursos para producir, no hay dinero ni herramientas ni asistencia técnica 3. Gran parte de los pobladores hoy vinculados a la coca son aparceros que no puede prescindir fácilmente de sus compromisos 4. Las cosechas de coca atraen mucha mano de obra de otras regiones del país, lo cual agrava posteriormente el desempleo local 5. La carencia de fuente de empleo urbano hace que la gente de las ciudades se tenga que ira a raspar coca o sembrar su pequeña parcela en compañía 6. La carencia de alternativas productivas competitivas es la causante de la resiembra; mientras los proyectos que trae el Estado y la cooperación internacional no sean una alternativa sostenible, habrá resiembra 7. El alto valor de la hoja y la pasta de coca se permite dar empleo y produce un ingreso constante (cada 90 días) 8. Hasta ahora la coca es el único cultivo que permite que los campesinos puedan invertir en sus veredas y mejorar el nivel de vida

9. La intermediación en todos los aspectos (productos básicos, insumos, transporte, crédito, tierras) limita la generación de excedentes, establece relaciones de dependencia y crea condiciones para la usura 10. El alto valor de la pasta de coca nos permite pagar buenos jornales 11. El oro es un mejor negocio \

Infraestructura social y servicios públicos: 1. La coca ha dado a las comunidades marginadas (Sur de Bolívar) la oportunidad de acceder a la salud, el trabajo, la educación, porque el gobierno no hace presencia en la región 2. Cuando no hay educación no hay posibilidad de desarrollo: los jóvenes apenas llegan a unos años de primaria y la coca les quita las ganas de seguir 3. Deficiencia de servicios públicos para la comunidad \

Vías y mercados: 1. La comunidad construyó los caminos sin ayuda del Estado; había pedido herramientas para mejorarlos y mantenerlos 2. El transporte es muy costoso y quita las pocas utilidades al productor 3. Nadie puede sacar el mercado una carga de fríjol con los altos costos de transporte y de producción, mientras los precios de venta sean tan bajos 4. Vías en pésimas condiciones para transporte de carga y pasajeros 5. Carencia de mercados para productos tradicionales 6. Los altos costos de transporte intermunicípal son una de las causas de la inviabilidad de nuestra agricultura 7. El mercado para la pasta de coca es el único que no falla 8. Los costos de transporte de la pasta de coca son muy bajas para el precio que tiene 9. Los insumos agrícola son venidos a los precios que impone el negocio de la coca, por eso los campesinos pueden integrar a los productos tradicionales 10. La disminución de la pesca artesanal traslada la mano de obra hacia la coca

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MESA DE CONVERSACIONES PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN COLOMBIA

MUNICIPIO DE LEIVA - NARINO

SEPTIEMBRE 24 DE 2013.

(ASOPROAPEL) ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLA Y PECUARIA DE LEIVA CLAUDIO LÓPEZ ROSERO (ASONE)ASOCIACION NUEVA ESPERANZA LUZ MARLENES ADRADA (COOAM LTDA)COOPERATIVA AGROPECUARIA MAMACONDE LTDA. OBDULIO MELENDEZ ORDOÑEZ ORGANIZACIÓN CÍRCULOS DE MUJERES DE LEVIA MARLENY ADRADA JUNTA DE ACCIÓN DE EL BADO, EL ROSARIO, NARINO NEVARDO ERASO ASOCIACIÓN LA ERA PRODUCTIVA, LA PLANADA, EL ROSARIO, NARINO IBER ROSERO LÓPEZ ^

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PROPUESTA

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS: SUBTEMA:

1.- PROGRAMAS DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO. PLANES INTEGRALES DE DESARROLLO CON PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SUSTITUCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR DICHOS CULTIVOS.

LEIVA, Leiva, reconciliación, paz y desarrollo SI SE PUEDE, Programa Desarrollo Rural Integral para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la construcción de paz

MUNICIPIO DE LEIVA Y EL ROSARIO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

La pobreza y la falta de oportunidades para el desarrollo de procesos productivos agropecuarios rentables en zonas rurales son las principales causas para el incremento de los cultivos ilícitos en nuestros territorios. Las comunidades campesinas poseen poca tierra y disponen de su mano de obra, pero históricamente han producido sin obtener rentabilidad en sus actividades agropecuarias tradicionales licitas. Lo anterior ha ocasionado que los campesinos hayan encontrado una alternativa productiva en los Ilícitos, viable económica y financieramente, en estos territorios caracterizados por la marginalidad, el atraso y el aislamiento, con una débil presencia del estado en sus territorios. Las anteriores características de esta zona determinan las condiciones adecuadas para que allí florezca el negocio de lo ilícito, que trae recursos seguros, pero a su vez intranquilidad. Estas

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condiciones de atraso y marginalidad de estos territorios, explican los pobres resultados en el desempeño económico de sus pobladores lo que en gran medida ha determinado la causa de la siembra de cultivos ilícitos. En nuestro territorio la violencia ha permanecido desde que siga habiendo cultivos específicamente de coca, ha dado como resultado muertes, desplazamiento, derramamiento de sangre, desconocimiento de los Derechos Humanos. El campesinado es un sector social muy importante en la economía nacional, es una fuerza productiva que se debe insertar dentro del proceso de producción nacional, pero que ha sido empujada al cultivo de estas plantas, cuando todo este proceso negó la posibilidad de producir rentablemente los alimentos, los cultivos de pan-coger o la pequeña producción agrícola. Frente a toda esta situación, a nivel nacional y departamental han surgido y se han implementado estrategias de Desarrollo Alternativo, tenientes a erradicar y sustituir la producción de coca y amapola a fin de lograr áreas libres de cultivos ilícitos. Sin embargo y pese a los esfuerzos realizados, no se ha afianzado un modelo que garantice un trabajo articulado para que Colombia sea declarada un país libre de Cultivos Ilegales. La disputa que se tiene frente a este hecho es compleja, porque no solamente es la implantación de nuevos cultivos, sino que en realidad es la implantación de un nuevo modelo de desarrollo. Por lo tanto las estrategias de desarrollo alternativo como se han venido manejando, no puede ser solamente la sustitución de los cultivos ilícitos, tiene que incluir además la construcción de estrategias que fomenten el desarrollo integral en las regiones. Todo esto, pone de relieve la importancia de abordar la problemática desde un enfoque que promueva una concepción integral de desarrollo social, y económico, basado en la puesta en marcha y apoyo de procesos productivos rentables, participativos y sostenibles que brinden a la población verdaderas alternativas de solución e ingreso, frente a las actividades ilícitas y a la violencia producida por esta situación. Al respecto el Desarrollo Alternativo Integral implementado en el Departamento de Nariño ofrece como solución la incorporación de componentes no solo económicos, sino también sociales, familiares y ambientales; donde el objetivo no es el cultivo, sino el individuo como promotor de desarrollo. Y es así como se hace viable la ejecución de un programa con un nuevo enfoque de Desarrollo Alternativo, encaminado a la "sustitución voluntaria"

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de cultivos ilícitos; el cuál se fundamenta en el compromiso de los gobiernos: Departamental, Nacional y Municipal, con apoyofinancierointernacional. A raíz de las constantes fumigaciones que se habían hecho en el Municipio de Leiva, ubicado en la cordillera occidental, desata una nueva protesta de todos los habitantes de esta zona, quienes argumentaban que la aspersión destruye no solo la coca, sino también los cultivos de pan coger y causa graves daños en el medio ambiente. El Gobernador de Nariño de ese entonces Dr. Antonio Navarro Wolff emprende una nueva idea de "Desarrollo Alternativo", sin fumigaciones y donde la comunidad rural se concientice a erradicar y sustituir voluntariamente los cultivos ilícitos" Dichas bases conceptuales son socializadas y concertadas con las comunidades, autoridades municipales, concejales, iglesias, organizaciones no gubernamentales, sector educativo, líderes, J.A.C. y hoy apoyada también por el Gobernador Actual del Departamento de Nariño Dr. Raúl Delgado En Concertación con la comunidad, se determinó que esta estrategia de sustitución requería el concurso de una gran mayoría de la población, el liderazgo del sr. Gobernador, Alcaldes, bajo la coordinación de un equipo conformado por la Gobernación. Ante la Magnitud del reto, los líderes Comunitarios decidieron llamar al Programa "SI SE PUEDE" que en adelante se determinó llamar "Programa de Desarrollo Social y de Economía Campesina, para la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, en los Municipios de Leiva y el Rosario, Nariño, SI SE PUEDE. Se acuerda implementar la Estrategia de manera experimental o como un proyecto piloto en estos dos municipios, se inicia la búsqueda de fuentes de financiación y la opción más viable la Unión Europea. Es significativo mencionar que la estrategia se enmarca en la aplicación de un Modelo de Desarrollo Alternativo Integral, donde se cohesionan diferentes elementos que garantizan el restablecimiento de una economía legal y competitiva, permitiéndoles a los habitantes de estos municipios alcanzar un bienestar general y un nivel de vida digno. Por otra parte la Estrategia incluye a la totalidad del área geográfica de estos dos municipios, ya que por poseer una identidad propia y una autoridad posibilita la articulación con otros programas de liderazgo local, que contribuirán para alcanzar los resultados esperados. Hay que reconocer que para lograr los objetivos establecidos en el programa "SI SE PUEDE", es necesario trabajar unidos en el proceso, de ahí que la unión y trabajo integrado de los gobiernos Nacional, Departamental y Municipal permiten la ejecución de las acciones y por ende la sostenibilidad del Proyecto, ya que todo esta encaminado hacia un solo propósito: Vivir en Paz y alcanzar un nivel de vida digna.

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Las líneas de acción se desarrollan bajo diferentes premisas, desde la Organización Social, busca alcanzar la recuperación del tejido social a través de los grupos de trabajo, las mingas y las asociaciones de primer como de segundo Nivel. La Línea Empresarial, enfatizada en la construcción de una cultura con espíritu emprendedor, donde los grupos que se conformen asuman una finalidad productiva y puedan darle sostenibilidad a sus proyectos. Enfoque productivo, tiene que ver con el aumento de los ingresos de los agricultores a partir del mejoramiento de la técnicas de producción agrícola. Aspecto Comercial, busca que los productores agrarios reduzcan y porque no, eliminen la intermediación en la venta de sus productos.

De otra parte el proyecto está basado en los siguientes aspectos: 1.- Integración entre gobiernos, sociedad civil, cooperación internacional y acción simultanea. 2.-Areas extensas de Acción. 3.- No fumigación en el área del programa con evaluaciones periódicas. 4.- Seguridad, el tipo de esquema de seguridad debe adaptarse a la amenaza en cada área, pues no todas son iguales. 5.- Incorporación al Programa de toda la Población Rural, incluidas aquellas libres de coca. 6.- Desarrollo rural con acompañamiento. Es significativo mencionar las dos metas principales del proceso para garantizar el desarrollo rural integral: 6.1 Aumentar los ingresos de los campesinos a un nivel de subsistencia decente, al respecto se hace alusión al trabajo llamado paquete completo, el cual incluye: a).-Acceso Justo al mercado tanto local, regional, nacional e internacional. b).-Tecnología adecuada para su trabajo, Buenas Semillas, Buenas Prácticas Agrícolas, Fertilización adecuada, Riego, Vías de Comunicación, asistencia técnica. c).- Financiamiento, Fondos Rotatorios, ayudas no reembolsables, créditos bancarios con cero intereses. d).- Organización Agro-Empresarial, las organizaciones y los productores tienen la posibilidad de planear la producción, acceder de manera más fácil al mercado y administrar de manera eficiente el fondo rotatorio y los créditos. e).- Apropiación de mejores técnicas productivas, a través de las buenas prácticas agrícolas que contribuyen a la obtención de productos de buena calidad y lo que les facilita el acceso a los mercados. De igual manera, el proyecto busca que los campesinos de la región logren

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mediante el acompañamiento, la legalización en canto a tenencia de tierra ya que en la mayoría de ellos, la propiedad de sus predios lo tienen solo por tenencia. f).- Infraestructura Productiva, Importante resaltar la ejecución de obras para el mejoramiento y apertura vial, acciones emprendidas por las organizaciones sociales existentes en cada uno de los municipios yfinalmente,los sistemas de riego y centros de acopio. g).-Acompañamiento, importante e indispensable el apoyo institucional y profesional de quienes operan en el proceso. Se debe también trabajar por la recuperación de todo un conjunto de valores de la sociedad rural que se han deteriorado con la presencia de la coca y los grupos armados. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO: FASE I: Desarrollo del tejido Social, la participación activa de las familias campesinas, construye el tejido social a partir de la conformación de grupos de trabajo, por vecindad, afinidad, y solidaridad organizados para la producción y comercialización, con orientación empresarial. Conformación de Asociaciones de primer nivel y segundo nivel. FASE II: Consolidación del proceso productivo y financiero .- Instalación de nuevos sistemas productivos orgánicos y consolidación de los ya existentes. Al sentirse como empresarios, necesariamente deben pensar en la organización para la producción, con infraestructura productiva suficiente (sistema de riego, centros de acopio, y transformación), con finanzas requeridas (proyección financiera y manejo de crédito), con un área administrativa (sistema tributario y contable) y con el mercado activo. .- Desarrollo de un sistema de gestión para la financiación. .- Titulación de predios. FASE III: Seguridad Alimentaría y transformación .- Instalación de huertas familiares .- Conformación de micro empresas de transformación. FASE IV: Mejoramiento de la Infraestructura productiva y Vial. El desarrollo de obras civiles como la adecuación de centros multifuncionales y de acopio y la apertura de nuevas vías intermunicipales, contribuyen significativamente al proceso de comercialización de los productos establecidos en cada franja productiva.

MESA DE CONVERSACIONES PARA LA TERMINACIÓN B E L C G N F L I C T O Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN COLOMBIA

FASE V: Comercialización y Valor Agregado. FASE VI: Formación Capacitación ..ocioproductiva y fortalecimiento empresarial. Tiene como^témas centrales a todos los beneficiarios la organización social y su impacto en el contexto específico, organización empresarial y su injerencia en la zona; organización productiva y planificación predial con elementos de desarrollo, cuidado ambiental y manejo del recurso hídrico. Estas serían algunas de las propuestas que hacemos como organizaciones y cooperativas del municipio, sin desconocer los aciertos y desaciertos del programa y en la actualidad vemos como los procesos participativos dan buenos resultados cuando se hace consensos, el cambio de mentalidad sobre la cultura de la legalidad genera muchos sacrificios y con buenos proyectos para la sostenibilidad, nuestra cultura del campo va a cambiar pensando como empresarios. En la actualidad en nuestro municipio, vemos como la comunidad tiene una forma de pensar muy diferente, los jóvenes, la creación del círculo de mujeres dentro de la equidad de género, los adultos, los ancianos, de que la generación de un ingreso lícito no depende únicamente del campesino, involucra a todos los actores de la sociedad...la disminución de los cultivos ha sido significativo como también la violencia, el mejoramiento vial muy necesario, se ha ejecutado, la buena asistencia técnica, incremento considerable de cultivos lícitos como el café, cítricos, lulo, cacao, caña, faltando una implementación real de mercadeo y comercialización, pero en todos estos procesos, siempre recalcaremos que la opinión de las personas que viven a diario en el campo, son las bases fundamentales para cambiar nuestro sector agropecuario y en especial terminar con los cultivos ilícitos, para sembrar en nuestro territorio semillas de esperanza para que en el menor tiempo posible cosechemos la paz tan anhelada para los colombianos..hemos contado algo muy mínimo de nuestras experiencias, pero si respaldamos con vehemencia que el Desarrollo Alternativo Rural y de Economía Campesina es la solución al problema de los cultivos ilícitos.

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AÑtXQ fcÑ3NÓÁ ^S&eVr* (&} PRINCIPIOS DEL PROGRAMA SI SE PUEDE Sustitución Sostenible de Cultivos Ilícitos. Municipios de Leiva, El Rosario y Consejo Comunitario Rescate Las Varas en Tumaco

Por Antonio Navarro Wolff Noviembre de 2011 Si Se Puede trabaja con ocho principios "generales" que sirve de marco para cuatro subprogramas de acción específica, que los definimos aquí por simplicidad también como principios. Los primeros hablan de los propósitos, dónde y cómo opera y quienes participan en el programa, mientras los últimos describen subprogramas las líneas de acción más específicos. Estos últimos son: a) generar ingresos campesinos producto de un paquete completo de desarrollo rural, que permitan una vida digna, b) lograr seguridad y retorno a la vida tranquila de antes de los cultivos ilícitos la droga, c) conseguir que se recuperen generen los valores e ideas en una cultura de la legalidad y d) hacer inversión en programas y servicios estatales complementarios. Cada uno de ellos será descrito con más detalle mas adelante. Primero veamos los ocho principios "generales" en el marco de los cuales se aplican los proyectos específicos.

Principios Generales 1. Ganar la voluntad de los campesinos El programa busca ganar la voluntad de la mayoría de los habitantes para dejar los cultivos ilícitos de manera definitiva regresando a una economía legal, como propósito fundamental. La gran debilidad de propuestas de combate a los ilícitos centradas en el ejercicio de la autoridad, es que la erradicación forzosa es seguida casi siempre de nuevas siembras ilegales. Además, trata a los campesinos como personas fuera de la ley, aislándolos aún más y convirtiéndolos en base social de los grupos armados ilegales, que son la autoridad y regulan la vida y los negocios en tales áreas. El corazón de Si Se Puede es precisamente ganarse la confianza de esa población campesina de áreas marginales. 2. Participación del liderazgo local. Ella es esencial. El Gobierno Municipal, las organizaciones comunitarias existentes, el nivel local de gobierno y el resto de la sociedad civil local, juega un papel preponderante desde el principio. Realmente, en nuestra experiencia, lo que hemos hecho es apoyar solicitudes de grupos comunitarios, articulándolas a un programa coherente de sustitución de cultivos de coca, de modo que más que traer ofertas a la comunidad, lo que hacemos es responder a solicitudes existentes, muchas veces antiguas. De esa manera se logra que la apropiación del programa por esas comunidades sea grande desde el principio. El papel de los Alcaldes, los Concejos Municipales, las Personerías, las Instituciones Educativas Municipales, las Juntas de Acción Comunal o los dirigentes del Consejo Comunitario en la costa Pacífico, la institucionalidad local es esencial. Son los líderes

naturales del programa, y en muchos casos, los ejecutores de componentes importantes. Ese es un elemento que diferencia este enfoque de muchos otros que se ejecutan en el país. Esto no significa que se arranque con unanimidad sobre la sustitución de cultivos ilícitos en el territorio donde se trabaja. Pero se parte del compromiso de las autoridades locales y de una parte importante de la población quienes apoyan la idea, y en la medida en que ella se va ejecutando, va consiguiendo apoyo totalmente mayoritario, en parte porque el buen suceso es contagioso pero también porque se produce una presión social sobre los remisos. En todos los casos la vinculación al programa es voluntaria, pero la experiencia de los últimos tres años nos enseña que ella se va generalizando hasta llegar a más del 90% de las familias. 3. Integralidad del esfuerzo institucional. Se habla de coordinación interinstitucional pero ella dista mucho de ser real, especialmente la coordinación con el nivel local. Esa es una prioridad no fácil de conseguir pero indispensable para lograr el máximo resultado y la mejor sinergia con los recursos disponibles, siempre escasos. Lo primero que hay que evitar es la tendencia exageradamente autonómica de algunos programas de cooperación internacional. Con esa autonomía la cooperación ejecuta más rápido, pero deja de usar muchos recursos adicionales que tiene el Estado y la comunidad misma, que debe aportar su grano de arena. El principio a aplicar es el de que todos ponen. Además, cuando la cooperación trabaja sola, se corre un alto riesgo de no lograr resultados sostenibles. Por eso es indispensable la coordinación con los diferentes niveles del Estado y la sociedad. En nuestra experiencia, la participación activa de la Gobernación ha sido esencial. Las gobernaciones son los articuladores regionales por excelencia. Así lo ha entendido el gobierno nacional y por eso proyectos como los Planes Departamentales de Agua hoy conjugan mucho más que antes los esfuerzos nacionales con las gobernaciones y las alcaldías.

En Si Se Puede la gobernación de Nariño ha sido un actor de primera línea no sólo consiguiendo el dinero de la cooperación internacional sino, entre otras cosas, ligando el programa a inversiones como distritos de riego, educación, salud, acueductos o programas de vías. También, en la medida en que está alejada de las disputas políticas municipales, la gobernación ayuda a la imparcialidad del programa, como lo demostró al conseguir la garantía de continuidad por el apoyo de todos los candidatos en Leiva y el Rosario. Los alcaldes también son claves. Un alcalde sinceramente comprometido con el programa es oro en polvo. Debe tenerse en cuenta de todos modos que las autoridades locales son vulnerables frente a los grupos armados. En cuanto a la coordinación con organismos nacionales e internacionales, en nuestra experiencia funciona un Comité Directivo compuesto con funcionarios del Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental, el Cooperante Internacional y el Operador del

Programa. En la primera etapa funcionó con regularidad. Con el cambio de gobierno nacional se ha debilitado. Otro elemento que parece muy importante para la sostenibilidad del esfuerzo, es conformar en una alianza público-privada con participación de las comunidades, que cree una entidad de derecho privado que ponga a salvo el programa de los vientos cambiantes de los procesos electorales. Esa entidad nueva debería ser quien dirija en el futuro el Si Se Puede. 4. Enfoque territorial participatívo Uno de los problemas de toda acción institucional es que cada agente trabaja con sus propias prioridades, sus agendas y sus mecanismos. Ello sucede aún entre agencias del mismo gobierno. Una manera de ordenar el trabajo es dándole un enfoque territorial participatívo. Ello opera realizando eventos participativos unificados a los cuales asistan los diversos programas y donde se tomen decisiones para aplicar en cada territorio. 5. Claridad en los propósitos del programa Como el programa no exige desde el comienzo que para realizar inversión debe el territorio estar libre de cultivos ilícitos, Si Se Puede comienza con la firma de un acta sencilla en que los signatarios se comprometen a apoyar un programa de Erradicación Voluntaria de Cultivos Ilícitos. Esa acta la firman el Alcalde, los Concejales, el Personero o Personera, los maestros y un número importante de dirigentes comunitarios en casos en que se incorpore un municipio completo. Lo equivalente en el caso de un Consejo Comunitario Afrocolombiano en la costa del Pacífico. El arranque del programa se realiza mediante un acto público, que en el municipio de Leiva, por ejemplo, contó con la presencia del hoy presidente Juan Manuel Santos, cuando era Ministro de la Defensa. 6. Selección de áreas con identidad y autoridades propias. El programa incorpora áreas que tengan identidad propia y autoridades elegidas, entes territoriales como municipios o consejos comunitarios afrocolombianos completos. En otros programas se ha usado el enfoque de núcleos sin coca con la idea de que ellos se vayan ampliando gradualmente, partiendo de la voluntad expresa de esas áreas. Ese enfoque tiene varias limitaciones, entre ellas la dificultad de incorporar el liderazgo municipal o del consejo comunitario, la posibilidad de que haya campesinos que consigan apoyo en una áreas y en otras cercanas siembren coca, hace menos fuerte la presión social sobre los remisos a incorporarse al programa y no usa las ventajas del sentido de pertenencia que tienen entidades territoriales completas. Dentro de cada municipio la población se va incorporando progresivamente al programa por veredas, lo cual se asemeja a los "núcleos sin coca" pero en un contexto diferente. Por eso, municipios o consejos comunitarios afrocolombianos completos, no menos. 7. No fumigación, con evaluaciones periódicas. La fumigación tiene dos problemas principales. Por una parte, es indiscriminada y nos enfrentamos cada vez más a la combinación de cultivos legales e ilegales en el mismo predio. Ante esa realidad, si se fumiga se mata todo, cuando lo que queremos es, entre otras cosas, generar unos ingresos provenientes de cultivos lícitos que reemplace los de

la coca. El otro problema de la fumigación, es que trata a los campesinos como enemigos, cuando lo que queremos es ganar su confianza. La existencia de la fumigación en otras áreas sirve, claro está, como una amenaza potencial para la subsistencia del programa, lo cual ayuda a valorar las ventajas de incorporarse a él. La erradicación manual forzosa no se busca pero Si Se Puede no se opone a ella. El progreso de la sustitución se evalúa periódicamente en el Comité Directivo Nacional. 8. Incorporación al programa de toda la población rural del municipio o consejo comunitario Este es otro elemento indispensable, pues no queremos enviar el mensaje equivocado que debe sembrarse coca para obtener colaboración del Estado. Además, como uno de los elementos importantes del diseño es usar la presión social sobre los remisos, es esencial tener a toda la población beneficiada por el programa. En otras experiencias, la selección de unos beneficiarios mientras otros, vecinos de los escogidos, quedan por fuera, ha generado tensiones comunitarias que van en detrimento de los buenos resultados. El incorporar toda la población al programa aumenta los costos, por lo cual hemos decidido reducir la intervención a 1 hectárea por familia en la etapa inicial.

Presentamos ahora las cuatro líneas de acción específica: 1. Seguridad No cabe duda que es un elemento de la mayor importancia dado que en las áreas de cultivos ilícitos siempre existen grupos armados ilegales. Ya dijimos que el objetivo principal del programa es la sustitución de los cultivos ilícitos mediante la conquista de la voluntad de los campesinos. Para que esa sustitución sea sostenible requiere, como ya lo dijimos, de la combinación de cuatro factores: a) ingresos campesinos obtenidos legalmente. b) seguridad c) refuerzo de las ideas de la legalidad y d) inversión en servicios estatales.

Se ha discutido el orden de los factores. En algunos casos como en el programa de La Macarena, la seguridad fue definida como lo primero y un prerrequisito para poder desarrollar otros componentes del esfuerzo. Nuestra experiencia es distinta. Hemos conseguido niveles aceptables de seguridad por el apoyo de los campesinos al programa. Ello está asociado a menores niveles deriesgoen el arranque. Pero también a un diseño más civil del programa, necesario si queremos incorporar desde un principio al liderazgo local. Creemos que empezar en zonas menos difíciles desde el punto de vista de seguridad e irse moviendo hacia las más complicadas, con continuidad geográfica en la expansión, es la respuesta que mejor funciona. Una vez se consigue el apoyo de la mayoría de la población, ella misma solicita el respaldo de fuerza pública que sea necesario. Lo que está probado con las cifras en el terreno es que la desaparición de los cultivos ilícitos disminuye la tasa de homicidios de manera apreciable. Esa certeza de recuperación de la tranquilidad es un fuerte incentivo para apoyar el programa, pero

para decirlo en términos sintéticos, la gente quisiera dejar los cultivos ilícitos, pero no está dispuesta a volver a una situación de pobreza extrema. 2. Generación de ingresos en un "paquete completo de desarrollo rural" y acompañamiento mínimo de 6 años En el terreno de los ingresos, trabajamos con lo que llamamos "paquete completo" que incluye, en su orden: 2.1 Acceso justo al mercado local y regional. La economía de los campesinos pobres en zonas marginales tiene dificultad de acceder a mercados que remuneren justamente sus productos, en tanto que la coca la compran directamente en el lote. Literalmente, el mercado va al campesino en el caso de la coca, mientras es de muy difícil acceso para su producción legal. El acceso al mercado incluye desde vías de comunicación e información permanente sobre lo que se está demandando, hasta contratos de compra anticipada, pasando por asesoría técnica permanente sobre los requisitos exigidos por los compradores. Resalto que trabajamos principalmente para el mercado cercano y con múltiples opciones productivas. Hemos aprendido que debe irse paso a paso, con pasos cortos. En la etapa inicial, mientras más cercano el mercado, mejor, al punto que en algunos casos se ha negociado mejores precios con los intermediarios, sin eliminarlos de la cadena de comercialización, pues el desarrollo de los productores y su organización no lo hace aconsejable. 2.2 Tecnología. La adopción de adecuada tecnología es otro problema serio para estas familias. Buenas semillas, análisis de suelos, fertilización adecuada, riego, asistencia técnica, procedimientos de post-cosecha, maquinaria como despulpadoras de café, guadañas, bombas de fumigación, e incluso certificación de los mejores productores en buenas prácticas agrícolas, "bpa", son indispensables y hoy no están disponibles en estas áreas marginales. Una experiencia complementaria es la organización de los profesionales de asistencia técnica en Epsagros (Empresas Prestadoras de Servicios Agropecuarios), las cuales pueden acceder a subsidios estatales mediante convocatorias del Ministerio de Agricultura y permiten hacer sostenible el acompañamiento técnico. Vale la pena también mencionar el fortalecimiento de las cadenas productivas como mecanismo de ordenar cada sector. Algunas, como la del coco en la costa del Pacífico, no existían y fueron organizadas por el programa. Debe destacarse la asociación del programa en Leiva y El Rosario con la Federación Nacional de Cafeteros, que ha acompañado la renovación y aún expansión de las siembras de café con todo su paquete técnico y financiero. La experiencia ganada en Si se puede Tumaco con Corpoteva (productores de cacao) y de otras organizaciones que han demostrado éxito son fundamentales para los intercambios y aprendizajes de esas experiencias. 2.3 Financiamiento. En la primera etapa el acceso al crédito bancario es muy difícil para los campesinos cocaleros. Muchos de ellos no tienen siquiera título de propiedad de su tierra y mucho menos un plan de negocios. Por eso se ha diseñado un Fondo Rotatorio que entrega productos en especie como plántulas, abonos o maquinaria. Tal Fondo Rotatorio es administrado por los mismos productores, con acompañamiento del

Programa. Una vez el programa va tomando fuerza, los productores pueden acceder a créditos bancarios. Existe un grupo de técnicos dedicados exclusivamente a ayudar en el trámite de esos créditos y que ellos tengan subsidios como el ICR (incentivo a la capitalización rural) para los campesinos mas desarrollados. La existencia de un Fondo Complementario de Garantías, de carácter regional y hoy fondeado por la Gobernación, ayuda eficazmente a conseguir la aprobación de dichos créditos. En el caso de cultivos permanentes de largo plazo, se necesitan subsidios parciales para el establecimiento de los sembrados, como es el caso de cacao o café. Es recomendable la gestión del acceso directo al ICR de todos los créditos solicitados por los beneficiarios del programa como lo tienen los cafeteros y otros programas. 2.4 Organización agro-empresarial. Sin ella es imposible planear la producción, acceder eficazmente al mercado y mucho menos administrar el Fondo Rotatorio. Es otro elemento esencial de ese "paquete completo" y todos los campesinos que se vinculan al programa se unen a una de esos grupos. Es un tema de desarrollo lento que requiere un acompañamiento de mediano y aún largo plazo 2.5 Vías Rurales. El programa que llamamos "ampliación de caminos vecinales" es sin duda el más popular de todos cuantos estamos ejecutando en Leiva y El Rosario. Es muy importante incorporar un proyecto de similar naturaleza a todos los programas de sustitución de ilícitos, pues produce resultados rápidos, visibles e incorpora activamente a la población de las zonas más aisladas, la mas difícil e importante para nuestros objetivos. Esa ampliación se contrata con las Juntas de Acción Comunal o los Consejos Comunitarios Afrocolombianos en el Pacífico. 2.6 Acompañamiento. Nuestra experiencia en Leiva, El Rosario y Las Varas en Tumaco nos enseñando el valor del acompañamiento. Más allá de las inversiones, siempre necesarias, el acompañamiento es un elemento esencial que busca lograr que esos campesinos puedan operar solos al final de la acción del programa. No puede ser de corto plazo, pues la transformación mental, productiva y organizacional de una comunidad no es de corto plazo. Además, una parte de los nuevos cultivos son permanentes que empiezan a producir a mediano plazo, como el café o el cacao. Se están probando formas de acompañamiento que puedan ser financiables en el largo plazo, como las Epsagro o el uso de agricultores calificados que permiten conseguir subsidios o reducir los costos de la asistencia técnica.

2.7 Si se puede competir con la coca en ingresos. En los cálculos iniciales de nuestros técnicos, por resultados en el terreno, el rendimiento de diversos cultivos en la zona de Leiva y El Rosario compite bien con los ilícitos. Mientras 1 hectárea de coca produce un ingreso neto anual de $8.730.000, el maní produce $16.040.000, la papaya $11.667.666, el café $11.200.000, el limón tahití $9.872.000, el lulo $7.747.258 y el cacao $4.317.500. 3. Cultura de Legalidad: Valores y Principios La experiencia en la erradicación de amapola en Nariño nos demuestra que además de la seguridad y los mayores ingresos para la población obtenidos mediante el desarrollo rural, para lograr que la sustitución de cultivos ilícitos sea sostenible en el tiempo es indispensable tener un esquema que podemos llamar de pensamiento, "de las ideas", que sirva para la integración social, la recuperación de principios y valores, que de

fortaleza a la organización comunitaria, que mantenga alta la autoestima poblacional, que permita resolver pacíficamente los conflictos, que integre a los jóvenes al proceso familiar y comunitario y que se centre en la valoración de lo propio, el respeto a la legalidad y el trabajo colectivo. Ello en Nariño se logró en la comunidad indígena Inga de Aponte en el municipio de El Tablón de Gómez mediante la reconstitución del Cabildo Indígena, con sus valores, sus autoridades y sus ceremonias ancestrales. Una experiencia que está avanzando actualmente y que muestra buenas perspectivas en Leiva y El Rosario, región que no es indígena, es el trabajo con médicos tradicionales llevados a la zona, los cuales comparten con la comunidad en sus ceremonias una nueva visión del territorio y su relación con el ser humano, aportando una cosmovisión que integra comunidad, espíritu y madre tierra incluyendo en ella la planta de coca considerada por los ancestros "planta sagrada" con un uso totalmente ajeno a la extracción de la cocaína. Ese mensaje ha tenido muy buena receptividad comunitaria. También vale mencionar el esfuerzo con 3.600 jóvenes de diez municipios para volverlos líderes productivos de sus empresas familiares, en un programa de formación de las familias y de los jóvenes especialmente diseñado para el efecto. Incluye un esfuerzo para lograr que los padres adopten un esquema de "autoridad sin violencia" con los adolescentes. Con la iglesia católica y las iglesias cristianas también hemos trabajado. Una experiencia relevante es la de los Hogares Juveniles Campesinos que permite a los jóvenes de las veredas estudiar su secundaria en la cabecera y formar parte de grupos juveniles alejados de las prácticas ilícitas. Se fortalecieron las organizaciones comunitarias y juntas de acción comunal, conformando un tejido de liderazgo activo, participativo y protagonista de la solución de sus problemáticas. Lo anterior fruto de una nueva dinámica de la relación ciudadanoestado, con el presupuesto participativa asignado en "cabildos", ejecución de proyectos con juntas comunales, una comunicación fluida, cumplimiento de la palabra empeñada por el gobernante, entre otras acciones conjuntas. Este nuevo liderazgo será fundamental para mantener el territorio sin cultivos ilícitos y defenderlo de cualquier ilegalidad. 4. Inversión en otros sectores El compromiso de las alcaldías y la gobernación ha permitido que otra inversión de recursos estatales ayude a complementar el programa como vías de comunicación, educación, salud, cultura, deporte, riegos o drenajes, electricidad entre otros. Una parte de ellas se ha distribuido mediante mecanismos de democracia participativa que aunque no ligada directamente al programa, ayuda a conseguir el apoyo de los habitantes. Otra se ha adjudicado directamente como parte de Si Se Puede. En todo caso, esos recursos adicionales, importantes en su monto, son sentidos por la población como parte del mismo esfuerzo y juegan un papel importante en conseguir el apoyo poblacional.

PROPUESTA FRENTE AL PROBLEMA DE LOS CULTIVOS DE USO ILÍCITO ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DEL BAJO CAUCA (ASOCBAC)

El estado debe reconocer que ha tenido culpa en que las comunidades recurran a la siembra de cultivos de uso ilícito, pues con las aperturas económicas empieza el rechazo a los productos de los campesinos y dejan de existir los puntos de acopio, la no comercialización de estos y precios justos y por el contrario empieza a traer productos agropecuarios de otros países en vez de apoyar y proteger la producción nacional. Esto ha generado mayor atraso en muchas regiones

y el

abandono es total en estas partes pues en pleno siglo XXI las comunidades siguen alumbrando con velas no tienen vías de penetración, no hay oportunidades de estudio para los jóvenes en las veredas, la calidad de la atención en salud es inhumana, no existen los servicios básicos, conllevando a los campesinos, en medio del desespero y sus necesidades, al cultivo de la hoja de coca con fines ilícitos, como una forma de subsistencia y

satisfacer sus necesidades más

inmediatas; lamentablemente esto ha traído más violencia y descomposición social en estas regiones. Esto ha sido aprovechado por narcotraficantes y grupos armados para financiar sus operaciones y con la alcahuetería y complicidad del estado se han dado para hacer las mayores masacres, genocidios, desplazamientos, expropiación de tierras de millones de campesinos y cientos de miles asesinados en la historia de Colombia. no es casualidad que cuando se hace la falsa desmovilización con las paramilitares se intensifican más

las fumigaciones,

comienzan

con

erradicación

manual

criminalización

encarcelamientos de los campesinos. Para el gobierno Nacional el problema de los cultivos ilícitos se le salió de las manos, entonces opto por echarle la culpa a los más débiles como son los campesinos y limpiarse las manos cuando es un problema que el mismo ha generado con sus políticas neoliberales y antinacionales. Los campesinos somos conscientes de que esto ha generado mas problemática en las regiones, queremos trabajar con nuestros productos tradicionales, pero necesitamos la voluntad política real y honesta de querer ayudar a salir el campo adelante, necesitamos un cambio y esto no se ^

soluciona con pañitos de agua tibia ni de la noche a la mañana, ni mucho menos con menos con represión y violencia como son las fumigaciones indiscriminadas y la criminalización de los campesinos, la erradicación manual no garantiza un cambio de vida, siempre y cuando no sea de mutuo acuerdo acuerdo con las comunidades y sea coherente con los proyectos y alternativas que genere ganancias para satisfacer sus necesidades más inmediatas. Es por eso que le proponemos al gobierno desde nuestras vivencias, como actores y víctimas de esta problemática y como una manera de construir soluciones y confianza desde el estado reconociéndonos nuestra ciudadanía y tener la participación en la toma de decisiones acordamos que:

La no criminalización de los campesinos quienes trabajan en los campos como jornaleros y raspachines, no deben ser considerados como delincuentes o terroristas sino como sujeto víctima de esta problemática, pues es su única alternativa de su sustento y el de sus familias. La no fumigaciones aéreas con glifosato, ya que estas dañan son los cultivos de pan coger, potreros, producen enfermedades respiratorias en la piel e intoxicaciones tanto en los seres humanos como en los animales, esterilizan las tierras durante años, dañan la vegetación que protegen nuestras fuentes de agua y el daño ambiental que causan es irreparable y aumentan la desconfianza de las comunidades frente al estado. La no erradicación forzosa sin antes llevar alternativas para las sustituciones voluntarias de estas con presencia del estado en lo social. Que estas alternativas o proyectos productivos sean acordados con las comunidades respetando las garantías de soberanía alimentaria y brindando las garantías de asistencia técnica, insumos, herramientas, alimentación y subsidios mientras estos empiezan a producir y garantizar su comercialización con precios justos y sostenibles. La no extinción de dominio de aquellas parcelas y pequeñas fincas de los campesinos que se han visto obligados a sembrar la hoja de coca para la sobrevivencia y sostenimiento de sus fincas y animales, que sea reconsiderada estas extinciones ya que son de pequeños finqueros y parceleros y es allí donde viven y han construido su tejido social y es su mayor riqueza y la paz del campesino su tierra para trabajar. La indemnización de aquellas personas que vienen padeciendo enfermedades en su organismo por las fumigaciones aéreas, la indemnización real de aquellos cultivos de uso licito que fueron destruidas sus cosechas, potreros, animales, proyectos de piscicultura que al contaminar las aguas acabaron con el sustento de muchas familias y reparación por los daños ambientales que han causado. Exigimos la ¡mplementación de las zonas de reserva campesina como una estrategia de luchar contra este flagelo y mecanismo de defensa de nuestros territorios y que por constitución política cumplimos con requisitos necesarios. La regulación o legalización de las drogas para evitar menos violencia y desvió de los recursos para combatir estas y justificar más la guerra.

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Red de Colectivos de Estudio en Pensamiento Latinoamericano redcepela@gmail.com https://www.facebook.com/RedCepela

Foro sobre la solución al problema de las drogas ilícitas. Fecha de presentación de la propuesta Municipio-Departamento

25/09/2013 Antioquia

Nombre de la organización que presenta la propuesta

Red de Colectivos de estudio Latinoamericano (Red Cepela)

Indique el eje temático al que se refiere su propuesta

Solución al problema de las drogas ilícitas

Correo electrónico o datos de contacto de la organización (No es obligatorio)

redcepela@gmail.com

Pensamiento

Propuesta: Desde iniciado el conflicto armado, los colombianos desde distintas expresiones sociales han intentado construir propuestas que den fin a este, para ello se ha tenido como eje central los debates que surgen alrededor del problema de la tierra, el cual se ha puesto en diversos análisis como causa histórica del conflicto social y armado. Esta problemática, pasa a grandes rasgos, por la usurpación de la tierra, procesos de destierro, entrega de la soberanía al capital transnacional, procesos de modernización sin democratización, invisibilización del campesinado y por ende abandono del campo, así como políticas enfocadas a la industrialización de este, desconociéndose modos de vida de nuestros campesinos y procesos o iniciativas por modelos agrarios más sostenibles. El país ha experimentado distintas iniciativas para abordar esta problemática, que ha terminado de complejizarse por lo largo del conflicto; a esta dinámica se suma el advenimiento del narcotráfico, que penetró fácilmente nuestro país en las diferentes esferas sociales, fruto de políticas que empobrecían el campo y fortalecían la industria extranjera y nacional, dejando al pequeño y mediano productor en condiciones de pobreza. Los proyectos que se han visto surgir y fracasar en su intento, por ser elaborados y puestos en marcha de espaldas al campesinado son, por citar algunos, el Plan Colombia, el Plan Plante, Programas de Guardabosques, Laboratorios de PAZ, Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI), la conformación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), múltiples programas de erradicación de cultivos, Sistema Integral de Monitoreo ^

de Cultivos Ilícitos (SIMCI) y los actuales modelos de zonas de consolidación cívico-militar que han generado debilitamiento a la democracia, todos estos dirigidos a la "lucha" antinarcóticos, pero que han traído como consecuencia la protundización del conflicto, debido a que desconocen las condiciones socioeconómicas y culturales, así como las dinámicas históricas del carhpo y el campesinado. Por otra parte los impactos medioambientales y sociales son mayores que los beneficios de la

& ,

Red de Colectivos de Estudio en Pensamiento Latinoamericano redcepela@gmail.com https://www.facebook.com/RedCepela erradicación de los llamados cultivos de uso ilícito. Los cultivos se incrementan conforme las políticas públicas desfavorecen al campesinado (así la oficialidad desconozca las cifras en aumento), ya que el modelo económico y político prioriza las importaciones y no el fortalecimiento de nuestro sistema agrario; transversal a esto, las fumigaciones generan daños en los cultivos de producción o pan coger, contaminan fuentes de agua, flora y tierras, generan impacto o mortandad en la fauna y un sin número de efectos directos o indirectos, como la ruptura del tejido social del campo debido a la estigmatización de quienes defienden sus derechos o la división del campesinado por políticas de coerción, sin atender sus condiciones sociales. Todo este panorama se consolida con un modelo económico que como se mencionaba anteriormente, fortalece las importaciones, beneficia a intermediarios y no al productor, al que sembrar se le ha vuelto una causa de empobrecimiento, por no ser rentable en términos económicos. Múltiples propuestas de cambio o solución al problema de los cultivos de uso ilícito han surgido en estas décadas, hoy se analizan bajo la lupa de esas experiencias, se diversifican y se transforman en exigencias; algunas de ellas son: 1. La política de erradicación de cultivos de uso ilícitos debe acabarse; ya que, las fumigaciones por vía aérea o en tierra no afectan sustancialmente la producción y por el contrario generan una cultura de la ilegalidad y ocasionan serios problemas ecológicos. Por otro lado la eliminación manual, ha generado ruptura del tejido social, dejando al campesino en medio de la confrontación armada. Se debe pensar en utilizar el conocimiento acumulado durante siglos por comunidades ancestrales y permitir florecer una industria local de corte democrático y no monopolizado, donde se aprovechen sus cualidades cosméticas, medicinales y alimenticias; condiciones aprovechables en plantas como la coca, la marihuana, la amapola u otras plantas de carácter sicotrópico o sagradas como las llaman las comunidades indígenas, buscando con ello generar un mercado alternativo, que pueda brindar opciones de subsistencia y dinamización de la economía, de esta manera, desvincular del tráfico a muchos sectores ligados a esta práctica. Se hace necesario propiciar debates para la legalización de su siembra; producción y consumo a fin de golpear el mercado ilegal. La opción penal como tratamiento al problema lo único que ha logrado es profundizarlo, pues genera mayor exclusión y violencia. Deben explorarse políticas diferentes al derecho penal para desmontar las economías ¡legales, así como no darle un tratamiento punitivo a las adicciones, ya que generan consecuencias sociales negativas.

2. Las tierras hoy se encuentran agotadas por el uso excesivo de monocultivos y es mayor su impacto que el ocasionado por la siembra de cultivos de uso "ilícito". El cambio en la vocación del suelo para promover la siembra de palma aceitera, caña de azúcar, caucho y cacao (entre otros monocultivos), genera mayores problemáticas alrededor de la tenencia de la tierra y el destierro forzado. Es necesario pensar un sistema que junto con el fortalecimiento de la agroindustria nacional, genere cambios en los modelos extractivitas o de monocultivos para combustibles y no para alimentos, como el caso de la caña para la industria de los alcoholes carburantes. Debe ser un imperativo de las políticas públicas el fortalecimiento de procesos agroecológicos, donde se íe permita al

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5. De la mano con la legalización, se desestimularía la comercialización de armas, destinada a la guerra entre narcos y sectores barriales y rurales, que han entrado en confrontación por el negocio, generando una lumperización del conflicto social y armado, llevando la guerra a los centros urbanos y profundizándola en el campo.

6. La experiencia e iniciativas de Zonas de Reserva Campesina, deben ser fortalecidas y apoyadas, no solo las existentes, sino aquellas que están con la iniciativa de conformación. Sólo una política congruente de desarrollo agrario integral, cuyo énfasis se encuentre en el apoyo de la economía campesina y la defensa de la soberanía alimentaria es garantía de solución para el problema de los llamados cultivos de uso ¡lícito.

7. Impulsar desde las diferentes formas organizativas; sociales, comunitarias, sectoriales y culturales, la realización de un censo agrario que permita establecer la cantidad de hectáreas usadas para cultivos de uso ilícito, con el fin de definir una política encaminada al uso de estas áreas para las iniciativas farmacéuticas, estéticas, tradicionales y científicas que se deriven de este tipo de plantas.

8. Crear programas culturales, artísticos y académicos

para niños y jóvenes en general, que propendan por

prácticas asociadas al consumo consciente, no solo en lo que se refiere a plantas sicotrópicas, sino al consumismo como practica naturalizada, a fin de generar sensibilidad sobre la importancia del uso sustentable y responsable de los bienes naturales de nuestros territorios.

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ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS, MEDIANOS CAFETEROS Y RECOLECTORES DE CAFÉ. RESOLUCIÓN No 066 "feb.27" de 1978 MINISTERIO DE AGRICULTIRA

COSECHAS ANCESTRALES AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD Colombia es el epicentro de la estrategia antidrogas de los EEUU, Hace 41 años, Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas de uso ilícito y desde entonces a hoy, la producción, el tráfico y el consumo mundial ha crecido exponencialmente; empero, se persiste tozudamente en la estrategia equivocada, los responsables de esta estrategia han fracasado según reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), las áreas de cultivos de coca, materia prima para producir la cocaína, en lugar de reducirse aumentaron . Razón tenía nuestro Nobel García Márquez, cuando aseveró premonitoriamente: "Creo que el primer paso para la solución realista del problema de las drogas en el mundo, es reconocer el fracaso de los métodos con que se están combatiendo. Son esos métodos, más que la droga misma, los que han causado, complicado o agravado los males mayores que padecen tanto los países productores, como los consumidores". Si "pensamos y actuamos" como siempre nos han impuesto los gobiernos de tumo que hacen lo que siempre les han ordenado, los resultados no pueden ser otros distintos a los que hemos obtenido en el pasado, Colombia como escenario de la lucha por la sobrevivencia y la dignidad del campesinado Colombiano, la crisis social y humanitaria, la incapacidad y corrupción gubernamental y la arremetida militar represiva de Estado como única respuesta a las múltiples y grave situación del campesino aún más compleja por la presencia del narcotráfico, el abandono institucional, y el no respeto de sus derechos fundamentales, el paramilitarismo ha sido el principal aliado de grandes inversionistas y empresas, así como prenda de garantía para llevar a cabo las fumigaciones aéreas, las fumigaciones más que acabar los cultivos mal llamados ¡lícitos, son una estrategia de desterritorialización, instrumentalizada para promover el desarrollo de intereses económicos. Ante este sombrío panorama que contrasta con la alta inversión en materia militar, las fumigaciones aéreas y las supuestas estrategias de lucha contra el narcotráfico, el gobierno ha flexibilizado normas jurídicas y ambientales que permiten en estos territorios acelerar la apertura a mega proyectos, la explotación indiscriminada de recursos naturales, hidrocarburos, minerales y forestales, propiciando la ruptura del tejido social y el menoscabo de la calidad de vida de las personas y la quiebra de la economía comunitaria. El gobierno colombiano lejos de ofrecer las soluciones que buscan las comunidades, ha desplegado una fuerte estrategia de intimidación militar y judicial para repeler el descontento que las comunidades expresan de manera justa. El gobierno nacional desarrolla una estrategia de expropiación territorial orquestada desde los sectores económicos, empresariales y del narcotráfico, con la imposición de las locomotoras minera y la explotación de recursos naturales, forestales, hídricos e hidrocarburos que afectan el medio ambiente y amenaza la soberanía del país, la violación de los derechos humanos, conduciendo al debilitamiento de nuestra sociedad. Hasta cuándo Colombia seguirá comportándose como país satélite de los Estados Unidos, girando en la órbita de su política exterior y asumiendo sin reparos una estrategia antidroga que ha sido un Correo: apemecafe_org@vahoo.es Calle 17 No. 10 - 16 Of. 104 Bogotá D. C. tel 311-8864751 y 314-2917310 313-8937420 y 314-2927939

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fracaso total, en lugar de seguir a ciegas la fracasada estrategia antidrogas de los EEUU, sin reparar en los daños irreparables que se le causa al medio ambiente, a la humanidad y a la frágil instítucionalidad del país. PROPUESTAS.

1. Dar por terminado la actual política antidroga que se ejecuta en nuestro país, impuesta por los EEUU y formular una política de cooperación de mutua reciprocidad con todos aquellos países interesados en darle solución a la problemática generada por el mal uso de la hoja de coca y la marihuana. 2. Erradicar la corrupción que ejerce los representantes de la instítucionalidad local, regional y nacional como instrumento de las mafias del narcotráfico. 3. Propiciar acuerdos locales de gobernabilidad que permitan reconstruir el tejido social, que garanticen una real participación de las comunidades en el diseño de Planes de Desarrollo Autónomos y/o Alternativos. 4. Formulación de políticas públicas en forma concertada con las comunidades involucradas en la producción de cultivos de coca y marihuana, con base en los principios de soberanía, responsabilidad, multilateralidad, transparencia, sentido social, respeto a los derechos humanos y campesinos (as) aprobadas por las naciones unidas. 5. Reconocimiento a la contribución de las mujeres en el proceso de Industrialización y comercialización de la producción de la hoja de coca y marihuana en el desarrollo de regional. 6. Respeto a los derechos de la propiedad de las poblaciones rurales en zonas productoras de hoja de coca y marihuana. 7. La no judicialización de las familias de campesinos e indígenas que se vean afectados por la producción de marihuana y coca como medio de subsistencia. Que cese la estigmatízación y señalamientos de los dirigentes y comunidades, ningún productor en pequeña escala de hoja de coca o marihuana podrá ser señalado o considerado como narcotraficante o terroristas. 8. Derogar como delito las prácticas de cultivar hojas de coca y marihuana mientras a narcos y mafia se aplica impunidad, lentitud, corrupción, entre otros. 9. Suspensión definitiva, al sistema de erradicación agroquímica, biológica o forzosa, que se ha sido demostrado el daño a la estabilidad de las comunidades, la biodiversidad, las fuentes de agua, la economía campesina y la salud de la población. 10. Legalización de los usos ancestrales del cultivo de la hoja de coca para temas de curaciones tradicionales, comunitarias y medicinales, que realizan las comunidades indígenas, campesinas y afro-descendientes. 11.Concertación con el movimiento campesino y sus organizaciones de una ley de tierras, de reforma agraria y desarrollo rural, que garantice la democratización y distribución de la propiedad de la tierra rural. 12.Creación del fondo nacional para el fomento de la economía campesina, apoyo a programas de desarrollo de planes de vida e iniciativas alternativas y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana. Correo: apemecafe_org@yahoo.es Calle 17 No. 10 - 16 Of. 104 Bogotá D. C. tel 311-8864751 y 314-2917310 313-8937420 y 314-2927939

FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS, CONVOCADO POR LA MESA DE CONVERSACIONES DE LA HABANA ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS FARC-EP. ORGANIZAN PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Bogotá, 24,25 y 26 de septiembre de 2013.

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PONENCIA DE REDEPAZ __^__—————^—— CONSIDERACIONES. a. Redepaz apoya sin vacilación las conversaciones que adelantan en La Habana el Gobierno Nacional del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP por la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera; ese propósito coincide con la misión de Redepaz nacida en noviembre de 1993 para trabajar en nuevas posibilidades para la paz política con el protagonismo de la ciudadanía. La paz parcelada será una paz incierta, por ello también el ELN debe formar parte del actual esfuerzo de salida negociada y pacífica del conflicto. b. Resaltamos la importancia de la invitación a las organizaciones civiles por la Mesa de Conversaciones de La Habana, a objeto de que se observen, discutan, investiguen, analicen y evalúen las diferentes posiciones respecto a la problemática del cultivo, producción, tráfico y consumo de las drogas ilícitas en Colombia, y las posibles soluciones y recomendaciones que se puedan consensuar. c. Consideramos que en Colombia el problema de cultivo, producción, tráfico y consumo de las sustancias psicoactivas no es un asunto sólo de las partes activas de la Mesa de Conversaciones de La Habana, es decir del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, sino que es esencial y de suma importancia el involucrar y comprometer a diferentes actores centrales de la vida social, económica y política de la ciudad y del campo, para poder así consensuar soluciones holísticas al problema sin dejar de lado ningún actor social. d. Reflexionamos acerca de la necesidad de considerar el enfoque territorial del desarrollo agrario por cuanto son las comunidades y la ciudadanía activa los agentes de cambio frente a la problemática del cultivo, producción, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas, así como sobre la importancia de la diversidad regional que existe en Colombia y cómo cada territorio exige una modalidad propia de desarrollo con un enfoque particular y diferencial respecto a esta problemática. e. Hacemos explícita la relación que tiene este cuarto punto dentro del Acuerdo General con el primer punto del mismo: Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial, puesto que desde ese primer punto, es posible pensar en soluciones estructurales en lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable del campo, con equidad y justicia social que involucrará de manera integral y simultaneas, ofertas reales y de mejores oportunidades y condiciones para las familias campesinas que hoy se dedican al cultivo de la hoja de coca para la producción de cocaína, así como quienes se dedican al cultivo de la marihuana y la amapola. f. El cultivo de coca, la recolección de la hoja y la producción de cocaína, han ¡mpactado negativamente en la cultura, las organizaciones comunitarias, la soberanía alimentaria, y en la búsqueda del desarrollo humano sustentable. Los graves impactos medioambientales en vastas extensiones de tierra y en nichos ecológicos importantes para la sobrevivencia de la vida en todas sus expresiones, la deforestación, el uso de agroquímicos, la contaminación química de quebradas y ríos estratégicos para la sobrevivencia de comunidades indígenas, negras

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y campesinas, son razones suficientes para oponernos al monocultivo de la mata de coca con fines de producción de sustancias psicoactivas y los demás cultivos que tienen el mismo fin. g. Vemos la importancia de reflexionar sobre la relación directa entre el fenómeno del narcotráfico y el desarrollo del conflicto armado interno colombiano. A partir de la proliferación de ñ r ñ r D A 7 los cultivos y los procesos productivos de sustancias psicoactivas se ha generado no sólo una K I = L J í = I - / A Z . transformación negativa de los valores culturales y sociales de la nación, sino que ha influido seriamente en la degradación del conflicto y el escalamiento de la guerra, así como en un aumento considerable de la criminalidad en todas las partes de la cadena productiva del narcotráfico en lo urbano y lo rural. h. Para la construcción de la paz duradera y estable, Colombia debe abordar indiscutiblemente el fenómeno del consumo interno de sustancias psicoactivas que afecta mayoritariamente a sectores poblacionales juveniles y que, junto -entre otras- a la escasa oferta estatal en materia de educación pertinente universitaria y/o de generación de ingresos, impiden el crecimiento sustentable individual y colectivo de comunidades excluidas y marginadas. El microtráfico interno que llega hoy a casi todos los municipios del país, no solamente plantea un problema de consumo de sustancias psicoactivas, de escasez de oportunidades educativas o laborales para la juventud o de cultura de la ilegalidad, sino que incluye la proliferación de bandas criminales urbanas ligadas y/o dependientes de estructuras armadas de carácter nacional, lo que resulta en el aumento de las muertes violentas por el control territorial, el desplazamiento intraurbano, las amenazas, los confinamientos, la victimización de la juventud y su involucramíento en las cadenas delictivas, el aumento del tráfico y comercio de armas, etc. i. Derivado de lo anterior, vemos la necesidad de que, en medio del viraje que está tomando la política global sobre las drogas ilícitas, no se le dé únicamente tratamiento médico a los consumidores/as. Es decir, no pasar de criminalización del consumo, a la medicalización del mismo (de criminal a enfermo/a), puesto que el consumo de sustancias psicoactivas no necesariamente deriva en enfermedad física o mental. En pos de no limitar el tratamiento al consumo a la perspectiva médica y farmacéutica, proponemos realizar un diagnóstico nacional sobre el estado del consumo interno, asi como de los consumidores/as, que permita dar insumos para crear una política de derechos del consumidor/a y no únicamente darle tratamiento a los consumidores/as como enfermos/as. j. No compartimos la actual política de Estado de adhesión y respaldo a la guerra contra las drogas planteada y ejecutada por los Estados Unidos en territorio colombiano, que es igualmente responsable por el deterioro de la naturaleza, depredación de los territorios originarios de las comunidades, detrimento de la economía campesina, perjudicial a la salud, nocivo al suelo, al agua y a sus recursos naturales por la fumigación indiscriminada con sustancias químicas y por el enfoque de criminalización y castigo a la población campesina.

k. Compartimos con muchos sectores sociales y empresariales afectados por el problema de la producción y consumo de sustancias psicoactivas en el área rural la idea del desarrollo agrario mixto de pequeña y gran empresa, sector público, sector solidario y sector privado, con enfoque territorial, que tome en cuenta las plantaciones de coca, amapola y marihuana como beneficiosas en vez de perjudiciales, ya que a estas se les puede dar usos medicinales, alimenticios, nutricionales y ambientales beneficiosos para el medio ambiente y para los individuos y comunidades productoras. I. La política de guerra contra las drogas fracasó. Asistimos a la emergencia de un nuevo enfoque tanto en los Estados Unidos como en Suramérica y Centroamérica. Se está creando una nueva instítucionalidad no represiva en el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas. Se está imponiendo la necesidad de despenalizar el consumo y tratarlo como asunto de salud pública. Asi mismo se comienza a plantear una concepción económica y productiva de los usos terapéuticos y rituales de las sustancias psicoactivas. Estos nuevos desarrollos los consideramos de vital importancia para superar la lógica guerrera y militar del problema de

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las drogas ilícitas, defender el medio ambiente, y avanzar en la construcción de sociedades pacíficas y en el respeto de lo que culturalmente nos pertenece como colombianos y colombianas. m. Redepaz en esta etapa apoya los diálogos incluyentes para la terminación del conflicto armado, que tomen en cuenta la problemática de las sustancias psicoactivas, su legalización y despenalización como una solución a la misma.

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PROPUESTAS •—^"~^~~~~^~~~ 1. Proponemos seguir el camino impulsado por gobiernos nacionales como el de la República Oriental del Uruguay, así como de algunos gobiernos locales como el Estado de California, EU, en procura de despejar legal y jurídicamente el tránsito de la política global de tratamiento a las drogas y sustancias psicoactivas mediante la prohibición y penalización del uso y de la producción, hacia una política social que esté trazada alrededor del control de los procesos de producción, venta y consumo, esto es: crear las condiciones jurídicas, tributarias y de política pública que permitan una transición transformadora hacia la legalización y despenalización como herramienta para controlar socialmente este fenómeno, así como para enfrentar de manera audaz los efectos y las consecuencias sobre la salud pública que este fenómeno conlleva. 2. Redepaz propone la sustitución de los mercados ilegales a través de la legalización y la despenalización de las sustancias ¡lícitas a objeto de que se reduzcan los índices de criminalidad relacionados con la producción y venta de dichas sustancias. Esto contribuiría de manera eficaz en la disminución de los altos incentivos en términos de ingresos que genera la prohibición, además de atacar de manera frontal el crimen organizado y losriesgosque la clandestinidad del consumo genera a la salud pública. 3. Proponemos a la Mesa de Conversaciones realizar un examen juicioso en lo concerniente a este quinto punto del Acuerdo General, aquellos lincamientos trazados en el denominado "Pacto Social por el Catatumbo", elaborado por las organizaciones campesinas de la zona y voceros del Gobierno Nacional tras el reciente Paro de más de 50 días. Específicamente vemos con agrado y de vital importancia propositiva el llamado "Mandato Regional para la sustitución social, gradual, concertada, estructural y ambiental de los ingresos derivados de los cultivos de uso ilícito en el Catatumbo". Consideramos que este documento podría servir de guía para otras zonas del país afectadas por este fenómeno. Proponemos entonces que la política de sustitución consensuada en el Catatumbo sirva como laboratorio social para la sustitución gradual y progresiva a partir de la firma y la refrendación del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 4. La política de Estado frente al tema de la sustitución de los cultivos, debe superar el asistenclalismo y las acciones de corto alcance y tener en cuenta un balance que sea coherente entre los ingresos a partir del cultivo y cosecha de la hoja de coca, la amapola o la marihuana con destino al narcotráfico y las condiciones socioeconómicas que se creen con el fin de sustituir los cultivos. Mientras una familia campesina reciba ingresos alrededor de 8 o 9 millones de pesos trimestralmente, será poco llamativo cambiar la producción por ofertas que se dan en la actualidad como 4 novillas o $1.600.000. Es por ello que Redepaz propone una sustitución mixta, esto es: Además de gradual y consensuada, la sustitución no debe ir encaminada solamente en acabar con los cultivos, sino sustituir los usos en aquellos territorios donde esté muy arraigada la producción haciendo pedagogía productiva sobre los múltiples usos de estos cultivos diferentes a fines de producción de sustancias psicoactivas, junto con los apoyos técnicos y financieros necesarios. 5. Proponemos la generación organizada de un debate nacional con la participación amplia y activa de la sociedad civil y sus organizaciones, sobre los usos y la importancia cultural de las plantas ancestrales, con énfasis

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en la coca y los diversos usos productivos de ia marihuana. Además un reconocimiento del valor cultural/ancestral de la hoja de coca, mediante la "revalorización y dignificación de la hoja de coca con el fin de reafirmar los valores históricos, culturales y espirituales de la hoja sagrada", siguiendo el camino recorrido por el Estado Plurinacional de Bolivia mediante su política pública al respecto, teniendo en cuenta las diferencias contextúales y culturales entre ambos pueblos.

REDEPAZ 6. Impulsar los procesos de transformación productiva e industrialización de la hoja de coca y la marihuana, como consecuencia/objeto del punto anterior. Derivado de esta política, se debe impulsar el control social del cultivo y la comercialización con el objetivo de fiscalizar social y comunitariamente la producción y disminuir gradualmente los cultivos cuyo origen y finalidad está ligada al narcotráfico. Con esto se busca someter la actividad ¡lícita a principios de control determinados por las mismas comunidades. 4 7. Le solicitamos a la guerrilla de las FARC-EP que, como acto de voluntad política de paz, haga reconocimiento de la realidad de sus vínculos con el negocio de las drogas ¡lícitas. La experiencia de las FARC_EP en ese negocio debe ser puesta al servicio de la superación de la problemática del narcotráfico. El conocimiento que sus jefes militares y sus frentes tienen en lo concerniente con las rutas y los mapas de producción de la coca, la marihuana y la amapola debe constituirse en un aporte fundamental a la superación de la criminalidad asociada con el tráfico de drogas ilícitas. Esta contribución es decisiva en la creación de las condiciones para que la paz sea estable y duradera. 8. Proponemos combatir la producción ilícita a través del fomento del autocultivo de las plantas como la marihuana y la hoja de coca, siempre y cuando se mantenga un registro de los consumidores, reforzando la política nacional de atención en salud pública a los consumidores y permitiendo con esto hacerle seguimiento individual a quienes estén incluidos en el registro. Aplaudimos la propuesta del Alcalde Mayor de Bogotá, Doctor Gustavo Petra Lluego, son su política de atención a los consumidores dentro de los Centros de Atención Móvil a Drogodependientes. La gran dificultad para llevar a cabo este programa hace evidente la necesidad de construir un marco jurídico que revolucione el tratamiento al problema de las sustancias psicoactivas. 9. A partir de los ingresos generados por la legalización, despenalización y control estatal de los cultivos y la comercialización de los productos, proponemos un Fondo Nacional para la Atención Psicosocial y Médica de Consumidores de Sustancias Psicoactivas- SPA. Para un mejor control económico de la legalidad de estos mercados, Redepaz propone la venta diferenciada a nacionales y extranjeros, con el fin de evitar nuevos escenarios conflictivos como el llamado narcoturismo.

Por último consideramos que de los lineamientos básicos para superar el problema de las drogas ¡licitas, dependerá en gran medida el éxito de la construcción de la paz estable y duradera. Somos conscientes de la envergadura y la trayectoria histórica de esta problemática, por ello creemos en la elaboración de políticas de mediano y largo plazo que generen condiciones reales para la superación estructural del conflicto armado y las causas que lo han generado, así como los cambios ocurridos en su naturaleza y dinámica a lo largo de su desarrollo. Reiteramos nuestro apoyo irrestricto -pero siempre critico/propositivo- al desarrollo de la Mesa de Conversaciones con las FARC-EP, demandando también de manera formal el inicio de conversaciones con la insurgencia del ELN. Bogotá, 24 de septiembre de 2013 REDEPAZ. 20 ANOS TEJIENDO LA PAZ CON MANO CIUDADANA

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Anexo 1 A ifti&neticxdN om. ( 3 ) FeN&vA&eo-OJT

PONENCIA SOBRE UNA VISION NACIONAL Y TERRITORIAL DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE U S DROGAS «LICITAS. PRESENTADO POR LA FEDERACIÓN NACIONAL SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA -FENSUAGRO-CUT. INTEGRANTE DE LA MESA NACIONAL DE UNIDAD AGRARIA. MESA NACIONAL AGROPECUARIA, POPULAR Y DE ACUERDO - MÍA. VIA CAMPESINA. CLOC. AL FORO NACIONAL SOBRE U SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE U S DROGAS ILÍCITAS. Bogotá D.C 24 al 26 de septiembre del 2013. En el marco de los acuerdos de negociación entre el I gobierno Colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC-EP, que se llevan a cabo en la Habana Cuba. 1.

UN MODELO DE DESARROLLO QUE PRIVILEGIA U GRAN AGRICULTURA COMERCIAL Y MINERA. Desde hace muchas décadas Colombia ha desarrollado una economía basada en la dependencia del gran capital internacional. Su papel designado por el fondo monetario internacional,

el banco

mundial, el Banco ínteramericano de Desarrollo BID, está dirigido a la producción de materia prima, la explotación de sus recursos naturales renovables y no renovables en particular de carácter minero. La imple mentación del modelo neoliberal y su profundización a partir de los años 90, a acelerando el desmonte de la institucionalidad publica, entre ellas las que apoyaban a la población rural Colombiana. Al mismo tiempo este modelo ha declarado inviable al campesinado, a su vez ha fortalecido la reconcentración de la propiedad de la tierra, generando en combinación con la violencia narcoparamilltar de los más recientes años, grandes oleadas de desplazamientos sucesivos. El "nuevo" modelo de desarrollo rural que impulsa el Estado Colombiano y su gobierno de turno giran alrededor de las alianzas estratégicas productivas que no son más que una estrategia de interrelación con el latifundio especulativo y mafioso y los grandes megaproyectos mineros, de plantaciones forestales, la producción de agro-combustibles, de agro-negocios, todos orientados a la exportación de materia prima hacia los países desarrollados. La aprobación de los tratados de libre comercio con los EEUU, Canadá y la Unión Europea y su entrada en vigencia coloca en mayores desventajas a los pequeños y medianos productores agrícolas de nuestro país, lo que profundizará las brechas de desigualdad campo ciudad. Es de anotar que en este nuevo escenario los únicos productos agropecuarios precisamente los de uso ilícito.

de pequeña escala competitivos son

LOS CULTIVOS DE COCA, MARIHUANA Y AMAPOLA EN COLOMBIA. La presencia de estos cultivos de uso ilícito en Colombia tienen varias motivaciones entre las cuales podemos mencionar algunas: •

Aumento de consumo de drogas psicoactivas en los EE.UU y Europa en la década de los años 70 y que hoy continua con niveles de demanda que favorecen el comercio internacional de esta producción.

•

Desplazamiento de antiguos cultivos de marihuana en México, como efecto de los programas de erradicación y fumigación orientados desde los EE.UU. en la década de los años 60 y 70 del siglo pasado.

•

La introducción de semillas y apoyo financiero por parte de empresarios ilegales a campesinos pobres del norte Colombiano que vieron una opción de supervivencia en la plantación de marihuana y otros cultivos como la coca o la amapola,

•

La creciente marginalldad de la población rural Colombiana y la carencia de políticas del Estado dirigidas a resolver el problema estructural que históricamente ha vivido el campo Colombiano.

•

La continuación y existencia del latifundio especulativo y maf¡oso, lo que ha conllevado a gran concentración de la propiedad de la tierra por antiguos capos narcoparamilitares y testaferros al servicio de grandes latifundistas.

•

El desarrollo de grandes megaproyectos y la penetración de transnacionales que han forzado ai desplazamiento de comunidades, cuyo objetivo es despejar el camino para el saqueo de los bienes naturales.

•

El desarrollo de políticas anticampesinas y de violencia que han favorecido los planes de colonización del Estado, que a su vez han llevado a la marginalldad social de vastas poblaciones fuera de la frontera agrícola.

•

La falta de políticas de precios de sustentación y comercialización de la producción de economía campesina.

•

La no concreción de una política de reforma agraria de carácter estructural que permita la democratización de la propiedad rural al interior de la frontera agrícola, permitiendo a su vez el cierre de la exportación territorial agrícola del país.

Ahora bien la anterior se suma la apuesta en ejecución de las locomotoras del desarrollo y la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Todas estas políticas de privilegio al gran capital e inversionistas rurales se constituyen en el fondo en políticas antlcampesinas, que empujan a nuevas masas campesinas a la miseria y a nuevas colonizaciones, que en última favorecen y fortalecen los ciclos de la economía ilícita.

4.4. Concertación con el movimiento campesino y sus organizaciones de una ley de tierras, de reforma agraria y desarrollo rural, que garantice la democratización y distribución de la propiedad de la tierra rural. Esta ley tendría como prioridad la afectación del latifundio al interior de la frontera agrícola, bajo los criterios de fortalecimiento de la economía campesina, la recuperación de la soberanía alimentaria

de los colombianos, la participación democrática de los pequeños y

medianos productores agropecuarios en el diseño y ejecución de las políticas agropecuarias del país. . 4.5. Promoción de acuerdos ambientales multisectoriales, entre el Estado, las comunidades locales, para la protección, reestructuración y adecuada racionalidad en la intervención de los ecosistemas. La conservación de cuencas hidrográficas y bosques altos andinos y la selva húmeda tropical, permitirá ta aplicación efectiva del principio de corresponsabilidad por parte de los países industrializados y consumidores de alucinógenos, principales responsables de la destrucción de la capa de ozono, la aceleración del cambio climático y la extinción de miles de especies vegetales y animales. 4.6. Suspensión definitiva, al sistema de erradicación agroquímica, biológica o forzosa, que por su carácter invasivo, forzoso e indiscriminado

afecta la estabilidad de las comunidades, ta

biodiversidad, las fuentes de agua, la economía lícita y la salud de la población. 4.7. Generación de un clima de confianza entre el Estado y las comunidades Involucradas en los cultivos de uso ilícitos que permitan adelantar los proyectos de desarrollo alternativo y los planes de vida en un contexto de participación, concertación y corresponsabilidad. La legitimidad estatal pasa por el reconocimiento a los campesinos productores como sujetos sociales válidos para interlocución con el Estado, y por el cumplimiento estricto de los acuerdos que suscriban en materia de desarrollo regional y la solución a las causas que han originado el conflicto de los cultivos de uso ¡lícito. 4.8. Propiciar acuerdos locales de gobernabilidad que permitan reconstruir el tejido social, que garanticen una real participación de las comunidades en el diseño y ejecución de los programas de sustitución, industrialización y comercialización de la producción de los cultivos de uso ilícito. 4.9. Desarrollo de una política de complementación así: reforma urbana, cobertura en salud gratuita y universal para todos/as los colombianos/as, fomento en la cobertura de educación en los niveles de preescolar, primarla, secundaría y universitaria, acceso al agua potable, a empleos dignos y pensiones, recreación y apoyo a la iniciativa empresarial y micro-empresarial. 4.10.

Creación del fondo nacional para el fomento de la economía campesina, la sustitución y el

apoyo

de programas de desarrollo de planes de

vida e iniciativas alternativas y procesos de

industrialización de la hoja de coca y marihuana, el cual será financiado con la destinación del 10% anual del presupuesto total nacional y contará con la participación mayoritaría de delegados representantes de las comunidades beneficiarlas del programa de sustitución, industrialización y comercialización de la hoja de coca y marihuana.

4.11. Control e impuestos a los capitales golondrinas, estos últimos serán destinados al fondo nacional para la sustitución y el fomento de programas de desarrollo de vida alternativa y procesos de Industrialización de la hoja de coca y marihuana. 4.12. Apoyo a la organización autónoma de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Cese de la estigmatización, señalamientos y judicialización de los dirigentes y comunidades insertas en la producción de cultivos de uso ilícitos. En todo caso ningún productor en pequeña escala de hoja de coca o marihuana podrá ser señalado o considerado como narcotraficante, 4.13. Mientras se implementan las diferentes políticas y programas concertadas con el estado y el gobierno colombiano, este último comprara la producción de hoja de coca y marihuana, u otorgará un subsidio mensual equivalentes a dos salarios mínimos legales mensuales. 4.14. Se pondrá fin a la actual política antidrogas impuesta por los EEUU y se formulará una política de cooperación de mutua reciprocidad con todos aquellos países interesados ,que tenga como elementos de compromisos aquellos dirigidos al lavado de activos, a desactivar los paraísos fiscales, al control y tratamiento de salud pública al consumo de drogas en los países consumidores, la expropiación de bienes a narcotraficantes los cuales serán traspasados al fondo nacional para el fomento de la economía campesina, la sustitución y el apoyo de programas de desarrollo de planes de vida e iniciativas alternativas y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana. Por últimos queremos exponer que solo será posible poner fin a este conflicto social en que hoy se encuentran miles de familias que subsisten de la producción de los cultivos de uso ilícito, si se erradican las causas que le dieron origen en Colombia a esta problemática social. Como vemos en nuestras propuestas no se trata de legalización y justificación del narcotráfico, que en última son grandes magnates nacionales e internacionales "que posiblemente jamás conoceremos" pero que tal vez muchas veces han sido los primeros en hablar de fumigaciones y lucha contra las drogas ilícitas.

Bogotá D.C.

Septiembre 24 de 2.013.

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**m Ponencia Propuestas de la Marcha Patriótica para el tratamiento de la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola. I.

INTRODUCCIÓN

El problema de la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola resulta de vital Importancia en el debate nacional, a propósito dei desarrollo de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno, así como en la búsqueda de soluciones de fondo a los problemas estructurales que han dado origen y alimentado el desarrollo del conflicto social, económico, político y armado en el país. Considerando los impactos altamente negativos que han tenido tanto el desarrollo del mercado de estupefacientes como la política antidrogas en la economía, el régimen político, el ambiente y la población, dése el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, presentamos al país y a la mesa de diálogo de La Habana, los siguientes elementos de análisis y propuesta, a manera de aporte desde los sectores populares al punto tres de la agenda. Como punto de partida se recalca que este problema no puede verse de manera aislada, como si se tratase de una suerte de mala práctica ejecutada por unos pocos dentro de una economía y un régimen político saludables. Por el contrario, lo que se ha logrado evidenciar en múltiples investigaciones académicas y judiciales es que negocios ilegales como el tráfico de estupefacientes, con el consecuente aumento de la producción y el consumo, hacen parte de un conjunto de mercados que han sido necesarios para sustentar y darle vida al modelo neoliberal y sus lógicas de acumulación. El régimen de acumulación vigente se sustenta en la continua mercantilización de los derechos sociales y de todas las esferas de la vida humana y natural, la reconfiguración en el papel del Estado -que se substrae de la producción y provisión directa de bienes y servicios-, la especializaron de la economía en sectores extractrivístas y en la construcción de infraestructura para la más rápida y efectiva circulación de mercancías, así como la entronización de los mercados externos, el capital trasnacional y financiero como vias esenciales para el crecimiento económico, requiere de una visión de mundo coherente, centrada en el culto extremo al individualismo, el descreimiento de todo lo colectivo y la adopción del dogma relativo a que el conjunto de la vida personal y social se reduce a lógica empresarial del "máximo beneficio con el menor costo". El neoliberalismo, en tanto que proyecto que ha buscado la reestructuración capitalista y la restauración del poder de clase, en riesgo tras la crisis de acumulación vivida durante los aftos setenta y ochenta, se ha edificado como un discurso que moviliza reformas y relaciones socioeconómicas y políticas, apalancado en una particular visión del significado de la libertad individual, según la cual, ésta sólo es posible si se ejecuta a través del mercado. Son justamente estas circunstancias las más propicias para el surgimiento y expansión de negocios como del tráfico de armas, drogas y la trata de personas, generando las condiciones óptimas para la configuración tanto de la oferta como de la demanda. Lejos de ser una anomalía, las más diversas formas del "capitalismo criminal" -aquel en el que se aprovechan las ganancias extraordinarias surgidas de actividades ilegales-, son un rasgo característico y fundamental del orden neoliberal vigente.

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Las exorbitantes ganancias provenientes del mercado de drogas -calculadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODD) en 2011 en 2,1 billones de dólares a nivel mundial- provienen tanto de la exigencia del neoliberalismo de encontrar mercados en los que se logre con la mayor rapidez posible la maximización de la ganancia. En este caso, por la vía de mejores precios en mercados ilegales, asi como la de la liberalización de capitales, con la que se ha permitido la entrada y salida de los mismos sin la menor regulación. El neoliberalismo crea las condiciones para que este tipo de negocios sea muy rentable, particularmente para quienes manejan el tráfico internacional y el microtráfico del consumo. Mientras que aproximadamente el 1,5% de las utilidades quedan en los países productores, el 98,5% van a parar en los circuitos de comercialización y distribución. En ese mismo sentido, los investigadores señalan que "elprecb de venta al consumidor de un kilo de cocaína en territorio norteamericano es casi 40 veces mayor que el de su precio de exportación, más de diez veces mayor que el precio de importación en el territorio de Miami y 250 veces mayor al precio que se le paga al productor de las hojas de coca utilizadas en su elaboración"^. El desarrollo del modelo neoliberal ha creado también las condiciones para favorecer los cultivos de coca, marihuana y amapola en países como el nuestro, debido a las nefastas consecuencias que ha tenido este modelo en la producción campesina, agravando los problemas de concentración de la tierra, apertura económica, pobreza y falta de garantías para la producción2. Sin otra alternativa para la supervivencia, las y los campesinos se han visto obligados a participar del cultivo de coca, marihuana y amapola, sin que esto haya significado mejoras en sus condiciones de vida. Al contrario, han sido perseguidos y estigmatizados, tratados como criminales, sin recibir alternativas efectivas y realistas por parte del Estado colombiano. Es fundamental que la mirada sobre este fenómeno sea en su conjunto, incluyendo el cultivo, procesamiento, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas, abandonando el tratamiento criminal de los cultivos, los campesinos, indígenas y afrodescendientes cultivadores, así como de los habitantes de las regiones afectadas por el fenómeno y de los propios consumidores en centros urbanos. La política sobre el tema debe considerar de manera seria los usos culturales y tradicionales de las plantas en cuestión, asi como su utilidad en campos como los medicinales, el alimentario, las fibras, entre otros.

Así mismo, la política antidrogas del país, amparada en la lógica de "tolerancia cero" y permanente criminalización, ha demostrado ser no efectiva, si se contrastan los resultados con los objetivos. La persecución a cultivadores se inscribe en la idea de reducir la oferta y asi hacer que el precio de este tipo de drogas aumente y con esto reducir el tráfico, y pese a que las cifras oficiales muestran un descenso en el área cultivada, la tecnificación del proceso de transformación de la hoja de coca estaría generando una situación en la que con menor cantidad de la misma se estaría fabricando más alcaloide3. 1

Suárez-Salazar, Luis. (1989). "Conflictos sociales y políticos generados por la droga". Revista NUEVA

SOCIEDAD NRO.102 JULIO-AGOSTO 1 Véase LA PAZ DE LOS CAMPESINOS ES LA JUSTICIA SOCIAL Ponencia de Anzorc para el Foro Agrario convocado por el gobierno y las FARC-EP, diciembre 17 de2012. 3 Tocos campesinos procesan coca: UNODC". En http://www.verdadablerta.com/component/content/artide/154-captura-de-renta5publlcas/4719-poco-campesinos-procesan-coca-riov-en-colombla-unodc/

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Los efectos del desarrollo del mercado de las drogas no son sólo económicos o sobre la salud de los ciudadanos y ciudadanas, sino que ha generado efectos muy negativos a nivel politice Los empresarios de la cocaína, están integrados en los sectores dominantes, han sido factor determinante en la configuración del régimen político vigente. La denominada "lucha antidrogas" ha significado una estocada para la democracia y la soberanía nacional de nuestro país, ya que se ha plegado a los intereses estratégicos de Estados Unidos, posibilitando una permanente injerencia política y militar, tal y como se constata con el nefasto desarrollo del Plan Colombia, o con las siete bases militares ubicadas en nuestro territorio. Utilizadas como política contrainsurgente, las medidas para combatir el tráfico de drogas han sido un factor de recrudecimiento del conflicto en nuestro pais, al generar desplazamientos masivos por las aspersiones y la criminalización al campesino cultivador, e incluso, la participación directa e indirecta de militares norteamericanos, revestidos de inmunidad, en crímenes como la violación de menores de edad y el bombardeo de comunidades campesinas con material de fabricación norteamericana, como el caso de Santo Domingo, Arauca, en 1998. Así, esta compleja problemática requiere de un abordaje integral que ponga en el centro la responsabilidad del propio modelo neoliberal en la gestación y expansión del mercado de las sustancias sicoactivas, y sus efectos sociales, económicos, ambientales y políticos. II.

FRENTE AL CULTIVO, SOLUCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL AL CONFLICTO COCALERO.

El campesinado, los indígenas y afrodescendientes, tras décadas de inconformidad con las políticas de desarrollo rural que han implementado los gobiernos de turno, a través de la movilización social han planteado propuestas concretas como posibles soluciones al Conflicto Social derivado del cultivo de coca marihuana y amapola, con las cuales hacer frente al abandono que viven las zonas rurales en Colombia. Década tras década estas acciones y propuestas, han sido estigmatizadas, señaladas e injustamente descalificadas, especialmente por aquellos que ven en los territorios rurales una fuente de recursos para la implementación de grandes megaproyectos o focos de clúster de inversión extranjera. Con la denominación oficial de los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola, como "Cultivos ¡lícitos" se confinan y desconocen los usos tradicionales medicinales y culturales, igualmente se desconocen los múltiples factores que llevan a la producción de estos cultivos. Actualmente, el área sembrada con coca en Colombia es de 48.000 hectáreas4, donde Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Guaviare, Cauca, Caquetá y Chocó son los departamentos que registran el mayor porcentaje de cultivo. En dichas zonas se desarrolla una territorialidad promovida por campesinos, indígenas y afrodescendientes que han implementado propuestas de sustitución a sistemas productivos armónicos con el medio ambiente y la vocación de uso que responden a propuestas de ordenamiento territorial agrario, definidos desde las propias comunidades. A esto, el Estado Colombiano con injerencia de Estados Unidos, ha respondido con una serie de acciones militares y legales atentando contra la vida, el ambiente, la seguridad alimentaria y la economía campesina mediante, perpetuando ia criminalización hacia el campo. 'UNODC,2013

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Las economías basadas en la producción de cultivos de hoja de coca se han impuesto ante la profundización de múltiples carencias en áreas rurales, y su transformación exige una tarea de concertación, interlocución y acuerdo, para la implementación de un programa nacional de sustitución voluntaria, progresiva y estructural. También implica un reordenamiento territorial con enfoque social, económico y político que preserve las figuras de protección ambiental con recursos económicos hacia una nueva institucionalidad donde la participación y las decisiones se tomen desde las comunidades. Características de una propuesta de solución social establecida de modo gradual, concertado, estructural y ambiental Dentro de un nuevo modelo de desarrollo rural alternativo las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas debe conllevar la decisión de sustituir o no los cultivos, los procedimientos, las valoraciones históricas, los tiempos y el accionar. Esto en el marco de un enfoque de derechos que proteja a las familias productoras. En el ejercicio del derecho a la territorialidad y la vida digna, la solución gradual debe plasmarse en el marco de Planes de Desarrollo Sostenibles o Planes de Vida Comunitarios, que correspondan a una concertación con los productores desde una visión histórica y ancestral, con una determinación de los montos de los subsidios, los tipos de cultivo, la formulación de sistemas productivos de los mismos, la infraestructura y el tipo de cualificación para elevar el capital social, son necesarios para avanzar en la sustitución, De otra parte la propuesta también indica que se puede sustituir el uso que se le da al producto, en ese sentido se debe concertar también que tipo de procesos, transformación, otras usos como la alimentación, medicina y cosméticos y desde luego el sistema productivo. Con el apoyo técnico, tecnológico e investjgatívo que permita avanzar en una propuesta, bajo parámetros definidos de financiación y bajo la mirada territorial agraria incluyente en clave de planeación territorial y mínimamente debe incluir:

1. Cese total de aspersiones con glifosato u otras sustancias y de la erradicación violenta que atenta contra el campesinado, ya que se ha convertido en una estrategia de desplazamiento forzado que afecta la producción, salud y ambiente de las comunidades rurales. En la actualidad, Colombia es el único país de América Latina que realiza fumigaciones de esta naturaleza, con lo que queda claro el consenso regional en contra de esta estrategia. Énfasis en lo voluntario. 2. Cese total de la erradicación manual. 3. Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas que permitan atacar los mercados de consumo, el narcotráfico, asi como fijar mecanismos de prevención y protección desde la óptica de la salud pública. Lo anterior con el propósito de regular el consumo de sustancias psicoactivas con la participación activa y decisoria de las comunidades. 4. Creación de un Fondo Social para la sustitución gradual para soportar la política de subsidios permanentes que representen costos y gastos reales para quienes se acojan a la iniciativa de sustitución, contemplando la inversión permanente para el desarrollo de las iniciativas de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. 5. Programas de promoción de sistemas productivos con énfasis en cultivos de pancoger con semillas limpias y generación de bancos de semillas, construidos con un enfoque social y de

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comercialización justa para las comunidades agrarias. 6. Garantizar la permanencia en el territorio de las comunidades mediante figuras establecidas en la Ley como resguardos indígenas, consejos comunitarios y zonas de reserva campesinas. Igualmente, que dentro de estas figuras exista financiación permanente que soporte el desarrollo de proyectos productivos a largo plazo, titulación de tierras y capacitación laboral. Igualmente, Que el inventario de tierra producto de la extinción y expropiación a narcotraficantes sean en prioridad para crear Zonas de Reserva Campesina, territorios colectivos y resguardos indígenas. 7. Política económica que coloque como pilar fundamental el fortalecimiento de la economía campesina, garantizando de manera agroecológica y sustentable la soberanía y la autonomía alimentaria de los territorios. 8. Implementar políticas públicas y protocolos de manejo ambiental de acuerdo con los usos, identidades territoriales y ancestrales de las comunidades. 9. Reivindicar el uso cultural y medicinal que los pueblos especialmente las comunidades indígenas que utilizan la hoja de coca para su Uso, tradiciones y costumbres. 10. Generar políticas públicas de desconcentración de la propiedad de la tierra y la redistribución de la misma 11. Priorización de protección de las Zonas de reserva forestal, parques nacionales y áreas protegidas. Bajo lineamientos de impulso de agroforestacion y la reforestación con planes de manejo ambiental y conservación con planes que impulsen la convivencia en armonía con la naturaleza y el ambiente.

III.

FRENTE AL CONSUMO.

La necesidad de una perspectiva integral frente al tratamiento del fenómeno de producción y uso de sustancias psicoactivas, resalta aún más en el caso colombiano al constatar el incremento constante en el consumo de las mismas. De acuerdo con los datos de UNDOC, la prevalencía en el consumo de cocaína en Colombia es superior al promedio mundial; nos hemos convertido en el país que reporta mayor consumo de drogas, lícitas e lícitas, entre universitarios en la región Andina, a la vez que se incrementa el consumo de sustancias no tradicionales, tales como el éxtasis. La respuesta ante este fenómeno casi siempre se genera desde posturas moralistas, que uniforman los diferentes tipos de consumo y dan trato criminal a los consumidores. La política de "tolerancia cero", aplicada desde la perspectiva del consumo desconoce sus realidades y características, tanto desde la perspectiva socioeconómica, como cultural e individual. Condena y criminaliza, estigmatiza y niega elementos básicos del libre desarrollo de la personalidad. La política de negación del fenómeno del consumo, que se propone como objetivo erradicarlo, ha demostrado ser altamente ineficaz, ya que sus herramientas fundamentales han sido la judicialización y/o el manejo médico como enfermedad de carácter netamente individual. En ambos casos, se trata de ubicar a cualquier tipo de consumidor que individualmente ha cometido un delito o ha enfermado, convirtiéndose en una especie de anomalía frente a la que hay que actuar aplicando tratamientos jurídicos y/o médicos igualmente individuales, aislándolo de los factores y determinantes sociales, económicos y culturales.

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Se hace necesario darle cada vez mayor importancia a este tema, recalcando que se trata de un fenómeno multídimensional y multicausal, en el cual se precisa distinguir tos tipos de consumo existentes, así como las diferencias entre sustancias psicoactivas, dadas sus características de acceso e intensidad en la adicción. Es claro que las decisiones sobre el consumo son individuales, pero se encuentran determinadas por factores económicos, sociales, culturales y familiares. Un primer paso necesario para afrontar esta realidad social de manera efectiva es la apertura y profundización del debate nacional sobre el tema, avanzando en la redefinición de los objetivos de la política, que más allá de plantear un escenario poco probable de erradicación del fenómeno del consumo, se proponga dar herramientas individuales y colectivas posibles para abordarlo como realidad integrante de la sociedad. No se puede negar tampoco que el abuso de sustancias psicoactivas está fuertemente asociado con delitos de carácter social y variadas formas de violencia, bajo dinámicas de mutua retroalimentación. Lo que no puede seguir ocurriendo es que la política sea uniforme frente al consumo recreativo y ocasional, que de cara al abuso de sustancias psicoactivas. Es por esto fundamental rediseñar el horizonte para propender por regular el consumo y combatir el abuso.

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Teniendo en cuenta los anteriores elementos, se presentan las siguientes propuestas básicas en lo relativo al consumo: 1. Abordar el fenómeno desde la perspectiva de salud pública, antes que desde la óptica criminal, lo que no significa que sea un problema exclusivo del campo médico o del judicial. Se trata de una dimensión transversal que debe discutirse y trabajarse desde todos los ámbitos de la sociedad y no aislándola de la misma. La perspectiva sociocultural del uso, consumo y abuso de sustancias psicoactivas debe dejar de ser una reflexión meramente académica, para traducirse en herramientas de política, con suficiente financiación por parte del Estado. 2. Despenalización, legalización y regulación. Existen diversos tipos de sustancias, cada una de las cuales tiene diferentes niveles de adicción, afectación sobre la salud y dificultades en el acceso. Todos estos elementos tienen que tenerse en cuenta para encarar el necesario debate sobre la despenalización, legalización y regulación. No se propone la legalización sin más, sino una reflexión profunda para ubicar cómo gradualmente se van aplicando medidas para cada una de las sustancias psicoactivas. Un paso importante es la necesaria desmercantilización las sustancias, no permitir que se generen ganancia a privados a partir del uso y abuso, con la venta indiscriminada, ilegal, en precarias condiciones de salubridad y vinculada a altos niveles de delincuencia social. En este mismo sentido, la despenalización y regulación deben estar fuertemente acompañadas de una promoción amplia de la política de consumo responsable, contralado e informado, dirigido a evitar las intoxicaciones y el consumo de riesgo. 3. Diferenciar y caracterizar los diferentes tipos de consumo que se presentan en la sociedad colombiana, promoviendo acciones afectivas para respetar los consumos tradicionales y culturales, en términos de no criminalizacíón o usos propios de diversos tipos de comunidades. De igual manera, es esencial avanzar en diferenciar entre consumos recreativos ocasionales y los de riesgo, caracterizados por niveles de adicción letales; por lo tanto, es urgente ubicar de manera clara, cuáles son los factores de contexto que se convierten en factores de riesgo.

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Construcción de una política estatal de investigación sobre los diferentes tipos de consumos y usos, enfatizando en los de tipo medicinal y alimentario. Construir política de tratamiento desde la perspectiva comunitaria y a nivel primario. El conjunto de la sociedad debe tener acceso a la información sobre las dinámicas de consumo y responsabilidad en la promoción del consumo contralado e informado. No es una tarea que deban abordar especialistas médicos ante escenarios de abuso, sino de cada sector y escenario social, propendiendo por un cambio de perspectiva. 6. Resolver las desigualdades sociales y económicas que son caldo de cultivo para el abuso de sustancias sicoactivas, particularmente por el consumo de aquellas con mayor nivel de adicción, dada su composición química hecha para generar sustancias de muy bajo costo, pero altamente peligrosas como el bazuco.

IV.

FRENTE A LA COMERCIALIZACIÓNY PRODUCCIÓN, EL IMPACTO EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA.

El negocio trasnacional de la cocaína, desarrollado en Colombia desde hace más de treinta años, ha sido un elemento clave en los procesos de acumulación de capital, en la configuración del régimen político y sociocultural, así como de la dinámica de violencia que ha padecido el pais. Las complejas redes y relaciones que se han creado entre sectores económicos emergentes ligados al narcotráfico, partidos políticos, negocios legales, violencia y reconfiguración de poderes locales y regionales son una realidad, develada recientemente a través del proceso de la denominada "parapolítica". Dado el carácter estructural del fenómeno dei narcotráfico, vinculado a la esencia misma del neoliberalismo, ganar la batalla frente a este flagelo pasa por el desmonte del propio modelo neoliberal. Puntualizando algunos aspectos de esta necesaria tarea se propone: 4.1 Narcotráfico y régimen político: desmonte efectivo del paramilítarismo y reforma al sistema electoral Hoy resulta claro para el país que eí dinero del narcotráfico ha sido financiador de primer orden de la guerra sucia en contra de las alternativas democratizadoras en el pais. Así ha quedado evidenciado con la conformación, accionar y propósitos del MAS, Muerte a Secuestradores, en los años ochenta, o los hechos que de manera continua y contundente han demostrado la financiación de las estructuras paramititares por parte del narcotráfico. El papel jugado por el empresariado de la cocaína en Colombia en la articulación entre economías legales e ilegales como estrategia en el proyecto paramilitar ha quedado al descubierto en casos como los de Enilse López, con el negocio de apuestas en la Costa Caribe. Frente a todos estos hechos, queda claro que el fenómeno del paramilitarismo, sus lógicas de financiación y su incidencia en la institucionalidad exige el desmonte efectivo del complejo dispositivo paramilitar, no sólo de las estructuras militares sino de sus financiadores en negocios legales e ilegales. El impacto del narcotráfico en el régimen político a nivel local y nacional ha sido de igual manera contundente por la via de amplia financiación de campañas electorales. Los innumerables casos de relación directa entre políticos de los partidos tradicionales, narcotraficantes y paramilitares, articulados entorno a proyectos políticos defensores del status quo y los privilegios de empresarios, terratenientes, y del capital trasnacional, son evidencia más que suficiente al respecto. Por lo tanto,

Marcho Patriótica

•*^S resulta absolutamente necesario, que de la mano con amplios procesos judiciales, se construya una reglamentación electoral que prohiba la financiación privada de las campañas, evitando feriar la democracia a la subasta del gran capital y los dineros del narcotráfico, garantizando el apoyo estatal a todos los partidos políticos. 4.2 Narcotráfico y sistema financiero: reforma a la política monetaria y regulación a los mercados financieros (control de capitales) No es una mera coincidencia que el auge del narcotráfico, la violencia, así como del sistema financiero se den justamente en las últimas tres décadas. El telón de fondo para la aparición de tales fenómenos es el desarrollo mismo del modelo neoliberal, en tanto que los cambios en las funciones del Estado y la búsqueda de nuevos espacios para la acumulación de capital -junto con los cambios tecnológicos observados en el periodo-, han generado condiciones óptimas para nuevas formas de acumulación con elevadas tasas de ganancia, entre las que se destaca el narcotráfico. Lejos de ser una anomalía o un proceso sin sentido, los procesos criminales de acumulación, como el narcotráfico, y la violencia asociada a estos, son parte fundamental en el proceso económico y político contemporáneo. Claro de ejemplo de esto es la estrecha relación que existe entre lógicas especulativas en el mercado financiero y )avaóo de activos, particularmente del dinero proveniente del narcotráfico. Los más de 17.000 millones de dólares que anualmente son blanqueados a través de y por el sistema financiero en Colombia, son producto de las condiciones mismas de funcionamiento de éste mercado en la actualidad. Los complejos dispositivos que permiten la obtención de ganancias extraordinarias vía especulación, como la comercialización de derivados financieros, son el vehículo ideal para el blanqueamiento de capitales. La compra y venta de títulos varias veces en un mismo día, la movilización de grandes sumas de dinero a través de pequeñas transacciones, asi como las amplias condiciones de movilidad de capital de manera transfronteriza, gracias ¡a liberalización de la cuenta de capitales, han permitido la emergencia del fenómeno de lavado de activos. De esta manera, no sorprende que sea justamente el sector financiero uno de los que mayores tasas de crecimiento y nivel de ganancias haya tenido a lo largo de las últimas décadas; la de por sí perversa lógica especulativa se ha visto potenciada por el ingreso constante de capitales provenientes del narcotráfico. Es por esto que resulta absolutamente necesario realizar una profunda reforma al sistema financiero y a la política monetaria en Colombia, frenando la dinámica especulativa que crea incentivos para la entrada masiva de capitales en búsqueda de ganancias extraordinarias vía tasa de interés, combatiendo la explosión del mercado de derivados y el control de capitales, recuperando la soberanía nacional sobre la entrada y salida de los mismos. Los mecanismos de seguimiento a la propiedad de los capitales al interior del sistema financiero han resultado insuficientes frente a las dimensiones del fenómeno, precisamente porque es fundamental erradicar el origen mismo de los incentivos para la especulación. La dimensión global de éste fenómeno y su efectividad frente al lavado de activos ha hecho que incluso el Fondo Monetario Internacional haya reevaluado su postura con relación al control de capitales desde el año pasado.

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4.3 Despenalización y regulación desde la perspectiva de la producción: industrialización y promoción de otros derivados Una de las bases fundamentales para el desarrollo de este lucrativo negocio es el hecho de pertenecer a un mercado ilegal, elemento determinante en la formación de precios extraordinariamente altos que garantizan rentabilidad. Es esta una de las principales razones para proponer la despenalización y legalización de las sustancias psicoactivas derivadas de la coca, la marihuana y la amapola, desde el punto de vista de la comercialización y producción. La legalización y despenalización no sólo bajarían la rentabilidad del negocio, sino que permitirían ponerle freno a la corrupción proveniente de este tipo de economía y que ha irrigado al conjunto del Estado colombiano. Un proceso de esta naturaleza requeriría gradualidad y diferenciación entre productos, ya que no es posible darle el mismo tratamiento a la marihuana que a la cocaína y la heroína. De igual manera se requiere la definición de un conjunto de regulaciones al mercado, entre los que se destacan una fuerte política impositiva para la comercialización de sustancias, así como una fuerte intervención estatal desde la perspectiva del consumo. La perspectiva de regulación, legalización y despenalización implica también plantear propuestas desde la perspectiva de ia producción. Experiencias como las que se han puesto en marcha en Perú o Bolivia, relacionadas con la industrialización, transformación y comercialización de la hoja de coca a manera de derivados alimenticios, resultan de vital importancia. En el caso boliviano el proceso de despenalización e industrialización se viene ejecutando desde finales de los años ochenta, autorizándose el aprovechamiento de la hoja de coca para productos alimenticios, cosméticos y para medicamentos. Tal proceso se ha acompañado recientemente de un conjunto de políticas dirigidas a enfrentar los problemas de orden ambiental, económico y social que han estado alrededor del cultivo de hoja de coca en condiciones de ilegalidad, contando además con amplia participación de las comunidades rurales. La experiencia boliviana ha colocado sobre la mesa el debate alrededor del aprovechamiento de las amplias propiedades nutricionales y energéticas de ia hoja de coca; a manera de ejemplo, se encuentra que la hoja de coca presenta mayor contenido de proteínas y calcio que muchos cereales como trigo, arroz, maíz o cebada. En el caso particular de los alimentos derivados de la hoja de coca, la iniciativa de despenalización, regulación e industrialización se convierte en instrumento para hacerle frente al problema de seguridad y soberanía alimentarias. En contraste, en Colombia las licencias para la producción de derivados de la hoja de coca han sido en exceso limitadas y entidades como el Invima se han negado a expedir los permisos pertinentes para la comercialización de diversos productos. La apuesta por la despenalización, regulación e industrialización resulta de vital importancia para avanzar en un cambio de perspectiva sobre el tratamiento de esta problemática. El necesario cambio de paradigma en la política antidrogas sólo será posible en tanto se reflexione este problema desde la perspectiva del conjunto del modelo económico, político, social y ambiental vigente. La sociedad colombiana clama desde la movilización, la protesta y la propuesta por un nuevo pacto de país. Sólo la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente dará las garantías para que una política alternativa para el tratamiento de la hoja de coca, marihuana y amapola sea real y efectiva.

4WW A M<m£NúáJ o¿AL PROPUESTA PARA LA SUSTITUCIÓN REAL DEL USO ILÍCITO DE LOS CULTIVOS DE COCA EN LA REGIÓN SUR ANDINO-AMAZÓNICA; PUTUMAYO, BAJA BOTA CAUCANA Y JARDINES DE SUCUMBIOS NARIÑO.

Los habitantes de la Región sur de Colombia, territorio andino-amazónico, hemos llegado unos y otros de distintos puntos de la geografía nacional, producto del desplazamiento, las consecuencias del conflicto social, económico y armado que vive el país; falta de tierra, condiciones económicas y sociales, el abaratamiento de la mano de obra en la ciudades y los contingentes de familias del campo desplazadas que se resisten a la mendicidad en las calles de la urbe, huyen a los bordes de la frontera agrícola, rompiendo montaña y estableciendo nuevas unidades del trabajo agrícola familiar, de esta manera ha sido poblado nuestro territorio. •u 1

Adicionalmente todas las políticas agrarias emanadas de perspectivas desarrollistas que propone el Gobierno Nacional, tienden a privilegiar escenarios agrícolas a grandes empresarios y no a los pequeños productores rurales, los cuales se enfrentan en un mismo contexto al latifundio, la industrialización de segmentos de la agricultura, sistemas agrícolas de monocultivos, la ganadería extensiva y por otro lado medidas aperturistas del comercio internacional como los Tratados de Libre Comercio (TLCs), que privilegian la importación de alimentos y las transformaciones en los patrones de consumo de alimentos en detrimento de la vocación agrícola, el trabajo y la cultura local y nacional, en donde la pequeña propiedad agraria no puede pensarse como vehículo de desarrollo rural. Entrados los años 80 s, el auge del cultivo de coca toca las puertas de la amazonia. Cultivo de manejo sencillo y con paquetes tecnológicos de fácil acceso, con cortos periodos de cosecha, de trabajo familiar y por sobre todo con un mercado asegurado, hicieron de este la única opción económica real en una zona donde la precariedad de la infraestructura vial y de comunicaciones, la escasa inversión social, así como la ausencia de centros de comercio para productos alimenticios, consolidó el escenario propicio para la emergencia de una economía ilícita, así denominada por el gobierno, Fue así como la coca y su cultivo extensivo promovió la apertura de claros en las selvas, introdujo los paquetes tecnológicos con base en agroquímicos que alteran la estabilidad ecosistemica y otra suerte de "externalidades" que hoy se entienden como graves problemas socio - ambientales, lo mismo que las medidas adoptadas, por la política antidrogas nacional y estadounidense, acompañado de una explotación petrolera, sin las medidas suficientes que mitiguen los impactos ambientales, ponen en riesgo la biodiversidad y la vida de las generaciones futuras en el Departamento, desarrollándose una economía de carácter extractivita, beneficiando a ün mínimo sector de la sociedad y dejando consecuencias socio- económicas y ambientales nefastas para la mayoría de los pobladores de la región.

La política antidrogas adoptada por el país, se ha enfocado únicamente en las fumigaciones aéreas y la erradicación forzada como único método para la erradicación de los denominados cultivos de uso ¡lícito y por otro lado la militarización con estrategias como el Plan Colombia, Plan patriota y Plan Consolidación, que han generado una crisis humanitaria y ambiental sin precedentes en la Región. El gobierno pretende resolver esta problemática con programas asistencialistas impuestos sin ningún tipo de planificación y concertación con las comunidades, en lo cual han invertido miles de millones de pesos, lo cual no ha logrado acabar con los cultivos de coca, convirtiéndose en un total fracaso en esta región y en el país, y por el contrario se ha incrementando a un mas el conflicto social, económico y armado en todo el territorio. Es por eso que desde la MESA REGIONAL, de Organizaciones sociales y populares del Putumayo, Baja Bota Caucana y Sucumbíos Nariño, venimos trabaiando en un nroceso de unidad para planificar y buscar soluciones definitivas A L CGjNFLICTO SOCIAL a causa del uso ilícito de la hoja de coca, para lograr un desarrollo que este acorde a las necesidades de cada uno de los diferentes habitantes que integran este territorio; considerando que uno de los medios más urgentes que nos ayudan a generar la unidad y a construir un verdadero Desarrollo integral, se construyen con la participación directa de las comunidades, para tal fin proponemos la formulación y Ejecución del PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINO-AMAZÓNICO 2035, COMO UNA ALTERNATIVA A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA SOCIAL Y ECONÓMICO GENERADO POR EL USO ILÍCITO DE LOS CULTIVOS DE COCA, LA RECONVERSIÓN ECONÓMICA Y UNA PROPUESTA DE PAZ PARA ESTAS COMUNIDADES, en el cual una de sus prioridades es el establecimiento de sistemas productivos sostenibles para el fortalecimiento de la economía campesina, la soberanía alimentaria, la generación de ingresos y la asociatividad para la transformación y comercialización de sus productos, implementando un modelo de economía campesina que nos permita ordenar el territorio con enfoque de Derechos y solucionar la inversión social requerida para que las comunidades logremos superar la crisis económica, social, ambiental, política y cultural para alcanzar un buen vivir para los pobladores de esta Región del sur de Colombia, convirtiéndose en una política pública del país. Es importante resaltar, las características propias del territorio amazónico, teniendo en cuenta que el ecosistema amazónico es mucho mas sensible y frágil que la zona andina, por tanto, la aplicación ae paquetes tecnológicos ae la agricultura moderna (Revolución Verde) definitivamente no son viables, porque los fracasos son evidentes muy tempranamente. Pero esta propuesta no será viable si no se generan cambios en la política agraria y económica del país, con la participación directa de las comunidades, como también se debe frenar • las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, la Suspensión inmediata y revisión de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, China y demás países. Reconociendo la presencia de mas de 12 pueblos originarios en esta región, es necesario que se respete los usos y costumbres que estos pueblos tienen en torno a la coca. Por tanto, seria completamente equivocado e inaceptable pretender que los cultivos de coca sean completamente arrancados.

Esperamos que asi como el gobierno ha reconocido el daño causado al territorio ecuatoriano y sus pobladores, asi mismo, ha aceptado reparar dichos daños. De la misma manera exigimos, reparación integral e indemnización a todos los pobladores de la región afectados por la aspercion aerea con glifosato desde 1996. Finalmente concertar y firmar un acuerdo entre el gobierno y las comunidades, para la sustitución de los cultivos de coca, definiendo; compromisos de inversión, tiempos y porcentajes de disminución de los cultivos en un proceso que genere confianzas, democracia, respeto y cumplimiento a los compromisos pactados para lograr acabar con el uso ilícito de los cultivos de coca y superar las causas que llevaron a las comunidades a sembrarlos. Con una veeduría internacional y acompañamiento de países amigos. MESA REGIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE PUTUMAYO, BAJA BOTA CÁUCANA y JARDINES DE SUCUMBIOS NARINO. Martes 25 de septiembre de 2013.

fÜKMáÓÑ fO£ ¿¿ DB^^ r (SOLO % ®E LOS 0&ZBO&Ú ^JMAAAQS gj^}(j^A SOLUCIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL, EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS ENTRE EL GOBIERNO Y LAS FARC EN REPRESENTACIÓN DE LOS CAMPESINOS, COLONOS, INDÍGENAS Y AFROCOLOMBI ANOS, INVOLUCRADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN EL CONFLICTO SOCIAL Y COCALERO FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCION AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS SEPTIEMBRE 24,25 Y 26 DE SEPTIEMBRE ANTECEDENTES HISTÓRICOS Los narcóticos y alucinógenos, incluyendo el derivado de la planta de Coca, han sido utilizados como tóxico mental y psicológico por una considerable parte de la humanidad, distractivo de los grandes problemas de pobreza y miseria que padecemos millones de seres humanos y en el caso de quienes ostentan el poder económico y político, usan estos tóxicos en medio de su propia descomposición social. En cuanto al problema número uno en Colombia: las plantaciones de coca, cabe anotar que esta planta era y continúa siendo parte del ritual indígena y afro descendiente y que fueron los ingeniosos laboratorístas, Europeos y de los Estados Unidos, quienes descubrieron la fórmula para narcotizar al mundo y de paso explotar el gran negocio del tráfico de drogas, precursores químicos, dólares, Euros, armas, etc. Hay que empezar por destacar con profundidad el diagnostico real, histórico y actual del modelo económico capitalista y neoliberal, principalmente Agrario existente en nuestro país, que fue la causa fundamental que generó el otro modelo complementario, basado en los cultivos de COCA MARIHUANA Y AMAPOLA. El viacrucis de los Campesinos e Indígenas, comienza en la segunda mitad del siglo 20, cuando desde las altas esferas del estado, decidieron desencadenar la denominada violencia de los años 5Os y al cabo de los primeros 12 años, los resultados, no se hicieron esperar. En aquel entonces, de cada 10 colombianos, 7 vivían en el Campo y 3 en poblados y Ciudades, los campesinos que en su mayoría éramos propietarios de la tierra que nos serbia de medio de subsistencia, fuimos víctimas de la brutal guerra de exterminio, adelantada por las bandas de pájaros, hoy conocidos como paramilitares en contubernio con la policía estatal, conocida como Chulavita, ambos al servicio del gran latifundio y terratenientes que fueron los protagonistas del genocidio en contra de más 300.000 colombianos. Estos sectores que han hecho parte de la historia nefasta del país, fueron los verdaderos beneficiados con esta violencia, ya que lograron, mediante el despojo, quedarse con la inmensa mayoría de las mejores y centrales tierras de esta martirizada nación y los desarraigados campesinos, condenados a vagar sin rumbo por nuestro país y otros cientos de miles por el resto del Planeta. En este episodio de la historia de Colombia, es donde empezamos a encontrar las verdaderas causas, que cientos de miles de colombianos, nos hayamos visto precisados a construir un modelo económico anexo al ya existente, basado en los cultivos de coca

marihuana y amapola, obviamente empleando para ello las regiones de colonización, a donde hemos tenido que desplazarnos de los campos y ciudades del interior del país, por motivo del desempleo, la guerra de exterminio y demás causas que generan el despojo y el verdadero estado de crisis humanitaria. Como es de conocimiento del estado gobernante y de la opinión pública Nacional e Internacional, las victimas de estas circunstancias vivimos hace 4 décadas señalados y condenados por tres presuntos pecados capitales: El primero, porque supuestamente invadimos la Amazonia colombiana y demás reservas forestales de la geografía patria; el segundo, porque supuestamente estamos envenenando a la humanidad con el tipo de materia prima que producimos; y tercero, porque nos sindican de ser auxiliadores de la guerrilla. Los acusadores del primer pecado son los grupos ecologistas y ambientalistas, Nacionales e internacionales que defienden a ultranza el ecosistema sin el mayor análisis socio económico de las verdaderas causas que han motivado las migraciones internas y el desplazamiento masivo desde el interior de nuestra geografía a estas tierras inhóspitas y en consecuencia nos decretan la desocupación total de estos territorios. El segundo pecado nos lo achacan los países consumidores de los narcóticos y alucinógenos, encabezados por los EEUU. Que además son los verdaderos dueños de la economía mundial e indirectamente, de la mayor parte de las utilidades del narcotráfico; estos por su parte considerándonos el patio trasero de su casa, nos han impuesto la política de guerra contra las drogas con un marcado énfasis en la reducción de la oferta, aprovechando las débiles posiciones de nuestros gobernantes de turno. Y el tercer pecado: nos lo achacan por igual la injerencia militar gringa y la política de guerra que nos impone el Estado colombianos, al acusarnos de auxiliadores de la guerrilla. MODELO ECONÓMICO EN LAS REGIONES INVOLUCRADAS CON LOS CULTIVOS CALIFICADOS POR LAS LEYES, COMO ILÍCITOS.

El estado, a través de sus gobernantes, en compañía de los países que más se benefician con el narcotráfico y otros: producción y venta de insumos químicos, producción y venta de armas, tráfico de dólares etc., han pretendido en toda su historia, encasillarnos en el discurso simplista, que el problema principal,frentea este fenómeno, está determinado por el cultivo y existencia de estas 3 plantas, pretendiendo que nos olvidemos que esto se convirtió desde hace cerca de 40 años en una parte significativa del modelo económico que rige a nuestro País y que indirectamente fortalece las finanzas de las multinacionales De otra parte, la hábil propaganda de los antes mencionados, nos ha logrado confundir y pretenden que nos olvidemos que alrededor de cada una de estas plantas circula un componente social y económico, que en su mayoría subsiste en condiciones de pobreza absoluta en esas regiones: pequeños comerciantes, artesanos, transportadores fluviales y terrestres, trabajadores al servicio del estado, que desempeñan labores de educación, salud etc., pues si en estas regiones no existieran pequeños y medianos cultivadores de coca,

marihuana o amapola, igualmente, no existirían estos pequeños o medianos vendedores y prestadores de servicios. El hecho más protuberante, en todo este análisis, lo constituyen, los Municipios ubicados en estas zonas, ya que sí el mayor porcentaje, lo determinan los resultados económicos arrojados por estas plantaciones, quiere decir que los impuestos de ley, tanto municipales, Departamentales y Nacionales, que el Estado le cobra a los contribuyentes, también se derivan de esta economía. Esto es lo que calificamos, primero, como el modelo económico anexo, que por fuerza mayor, ha sido construido en estas regiones y los gobiernos de turno, lo han avalado con su presencia institucional y segundo, constituye la doble moral del establecimiento gobernante: pues por un lado cómbate con métodos de guerra este modelo de subsistencia y por otro lado fortalece las arcas del erario público con los recaudos provenientes de este. No podíamos terminar este capítulo introductoria, sin mencionar a los verdaderos beneficiados de este modelo económico anexo, que se mueven por EUROPA Y NORTE AMERICA, incluyendo desde luego, a los grupos industríales,financierosy colateralmente los grupos políticos corruptos de nuestro País, o se nos olvida que la inmensa mayoría de los productos procesados, que consumimos, son elaborados en los países ricos y en las principales ciudades de nuestra nación y que además las élites se han beneficiado a través de la llamada narco-política. En cuanto a la industria bancaria Nacional, se les olvida y para lo cual citaremos un ejemplo: en 2005, escuchábamos en los noticieros, que habían ingresado a sus arcas, 3114 millones de dólares, que no eran propiamente del producto bruto interno, ni estaban justificados en las exportaciones, ni hacían parte de los giros enviados por los colombianos que viven en el extranjero y el presidente Uríbe en ese entonces, no sintió vergüenza, al incluir esta cifra en Dólares al llamado "crecimiento económico de la nación. Hechos como este son cotidianos, el ingreso de capitales monetarios, no sustentados en productos o transacciones legales, por eso la existencia de lavaderos de grandes capitales monetarios. No podíamos dejar a un lado, en la composición de este modelo Económico y Social anexo, un sector Estatal, que también vive indirectamente de la existencia de estas plantas vegetales, tan codiciadas y tan perseguidas, que se desempeñan como cuerpo represivo al servicio de los intereses más oscuros del plan Colombia impuesto por los EE UU; como lo es el consejo nacional de estupefacientes, la policía antinarcóticos, parte de las fuerzas militares, parte de la administración de justicia etc. Ellos también cuentan en este susodicho modelo". La pregunta, obligada que nos haríamos, es, ¿qué va hacer el estado para garantizarle empleo a este cuerpo represivo, en una eventual solución política, social, económica y ambiental a este conflicto social endémico que padece el país. Nuestro país que sigue siendo primario entodasla ramas de la producción, en este caso no podía ser la excepción: un sector de los campesinos y grupos étnicos, cultivamos coca, Marihuana y Amapola, le hacemos el tratamiento primario y se la entregamos por un precio, en su mayoría por debajo del costo de producción a las grandes multinacionales del narcotráfico, que en su mayoría son extranjeros, para que estos se queden con el 90% de las utilidades del negocio en sus respectivos países consumidores.

A pesar que en el supuesto reparto de utilidades, a los campesinos, no nos quedan, sino las deudas, la estigmatización, la mala fama y el peso injusto de la justicia, soportamos todos estos riesgos porque preferimos morir víctimas de la represión o por la inclemencia del trópico y las enfermedades, antes que ver morir a nuestros hijos de hambre en los andenes de las principales ciudades del país. A partir de 2002 con la asunción al poder del Presidente Uribe que se caracterizó por la extrema sumisión a las imposiciones gringas, reforzó el plan de guerra con 2 objetivos, uno acabar de una vez por todas con la insurgencia revolucionaria y dos, acabar con este modelo económico anexo, basado en los plantíos de Coca, marihuana y amapola. Recordemos que según el Doctor, Fernando Londoflo, quien fuera Ministro del Interior y de Justicia en el primer Gobierno de Uribe, señaló públicamente, que para cumplir estos dos propósitos solo necesitaban 18 meses, porque según él era un problema de decisión política. En ese momento este gobierno, desencadenó la guerra más brutal de los últimos tiempos, que ocasionó un ingrediente adicional; que con el supuesto propósito de acabar con la guerrilla y las mencionadas plantaciones, lo que se ha desarrollado en los últimos 10 años, es el desplazamiento de más de 2.000.000 de Campesinos, Indígenas y Afros, como quien dice, para que el pez muera hay que quitarle el agua y para pretender acabar por la fuerza estos 2 factores hay que acabar con los habitantes del campo. Si antes del 2002, a cada arremetida de los gobiernos de turno y los paramilitares, en las regiones involucradas en este modelo económico anexo, nos profundizábamos más en las selvas de nuestra geografía patria, a partir de ese año se modificó la historia, ha sido tan brutal los métodos represivos que miles de familias se tuvieron que desplazar forzadamente a sus antiguas regiones de origen y si bien no pudieron regresar a estos territorios para continuar subsistiendo de esta economía, sí replicaron ese modelo en sus regiones y más que la pretensión de erradicar totalmente las plantaciones cocaleras, lo que se produjo fue el desplazamiento de estos cultivos a 23 departamentos, lo que demuestra que la famosa política antidrogas, acompañada de la mentalidad guerrerista de los gobiernos que se alternan el poder en nuestro país, se convierte como siempre, en otro de sus acostumbrados fracasos.

La política, centrada en la aplicación de la guerra química impuesta por las compañías antinarcóticos operan desde 19S0 y las fumigaciones aéreas, años más tarde, puede calcularse que las plantaciones y producción desde esa época hasta la presente, se han multiplicado por diez y hasta ahora los únicos efectos conocidos, somos, los campesinos, indígenas, afro descendientes y el resto de población marginada que subsiste directa o indirectamente de esta economía. Analizando el párrafo anterior, cualquiera podría concluir que lograron disminuir las plantaciones de coca en el País, pero no olvidemos que estos cosecheros temporales, más el resto de población desplazada, en los más de 30 años de trabajar en esa actividad, aprendieron a cultivarla, procesarla en su parte básica y a comercializarla, que es lo que buena parte están haciendo en pequeña escala en sus propias regiones de origen.

Otro acontecimiento que demuestra que ni los gringos ni los gobernantes de nuestro país, pueden cantar victoria, ya que los más cercanos simpatizantes del gobierno, que indiscutiblemente son los paramilitares, que con sus propios métodos han contribuido al desplazamiento del campesinado, estos lo han repoblado con sus amigos y su gente y con mayor libertad han continuado con esta economía. Frente a este panorama de represión y estigmatización en los últimos tiempos se han experimentado hechos nuevos. Históricamente los sectores involucrados directa o indirectamente en este modelo económico anexo, conocedores de la brutal represión del Estado, a través de su fuerza pública y de la administración de justicia, difícilmente se ha declarado confeso integrante de esta economía, pero la realidad es tozuda y los campesinos que por desgracia subsisten de las pequeñas plantaciones de coca, han dejado el tabú y el miedo a un lado y en forma unificada, los pobladores de estas regiones, se han enfrentado con valor a la tiranía militar, para defender sus plantíos de coca, aduciendo abiertamente que este es el sustento de su familia. Por eso ya es hora de que los campesinos cultivadores de coca y aun los sectores marginados, que vivimos indirectamente de esta economía, enfrentemos organizadamente al estado, no como lo hicimos antes, mimetizándonos en sindicatos agrarios, asociaciones campesinas o juntas comunales, sino de manera directa, como lo que somos en el país; 60 mil familias cultivadoras de coca en pequeña escala, además del círculo social campesino, que nos movemos alrededor. Visto este panorama que identifica una verdadera caracterización de este modelo social y económico anexo, al ordenamiento social, económico y político de nuestro país, nos invita a hacer un verdadero enfoque político, que nos permita enfrentar de manera ventajosa y sin tabú al Estado. En el contexto gubernamental de la guerra antidroga, impuesta por los EEUU, en un eventual diálogo, siempre nos verán como delincuentes y por esa razón, debemos reflexionar en los siguientes puntos: Quiero motivar este primer punto con lo siguiente: La insurgencia y el resto de colombianos que luchamos por una Paz verdadera, siempre reclamamos durante 50 años, que se reconociera que en nuestro País existe un conflicto armado y por fin el estado tuvo que reconocerlo. 1- Poner como consigna centra, que frente a este panorama expuesto, se reconozca que lo que existe en nuestro país, es un (CONFLICTO SOCIAL Y COCALERO, DESDE HACE CASI 40 AÑOS) incluyendo las economías derivadas de la marihuana y amapola. Solo así se nos daría la condición y el status para negociar de tú a tú, de lo contrarío nos verán como un problema delincuencia!, y no como lo que es: un problema social. 2- Que al ser reconocida la existencia del conflicto social y cocalero, se nos permita organizamos legalmente en asociación Nacional de cultivadores de coca en pequeña escala en condiciones de subsistencia para usos industriales. Teniendo en cuenta que hasta el momento a la planta de coca se le han descubierto más de 50 derivados para beneficio del ser humano, se contemple la posibilidad de industrializarla, siguiendo

el ejemplo de Bolivia y Perú. En un eventual proceso serio de negociaciones, se debe proponer que uno de los puntos que se aborde, sea la suspensión de la política antidroga impuesta por los EEUU. Y que en cambio de ello se pacte, si se quiere con veeduría internacional, con las comunidades objeto, el control social en desarrollo de una nueva visión económica y social de este modelo agro-industrial con fines benéfico.

PROPUESTA PARA LA COMPLEMENTAC1ÓN DE ESTE PLAN DE SOLUCIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A ESTE CONFLICTO Son incontables los miles de millones de pesos que, a lo largo de las tres décadas más represivas, se han gastado con el propósito de combatir los cultivos referidos y a quienes directa o indirectamente estamos involucrados: según informes por nosotros conocidos fumigar una hectárea costaba hasta el año 2000, US 5.000 dólares y los nuevos rumores de costos hora vuelo de esos siniestros aparatos: Helicópteros y Aviones de fumigación, promedian los US 8.000 Dólares la hora. ¿Cuánto cuesta la infraestructura material y humana dedicada a la política antidroga? ¿Cuántos miles de millones de dólares suman los costos en material bélico y venenos enviados por los gobiernos de los países consumidores, encabezados por los EE.UU. En el marco de la aplicación del plan Colombia y demás convenios impuestos por los Gringos? Estamos convencidos que esos recursos dedicados hoy a la represión, incluyendo las ayudas internacionales, colocados en un fondo integral, alcanzarían para financiar el eventual acuerdo para solucionar el mencionado conflicto y nosotros los habitantes de estas regiones, atreves de nuestras organizaciones legalmente constituidas, entre ellas la asociación de productores de coca con fines de subsistencia, nos convertiríamos en coadministradores del susodicho acuerdo, agregándole a este el plan de recuperación del ecosistema deforestado, con el propósito de mejorar el ambiente. ¡PROPUESTA DE DOCE PUNTOS PARA LA SOLUCIÓN A ESTE CONFLICTO! 1. Que la política antidrogas, hasta el momento del acuerdo, aplicada a las gentes del campo, acompañada de la solución al conflicto cocalero, sea producto de la discusión y concertación entre la comunidad involucrada, directa e indirectamente y estado gobernante, y que no obedezca a imposiciones extranjeras.

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REFORMA DE ESTRUCTURAS SOCIALES EN EL INTERIOR DEL PAÍS 2

Que para evitar la presión colonizadora de numerosas familias que, víctimas de la violencia o el desempleo, migran hacia estas regiones; dentro del gran paquete de concertación, se haga de una vez por todas una verdadera revolución Agraria con justicia social, que frene para siempre la concentración de centenares de miles de hectáreas en pocas manos, desgraciadamente convertidas en propiedades ociosas o dedicadas a la ganadería extensiva, incluyendo las 10 millones de hectáreas

producto del despojo en los últimos 20 años. REFORMA URBANA 3.

para resolver en forma definitiva los problemas de vivienda en las grandes ciudades, que haya una verdadera reforma urbana en favor de los destechados. Que haya una real política de empleo con salarios dignos y que en términos generales haya una transformación social y económica en beneficio del pueblo trabajador, distinta a la actual, que como es conocido, sigue las nefastas fórmulas del neoliberalismo, a lo que se suma la fórmula del TLC. 4. Sólo con este tipo de transformación social y económica, en el interior del país evitamos la cotidiana presión colonizadora que estimula el aumento de los sembradíos de materia prima para las drogas mencionadas. Es imposible desarrollar un plan de recuperación socio-económica, política y ecológica en lo que hoy constituyen las reservas verdes naturales de la geografía patria, si continúan estas zonas convertidas en recicladero de la crisis social y económica que viven los desposeídos en el interior del país. RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL CAMBIO 5. Que en lo relacionado con los recursos que deban canalizarse, a partir del referido acuerdo para transformar este Modelo económico anexo, el Estado elabore los planes de acción en concertación con las comunidades organizadas, incluyendo las asociaciones de pequeños cultivadores de coca y los sectores marginados involucrados indirectamente en el referido conflicto. a) Que el estado cree un fondo para tal fin y le inyecte los recursos posibles y necesarios, incluyendo lo que hoy constituyen los costos operativos de la aspersión aérea, más las multimillonarias sumas de dinero que cuesta el sostenimiento de la infraestructura militar y de Justicia, dedicada a reprimir este modelo económico anexo. (3) Que las ofensivas diplomáticas, que a lo largo de más de dos décadas ha realizado el Estado para conseguir recursos para la fracasada guerra antidrogas, hoy las canalice para fortalecer el referido fondo. X) Que tanto la comunidad objeto como el Estado le presenten una propuesta ecológica a la comunidad internacional, consistente en 100 dólares, anuales por hectárea de bosque natural conservado en el país incluyendo el amazónico, destinados a la administración, cultivo y recuperación del bosque natural y el conjunto de la biodiversidad, con el eslogan: "Producción de oxígeno puro, agua dulce Y germoplasma"

DOS POLOS DE DESARROLLO PARA LA RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA

5. Como es conocido por la opinión pública y el estado gobernante, las regiones marginales del país se dividen en 3: 1 2 3

frontera agrícola reserva forestal Parque natural

7. La propuesta en cuanto a las dos primeras, que para conocimiento del país están colonizadas casi por igual, es que la inversión estatal sea equitativa sin discriminación, mediante la elaboración de dos polos de desarrollo: Para la Reserva forestal, dicho polo debe ir dirigido a la agro-forestación, reforestación, sostenimiento de las parcelas de auto consumo y entre otros programas, el turismo ecológico para los campesinos, Indígenas y Afro-Colombianos, radicados en dichas reservas. Para la frontera agrícola donde ha sido sustraída la reserva forestal, el polo de desarrollo debe dirigirse a fomentar la agricultura sostenible, la agro-industria, la ganadería en pequeña y mediana escala agro-tecnificada acompañado de talleres industriales como complemento de las necesidades básicas del desarrollo de las regiones. Para los parques naturales, la elaboración de un plan de conservación y desarrollo eco turístico, con el propósito de fomentar la cultura de convivencia en armonía con la naturaleza y el ambiente. NO SUSTRACCIÓN DE LA RESERVA, SI AFECTACIÓN DEL GRAN LATIFUNDIO 8. Una de las opciones vistas con un criterio inmediatista, que en muchas luchas se ha planteado, es la ampliación de la frontera agrícola, esto es, levantar más reserva forestal con el propósito de obtener una escritura pública; pero si así continuamos, sustraeríamos toda la reserva del país y la historia, se repetiría para los sin tierra, por ende los grandes latifundistas y terratenientes, sería los únicos beneficiados. La propuesta de la referencia es como sigue, la redistribución de los millones de hectáreas que poseen los grandes acaparadores de la tierra en el interior del país, reforestación y agro-forestación en la reserva forestal en los términos planteados en el punto anterior.

APERTURA Y GARANTÍA DE MERCADEO ^

9. Que, complementario al desarrollo productivo, principalmente aquel que genera excedente, se garantice la distribución y el mercadeo a precios de sustentación para los productos promisorios amazónicos y para los frutos de la agro-industria y agricultura tradicional. INFRAESTRUCTURA DE MEDIOS DE TRANSPORTE. 10. En materia de infraestructura de vías, el estado debe construir y garantizar una malla vial tanto primaria como secundaria; así mismo, teniendo como base lariquezafluvial,

debe ampliar Ja red de puertos y realizar el mantenimiento de caños y ríos destinados al transporte. En materia de transporte aéreo, la ampliación y construcción de aeropuertos funcionales para aviones principalmente de carga para la evacuación de productos perecederos. Complementario a lo anterior, se debe aprovechar la planicie colombiana para desarrollar una verdadera infraestructura ferroviaria, ya que esta abarata costos y afecta en menor grado el sistema ambiental. INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA EDUCATIVA 11. EN INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA EDUCATIVA, además de mejorar la educación convencional que en el sector rural - apenas se cubre deficientemente el 5o de primaria y en algunas cabeceras municipales llega hasta el grado 11°.- los acuerdos para superar el referido conflicto exige la implementación presencial en la región objeto de universidades dedicadas a la formación de técnicos, tecnólogos y profesionales en carreras relacionadas con el agro y el ecosistema, fundamentalmente individuos con asiento en la región y con sentido de pertenencia ya que los citadinos difícilmente se adaptan al sector rural y a la selva, el plan general de educación en el marco de este gran acuerdo debe ir complementado con la étno educación. INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA EN SALUD 12. En materia de salud, un buen acuerdo que se coloque a la altura de las necesidades, exige que se construya una verdadera red hospitalaria en las regiones objeto, dotada de personal especializado y material científico acorde con las patologías del trópico; que a su vez el estado promocione y garantice que nuestros jóvenes nacidos o al menos criados en la región y que tienen sentido de pertenencia, se capaciten y profesionalicen en carreras dedicadas a la medicina, contando con universidades presenciales en las regiones objeto, con el propósito de beneficiar con su sabiduría en salubridad, a sus propias comunidades de origen. APERTURA POLÍTICA Y DEMOCRÁTICA 13. Para transitar camino a una Paz con verdad y justicia, el estado debe desactivar las bandas paramilitares, hoy denominados por este, como bandas criminales, dedicadas a las masacres y asesinatos selectivos; no podemos olvidar que estas acciones las hacen extrañamente dizque para apoyar al mismo estado y las fuerzas armadas calificando de guerrilleros al conjunto de la población civil que por coincidencia se mueve en la misma geografía donde tiene asiento la guerrilla. Para complementar el necesario paso de la guerra sucia a la limpia paz, el estado, debe abrir canales de democracia real para las minorías políticas y étnicas sin que se aplique la tenaza de la corrupción que mediante la danza de los millones en buena parte mal habidos, colocan Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados, Congresistas y hasta presidente de la república, etc. Y Para completar el engranaje de la maquinaria gubernamental de servidores públicos, los recomiendan para que los nombren no sin antes condicionarlos económica y políticamente, convirtiendo cualquier asomo de democracia en un foco de corrupción y politiquería.

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Con estos trece puntos que los podemos denominar premisas, ya que son de carácter general, estamos convencidos, que si hay voluntad del estado, más el apoyo de la comunidad internacional, en el sano propósito de buscar una solución pacifica al conflicto referido, podríamos sentar las bases para el cambio de este modelo económico y asi volver a nuestra antigua cultura andina de la producción y el desarrollo agropecuario, en el marco de las sanas costumbres.

ATENTAMENTE:

COMUNIDADES CAMPESINAS AFRODECENDIENTES HE INDÍGENAS DE COLOMBIA

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La ONIC le habla al país y a la comunidad internacional sobre la paz y el problema de las drogas Bogotá, septiembre 24 de 2013 Esta ponencia sintetiza múltiples pronunciamientos de la Organización Nacional Indígena de Colombia y de sus organizaciones filiales sobre el tema que hoy se debate en el Foro: "Solución al problema de las drogas ilícitas", convocado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Pensamiento y Seguimiento del Proceso de Paz de la Universidad Nacional de Colombia en el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La coca es una planta sagrada. Es la expresión de la cultura propia, consejo sabio del chaman en la maloca amazónica, palabra orientadora de los mamos en la Sierra Nevada de Santa Marta y reafirmación de lazos comunitarios por el Jaibaná y el Tehuala de nuestras cordilleras andinas. La coca es un ser espiritual y es nuestra madre. Su transformación química en laboratorios mimetizados en las selvas y su posterior comercialización en ciudades de Norteamérica o Europa, no corresponde a nuestras prácticas, ni costumbres; la destrucción indiscriminada de las plantas a nombre de la lucha contra el terrorismo o por la supuesta perversidad de sus principios activos vegetales, es una afrenta a la Naturaleza y a nuestras identidad milenaria. Sobre el narcotráfico Para el movimiento indígena, el narcotráfico es una expresión perversa del mercado capitalista que utiliza plantas con propiedades visionarias, medicinales y nutritivas para transformarlas en sustancias químicas concentradas que demandan millones de consumidores en los cinco continentes. Esta actividad económica resulta muy atractiva para este tipo de empresariado criminal, gracias a los precios exorbitantes que alcanza, no por los costos de su producción, sino por los riesgos que deben sortearse hasta llegar al consumidor final. Ya casi nadie niega que el secreto de la rentabilidad del narcotráfico está, precisamente, en su ilegalidad. Si esto es así, los aquí presentes deberíamos preguntarnos, con toda sinceridad, hasta donde un proceso de paz que no incluya una reformulación a fondo de la política antidrogas podrá acabar con los incentivos que empujan a muchos colombianos a involucrarse en uno de los negocios más lucrativos a nivel planetario. Los indígenas no tenemos la respuesta definitiva. Pero si estamos convencidos de que todos los sectores sociales afectados no solo por el narcotráfico sino por la "guerra contra las drogas", debemos proponer soluciones certeras que nos impidan caer en los mismo errores cometidos por los Estados. En un fenómeno transnacional como este, los indígenas hemos comenzado a mirar más allá de nuestros resguardos para referirnos a asuntos de la política y la economía globales que afectan, directa o indirectamente, a nuestras comunidades y a la sociedad colombiana de la somos parte.

Colombia tiene una larga relación con la producción y comercialización de marihuana, clorhidrato de cocaína y heroína, sin que hasta ahora pueda afirmarse que dejamos de ser una pieza central en el engranaje mundial del narcotráfico. A lo largo de cinco décadas hemos presenciado el surgimiento de poderosos carteles y su desestructuración en decenas de organizaciones criminales desperdigadas por todo el país; cientos de traficantes grandes y medianos extraditados pero reemplazados por otros tan avaros y violentos como ellos;

toneladas de cocaína y millones de narcodólares incautadas cuyas pérdidas se recuperan en el precio de los cargamentos que logran expenderse. Es tan jugoso el negocio, que estos golpes son un rasguño en el torrente de divisas que se lavan en la economía legal y se legitiman en el sistema político, donde se ocultan buena parte de los responsables de la vitalidad del narcotráfico. Develar estos vínculos es necesario para construir la paz. Sobre los cultivos Muchas de las realidades del mundo de las drogas son muy lejanas a nuestra vida como indígenas. Otras, como la siembra de coca, amapola o marihuana por campesinos, afrodescendientes e indígenas son más cercanas porque compartimos la vida y los territorios rurales. Resulta difícil negar que la mayoría de quienes cultivan estas plantas son parte de los productores agrícolas que se manifestaron en el paro agrario nacional del mes de agosto contra una de las peores estructuras de desigualdad rural en América Latina, así como en rechazo de políticas de libre comercio que arrasan los cultivos campesinos por los bajos precios de importaciones agrícolas subsidiadas en los países de origen. En este punto, la ONIC formula una segunda pregunta a los asistentes a este Foro: ¿que asidero puede tener una política de sustitución de cultivos, cuando la política agraria se encuentra atada a los acuerdos de libre comercio y cuando todos los días nos recuerdan que el modelo económico vigente no se someterá a la discusión ni en La Habana, ni en nuestro país, entre otros razones porque los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio son superiores a nuestro ordenamiento jurídico? En su momento, el movimiento indígena se manifestó contra los tratados de libre comercio, y en 2005 realizó una consulta autónoma sobre el TLC entre las comunidades indígenas del departamento del Cauca. Según el más reciente reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado (UNDOC), 60.000 familias rurales viven actualmente de la agricultura proscrita por el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Contrario a lo que puede creer la opinión pública, un cultivador de coca recibe $2'350.000 promedio anual por cultivar una hectárea e coca, equivalentes a escasos $195.000 mensuales, y una familia de cinco miembros la suma de $11700.000 anuales por hectárea de coca, apenas suficiente para garantizar el mínimo vital para reproducirse. ¿Por qué, entonces, los agricultores deciden involucrarse con los cultivo de uso ilícito, a pesar del gramaje por pagar a todos los armados o los riesgos de la violencia, la erradicación forzosa y la cárcel? La protesta del Catatumbo nos dio recientemente la respuesta: el kilo de hoja de coca fresca o de pasta básica de cocaína se vende a los intermediarios en la finca o en el pueblo más cercano, sin someterse a trochas tortuosas que aumentan los costos de transporte y vuelven poco competitivos los productos agrícolas. El panorama es más difícil en el caso de comunidades indígenas con vocación agraria, muchas de ellas distantes de las vías de acceso y los mercados. ^

Según el último reporte de Naciones Unidas, en 2012 se cultivaron 48.000 hectáreas de coca en 23 departamentos del país, de las cuales el 53% se concentró en Nariño, Putumayo, Cauca y Norte de Santander. De ese total, 6000 hectáreas se encuentran en territorios indígenas, más de la mitad en la región pacífica y un 34% en los resguardos de la Amazonia y la Orinoquia colombianas. Si bien en algunas comunidades pueden existir motivaciones económicas para procurar ingresos monetarios con que adquirir bienes básicos en el mercado, otros factores inciden en la presencia de los cultivos de uso ilícito en nuestros

territorios, entre ellos la presión de actores armados para sembrar y la invasión de áreas que no alcanzamos físicamente a controlar. Con violencia e intimidación se aseguran también corredores para el tránsito de drogas e insumos, como sucede en otras regiones donde no hay presencia de comunidades indígenas. Sobre las soluciones sostenibles Si la producción de materia prima para los narcotraficantes es una falsa solución entre los indígenas, en tanto esos ingresos llegan acompañados de ruptura del tejido familiar, pérdida de valores, ingobernabilidad y desobediencia a nuestras autoridades tradicionales, cuáles soluciones sostenible debemos proponer en este foro? Los pueblos indígenas viven en territorios ricos en biodiversidad y recursos naturales que pueden protegerse mediante procesos participativos de reordenamiento, conservación y restauración de los ecosistemas afectados por los cultivos de uso ilícito, el procesamiento químico y las fumigaciones aéreas. No nos parece utópico pretender vivir con dignidad, además de la agricultura propia, del reconocimiento de estas funciones ambientales que hemos sabido aplicar durante siglos. Por esta razón nos preocupa la redacción del punto 4 de la agenda de negociaciones entre el Gobierno Santos y las FARC, donde se da a entender que la sustitución de cultivos ilícitos por lícitos es casi que la única salida, sin que se dimensione la vocación del suelo, la localización central o periférica de las comunidades, sus culturas o las aptitudes de sus gentes. Como lo señaló ayer Ricardo Vargas en el periódico El Tiempo, volver a proponer proyectos productivos comerciales en las puntas de colonización o en territorios alejados, es repetir una vez más las falsas promesas del desarrollo alternativo. Los usos benéficos de la coca pueden ser una opción económica y un puente de relación intercultural con la sociedad colombiana. Sobre la política antidrogas Un proceso de paz debe abordar también el tema de la política antinarcóticos que en nuestro país se aplica bajo enfoques eminentemente represivos. Si bien la lucha contra el narcotráfico es un imperativo estatal, los distintos gobiernos la han realizado a costa de las garantías democráticas de los colombianos, de los derechos económicos, sociales y culturales de los campesinos y de los derechos colectivos diferenciales de pueblos indígenas y las comunidades negras. Con la misión de erradicar la oferta de drogas, el Estado Colombiano concentró sus esfuerzos en la destrucción de los cultivos, mediante campañas sistemáticas e indiscriminadas de fumigaciones aéreas con agrotóxicos y más recientemente con erradicaciones manuales forzosas que castigan desproporcionadamente a la población rural. Los indígenas conocemos las fumigaciones desde 1988 cuando de manera ¡legal se asperjó con paraquat, la marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta, un potente herbicida prohibido en los Estados Unidos. A pesar de la Sentencia de la Corte Constitucional del 2003 que tuteló los derechos de las comunidades indígenas amazónicas contra las fumigaciones del Plan Colombia, y de los esfuerzos de autoridades indígenas por controlar las siembras no deseadas o la instalación de cocinas y laboratorios en nuestros resguardos, las fumigaciones aéreas se siguen realizando con la misma agresividad de siempre. Los cientos e incluso miles de denuncias por afectación a los cultivos lícitos, las fuentes de agua, la biodversidad y la salud de nuestras mujeres, ancianos e infantes, se amarillan en los archivos de las Personerías Municipales y la Dirección Nacional de la Policía Antinarcóticos, sin que nadie asuma responsabilidades serias al respecto.

En la ONIC seguimos recibiendo estas denuncias. Tan solo en el primer semestre del 2013, se reportaron fumigaciones en resguardos Nambi Piedra Verde y Pipalta Palvi del pueblo Awa en el departamento de Nariño, en el resguardo Joaquincito del pueblo Siapidara en el departamento del Valle del Cauca y de manera inclemente sobre los resguardos embera de Uradá - Jiabandó en el departamento del Choco. Estos hechos nos obligan a cuestionar la seriedad de la tan anunciada reformulación de la política antidrogas del presidente Santos, quien propone legalizar el consumo de la marihuana mientras guarda silencio frente a la problemática social de los cultivos. Como su antecesor, el gobierno de la Prosperidad Democrática mantiene la racha anual de 100.000 hectáreas fumigadas y 30.000 hectáreas arrancadas manualmente pero de manera forzosa . Es una realidad que el conflicto armado se fusionó con él narcotráfico para favorecer el negocio de las mafias y financiar a los actores armados. Mucho dolor se ha causado a nuestras comunidades por esta alianza tenebrosa. Pero también hemos visto como desde el Estado se utiliza la estrategia antinarcóticos para golpear a indígenas, campesinos y afrocolombianos como si fuéramos sus enemigos. Sobre este tema hemos llegado a una dolorosa conclusión: tanto el narcotráfico como la "guerra contra las drogas" hacen parte de un modelo de expansión de economías de "enclave" legales e ilegales que para llevarse nuestras riquezas requieren desalojar territorios, cambiar las culturas e involucrar a los civiles en el mercado de la violencia armada. Más allá de la "Sustitución de cultivos" y la "solución al problema del consumo" y a la " producción y tráfico de drogas", somos conscientes de lo que está en juego: la presencia de narcotraficantes y grandes empresas extractivas promoviendo explotación minera y monocultivos lícitos e ilícitos en nuestros territorios. Todo ello a costa de nuestro bienestar y nuestra autonomía. Un proceso de paz debe responder por la victimización a la que nos somete el narcotráfico, el conflicto armado y la política antidrogas. Un proceso de paz requiere reformulaciones de fondo en estos temas, empezando por diferenciar claramente los eslabones sociales y criminales de la cadena. Sin ocultar a estos últimos y sin la escalofriante corrupción que en la Dirección Nacional de Estupefacientes impidió que las tierras confiscadas a los narcotraficantes, llegara a las miles de pobres rurales que las necesitan o las exigen en restitución. A continuación presentamos nuestras conclusiones y exigencias a la mesa de negociación en la Habana entre el Estado y parte sustantiva de la exigencia: 1. Buen vivir y economía propia: modelo de desarrollo integral y autonomía alimentaria

Ante las consecuencias del impacto de los efectos del narcotráfico, exigimos al Estado apoyar el desarrollo de un modelo propio de economía alternativa y articulada de los pueblos, no supeditada al mercado global y al consumo; que garantice la soberanía y autonomía alimentaria, mediante la reconstrucción de nuestros sistemas agroalimentarios y del sector rural en general, consecuente con el manejo respetuoso de ecosistemas, bosques, suelos y biodiversidad. Lo anterior implica tener en cuenta los problemas estructurales que es necesario ir superando.

Exigimos al estado el apoyo en el diseño, construcción y garantía de nuestros propios sistemas de aprovechamiento de los bienes naturales. Lo anterior incluye no aceptar bajo ningún punto de vista la imposición estatal de programas de monocultivos y mucho menos si es para la obtención de agrocombustibles, como se pretende con la palma aceitera; ni recurrir a procesos productivos que destruyen los suelos, los esteriliza, contamina, al igual que lo hace con el agua y el aire. Demandamos la transformación de la estructura de desigualdad rural del país, y el rechazo a políticas de libre comercio que arrasan los cultivos campesinos por los bajos precios de importaciones agrícolas subsidiadas en los países de origen. El estado es el responsable de garantizar una discusión nacional entre todos los sectores sociales hacia una convergencia de construcción de un modelo de desarrollo rural soberano, incluyente y justo 2. Uso cultural y alternativo Exigimos el respeto de los usos rituales, espirituales y culturales de la coca, el Yagé, el pildé, el Yopo y otras sustancias utilizadas en la medicina tradicional, la alimentación y las prácticas espirituales propias de la tradición cultural indígena. Junto a ello la divulgación, formación y educación a la sociedad en general respecto a los valores que ello significa. Del mismo modo exigimos el respeto a la coca como patrimonio cultural indígena, de modo que las leyes que prohiben o penalizan su siembra o su consumo no son aplicables en el ámbito tradicional de los pueblos que la utilizamos ancestralmente. Apoyar la obtención de productos alimenticios, terapéuticos y cosméticos derivados de la hoja de coca a partir de su consideración como una actividad licita y para el libre comercio. 3. Justicia, gobierno propio y coordinación interinstitucional Garantizar y facilitar el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena, en especial a lo que se refiere a la Ley 30 de 1986 sobre cultivos de uso ilícito y narcotráfico. De modo que se reconozca a las autoridades indígenas la competencia para juzgar a los indígenas de sus propias comunidades involucrados en siembras familiares a pequeña escala o que sean trabajadores en los cultivos ilícitos en actividades primarias propias de la siembra o del procesamiento, tales como la recolección o raspado de la hoja. El consumo problemático de drogas estupefacientes será resuelto en el seno de las comunidades conforme a su justicia propia. Las autoridades competentes (ICBF, Ministerio de Salud, Consejo de Estado, etc.) apoyarán las medidas adoptadas por las comunidades en el ámbito de diálogos interculturales y coordinación entre Jurisdicción Especial Indígena y justicia ordinaria. Exigimos el cumplimiento de las normas que reconocen las estructuras de gobierno indígena como autoridades ambientales en nuestros respectivos territorios y requerimos se garantice nuestro derecho de planeación propia y establecer con el gobierno condiciones de coordinación, pero sobre la base de nuestra autonomía en la administración integral de los territorios. 4. Consolidación definitiva y protección del derecho al territorio.

La consolidación de una política alternativa a los cultivos de uso ilícito es posible para los pueblos indígenas si el Estado cumple con adelantar los trámites administrativos de constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos que incluyan la totalidad de las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas, acorde con el cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto 1397 de 1996, en el sentido de que el gobierno nacional incluya en el proyecto de ley de presupuesto, las partidas necesarias para lo anterior, (compromiso incumplido históricamente). A esto se suma garantizar espacios de participación autónoma de ordenamiento con base en la planeación integral del territorio, para la construcción de los planes de manejo de los territorios indígenas, teniendo en cuenta el ordenamiento espiritual, ambiental y cultural de los mismos y los planes de conservación de ecosistemas y biodiversidad. No aceptaremos que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo -que deben ser desmantelados-, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas tierras, robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y afrodescendientes, deben restituirse a estas comunidades, en desarrollo a la aspiración histórica de una reforma agraria integral. Donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a los principios de unidad, diálogo y concertación para resolverlas. En relación con las tierras en manos de CNE (Comisión Nacional de Estupefacientes), demandamos se destinen en su totalidad hacia la dotación de tierras a comunidades campesinas, territorios colectivos de comunidades afrodescendientes y constitución de resguardos indígenas. Demandamos la concertación de políticas, planes y estrategias para garantizar protección de nuestro territorio y población, de la amenaza de la guerra y del narcotráfico. Debemos hacer cumplir las decisiones y estrategias de control propio por parte de las autoridades indígenas, con base en las normas del derecho propio, y los instrumentos nacionales e internacionales de DDHH y DIH frente a los actores armados y del narcotráfico. Demandamos se creen las condiciones para el fortalecimiento y reconocimiento de la Guardia Indígena por el Estado, desde la autonomía de nuestras autoridades y el ejercicio del gobierno propio, que vele por la conservación y control del territorio indígena, defendiéndolo desde el criterio de lo colectivo, y que permita forjar condiciones y actitudes de convivencia pacífica interna y con otros pueblos. 5. R eformulación a fondo de la política antidrogas Llamamos al gobierno nacional, las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que apoyen la adopción de un Plan Regional de solución alternativo a la economía ilegal, que debe consistir no en erradicar los cultivos de uso ilícito ni en sustituirlos, sino en cambiar una economía de renta por otra que garantice la generación sustentable de ingresos y la soberanía alimentaria. Esto incluye el fortalecimiento de economías y territorialidad campesina, indígena, afro colombiana, y población urbana del país. Exigimos la separación clara entre los componentes sociales y criminales de la cadena productiva de los cultivos de uso ilícito, que posibilite la despenalización de los cultivadores y

de los consumidores, para quienes se deberán contemplar estrategias de desarrollo propio integral y atención psicosocial. Del mismo modo exigir la aplicación de mecanismos de represión , confiscación y castigo, a las empresas del narcotráfico, y a los actores de apoyo y lucro en el mundo legal. 6. Corredores de narcotráfico y guerra contrainsurgente Exigimos a todos los actores del conflicto armado, mediados por la economía de las drogas, no involucrar los territorios de las comunidades para la generación de corredores de narcotráfico; y la afectación de los territorios y sociedades o comunidades rurales, bajo el supuesto de la guerra contrainsurgente. Es fundamental que todos actores armados y del narcotráfico se comprometan al reconocimiento de nuestra vocación de paz, convivencia y búsqueda permanente de nuestro desarrollo propio. Para ello es necesario terminar con la presión armada y los incentivos para sembrar los cultivos de uso ilícito. 7. Reparación transformadora Demandamos la aplicación y cumplimiento del articulo 5 del decreto ley 4633, específicamente en lo que se refiere a la reparación imperiativa para el restablecimiento del equilibrio y la armonía de los pueblos, vulnerados históricamente en sus dimensiones material e inmaterial. Lo anterior a través de la consolidación de un proceso que incorpore el conjunto de medidas y acciones transformadores con miras a la indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, dando cumplimiento al decreto ley 4633, y la sentencia T- 25 de 2004, y sus autos de seguimiento, en especial el 004. Exigimos la indemnización a los pueblos sobre la base de la recopilación, revisión y procesamiento de todas las denuncias realizadas por los pueblos y organizaciones indígenas, por afectaciones a las personas, cultivos, fuentes de agua y territorios desde el año 2000, en que se inicia la implementación del Plan Colombia, hasta la actualidad.