Mesa Temática 1 • Grupos de Trabajo 3

PROPUESTAS DE LA CIUDADANÍA

RELATORÍAS Y PONENCIAS 1

UNIVERSIDAD

NACIONAL ' SDE COLOMBIA E D E B O G O

T Á

NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA

FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

PROPUESTAS DE LA CIUDADANÍA RELATORÍAS Y PONENCIAS Mesa Temática 1 • Grupos de Trabajo 3 y 4

Organización de Naciones Unidas en Colombia y la Universidad Nacional de Colombia • Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz Responsables de convocar, organizar y servir de relatores de los debates del Foro y de sistematizar sus conclusiones 24, 25 y 26 de septiembre de 2013, Bogotá D.C.

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índice Mesa Temática 1 Relatoría Grupo de Trabajo 3 Ponencias Grupo de Trabajo 3..

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Relatoría Grupo de Trabajo 4 Ponencias Grupo de Trabajo 4.

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Mesa Temática 1 Durante el Foro Nacional se conformaron tres Mesas Temáticasy dentro de cada una de ellas se integraron grupos de trabajo con un número determinado de participantes y para abordar una temática específica del punto cuarto del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz firma y duradera.

Dentro de la Mesa Temática 1 se conformaron 10 grupos de trabajo, que sesionaron de manera simultánea para la recolección y sistematización de propuestas sobre "Los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito".

A continuación se presentan las relatorías y sus respectivas ponencias de los Grupos 3 y 4 de esta Mesa.

Propuestas Ciudadanas Mesa TemĂĄtica 1 Grupo de Trabajo 3

RelatorĂ­a

- FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Relatoría del Grupo de Trabajo No.3 de la Mesa Temática 1 sobre "Los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito" Fecha: 25 de septiembre de 2013 Número de participantes hombres: 12 Número de participantes mujeres: 20 Sectores partic\pantes:(dejar sólo los sectores que estén presentes) Organizaciones y movimientos campesinos; Organizaciones indígenas; Experiencias de sustitución de cultivos de uso ilícitos; Organizaciones de mujeres; Organizaciones defensoras de derechos humanos; Organizaciones de víctimas; Movimientos políticosy sociales; Partidos políticos; Sector académico, universidades y centros de investigación.

Número de ponencias escritas presentadas: 10 Número de intervenciones orales: 16 Se adjunta como anexos a la relatoría: •

Listado de asistentes

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Ponencias presentadas.

Propuestas 1. Fumigación y erradicación •

Se propone parar de manera inmediata las fumigaciones1.

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Se exige la solicitud de consentimiento previo e informado para cualquier plan de acción a desarrollar en los territorios indígenas, campesinos o afro2.

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Se exige no generar acciones contra los cultivos ilícitos sin considerar las condiciones sociales y económicas.3

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Se rechaza la erradicación forzosa, bien sea manual o por fumigaciones4.

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Se proponen beneficios económicos para quien erradica cultivos ilícitos pero también para quien no siembra. Se propone que estos beneficios sean reinvertidos en generación de economías locales5.

2. Comunidades y cultivos de uso ilícito •

Se propone la descriminalización de los campesinos y campesinas que son el eslabón más débil de la cadena de las drogas6.

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Se pide la libertad de los presos políticos campesinos que han sido líderes en zonas cocaleras7.

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Se propone tratar el productor y al consumidor como víctima y no como delincuente8.

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Se pide la liberación de los presos extraditados por drogas, pago de las penas y esclarecimiento de delitos relacionados con las drogas en Colombia9.

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Algunos piden que la legalización de la coca sea favorable a los más pobres y que no se ¡legalicen los demás recursos naturales. Se propone legalizar la coca, el cannabis y la amapola en sus usos medicinales, alimenticios, cosméticos e industriales, en un mercado regulado por el Estado10.

Se propone la desmilitarización de los territorios en dondeseadelantan las estrategias desustitución voluntaria".

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Algunos piden la búsqueda de mecanismos distintos al del derecho penal para desmontar las economías ilegales12.

Se propone generar política criminal en las zonas urbanas para contra-restar la proliferación del micro-tráfico y sus consecuencias en el ámbito de la criminalidad13.

Se propone reformar el código penal de forma que se diferencien los aspectos criminales de los socioculturales en lo que respecta a la producción, distribución, consumo y comercio de las denominadas drogas ilícitas14.

Se propone desestimular la comercialización de armas destinadas a la guerra de narcos en barrios y sectores rurales15.

Algunos piden gravar con impuestos la comercialización de la base de coca y los productos agroquímicos cuyos impuestos sean destinados al cuidado y proyección del ambiente y la promoción de la agroindustria16.

Se pide hacer seguimiento y rastreo de los capitales que genera la comercialización de la cocaína incrustados en la economía y la banca nacional17.

3. Planes de substitución Se propone que la sustitución de cultivos se origine a partir de concertaciones con productores y productoras de estos cultivos, considerando las dinámicas sociales y asegurando la soberanía alimentaria18.

Algunos piden dejar de hablar de la sustitución de cultivos para hablar de producción industrial de los derivados de la hoja de coca y la marihuana19.

4. Ordenamiento territorial e institucionalidad rural Se debe garantizar la soberanía alimentaria, el acceso a tierras, el mejoramiento de la calidad de vida rural, créditos de bajo interés y tecnologías para el desarrollo de la agricultura20.

Se propone distribuir tierras ociosas, improductivas y aquellas incautadas a capos de las mafias entre la población pobre de Colombia21.

Se pide que se respeten los títulos coloniales de los indígenas y comunidades afro para ejercer su autonomía para rechazar los cultivos ilícitos22.

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5. Alternativas productivas y desarrollo social del territorio El Desarrollo rural debe tener enfoque diferenciado no solo en lo cultural sino en la diferenciación agroecológica por regiones23.

Para solventar el problema de la pobreza se deben generar mercados en que productos alternativos (caña, maíz, papa, artesanías) sean mejor remunerados24.

Igualmente se deben revisar los tratados de libre comercio25.

Algunos piden el desmonte del modelo extractivista y de monocultivos, incentivando la producción agrícola nacional26.

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Se propone la recuperación de semillas para los campesinos así como el uso adecuado de fuentes de agua con el fin de fortalecer las economías locales basadas en semillas y alimentos autóctonos27.

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Se propone la generación de micro-empresas para los campesinos y el desmonte del impuesto del 4x100028.

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La política agraria tiene que incluir: Fortalecimiento agrario sostenible y participativo: el diagnostico, las propuestas, implementación y evaluación de programas de sustitución tienen que ser consultados y concordados con las familias/comunidades; el rol de las organizaciones locales se tiene que potenciar por su capacidad técnica y de conocimiento específico de la región y sus características. Establecimiento de fondos sociales e incentivos económicos29.

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El agro necesita una gran inversión, incluso en el tema de la capacitación y acompañamiento técnico. Piden subsidiar los agro-insumos para los campesinos. Se propone inversión del gobierno en salud, electrificación, educación y vivienda digna para los sectores rurales30

6. Enfoque cultural y diferenciado de los cultivos de uso ilícito •

La mayoría de los participantes hacen énfasis en que se deben llamar cultivos de uso ilícito y no cultivos ilícitos31.

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Se propone generar campañas de educación y de medios para concientizar de que las plantas como la coca, la marihuana o la amapola no son malas, quienes son malos son los humanos que las manipulan (Hay clara distinción entre coca y cocaína, la coca tiene valor cultural, la cocaína tiene otros efectos negativos)32.

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Se propone tener en cuenta las distintas cosmovisiones presentes en el territorio colombiano para la elaboración de políticas públicas referentes al problema de drogas ilícitas. Entre ellas las de las comunidades indígenas que consideran que mediante los cultivos ilícitos se está hiriendo a la madre tierra y por ello se pagarán las consecuencias33.

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La cultura patriarcal y la cultura mañosa se unen para fortalecerse mutuamente en detrimento de los derechos de las mujeres34.

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Se propone la creación de programas culturales y artísticos para enseñar y propender por el consumo consiente35.

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Se propone acabar con la cultura mañosa creada por el narcotráfico36.

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Se propone concientizar a las juventudes de los daños que generan los cultivos ilícitos37.

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Se propone la generación de política integral de salud de prevención de consumo y disminución del daño considerando las diferencias étnicas, de edad y de sexo de los consumidores38.

7. Financiación •

Fortalecer las organizaciones en lo local y en lo regional39.

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Que las organizaciones sean objeto designación de recursos y que el desarrollo humano integral, los programas y recursos estén basados y orientados a la capacidad de las organizaciones locales40.

8. Perspectiva de género •

Se deben desarrollar estrategias dirigidas a transformar las situaciones de opresión de las mujeres garantizándoles acceso a tierras y un lugar en el mercado de productos41.

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Existe un déficit en la investigación respecto al lugar de las mujeres en el circuito de las drogas en donde se consideren las diferentes situaciones de las mujeres allí, bien sea como cultivadoras, distribuidoras o compañeras sentimentales de los capos de las mafias por lo que se propone el fortalecimiento de este tipo de investigación42.

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El valor del cuerpo de la mujer en el circuito de la droga se ha medido en la capacidad de resistir la carga de droga en los viajes. También se ha convertido el cuerpo de la mujer en objeto de satisfacción de los deseos de los capos de la droga, estilizándose, moldeándose y colonizándose los cuerpos de las mujeres. Se propone Generar campañas de educación y de medios para cambiar los imaginarios sobre el cuerpo de las mujeres y fortalecer la autonomía de la mujer43.

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Se proponen crear opciones de trabajo digno y sostenible a las mujeres vinculadas al micro-tráfico de drogas44.

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Se propone la revisión de las políticas carcelarias, para dar lugar a unas nuevas que den cuenta de la situación de las mujeres privadas de la libertad (y de sus familias), por delitos vinculados al narcotráfico en otros países45.

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Se pide también que se generen acciones encaminadas a resolver las problemáticas binacionales que afectan a las mujeres, violencia, abusos, encarcelamiento, etc.46

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Las asociaciones de mujeres solicitan que las Naciones Unidas convoquen a un foro específico para mujeres para revisar la problemática de los cultivos ilícitos y el conflicto desde su realidad particular.47

9. Otros •

Se propone reconocer y reparar a las comunidades, organizaciones e individuos que han sido víctimas de las políticas antidrogas, en especial a quienes han sido afectados en sus derechos a la alimentación y salud por las fumigaciones indiscriminadas48.

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Se pide reparación integral e inclusión en el registro de víctimas así como retorno a los territorios con garantías y vincular los planes de sustitución de cultivos ilícitos con la reparación de víctimas49.

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Se propone el establecimiento de veedurías nacionales e internacionales que verifiquen las políticas anti-drogas sean las más adecuadas a la realidad, las necesidades y particularidades de cada región y cada población50.

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Se pide trabajo y seguridad social para el adulto mayor en el campo51.

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Se pide que los campesinos sean tenidos en cuenta en la mesa de diálogos52.

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Se pide que sea considerado cómo La minería y las multinacionales mineras acaban con la economía y la subsistencia del campesino53.

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Los participantes de la mesa solicitan que se haga una socialización no sólo del informe sino de las relatorías. Ellos quieren revisar el documento final de la relatoría para verificar la información y aportar en su construcción54.

Consejería Chocaguan; Red de Colectivos de estudio en Pensamiento Latinoamericano (Red Cepela); Marcha Patriótica; CIMA-CNA; Concejo; Madres por la vida-Antioquia; Coordinación Nacional Desplazados-CND;.

Marcha Patriótica; ACVC; Coordinación Nacional Desplazados-CND. Asociación de Cabildos Indígenas Ukawesx Cxhab de Caldono; Consejería Chocaguan; Marcha Patriótica; CIMA-CNA. Ruta Pacífica; Red deColectivos de estudio en Pensamiento Latinoamericano (Red Cepela); Marcha Patriótica;Coordinación Nacional Desplazados-CND. CRIC. Ruta Pacífica; Consejería Chocaguan; CIMA-CNA; ASCAMCAT.

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Comité de Derechos Humanos.

8

Asociación de acuicultores del Caquetá.

9

Comité de Derechos Humanos.

10 Mujeres por la Paz; Red de Colectivos de estudio en Pensamiento Latinoamericano (Red Cepela); Marcha Patriótica; Red de Colectivos de estudio en Pensamiento Latinoamericano (Red Cepela); CIMA-CNA; Madres por la vida-Antioquia.

11 Ruta Pacífica; Asociación de Cabildos Indígenas Ukawesx Cxhab de Caldono.

12

Red de Colectivos de estudio en Pensamiento Latinoamericano (Red Cepela); Universidad Libre de Pereira.

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Ruta Pacífica.

14 Mujeres por la Paz. 15 Red de Colectivos de estudio en Pensamiento Latinoamericano (Red Cepela).

16 Madres por la vida-Antioguia.

17 Consejería Chocaguan.

18 Ruta Pacífica; Asociación de Cabildos Indígenas Ukawesx Cxhab de Caldono; Consejería Chocaguan; Marcha Patriótica, CIMA-CNA, ACVC. 19 Mujeres por la Paz. 20 Asociación de Cabildos Indígenas Ukawesx Cxhab de Caldono; ASCAMCAT; Asociación agropecuaria Lacti-Fruti; Junta de Acción Comunal-Cesar.

21 Mujeres por la Paz. 22 Asociación de Cabildos Indígenas Ukawesx Cxhab de Caldono; Red de Colectivos de estudio en Pensamiento Latinoamericano (Red Cepela).

23 Consejería Chocaguan y Asociación agropecuaria Lacti-Fruti.

24 Mujeres por la Paz, Asociación de acuicultores del Caquetá y ASCAMCAT. 25 Concejo 26 Red de Colectivos de estudio en Pensamiento Latinoamericano (Red Cepela).

27 Red de Colectivos de estudio en Pensamiento Latinoamericano (Red Cepela).

28 Asociación de Mujeres de Rioblanco y Asociación agropecuaria Lacti-Fruti.

29 Asociación de Mujeres de Rioblanco; Asociación de acuicultores del Caquetá; Marcha Patriótica; ASCAMCAT; Comité de Derechos Humanos; Junta de Acción Comunal-Cesar.

30 Colombia progresista, Concejo; Asociación agropecuaria Lacti-Fruti y Funbica.

31 Ruta Pacífica; Asociación de Cabildos Indígenas Ukawesx Cxhab de Caldono; Consejería Chocaguan; Asociación de acuicultores del Caquetá; Red de Colectivos de estudio en Pensamiento Latinoamericano (Red Cepela); Marcha Patriótica; CIMA-CNA; ASCAMCAT; Colombia progresista; ACVC; Concejo; Comité de Derechos Humanos; Madres por la vidaAntioquia; Redepaz; Asociación agropecuaria Lacti-Fruti; Junta de Acción Comunal-Cesar; Funbica; Universidad Libre de Pereira; Coordinación Nacional Desplazados-CND. 32 Asociación de Cabildos Indígenas Ukawesx Cxhab de Caldono; Asociación de acuicultores del Caquetá; CIMA-CNA. 33 Asociación de Cabildos Indígenas Ukawesx Cxhab de Caldono; Red de Colectivos de estudio en Pensamiento Latinoamericano (Red Cepela).

34 Mujeres por la Paz. 35 Red de Colectivos de estudio en Pensamiento Latinoamericano (Red Cepela) 36 Red de Colectivos de estudio en Pensamiento Latinoamericano (Red Cepela) y Colombia progresista.

37 Asociación de Mujeres de Rioblanco y CRIC. 38 Marcha Patriótica.

39 Asociación de acuicultores del Caquetá.

40 Asociación de acuicultores del Caquetá y Junta de Acción Comunal-Cesar.

41 Mujeres por la Paz. 42

Mujeres por la Paz.

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Mujeres por la Paz.

44 Mujeres por la Paz. 45

Mujeres por la Paz.

46 Mujeres por la Paz. 47 Mujeres por la Paz. 48 CIMA-CNA. 49 Coordinación Nacional Desplazados-CND. 50 Ruta Pacífica 51 Concejo.

52 Concejo.

53 Red de Colectivos de estudio en Pensamiento Latinoamericano (Red Cepela).

54 Ruta Pacífica; Asociación de Cabildos Indígenas Ukawesx Cxhab de Caldono; Consejería Chocaguan; Asociación de acuicultores del Caquetá; Red de Colectivos de estudio en Pensamiento Latinoamericano (Red Cepela); Marcha Patriótica; CIMA-CNA; ASCAMCAT; ACVC; Comité de Derechos Humanos; Asociación agropecuaria Lacti-Fruti; Junta de Acción Comunal-Cesar; Funbica; Universidad Libre de Pereira; Coordinación Nacional Desplazados-CND.

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Propuestas Ciudadanas Mesa Temรกtica 1 Grupo de trabajo 3

Ponencias

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FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS Bogotá, septiembre 24, 25 y 26 de 2013

"Las fumigaciones no sólo arrasan la coca, arrasan con todo, hasta las casas las fumigaron y eso líquido blanco... fumigaron hasta los estanques... Yo como mujer me sentía culpable por haber cultiva luego verlas montañas y todos los sembrados acabados, los árboles secos... Yo me preguntaba porq que pagar los árboles por las cosas que uno hace... pero yo pensaba si el gobierno antes de las fumi hubiera entrado a negociar con los campesinos, tal vez no hubiera sucedido eso... si el gobierno l preguntado a la gente qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan pues nos hubiéramos ahor eso..."

Testimonio de una mujer del Putumayo

Presentación La Ruta Pacífica de la Mujeres, es un movimiento de mujeres feminista, pacifista y antimilitarista que desde hace más de 16 años, con las casi 300 organizaciones que lo componen, se opone a la guerra y a la solución violenta de los conflictos. Dada nuestra presencia organizativa en diferentes regiones en donde los cultivos de uso ilícito son una alternativa de subsistencia para las comunidades, nos hemos dado a la tarea de avanzar en una reflexión alrededor de los impactos que la política antidrogas y los mismos cultivos, han generado en la vida y el cuerpo de las mujeres, así como el esbozo de algunas propuestas que las mujeres de estos territorios han planteado para avanzar en una propuesta integral de replanteamiento del problema y las soluciones que hasta ahora se han dado, y que aporte a la consolidación de la paz Nuestra preocupación frente a la Paz, se centra en la realidad que implican los cultivos de uso ilícito para el fortalecimiento de una economía para la guerra, promovida por los distintos actores armados cuyos intereses trascienden el marco de un proceso de negociación. Los cultivos de uso ilícito y la misma política antidrogas han sido en los últimos años, el motor del conflicto armado, con consecuencias nefastas no solo en términos de la militarización de los territorios, sino de cambios profundos en la institucionalidad colombiana que fue cooptada en muchas regiones por estructuras mafiosas, asociadas fundamentalmente al narcotráfico y al paramilitarismo. A través de la regulación del negocio de la coca, la administración de justicia y la intervención en la vida cotidiana de la población, los actores armados han logrado consolidarse en muchos territorios como autoridad y moldear un orden social a su albedrío.

No atender de manera inteligente este problema, puede socavar la construcción de la paz, la i

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legitimidad del Estado en distintos territorios, además de los efectos que ya mencionaremos en las mujeres, en la sociedad y el medio ambiente.

El problema y sus Impactos en la vida de las mujeres De acuerdo con Vargas (2008), mientras la principal fuente del valor agregado en la economía de las drogas se sitúa en el proceso de traslado de las drogas desde los lugares de producción a los sitios de comercialización y consiguientemente en los complejos y rápidos procesos de lavado de dineros, el mayor porcentaje de los esfuerzos antidrogas se sitúa en aquellas partes que se relacionan más con problemas socioeconómicos y de pobreza. Esta circunstancia ha hecho que se centren los esfuerzos de la política antidrogas y sus recursos económicos en el proceso de producción de los cultivos más que en el desmantelamiento de las estructuras de criminalidad organizada del narcotráfico, que han jugado un papel fundamental en la alianza con las élites políticas regionales para el manejo del Estado y de los territorios, afectando la autonomía de las comunidades.

La estrategia fundamental de la política antinarcóticos fue el Plan Colombia, implementada fundamentalmente en el sur del país, que contó con recursos de Estados Unidos por 1.3 millones de dólares, que convirtieron a Colombia en el tercer país en recibir mayor ayuda después de Israel y Egipto. El 74% de los recursos se asignó al fortalecimiento del Ejército y la Policía, así como al financiamiento de uno de sus componentes, conocido como "Iniciativa contra el narcotráfico", que enfatizó la erradicación de cultivos de uso ¡lícito, especialmente forzosa, por tres razones: "el vínculo existente entre la guerrilla y el narcotráfico, su fortalecimiento, y el lento desarrollo de las conversaciones de paz".1 El vínculo de la política antidrpgas con la política contrainsurgente contribuyó de manera sustancial a poner a los dampéámoi y campesinas, y a la población civil en el centro de las acciones militares del ejército y la policía.

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La situación de las mujeres que habitan en territorios de cultivo de uso ilícito no puede verse desligada de las condiciones históricas, su situación está atravesada por discriminaciones y subordinaciones ancestrales y por una cultura patriarcal que se agudiza en contextos de narcotráfico y guerra. La dinámica de los cultivos, asociada a la exacerbación del conflicto armado, el copamiento militar de los territorios por parte de todos los actores armados y las

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Mujeres, Coca y Guerra en el Bajo Putumayo. Grupo de Memoria Histórica. 2011

estrategias principales de la política antidroga que han girado en torno a la erradicación manual forzada y las fumigaciones, han generado diversos efectos sobre la vida y el cuerpo de las mujeres que se pueden resumir de la siguiente manera: • Constante presión y tensión por los requerimientos del contexto: Las mujeres y la familia se han convertido en un escenario de expresión de las fuertes tensiones generadas por la dinámica del conflicto armado, expresado no solamente en la ruptura de vínculos familiares por resentimientos profundos que surgen ante lo que se está viviendo, aislamiento de la familia, situaciones de desplazamiento o duelo por el asesinato de alguno de los integrantes familiares-, sino también por su instrumentalización por parte de los actores armados, tanto al margen de la ley como los que están establecidos institucionalmente. Las políticas implementadas refuerzan la situación anterior.

• Efectos en la salud mental de las mujeres: Las estructuras de control social instauradas por los actores armados han agudizado las manifestaciones de violencia intrafamiliar, de manera física y psicológica, introduciendo la amenaza como estrategia de control y debilitando la capacidad que la familia tiene para manejar directamente sus conflictos. Así a través de las normas que imponen, reproducen las identidades de género más tradicionales. La dinámica que ha traído consigo los cultivos de uso ilícito ha implicado la desestructuración de las relaciones sociales y familiares, reflejada en maltrato, golpizas, violaciones, amenazas, tortura, intento de homicidio, abandono y persecuciones que se encuentran narradas en diversos testimonios de mujeres que habitan los territorios en guerra y con cultivos de uso ¡lícito. Las transformaciones culturales en las zonas, generadas por el dinero derivado de los cultivos de uso ilícito y el contexto de militarización, impulsan valores agresivos, el menosprecio de la vida del otro(a) y la venganza.2 Las familias y las mujeres aparecen como unidades estratégicas para ejercer el control en las comunidades, pues los actores armados buscan una legitimación como autoridad resolviendo conflictos y aplicando sanciones, teniendo una directa influencia sobre la vida a privada, y por lo tanto, entablando un control social en la comunidad, que muchas veces pone en mayor estado de riesgo a las familias. Dicho control se ejerce a la vez por diferente grupos armados, provocando mayores niveles de violencia y autoritarismo. Igualmente, ejercen un estricto control del cuerpo y la sexualidad femenina, en especial en las mujeres

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Algunos testimonios del horror vividos por las mujeres, se encuentra en el documento "el espejismo de esas hojas" CIFISAM, UNICEF (2000)

jóvenes quienes son víctimas de múltiples manipulaciones por su vulnerabilidad socioeconómica y por su situación social de bajo estatus y poder.

• Efectos en el cuerpo de las mujeres: Es frecuente el asedio y abuso sexual al que son sometidas las mujeres jóvenes. Los actores armados ejercen control en la manera de vestir y comportarse de las mujeres. Igualmente, tienen injerencia en la forma de vivir y de asumir la masculinidad en los hombres de la zona. Así mismo las fumigaciones han generado enfermedades en la piel, abortos y malformaciones en recién nacidos.

• Efectos en la soberanía alimentaria de las comunidades y en el medio ambiente: Los efectos ocasionados por las fumigaciones a los cultivos alimenticios y a la flora en general, están poniendo en peligro las condiciones de seguridad alimentaria de la población, limitando la disponibilidad y acceso de los alimentos. Al destruir también los cultivos agrícolas, se limita el acceso a unos mínimos requerimientos nutricionales de autoabastecimiento familiar, también se limita el suministro de alimentos suficientes para distribuir y comercializar, repercutiendo en los bajos o nulos ingresos de las unidades familiares campesinas. Las mujeres soportan la presión cotidiana del hambre y la escasez de alimentos.

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• Efectos en cuanto al desplazamiento. El desplazamiento incide en las mujeres de manera particular, ya sea por una acción forzada de los actores armados o por las condiciones en las que quedan sus parcelas después de la fumigación. Los impactos del desplazamiento se dan mayoritariamente en la población de mujeres rurales. El trauma y la crisis las obliga a cambiar su existencia estable por una serie de circunstancias que las pone en una situación vulnerable, abiertamente desesperada, ya que significa una destrucción de su identidad social, relacionada con un cambio brusco en la forma en cómo dirigen sus vidas, pues dentro de sus comunidades de origen es normal que ellas pertenezcan al ámbito de lo privado, mientras que al hombre ya se le ha configurado en un espacio social y geográfico más amplio. ^^%

Nuestra Propuesta Las partes en la Habana deben avanzar hacia una propuesta integral que disminuya los impactos mencionados anteriormente para las mujeres rurales que habitan en zonas de cultivos de uso ilícito y en el campesinado en general, enfatizando en la legitimidad del Estado

a través de la presencia en inversión social y la profundización de la democracia. Para ello es necesario implementar planes específicos en los territorios afectados que tengan en cuenta:

1. La descriminalización de los campesinos/as y pequeños productores, pues son el eslabón más débil de la cadena3 y las decisiones de política deben estar más encaminadas al desarrollo alternativo que a la implementación de la fuerza. En el caso de los cultivadores de la coca y/o la amapola, el uso de la fuerza contra ellos/as, no se compadece con los orígenes y naturaleza del problema en este nivel de la cadena de producción, pues las decisiones de cultivar tienen una motivación de subsistencia y de carácter estructural. En este sentido, existe una compleja mezcla de condiciones socioeconómicas de los cultivadores, que no puede reducirse a una reflexión exclusivamente criminalizante. La militarización de la política antinarcóticos y su uso como estrategia contraguerrilla ubica al campesino/a como un enemigo interno, lo que contribuye a ampliar el paraguas de la ilegalidad y a minar la legitimidad del Estado.

Es responsabilidad del Estado asegurar y garantizar el derecho a la vida humana, animal y vegetal, a la integridad personal y a las condiciones de vida dignas de la población, por lo cual el Estado debe empezar a ejercer la soberanía sobre el planteamiento de las políticas, sobrepasar los intereses particulares y reconocer la naturaleza de la problemática, dando prioridad al tratamiento social de las comunidades vinculadas con la pequeña producción de la coca. Promover políticas incluyentes para todos los sectores de la población, que aboguen por soluciones pacificas, que rescaten la defensa de la vida e integridad de las comunidades, fortaleciendo el tejido social, empoderando a las mujeres y a las comunidades y promoviendo procesos reales de desarrollo regional en aras de generar un desarrollo humano sostenible.

Vale la pena señalar que según Uprimmy (2012), si bien la mayoría de las personas detenidas por droga no son mujeres, la mayoría de las mujeres reclusas en Colombia han perdido su libertad por temas relacionados con la producción y el transporte de drogas. Este dato refuerza entonces la tesis de que parece existir una feminización de los delitos relacionados con drogas.

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2. La No erradicación forzosa (Manual o por fumigaciones) que deberá ser sustituida por acuerdos y concertaciones con los productores/as de hoja de coca para la erradicación

3 Se calcula que el cultivo de la hoja de coca representa el 9% del valor agregado del total del negocio del narcotráfico; la transformación de la hoja de coca en pasta, representa el 5%; la transformación en cocaína el 15% del valor agregado del total del negocio y el tráfico de la cocaína el 71% .

gradual y voluntaria bajo circunstancias específicas. Además de generar impactos visibles en la salud de las mujeres y en los procesos de soberanía alimentaria, las fumigaciones no han generado disminución efectiva de los cultivos, pues los mismos se han desplazado hacia otros territorios, multiplicando los daños ambientales. En esta erradicación concertada, deben tenerse en cuenta las expectativas y demandas de las mujeres en cuanto un desarrollo que incluya sus propuestas y las dignifique en un desarrollo humano junto con su entorno y familia.

3. Implementación de acciones de Desarrollo Alternativo con la participación de la comunidad y de las mujeres, haciendo énfasis en el impulso a la soberanía alimentaria como una actividad fundamentalmente en manos de las mujeres y en el acceso de las mujeres a la tierra, al crédito y a la tecnología para la producción. Las pequeñas productoras no han tenido un verdadero acceso a los procesos de capacitación, transferencia tecnológica y créditos como población beneficiaría de los proyectos de desarrollo alternativo; en razón de que las mujeres tienen menor acceso que los hombres a la posesión de tierras; ía mayoría de parcelas en las que trabajan las mujeres están inscritas a nombre del esposo o compañero, considerados como jefes de familia y por ende beneficiarios en mayor grado de estos programas. A lo anterior se suma que. de acuerdo con Vargas (2002), los programas de desarrollo alternativo se han caracterizado por el esbozo de propósitos de corto plazo imposibles de cumplir, por una excesiva improvisación en su diseño y ejecución, la atomización y bajo impacto de los proyectos. La falta de rigor en el estudio del problema y la ausencia de planeación en su desarrollo, han terminado por degradar al desarrollo alternativo a la condición de subsidio complementario de las acciones de erradicación forzosa. Teniendo en cuenta lo anterior, los indicadores de evaluación de un programa de desarrollo alternativo, más que el número de hectáreas erradicadas, deben contemplar avances en indicadores sociales de bienestar para la comunidad y para las mujeres (acceso a la tierra, a educación, salud etc). Por supuesto, el desarrollo alternativo está ligado a profundas reformas en el sector rural que garanticen la sostenibilidad de las acciones de erradicación por la vía de mejores condiciones de vida para la población y para las mujeres campesinas.

4. Desmilitarización de los territorios y de la vida civil en las zonas donde se adelanten las estrategias de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo. Las llamadas zonas de consolidación en las cuales se activa la presencia estatal en territorios de guerra y cultivos de uso ilícito, han sido convertidas en territorios de amplia presencia de las Fuerzas Armadas y policiales que realizan acciones que debería ejecutar la institucionalidad civil. La experiencia de las organizaciones de mujeres es que a mayor presencia de grupos armados (legales e ilegales), mayor inseguridad y violencia contra las mujeres. Estas manifestaciones de la militarización, estas lógicas de guerra, tienen sus propias expresiones. Por eso, frente a la militarización del cuerpo, la vida y los territorios en los que viven las mujeres, se plantea la 6

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desmilitarización de la vida civil. A la propuesta de desmilitarización, va ligada la propuesta de fortalecimiento tanto del Estado como de la sociedad civil en las llamadas zonas de consolidación como en todo el territorio nacional: Es necesaria una mayor y cualificada institucionalidad civil en los territorios y también es necesario el fortalecimiento de las organizaciones.

5. En las zonas urbanas, el Estado debe generar políticas que den un tratamiento integral a la proliferación del microtráfico y sus consecuencias en el incremento de la criminalidad y la delincuencia. Estas políticas deben tender a políticas de educación, salud, inversión social y desarrollo para los y las jóvenes no terminen en poder de las mafias urbanas.

6. Veeduría nacional e internacional que haga seguimiento a la efectividad de la política. Tal y como se ha demostrado a lo largo de este documento, la política antinarcóticos implementada en nuestro país no se corresponde con la complejidad de la problemática, mientras se fumigan los territorios y con ellos la vida de los/as pobladoras, los narcotraficantes cualifican sus sistemas de producción y distribución. Mientras la política antinarcóticos se aplica desde el componente militar y de fumigaciones dejando poblaciones enteras en la total miseria, los narcotraficantes trasladan los cultivos a otras zonas del país e incluso a otros países sin afectarse realmente el negocio. Es necesario un acompañamiento internacional latinoamericano que haga seguimiento a una nueva política antidrogas que centre sus esfuerzos en el origen del problema y atendiendo cada parte del circuito en la dimensión que corresponde.

Rioblanco, 20 de Septiembre de 2013 ]

Directivos FORO NACIONAL DE LA MESA DE CONVERSACIÓN Para la terminación del Conflicto y la construcción de una paz Carrera 31 No. 22 C-69 Bogotá

REF: Presentación de la Propuesta para Sustitución de cultivos ilícitos.

MARÍA NELSY SÁNCHEZ SÁNCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía Número 28.901.332, residente en el Municipio de Rioblanco, departamento del Tolima, obrando en nombre propio, y de la Asociación de Mujeres de Rioblanco Asumopor, me permito someter a su consideración la propuesta denominado Programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y recuperación ambiental, para desarrollarlo en el municipio de Rioblanco, departamento del Tolima. Declaro así mismo que la propuesta contiene, seis (6) folios.

Cordialmente,

MARÍA NELSY SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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C.C 28.901.332co

Presentación Dada la problemática que enfrentamos los colombianos debido a la producción y comercialización de cultivos ilícitos en Colombia debido a la pobreza y falta de oportunidades de los colombianos se ven obligadas a recurrir a esta práctica ilegal para el sustento de sus familias, trayendo con ellas consecuencias como son problemas ambientales económico y social que actualmente está enfrentando el país.

La presente propuesta busca contribuir efectivamente a la solución del problema de los cultivos ilícitos mediante estrategias serias, mediante actividades pedagógicas, procesos estadísticos y finalmente y lo más importante proveer de recursos necesarios para sustituir el ¡lícito por un cultivo licito de buena calidad , bien remunerado que permita al campesino superar la pobreza, tener un trabajo digno que pueda vivir de él sin acudir a estos medios ilegales, además contribuir a la recuperación ambiental y económica que favorezca el establecimiento de una cobertura forestal, con múltiples beneficios ambientales, Justificación El problema de los cultivos ilícitos, ha generado para el país nocivas consecuencias sociales, económicas y ambientales, que se traducen en mayores índices de violencia. En este sentido, es responsabilidad del Gobierno Nacional, mantener el orden público a través del restablecimiento de las necesarias para lograr la consecución de la paz y la armonía de la convivencia ciudadana. Para contrarrestar los efectos de los cultivos ilícitos, el Gobierno Nacional ha venido estableciendo políticas de lucha contra el problema de las drogas ilícitas y el crimen organizado, la cual está orientada hacia la desarticulación de los procesos de producción, comercialización y consumo de drogas, promoviendo la erradicación forzosa y voluntaria de los cultivos ilícitos y la interdicción del narcotráfico. Considerando que la presencia de cultivos ilícitos sigue aún y que las políticas del gobierno no han sido efectivas en colocarle fin a este flagelo y en Colombia se sigue con el proceso de cultivos ilícitos , generando nocivas consecuencias sociales, que impiden la consecución de la paz por cuanto de ellos se derivan graves perturbaciones de orden público.

Está claro que el problema es más de fondo por lo que las soluciones deben de ser más efectivas, para ello se necesita de una voluntad política en establecer los medios, las estrategias y recursos necesarios para combatir no solo la erradicación y sustitución sino la pobreza, que es la causa de la guerra en Colombia; que el campesino tenga un trabajo digno una vivienda digna y suplida las necesidades básicas, además que se le garantizarle la comercialización de sus productos a buen precio.

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OBJETIVOS GENERAL Realizar un programa sistemático en cual se detecte el problema, se proporcione herramientas

pedagógicas,

económicas y se diseñe un

procedimiento que

coloque fin a la producción de cultivos ilícitos OBJETIVOS ESPECÍFICOS -Trabajo pedagógico a las familias campesinas en las consecuencias negativas que trae la siembra de cultivos ilícitos y el nuevo proceso de sustitución.

-Dar incentivo económico y establecer compromiso con el campesino por la erradicación de los cultivos ilícitos y proporcionar la siembra de productos agrícolas garantizando su comercialización.

-Adoptar el impuesto del 4x1000 e incrementar el presupuesto Nacional dirigido al agro y realizar transferencias correspondientes a los municipios - Incluir la política pública de sustitución de cultivos ilícitos dentro de los planes de desarrollo nacional y territorial reflejándolos en los presupuestos CONSECUENCIAS - Deforestación de bosques .También se afectan las cuencas hidrográficas.

-Desde el punto de vista socio-económico las poblaciones que se dedican a tales actividades se vuelven dependientes de ese cultivo y dejan actividades productivas de subsistencia.

-Destruir y eliminar por completo las plantas que sirven como materia prima de la explotación agrícola de un país y echará a perder el suelo de siembra -En la guerra contra la droga se utilizan químicos no selectivos para matar las ^

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plantas de coca, por lo tanto se empieza a dañar ecosistemas colindantes con las plantaciones (ejemplo el glifosato que usa Colombia para fumigar), además, son químicos persistentes, por lo que empieza a generarse una acumulación en los organismos acuáticos y terrestres del lugar (también hay muerte de aves). En cuanto al efecto que se tiene de estos químicos también afectan al hombre, ya que

se dispersa y afecta produciendo enfermedades de piel, cáncer y hasta malformaciones genéticas.

Estrategia 1 En primer lugar se hace un censo y dato estadístico de la cantidad de hectáreas sembradas de cultivo ilícito por cada familia en cada municipio, 2 Se les brinda asesoría o capacitación pedagógica a cada familia sobre las consecuencias ambientales, económica culturales y sociales que trae la siembra, producción y comercialización de los cultivos ilícitos, actividad adelantada por los profesionales contratados por cada municipio.

3. Posteriormente se llega a un compromiso serio y juramentado con cada familia de erradicar totalmente los cultivos ilícitos que se encuentre sembrados en su predio con una contraprestación económica valorado por hectáreas, dinero q se cancelara al momento de comprobarse no existir ni una mata de dicho cultivo acompañado de un seguimiento y control hasta de un año.

4. Luego provisionarle al agricultor gratuitamente abono y la semilla del producto q va a cultivar sustituyendo el ilícito, acompañándolo de una asistencia técnica durante el proceso de crecimiento y desarrollo del producto.

5. Cada ente territorial Garantizarle la comercialización del producto total a un precio que garantice ganancia al productor con el sostenimiento del valor del producto, si llegado el caso baja el precio del producto, el gobierno se compromete a darle en subsidio el excedente al valor inicialmente pactado.

6. Destinar el impuesto del 4 por mil destinado al sostenimiento del agro y los programas de erradicación de cultivos ilícitos y crear un fondo que permita realizar las trasferencias a los municipios para financiar los programas a la sustitución de cultivos ilícitos 7. Incrementar el presupuesto anual desinado para el agro 8. que los entes territoriales

incorporen dentro de los planes de desarrollo

políticas públicas y estrategias específicas a la sustitución de cultivos ilícitos 9. Diseñar sanciones ejemplares para los que una vez firme el compromiso con el gobierno en sustituir los cultivos ilícitos reincidan en seguir cultivando los mismos.

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10. Combatir significativamente a los consumidores de drogas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1. Tres meses realizando el censo y reconocimiento del número de familias y hectáreas de cultivos ilícitos sembrados. Apoyada con publicidad. .2. Dos meses para la asesoría pedagógica, creando conciencia en las consecuencias de sembrar cultivos ilícitos a las familias del municipio. .3. Seis meses para erradicar los cultivos ilícitos y firmar y hacer os compromisos bajo juramento. .4. Tres meses para proveer de abono y semilla incluida la siembra y asistencia técnica. .5. Tres meses para la comercialización, por parte del ente territorial PROCESO DE RETRO-ALIMENTACIÓN El Gobierno luego del estudiar y analizara el proceso que la familia

cumplo

satisfactoriamente un estímulo bien sea en dinero o abono, o Capacitación.

También se premiara al Municipio que entregue resultados positivos.

RECURSOS -Recaudo del Cuatro por Mil. -Asignación y Aumento del Presupuesto de cada Municipio dirigido al sector agropecuario..

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-Transferencias Nacionales a los entes territoriales para fortalecer el proceso de sustitución de cultivos ilícitos.

-Valor agregado de la mano de obra de los campesinos.

CONCLUCION Los cultivos ilícitos en Colombia se encuentran ubicados en regiones donde predominan las poblaciones campesinas e indígenas, con muy poca presencia estatal, bajo acceso a la educación y a la salud, en resumen, con bajos niveles de calidad de vida que ha conllevado a echar mano de estos cultivos porque si son rentables económicamente.

Por ello, esta propuesta es una alternativa a la erradicación definitiva de los cultivos ilícitos y la sustitución de los mismos además integra la recuperación del medio ambiente, sensibiliza al campesino y se fijan compromisos serios con el acompañamiento de la producción de diferentes productos comerciales.

Esperamos que esta propuesta estén dentro de los estudios analizados dentro de las mesas de diálogos en la habana con el objetivo de la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos y apoyo a todo el sector agropecuario

MARÍA NELSY SÁNCHEZ SÁNCHEZ C.C 28.901.332co

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POSICIÓN Y PROPUESTAS DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS CONSEJERÍA ZONAL Y COMUNIDADES DEL TERRITORIO ANCESTRAL DEL PUEBLO NASA DE CALDONO CAUCA

PRESENTADO A: TORO SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS"

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS UKAWESX NASA CXHAB DE CALDONO

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SEPTIEMBRE DE 2013

PRESENTACIÓN En el presente documento queremos muy precisa y concretamente poner en conocimiento de los participantes del Toro sobre la solución al problema de las drogas ilícitas'' la posición y propuestas que como indígenas que habitamos el terrítorío Ancestral del Pueblo Nasa Sa't Tama Klwe de Caldono vemos y, pensamos acerca del tema de los mal llamados cultivos ilícitos.

Contextualizamos las acciones que como comunidades y autoridades indígenas venimos realizando; las implicaciones que hemos tenido que asumir al ejercer el control y la defensa del territorio.

Así mismo fijamos unos puntos que consideramos fundamentales para que sean valorados y aplicados porque representan alternativas de solución a las causas que continúan alimentando el problema de las drogas y por ende el conflicto armado. Su implementación de seguro contribuye a la solución de las desigualdades sociales si de verdad se quiere alcanzar la tan anhelada paz.

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LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS La Asociación de Cabildos Ukawesx Nasa Cxhab, es una entidad de derecho público de carácter especial, reconocida mediante resolución 0062 de septiembre de 1997 por la dirección de asuntos indígenas del ministerio del interior hoy dirección de asuntos indígenas, Minorías y Rom. La Asociación de Cabildos está conformada por los resguardos indígenas de: San Lorenzo de Caidono, Pioya, Pueblo Nuevo, La Laguna Siberia, Las Mercedes y La Aguada San Antonio, al cual hemos denominado Territorio Ancestral del Pueblo Nasa Sa't Tama kiwe de Caidono" con jurisdicción en los Municipios de Caidono Silvia y Piendamó al nororiente del Departamento del Cauca.

Caidono Relaciones Espaciales

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CONTEXTO

Cabecera Municipal de Caldono. Foto: José María Poscué: Septiembre 2013.

El territorio ancestral del Pueblo Nasa de Caldono está conformado por una población de 34.000 habitantes de los cuales un 80% pertenece a la comunidad indígena del pueblo Nasa y un 20% en población, Misak, pastos y mestiza.

El principal sector económico es la agricultura, seguida del comercio, siendo sus principales renglones productivos el café, el fique, la mora, la caña panelera, la ganadería y cultivos de pancoger destinados a la seguridad alimentaria.

A pesar de que el territorio Sa't Tama kiwe se ha caracterizado por que sus comunidades y su población se dedican a una producción de tipo licito, el abandono estatal y la falta de inversión han provocado que las comunidades opten por acudir a la siembra de cultivos dándole un uso ilícito.

Estamos en un contexto en el que padecemos un conflicto armado, donde las victimas somos la población civil, sufrimos los señalamientos, tortura, asesinatos, reclutamiento, desaparición y desplazamiento forzado entre otras acciones por parte de actores armados de derecha e izquierda.

Estas acciones se sienten con mayor intensidad en aquellas regiones donde la producción de cultivos de uso ilícito es más aguda, sin embargo, por su ubicación geográfica estratégica en la margen izquierda de la cordillera central nuestro territorio y las comunidades hemos vivido los horrores de la guerra por la disputa territorial entre los actores del conflicto. Ante esta situación como pueblos indígenas siempre hemos manifestado nuestro rechazo a la misma y hemos realizado acciones de resistencia civil en defensa de la vida.

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LA PROBLEMÁTICA Hacia la década de los 80 y principios de los 90 la grave crisis que afecto el sector fiquero, hasta ese entonces el principal renglón económico de las familias indígenas, principalmente de la parte alta en las áreas de clima frío, obligó a buscar cultivos que le garantizara su supervivencia teniendo que recurrir a cultivos como la amapola.

Planta de amapola, archivo fotográfico José María Poscué. 2012.

Esto trajo graves repercusiones de tipo social dado la descomposición social que se empezaba acrecentar manifestado en el maltrato familiar, alcoholismo, asesinatos entre otros casos. A nivel ambiental la afectación de páramos, la tala de bosques nativos, el uso de plaguicidas y pesticidas, uso irracional del suelo, contaminación de fuentes hídricas por citar algunos de los problemas que día a día se presentaban y que llegaban a manos de las autoridades indígenas.

Igualmente cultivos como la coca se han producido milenariamente y se ha utilizado para la medicina tradicional contribuyendo ai bienestar de la comunidad. No obstante, algunas familias motivadas por personas extemas y debido a la escasas o nulas oportunidades de producción y comercialización de los cultivos legalmente aceptados, se ven obligados a cultivar y comercializar esta planta, dándole usos diferentes de los culturales, lo cual termina ocasionando desequilibrio y desarmonía en los territorios, sus comunidades y la sociedad en general.

La ausencia de políticas públicas por parte del estado hacia el sector agropecuario, además de la apertura económica y los TLCs han venido incrementando la problemática de los pequeños productores obligándolos a optar por cultivos aptos para transformarlos en drogas, lo cual trae consigo graves consecuencias hacia dentro y fuera de las comunidades.

El gobierno en su afán por responder a compromisos y demandas de países como EEUU ha ejecutado acciones como el plan Colombia, a través del cual recibió grandes cantidades de recursos que fueron utilizados para el equipamiento militar, con el propósito de acabar con cultivos como la coca y la amapola, mediante sistemas como son las fumigaciones y aspersiones aéreas. Este tipo de acciones en muchos casos y lugares del territorio nacional terminaron causando un enorme daño al medio ambiente y destruyendo un gran número de hectáreas de cultivos destinados a la alimentación de las poblaciones menos favorecidas que habitan estos territorios.

Ante la problemática antes descrita originada por la presencia de cultivos de uso ilícito, las autoridades indígenas en uso de sus facultades jurisdiccionales y territoriales, en ejercicio del control y defensa territorial han realizado y continúan realizando acciones para evitar la expansión de este tipo de cultivos talas raimo-

Político - administrativo: • •

Asambleas de análisis y toma de decisiones frente al tema.

Expedición de normatividad propia.

Operativo: •

Erradicación de cultivos con destino a uso ilícito. o Erradicación de 3 hectáreas de marihuana en el resguardo de Pioyá, vereda San Juanita año 2008. o Erradicación de 6 hectáreas de coca y destrucción de 80.000 plántulas de semilla en el resguardo de La Laguna - vereda el Caimito, octubre de 2012. o Erradicación de 1 hectárea de coca en la vereda Betania en el Resguardo de La Aguada, año 2009 o Erradicación de 1 hectárea de Marihuana en la vereda Betania Resguardo de La Aguada, noviembre 2008

•

Destrucción de laboratorios para el procesamiento de cocaína y heroína. o [Destrucción de un laboratorio para el procesamiento de cocaína en la vereda el Carmen, resguardo de Pioyá. o Destrucción de un laboratorio para el procesamiento de cocaína en el resguardo de La Aguada.

Control de ingreso de insumos para procesamiento. o Decomiso de insumos químicos para procesamiento en el resguardo indígena de Pioyá.

•

Educativo: •

Sesiones informativas y de reflexión sobre el tema.

Asumir y realizar este tipo de acciones ha traído un sinnúmero de problemas e implicaciones para las autoridades indígenas y la comunidad que ha participado en dichas actividades. Hemos sido víctimas de señalamientos, amenazas, persecuciones y se han presentado confrontaciones entre comunidades y propietarios de dichos cultivos, resultando heñdo personal de la comunidad y autoridades, debido a la reacción de los afectados de las decisiones y acciones comunitarias. Esto por su puesto ha colocado en un estado de zozobra e incertidumbre a las autoridades indígenas, sus familias y la comunidad. Sin embargo, consideramos que las directrices y mandatos son de estricta aplicación asumiendo los riesgos y las consecuencias que nos puedan acarrear, todo en pro de garantizar una convivencia pacífica en los territorios.

FRENTE A LA HOJA COCA COMO PLANTA SAGRADA Reiteramos una vez más, que nuestras comunidades por concepción seguirán cultivando con fines medicinales y culturales la sagrada planta de coca, dado que la tradición milenaria nos ha enseñado que es una planta mediante el cual nuestros The Walas (médicos tradicionales) establecen el relacionamiento con la naturaleza, brindando equilibrio y armonía, de igual manera permite que las familias gocen de buena salud. En tal sentido, rechazamos la satanización de la hoja de coca y sus campañas de desprestigio por parte del gobierno nacional y alentamos a nuestras comunidades a no perder la cultura.

i Hoja de coca medicina, foto Diana Mayerly Pequi R.

Para los pueblos indígenas, la madre tierra produce todo lo que sus hijos necesitan para tener larga vida y en abundancia. Por ello lo que realmente hace daño es la manipulación (combinación) y uso irresponsable que algunos seres humanos hacen sobre las propiedades naturales de plantas, animales y todo lo que existe.

NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS En consecuencia, pedimos al gobierno nacional que haya garantías para la aplicación de la jurisdicción especial indígena y el ejercicio del derecho propio, exigiendo a todos los actores generadores de violencia, el respeto a la vida y autodeterminación de los pueblos. Ello implica, la desmilitarización de ios territorios por parte de la fuerza pública y demás actores armados y el fortalecimiento de nuestras estructuras, entre ellas la guardia indígena como estrategia de control social y territorial, mediante el apoyo del gobierno a sus necesidades y requerimientos para el desarrollo de sus actividades.

Consideramos que la erradicación de cultivos de uso ilícito debe darse mediante procesos concertados, de tal manera que las comunidades sean parte activa de la solución del problema, donde la población, de acuerdo a las dinámicas locales, paulatinamente abandonen dichos cultivos. Este proceso lógicamente requiere que el gobierno nacional implemente políticas de acuerdo a las particularidades de los territorios para la atención diferencial, reconociendo nuestra dinámica y estructura organizativa, en este caso en el sector agropecuario brindando alternativas reales para que las familias puedan producir sus propios alimentos, garantizando la autonomía alimentaria.

a Trueque en Caldono, 19 septiembre 2013, archivo fotográfico José María Poscué.

De igual manera, garantizar las condiciones de acceso a la tierra apta para la producción agropecuaria; financiación, ya sea a través de subsidios o sistema de créditos a bajos intereses, de tal manera que sean favorables para los

pequeños productores, en especial (as comunidades indígenas; sistemas de infraestructura que permitan que la producción acceda a los diferentes mercados de manera oportuna, en óptimas condiciones y presentaciones como los demanda el resto de la población. Esto significa que desde los pequeños productores se genere valor agregado que representa mayores ingresos para sus familias.

Sin embargo, para lograr realmente una paz estable y duradera es necesario replantear los problemas de fondo que afectan no solo el campo colombiano, sino que son la causa de muchos de los problemas que padece nuestro país.

Uno de los problemas son el modelo económico neoliberal que ha conllevado a la firma desmedida y desmesurada de TLCs que han arruinado el campo colombiano y otros sectores económicos dándole prelación al capital extranjero. Por ello, se requiere necesariamente la derogación de estos tratados y la construcción de unas políticas participativas con todos los sectores y actores del país que recoja y reconozca el sentir del pueblo.

En nuestro caso, hemos logrado en gran medida ejercer control territorial frente a la producción y tráfico de narcóticos, evitando su proliferación y expansión y las consecuencias que ello acarrea. Sin embargo, demandamos del gobierno nacional una pronta y eficiente retribución a este ejercicio, ya que como organizaciones indígenas no contamos con los medios y recursos para brindarles alternativas a las familias. Por tal razón, es urgente cumplir los acuerdos pactados con los pueblos indígenas del Cauca y en particular los compromisos en el tema de tierras con las comunidades indígenas de Caldono (acuerdo 16 de diciembre de 2005 en el Japio), estimadas en 10.000 hectáreas de las cuales hasta la fecha no se han entregado ni siquiera 1.000. De igual manera, realizar inversión social en los diferentes campos en nuestro territorio en aras de mejorar las condiciones de vida de la población.

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Niño nasa, resguardo de Caldono, archivo fotográfico de Lucelly Menza, 2010.

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NIT 828-000.199-0.

DOCUMENTO PROPUESTA CHOCAGUAN FORO NACIONAL DROGAS. Septiembre 24-26 del 2013.

"CHOCAGUAN UNA OPCIÓN DE VIDA EN CONTRA DE LA CORRIENTE" Elaborado Por: RODRIGO VELAIDEZ MUÑETON. I.A - Consejero Chocaguan.

1. PRESENTACIÓN.

El Comité de Cacaoteros de Remolino del caguán y Suncillas, es una asociación de productores campesinos de cacao, ubicados en la Inspección de Policía de Remolino del caguán, municipio de Cartagena del Chaira, Caquetá en el sur del país, que ha venido construyendo su propia manera de actuaren medio del conflicto y ha logrado concertar con sus asociados la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de hoja de coca por otras opciones productivas legales como la ganadería sostenible, la agroforesteria con cacao, caucho, maderables y frutales amazónicos.

El proceso de la organización campesina del Bajo caguán, iniciado en los primeros años de los noventa y fomentada por el sacerdote italiano de la consolata Jacinto Franzoi, ha pasado por varios altibajos, producto de los vaivenes del conflicto histórico que se ha presentado en la región, pero a pesar de las dificultades y obstáculos la asociación ha logrado reconocimientos como el otorgamiento del premio Nacional de Paz del 2004, y la consolidación del proceso productivo de transformación de cacao, hasta el mérito de estar desarrollando 2 proyectos de investigación auspiciados por Colciencias en concertación con la Universidad de la Amazonia.

En el municipio de Cartagena del Chaira, en Caquetá, se han llevado a cabo diversas estrategias de desarrollo alternativo como parte de la estructura del Plan Colombia, contexto en el cual se han ensayado diferentes modelos de política y que han conformado un acumulado de experiencias, muchas de las cuales se han convertido en aprendizajes para la redefinición de las mismas políticas en otras regiones del país.

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Producto de estos aprendizajes, las comunidades campesinas del bajo caguán aglutinadas en La Asociación de Juntas de Acción Comunal, Asoes y Chocaguan, han venido construyendo opciones alternativas de desarrollo con enfoque participativo y amazónico obteniéndose resultados positivos que han logrado anclar líneas productivas como la ganadería sostenible con la transformación de la leche y los procesos de manejo ambiental de los sistemas agroforestales con cacao; Chocaguan quiere compartir las lecciones aprendidas de su proceso autónomo de desarrollo alternativo basado en la producción, transformación y comercialización del cultivo del Cacao.

2. IMPACTOS DE LAS POLÍTICAS ANTIDROGAS EN LA REGIÓN.

El fenómeno de las drogas se ha presentado en la región del Bajo caguán desde finales de la década de los 70, época en la cual se iniciaba la producción para la comercialización de las variedades pajarita y peruana, siendo una de las zonas pioneras de este fenómeno; durante todos estos años el impacto de las políticas antidrogas se ha manifestado de diferentes manera y formas, todas ellas con efectos negativos sobre el entorno amazónico y los habitantes de esta región.

Las políticas antidrogas han creado y siguen produciendo conjuntamente con el narcotráfico graves daños a las diferentes regiones en donde se produce los cultivos de uso ¡lícito como la Coca, Marihuana, Amapola, incrementándose nuevos factores de violencia, contaminación ambiental sobre todo en fuentes de agua y perdida de biodiversidad por las talas del bosque primario, deslegitimación del estado, pérdida de autonomía de las comunidades rurales, continuas violaciones a los derechos fundamentales de la población más vulnerable.

Otro de los problemas derivados es la producción de Monocultivos de coca, amapola y marihuana, en la región amazónica y en especial en el Bajo caguán ha sido la generación de condiciones frágiles social económica y ambientalmente, con consecuencias graves sobre la seguridad y soberanía alimentaria, el mal uso de la biodiversidad, la perdida de las culturas indígenas de la región y distorsionando los procesos de ocupación de la amazonia convirtiendo a los productores en objetivos del conflicto de manera injusta.

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En Conclusión, la aplicación de la política de guerra a las drogas, dirigida contra ios cultivos declarados ilícitos, que combina acciones de fumigación aérea indiscriminadas de químicos y los operativos de fuerza en la tierra tanto con la erradicación manual forzada como con la presencia policial y militar, genera múltiples desordenes económicos y sociales en las regiones productoras que se traducen en situaciones de conflicto y de crisis integral para su habitantes, inclusive afecta iniciativas de desarrolloaltemativo local por el carácter indiscriminado con que se hace como ha sucedido en la región del Bajo Caguán, en el Caquetá.

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3. PROPUESTAS ALTERNATIVAS DERIVADAS APRENDIDAS DE LA EXPERIENCIA.

DE

LAS

LECCIONES

En la región del caguán el tratamiento que históricamente se le ha dado a la problemática de los cultivos de hoja de coca con finés ¡legales ha sido el de control con las medidas de fumigación y presencia militar y la aplicación de la ley, cuando el papel del estado debería situarse de modo prioritario en el de promotor del desarrollo humano garantizando derechos fundamentales; igualmente la reducción de los cultivos de coca debe de ser una consecuencia del desarrollo integral rural, que garantice el derecho al acceso y uso de la tierra por parte de los pequeños agricultores y el respeto a la autonomía de los territorios colectivos y campesinos.

El Comité de Cacaoteros de Remolino del caguán y Suncillas - CHOCAGUAN como una expresión del desarrollo alternativo en zona de producción de cultivos declarados ilícitos, y producto de su experiencia durante-18 años de trabajo, comparte las lecciones aprendidas de cómo implementar, retroalimentar y orientar acciones participativas y concertadas en la ruta de generar desarrollo con autonomía en zonas de conflicto.

Lecciones aprendidas del Desarrollo alternativo.

A - Debe de haber una Inspiración motivadora que parta de la realidad local que responda a satisfacer necesidades integrales y a cumplir sueños de una comunidad y que pueda mantenerse en el tiempo.

B * - Toda propuesta de Desarrollo Alternativo debe contemplar desde su inicio la Participación y negociación de la organización de productores campesinos en el Diagnostico - Formulación - Estructuración - Implementación - Evaluación para que la apuesta sea de beneficio colectivo.

C - La Política, Programas y Proyectos de Desarrollo Alternativo deben tener en cuenta los acumulados y experiencias tradicionales, practicas amigables con el entorno ambiental, ¡ experiencias productivas locales desarrolladas por las familias campesinas y no solo en la visión productivista y rentabilista de la actividad productiva.

D - Las propuestas de Desarrollo Alternativo deben contemplar una visión de desarrollo Rural Integrado, priorizando inversiones en la Formación del capital Social, tanto en lo organizativo como en lo gremial; contemplando la visión de cadena en: -

-

Lo productivo: capacitación integral y acompañamiento técnicoImplementación, seguimiento y evaluación de procesos de certificación orgánica, Fio Traide, rainfórest y otros para generar valor agregado a la producción agropecuaria.

Aprovechamiento y transformación de los productos agropecuarios para generar valor agregado con Infraestructura y maquinaria apropiada.

4

Garantía de comercialización justa y equitativa con planes de negocio y marketing, priorizando denominaciones de origen, registros de marca y de territorio.

E - Las propuestas de Desarrollo alternativo deben tener operadores y entidades administrativas que cumplan los siguientes requerimientos: -

-

Conocimiento y experiencia práctica en el territorio y sus dinámicas.

Deben de evitar la burocratización, que genera excesiva tramitologia y requisitos en las inversiones y ejecución.

Que dispongan de mayor eficiencia y eficacia en el gastó.

Priorizar y promover la formación pata dejar capacidad instalada con las organizaciones beneficiarías.

F - Las propuestas de Desarrollo Alternativo deben partir de la Planeación estratégica del territorio teniendo en cuenta lo siguiente: -

Articular a la propuesta de manera efectiva a los planes de Desarrollo regional y el POT. Realizar inversiones complementarias en infraestructura, social y cultural.

Formar y capacitar el recurso humano local.

Los Derechos humanos deben ser un eje transversal que logré prevenir y mitigar los impactos del conflicto en las regiones.

OTRAS PROPUESTAS.

I

Los Programas y proyectos de Desarrollo alternativo deben de tener enfoque diferenciado para aplicarlos con comunidades afros, indígenas y campesinos para generar verdaderas opciones de desarrollo rural integral.

Es necesario e inaplazable la suspensión de las fumigaciones aéreas con químicos y la erradicación manual forzada para garantizar la construcción de reales propuestas concertadas con las comunidades afectadas por el fenómeno de las drogas.

Es fundamental suspender los procesos de judiciaüzacióndev pequeños productores y no seguir criminalizando a las familias campesinas que producen hoja de coca como subsistencia para construir programas y proyectos justos para las familias.

Promover la investigación científica dé la hoja de coca y el. desarrollo Agroindustrial para elaborar alimentos de calidad, producir bioabonos, fibras, energía, en las regiones que sean viables agroecológica y culturalmente con el apoyo del estado y la comunidad internacional.

Hacer énfasis en el abordaje de la problemática de las drogas con elementos y enfoque de derechos humanos que permita iniciar acciones corno el desminado

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humanitario y el respeto al DIH como condición inicial para generar el desarrollo alternativo.

Realizar una actualización desde las regiones de las dinámicas y cambios que han ocurrido con la producción de los cultivos declarados ilícitos con el fin de ver las características homogéneas y heterogéneas del comportamiento del fenómeno de las drogas.

Conformar, de manera concertada y dinamizar una mesa nacional de productores de los cultivos declarados ilícitos (Coca, Marihuana, Amapola), con articulación en RED que permita la retroal¡mentación propositiva para la superación d ela problemática, con el apoyo de expertos nacionales e internacionales del tema.

4

mujeres por la Foro "Solución al problema de drogas ilícitas" Bogotá D.C. 24, 25 y 26 de septiembre de 2013 "La realidad sólo puede responder si se le interroga" (Bourdieu, 2001: 55) Introducción El Foro"Solución al problema de drogas ilícitas",organizado por Naciones Unidas y la Universidad Nacional, en el marco de la mesa de Diálogo entre el Gobierno colombiano y la insurgencia de las FARC-EP, es una oportunidad para develar la crítica situación de las mujeres en el compiejo negocio globalde las drogas ilícitas, "compuesto por una cadena eslabonada de cultivadores, procesadores,transportistas, caleteros, comercializadores al por mayor y al por menor, lavadores de activos yconsumidores" (Puyana Aura María, 2013; 23). La vinculación de las mujeres a este complejo negocio está signada por las históricas relaciones de opresión y subordinación, las injusticias y fas exclusiones sociales y culturales que ellas viven en el país.

En la agenda pactada para el diálogo entre gobierno e insurgencia, se plantea el tema de las drogas haciendo énfasis en: "1)' Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos; 2) Programas de prevención del consumo y salud pública y 3). Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos'' (Gobierno de Colombia-FARC-EP— , "Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una pazestable y duradera"), temas que se encuentran en íntima relación con la distribución de la tierra y su uso injusto, con la globalización del negocio de las drogas, con la trata de personas y con la relación de la economía legal con la ilegal; entre otros. Sin lugar a dudas encontrar salidas para superar los problemas estructurales del agro colombiano, enfrentar la mafias internacionales en un marco de respeto a los derechos humanos y formular políticas que den cuenta de la situación de injusticia, opresión y subordinación que viven las mujeres.es una de las garantías que permitirá poner fin al conflicto armado y construir una paz estable y duradera.

De acuerdo a la Oficina de Naciones contra las drogas y el delito —UNODC—, el "consumo mundial de drogas ilícitas se mantuvo estable durante cinco años hasta finales de 2010 entre el 3,4% y el 6,6% de la población adulta (personas de 15 a 64 años). Sin embargo, entre un 10% y un 13% de los usuarios de drogas, siguen siendo consumidores problemáticos con drogodependencia y/o trastornos

mujeres pona relacionados con el consumo de drogas; la prevalencia del VIH (estimada en aproximadamente un 20%), la hepatitis C (46,7%) y la hepatitis B (14,6%) entre los usuarios que se inyectan la droga, continúa sumándose a la carga mundial de morbilidad; y, por último, pero no por ello menos importante, aproximadamente una de cada 100 muertes de adultos se debe al consumo de drogas ilícitas" (UNODC; 2013:13).

En lo relacionado con la política de guerra a las drogas liderada por los Estados Unidos, las "investigaciones basadas en evidencias, muestran cada vez más claramente que las políticas de drogas están teniendo impactos negativos en los derechos humanos en la región. Por una parte, las políticas represivas tienden a vulnerar de manera directa los derechos humanos de miles de personas, en especial de aquellas que son judicializadas, muchas veces sin el cumplimiento de garantías penales básicas, y de quienes son enviados a la cárcel, pues suelen enfrentar condiciones infrahumanas, como las asociadas con el hacinamiento.

Estas políticas tienden a tener impactos desproporcionados en ciertos grupos, especialmente vulnerables, y por esa vía, reproducen la discriminación y terminan vulnerando derechos fundamentales" (CARTA ABIERTA A LOS GOBIERNOS DE LA OEA, presentes en la Asamblea General de la OEA; Antigua Guatemala, Junio de 2013).

Por lo demás, "las políticas prohibicionistas han colaborado en la formación de organizaciones armadas dedicadas a actividades criminales entre las que se destaca el tráfico de drogas, y que producen fenómenos de violencia importantes y por esta vía afectan los derechos de las personas en las Américas. Dado que la violencia es la forma primordial de regulación de los mercados ilegales, el tráfico de sustancias prohibidas está necesariamente acompañado por el tráfico de armas, de las peleas por los territorios, la corrupción y socavamiento de las instituciones democráticas, especialmente las policías, la justicia y las instituciones de gobierno. La revisión del paradigma de la 'guerra contra las drogas' debe ser vista como parte de una iniciativa para la reducción de la violencia"(CARTA ABIERTA A LOS GOBIERNOS DE LA OEA, presentes en la Asamblea General de la OEA; Antigua Guatemala, Junio de 2013).

El ciclo de producción, distribución, comercialización y consumo de narcóticos se ha expandido en el país en el contexto de viejas y nuevas injusticias y exclusiones "Aunque sirve como una economía de supervivencia y ofrece una red de seguridad para muchos, el dinámico mercado ilícito, así como también la misma guerra contra las drogas que se realiza en su contra, ha aumentado los problemas del campo, ha estimulado losconflictos, la violencia, el despojo, el desplazamiento de población y el malestar social" (Armenta Amira; 2013; 1).

En Colombia, "el comercioilegal de drogas y las inversiones ilícitas,entre otros factores, han provocado unacontrarreforma agraria (concentración déla tierra) dando lugar a un deterioro de lascondiciones de vida en muchas zonasrurales del país. La consolidación de la pazen las zonas afectadas requerirá de unapolítica rural que aborde esta situación yresuelva los problemas generados por

mujeres pona laeconomía ilegal y las medidas represivasaplicadas en el país"- (Armenta Amira; 2013; 1).

En el país son escasas las investigaciones acerca de la cruenta realidad que enfrentan las mujeres como trabajadoras en los cultivos de la coca o la amapola o como trabajadoras domésticas en las plantaciones; como "muías" en el ámbito nacional o internacional; distribuidoras del micro-tráfico o prostitutas al servicio de los grandes capos o de los recolectores; consumidoras y/o presas en las cárceles por Ley 30. Asimismo, es en las mujeres que recaen las decisiones de los varones de las familias para vincularse a algunos de los ciclos del negocio de las drogas ilícitas, son ellas las que enfrentan la sanción social, los costos afectivos y materiales por la ausencia del padre, el hermano, el hijo o el compañero y son también ellas las que visitan en las cárceles a sus seres queridos y acompañan a sus hijas/os, compañeros o hermanas/os adictos.

Mujeres por la Paz, desea aportar en el contexto del Foro "Solución al problema de drogas ilícitas", algunas reflexiones que contribuyan a situar a las mujeres como sujetos de derechos en el complejo y entramado negocio de las drogas ilícitas. En el documento se plantean algunos aspectos generales referidos a los temas propuestos en la agenda pactada entre gobierno y se formulan propuestas que tengan en cuenta a las mujeres en la solución del problema de las drogas ilícitas.

1. Las mujeres en el complejo circuito de las drogas ilícitas La cultura patriarcal y la cultura del narcotráfico se entretejen y se fortalecen a través de prácticas, imaginarios y se consolidan relaciones de opresión, subordinación e injusticias que viven las mujeres colombianas. El cuerpo de las mujeres entra en el ciclo de la producción, distribución, comercio y consumo como un objeto material y sexual con el cual se puede comerciar, explotar, vender o intercambiar en un marco de relaciones políticas, sociales y económicas.

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Como lo hemos afirmado anteriormente, existe un déficit de investigación que analice y dé elementos que permitan enfrenar la situación de las mujeres en el complejo circuito de las drogas ilícitas. No es nuestra postura considerar que las mujeres vinculadas a este circuito lo hacen carentes de decisiones, son diversas las motivaciones y diversas las formas de vinculación; por ejemplo, no es la misma situación la de las mujeres que se encuentran articuladas al ciclo del cultivo, generalmente mujeres campesinas, que la de quienes se vinculan a la distribución o al micro-tráfico o la situación de las esposas, novias o amantes de los grandes capos, de los cultivadores o los distribuidores o la situación de las mujeres privadas de la libertad por infracción a la Ley 30, por ejemplo entre el 2003 y 2010 del total de mujeres en las cárceles en el país, entre el 45% y el 48% estaban por delitos tipificados en dicha Ley. El riesgo de participar en las dinámicas del ciclo de las drogas ilícitas, "es inmanente y emerge una complicidad que debe ponerse en claro, a todas luces, el

mujeres por la narcotráfico ofrece unas características que resultan atractivas y que permiten atraer a hombres y mujeres al interior de sus filas, y así, esas mujeres se enrolan en estas esferas atraídas por unas cualidades que ven en la cultura narco, y que las coloca en un terreno pantanoso, donde la lealtad, la fidelidad, la riqueza, la belleza e incluso el derecho de admisión, simplemente, se paga con la vida" (Mata Navarro Itzelin; 2013:137).

El cuerpo de las mujeres en el escenario del ciclo de las drogas ilícitas El cuerpo de las mujeres en el ciclo de las drogas ilícitas es utilizado de variadas maneras como herramienta para ascender socialmente, como mensaje de amenaza para quienes desafían la "disciplina o no son leales" a los capos;"ha servido como dispositivo para traficar con drogas, principalmente, heroína, donde el valor de su cuerpo se mide por la capacidad de resistir el viaje hacia el destino final de la droga y la cantidad de droga que pueda llevar. Aquí la creencia que se tenía era que a las mujeres se les requisaba menos, pero con el paso del tiempo (y de las mujeres llevando droga) se intensificaron los controles sobre el cuerpo de la mujer como dispositivo sospechoso para los controles de aduanas." (La Silla Vacía, 2012).

Pero también, el cuerpo de la mujer como objeto de deseo, objeto utilizado para reforzar, recrear y transmitir estereotipos acerca de ellas. Mujeres a la medida de ios deseos de los capos de la droga, intervenidas estéticamente, imagen que es vendida como el ideal de mujer para ascender socialmente y para "lograr" ser amada. Esta imagen de mujer es difundida a través de la música, las telenovelas, los narcocorridos, la literatura y el cine. La telenovela colombiana "Sin tetas no hay paraíso" (Bolívar Moreno, 2006), ampliamente difundida en varios países, es ejemplo de la imagen de mujer que le es útil al patriarcado y al negocio de las drogas. Las mujeres de los capos son mostradas como títeres a su servicio, sin capacidad de decidir y sin autonomía. A través de prácticas recrean una estética corporal femenina que dista de ser la realidad de la inmensa mayoría de mujeres.

La estética femenina impuesta por la cultura del narcotráfico en lo nacional e internacional refuerza la colonización del cuerpo de las mujeres y la sexualidad de ellas puesta al servicio de los deseos de los varones con poder o sin poder en la estructura del negocio de las drogas ilícitas.

En el complejo circuito de las drogas ilícitas se reproducen no solo las relaciones de poder y subordinación entre mujeres y varones sino también las relaciones de explotación económica. Existe el cuerpo de mujer que contribuye al cultivo y procesamiento inicial de las drogas ilícitas, ese cuerpo de mujer se vincula al ciclo en la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellas y su familia; el cuerpo de la "muía" que generalmente son mujeres sin oportunidades de desarrollo pleno de sus capacidades y que no encontraron otro horizonte para su vida; el cuerpo de las amantes, esposas, hijas y herederas de las fortunas de los capos. En este ciclo de vinculación de los cuerpos de las mujeres se reproduce la pirámide social: entre mayor capital económico, cultural y corporal se ocupara un lugar más cercano a los capos de alto rango(Mata Navarro Itzelin; 2013: 133).En cambio a

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mujeres pona menor capital económico, cultural y corporal, las mujeres serán más bien carne de cañón, carnada para defender el campo del narcotráfico (Mata Navarro Itzelin; 2013:134), por eso es que las "muías"; las prostitutas o las mujeres vinculadas al micro-tráfico serán el eslabón más débil de la cadena y sufren con mayor rigor la violencia y la aplicación de la ley.

II. Propuestas La política para la solución de las drogas ilícitas debe partir de: a) Las investigaciones científicas que dan cuenta de las estrategias exitosas y las que no lo son, superando las visiones moralistas o los intereses ideológicos de ciertos sectores de las élites nacionales y transnacionales; b) las diferencias en las características y usos de cada una de las sustancias; c) el respeto a las diferencias sociocuíturales y a las tradiciones de sustancias utilizadas por las comunidades indígenas en rituales y prácticas comunitarias y que hacen parte de su ancestral cultura; d) minimizar el daño en las/os consumidoras/es y en el medio ambiente; e) el respeto a los derechos humanos y la aplicación de la justicia basada en el principio de la proporcionalidad, no se puede continuar en la lógica que paga más pena por Ley 30 una mujer que sirve de "muía" que un capo de las drogas ilícitas; g) superar las acciones centradas en la fuerza y la represión por políticas basadas en la concertación y la participación ciudadana con participación paritaria para las mujeres y decidir acerca "si la erradicación sigue siendo una condición previa para la validez del desarrollo alternativo. La erradicación debe ser un proceso gradual y voluntario, y hacer parte de los acuerdos alcanzados con las comunidades que desean alternativas legales" (Armenta Amira; 2013:3), h) acciones y políticas que mejoren las condiciones de vida de las mujeres y hombres vinculadas/os al cultivo, procesamiento, distribución y micro-tráfico de las drogas ilícitas; i) examinar la asistencia y la cooperación internacional que presiona al país privilegiando los intereses de las élites nacionales y trasnacionales en detrimento de los intereses de campesinas/os y del medio ambiente.

Teniendo como base los puntos anteriores,Mujeres por la Paz, propone: ^

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Formulación y puesta en marcha de una política de desarrollo agrario que esté dirigida a superar los problemas estructurales de la tenencia y uso de la tierra. La política debe estar orientada a transformar las históricas relaciones de opresión y subordinación de las mujeres y garantizar para ellas propiedad sobre la tierra y condiciones económicas para la producción, distribución y comercialización de lo que producen.

Las reformas estructurales que urge el sector agrario deben tener como uno de sus pilares, redistribuir las tierras ociosas, improductivas e incautadas a los capos de las drogas entre campesinas/os e indígenas desposeídas/os, y

mujeres por la restituir los predios adquiridos a través del despojo, la ilegalidad o la fuerza a sus antiguas/os propietarias/os garantizándoles la seguridad y la implementación de proyectos productivos sostenibles basados en la concertación, la solidaridad, la diversificación productiva, la competitividad y la seguridad y soberanía alimentaría. Las reformas deben incluir acciones positivas a favor de las mujeres que permitan transformar las ancestrales injusticias que ellas viven; acciones como crédito blando; asistencia técnica, asistencia jurídica.

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Impulso y puesta en marcha de políticas queestén dirigidas a desestimular la vinculación de las poblaciones rurales al cultivo y procesamiento de drogas ilícitas vía de generación de opciones económicas viables y sostenibles.

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Legalización de cultivos coca, amapola para uso medicinal, alimenticio e industrial en un mercado regulado por el Estado. Regulación del cannabis para uso recreativo, medicinal e industrial. En la actualidad existe suficiente evidencia que "mantener la prohibición del cannabis junto con las demás sustancias resulta contraproducente. La marihuana es la droga más consumida hoy en el mundo y su comercialización en manos de grupos organizados del crimen, afecta a una gran cantidad de usuarios, poniéndolos en riesgo dada la oferta de otras sustancias más nocivas contexto en el que busca crear un mercado cautivo para las drogas" (Vargas Meza, Ricardo; 2013:20).

El Estado colombiano debe llevar a cabo una amplia y participativa consulta tendiente a la reforma del Código Penal y las normativas acerca de los estupefacientes, que permita distinguir los componentes criminales y socioculturales de la producción, distribución y comercio de las drogas ilícitas, "proporcionalidad penal, reducción del daño y descriminalización de productores/as y consumidoras/es" (Puyana Aura María; 2013:37).

Diseño y puesta en marcha de una política integral de salud fundamentada en el respeto a los derechos humanos, que prevenga el consumo, reduzca el daño, tenga en cuenta las diferencias regionales, culturales, económicas, étnicas, por edad y sexo del consumo de las drogas ilícitas, brinde atención diferencial a mujeres, varones, adolescentes y fortalezca a las comunidades y familias.

•

Diseño y puesta en marcha de una política que integre el sector educativo, la salud, la cultura, los medios de comunicación, las TIC y el deporte, dirigida a transformar los imaginarios y las valoraciones acerca del cuerpo de las mujeres y fortalecer las campañas y acciones que contribuyan a la autonomía de las mujeres y estilos de vida saludables.

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mujeres pona Diseño y puesta en marcha de acciones que brinden oportunidades de trabajo digno y sostenible a las mujeres vinculadas al micro-tráfico de las drogas ilícitas. Esta política debe ir acompañada de acciones de entrenamiento laboral, resocialización, desmantelamiento de las redes de micro-tráfico y ollas de consumo.

Revisión y puesta en marcha de una política carcelaria que dé cuenta de la situación diferencial de las mujeres privadas de la libertad por infracciones a la Ley 30, dicha política debe responder por las situaciones de sus familias y por las de las mujeres colombianas encarceladas en otros países por delitos asociados al narcotráfico.

Impulso y fortalecimiento de proyectos de investigación, reflexión y análisis de la realidad de las mujeres en el ciclo de las drogas ilícitas, como posibilidad de abordar el fenómeno desde un enfoque de los derechos humanos de las mismas.

Notas bibliográficas

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ALVARADO VÁZQUEZ, R. I. (2012). Las nuevas imágenes urbanas. Los buchones una imagen regional. Desafíos y horizontes de cambio: México en el siglo XXI del Tercer Congreso.

ARBOLEDA, R. (2002). El cuerpo en boca de los adolescentes. Medellín: Kinesis ARMENTA, AMIRA (2013). El mercado ilícito de las drogas en el contexto agrario colombiano: ¿Por qué el tema de los cultivos ilícitos es relevante para el proceso de paz?, Transnationallnstitute, Amsterdam, Países Bajos.

MATA NAVARRO, itzelín (2013). El cuerpo de la mujer vinculada al narcotráfico como narración de sus relaciones sociales. Jalisco México.

PUYANA, AURA MARÍA (2013). Nuevos enfoques de la política antidrogas para la paz en Colombia en Aportes para el debate sobre la paz, FOCUS, Foro de mujer y desarrollo, Bogotá.

UNODC, Informe Mundial sobre las Drogas 2013, New York.

VARGAS, M RICARDO (2012) Peace process in Colombia", Norwegian Peacebuilding Resource Center NOREF, http://vtfww.peacebuildino.no/var/ezflow site/st orape/oriainal/apDlication/46cbe4d4cf4550886744d45fbaa97c27.pdf.

mujeres por la Integrantes de Mujeres por la Paz: • ASODEMUC *ACIN •Alianza departamental de Mujeres del Putumayo • ASUMUSUC (Mujeres de Ciudad Bolívar).

• Asomujer y Trabajo *ANTHOC • Casa de la Mujer •Casa Amazonia/Putumayo •Casa de la Mujer y de la familia Stella Brand- Pereira • CDPAZ-Planeta Paz • Cladem • Colectivo Feminista Hallyaniwa • Colectivo de Mujeres Excombatientes • Colectivo Mercedes Úzuga • Colectivo Mujeres para la Reincidencia • Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - CPDH • Corporación Centro de Promoción y Cultural-Fasol • Corporación Colombiana de Teatro • Corporación Ensayos para Promoción de Cultura Política • Corporación Humanas • Corporación Nuevo Cine Latinoamericano •Dpto Nal de Mujeres Partido Comunista Colombiano • Departamento de Mujeres de la Coordinación Nacional de Desplazados -CND. • Fensuagro • Fondo de Acción Urgente de América Latina • Fondo Lunaria • Fundación Telar Social Humano • Grupo teatral Abrazadas •ILSA • Juventud Comunista de Colombia-JUCO • Limpal Colombia •Las Auroras, Red de Mujeres Víctimas de Santander • Mujeres en Asamblea Permanente 13 Años Caminando por la Paz • Mujeres en Clave de Paz • Marcha Patriótica •Mesa de Incidencia Política Mujeres Rurales •MOVICE Mujer Palabra • Policarpay sus Viciosas • Partido Comunista Colombiano-PCC (Área Mujer) • Red de Mujeres Indígenas

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* Ruta Pacifica de las Mujeres *compuesta por 288 organizaciones y 9 regionales * Teatro Jayeechi * Teatro La Mascara * Tribunal de Mujeres * Yo Mujer Mujeres independientes: Parlamentaria Andina Gloría Florez Sneider Lourdes Castro,Liliana Chávez, Natalia Chávez

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MISIÓN Desarrollar el sectorAcuicoladei departamento del Caquétá,mediante éi apoyo directo a la producción piscícola, la investigación tecnológica, la comercialización de bienes, servicios e ínsumos asociados a la acuicultura y el cuidado de los recursos hidrobiológicos dentro de la cadena acuícola, lo que se traduce en beneficio social para nuestros asociados y para todos los productores en general -

Acuicultores del Caqueta

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Acuica en el año 2015 será una asociación auto sostenible, gestora del desarrollo comercial de la acuicultüra en el departamento de Cagueta, situándose en el primer lugar de producción del sur de Colombia a través de |á generación de nuevas tecnologías; partiendo del recurso humano como base fundamental para lograr ::. éste propósito.

COBERTURA DE LA ASOCIACIÓN JHJERTOmCO ELBOHCEUO ELfAUJIL MONTAHITft

ACUICA es una asociación gremial de segundo nivel, constituida como una organización no gubernamental, de derecho privado y sin animo de lucro, con jurisdicción en el Departamento de Caquetá.

Fecha de Creación ACUICA: 25 de Junio de 1995

Asociación de Acuicultores del Coqueta

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APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE MODELOS DE SUSTITUCIÓN COMUNITARIA DE CULTIVOS ILÍCITOS MEDIANTE LA ÍMPLEMENTACION DE SISTEMAS DÉ: •,,.:•.

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Lograr la implementación y sostenibiiidad de cualquier proceso de desarrollo alternativo exige la reformulación de la política agraria del país.

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Reforma agraria más eficaz.

Mejorar el acceso del pequeño productor a tecnología y educación técnica formal Facilitar el acceso a créditos e incentivos (ICR, CIF) Reducción de costos de insumos y materias primas necesarias para la producción agropecuaria (Reducir o eliminar aranceles y el IVA en concentrados e insumos agrícolas).

- Fortalecer la investigación básica y aplicada enfocada a fortalecer las cadenas productivas a nivel nacional.

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MODELOS DE SUSTITUCIÓN COMUNITARIA DE CULTIVOS ILÍCITOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLES Y PLANES DE RECUPERACIÓN SOCIAL, CULTURAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL.

INTRODUCCIÓN El fenómeno de los cultivos lícitos en nuestra región y a nivel nacional es una problemática que hace muchas décadas pasó del contexto local al internacional, afectando negativamente a millones de personas, sin que se haya logrado encontrar una estrategia integral para combatir este flagelo.

Observado desde el punto de vista de nuestra organización, el fracaso de los innumerables y costosos intentos de frenar esta problemática, esta centrado en que los procesos de desarrollo alternativo, caso PLANTE y otros programas se han diseñado por expertos en estos temas, sin tener en cuenta a las comunidades

afectadas, sean estas los cultivadores, los colectores de hoja, los campesinos -no cultivadores de ilícitos- ubicados en zonas de producción o transformación de la hoja de coca.

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La participación de ACUICA en este foro se basa precisamente en la credibilidad que tenemos en los procesos participativos para la construcción de propuestas de desarrollo alternativo, para lo cual estamos dispuestos a aportar nuestra experiencia y experticia en alternativas de producción acuícola que pueden hacer parte de la oferta productiva para generar procesos de erradicación voluntaria y definitiva de cultivos ilícitos.

La propuesta que presentamos a continuación es una síntesis del punto de vista de nuestros asociados en torno a este tema que nos afecta directa o indirectamente.

1. EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS COMO EJE PARA CONCERTACION Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROCESOS DE SUSTITUCIÓN VOLUNTARIA DE CULTIVOS ILÍCITOS Históricamente los procesos de desarrollo alternativo han sido diseñados y concebidos en instancias institucionales del orden nacional, para luego ser concertadas y aplicadas en las zonas de influencia de los cultivos ilícitos, trayendo consigo operadores de recursos que no tienen una relación directa o indirecta con las comunidades o con las organizaciones comunitarias, lo cual crea una brecha en la confianza de las familias afectadas.

Creemos que los procesos de desarrollo alternativo pueden llegar a ser exitosos cuando se tiene en cuenta a la familia como unidad básica de nuestra sociedad y de nuestras organizaciones comunitarias.

De ahí que la creación y/o fortalecimiento de las organizaciones comunitarias es vital para adelantar procesos de diseño y ejecución de estrategias de sustitución de cultivos ilícitos, las cuales deben enmarcarse en la vocación de las familias, del territorio y en las opciones productivas disponibles para llevar a cabo estos complejos procesos de redireccionamiento del proyecto de vida de miles de familias atrapadas en este flagelo.

Sin desconocer la importancia de los operadores que tradicionalmente utiliza el gobierno para ejecutar los procesos de desarrollo alternativo, es importante analizar la posibilidad de que las organizaciones comunitarias puedan entrar a ejecutar buena parte de los recursos económicos destinados a procesos de implementación de alternativas productivas, a la ejecución de procesos de erradicación manual de los cultivos ilícitos, entre otros, buscando con ello el fortalecimiento de las organizaciones, que indistintamente del tiempo de ejecución de programas o proyectos de sustitución, siempre acogerán y estarán en contacto con cada una de las familias reintegradas a la economía formal.

No puede haber desarrollo alternativo en aquellas regiones donde no existan formas asociativas que recojan los anhelos y el esfuerzo productivo de cada familia para hacerle frente a los retos de una economía globalizada que nos obliga a ser altamente competitivos.

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Por experiencia la competitividad en nuestra región parte del trabajo en equipo y de la interacción directa de nuestras organizaciones con el Estado y con el sector privado para lograr incidir directa o indirectamente en la planeación y en el diseño de la política local, regional y nacional de nuestro sector productivo.

2. LA ACUICULTURA AMAZÓNICA COMO COMPONENTE CLAVE PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS EN LA REGIÓN AMAZÓNICA.

La acuicultura como actividad productiva concertada con las comunidades esta llamada a ser participe de los procesos de desarrollo alternativo por dos razones: -

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA: Los procesos de sustitución voluntaria y gradual de cultivos ilícitos requieren de modelos que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria a las familias cultivadoras, mientras se logra la implementación de sistemas productivos sostenibles que garanticen la generación de los ingresos necesarios para que se de el cambio de la economía ¡lícita a la lícita.

La producción de peces a pequeña escala es fácilmente aplicable a estos procesos para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición familiar, logrando buenos resultados en este campo, en lapsos de tiempo cortos y baja inversión. Estos modelos de seguridad alimentaria se aplicarían de tal forma que las familias puedan abastecerse de proteína de alta calidad y vender excedentes a nivel local para recuperar el capital de trabajo y continuar el proceso en forma indefinida.

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La capacitación en aspectos técnicos y nutricionales hace parte de lo necesario para la implementación de este tipo de unidades que estarían complementadas con otras actividades productivas concertadas con las comunidades y asistidas por expertos en cada área productiva.

GENERACIÓN DE INGRESOS: Teniendo en cuenta las condiciones sociales, la ubicación geográfica y los altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de las poblaciones afectadas por la presencia de cultivos ilícitos, es necesario plantear estrategias de generación de ingresos que permitan vincular estas comunidades con procesos productivos

sostenibles, basados en la selección de productos y procesos que garanticen alta rentabilidad y acceso a mercados nacionales o internacionales.

Como resultado de los procesos de innovación tecnológica, nuestra organización ha identificado especies y diseñado procesos de aprovechamiento sostenible de peces de alta demanda en el mercado nacional e internacional de peces ornamentales y de consumo. La producción de especies como el Pirarucú (Arapaima gigas), Arawanas (Osteoglossum bicirrhosum) y otras especies que esta impulsando nuestra organización podrían contribuir enormemente a la generación de ingresos económicos para atender las necesidades de familias vulneradas por los cultivos ilícitos.

Indiferentemente de las opciones productivas que apliquen para cada familia, la generación de ingresos en zonas de influencia de cultivos ilícitos requiere de la implementación de estrategias productivas integrales que involucren uno o más procesos productivos sostenibles que constituyan la columna vertebral de la economía de estas familias que adoptan el desarrollo alternativo como un proyecto de vida.

3. REDISENO DE LAS POLÍTICAS AGRARIAS PARA LOGRAR LA SOSTENIBILIAD DE LA ECONOMÍA CAMPESINA. Ante las graves fallas de la política nacional frente al sector agrario, es evidente que ningún proceso de desarrollo alternativo o de interdicción directa para el control de los cultivos ilícitos puede terminar con este flagelo.

En marco del foro es importante resaltar que los cultivos ilícitos son uno de los tantos productos negativos del olvido gubernamental por el sector agropecuario. No tendría sentido plantear soluciones ampliamente concertadas para iniciar procesos de desarrollo alternativo que muy seguramente van a fracasar total o parcialmente por las fallas estructurales de la política agraria nacional.

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Red de Colectivos de Estudio en Pensamiento Latinoamericano redcepela@gmail.com https://www.facebook.com/RedCepela

Foro sobre la solución al problema de las drogas ilícitas.

Fecha de presentación de la propuesta Municipio-Departamento

25/09/2013 Antioquia

Nombre de la organización que presenta la propuesta

Red de Colectivos de estudio Latinoamericano (Red Cepela)

en

Indique el eje temático al que se refiere su propuesta

Solución al problema de las drogas ilícitas

Correo electrónico o datos de contacto de la organización (No es obligatorio)

redcepela@gmail.com

Pensamiento

Propuesta: Desde iniciado el conflicto armado, los colombianos desde distintas expresiones sociales han intentado construir propuestas que den fin a este, para ello se ha tenido como eje central los debates que surgen alrededor del problema de la tierra, el cual se ha puesto en diversos análisis como causa histórica del conflicto social y armado. Esta problemática, pasa a grandes rasgos, por la usurpación de la tierra, procesos de destierro, entrega de la soberanía al capital transnacional, procesos de modernización sin democratización, invisibilización del campesinado y por ende abandono del campo, así como políticas enfocadas a la industrialización de este, desconociéndose modos de vida de nuestros campesinos y procesos o iniciativas por modelos agrarios más sostenibles.

El país ha experimentado distintas iniciativas para abordar esta problemática, que ha terminado de complejizarse por lo largo del conflicto; a esta dinámica se suma el advenimiento del narcotráfico, que penetró fácilmente nuestro país en las diferentes esferas sociales, fruto de políticas que empobrecían el campo y fortalecían la industria extranjera y nacional, dejando al pequeño y mediano productor en condiciones de pobreza.

Los proyectos que se han visto surgir y fracasar en su intento, por ser elaborados y puestos en marcha de espaldas al campesinado son, por citar algunos, el Plan Colombia, el Plan Plante, Programas de Guardabosques, Laboratorios de PAZ, Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI), la conformación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), múltiples programas de erradicación de cultivos, Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) y los actuales modelos de zonas de consolidación cívico-militar que han generado debilitamiento

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a la democracia, todos estos dirigidos a la "lucha" antinarcóticos, pero que han traído como consecuencia la profundización del conflicto, debido a que desconocen las condiciones socioeconómicas y culturales, así como las dinámicas históricas del campo y el campesinado. Por otra parte los impactos medioambientales y sociales son mayores que los beneficios de la

Red de Colectivos de Estudio en Pensamiento Latinoamericano redcepela@gmail.com https://www.facebook.com/RedCepela erradicación de los llamados cultivos de uso ilícito. Los cultivos se incrementan conforme las políticas públicas desfavorecen al campesinado (así la oficialidad desconozca las cifras en aumento), ya que el modelo económico y político prioriza las importaciones y no el fortalecimiento de nuestro sistema agrario; transversal a esto, las fumigaciones generan daños en los cultivos de producción o pan coger, contaminan fuentes de agua, flora y tierras, generan impacto o mortandad en la fauna y un sin número de efectos directos o indirectos, como la ruptura del tejido social del campo debido a la estigmatización de quienes defienden sus derechos o la división del campesinado por políticas de coerción, sin atender sus condiciones sociales. Todo este panorama se consolida con un modelo económico que como se mencionaba anteriormente, fortalece las importaciones, beneficia a intermediarios y no al productor, al que sembrar se le ha vuelto una causa de empobrecimiento, por no ser rentable en términos económicos.

Múltiples propuestas de cambio o solución al problema de los cultivos de uso ilícito han surgido en estas décadas, hoy se analizan bajo la lupa de esas experiencias, se diversifican y se transforman en exigencias; algunas de ellas son: 1. La política de erradicación de cultivos de uso ilícitos debe acabarse; ya que, las fumigaciones por vía aérea o en tierra no afectan sustancialmente la producción y por el contrario generan una cultura de la ilegalidad y ocasionan serios problemas ecológicos. Por otro lado la eliminación manual, ha generado ruptura del tejido social, dejando al campesino en medio de la confrontación armada. Se debe pensar en utilizar el conocimiento acumulado durante siglos por comunidades ancestrales y permitir florecer una industria local de corte democrático y no monopolizado, donde se aprovechen sus cualidades cosméticas, medicinales y alimenticias; condiciones aprovechables en plantas como la coca, la marihuana, la amapola u otras plantas de carácter sicotrópico o sagradas como las llaman las comunidades indígenas, buscando con ello generar un mercado alternativo, que pueda brindar opciones de subsistencia y dinamización de la economía, de esta manera, desvincular del tráfico a muchos sectores ligados a esta práctica. Se hace necesario propiciar debates para la legalización de su siembra; producción y consumo a fin de golpear el mercado ilegal. La opción penal como tratamiento al problema lo único que ha logrado es profundizarlo, pues genera mayor exclusión y violencia. Deben explorarse políticas diferentes al derecho penal para desmontar las economías ilegales, así como no darle un tratamiento punitivo a las adicciones, ya que generan consecuencias sociales negativas.

2. Las tierras hoy se encuentran agotadas por el uso excesivo de monocultivos y es mayor su impacto que el ocasionado por la siembra de cultivos de uso "ilícito". El cambio en la vocación del suelo para promover la siembra de palma aceitera, caña de azúcar, caucho y cacao (entre otros monocultivos), genera mayores problemáticas alrededor de la tenencia de la tierra y el destierro forzado. Es necesario pensar un sistema que junto con el fortalecimiento de la agroindustria nacional, genere cambios en los modelos extractivitas o de monocultivos para combustibles y no para alimentos, como el caso de la caña para la industria de los alcoholes carburantes. Debe ser un imperativo de las políticas públicas el fortalecimiento de procesos agroecológicos, donde se le permita al

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Red de Colectivos de Estudio en Pensamiento Latinoamericano redcepela@gmail.com https://www.facebook.com/RedCepela campesinado recuperar el suelo, desarrollar prácticas agrícolas sustentables como la recuperación de semillas, el uso adecuado de fuentes de agua, la reconstrucción del tejido social, el sistemas de intercambio o trueque. Estas políticas deben ser construidas con las comunidades y sectores sociales en general, donde la democracia directa cumpla un papel fundamental. Sabemos que aunque el proceso es lento y costoso, lo es menos que la economía y política de guerra que asciende y la cual ha dejado a su paso, muertes, miseria, dolor y víctimas.

3. La sustitución no debe hacerse por cultivos de exportación o de tipo exótico, debe apuntarse a la soberanía alimentaría, pues un proceso de cultivos enfocados a la exportación llevaría a un incremento de monocultivos y a la expansión de la frontera agrícola; acciones que dejan fuertes impactos ambientales. La búsqueda de la inserción en el mercado internacional, ha derivado en la exacerbación de la guerra, como en los casos de las fórmulas mágicas a principio del siglo XX con la Quina y el Caucho o a principios del XXI con la Palma Aceitera y la Teca, estos últimos que como denuncia el reciente Paro Agrario, fueron propuestas agrarias que fracasaron.

Debe respetarse la autonomía de las comunidades y destinarse los recursos económicos para la construcción, aplicación y consolidación de procesos organizativos; brindando asesorías técnicas, procesos educativos, planes de fortalecimiento de la economía local y campesina, sistemas de salud pluriculturales y acompañamientos psicosociales. Además es vital la generación de infraestructura para la comercialización y poder brindar opciones para cortar y/o reducir la cadena de intermediarios, se deben a su vez, generar garantías para el retorno del campesino a sus lugares, no de forma temporal, sino con continuidad, a fin de proporcionar condiciones en pro de la recuperación de la tranquilidad y la estabilidad emocional, psíquica y económica, luego de un proceso de exterminio sistemático e histórico. Incrementar la presencia del estado en todo el territorio nacional, con políticas públicas y no con su aparato coercitivo; ya que es este sector de la institución un victimario y violador de los Derechos Humanos, como lo demuestran las múltiples demandas contra el estado colombiano; de igual manera generar procesos de veeduría ciudadana, para evitar corrupción o favorecimiento a sectores poblacionales que no lo requieren, como con el caso presentado con el programa de "Agroingreso seguro".

4. Legalización de la siembra de los llamados cultivos de uso ilícito, así como la producción y consumo de sustancias psicoactivas. Esta política en reconocimiento a las cosmogonías de los pueblos ancestrales y como estrategia que afecte el "negocio" del narcotráfico y a las esferas estatales vinculadas con el tráfico, también permitiría atacar la

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corrupción y generar dinámicas sociales, subjetivas y políticas, que resquebrajen la economía internacional y nacional asociada a este negocio que en su accionar ha generado disputas y desestabilización social. Además de la legalización, debe haber un acompañamiento estatal a las economías locales, así como un desmonte de las redes de narcotráfico que, a ía larga, son el fundamento del negocio de los llamados cultivos de uso ilícito. De esta manera se deja de potenciar las economías vinculadas con los circuitos ilegales.

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5. De la mano con la legalización, se desestimularía la comercialización de armas, destinada a la guerra entre narcos y sectores barriales y rurales, que han entrado en confrontación por el negocio, generando una lumperización del conflicto social y armado, llevando la guerra a los centros urbanos y profundizándola en el campo.

6. La experiencia e iniciativas de Zonas de Reserva Campesina, deben ser fortalecidas y apoyadas, no solo las existentes, sino aquellas que están con la iniciativa de conformación. Sólo una política congruente de desarrollo agrario integral, cuyo énfasis se encuentre en el apoyo de la economía campesina y la defensa de la soberanía alimentaria es garantía de solución para el problema de los llamados cultivos de uso ilícito.

7. Impulsar desde las diferentes formas organizativas; sociales, comunitarias, sectoriales y culturales, la realización de un censo agrario que permita establecer la cantidad de hectáreas usadas para cultivos de uso ilícito, con el fin de definir una política encaminada al uso de estas áreas para las iniciativas farmacéuticas, estéticas, tradicionales y científicas que se deriven de este tipo de plantas.

8. Crear programas culturales, artísticos y académicos para niños y jóvenes en general, que propendan por prácticas asociadas al consumo consciente, no solo en lo que se refiere a plantas sicotrópicas, sino al consumismo como practica naturalizada, a fin de generar sensibilidad sobre la importancia del uso sustentable y responsable de los bienes naturales de nuestros territorios.

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Ponencia Propuestas de la Marcha Patriótica para el tratamiento de la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola.

I.

INTRODUCCIÓN

El problema de la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola resulta de vital importancia en el debate nacional, a propósito del desarrollo de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno, asi como en la búsqueda de soluciones de fondo a los problemas estructurales que han dado origen y alimentado el desarrollo del conflicto social, económico, político y armado en el país. Considerando los impactos altamente negativos que han tenido tanto el desarrollo del mercado de estupefacientes como la política antidrogas en la economía, el régimen político, el ambiente y la población, dése el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, presentamos al país y a la mesa de diálogo de La Habana, los siguientes elementos de análisis y propuesta, a manera de aporte desde los sectores populares al punto tres de la agenda.

Como punto de partida se recalca que este problema no puede verse de manera aislada, como si se tratase de una suerte de mala práctica ejecutada por unos pocos dentro de una economía y un régimen político saludables. Por el contrario, lo que se ha logrado evidenciar en múltiples investigaciones académicas y judiciales es que negocios ilegales como el tráfico de estupefacientes, con el consecuente aumento de la producción y el consumo, hacen parte de un conjunto de mercados que han sido necesarios para sustentar y darle vida al modelo neoliberal y sus lógicas de acumulación.

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El régimen de acumulación vigente se sustenta en la continua mercantilización de los derechos sociales y de todas las esferas de la vida humana y natural, la reconfiguración en el papel del Estado -que se substrae de la producción y provisión directa de bienes y servicios-, la especialización de la economía en sectores extractrivistas y en la construcción de infraestructura para la más rápida y efectiva circulación de mercancías, así como la entronización de los mercados externos, el capital trasnacional y financiero como vías esenciales para el crecimiento económico, requiere de una visión de mundo coherente, centrada en el culto extremo al individualismo, el descreimiento de todo lo colectivo y la adopción del dogma relativo a que el conjunto de la vida personal y social se reduce a lógica empresarial del "máximo beneficio con el menor costo".

El neolíberalismo, en tanto que proyecto que ha buscado la reestructuración capitalista y la restauración del poder de ciase, en riesgo tras la crisis de acumulación vivida durante los años setenta y ochenta, se ha edificado como un discurso que moviliza reformas y relaciones socioeconómicas y políticas, apalancado en una particular visión del significado de la libertad individual, según la cual, ésta sólo es posible sí se ejecuta a través del mercado.

Son justamente estas circunstancias las más propicias para el surgimiento y expansión de negocios como del tráfico de armas, drogas y la trata de personas, generando las condiciones óptimas para la configuración tanto de la oferta cerno de ia demanda. Lejos de ser una anomalía, las más diversas formas del "capitalismo criminal" -aquel en el que se aprovechan las ganancias extraordinarias surgidas de actividades ilegales-, son un rasgo característico y fundamental del orden neoliberal vigente.

Fiarcha Patriótica

Las exorbitantes ganancias provenientes del mercado de drogas -calculadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2011 en 2,1 billones de dólares a nivel mundial- provienen tanto de la exigencia del neoliberalismo de encontrar mercados en los que se logre con la mayor rapidez posible la maximización de la ganancia, en este caso, vía precios de mercados ¡legales, como de la liberalización de la cuenta de capitales, con la que se ha permitido la entrada y salida de los mismos sin la menor regulación.

El neoliberalismo crea las condiciones para que este tipo de negocios sea muy rentable, particularmente para quienes manejan el tráfico internacional y microtráfico desde la perspectiva del consumo. Mientras que aproximadamente el 1,5% de las utilidades quedan en los países productores, el 98,5% van a parar en los circuitos de comercialización y distribución. En ese mismo sentido, los investigadores señalan que "el precio de venta al consumidor de un kilo de cocaína en territorio norteamericano es casi 40 veces mayor que el de su precio de exportación, más de diez veces mayor que el precio de importación en el territorio de Miami y 250 veces mayor al precio que se le paga al productor de las hojas de coca utilizadas en su elaboración"1.

El desarrollo del modelo neoliberal ha creado también las condiciones para favorecer los cultivos de coca, marihuana y amapola en países como el nuestro, debido a las nefastas consecuencias que ha tenido este modelo en la producción campesina, agravando los problemas de concentración de la tierra, comercialización de productos, pobreza y garantías para la producción2. Sin otra alternativa para la supervivencia, las y los campesinos se han visto obligados a participar del cultivo de coca, marihuana y amapola, sin que esto hay significado mejoras en sus condiciones de vida. Al contrario, han sido perseguidos y estigmatizados, tratados como criminales, sin recibir alternativas efectivas y realistas por parte del Estado colombiano.

Es fundamental que la mirada scbre este fenómeno sea de conjunto, incluyendo el cultivo, procesamiento, comercialización y consumo de sustancias psícoactivas, abandonando el tratamiento criminal de los cultivos, los campesinos, indígenas y afrodescendientes cultivadores, asi como de los habitantes de las regiones afectadas por el fenómenos y de los propios consumidores en centros urbanos. La política sobre el tema debe considerar de manera seria los usos culturales y tradicionales de las plantas en cuestión, así como la gran utilidad de muchos otros derivados en campos como los medicinales y el alimentario.

Así mismo, la política antidrogas del país, amparada en la lógica de "tolerancia cero" y permanente criminalización, ha demostrado ser no efectiva, si se contrastan los resultados con los objetivos. La persecución a cultivadores se inscribe en la idea de reducir la oferta y así hacer que el precio de este tipo de drogas aumente y con esto reducir el tráfico, y pese a que las cifras oficiales muestran un descenso en el área cultivada, la tecnificación del proceso de transformación de la hoja de coca estaría generando una situación en la que con menor cantidad de la misma se estaría fabricando más alcaloide3.

1

Suárez-Salazar, Luis. (1989). "Conflictos sociales y políticos generados por la droga". Revista NUEVA

SOCIEDAD NRO.102 JULIO- AGOSTO 1 Véase LA PAZ DE LOS CAMPESINOS ES LA JUSTICIA SOCIAL. Ponencia de Anzorc para el Foro Agrario convocado por el gobierno y las FARC-EP, diciembre 17 de2012. !

"Pocos campesinos procesan coca: UNODC". En nttp://www.verdadabierta.com/component/content/arlicle/154-captura-de-rentaspublicas/4719-poco-campesinos-procesan-coca-hov-en-colomb¡a-unodc7

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Los efectos del desarrollo del mercado de las drogas no sólo económicos o sobre la salud de los ciudadanos y ciudadanas, sino que ha generado efectos muy negativos a nivel político. Los empresarios de la cocaína, parte integrante de los sectores dominantes, han sido factor determinante en la configuración del régimen político La denominada "lucha antidrogas" ha significado una estocada para la democracia y la soberanía nacional de nuestro país, ya que se ha plegado a los intereses estratégicos de Estados Unidos, posibilitando una permanente injerencia política y militar, tal y como se constata con el nefasto desarrollo del Plan Colombia, o con las siete bases militares ubicadas en nuestro territorio. Utilizada como política contrainsurgente, las medidas para combatir el tráfico de drogas han sido un factor de recrudecimiento del conflicto en nuestro país, al generar desplazamientos masivos gracias a las aspersiones, criminalizar al campesino cultivador, e incluso por la participación directa e indirecta de militares norteamericanos, revestidos de inmunidad, en crímenes de diferente índole como la violación de menores de edad y el bombardeo de comunidades campesinas con material de fabricación norteamericana, como e! caso de Santo Domingo, Arauca, en 1998.

Por todo lo anterior, este amplio y complejo fenómeno requiere de una visión así mismo global en su tratamiento que coloque como elemento central, la responsabilidad del propio modelo neoliberal en la gestación y expansión del fenómeno del mercado de drogas y sustancias sicoactivas.

II.

FRENTE AL CULTIVO, POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN.

El campesinado, los indígenas y afrodescendientes, tras décadas de inconformidad con las políticas de desarrollo rural que han implementado los gobiernos de turno, han planteado posibles soluciones que contemplan exigibilidad de leyes, movilización agraria y formulación de propuestas, con las cuales hacer frente al abandono que viven las zonas rurales en Colombia. Década tras década, estas soluciones y acciones alrededor de los cultivos de coca, marihuana y amapola han sido estigmatizadas, señaladas e injustamente descalificadas, especialmente por aquellos que ven en los territorios rurales una fuente de recursos para la implementacíón de grandes megaproyectos o focos de clúster de inversión extranjera.

Con la denominación oficial de los cultivos de coca, marihuana y amapola, como Cultivos ilícitos se proscriben y desconocen los usos tradicionales, medicinales y ancestrales de los mismos. El peso de la lucha antidrogas que se ha desarrollado en los últimos 30 años, ha recaído quienes la producen, pero particularmente en las comunidades rurales, dejando de lado a quienes la consumen o se benefician el narcotráfico. El desconocimiento o la omisión de los múltiples factores que llevan a la producción de estos cultivos no han permitido una verdadera solución que contemple garantías de producción alimentaria o forestal.

Actualmente, el área sembrada con coca en Colombia es de 48.000 hectáreas4, donde Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Guavíare, Cauca, Caquetá y Chocó son los departamentos que registran el mayor porcentaje de cultivo. Dichas zonas contemplan una territorialidad rural que ha desarrollado propuestas de sustitución a cambio de sistemas productivos armónicos con el medio ambiente y que respondan a propuestas de ordenamiento territorial agrario, definidos desde las propias 'UNODC, 2013

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comunidades. Ante ello, el Estado Colombiano con injerencia de Estados Unidos, ha implementado una serie de acciones militares y legales atentando contra la vida, el ambiente, la seguridad alimentaria y la economía campesina mediante, perpetuando la criminalización hacia el campo.

Las economías basadas en la producción de cultivos de hoja de coca se ha impuesto ante la profundización de múltiples carencias en áreas rurales, y su transformación exige una tarea de concertación, interlocución y acuerdo, para la implementación de un programa nacional de sustitución voluntaria, progresiva y estructural. También implica un reordenamiento territorial con enfoque social, económico y político que preserve las figuras de protección ambiental con recursos económicos hacia una nueva institucionalidad, en el cual las decisiones sean tomadas desde las comunidades.

Características de una sustitución social, gradual, concertada, estructural y ambiental En el ejercicio del derecho a la territorialidad y la vida digna, la sustitución gradual y concertada, bajo parámetros definidos de financiación y bajo la mirada territorial agraria incluyente en clave de planeación territorial y mínimamente debe incluir:

í\) Cese total de aspersiones con glifosato u otras sustancias y de la erradicación violenta que atenta contra el campesinado, ya que se ha convertido en una estrategia de desplazamiento forzado que afecta la producción, salud y ambiente de las comunidades rurales. En la actualidad, Colombia es el único país de América Latina que realiza fumigaciones de esta naturaleza, con lo que queda claro el consenso regional en contra s. de esta estrategia. vj Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas que permitan atacar los mercados de consumo, el narcotráfico, así como fijar mecanismos de prevención y protección desde la óptica de la salud pública. Lo anterior con el propósito de regular el consumo de sustancias psicoactivas con la participación activa y decisoria de las comunidades.

Creación de un Fondo Social para la sustitución gradual para soportar la política de subsidios permanentes que representen costos y gastos reales para quienes se acojan a la iniciativa de sustitución, contemplando la inversión permanente para el desarrollo de v las iniciativas de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. & ] Programas de promoción de cultivos de pancoger con semillas limpias y generación de bancos de semillas, construidos con un enfoque social y de comercialización justa para las comunidades agrarias. <2) Garantizar la permanencia en el territorio de las comunidades medíante figuras establecidas en la Ley como resguardos indígenas, consejos comunitarios y zonas de reserva campesinas. Igualmente, que dentro de estas figuras exista financiación permanente que soporte el desarrollo de proyectos productivos a largo plazo, titulación -\ de tierras y capacitación laboral.

K J Política económica que coloque como pilar fundamental el fortalecimiento de la economía campesina, garantizando de manera agroecológica y sustentable la soberanía -\ y la autonomía alimentaria de los territorios.

Q i Implementar políticas públicas y protocolos de manejo ambiental de acuerdo con los ' I usos, identidades territoriales y ancestrales de las comunidades.

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U, i ^ III.

Reivindicar el uso cultural y medicinal que los pueblos nativos le dan a los cultivos de hoja de coca y marihuana.

Generar políticas públicas de desconcentración de la propiedad de la tierra y la redistribución de la misma Inversión en iniciativas de fomento a la recuperación del tejido social campesino, cultura.

FRENTE AL CONSUMO.

La necesidad de una perspectiva integral frente al tratamiento del fenómeno de producción y uso de sustancias psicoactivas, resalta aún más en el caso colombiano al constatar el incremento constante en el consumo de las mismas. De acuerdo con los datos de UNDOC, la prevalencia en el consumo de cocaína en Colombia es superior al promedio mundial; nos hemos convertido en el pais que reporta mayor consumo de drogas, licitas e lícitas, entre universitarios en la región Andina, a la vez que se incrementa el consumo de sustancias no tradicionales, tales como el éxtasis.

La respuesta ante este fenómeno casi siempre se genera desde posturas moralistas, que uniforman los diferentes tipos de consumo y dan trato criminal a los consumidores. La política de "tolerancia cero", aplicada desde la perspectiva del consumo desconoce sus realidades y características, tanto desde la perspectiva socioeconómica, como cultural e individual. Condena y criminaliza, estigmatiza y niega elementos básicos del libre desarrollo de la personalidad.

La política de negación del fenómeno del consumo, que se propone como objetivo erradicarlo, ha demostrado ser altamente ineficaz, ya que sus herramientas fundamentales han sido la judicialización y/o el manejo médico como enfermedad de carácter netamente individual. En ambos casos, se trata de ubicar a cualquier tipo de consumidor que individualmente ha cometido un delito o ha enfermado, convirtiéndose en una especie de anomalía frente a la que hay que actuar aplicando tratamientos jurídicos y/o médicos igualmente individuales, aislándolo de los factores y determinantes sociales, económicos y culturales.

Se hace necesario darle cada vez mayor importancia a este tema, recalcando que se trata de un fenómeno multidimensional y multicausal, en el cual se precisa distinguir los tipos de consumo existentes, así como las diferencias entre sustancias psicoactivas, dadas sus características de acceso e intensidad en la adicción.

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Es claro que las decisiones sobre el consumo son individuales, pero se encuentran determinadas por factores económicos, sociales, culturales y familiares. Un primer paso necesario para afrontar esta realidad social de manera efectiva es la apertura y profundización del debate nacional sobre el tema, avanzando en la redefinición de los objetivos de la política, que más allá de plantear un escenario poco probable de erradicación del fenómeno del consumo, se proponga dar herramientas individuales y colectivas posibles para abordarlo como realidad integrante de la sociedad.

No se puede negar tampoco que el abuso de sustancias psicoactivas está fuertemente asociado con delitos de carácter social y variadas formas de violencia, bajo dinámicas de mutua retroalimentación.

Lo que no puede seguir ocurriendo es que la política sea uniforme frente al consumo recreativo y ocasional, que de cara al abuso de sustancias psicoactivas. Es por esto fundamental rediseñar el horizonte para propender por regular el consumo y combatir el abuso.

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Teniendo en cuenta los anteriores elementos, se presentan las siguientes propuestas básicas en lo relativo al consumo: 1. Abordar el fenómeno desde la perspectiva de salud pública, antes que desde la óptica criminal, lo que no significa que sea un problema exclusivo del campo médico o del judicial.

Se trata de una dimensión transversal que debe discutirse y trabajarse desde todos los ámbitos de la sociedad y no aislándola de la misma. La perspectiva sociocultural del uso, consumo y abuso de sustancias psicoactivas debe dejar de ser una reflexión meramente académica, para traducirse en herramientas de política, con suficiente financiación por parte del Estado.

2. Despenalización, legalización y regulación. Existen diversos tipos de sustancias, cada una de las cuales tiene diferentes niveles de adlcción, afectación sobre la salud y dificultades en el acceso. Todos estos elementos tienen que tenerse en cuenta para encarar el necesario debate sobre la despenalización, legalización y regulación. No se propone la legalización sin más, sino una reflexión profunda para ubicar cómo gradualmente se van aplicando medidas para cada una de las sustancias psicoactivas.

Un paso importante es la necesaria desmercantillzación las sustancias, no permitir que se generen ganancia a privados a partir del uso y abuso, con la venta indiscriminada, ilegal, en precarias condiciones de salubridad y vinculada a altos niveles de delincuencia social.

En este mismo sentido, la despenalización y regulación deben estar fuertemente acompañadas de una promoción amplia de la política de consumo responsable, contralado e informado, dirigido a evitar las Intoxicaciones y el consumo de riesgo.

3. Diferenciar y caracterizar los diferentes tipos de consumo que se presentan en la sociedad colombiana, promoviendo acciones afectivas para respetar los consumos tradicionales y culturales, en términos de no crlminallzación o usos propios de diversos tipos de comunidades. De igual manera, es esencial avanzar en diferenciar entre consumos recreativos ocasionales y los de riesgo, caracterizados por niveles de adicción letales; por lo tanto, es urgente ubicar de manera clara, cuáles son los factores de contexto que se convierten en factores de riesgo.

4. Construcción de una política estatal de investigación sobre los diferentes tipos de consumos y usos, enfatlzando en los de tipo medicinal y alimentario.

5. Construir política de tratamiento desde la perspectiva comunitaria y a nivel primario. El conjunto de la sociedad debe tener acceso a la información sobre las dinámicas de consumo y responsabilidad en la promoción del consumo contralado e Informado. No es una tarea que deban abordar especialistas médicos ante escenarios de abuso, sino de cada sector y escenario social, propendiendo por un cambio de perspectiva.

6. Resolver las desigualdades sociales y económicas que son caldo de cultivo para el abuso de sustancias slcoactivas, particularmente por el consumo de aquellas con mayor nivel de adicción, dada su composición química hecha para generar sustancias de muy bajo costo, pero altamente peligrosas como el bazuco.

IV.

FRENTE A LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN, EL IMPACTO EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA.

El negocio trasnacional de la cocaína, desarrollado en Colombia desde hace más de treinta años, ha sido un elemento clave en los procesos de acumulación de capital, en la configuración del régimen político y sociocultural, así como de la dinámica de violencia que ha padecido el país. Las complejas

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redes y relaciones que se han creado entre sectores económicos emergentes ligados al narcotráfico, partidos políticos, negocios legales, violencia y reconfiguración de poderes locales y regionales son una realidad, develada recientemente a través del proceso de la denominada "parapolítica".

Dado el carácter estructural del fenómeno del narcotráfico, vinculado a la esencia misma del neoliberalismo, ganar la batalla frente a este flagelo pasa por el desmonte del propio modelo neoliberal. Puntualizando algunos aspectos de esta necesaria tarea se propone: 4.1 Narcotráfico y régimen político: desmonte efectivo del paramilitarismo y reforma al sistema electoral Hoy resulta claro para el país que el dinero del narcotráfico ha sido financiador de primer orden de la guerra sucia en contra de las alternativas democratizadoras en el país. Así ha quedado evidenciado con la conformación, accionar y propósitos del MAS, Muerte a Secuestradores, en los años ochenta, o los hechos que de manera continua y contundente han demostrado la financiación de las estructuras paramilitares por parte del narcotráfico. El papel jugado por el empresariado de la cocaína en Colombia en la articulación entre economías legales e ilegales como estrategia en el proyecto paramilitar ha quedado al descubierto en casos como los de Enilse López, con el negocio de apuestas en la Costa Caribe. Frente a todos estos hechos, queda claro que el fenómeno del paramilitarismo, sus lógicas de financiación y su incidencia en la institucionalidad exige el desmonte efectivo del complejo dispositivo paramilitar, no sólo de las estructuras militares sino de sus financiadores en negocios legales e ilegales.

El impacto del narcotráfico en el régimen político a nivel local y nacional ha sido de igual manera contundente por la vía de amplía financiación de campañas electorales. Los innumerables casos de relación directa entre políticos de los partidos tradicionales, narcotraficantes y paramilitares, articulados entorno a proyectos políticos defensores del status quo y los privilegios de empresarios, terratenientes, y del capital trasnacional, son evidencia más que suficiente al respecto. Por lo tanto, resulta absolutamente necesario, que de la mano con amplios procesos judiciales, se construya una reglamentación electoral que prohiba la financiación privada de las campañas, evitando feriar la democracia a la subasta del gran capital y los dineros del narcotráfico, garantizando el apoyo estatal a todos los partidos políticos.

4.2 Narcotráfico y sistema financiero: reforma a la política monetaria y regulación a los mercados financieros (control de capitales)

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No es una mera coincidencia que el auge del narcotráfico, la violencia, así como del sistema financiero se den justamente en las últimas tres décadas. El telón de fondo para la aparición de tales fenómenos es el desarrollo mismo del modelo neoliberal, en tanto que los cambios en las funciones del Estado y la búsqueda de nuevos espacios para la acumulación de capital -junto con los cambios tecnológicos observados en el periodo-, han generado condiciones óptimas para nuevas formas de acumulación con elevadas tasas de ganancia, entre las que se destaca el narcotráfico. Lejos de ser una anomalía o un proceso sin sentido, los procesos criminales de acumulación, como el narcotráfico, y la violencia asociada a estos, son parte fundamental en el proceso económico y político contemporáneo.

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Claro de ejemplo de esto es la estrecha relación que existe entre lógicas especulativas en el mercado financiero y lavado de activos, particularmente del dinero proveniente del narcotráfico. Los más de 17.000 millones de dólares que anualmente son blanqueados a través de y por el sistema financiero en Colombia, son producto de las condiciones mismas de funcionamiento de éste mercado en la actualidad. Los complejos dispositivos que permiten la obtención de ganancias extraordinarias via especulación, como la comercialización de derivados financieros, son el vehículo ideal para el blanqueamiento de capitales.

La compra y venta de títulos varias veces en un mismo día, la movilización de grandes sumas de dinero a través de pequeñas transacciones, así como las amplias condiciones de movilidad de capital de manera transfronteriza, gracias la liberalización de la cuenta de capitales, han permitido la emergencia del fenómeno de lavado de activos. De esta manera, no sorprende que sea justamente el sector financiero uno de los que mayores tasas de crecimiento y nivel de ganancias haya tenido a lo largo de las últimas décadas; la de por sí perversa lógica especulativa se ha visto potenciada por el ingreso constante de capitales provenientes del narcotráfico.

Es por esto que resulta absolutamente necesario realizar una profunda reforma al sistema financiero y a la política monetaria en Colombia, frenando la dinámica especulativa que crea incentivos para la entrada masiva de capitales en búsqueda de ganancias extraordinarias vía tasa de interés, combatiendo la explosión del mercado de derivados y el control de capitales, recuperando la soberanía nacional sobre la entrada y salida de los mismos.

Los mecanismos de seguimiento a la propiedad de los capitales al interior del sistema financiero han resultado insuficientes frente a las dimensiones del fenómeno, precisamente porque es fundamental erradicar e! origen mismo de los incentivos para la especulación. La dimensión global de éste fenómeno y su efectividad frente al lavado de activos ha hecho que incluso el Fondo Monetario Internacional haya reevaluado su postura con relación al control de capitales desde el año pasado.

4.3 Despenalización y regulación desde la perspectiva de la producción: industrialización y promoción de otros derivados Una de las bases fundamentales para el desarrollo de este lucrativo negocio es el hecho de pertenecer a un mercado ¡legal, elemento determinante en la formación de precios extraordinariamente altos que garantizan rentabilidad. Es esta una de las principales razones para proponer la despenalización y legalización de las sustancias psicoactivas derivadas de la coca, la marihuana y la amapola, desde el punto de vista de la comercialización y producción. La legalización y despenalización no sólo bajarían la rentabilidad del negocio, sino que permitirían ponerle freno a la corrupción proveniente de este tipo de economía y que ha irrigado al conjunto del Estado colombiano. Un proceso de esta naturaleza requeriría gradualidad y diferenciación entre productos, ya que no es posible darle el mismo tratamiento a la marihuana que a la cocaína y la heroína. De igual manera se requiere la definición de un conjunto de regulaciones al mercado, entre los que se destacan una fuerte política impositiva para la comercialización de sustancias, así como una fuerte intervención estatal desde la perspectiva del consumo.

La perspectiva de regulación, legalización y despenalización implica también plantear propuestas desde la perspectiva de la producción. Experiencias como las que se han puesto en marcha en Perú o Bolivia, relacionadas con la industrialización, transformación y comercialización de la hoja de coca

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a manera de derivados alimenticios, resultan de vital importancia. En el caso boliviano el proceso de despenalización e industrialización se viene ejecutando desde finales de ios años ochenta, autorizándose el aprovechamiento de la hoja de coca para productos alimenticios, cosméticos y para medicamentos. Tal proceso se ha acompañado recientemente de un conjunto de políticas dirigidas a enfrentar los problemas de orden ambiental, económico y social que han estado alrededor del cultivo de hoja de coca en condiciones de ilegalidad, contando además con amplia participación de las comunidades rurales.

La experiencia boliviana ha colocado sobre la mesa el debate alrededor del aprovechamiento de las amplias propiedades nutricionales y energéticas de la hoja de coca; a manera de ejemplo, se encuentra que la hoja de coca presenta mayor contenido de proteínas y calcio que muchos cereales como trigo, arroz, maíz o cebada. En el caso particular de los alimentos derivados de la hoja de coca, la iniciativa de despenalización, regulación e industrialización se convierte en instrumento para hacerle frente al problema de seguridad y soberanía alimentarias.

En contraste, en Colombia las licencias para la producción de derivados de la hoja de coca han sido en exceso limitadas y entidades como el Invima se han negado a expedir los permisos pertinentes para la comercialización de diversos productos. La apuesta por la despenalización, regulación e industrialización resulta de vital importancia para avanzar en un cambio de perspectiva sobre el tratamiento de esta problemática.

El necesario cambio de paradigma en la política antidrogas sólo será posible en tanto se reflexione este problema desde la perspectiva del conjunto del modelo económico, político, social y ambiental vigente. La sociedad colombiana clama desde la movilización, la protesta y la propuesta por un nuevo pacto de país. Sólo la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente dará las garantías para que una política alternativa para el tratamiento de la hoja de coca, marihuana y amapola sea real y efectiva.

Bogotá, septiembre 24 de 2013.

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SUIPPCOL Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia

Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS Bogotá, septiembre 24, 25 y 26 de 2013 1.

Presentación

La Red Nacional de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base (en adelante "la Red") y el Espacio Regional de Paz del Cauca (en adelante "el ERPAZ")1, se hacen presentes en este Foro Nacional sobre el cuarto punto del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera: "Solución al problema de las drogas ilícitas: 1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de

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La Red de Iniciativas y Comunidades de paz desde la base está presente en 12 de los 32 departamentos y está conformada por: 1. Asociación de campesinos de Buenos Aires (ASOCAB - Sur de Bolívar); 2. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN); 3. Asociación de Mujeres Sembradoras de Vida y Paz de Samamego (Nariño); 4. Asociación de campesinos de Inzá Tierradentro (ACIT); 5. Asociación de productores alternativos de Simití (ASPROAS); 6. Asociación de organizaciones de mujeres de Buenaventura; 7. Asociación de trabajadores Campesinos del Carare (ATCC); 8. Asociación de Juntas de Acción Comunal de Cartagena del Chaira, Caquetá (ASOJUNTAS); 9. Asociación Regional de mujeres del oriente antioqueño (AMOR); 10.

Asociación de productores para el desarrollo comunitario de la ciénaga grande del bajo Sinú (ASPROCIG); 11.

Asociación de Juntas Comunales del Alto Naya; 12. Asociación de Consejos Comunitarios del Río Patía, sus brazos y la ensenada de Tumaco (ACAPA); 13. Comité de Cacaoteros de Remolino del Caguán y Suncillas (CHOCAGUÁN); 14. Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA-FUNDECIMA); 15. Comunidad de paz de San José de Apartado; 16. Comunidades de autodeterminación, vida y dignidad del cacarica (CAVÍDA); 17. Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); 18. Consejo Comunitario del río Sanquianga (Nariño); 19.

Consejo Comunitario Mayor del rio Anchicayá; 20. Consejo Comunitario del rio Cajambre; 21. Consejo Comunitario del bajo Naya; 22. Consejo Comunitario del río Yurumanguí; 23. Consejo Comunitario Mayor de la OPOCA (COCOMOPOCA); 24. Coordinación de consejos comunitarios y organizaciones de base del pueblo negro del Pacífico Caucano (COCOCAUCA); 25. Foro Interétnico de Solidaridad Chocó (FISCH); 26. Iglesias Santuarios de Paz de Tierra Alta, Córdoba (CORSOC-ASVIDAS); 27. Proceso soberano y comunitario por la vida, la justicia y la paz de Micoahumado; 28. Red Mujer y Participación Política de Cundinamarca; 29. Unidad de Organizaciones Afro caucanas (UOAFROC); 30. Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA). Con el apoyo del ffl Programa Suizo de Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL).

El Espacio Regional de Paz del Cauca, está conformado por iniciativas de paz y organizaciones indígenas: CRIC, ACIN; campesinas: CIMA, MCC; de mujeres: Ruta Pacifica de las Mujeres regional Cauca, mujeres ACIT, Justicia y Paz, Corporación gestión y desarrollo, Fundetnias y COMUNITAR: Afro descendientes: COCOCAUCA, UOAFROC; urbanas; ORDEURCA, CODESCO, SUNMCOL. Con el apovo del Programa Suizo de Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL).

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. 2. Programas de prevención del consumo y salud pública. 3. Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos".

Desde que se iniciaron los diálogos en la Habana, la Red y el ERPAZ han manifestado su beneplácito y su decisión de saludar, rodear y defender dicho proceso. Hemos solicitado que no se levanten de la mesa hasta lograr un acuerdo final para terminar el conflicto armado. De igual forma hemos expresado que no nos sentimos representados en la mesa y que el modelo de participación acordado es excluyeme, aunque no por ello deje de tener validez y legitimidad. Sabemos que el camino para terminar con la guerra y construir la paz es de largo aliento, pasa por los escenarios de diálogo y negociación entre las Insurgencias y el Gobierno Nacional, pero sobre todo se construye, se concerta y se legitima ampliamente, en los escenarios de construcción de paz del movimiento social popular y en las múltiples expresiones organizativas y de participación de la sociedad civil y en las regiones y territorios de nuestras comunidades.

La Red y el ERPAZ han venido construyendo participativamente, un enfoque y propuesta de paz desde la base, a partir de las experiencias, vivencias y hechos concretos de paz, a pesar del conflicto. Dicho enfoque incluye una perspectiva diferencial, de género, multiétnica y multicultural de la paz vista desde el territorio.

Respecto del tema que nos ocupa en este Foro, la Red y el ERPAZ consideran que después de más de 30 años de fracaso de la política antidrogas en Colombia, ya es hora que se tengan en cuenta las propuestas muy concretas que han hecho las organizaciones campesinas, afros, indígenas, mujeres y, en general los productores de hoja de coca, con el fin de construir una política realista de manejo del problema. La solución al problema de los cultivos declarados ilícitos pasa por discutir y decidir políticas frente a las complejas dimensiones del narcotráfico en los escenarios de paz con participación de la sociedad civil colombiana. Y al mismo tiempo aclarar, desde la perspectiva de Colombia en el marco del proceso de paz, cuál debería ser la responsabilidad internacional y cómo se debe actuar en relación con la política de cooperación.

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La Red y el ERPAZ consideran que en el centro de la discusión de este tema debe estar la relación y articulación entre drogas y conflicto armado y la transformación que el narcotráfico ha logrado en la institucionalidad y el Estado colombiano, creando un poder mañoso que ha llegado, como lo señala Garay a la "reconfiguración y captura del Estado". Pero de igual forma, la solución del problema, en el marco de una paz estable y duradera, debe estar necesariamente articulada a otros temas tales como: un cambio radical en la estrategia de remilitarización y plan consolidación que ha violado derechos fundamentales de las poblaciones; el tema del acceso a la tierra-reforma agraria integral; de los proyectos de vida de las comunidades, iniciativas de economía campesina propia y de los planes de desarrollo regional, construidos desde los enfoques y con la amplia participación de las comunidades, especialmente de las poblaciones (mujeres, afro, campesinas, indígenas) afectadas por las políticas represivas ¡mplementadas para enfrentar el problema.

2. Análisis del problema desde la Red y el ERPAZ

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base La bíodiversidad cultural y agroecológica de las regiones de Colombia hacen que el fenómeno de comportamiento de los cultivos declarados ¡lícitos se manifieste de manera diferente y por supuesto sus opciones de solución deben de ser diferentes, asunto que no se ha aplicado todavía en el país, porque no ha habido realmente una. implementadón de solución diferenciada y mucho menos teniendo en cuenta las características étnicas y culturales de las comunidades ¡ocales.

Para las organizaciones y comunidades que hacen parte de la Red y el ERPAZ, la relación entre el tema de las drogas y el conflicto armado se traduce en mayor afectación de sus derechos cómo población civil debido al control y disputa de los corredores de tráfico, establecimiento de redes y contactos, instalación de laboratorios de procesamiento, control de pistas, lavado de activos. Este control territorial alimentado con el flujo de grandes cantidades de dinero del narcotráfico, con presencia de ejércitos privados unido al control históricamente ejercido por las élites políticas regionales/tradicionales y por la alta militarización y políticas represivas desde el Estado ha entrado en confrontación con el ejercicio de autonomía por parte de las comunidades quienes consideran que esta problemática ha tenido tres consecuencias graves: 1) pérdida de la autonomía en el territorio, 2) crisis de seguridad y soberanía alimentaria, y 3) el aumento de la violencia y conflictos con los actores armados en sus territorios.

La autonomía sobre los territorios es tal vez el aspecto más resaltante de la problemática de los cultivos de uso ilícito cuando se establecen en territorios indígenas, afros y campesinos porque se pierde el control sobre el manejo de la cotidianidad, se pierden los valores étnicos y sobre todo se permea la cultura ancestral y las practicas comunitarias.

La política anti-narcóticos de los Estados Unidos ha causado despojo y violaciones de derechos humanos, ha incrementado el tráfico de armas y ha aumentado violencia. No ha resultado útil en la disminución del cultivo de la coca ni en la producción de cocaína. Por otra parte, políticas económicas estadounidenses como la apertura del mercado y la implementadón del Trato de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos y Colombia han impactado negativamente a las economías de pequeña escala, aumentando la vulnerabilidad económica y la dependencia de la cultivación de coca como fuente de ingresos, actuando en contra de las supuestas metas de la erradicación.

Si bien es cierto que los Gobiernos y Estados tienen hoy mayor claridad y puntos en común sobre el diagnóstico del problema, como lo señaló el Secretario general de la OEA al entregar el informe 2 "esta situación debe ser enfrentada con mayor realismo y mayor eficacia si queremos avanzar en soluciones efectivas" y con mayor claridad apuntó que "todos quienes tenemos responsabilidades en el ámbito público, le debemos a los millones de mujeres y hombres, de jóvenes y adultos mayores, de madres y padres, de niñas y de niños que hoy se sienten amenazados, respuestas claras y políticas públicas eficaces para enfrenar este flagelo".

2

Ver: OEA, El problema de las drogas en las Américas, 2013. Insulza señaló cuatro conclusiones: 1. Es necesario tratar el problema de acuerdo a cada realidad; 2. Los países con menos recursos y menor fortaleza institucional tienen más dificultades para hacer frente al impacto del narcotráfico; 3. El fenómeno requiere un enfoque de salud pública; y el enfoque del problema debe ser múltiple, flexible, comprensivo de las diferencias y debe contar con la unidad en la diversidad.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base El documento sobre "Escenarios 2013-2015, para el problema de las drogas en las Américas", complementario al informe global, se describen cuatro escenarios cada uno con énfasis diferentes a saber: acento en el fortalecimiento institucional, ajustes en las normas legales y mecanismos de control y regulación, continuidad del fracaso de las políticas (ruptura) y un escenario de diálogo con las comunidades en la perspectiva de: "Programas para el fortalecimiento de las comunidades y el mejoramiento de la seguridad y la salud públicas, creados de abajo hacia arriba por los gobiernos locales, las empresas y las organizaciones no gubernamentales".

Esperaríamos que los mandatarios y responsables de las políticas antidrogas coloquen atención a éste escenario.

Reiteradamente y en múltiples espacios, las comunidades no sólo han construido el diagnóstico sino que han elaborado propuestas que no han sido escuchadas. Recientemente, en el una audiencia pública realizada en el Cauca3, las comunidades campesinas, mujeres, afros e indígenas expresaron: "Creemos que debe haber un enfoque de tratamiento estructural de la problemática. El 62% de la población estamos recuperando economías propias como alternativa a los ilícitos. Partiendo del problema de la tenencia y propiedad de la tierra.

Seguimos manteniendo nuestra propuesta de plan de vida y la movilización permanente.

Proponemos discutir y concertar propuestas en tres niveles: 1. La recuperación y promoción de los usos culturales y tradicionales de la coca 2. Diversificación de los cultivos, en el marco de economías campesinas propias.

3. La sustitución gradual y concertada con garantías de ingresos y desarrollo agropecuario integral.

Para ello señalamos una posible ruta de acción: Cultural: Hay que sustentar y defender con razones lo que hacemos y lo que producimos. Poder suplir las necesidades alimentarias locales antes que pensar en exportar, sin descartarlo.

Metodológicamente; intercambio de saberes y experiencias que fortalezca nuestro territorio Político: reconocimiento como sujetos de derechos pues no queremos ser perseguidos, y seguir luchando por una reforma agraria integral Ambiental: reconociendo la riqueza natural y humana del territorio y la imperante concientización de los países en relación con la urgencia de una compensación ambiental.

Económico: rechazo contundente al TLC".

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En la misma audiencia el Gobernador del Cauca, intervino señalando que: "Los que vivimos aquí sabemos cuál es la dinámica de la coca, y sabemos que los campesinos no se hacen ricos con la coca, con la coca no se han beneficiado los campesinos, pero si es un medio de subsistencia ante situaciones difíciles. En el departamento del cauca estamos haciendo un esfuerzo para trabajar el tema del campo, hemos hecho varios foros, conclusiones: vivimos del café, hay que apoyar a los que cultivan esto, caña panelera y fique, leche y frutales; cualquier gobierno si quiere aportar realmente al campo debe apoyar estos cultivos, con un criterio, organizar el campesinado, para que se convierta en un interlocutor fuerte para negociar, exigir etc."

" Audiencia Pública "Diversificación de la economía y dignificación de la coca", 26 de julio/2013. Gobernación del Cauca.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base 3.

Impactos específicos para las comunidades y territorios

Colombia cuenta con un ecosistema "mega-diverso," hospedando aproximadamente 14% de la biodiversidad mundial4.

La política antidrogas aplicada en Colombia ha sido un fracaso, además de causa un grave daño al ecosistema, porque no ha tenido en cuenta otros problemas estructurales, como la crisis agraria, la inequidad de un modelo de desarrollo que no es sostenible, la ausencia de una gobernabilidad ganada desde los procesos y no desde el ejercicio de la fuerza. Los ciudadanos colombianos y estadounidenses continuarán presenciando el despilfarro de significativos recursos en acciones que además de no mostrar sus bondades impiden el afianzamiento de la democracia y con ello la consecución de la paz en Colombia.

De igual forma, las regiones que albergan la riqueza de la diversidad colombiana seguirán padeciendo las consecuencias ambientales y sociales de esta estrategia que no hace otra cosa que fortalecer el negocio de la guerra, en el cual los que se lucran son los fabricantes de las armas, químicos como el glifosato y aeronaves. La erradicación forzada de los cultivos de coca, marihuana y amapola no puede continuar siendo parte esencial de una estrategia de guerra para combatir parcializadamente a los actores armados y consolidar e! poder de grupos ilegales y organizaciones narcotraficantes, entronizadas en los poderes locales, en muchos casos, con el apoyo de amplios sectores empresariales nacionales e internacionales, y políticos.

La política se ha centrado en perseguir las plantaciones y, con ello, al eslabón más débil de la cadena, integrado por campesinos, colonos, indígenas y afrocolombianos que deben dedicarse a su siembra para sobrevivir, ya sea ante las inadecuadas condiciones de vida o las presiones de los actores armados. Las aspersiones aéreas con glifosato desde 19925 y otros químicos incluida la propagación de plagas contra a hoja de coca bajo el nombre de "control biológico", están causando graves daños de tipo ambiental, cultural y social, violando disposiciones sobre seguridad ambiental y normas sobre manejo de herbicidas.

Como consecuencia, las áreas de ¡lícitos se han desplazado a zonas ambientalmente frágiles tanto en el interior de la región amazónica como en las zonas de bosque andino y alto/andino, áreas estratégicas en la producción de! ciclo del agua. Con ese traslado se han multiplicado los impactos ambientales6 y se ha agravado ía problemática social ante el contundente hecho de que centenares de miles de colombianos derivan su ingreso de esa economía.

4 5

Consultar: "Colombia Report.Convention on Biológica! Diversity"en http://www.cbd.int/countries/?country=co

Según Ricardo Vargas, la fumigación de coca y amapola entre 1992 y 1999 sobrepasó el equivalente a 230.000 hectáreas, esto es, se esparcieron más de dos y medio millones de litros de glifosato.

6 E n sentido contrario, las comunidades que hacen parte de la Red y el ERPAZ, han protegido, en los últimos 3 años cerca de 32.000 hectáreas de tierra, en su mayor parte baldíos, del despojo y el abandono de más de 1.200 familias campesinas; se ha apoyado la titulación colectiva de 70.000 hectáreas de tierras en territorios étnicos y se han preservado más de 28.000 hectáreas de ciénagas, sabanas y playones comunales.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base Tras las fumigaciones, el aire contaminado, produce en la población dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, tos, problemas respiratorios, mareo, vómito, diarrea, conjuntivitis, dolor de huesos, alergias. La población ha expresado que luego de la fumigación, queda un olor a químicos en el ambiente. Los ríos también se han contaminado, y al carecer de agua potable o, por lo menos, entubada, obligadamente se utiliza el agua de los ríos para uso doméstico y para su baño personal, provocando enfermedades internas y a la piel. El consumo de agua del río contaminada por las fumigaciones constituye un ciclo de envenenamiento para las personas, animales y plantas. Se han presentado enfermedades desconocidas para la población y se puede observar daños sistemáticos en las personas como afecciones respiratorias, de piel, digestivas y nerviosas, sarpullidos, diarrea, problemas de visión y abortos espontáneos después de las fumigaciones. Los pobladores manifiestan que la Intensidad de algunas de estas enfermedades no eran comunes en la zona y que después de las fumigaciones hay una propensión a enfermarse con mayor frecuencia. Tres meses después de las fumigaciones la población más cercana mantiene síntomas de intoxicación crónica con señas de afección neurológlca, problemas de piel y conjuntivas.

En este sentido, en 2007, el Relator Especial en el derecho a la salud de las Naciones Unidas afirmó, "Hay evidencia creíble y confiable de que las fumigaciones aéreas de glifosato en la frontera entre Colombia y Ecuador perjudican a la salud física de la gente viviendo allá. También hay evidencia creíble y confiable que las fumigaciones aéreas perjudican a su salud mental. A veces helicópteros militares acompañan a las fumigaciones y la experiencia entera es aterrorizante, especialmente para los niños."7 Comunidades que hacen parte de la Red han documentado oleadas sistemáticas de fumigaciones por ejemplo de más de diez veces en un período promedio de dos meses. En cambio, sus propuestas para programas voluntarios de erradicación manual no son tenidas en cuenta Esta fumigaciones causan el despojo y desplazamientos de comunidades indígenas, afro-descendientes y campesinos.8 Las fumigaciones aéreas siguen siendo aproximadamente tres veces más utilizadas que la erradicación manual.9 Además, la erradicación manual no se concerta con las comunidades; se hace en el marco de la militarización incrementada de los territorios generando riesgos de seguridad cuando erradicadores manuales entran a las comunidades y por su presencia ponen a los habitantes en peligro de represalia de actores armados. Esta situación ha generado enfrentamientos y violencia contra los habitantes, especialmente contra las mujeres, muchas de las cuales reportan acosos y violaciones sexuales durante campañas de erradicación forzada.

Los programas de desarrollo alternativo ofreciendo substitutos para el cultivo de coca no han recibido recursos adecuados ni han sido implementados efectivamente. Mientras se invirtieron $1.2 mil millones USD en 7

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"Human Rights and Drug Policy: Crop Eradication," Office of the High Commissioner for Human Rights. http://www2.ohchr.org/enqlish/bodies/cescr/docs/nqos/IHRA Colombia44.pdf

8

Denuncias reiteradas de indígenas del Cauca (CRIC), campesinos del macizo colombiano y comunidades afro del pacifico (Valle y Cauca).

9

En 2011, 34.170 hectáreas de coca fueron erradicadas por medio de la erradicación manual forzada, mientras que 103.302 hectáreas fueron fumigadas desde el aire. Ver: "Colombia Coca Cultivation Survey2011", United Nations Office on Drugs and Crime, June 2012 at 76 and 79.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base fumigaciones entre 2000 y 2005, solo invirtieron $213 millones USD en programas de sustitución y desarrollo alternativo10. Además no se ha cumplido con los compromisos hechos con grupos campesinos y comunidades sobre los programas de substitución. 11 Del mismo modo, la política ha desplazamientos forzados de campesinos y otros habitantes del campo (Codhes, 2003), contrariando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas. Al respecto, la Corte que "las actuaciones de las fuerzas militares o de policía y de los organismos de seguridad del Estado cuando le hacen frente a las conductas delictivas realizadas por los grupos armados, o cuando se adelantan procesos de fumigación y erradicación de cultivos ilícitos en lugares donde habitan personas que se ven avocadas a desplazarse" (Corte Constitucional, 2005). A esta conclusión llegó la Corte luego de analizar los casos de desplazamientos en los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca, Meta, Caquetá y Putumayo, zonas en las que se han aplicado el Plan Patriota, Plan Consolidación y programas de fumigación y erradicación de cultivos.

En similar sentido, se manifestó el Relator de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos luego de su visita a Colombia: "las actividades relacionadas con el narcotráfico son otro factor del desplazamiento forzado, toda vez que este tipo de delincuencia está vinculado a la obtención del control sobre territorios y personas, o contribuyen a crear un clima general de violencia. La combinación de medidas de carácter militar y punitivo empleadas para erradicar el cultivo ilícito de plantas narcógenas, y las repercusiones negativas de la fumigación aérea en la seguridad alimentaria de las zonas afectadas, podrían acentuar el sentimiento general de inseguridad e indefensión que, a su vez, propicia los desplazamientos individuales y en masa".

4. Propuestas para una solución integral al problema **• De acuerdo con el análisis planteado, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes que conforman la Red de Iniciativas y Comunidades de paz desde la Base y el Espacio Regional de Paz del Cauca, presentan las siguientes propuestas, en la perspectiva de contribuir a la ampliación y a! fortalecimiento dé iniciativas que ya vienen realizando las organizaciones de base en sus teiritorios y en cada una de las cadenas productivas; y, con la intención de aportar a una solución real al problema que permita la consolidación de la paz con justicia social: «*• .

4.1 Las políticas de solución al problema de las drogas y los cultivos de uso ilícito deben construirse bajo un enfoque de respeto y garantía a los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones y comunidades vinculadas a la producción de la hoja de coca. En tal sentido, es prioritario descriminalizar el cultivo y reorientar la política de militarización y de operaciones represivas contra las comunidades y sus territorios. Esto pasa por desmontar el actual plan consolidación.

10

"Altemative development strategies in Colombia: The need to move beyond illicit crop spraying," Interamerican Association for Environmental Defense. 2006. En: http://www.aida-mericas.org/ 11

Denuncias de campesinos del Cauca.

1

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Rea do Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base ^

4.2 Parar de manera inmediata las fumigaciones. Esta es una condición necesaria para generar un ambiente de confianza entre el Estado y las comunidades y poder así desarrollar acuerdos para la ¡mplementación de alternativas viables y sostenibles en el mediano y largo plazo a los cultivos ¡lícitos.

•i* 4.3 Fortalecer las iniciativas de economía propia, basada en semillas, tecnologías, procesos de transformación de alimentos autóctonos y mercadeo y comercialización colectivos que fortalezca los sistemas de producción que hoy se desarrollan en varias regiones del país y favorecer propuestas de etnodesarrollo y con enfoques Interétnico y e ¡nterculturai, en los que se incluya, efectivamente, las propuestas productivas alternativas, impulsadas por los grupos de mujeres. En este sentido, es necesario desarrollar una campaña nacional que reconozca la "dignificación de la hoja de coca y del desarrollo alternativo". Estos planes alternativos deben apuntar a garantizar la autosuficiencia alimentaria y propiciar inversiones sobre aquellos cultivos que generen excedentes y tengan condiciones favorables para su comercialización. Para ello se debe partir de procesos de ordenamiento territorial y ambiental que determinen las condiciones biofísicas para la instalación de alternativas viables en el mediano y largo plazo.

- > 4.4 Como alternativa frente a las fumigaciones químicas y biológicas se debe considerar el análisis de técnicas de erradicación manual siempre que ésta sea voluntaria, acordada con las comunidades, de carácter gradual y condicionado a la sostenibilidad de inversiones económicas en lo social y cultural. Se requieren acciones que contribuyan a generar tejido social, una ética fundada en el respeto por la vida y la dignidad humana y que promueva la creación de plenas garantías para la aplicación de una pronta eficaz justicia.

-*

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^

4.5 Conociendo que la mayoría de ios.cultivos de uso ilícito se encuentran en zonas de alta fragilidad ambiental, y que además estos territorios cuentan con una gran diversidad étnica y cultural, las políticas alternativas uuo se propongan deberán garantizar: los derechos de ios pueblos indígenas, afrc descendientes y campesinos de controlar y proteger sus recursos y conocimientos tradicionales; el derecho a la consulta y consentimiento previo e informado, sobre cualquier plan, programa o proyecto que se piense desarrollar en sus territorios; garantizar que los beneficios obtenidos por los desarrollos investigativos y el uso sosteníale de ía biodiversidad sean revertidos sobre las comunidades que habitan los territorios ambientemente frágiles, con el fin de generar alternativas a las economías extractivas.

• = ^ 4.6 Es importante realizar una actualización desde las regiones de las dinámicas y cambios que han ocurrido en la cadena productiva de la producción de la hoja de coca, que permita identificar los cambios ocasionados y los impactos socio culturales, económicos y ambientales que se han producido en los últimos 10 años en el país; para ello se plantea la realización de estudios subregionales en zonas históricas de producción que hayan tenido referentes serios de desarrollo alternativo.

•r^ 4.7 Fortalecer el proceso de organización de las comunidades en el nivel municipal y departamental de modo que contribuya a concertar respuestas locales Incluyendo la erradicación manual, gradual y con inversiones económicas y sociales que reconozcan la diversidad social, política y cultural de las regiones, así como sus planes de vida, de etnodesarrollo y del "buen vivir". En el caso del desarrollo alternativo, este debe

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base incorporar las perspectivas, intereses y cosmovisiones de las comunidades y sus formas de apropiación y manejo del entorno.

4.8 Cumplir de forma eficaz con la implementacion de ios Autos 02, 05 y 06, los cuales ayudarán a mitigar los efectos del conflicto armado, de la violencia y demás conflictos generados por las políticas antidrogas, contra mujeres, niños(as), pueblos indígenas y afro-descendientes.

4.9 Fomentar la creación de eco-aldeas que estimulen las condiciones rurales para el "buen vivir".

4.10

Reconocer y reparar a las comunidades, organizaciones, mujeres y niños/as, que han sido víctimas de las políticas antidrogas, especialmente a quienes han sido afectadas gravemente en sus derechos a la alimentación y a la salud, por las fumigaciones indiscriminadas.

Atentamente, Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base Espacio Regional de Paz del Cauca Bogotá, Septiembre 24-26 de 2013

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UNIVERSIDAD N A C I O N A L DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ CENTRO DE PENSAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL DIALOGO DE PAZ

Naciones Unjtías en Colombia

FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS Relación de anexos a las intervenciones orales Subtema 1, Mesa 3.

1. Anexo a la intervención oral número 4 de "Organización Comité Derechos Humanos".

2. Anexo a la intervención oral número 6 de "Madres por la Vida -Briceño Antioquia".

3. Anexo a la intervención oral número 7 de "Redepaz" (2 documentos).

4. Anexo a la intervención oral número 8 de "Madres por la vida y víctimas".

5. Anexo a la intervención oral número 10 de "Junta de Acción Comunal".

6. Anexo a la intervención oral número 12 de "Asomupor".

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FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS, CONVOCADO POR LA MESA DE CONVERSACIONES DE LA HABANA ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS FARC-EP. ORGANIZAN PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

REDEPAZ

Bogotá, 24,25 y 26 de septiembre de 2013.

PONENCIA DE REDEPAZ CONSIDERACIONES. a.

Redepaz apoya sin vacilación las conversaciones que adelantan en La Habana el Gobierno Nacional del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP por la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera; ese propósito coincide con la misión de Redepaz nacida en noviembre de 1993 para trabajar en nuevas posibilidades para la paz política con el protagonismo de la ciudadanía. La paz parcelada será una paz incierta, por ello también el ELN debe formar parte del actual esfuerzo de salida negociada y pacífica del conflicto. b.

Resaltamos la importancia de la invitación a las organizaciones civiles por la Mesa de Conversaciones de La Habana, a objeto de que se observen, discutan, investiguen, analicen y evalúen las diferentes posiciones respecto a la problemática del cultivo, producción, tráfico y consumo de las drogas ilícitas en Colombia, y las posibles soluciones y recomendaciones que se puedan consensuar.

• c.

Consideramos que en Colombia el problema de cultivo, producción, tráfico y consumo de las sustancias psicoactivas no es un asunto sólo de las partes activas de la Mesa de Conversaciones de La Habana, es decir del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, sino que es esencial y de suma importancia el involucrar y comprometer a diferentes actores centrales de la vida social, económica y política de la ciudad y del campo, para poder así consensuar soluciones holísticas al problema sin dejar de lado ningún actor social. d.

Reflexionamos acerca de la necesidad de considerar el enfoque territorial del desarrollo agrario por cuanto son las comunidades y la ciudadanía activa los agentes de cambio frente a la problemática del cultivo, producción, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas, así como sobre la importancia de la diversidad regional que existe en Colombia y cómo cada territorio exige una modalidad propia de desarrollo con un enfoque particular y diferencial respecto a esta problemática. e.

Hacemos explícita la relación que tiene este cuarto punto dentro del Acuerdo General con el primer punto del mismo: Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial, puesto que desde ese primer punto, es posible pensar en soluciones estructurales en lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable del campo, con equidad y justicia social que involucrará de manera integral y simultaneas, ofertas reales y de mejores oportunidades y condiciones para las familias campesinas que hoy se dedican al cultivo de la hoja de coca para la producción de cocaína, así como quienes se dedican al cultivo de la marihuana y la amapola. f.

El cultivo de coca, la recolección de la hoja y la producción de cocaína, han impactado negativamente en la cultura, las organizaciones comunitarias, la soberanía alimentaria, y en la búsqueda del desarrollo humano sustentable. Los graves impactos medioambientales en vastas extensiones de tierra y en nichos ecológicos importantes para la sobrevivencia de la vida en todas sus expresiones, la deforestación, el uso de agroquímicos, la contaminación química de quebradas y ríos estratégicos para la sobrevivencia de comunidades indígenas, negras

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y campesinas, son razones suficientes para oponernos al monocultivo de la mata de coca con fines de producción de sustancias psicoactivas y los demás cultivos que tienen el mismo fin.

• g.

Vemos la importancia de reflexionar sobre la relación directa entre el fenómeno del narcotráfico y el desarrollo del conflicto armado interno colombiano. A partir de la proliferación de n r n n D A / los cultivos y los procesos productivos de sustancias psicoactivas se ha generado no sólo una K t = L ; í = r t _ A ¿ ~ transformación negativa de los valores culturales y sociales de la nación, sino que ha influido seriamente en la degradación del conflicto y el escalamiento de la guerra, asi como en un aumento considerable de la criminalidad en todas las partes de la cadena productiva del narcotráfico en lo urbano y lo rural. h.

Para la construcción de la paz duradera y estable, Colombia debe abordar indiscutiblemente el fenómeno del consumo interno de sustancias psicoactivas que afecta mayoritariamente a sectores poblacionales juveniles y que, junto -entre otras- a la escasa oferta estatal en materia de educación pertinente universitaria y/o de generación de ingresos, impiden el crecimiento sustentable individual y colectivo de comunidades excluidas y marginadas. El microtráfico interno que llega hoy a casi todos los municipios del país, no solamente plantea un problema de consumo de sustancias psicoactivas, de escasez de oportunidades educativas o laborales para la juventud o de cultura de la ilegalidad, sino que incluye la proliferación de bandas criminales urbanas ligadas y/o dependientes de estructuras armadas de carácter nacional, lo que resulta en el aumento de las muertes violentas por el control territorial, el desplazamiento intraurbano, las amenazas, los confinamientos, la victimización de la juventud y su involucramiento en las cadenas delictivas, el aumento del tráfico y comercio de armas, etc. i.

Derivado de lo anterior, vemos la necesidad de que, en medio del viraje que está tomando la política global sobre las drogas ilícitas, no se le dé únicamente tratamiento médico a los consumidores/as. Es decir, no pasar de criminalización del consumo, a la medicalización del mismo (de criminal a enfermo/a), puesto que el consumo de sustancias psicoactivas no necesariamente deriva en enfermedad física o mental. En pos de no limitar el tratamiento al consumo a la perspectiva médica y farmacéutica, proponemos realizar un diagnóstico nacional sobre el estado del consumo interno, así como de los consumidores/as, que permita dar insumos para crear una política de derechos del consumidor/a y no únicamente darle tratamiento a los consumidores/as como enfermos/as. j.

No compartimos la actual política de Estado de adhesión y respaldo a la guerra contra las drogas planteada y ejecutada por los Estados Unidos en territorio colombiano, que es igualmente responsable por el deterioro de la naturaleza, depredación de los territorios originarios de las comunidades, detrimento de la economía campesina, perjudicial a la salud, nocivo al suelo, al agua y a sus recursos naturales por la fumigación indiscriminada con sustancias químicas y por el enfoque de criminalización y castigo a la población campesina.

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k.

Compartimos con muchos sectores sociales y empresariales afectados por el problema de la producción y consumo de sustancias psicoactivas en el área rural la ¡dea del desarrollo agrario mixto de pequeña y gran empresa, sector público, sector solidario y sector privado, con enfoque territorial, que tome en cuenta las plantaciones de coca, amapola y marihuana como beneficiosas en vez de perjudiciales, ya que a estas se les puede dar usos medicinales, alimenticios, nutricionales y ambientales beneficiosos para el medio ambiente y para los individuos y comunidades productoras.

I. La política de guerra contra las drogas fracasó. Asistimos a la emergencia de un nuevo enfoque tanto en los Estados Unidos como en Suramérica y Centroamérica. Se está creando una nueva institucionalidad no represiva en el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas. Se está imponiendo la necesidad de despenalizar el consumo y tratarlo como asunto de salud pública. Así mismo se comienza a plantear una concepción económica y productiva de los usos terapéuticos y rituales de las sustancias psicoactivas. Estos nuevos desarrollos los consideramos de vital importancia para superar la lógica guerrera y militar del problema de

las drogas ilícitas, defender el medio ambiente, y avanzar en la construcción de sociedades pacíficas y en el respeto de lo que culturalmente nos pertenece como colombianos y colombianas. m.

Redepaz en esta etapa apoya los diálogos incluyentes para la terminación del conflicto armado, que tomen en cuenta la problemática de las sustancias psicoactivas, su legalización y despenalización como una solución a la misma.

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PROPUESTAS 1.

Proponemos seguir el camino impulsado por gobiernos nacionales como el de la República Oriental del Uruguay, así como de algunos gobiernos locales como el Estado de California, EU, en procura de despejar legal y jurídicamente el tránsito de la política global de tratamiento a las drogas y sustancias psicoactivas mediante la prohibición y penalización del uso y de la producción, hacia una política social que esté trazada alrededor del control de los procesos de producción, venta y consumo, esto es: crear las condiciones jurídicas, tributarias y de política pública que permitan una transición transformadora hacia la legalización y despenalización como herramienta para controlar sociaimente este fenómeno, así como para enfrentar de manera audaz los efectos y las consecuencias sobre la salud pública que este fenómeno conlleva.

2.

Redepaz propone la sustitución de los mercados ilegales a través de la legalización y la despenalización de las sustancias ilícitas a objeto de que se reduzcan los índices de criminalidad relacionados con la producción y venta de dichas sustancias. Esto contribuiría de manera eficaz en la disminución de los altos incentivos en términos de ingresos que genera la prohibición, además de atacar de manera frontal el crimen organizado y losriesgosque la clandestinidad del consumo genera a la salud pública.

3.

Proponemos a la Mesa de Conversaciones realizar un examen juicioso en lo concerniente a este quinto punto del Acuerdo General, aquellos líneamientos trazados en el denominado "Pacto Social por el Catatumbo", elaborado por las organizaciones campesinas de la zona y voceros del Gobierno Nacional tras el reciente Paro de más de 50 días. Específicamente vemos con agrado y de vital importancia prepositiva el llamado "Mandato Regional para la sustitución social, gradual, concertada, estructural y ambiental de los ingresos derivados de los cultivos de uso ilícito en el Catatumbo". Consideramos que este documento podría servir de guía para otras zonas del país afectadas por este fenómeno. Proponemos entonces que la política de sustitución consensuada en el Catatumbo sirva como laboratorio social para la sustitución gradual y progresiva a partir de la firma y la refrendación del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

4.

La política de Estado frente al tema de ¡a sustitución de los cultivos, debe superar el asistencialismo y las acciones de corto alcance y tener en cuenta un balance que sea coherente entre ios ingresos a partir del cultivo y cosecha de la hoja de coca, la amapola o la marihuana con destino al narcotráfico y las condiciones socioeconómicas que se creen con el fin de sustituir los cultivos. Mientras una familia campesina reciba ingresos alrededor de 8 o 9 millones de pesos trimestralmente, será poco llamativo cambiar la producción por ofertas que se dan en la actualidad como 4 novillas o $1.600.000. Es por ello que Redepaz propone una sustitución mixta, esto es: Además de gradual y consensuada, la sustitución no debe ir encaminada solamente en acabar con los cultivos, sino sustituir los usos en aquellos territorios donde esté muy arraigada la producción haciendo pedagogía productiva sobre los múltiples usos de estos cultivos diferentes a fines de producción de sustancias psicoactivas, junto con los apoyos técnicos y financieros necesarios.

5.

Proponemos la generación organizada de un debate nacional con la participación amplia y activa de la sociedad civil y sus organizaciones, sobre los usos y la importancia cultural de las plantas ancestrales, con énfasi

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en la coca y los diversos usos productivos de la majihuana. Además un reconocimiento del valor cultural/ancestral de la hoja de coca, mediante la "revalorización y dignificación de la hoja de coca con el fin de reafirmar los valores históricos, culturales y espirituales de la hoja sagrada", siguiendo el camino recorrido por el Estado Plurinacional de Bolivia mediante su política pública al respecto, teniendo en cuenta las diferencias contextúales y culturales entre ambos pueblos.

REDCPAZ 6.

Impulsar los procesos de transformación productiva e industrialización de la hoja de coca y la marihuana, como consecuencia/objeto del punto anterior. Derivado de esta política, se debe impulsar el control social del cultivo y la comercialización con el objetivo de fiscalizar social y comunitariamente la producción y disminuir gradualmente los cultivos cuyo origen y finalidad está ligada al narcotráfico. Con esto se busca someter la actividad ilícita a principios de control determinados por las mismas comunidades.

7.

Le solicitamos a la guerrilla de las FARC-EP que, como acto de voluntad política de paz, haga reconocimiento de la realidad de sus vínculos con el negocio de las drogas ilícitas. La experiencia de las FARC_EP en ese negocio debe ser puesta al servicio de la superación de la problemática del narcotráfico. El conocimiento que sus jefes militares y sus frentes tienen en lo concerniente con las rutas y los mapas de producción de la coca, la marihuana y la amapola debe constituirse en un aporte fundamental a la superación de la criminalidad asociada con el tráfico de drogas ilícitas. Esta contribución es decisiva en la creación de las condiciones para que la paz sea estable y duradera.

8.

Proponemos combatir la producción ilícita a través del fomento del autocultívo de las plantas como la marihuana y la hoja de coca, siempre y cuando se mantenga un registro de los consumidores, reforzando la política nacional de atención en salud pública a los consumidores y permitiendo con esto hacerle seguimiento individual a quienes estén incluidos en el registro. Aplaudimos la propuesta del Alcalde Mayor de Bogotá, Doctor Gustavo Petra Urrego, son su política de atención a los consumidores dentro de tos Centros de Atención Móvil a Drogodependientes. La gran dificultad para llevar a cabo este programa hace evidente la necesidad de construir un marco jurídico que revolucione el tratamiento al problema de las sustancias psicoactivas.

9.

A partir de los ingresos generados por la legalización, despenalizacíón y control estatal de los cultivos y la comercialización de los productos, proponemos un Fondo Nacional para la Atención Psicosocial y Médica de Consumidores de Sustancias Psicoactivas- SPA. Para un mejor control económico de la legalidad de estos mercados, Redepaz propone la venta diferenciada a nacionales y extranjeros, con el fin de evitar nuevos escenarios conflictivos como el llamado narcoturismo.

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Por último consideramos que de los lineamientos básicos para superar el problema de las drogas ilícitas, dependerá en gran medida el éxito de la construcción de la paz estable y duradera. Somos conscientes de la envergadura y la trayectoria histórica de esta problemática, por ello creemos en la elaboración de políticas de mediano y largo plazo que> generen condiciones reales para la superación estructural del conflicto armado y las causas que lo han generado, así; como los cambios ocurridos en su naturaleza y dinámica a lo largo de su desarrollo. Reiteramos nuestro apoyo irrestrictq -pero siempre crítico/propositivo- al desarrollo de la Mesa de Conversaciones con las FARC-EP, demandando también de manera formal el inicio de conversaciones con la insurgencia del ELN. Bogotá, 24 de septiembre de 2013

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