Mesa Temática 1 • Grupos de Trabajo 4 by Delegación de Paz FARC-EP

Propuestas Ciudadanas Mesa TemĂĄtica 1 Grupo de Trabajo 4

RelatorĂa

- FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Relatoría del Grupo de Trabajo No. 4 de la Mesa Temática 1 sobre "Los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito" Fecha: 25 de septiembre de 2013 Número de participantes hombres: 28 Número de participantes mujeres: 4 Númeroy sectores participantes: Organizacionesy movimientos campesinos (13); Organizaciones indígenas (2); Organizaciones afro-descendientes (1); Organizaciones estudiantiles (1); Organizaciones de víctimas (1); ONG (2); Partidos políticos (1); Sector académico, universidades y centros de investigación (2); Número de ponencias escritas presentadas: 6 Número de intervenciones orales: 24 Se adjunta como anexos a la relatoría: Listado de asistentes Ponencias presentadas: Las ponencias que llevan los números 16 y 22, son iguales, por tal razón, se deja para consulta la número 16 en los anexos. Propuestas Sustitución de cultivos ilícitos La política antidroga en Colombia y en el hemisferio ha sido un fracaso que no ha llevado a la disminución de los cultivos1. Las políticas de erradicación que se han realizado han generado violación de derechos humanos, muertos y contaminación ambiental2. El peso de la lucha anti drogas ha caído más bien en quienes la producen, dejando de lado a quienes la consumen o se benefician con el narcotráfico.3 Sólo podrá haber sustitución de cultivos de uso ilícito si se inscriben en el punto 1 de los acuerdos: desarrollo agrario integral4. La erradicación debe ser el resultado de un amplio proceso de participación y concertación con las comunidades con posibilidad de toma de decisiones efectiva5. Se debe promover el empoderamiento popular para que sean las comunidades las garantes de generar procesos de sustitución alternativos6. Hay que profundizar y cumplir con el derecho a la consulta y consentimiento previo e informado en los territorios colectivos y volverlo práctica común en el desarrollo de cualquier proyecto7. La sustitución no puede ser por deforestación o fumigaciones sin alternativas del gobierno8. La erradicación es una alternativa, pero esta deben hacerse de manera manual y voluntaria con la misma población inmersa en el problema.9 Hay que crear programas de sustitución de cultivos e institucionalizarlos10. Deben quedar insertos en Planes de desarrollo los cuales deben estar respaldados económicamente y concertados con la comunidad quien debe participar en el diseño, implementación y evaluación de los programas11

Es prioritario acabar con las políticas de militarización como el Plan Colombia y el Plan de Consolidación así comosuspender las políticas de erradicación forzosa,ya sea medianteaspersión aérea o erradicación manual forzosa12. Esto es una condición necesaria para crear un ambiente de confianza y poder desarrollar acuerdos para la implementación de alternativas de desarrollo de corto y mediano plazo13.

Vincular a todos los países consumidores de droga al programa de erradicación, no para dar recursos para la erradicación (fumigación y manual forzosa), sino para apoyar y subsidiar los programas de sustitución.'4 Promover que la zona del Catatumbo sea una región piloto para la implementación de un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito que involucre las zonas de reserva campesina, zonas de reserva indígena, jurisdicciones y la zona económica de exportación15. El Estado colombiano debe combatir la corrupción en las cadenas de tráfico, rutas y micro tráficos con sanciones ejemplares para quienes incurran.'6 Revertir el presupuesto que actualmente está asignado para la guerra a programas de sustitución de cultivos ilícitos17 Comunidades y cultivos de uso ilícito Evitar la criminalización al campesinado, reconociendo y reparando el daño realizado al tejido social por la persecución al campesinado18. El problema de fondo es el abandono del Estado y la falta de oportunidades.19 Se necesita reparar a los campesinos cuyas tierras fueron fumigadas afectando los cultivos"lícitos" flora y fauna, y generando contaminación del suelo, además de los efectos que ha generado en los seres humanos.20. Los campesinos se oponen a la penalización y más bien hay que atacar a las causas que obligan a la producción de estos cultivos.21 Indemnización a los pueblos sobre la base de la recopilación, revisión y procesamiento de todas las demandas por daños y perjuicios instauradas por los pueblos indígenas.22 Nombrar una Comisión de Verdad y Reparación para esclarecer todos los hechos económicos, jurídicos y de DIH que se desenvuelven en torno a la fumigación 23 Sobre el tema de consumo, se menciona la importancia de abordar el tema desde una perspectiva de salud pública y no desde una óptica criminal.24 Planes de sustitución La sustitución debe ser de manera gradual y progresiva con previo consentimiento de la comunidad25

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Se necesitan programas de sustitución de cultivos ilícitos que ofrezcan alternativas, incentivos y garantías a los campesinos para la sustitución desde un enfoque de respeto y garantía de derechos26. La política de sustitución de cultivos ilícitos debe construirse con participación de comunidades vinculadas a la producción de estas plantas27. Toda acción de sustitución debe empezar por el análisis de las particularidades sociales, económicas, geográficas y culturales para determinar el grado de dependencia de los cultivos ilícitos e identificación de los cultivos sustitutos con suficiente y adecuada asistencia técnica, capital de trabajo y un sistema de comercialización adecuado a las condiciones de la economía. Se debe vincular la academia en estudios y análisis de cultivo y procesamiento de drogas ilícitas.28

Se propone proyectar una comisión de expertos para que estudien y analicen alternativas y cultivos económicos de los que los campesinos puedan vivir y relacionen el cultivo de estas plantaciones con necesidades básicas insatisfechas29 Ordenamiento territorial e institucionalidad rural Los programas de sustitución deben ser integrales y contar con un acompañamiento permanente30. Deben contar con suficiente presupuesto para atender los requerimientos de infraestructura e inversión social en el campo (vivienda, educación pertinente y de calidad, salud con enfoque preventivo, electrificación, mallas viales, etc.)31 incluyendo la formalización de la propiedad (titulación) y promover el derecho a la igualdad. Tener en cuenta las zonas más alejadas y periféricas que carecen de mayores oportunidades.32 Promover el derecho a una educación gratuita y pertinente hasta niveles superiores33 La sustitución debe partir de la reorientación de la política pública para la producción de alimentos y rentabilidad déla economía campesina,loque implica el rescateyrediseñode la institucionalidad pública y probada del sector agropecuario34. Reingeniería de las instituciones del Estado y fortalecimiento de las organizaciones campesinas e instancias de participación y concertación35. Hay que promover formas asociativas para que el campesinado pueda insertarse en distintas formas de comercialización así como promover programas de pancoger con semillas limpias36 Generar una política pública que subsidie la producción de alimentos de la economía campesina para hacerlos sostenibles y rentables por encima de los indicadores que se logran en cultivos ilícito. Promover la soberanía alimentaria y que el INCODER dé tantos títulos de propiedad como créditos37 La política de desarrollo agrario integral debe impulsar la construcción de planes integrales de desarrollo38 Garantizar el cumplimiento del artículo 11 de Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales (PIDESC) para poder responder a las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito39 Reubicación de los campesinos productores a otras zonas geográficas previamente adecuadas para producción agropecuaria y forestal40. Promover políticas de preservación, producción y conversación de semillas en despensas nativas. Se quiere una alternativa de producción porque actualmente por interés de empresas multinacionales, gran parte de las semillas son ilegales.41 Se defiende las zonas de reserva campesina por ser una figura jurídica que permite el arraigo a la tierra, la autonomía en las fincas y la titulación de tierras a los campesinos42 Crear infraestructura vial, favorecer la minería tradicional, reducir la industria maderera que acabó con los ríos, restaurar los ríos y selvas, la respuesta es reponer y resolver el abandono del Estado colombiano (Especialmente zonas tradicionalmente abandonadas como el Chocó)43 Cumplimiento de las normas que reconocen las estructuras de gobierno indígena como autoridades ambientales en sus respectivos territorios y garantizar el ejercicio de la jurisdicción indígena propia44. Garantías del derecho de planeación propia de los pueblos indígenas y afro descendientes y concertación de políticas, planes y estrategias para garantizar la protección de los territorios y de sus pueblos.45

Alternativas productivas t de desarrollo social del territorio Brindar alternativas que fomenten la actividad agrícola teniendo en cuenta las características de la tierra46. Proyectos que sean viables, sostenibles y rentables.47

Se necesitan políticas públicas que ayuden a solucionar los problemas agropecuarios en Colombia. La plantación de coca, marihuana, amapola para comercialización refleja que no hay alternativas para los campesinos y la insolvencia que dan el resto de actividades agropecuarias48. Se debe incentivar y motivar a que los productores de hoja de coca se vuelvan productores de leche, cacao y pequeños ganaderos entre otros, retomando la experiencia acumulada que tienen diversas organizaciones sociales. Las granjas integrales campesinas con inversión social del Estado y encadenadas son otro ejemplo49. Promover una reforma agraria integral y democrática con enfoque diferencial.50 El campo colombiano tiene que ser tecnificado y el campesinado tener acceso a créditos y asistencia técnica especializada51. Fortalecimiento de los procesos de organizaciones de las comunidades a nivel municipal y departamental de modo que contribuya a concertar respuestas locales y cumplir de forma eficaz con los Autos 02,05,0652 En regiones fronterizas, que los campesinos tengan posibilidad de institucionalizar zonas económicas de exportaciones especiales. Crear el Plan de desarrollo Integral Amazónico Andino diseñado por las comunidades de la zona.53 Vinculación de las comunidades a la agroindustria y al mercado54, mediante el fortalecimiento de capacidades para generar valor agregado; inclusión de las comunidades no solo en la producción sino en toda la cadena productiva hasta la comercialización (incluidas redes de comercialización justa); fortalecimiento de las capacidades asociativas de las comunidades, mediante asistencia técnica continua55. Garantizar el mercado para la producción, comercialización y rentabilidad de los proyectos productivos campesinos que sustituyen los ilícitos. Se debe tener acceso a créditos y fondos rotativos que acaben con la cadena de intermediarios para llegar con el valor final a los compradores56. Diversificación de las alternativas de propuestas de los cultivos y no propuestas monocultivistas. El enfoque de los programas debe ser hacia la garantía de la soberanía alimentaria57 Generar políticas públicas de desconcentración de la tierra y redistribución58. Incentivar escuelas de formación y pensamiento campesino para el sector rural a las que tengan acceso de manera efectiva59 Promover un Foro Social para la sustitución gradual de los cultivos de uso ilícito60

Enfoque cultural y diferenciado de los cultivos de uso ilícito Descriminalizar las plantaciones de coca, marihuana y amapola y resignificarlas61,ya que se la considera desde diferentes culturas y cosmovisiones como plantas sagradas, medicinales y nutritivas. Por lo que estas plantas noson ilegales, su procesamiento en cocaína y su mercantilización en redes de narcotráfico es lo que las vuelve ilegales. Es preciso entonces hablar de regularizaron que no de eliminación.62 Legalización de estos cultivos, porque siempre va a haber mercado para estos cultivos.63

Visión ambiental Los programas de sustitución deben contar con incentivos económicos para el manejo ambiental, conservación y recuperación ambiental.64 Inversión equitativa en dos frentes: frontera agrícola y reserva forestal.65 Procurar el sostenimiento de la Amazonia. Generar programas de investigación que permitan el aprovechamiento de la Amazonia, con incentivos para la conservación ambiental y la gestión del oxígeno66 El Estado debe reconocer la deuda ambiental con las comunidades ocasionada por los procesos de aspersión aérea; para esto es necesaria la convocatoria de una comisión de alto nivel que estudie el daño ocasionado por esta acción67. Se denuncia que el paramilitarismo con apoyo de la fuerza pública (en el Sur de Bolívar) han estado detrás de las rutas del narcotráfico. Hay que hacer purgas internas. Los erradicadores muchas veces son soldados de inteligencia de la fuerza pública y para mil ¡tares, y cometen violaciones contra la comunidad. Respeto de la fuerza pública al medio ambiente y a las poblaciones68 Que haya un control por parte del Gobierno al consumo de productos sintéticos para el procesamiento de la coca69. Hay que analizar el panorama político, y tomar en cuenta las demandas que surgen de los diferentes paros agrarios. Estos procesos ponen encima de la mesa la necesidad de ampliar los canales de democracia, la necesidad de preservar las semillas propias y de mostrar los efectos nocivos de los tratados de libre comercio70. Se pide la liberación inmediata de los campesinos que participaron de las marchas y paros y fueron encarcelados. Derecho a la protesta social pacífica71. Los campesinos saludan la iniciativa de la Habana y esperan que no se levanten de la mesa hasta lograr un acuerdo final. Sin embargo, se menciona que no se sienten representados en la mesa ya que el modelo de participación acordado ha sido excluyente. Los procesos de diálogoy negociaciones entre la insurgencia y el gobierno nacional deben legitimarse con los procesos de movimientos populares y las múltiples expresiones civiles organizativas existentes en las regiones. Darle al pueblo organizado una tercera silla en la mesa de negociaciones en La Habana, por ser las víctimas y principales beneficiarios de una posible salida política negociada72. Tener en cuenta que mientras se está en proceso de paz, hay grupos paramilitares que se están reforzando y se deben controlar y desmantelar los grupos emergentes73 Combatir la corrupción porque existen altos índices de ingobernabilidad74 Cese bilateral al fuego durante los diálogos. Construir la paz con justicia social75. Promover la realización de foros regionales y locales sobre este tema para lograr una mayor representatividad76

Marcha Patriótica, Observatorio Ddhh Universidad Distrital, Acvc Marcha Patriótica Marcha Patriótica

Asociación Renacer, Marcha Patriótica

Cordosac, Caquetá, Corpomanigua, ACVC

Observatorio Derechos Humanos, Alfredo Correa de Andreis-Universidad Distrital, Corpomanigua

Observatorio Derechos Humanos Alfredo Correa de Andreis-Universidad Distrital, CIMA, Corpomanigua

Asociación campesina ARAUCA

ANUC, CIMA

Asociación campesina ARAUCA

ASPROCIG

Observatorio Derechos Humanos Alfredo Correa de Andreis-Universidad Distrital, ASPROCIG, ANUC, CIMA, Marcha Patriótica, Mesa Regional de Organizaciones sociales del Putumayo 13

ASPROCIG

ANUC

ESAP

ESAPONIC

MUCAPOC

CIMA, Marcha Patriótica

CORPOSAC, Asociación campesina Arauca, ASOPROGUEJAR, ACVC, Ozbescac, MUCAPOC

Organización desplazados Guajira

ANUC

Organización de desplazados Guajira

Observatorio Derechos Humanos Alfredo Correa de Andreis-Universidad Distrital Observatorio Derechos Humanos Alfredo Correa de Andreis-Universidad Distrital 24

Marcha Patriótica

CORPOMANIGUA, ASI, ANUC, CIMA, Marcha Patriótica, Mesa Regional de organizaciones sociales del Putumayo

CORDOSAC, ASPROCIG, CIMA

ASPROCIG, CIMA

CORDOSAC, Caquetá, ANUC, ESAP, Corpomanigua

Observatorio Derechos Humanos Alfredo Correa de Andreis-Universidad Distrital, ESAP, CORSOSAC

Asociación Renacer

ASOPROGUEJAR, CORPOMANIGUA, CNA Nariño, CORDOSAC, Asociación campesina Arauca, ANUC, CIMA, Organización de desplazados, Asociación Renacer, Marcha Patriótica, Corpomanigua

Organización de desplazados Guajira.

CNA

Corpomanigua, ANUC, CIMA, Marcha Patriótica, Observatorio Derechos Humanos-Universidad distrital, ONIC

ANUC, ACVC

Marcha Patriótica, Observatorio Derechos Humanos-Universidad distrital,

ASI, ANUC

Marcha Patriótica

ESAP

ANUC

Observatorio Derechos Humanos-Universidad distrital, ANUC

ACVC

CORPORACIÓN BARULE

«ONIC 45

ASI, ONIC

CORDOSAC, Caquetá

ASOPROGUEJAR

ANUC, Observatorio DDHH Universidad Distrital

Asociación campesina ARAUCA

ANUC, Observatorio DDHH Universidad Distrital, MUCAPOC

ANUC, Corpomanigua, ACVC

CIMA

ASI

Corpomanigua

ANUC, CIMA, COrpomanigua

Corpomanigua, CIMA, ONIC

Marcha Patriótica

CORPOMANIGUA, CNA NAriño

Observatorio Derechos Humanos Alfredo Correa de Andreis-Universidad Distrital

ASPROCIG, CIMA, Marcha Patriótica, Observatorio DDHH Universidad Distrital, ESAR ONIC

Observatorio Derechos Humanos Alfredo Correa de Andreis-Universidad Distrital, CORPOMANIGUA,ANUC, Corpomanigua,

wiwa 63

ANUC

Marcha Patriótica, Observatorio Derechos Humanos Alfredo Correa de Andreis-Universidad Distrital, Corpomanigua

MUCAPOC

CORPOMANIGUA

Observatorio Derechos Humanos Alfredo Correa de Andreis-Universidad Distrital

ACVC

ANUC

Observatorio Derechos Humanos-Universidad Distrital

ACVC

ASPROVIG, MUCAPOC

CORPOMANIGUA

CORPOMANIGUA, Organización de desplazados

ASPROCIG, ACVC

Corpomanigua

Propuestas Ciudadanas Mesa Temรกtica l Grupo de Trabajo 4

Ponencias

i»LAN PARA LA SUSTITUCIÓN PARTICIPATIVA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. Propuesta de los campesinos del departamento de! Caquetá al estado colombiano, ia comunidad internacional, ios gremios, ONG's y demás organizaciones interesadas en ia sustitución de cultivos ilícitos y la conservación y protección del medio ambiente:

Los campesinos del departamento del Caquetá, consientes del grave problema que significa éste fenómeno para el país, el mundo, el medio ambiente y sus recursos naturales, entendemos que el fenómeno de los cultivos de hoja de coca mal llamados "cultivos ilícitos" hace parte de una realidad que todos debemos afrontar con la disposición, seriedad y compromiso que ésta requiere, partiendo del hecho de que quienes lo cultivamos como única forma de subsistencia, somos el eslabón más débil de la larga cadena que en torno a este fenómeno se ha creado. Desde hace ya más de tres décadas el departamento ha sido testigo de la ampliación de estos cultivos motivados por la resistencia del campesino, cómo persona, a fallecer asfixiado de miles de necesidades que desde siempre han aquejado la región y ante las cuales no se han elaborado políticas públicas tendientes a la solución del problema y por ei contrario los métodos adoptados hasta el momento solo han servido para incrementar el desequilibrio de la sociedad, el medio ambiente y en general de la región. Dentro del departamento existen necesidades básicas insatisfechas que brotan por doquier Afectando con mayor gravedad a la comunidad infantil, las mujeres y personas mayores, ios grupos étnicos propios de la región y sumados a estos aquellos que a lo largo de nuestra historia han venido haciendo presencia en el departamento en busca de mejores alternativas de vida sin que hasta el momento lo hayan podido lograr. Carecemos de viviendas para la estadía de la familia: de los puestos de salud y recursos necesario que faciliten la solución de las enfermedades endémicas y demás que a diario se presentan; Así mismo, también carecemos de centros educativos plenamente dotados con la intención de que cumplan su función educadora y de maestros para los mismos. La comunidad caqueteña jamás hemos visto surcar los cielos por caravanas de ayudas que nos permitan mitigar el hambre que afecta a gran parte de la población, para erradicar el desempleo generalizado y mucho menos para fomentar el desarrollo y mejoramiento de las vías, la red eléctrica, el acueducto y alcantarillado; En su lugar hemos sido víctimas permanentes de las aspersiones aéreas que opacan el verde símbolo de la Amazonia y en su lugar propagan pestes que afectan no solo la flora sino también la fauna, los animales domésticos y de cría, al igual que la salud humana. En consecuencia, los campesinos del departamento del Caquetá consideramos que la erradicación debe ser el resultado de un amplio proceso de participación y entendimiento con la presencia activa de las comunidades, el estado, la comunidad internacional, los gremios y demás sectores interesados en la construcción de mecanismos adecuados para la superación de los verdaderos problemas que fomentan la siembra de la hoja de coca;

Brindando en su lugar alternativas que hagan viable la actividad agrícola cimentada en otros productos de acuerdo a las características de la tierra. En tal sentido proponemos dar la discusión en torno a los siguientes puntos como ruta para la superación de este fenómeno sin menoscabo del derecho a la vida, la salud, el empleo, la educación , la vivienda, la recreación, a la integridad física y moral, a la autonomía de las comunidades indígenas y demás minorías étnicas presentes en la región... 1. Crear mecanismos de participación para las distintas comunidades, por medio de los cuales mediante asambleas, reuniones, jornadas de difusión y capacitación a nivel de veredas, municipios y del departamento, motivando a los campesinos de la región sobre la importancia de que se logren acuerdos en la materia sin menoscabo de sus intereses y por medio de estos adelantar el censo de los terrenos existentes, especificando las hectáreas cultivadas en hoja de coca, cultivos de pan coger, pastos, propietarios, cantidad de familias y número de personas que las integran. Y a partir de estas informaciones obtener una idea clara de la realidad en que nos desenvolvemos y de esta manera formular propuestas efectivas. 2. Proyectar el nombramiento de una comisión o equipo de agrónomos expertos para que realicen los estudios necesarios tendientes al análisis de las tierra y con base a este formular proyectos de sustitución de cultivos, estableciendo que clase de cultivos lícitos son los más adecuados junto a otras actividades económicas alternativas, como la ganadería, la piscicultura, porcicultura, avicultura, etc. teniendo en cuenta que unos serán a corto y otros a largo plazo sin detrimento de la capacidad adquisitiva del campesinado.

3. Paso seguido será el de la exploración por medio del estado colombiano y sus diferentes instituciones públicas, la comunidad internacional, las ONG interesadas en la conservación del medio ambiente etc. en torno a la consecución de los recursos indispensables que permitan la financiación de los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, partiendo del hecho de que el gobierno colombiano cuenta con más de 700 millones de dólares que anualmente son entregados por los EEUU para la financiación de la lucha antidrogas en el país. Dotando de los subsidios necesarios al campesinado para la satisfacción de sus necesidades básicas hasta cuando se den los resultados de las nuevas labores agrícolas.

4. El estado en común acuerdo con las comunidades de la región y los organismos internacionales planificaran el desarrollo de planes viales, fortalecimiento de la salud, educación, vivienda, electricidad y alcantarillados etc. por medio de políticas claras dirigidas a la creación de las condiciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del departamento en cada una de sus veredas y municipios. De igual forma adelantar el proceso necesario para la ampliación de las zonas sustraídas ya que más del 60% de la población campesina durante años ha habitado estas zonas en las cuales han construido sus proyectos de vida.

5. Crear mecanismos de mercadeo por medio entidades oficiales o semi-oficiales, organismos internacionales etc. que asuman el compromiso de garantizar la comercialización de los productos agrícolas y demás que surjan como parte del acuerdo y otros que a bien adopten las comunidades en eras de sustituir la producción de hoja de coca, estableciendo un plazo no inferior a 5 años y acompañados de escuela de formación y capacitación de las comunidades por medio de sus diferentes formas organizativas en torno a los nuevos procesos productivos de acuerdo a las sugerencias hechas por el equipo de expertos. 6. El estado colombiano y las organizaciones internacionales en común acuerdo con las comunidades realizaran como parte del acuerdo proyectos económicos dirigidos a fomentar el cooperativismo y tiendas comunitarias que le permiten la compra y venta de productos a los campesinos de las distintas veredas evitando el monopolio y la especulación de precios. 7. Realizar cada 6 meses un balance de las actividades desarrolladas con participación de las comunidades, el estado colombiano, los organismos internacionales etc. estableciendo los avances y dificultades de los acuerdos, constatando su efectivo cumplimiento y dando especial atención a la necesidad de incrementar estos proyectos en nuevas áreas del departamento y el país que sufren las mismas características, para lo cual se deberán invitar a personalidades nacionales e internacionales en capacidad de nutrir estos procesos alternativos que supriman el empleo de la violencia y la represión y sus efectos contraproducentes en las comunidades y su calidad de vida, al igual que en los recursos naturales tan valiosos con los cuales actualmente contamos. Las comunidades campesinas por medio de las juntas de acción comunal, comités especiales, asociaciones de campesinos y demás estructuras de organización que en este sentido sean creadas, mantendrán informadas de los avances logrados en la materia por parte de sus voceros, los representantes del estado y en la medida de que sea posible de los organismos internacionales y ONG interesados para generar credibilidad y respaldo en torno a los mismo por parte de todos los habitantes del departamento. 8. Logrados estos puntos las comunidades en común acuerdo adoptaran en compañía de los entes nacionales e internacionales políticas claras dirigidas por un lado a garantizar la permanencia de los proyectos con el compromiso y la participación del estado colombiano, las organizaciones internacionales etc. y a la vez, para desarrollar talleres Veredales, municipales y departamentales orientados a crear conciencia en los campesinos de la región entorno a la necesidad de sustituir los cultivos ilícitos por proyectos alternativos sin detrimento de los intereses de sus habitantes y el medio ambiente; adoptando correctivos contra quienes se reúsen a hacerlo entendiendo que si existen las garantías necesarias que permitan el desarrollo de otras actividades económicas con precios remunerativos,

acompañamiento del estado, asistencia técnica, políticas claras y eficientes de mercadeo e inversión social; Al igual que la formalización del trabajo de acuerdo a las conquistas logrados por los trabajadores en esta materia, ya no será válido persistir en la siembra de los cultivos ilícitos evitando sus efectos negativos sobre el medio ambiente, la región, el país y el mundo. 9. Para garantizar la efectividad de tales acuerdos los mecanismos de planificación, ejecución, verificación y demás deberán estar integrados por los líderes de la región con pleno respaldo de las comunidades quienes deberán trabajar de forma mancomunada con los entes nacionales e internacionales que en estos participen.

SUIPPCOL Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia

Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base

FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS. Bogotá, septiembre 24, 25 y 26 de 2013 1.

Presentación

La Red Nacional de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base (en adelante "la Red") y el Espacio Regional de Paz del Cauca (en adelante "el ERPAZ") 1 , se hacen presentes en este Foro Nacional sobre el cuarto punto del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción 1 La Red de Iniciativas y Comunidades de paz desde la base está presente en 12 de los 32 departamentos y está conformada por: 1. Asociación de campesinos de Buenos Aires (ASOCAB - Sur de Bolívar); 2. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN); 3. Asociación de Mujeres Sembradoras de Vida y Paz de Samaniego (Nariño); 4. Asociación de campesinos de Inzá Tierradentro (ACIT); 5. Asociación de productores alternativos de Simití (ASPROAS); 6. Asociación de organizaciones de mujeres de Buenaventura; 7. Asociación de trabajadores Campesinos del Carare (ATCC); 8. Asociación de Juntas de Acción Comunal de Cartagena del Chaira, Caquetá (ASOJUNTAS); 9. Asociación Regional de mujeres del oriente antioqueño (AMOR); 10. Asociación de productores para el desarrollo comunitario de la ciénaga grande del bajo Sinú (ASPROCIG); 11. Asociación de Juntas Comunales del Alto Naya; 12. Asociación de Consejos Comunitados del Río Patía, sus brazos y la ensenada de Tumaco (ACAPA); 13. Comité de Cacaoteros de Remolino del Caguán y Suncillas (CHOCAGUÁN); 14. Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA-FUNDECIMA); 15. Comunidad de paz de San José de Apartado; 16. Comunidades de autodeterminación, vida y dignidad del cacarica (CAVIDA); 17. Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); 18. Consejo Comunitario del río Sanquianga (Nariño); 19. Consejo Comunitario Mayor del río Anchicayá; 20. Consejo Comunitario del rio Cajambre; 21. Consejo Comunitario del bajo Naya; 22. Consejo Comunitario del río Yurumanguí; 23. Consejo Comunitario Mayor de la OPOCA (COCOMOPOCA); 24. Coordinación de consejos comunitarios y organizaciones de base del pueblo negro del Pacífico Caucano (COCOCAUCA); 25. Foro Interétnico de Solidaridad Chocó (FISCH); 26. Iglesias Santuarios de Paz de Tierra Alta, Córdoba (CORSOC-ASVIDAS); 27. Proceso soberano y comunitario por la vida, la justicia y la paz de Micoahumado; 28. Red Mujer y Participación Política de Cundinamarca; 29. Unidad de Organizaciones Afro caucanas (UOAFROC); 30. Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA). Con el apoyo del Programa Suizo de Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL).

El Espacio Regional de Paz del Cauca, está conformado por iniciativas de paz y organizaciones indígenas: CRIC, ACIN; campesinas: CIMA, MCC; de mujeres: Ruta Pacifica de las Mujeres regional Cauca, mujeres ACIT, Justicia y Paz, Corporación gestión y desarrollo, Fundetnias y COMUNITAR: Afro descendientes: COCOCAUCA, UOAFROC; urbanas; ORDEURCA, CODESCO, SUNMCOL. Con el apoyo del Programa Suizo de Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL).

SUIPPOOL Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia

Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base de una paz estable y duradera: "Solución al problema de las drogas ilícitas: 1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos: 2. Programas de prevención del consumo y salud pública. 3. Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos". Desde que se iniciaron los diálogos en la Habana, la Red y el ERPAZ han manifestado su beneplácito y su decisión de saludar, rodear y defender dicho proceso. Hemos solicitado que no se levanten de la mesa hasta lograr un acuerdo final para terminar el conflicto armado. De igual forma hemos expresado que no nos sentimos representados en la mesa y que el modelo de participación acordado es excluyente, aunque no por ello deje de tener validez y legitimidad. Sabemos que el camino para terminar con la guerra y construir la paz es de largo aliento, pasa por los escenarios de diálogo y negociación entre las Insurgencias y el Gobierno Nacional, pero sobre todo se construye, se concerta y se legitima ampliamente, en los escenarios de construcción de paz del movimiento social popular y en las múltiples expresiones organizativas y de participación de la sociedad civil y en las regiones y territorios de nuestras comunidades. La Red y el ERPAZ han venido construyendo participativamente, un enfoque y propuesta de paz desde la base, a partir de las experiencias, vivencias y hechos concretos de paz, a pesar del conflicto. Dicho enfoque incluye una perspectiva diferencial, de género, multiétnica y multicultural de la paz vista desde el territorio. Respecto del tema que nos ocupa en este Foro, la Red y el ERPAZ consideran que después de más de 30 años de fracaso de la política antidrogas en Colombia, ya es hora que se tengan en cuenta las propuestas muy concretas que han hecho las organizaciones campesinas, afros, indígenas, mujeres y, en general los productores de hoja de coca, con el fin de construir una política realista de manejo del problema. La solución al problema de los cultivos declarados ilícitos pasa por discutir y decidir políticas frente a las complejas dimensiones del narcotráfico en los escenarios de paz con participación de la sociedad civil colombiana. Y al mismo tiempo aclarar, desde la perspectiva de Colombia en el marco del proceso de paz, cuál debería ser la responsabilidad internacional y cómo-se debe actuar en relación con la política de cooperación.

La Red y el ERPAZ consideran que en el centro de la discusión de este tema debe estar la relación y articulación entre drogas y conflicto armado y la transformación que el narcotráfico ha logrado en la institucionalidad y el Estado colombiano, creando un poder mafioso que ha llegado, como lo señala Garay a la "reconfiguración y captura del Estado". Pero de igual forma, la solución del problema, en el marco de una paz estable y duradera, debe estar necesariamente articulada a otros temas tales como: un cambio radical en la estrategia de re-militarización y plan consolidación que ha violado derechos fundamentales de las poblaciones; el tema del acceso a la tierra-reforma agraria integral; de los proyectos de vida de las comunidades, iniciativas de economía campesina propia y de los planes de desarrollo regional, construidos desde los enfoques y con la amplia participación de las comunidades, especialmente de las poblaciones (mujeres, afro, campesinas, indígenas) afectadas por las políticas represivas implementadas para enfrentar el problema.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base 2. Análisis del problema desde la Red y el ERPAZ La biodiversidad cultural y agroecológica de las regiones de Colombia hacen que el comportamiento de los cultivos declarados ilícitos se manifieste de manera diferente y por supuesto sus opciones de solución deben ser diferentes, asunto que no se ha aplicado todavía en el país y mucho menos se ha tenido en cuenta las características étnicas y culturales de las comunidades locales. Para las organizaciones y comunidades que hacen parte de la Red y el ERPAZ, la relación entre el tema de las drogas y el conflicto armado se traduce en mayor afectación de sus derechos como población civil debido al control y disputa de los corredores de tráfico, establecimiento de redes y contactos, instalación de laboratorios de procesamiento, control de pistas, lavado de activos. Este control territorial alimentado con el flujo de grandes cantidades de dinero del narcotráfico, con presencia de ejércitos privados unido al control históricamente ejercido por las élites políticas regionales/tradicionales y por la alta militarización y políticas represivas desde el Estado ha entrado en confrontación con el ejercicio de autonomía por parte de las comunidades quienes consideran que esta problemática ha tenido tres consecuencias graves: 1) pérdida de la autonomía en el territorio, 2) crisis de seguridad y soberanía alimentaria, y 3) el aumento de la violencia y conflictos con los actores armados en sus territorios. La autonomía sobre los territorios es tal vez el aspecto más resaltante de la problemática de los cultivos de uso ¡lícito cuando se establecen en territorios indígenas, afros y campesinos porque se pierde el control sobre el manejo de la cotidianidad, se pierden los valores étnicos y sobre todo se permea la cultura ancestral y las practicas comunitarias. La política anti-narcóticos de los Estados Unidos ha causado despojo y violaciones de derechos humanos, ha incrementado el tráfico de armas y ha aumentado violencia. No ha resultado útil en la disminución del cultivo de la coca ni en la producción de cocaína. Por otra parte, políticas económicas estadounidenses como la apertura del mercado y la implementación del Trato de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos y Colombia han impactado negativamente a las economías de pequeña escala, aumentando la vulnerabilidad económica y la dependencia de la cultivación de coca como fuente de ingresos, actuando en contra de las supuestas metas de la erradicación. Si bien es cierto que los Gobiernos y Estados tienen hoy mayor claridad y puntos en común sobre el diagnóstico del problema, como lo señaló el Secretario general de la OEA al entregar el informe2 "esta situación debe ser enfrentada con mayor realismo y mayor eficacia si queremos avanzar en soluciones efectivas" y con mayor claridad apuntó que "todos quienes tenemos responsabilidades en el ámbito público, le debemos a los millones de mujeres y hombres, de jóvenes y adultos mayores, de madres y 2

Ver: OEA, El problema de las drogas en las Amérícas, 2013. Insulza señaló cuatro conclusiones: 1. Es necesario tratar el problema de acuerdo a cada realidad; 2. Los países con menos recursos y menor fortaleza institucional tienen más dificultades para hacer frente al impacto del narcotráfico; 3. El fenómeno requiere un enfoque de salud pública; y el enfoque del problema debe ser múltiple, flexible, comprensivo de las diferencias y debe contar con la unidad en la diversidad.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base padres, de niñas y de niños que hoy se sienten amenazados, respuestas claras y políticas públicas eficaces para enfrenar este flagelo". En el documento sobre "Escenarios 2013-2015, para el problema de las drogas en las Américas", complementario al informe global, se describen cuatro escenarios cada uno con énfasis diferentes a saber: acento en el fortalecimiento institucional, ajustes en las normas legales y mecanismos de control y regulación, continuidad del fracaso de las políticas (ruptura) y un escenario de diálogo con las comunidades en la perspectiva de: "Programas para el fortalecimiento de las comunidades y el mejoramiento de la seguridad y la salud públicas, creados de abajo hacia arriba por los gobiernos locales, las empresas y las organizaciones no gubernamentales". Esperaríamos que los mandatarios y responsables de las políticas antidrogas presten real atención a éste escenario. Reiteradamente y en múltiples espacios, las comunidades no sólo han elaborado el diagnóstico sino que han construido propuestas que no han sido escuchadas. Recientemente, en una audiencia pública realizada en el Cauca3, las comunidades campesinas, mujeres, afros e indígenas expresaron: "Creemos que debe haber un enfoque de tratamiento estructural de la problemática. El 62% de la población estamos recuperando economías propias como alternativa a los ilícitos. Partiendo del problema de la tenencia y propiedad de la tierra. Seguimos manteniendo nuestra propuesta de plan de vida y la movilización permanente. Proponemos discutir y concertar propuestas en tres niveles: 1. La recuperación y promoción de los usos culturales y tradicionales de la coca 2. Diversificación de los cultivos, en el maceo de economías campesinas propias. 3. La sustitución gradual y concertada con garantías de ingresos y desarrollo agropecuario integral. Para ello señalamos una posible ruta de acción: Cultural: Hay que sustentar y defender con razones lo que hacemos y lo que producimos. Poder suplir las necesidades alimentarias locales antes que pensar en exportar, sin descartarlo. Metodológicamente; intercambio de saberes y experiencias que fortalezca nuestro territorio Político: reconocimiento como sujetos de derechos pues no queremos ser perseguidos, y seguir luchando por una reforma agraria integral Ambiental: reconociendo la riqueza natural y humana del territorio y la imperante concientización de los países en relación con la urgencia de una compensación ambiental. Económico: rechazo contundente al TLC". En la misma audiencia el Gobernador del Cauca, intervino señalando que: "Los que vivimos aquí sabemos cuál es la dinámica de la coca, y sabemos que los campesinos no se hacen ricos con la coca, con la coca no se han beneficiado los campesinos, pero si es un medio de subsistencia ante situaciones difíciles. En el departamento del cauca, estamos haciendo un esfuerzo para trabajar el tema del campo, hemos hecho varios foros, conclusiones: vivimos del café, hay que apoyar a los que 3

Audiencia Pública "Diversificación de la economía y dignificación de la coca", 26 de julio/2013. Gobernación del Cauca.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base cultivan esto, caña panelera y fique, leche y frutales; cualquier gobierno si quiere aportar realmente al campo debe apoyar estos cultivos, con un criterio, organizar el campesinado, para que se convierta en un interlocutor fuerte para negociar, exigir etc."

3. Impactos específicos para las comunidades y territorios Colombia cuenta con un ecosistema "mega-diverso," hospedando aproximadamente 14% de la biodiversidad mundial4. La política antidrogas aplicada en Colombia ha sido un fracaso, además de causa un grave daño al ecosistema, porque no ha tenido en cuenta otros problemas estructurales, como la crisis agraria, la inequidad de un modelo de desarrollo que no es sostenible, la ausencia de una gobernabilidad ganada desde los procesos y no desde el ejercicio de la fuerza. Los ciudadanos colombianos y estadounidenses continuarán presenciando el despilfarro de significativos recursos en acciones que además de no mostrar sus bondades impiden el afianzamiento de la democracia y con ello la consecución de la paz en Colombia. De igual forma, las regiones que albergan la riqueza de la diversidad colombiana seguirán padeciendo las consecuencias ambientales y sociales de esta estrategia que no hace otra cosa que fortalecer el negocio de la guerra, en el cual los que se lucran son los fabricantes de las armas, químicos como el glifosato y aeronaves. La erradicación forzada de los cultivos de coca, marihuana y amapola no puede continuar siendo parte esencial de una estrategia de guerra para combatir parcializadamente a los actores armados y consolidar el poder de grupos ¡legales y organizaciones narcotraficantes, entronizadas en los poderes locales, en muchos casos, con el apoyo de amplios sectores empresariales nacionales e internacionales, y políticos. La política se ha centrado en perseguir las plantaciones y, con ello, al eslabón más débil de la cadena, integrado por campesinos, colonos, indígenas y afrocolombianos que deben dedicarse a su siembra para sobrevivir, ya sea ante las inadecuadas condiciones de vida o las presiones de los actores armados. Las aspersiones aéreas con glifosato desde 19925 y otros químicos incluida la propagación de plagas contra a hoja de coca bajo el nombre de "control biológico", están causando graves daños de tipo ambiental, cultural y social, violando disposiciones sobre seguridad ambiental y normas sobre manejo de herbicidas. Como consecuencia, las áreas de ilícitos se han desplazado a zonas ambientalmente frágiles tanto en el interior de la región amazónica como en las zonas de bosque andino y alto/andino, áreas estratégicas en la producción del ciclo del agua. Con ese traslado se han multiplicado los impactos

4 5

Consultar: "Colombia Report.Convention on BiologicalDiversit/'en http://www.cbd.¡nt/countries/?countrv=co

Según Ricardo Vargas, la fumigación de coca y amapola entre 1992 y 1999 sobrepasó el equivalente a 230.000 hectáreas, esto es, se esparcieron más de dos y medio millones de litros de glifosato.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde ia Base ambientales6 y se ha agravado la problemática social ante el contundente hecho de que centenares de miles de colombianos derivan su ingreso de esa economía. Tras las fumigaciones, el aire contaminado, produce en la población dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, tos, problemas respiratorios, mareo, vómito, diarrea, conjuntivitis, dolor de huesos, alergias. La población ha expresado que luego de la fumigación, queda un olor a químicos en el ambiente. Los ríos también se han contaminado, y al carecer de agua potable o, por lo menos, entubada, obligadamente se utiliza el agua de los ríos para uso doméstico y para su baño personal, provocando enfermedades internas y a la piel. El consumo de agua del río contaminada por las fumigaciones constituye un ciclo de envenenamiento para las personas, animales y plantas. Se han presentado enfermedades desconocidas para la población y se puede observar daños sistemáticos en las personas como afecciones respiratorias, de piel, digestivas y nerviosas, sarpullidos, diarrea, problemas de visión y abortos espontáneos después de las fumigaciones. Los pobladores manifiestan que la intensidad de algunas de estas enfermedades no eran comunes en la zona y que después de las fumigaciones hay una propensión a enfermarse con mayor frecuencia. Tres meses después de las fumigaciones la población más cercana mantiene síntomas de intoxicación crónica con señas de afección neurológica, problemas de piel y conjuntivas. En este sentido, en 2007, el Relator Especial en el derecho a la salud de las Naciones Unidas afirmó, "Hay evidencia creíble y confiable de que las fumigaciones aéreas de glifosato en la frontera entre Colombia y Ecuador perjudican a la salud física de la gente viviendo allá. También hay evidencia creíble y confiable que las fumigaciones aéreas perjudican a su salud mental. A veces helicópteros militares acompañan a las fumigaciones y la experiencia entera es aterrorizante, especialmente para los niños."7 Comunidades que hacen parte de la Red han documentado oleadas sistemáticas de fumigaciones por ejemplo de más de diez veces en un período promedio de dos meses. En cambio, sus propuestas para programas voluntarios de erradicación manual no son tenidas en cuenta Esta fumigaciones causan el despojo y desplazamientos de comunidades indígenas, afro-descendientes y campesinos.8 Las fumigaciones aéreas siguen siendo aproximadamente tres veces más utilizadas que la erradicación manual.9 Además, la erradicación manual no se concerta con las comunidades; se hace6

En sentido contrario, las comunidades que hacen parte de la Red y el ERPAZ, han protegido, en los últimos 3 años cerca de 32.000 hectáreas de tierra, en su mayor parte baldíos, del despojo y el abandono de más de 1.200 familias campesinas; se ha apoyado la titulación colectiva de 70.000 hectáreas de tierras en territorios étnicos y se han preservado más de 28.000 hectáreas de ciénagas, sabanas y playones comunales. ^

"Human Rights and Drug Policy: Crop Eradication," Office of the High Commissioner for Human Rights. http://www2.ohchr.org/enqlish/bodies/cescr/docs/nqos/IHRA Colombia44.odf

Denuncias reiteradas de indígenas del Cauca (CRIC), campesinos del macizo colombiano y comunidades afro del pacífico (Valle y Cauca). 9

En 2011, 34.170 hectáreas de coca fueron erradicadas por medio de la erradicación manual forzada, mientras que 103.302 hectáreas fueron fumigadas desde el aire. Ver: "Colombia Coca Cultivation Survey 2011", United Nations Office on Drugs and Crime, June 2012 at 76 and 79.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base en el marco de la militarización incrementada de los territorios generando riesgos de segundad cuando los erradicadores manuales entran a las comunidades y por su presencia ponen a los habitantes en peligro de represalia de actores armados. Esta situación ha generado enfrentamientos y violencia contra los habitantes, especialmente contra las mujeres, muchas de las cuales reportan acosos y violaciones sexuales durante campañas de erradicación forzada. Los programas de desarrollo alternativo ofreciendo substitutos para ei cultivo de coca no han recibido recursos adecuados ni han sido implementados efectivamente. Mientras se invirtieron $1.2 mil millones USD en fumigaciones entre 2000 y 2005, solo invirtieron $213 millones USD en programas de sustitución y desarrollo alternativo10. Además no se ha cumplido con los compromisos hechos con grupos campesinos y comunidades sobre los programas de substitución.11 Del mismo modo, la política ha desplazamientos forzados de campesinos y otros habitantes del campo (Codhes, 2003), contrariando los Principios Rectores de los Desplazamientos internos de las Naciones Unidas. Al respecto, Ja Corte que "las actuaciones de las fuerzas militares o de policía y de los organismos de segundad del Estado cuando le hacen frente a las conductas delictivas realizadas por los grupos armados, o cuando se adelantan procesos de fumigación y erradicación de cultivos ilícitos en lugares donde habitan personas que se ven avocadas a desplazarse" (Corte Constitucional, 2005). A esta conclusión llegó la Corte luego de analizar los casos de desplazamientos en los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca, Meta, Caquetá y Putumayo, zonas en las que se han aplicado el Plan Patriota, Plan Consolidación y programas de fumigación y erradicación de cultivos. En similar sentido, se manifestó el Relator de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos luego de su visita a Colombia: "las actividades relacionadas con el narcotráfico son otro factor del desplazamiento forzado, toda vez que este tipo de delincuencia está vinculado a la obtención del control sobre territorios y personas, o contribuyen a crear un clima -general de violencia. La combinación de medidas de carácter militar y punitivo empleadas para erradicar ei cultivo ilícito de plantas narcógenas, y las repercusiones negativas de la fumigación aérea en la seguridad alimentaría de las zonas afectadas, podrían acentuar el sentimiento general de inseguridad e indefensión que, a su vez, propicia los desplazamientos individuales y en masa".

4. Propuestas para una solución integral al problema De acuerdo con el análisis planteado, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes que conforman la Red de Iniciativas y Comunidades de paz desde la Base y el Espacio Regional de Paz del Cauca, presentan las siguientes propuestas, en la perspectiva de contribuir a la ampliación y al fortalecimiento de iniciativas que ya vienen realizando las

"Alternative development strategies in Colombia: The need to move beyond illicit crop spraying," Interamerican Association for Environmental Defense. 2006. En: http://www.aida-mericas.org/ 11

Denuncias de campesinos del Cauca.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base organizaciones de base en sus territorios y en cada una de las cadenas productivas; y, con la intención de aportar a una solución real al problema que permita la consolidación de la paz con justicia social: 4.1 Las políticas de solución al problema de las drogas y los cultivos de uso ilícito deben construirse bajo un enfoque de respeto y garantía a los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones y comunidades vinculadas a la producción de la hoja de coca. En tal sentido, es prioritario descriminalizar el cultivo y reorientar la política de militarización y de operaciones represivas contra las comunidades y sus territorios. Esto pasa por desmontar el actual plan consolidación. 4.2 Parar de manera inmediata las fumigaciones. Esta es una condición necesaria para generar un ambiente de confianza entre el Estado y las comunidades y poder así desarrollar acuerdos para la ¡mplementación de alternativas viables y sostenibles en el mediano y largo plazo a los cultivos ilícitos. 4.3 Fortalecer las iniciativas de economía propia, basada en semillas, tecnologías, procesos de transformación de alimentos autóctonos y mercadeo y comercialización colectivos que fortalezca los sistemas de producción que hoy se desarrollan en varias regiones del país y favorecer propuestas de etnodesarrollo y con enfoques Interétnico y e intercultural, en ios que se incluya, efectivamente, las propuestas productivas alternativas, impulsadas por los grupos de mujeres. En este sentido, es necesario desarrollar una campaña nacional que reconozca la "dignificación de la hoja de coca y del desarrollo alternativo". Estos planes alternativos deben apuntar a garantizar la autosuficiencia alimentaria y propiciar inversiones sobre aquellos cultivos que generen excedentes y tengan condiciones favorables para su comercialización. Para ello se debe partir de procesos de ordenamiento territorial y ambiental que determinen las condiciones biofísicas para la instalación de alternativas viables en el mediano y largo plazo. 4.4 Como alternativa frente a las fumigaciones químicas y biológicas se debe considerar el análisis de técnicas de erradicación manual siempre que ésta sea voluntaria, acordada con las comunidades, de carácter gradual y condicionado a la sostenibilidad de inversiones económicas en lo social y cultural. Se requieren acciones que contribuyan a generar tejido social, una ética fundada en el respeto por la vida y la dignidad humana y que promueva la creación de plenas garantías para la aplicación de una pronta eficaz justicia. ^

4.5 Conociendo que la mayoría de los cultivos de uso ilícito se encuentran en zonas de alta fragilidad ambiental, y que además estos territorios cuentan con una gran diversidad étnica y cultural, las políticas alternativas que se propongan deberán garantizar: los derechos de los pueblos indígenas, afro descendientes y campesinos de controlar y proteger sus recursos y conocimientos tradicionales; el derecho a la consulta y consentimiento previo e informado, sobre cualquier plan, programa o proyecto que se piense desarrollar en sus territorios; garantizar que los beneficios obtenidos por los desarrollos investigativos y el uso sostenible de la biodiversidad sean revertidos sobre las comunidades que habitan los territorios ambientalmente frágiles, con el fin de generar alternativas a las economías extractivas.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde ia Base 4.6 Es importante realizar una actualización desde las regiones de las dinámicas y cambios que han ocurrido en la cadena productiva de la producción de la hoja de coca, que permita identificar los cambios ocasionados y los impactos socio culturales, económicos y ambientales que se han producido en los últimos 10 años en el país; para ello se plantea la realización de estudios subregionales en zonas históricas de producción que hayan tenido referentes serios de desarrollo alternativo. 4.7 Fortalecer el proceso de organización de las comunidades en el nivel municipal y departamental de modo que contribuya a concertar respuestas locales incluyendo la erradicación manual, gradual y con inversiones económicas y sociales que reconozcan la diversidad social, política y cultural de las regiones, así como sus planes de vida, de etnodesarrolio y del "buen vivir". En el caso del desarrollo alternativo, este debe incorporar las perspectivas, intereses y cosmovisiones de las comunidades y sus formas de apropiación y manejo del entorno. 4.8 Cumplir de forma eficaz con la implementación de los Autos 02, 05 y 06, los cuales ayudarán a mitigar los efectos del conflicto armado, de la violencia y demás conflictos generados por las políticas antidrogas, contra mujeres, niños(as), pueblos indígenas y afro-descendientes. 4.9 Fomentar la creación de eco-aldeas que estimulen las condiciones rurales para el "buen vivir". 4.10 Reconocer y reparar a las comunidades, organizaciones, mujeres y niños/as, que han sido víctimas de las políticas antidrogas, especialmente a quienes han sido afectadas gravemente en sus derechos a la alimentación y a la salud, por las fumigaciones indiscriminadas.

Atentamente, Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base Espacio Regional de Paz del Cauca Bogotá, Septiembre 24-26 de 2013

ASOCIACIÓN NACIOr

DE COLOMBIA-ANUC *Í¿!SSS>u£S^i]\ "N íUOHI J j/

Personería Jurídica Nio. 649 de ±.«570 fñifí. Agricultura - RUT- S6006S487-7 Carrera 5 A No. 9 - 05 Sur Barrio Villa Javier - Telafax 5608451 BoyotáCelular 3103201S13 -Emailar!iic¡LaMh'*Íl<Aí?Jcflf>> web - wtvw.érate.M

Foro sobre la solución al problema de las drogas ilícitas Bogotá, 24 - 25 y 26 de septiembre de 2013, Centro de Convenciones G12 PONENCIA DE LA ANUC La presencia de cultivos ilícitos en Colombia, es consecuencia de diversas causas, entre las que cabe mencionar algunas de ellas como la demanda masiva por parte de consumidores de muchas otras naciones, que poco o nada hacen por impedir su uso, lo cual se traduce en el mayor facilitador del narcotráfico que es el verdadero negocio de las drogas, pues la sola producción no es negocio, y tampoco causa el daño que si ocasiona e! procesamiento y comercialización de los alcaloides de ellos derivados. En los distintos departamentos de Colombia, entre ellos Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Huila, etc. la producción de la coca, la marihuana y la amapola se empleaban como cultivos tradicionales para múltiples fines tanto en la medicina corno en el cultivo asociado y alelopático de las plantas. La hoja de coca para los campesinos tiene distintos usos, puede ser un medicamento y hasta un alimento que muchas familias la utilizan por su gran potencial vitamínico, pues se dice que tiene 305 calorías, 18,5 de proteína, 42,6 carbohidratos, calcio, hierro, fosforo etc.Los campesinostambién hacen de esta planta ungüentos, pomadas, vinos.galletas etc. Por eso, para muchos esta planta no es ilegal ya que se emplea en la medicina y en otros proyectosdentíficos.

El cultivo soto no se hace por voluntad aislada o con fines perversos, pues los campesinos empiezan a cultivar coca o marihuana porque ven en esta actividad una salida individual a sus necesidades o afujías económicas debido a la insolvencia que les ocasionan las demás actividades agropecuarias que solo producen pérdidas ante la inexistencia de políticas públicas pertinentes que garanticen rentabilidad. Por lo tanto la crisis del sector agropecuario y en particular la de la economía campesina, la pobreza rural y el instinto de supervivencia de las familias constituyen el principa! motivo de propagación de los denominados cultivos ¡lícitos. Corno ya se anotó, la coca se vuelve ¡lega! cuando se procesa y aparece el narcotráfico, porque la hoja se transformaen alcaloide y se convierte en negocio para otros, más no para los campesinos. Desde luego, el procesamiento, comercialización y consumo traen consigo unas consecuencias bien conocidas a nivel mundial y que hay que mitigarlas o erradicarlas. Entre ellas podemos citar:

*Destrucción del equilibrio ecológico. 'Abandono del territorio y la producción de alimentos por parte de los campesinos para migrar a otros sitios a cultivar coca por tener menos riesgo económico. *Es un acelerador de la pobreza y desempleo. *Es generador violencia armada, familiar, social y de todo tipo. *Afecta la salud y el bienestar humano. *Aumenta las pandillas y la violencia callejera. *Desestabiliza núcleos familiares. 'Disminuye el rendimiento económico, laboral y estudiantil. 'Deteriora gravemente la cohesión social. 'Muchos jóvenes adictos si no encuentran coca o sus derivados empiezan a consumir drogas sintéticas que se se producen en «te otros páisej

Es innegable que muchas personas, especialmente jóvenes de las ciudades y cabeceras municipales han caído en el consumo de drogas estimulado por una sociedad mercantilista, que favorece la descomposición social y fragmenta la unidad familiar por la falta de comunicación, educación y afecto, que los induce a buscar ayuda y sosiego en las drogas. Ante el triste panorama antes descrito, deben mencionarse algunas responsabilidades públicas que deben cumplirse para corregir el problema, entre ellas: *Es deber del estado velar por la salud física y moral de la sociedad colombiana. *EI gobierno debe acordar con los campesinos soluciones lícitasa través de proyectos productivos rentables con capacidad para sustituir la siembra de coca. 'Destinar suficiente presupuesto para atender los requerimientos de infraestructura e inversión social en el campo. 'Diseñar una ley agraria que permita el desarrollo justo, sostenible y equitativo en COLOMBIA. 'Hacer posible una reforma agraria integral y democrática. Se asegura en diferentes escenarios que en Colombia no hay cultivo más rentable que la coca y la marihuana, lo cual es parcialmente cierto y para desvirtuar tal situación, el estado y la sociedad deben generar condiciones para que la producción de alimentos y los programas ambientales sean rentables y por ende atractivos para las familias campesinas, como el mayor estímulo para la sustitución de las plantaciones ilegales. A lo largo de la historia, la acción del estado ha atacado al campesino que por instinto de conservación y sobrevivencia se ve obligado a cultivar, pero el control sobre los traficantes que además son los proveedores de los recursos para la producción, no se nota, por lo menos con el mismo rigor. Este es un problema mundial, no es únicamente colombiano, también lo es de los países consumidores, pero de la misma forma es responsabilidad de los países productores de drogas sintéticas que están invadiendo la población colombiana ante la falta de control del estado El productor de coca lo hace porque para eso tienen el suministro del capital, crédito y el mercado que le proporcionan las mismas mafias de narcotraficantes, mas no porque le sea rentable, porque apenas sale a ras y sobrevive. Lo hace

porque aun así es en la actividad que menos pierde, pues quien realmente gana es el intermediario y narco-traficante. Varios intentos con visiones extrajeras se han hecho para combatir la producción de hoja de coca, entre ellos el conocido Plan Colombia que fracasó y al contrario ha causado graves daños a la economía de las familias campesinas que a través de la fumigación acabaron con cultivos de alimentos, por tanto esos perjuicios deben valorarse e indemnizarse. Algunos aportes en torno las múltiples soluciones posibles se consignan a continuación:

Sustitución de cultivos ilícitos. 1. La sustitución debe partir de la reorientación delapolítica pública para producción de alimentos y rentabilidad de la economía campesina, lo que implica el rescate y rediseño de la instítucionalidad pública y privada del sector agropecuario, es decir reingeniería de las entidades del estado y fortalecimiento de las organizaciones campesinas e instancias de participación y concertación 2. Es ineludible una política pública que subsidie la producción de alimentos de la economía campesina para hacerlos sostenibles y rentables por encima de los indicadores que se logran en cultivos ilícitos 3. Toda acción de sustitución debe comenzar por el análisis de las particularidades sociales, económicas y culturales regionales para determinar el grado de dependencia de los cultivos ilícitos e identificación de los cultivos sustitutos con suficiente y adecuada asistencia técnica, capital de trabajo y un sistema de comercialización específico y adecuado a las condiciones de la economía campesina 4. Alcanzadas las anteriores condiciones, la sustitución debe implementarse de manera progresiva y gradual, previo acuerdo y consentimiento de las comunidades campesinas involucradas. 5. Establecer programas atractivos para el sustento de las familias campesinas, como las granjas integrales campesinas con inversión social del estado y encadenadas para asegurar su sostenibilidad y hacerlas rentables.

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6. Reubicación de los campesinos productores a otras zonas geográficas previamente adecuadas para producción agropecuaria y forestal. 7. Fortalecer organizaciones y agremiaciones para los productos lícitos 8. Garantizar el mercado para la producción, comercialización y rentabilidad de los proyectos productivos campesinos que sustituyen los ilícitos 9. Legalización de los cultivos ilícitos. Porque siempre va a haber mercado para estos cultivos así toda Colombia los sustituya. La legalización implica pérdida de valor y lo convierte en un negocio no atractivo. 10. que el gobierno subsidie los productos y los compre en el sitio así como los compradores de los cultivos ilícitos lo hacen.

11. promover los cultivos orgánicos de productos agrícolas de excelencia que compitan con los del exterior. Para ello es necesario garantizar la asistencia técnica, crédito y comercialización 12.1a sustitución de cultivos ¡lícitos viene de la presión internacional. Por esto los países consumidores deben aportar a la sustitución //.

Prevención

del consumo de cultivos ilícitos y salud

1. Diseño de un modelo de educación integral y pertinente con las labores campesinas de manera que se aumenten las competencias productivas. 2. Implementar en todos los establecimientos educativos la cátedra de vida digna y sin drogas 3. Educación en valores y autoestima por la dignidad humana dirigida a los jóvenes 4. Regular el papel de los medios de comunicación que al tocar el tema de drogas antes que educar y contrarrestan hacen apología que estimula el consumo,

ni.

Producción y comercialización de cultivos ilícitos. 1. Más allá de la penalización, que a la que no nos oponemos hay que atacar las causas que obligan a la producción de cultivos ilícitos, las cuales se han relacionado en este documento 2. La erradicación es una alternativa, pero esta debe hacerse de manera manual y voluntaria con la misma población inmersa en el problema. 3. Acabar con las fumigaciones que son depredadoras del ambiente, de cultivos de alimentos, afectan la calidad de los suelos que se traduce en menor productividad y quiebra de la producción de la economía campesina. 4. El país tiene que emprender un agresivo programa de Control al ingreso de drogas sintéticas provenientes de otros países y que causan mayor daño que los alucinógenos a base de coca o marihuana. 5. Una alternativa que vale la pena explorar consiste en que el estado mismo en una estrategia de sustitución progresiva compre la producción existente, la industrialice en producción de medicinas, aromatizantesgaseosas, y otros productos científicamente probados como inocuos.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE ANUC Y DELEGADOS AL FORO

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Programa Si se puede Desarrollo territorial, social y económico para la construcción de Paz y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el Departamento de Nariño

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PRINCIPIOS PROGRAMA SI SE PUEDE 1. Ganar la voluntad de los campesinos 2. Participación del liderazgo local. 3. Integralidad del esfuerzo institucional. 4. Enfoque territorial participativo 5. Claridad en los propósitos del programa 6. Selección de áreas con identidad y autoridade Propias: Municipios, Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas 7. No fumigación, con evaluaciones periódicas. 8. Incorporación al programa de toda la poblado rural

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2011

^^—El Rosario

434

273

290

253

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Fuente: SIMCI

Fuente: Observatorio del Delito

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Gobernación de

Nariño ALCALDíAS Y ESES MUNICIPALES DE LEIVA Y EL ROSARIO

COMPARATIVO RESULTADOS ERRADICACIÓN FORZOSA COLOMBIA, NARIÑO Y PROGRAMA SI SE PUEDE ZONA/AÑO

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2007

2008

2009

2010

2011

Disminución % 2.007-2.011

Colombia Nariño

Has Has

99.000 20.259

81.000 19.612

73.000 14.428

62.000 14.671

63.735 17.231

36% 15%

Has

1458

339

314

328

238

84%

Has Has

434 185

273 66

290 24

253 36

203 35

53% 81%

Has

839

95%

Área Programa Si se puede El Rosario Leiva C.C Rescate las Varas Tumaco

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Ponencia Propuestas de la Marcha Patriótica para el tratamiento de la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola. I.

INTRODUCCIÓN

El problema de la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola resulta de vital importancia en el debate nacional, a propósito del desarrollo de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno, así como en la búsqueda de soluciones de fondo a los problemas estructurales que han dado origen y alimentado el desarrollo del conflicto social, económico, político y armado en el país. Considerando los impactos altamente negativos que han tenido tanto el desarrollo del mercado de estupefacientes como la política antidrogas en la economía, el régimen político, el ambiente y la población, dése el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, presentamos al país y a la mesa de diálogo de La Habana, los siguientes elementos de análisis y propuesta, a manera de aporte desde los sectores populares al punto tres de la agenda. Como punto de partida se recalca que este problema no puede verse de manera aislada, como si se tratase de una suerte de mala práctica ejecutada por unos pocos dentro de una economía y un régimen político saludables. Por el contrario, lo que se ha logrado evidenciar en múltiples investigaciones académicas y judiciales es que negocios ilegales como el tráfico de estupefacientes, con el consecuente aumento de la producción y el consumo, hacen parte de un conjunto de mercados que han sido necesarios para sustentar y darle vida al modelo neoliberal y sus lógicas de acumulación. El régimen de acumulación vigente se sustenta en la continua mercantilización de los derechos sociales y de todas las esferas de la vida humana y natural, la reconfíguración en el papel del Estado -que se substrae de la producción y provisión directa de bienes y servicios-, la especialización de la economía en sectores extractrivistas y en la construcción de infraestructura para la más rápida y efectiva circulación de mercancías, así como la entronización de los mercados externos, el capital trasnacional y financiero como vías esenciales para el crecimiento económico, requiere de una visión de mundo coherente, centrada en el culto extremo al individualismo, el descreimiento de todo lo colectivo y la adopción del dogma relativo a que el conjunto de la vida personal y social se reduce a lógica empresarial del "máximo beneficio con el menor costo". El neoliberalismo, en tanto que proyecto que ha buscado la reestructuración capitalista y la restauración del poder de ciase, en riesgo tras la crisis de acumulación vivida durante los años setenta y ochenta, se ha edificado como un discurso que moviliza reformas y relaciones socioeconómicas y políticas, apalancado en una particular visión del significado de la libertad individual, según la cual, ésta sólo es posible si se ejecuta a través del mercado. Son justamente estas circunstancias las más propicias para el surgimiento y expansión de negocios como del tráfico de armas, drogas y la trata de personas, generando las condiciones óptimas para la configuración tanto de la oferta como de la demanda. Lejos de ser una anomalía, las más diversas formas del "capitalismo criminal" -aquel en el que se aprovechan las ganancias extraordinarias surgidas de actividades ilegales-, son un rasgo característico y fundamental del orden neoliberal viqente.

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Las exorbitantes ganancias provenientes del mercado de drogas -calculadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2011 en 2,1 billones de dólares a nivel mundial- provienen tanto de la exigencia del neoliberalismo de encontrar mercados en los que se logre con la mayor rapidez posible la maximización de la ganancia, en este caso, vía precios de mercados ilegales, como de la liberalización de la cuenta de capitales, con la que se ha permitido la entrada y salida de los mismos sin la menor regulación. El neoliberalismo crea las condiciones para que este tipo de negocios sea muy rentable, particularmente para quienes manejan el tráfico internacional y microtráfico desde la perspectiva del consumo. Mientras que aproximadamente el 1,5% de las utilidades quedan en los países productores, el 98,5% van a parar en los circuitos de comercialización y distribución. En ese mismo sentido, los investigadores señalan que "el precio de venta al consumidor de un kilo de cocaína en territorio norteamericano es casi 40 veces mayor que el de su precio de exportación, más de diez veces mayor que el precio de importación en el territorio de Miami y 250 veces mayor al precio que se le paga al productor de las hojas de coca utilizadas en su elaboración"1. . El desarrollo del modelo neoliberal ha creado también las condiciones para favorecer los cultivos de coca, marihuana y amapola en países como el nuestro, debido a las nefastas consecuencias que ha tenido este modelo en la producción campesina, agravando los problemas de concentración de la tierra, comercialización de productos, pobreza y garantías para la producción2. Sin otra alternativa para la supervivencia, las y los campesinos se han visto obligados a participar del cultivo de coca, marihuana y amapola, sin que esto hay significado mejoras en sus condiciones de vida. Al contrario, han sido perseguidos y estigmatizados, tratados como criminales, sin recibir alternativas efectivas y realistas por parte del Estado colombiano. Es fundamental que la mirada sobre este fenómeno sea de conjunto, incluyendo el cultivo, procesamiento, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas, abandonando el tratamiento criminal de los cultivos, los campesinos, indígenas y afrodescendientes cultivadores, así como de los habitantes de las regiones afectadas por el fenómenos y de los propios consumidores en centros urbanos. La política sobre el tema debe considerar de manera seria los usos culturales y tradicionales de las plantas en cuestión, así como la gran utilidad de muchos otros derivados en campos como los medicínales y el alimentario.

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Así mismo, la política antidrogas del país, amparada en la lógica de "tolerancia cero" y permanente criminalización, ha demostrado ser no efectiva, sí se contrastan los resultados con los objetivos. La persecución a cultivadores se inscribe en la ¡dea de reducir la oferta y así hacer que el precio de este tipo de drogas aumente y con esto reducir el tráfico, y pese a que las cifras oficiales muestran un descenso en el área cultivada, la tecnificación del proceso de transformación de la hoja de coca estaría generando una situación en la que con menor cantidad de la misma se estaría fabricando más alcaloide3.

Suárez-Salazar, Luis. (1989). "Conflictos sociales y políticos generados por la droga". Revista NUEVA SOCIEDAD NRO.102 JULIO- AGOSTO ' Véase LA PAZ DE LOS CAMPESINOS ES LA JUSTICIA SOCIAL. Ponencia de Anzorc para el foro Agrario convocado por el gobierno y las FARC-EP. diciembre 17 de2012. 3 "Pocos campesinos procesan coca: UNODC". En http://www.verdadabierla.corn/cornponent/content/arlicle/154-captura-de-rentaspublicas/4719-poco-c?rnpgsin05-prpcfesan-cpc^-ht^v-ftn-colpmbia-unodc/

Marcha I'atrlólica.

Los efectos del desarrollo del mercado de las drogas no sólo económicos o sobre la salud de los ciudadanos y ciudadanas, sino que ha generado efectos muy negativos a nivel político. Los empresarios de la cocaína, parte integrante de los sectores dominantes, han sido factor determinante en la configuración del régimen político La denominada "lucha antidrogas" ha significado una estocada para la democracia y la soberanía nacional de nuestro país, ya que se ha plegado a los intereses estratégicos de Estados Unidos, posibilitando una permanente injerencia política y militar, tal y como se constata con el nefasto desarrollo del Plan Colombia, o con las siete bases militares ubicadas en nuestro territorio. Utilizada como política contrainsurgente, las medidas para combatir el tráfico de drogas han sido un factor de recrudecimiento del conflicto en nuestro país, al generar desplazamientos masivos gracias a las aspersiones, criminalizar al campesino cultivador, e incluso por la participación directa e indirecta de militares norteamericanos, revestidos de inmunidad, en crímenes de diferente índole como la violación de menores de edad y el bombardeo de comunidades campesinas con material de fabricación norteamericana, como el caso de Santo Domingo, Arauca, en 1998. Por todo lo anterior, este amplio y complejo fenómeno requiere de una visión así mismo global en su tratamiento que coloque como elemento central, la responsabilidad del propio modelo neoliberal en la gestación y expansión del fenómeno del mercado de drogas y sustancias sicoactivas. . II.

FRENTE AL CULTIVO, POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN.

El campesinado, los indígenas y afrodescendientes, tras décadas de inconformidad con las políticas de desarrollo rural que han implementado los gobiernos de turno, han planteado posibles soluciones que contemplan exigibilidad de leyes, movilización agraria y formulación de propuestas, con las cuales hacer frente al abandono que viven las zonas rurales en Colombia. Década tras década, estas soluciones y acciones alrededor de los cultivos de coca, marihuana y amapola han sido estigmatizadas, señaladas e injustamente descalificadas, especialmente por aquellos que ven en los territorios rurales una fuente de recursos para la implementación de grandes megaproyectos o focos de clúster de inversión extranjera. Con la denominación oficial de los cultivos de coca, marihuana y amapola, como Cultivos ilícitos se proscriben y desconocen los usos tradicionales, medicinales y ancestrales de los mismos. El peso de la lucha antidrogas que se ha desarrollado en los últimos 30 años, ha recaído quienes la producen, pero particularmente en las comunidades rurales, dejando de lado a quienes la consumen o se benefician el narcotráfico. El desconocimiento o la omisión de los múltiples factores que llevan a la producción de estos cultivos no han permitido una verdadera solución que contemple garantías de producción aumentaría o forestal. Actualmente, el área sembrada con coca en Colombia es de 48.000 hectáreas4, donde Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Guaviare, Cauca, Caquetá y Chocó son los departamentos que registran el mayor porcentaje de cultivo. Dichas zonas contemplan una territorialidad rural que ha desarrollado propuestas de sustitución a cambio de sistemas productivos armónicos con el medio ambiente y que respondan a propuestas de ordenamiento territorial agrario, definidos desde las propias 'UNODC, 2013

Marckd Patriótica

comunidades. Ante ello, el Estado Colombiano con injerencia de Estados Unidos, ha implementado una serie de acciones militares y legales atentando contra la vida, el ambiente, la seguridad alimentaria y la economía campesina mediante, perpetuando la criminalización hacia el campo. Las economías basadas en la producción de cultivos de hoja de coca se ha impuesto ante la profundización de múltiples carencias en áreas rurales, y su transformación exige una tarea de concertacion, interlocución y acuerdo, para la implementación de un programa nacional de sustitución voluntaria, progresiva y estructural. También implica un reordenamiento territorial con enfoque social, económico y político que preserve las figuras de protección ambiental con recursos económicos hacia una nueva institucíonalidad, en el cual las decisiones sean tomadas desde las comunidades. Características de una sustitución social, gradual, concertada, estructural y ambiental En el ejercicio del derecho a la territorialidad y la vida digna, la sustitución gradual y concertada, bajo parámetros definidos de financiación y bajo la mirada territorial agraria incluyente en clave de planeación territorial y mínimamente debe incluir:

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? j Cese total de aspersiones con glifosato u otras sustancias y de la erradicación violenta que atenta contra el campesinado, ya que se ha convertido en una estrategia de desplazamiento forzado que afecta la producción, salud y ambiente de las comunidades rurales. En la actualidad, Colombia es el único país de América Latina que realiza fumigaciones de esta naturaleza, con lo que queda claro el consenso regional en contra v de esta estrategia. ^ 3 Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas que permitan atacar los mercados de consumo, el narcotráfico, asi como fijar mecanismos de prevención y protección desde la óptica de la salud pública. Lo anterior con el propósito de regular el consumo de sustancias psicoactivas con la participación activa y decisoria '. de las comunidades. U Creación de un Fondo Social para la sustitución gradual para soportar la política de subsidios permanentes que representen costos y gastos reales para quienes se acojan a la iniciativa de sustitución, contemplando la inversión permanente para e¡ desarrollo de \ las iniciativas de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. »• ] Programas de promoción de cultivos de pancoger con semillas limpias y generación de bancos de semillas, construidos con un enfoque social y de comercialización justa para las comunidades agrarias. &] Garantizar la permanencia en el territorio de las comunidades mediante figuras establecidas en la Ley como resguardos indígenas, consejos comunitarios y zonas de reserva campesinas. Igualmente, que dentro de estas figuras exista financiación permanente que soporte el desarrollo de proyectos productivos a largo plazo, titulación ^ de tierras y capacitación laboral. v-J Política económica que coloque como pilar fundamental el fortalecimiento de la economía campesina, garantizando de manera agroecológica y sustentable la soberanía - \ y la autonomía alimentaria de los territorios. M | Implementar políticas públicas y protocolos de manejo ambiental de acuerdo con los ' < usos, identidades territoriales y ancestrales de las comunidades.

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U, I ^ III.

Reivindicar el uso cultural y medicinal que los pueblos nativos le dan a los cultivos de hoja de coca y marihuana. Generar políticas públicas de desconcentración de la propiedad de la tierra y la redistribución de la misma Inversión en iniciativas de fomento a la recuperación del tejido social campesino, cultura.

FRENTE AL CONSUMO.

La necesidad de una perspectiva integral frente ai tratamiento del fenómeno de producción y uso de sustancias psicoactivas, resalta aún más en el caso colombiano al constatar el incremento constante en el consumo de las mismas. De acuerdo con los datos de UNDOC, la prevalencia en el consumo de cocaína en Colombia es superior al promedio mundial; nos hemos convertido en el país que reporta mayor consumo de drogas, lícitas e lícitas, entre universitarios en la región Andina, a la vez que se incrementa el consumo de sustancias no tradicionales, tales como el éxtasis. La respuesta ante este fenómeno casi siempre se genera desde posturas moralistas, que uniforman los diferentes tipos de consumo y dan trato criminal a los consumidores. La política de "tolerancia cero", aplicada desde la perspectiva del consumo desconoce sus realidades y características, tanto desde la perspectiva socioeconómica, como cultural é individual. Condena y criminaliza, estigmatiza y niega elementos básicos del libre desarrollo de la personalidad. La política de negación del fenómeno del consumo, que se propone como objetivo erradicarlo, ha demostrado ser altamente ineficaz, ya que sus herramientas fundamentales han sido la judicialización y/o el manejo médico como enfermedad de carácter netamente individual. En ambos casos, se trata de ubicar a cualquier tipo de consumidor que individualmente ha cometido un delito o ha enfermado, convirtiéndose en una especie de anomalía frente a la que hay que actuar aplicando tratamientos jurídicos y/o médicos igualmente individuales, aislándolo de los factores y determinantes sociales, económicos y culturales. Se hace necesario darle cada vez mayor importancia a este tema, recalcando que se trata de un fenómeno multidimensional y multicausal, en el cual se precisa distinguir los tipos de consumo existentes, así como las diferencias entre sustancias psicoactivas, dadas sus características de acceso e intensidad en la adicción. Es claro que las decisiones sobre el consumo son individuales, pero se encuentran determinadas por factores económicos, sociales, culturales y familiares. Un primer paso necesario para afrontar esta realidad social de manera efectiva es la apertura y profundización del debate nacional sobre el tema, avanzando en la redeflnición de los objetivos de la política, que más allá de plantear un escenario poco probable de erradicación del fenómeno del consumo, se proponga dar herramientas individuales y colectivas posibles para abordarlo como realidad integrante de la sociedad. No se puede negar tampoco que el abuso de sustancias psicoactivas está fuertemente asociado con delitos de carácter social y variadas formas de violencia, bajo dinámicas de mutua, retroalimentación.. Lo que no puede seguir ocurriendo es que la política sea uniforme frente al consumo recreativo y ocasional, que de cara al abuso de sustancias psicoactivas. Es por esto fundamental rediseñar el horizonte para propender por regular el consumo y combatir el abuso.

Marcha Patriótica,

Teniendo en cuenta los anteriores elementos, se presentan las siguientes propuestas básicas en lo relativo al consumo: 1. Abordar el fenómeno desde la perspectiva de salud pública, antes que desde la óptica criminal, lo que no significa que sea un problema exclusivo del campo médico o del judicial. Se trata de una dimensión transversal que debe discutirse y trabajarse desde todos los ámbitos de la sociedad y no aislándola de la misma. La perspectiva sociocultural del uso, consumo y abuso de sustancias psicoactivas debe dejar de ser una reflexión meramente académica, para traducirse en herramientas de política, con suficiente financiación por parte del Estado. 2. Despenalizaclón, legalización y regulación. Existen diversos tipos de sustancias, cada una de las cuales tiene diferentes niveles de adicción, afectación sobre la salud y dificultades en el acceso. Todos estos elementos tienen que tenerse en cuenta para encarar el necesario debate sobre la despenalización, legalización y regulación. No se propone la legalización sin más, sino una reflexión profunda para ubicar cómo gradualmente se van aplicando medidas para cada una de las sustancias psicoactivas. Un paso importante es la necesaria desmercantilización las sustancias, no permitir que se generen ganancia a privados a partir del uso y abuso, con la venta indiscriminada, ilegal, en precarias condiciones de salubridad y vinculada a altos niveles de delincuencia social. En este mismo sentido, la despenalización y regulación deben estar fuertemente acompañadas de una promoción amplia de la política de consumo responsable, contralado e informado, dirigido a evitar las intoxicaciones y el consumo de riesgo. 3. Diferenciar y caracterizar los diferentes tipos de consumo que se presentan en la sociedad colombiana, promoviendo acciones afectivas para respetar los consumos tradicionales y culturales, en términos de no criminalización o usos propios de diversos tipos de comunidades. De igual manera, es esencial avanzar en diferenciar entre consumos recreativos ocasionales y los de riesgo, caracterizados por niveles de adicción letales; por lo tanto, es urgente ubicar de manera clara, cuáles son los factores de contexto que se convierten en factores de riesgo. 4. Construcción de una política estatal de investigación sobre los diferentes tipos de consumos y usos, enfatizando en los de tipo medicinal y alimentario. 5. Construir política de tratamiento desde la perspectiva comunitaria y a nivel primario. El conjunto de la sociedad debe tener acceso a la información sobre las dinámicas de consumo y responsabilidad en la promoción del consumo contralado e informado. No es una tarea que deban abordar especialistas médicos ante escenarios de abuso, sino de cada sector y escenario social, propendiendo por un cambio de perspectiva. 6. Resolver las desigualdades sociales y económicas que son caldo de cultivo para el abuso de sustancias sicoactivas, particularmente por el consumo de aquellas con mayor nivel de adicción, dada su composición química hecha para generar sustancias de muy bajo costo, pero altamente peligrosas como el bazuco.

IV.

FRENTE A LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN, EL IMPACTO EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA.

El negocio trasnacional de la cocaína, desarrollado en Colombia desde hace más de treinta años, ha sido un elemento clave en los procesos de acumulación de capital, en la configuración del régimen político y sociocultural, asi como de la dinámica do violencia que ha padecido el pais. Las complejas

Marcha Patriótica^

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redes y relaciones que se han creado entre sectores económicos emergentes ligados al narcotráfico, partidos políticos, negocios legales, violencia y reconfiguración de poderes locales y regionales son una realidad, develada recientemente a través del proceso de la denominada "parapolítica". Dado el carácter estructural del fenómeno del narcotráfico, vinculado a la esencia misma del neoliberaüsmo, ganar la batalla frente a este flagelo pasa por el desmonte del propio modelo neoliberal. Puntualizando algunos aspectos de esta necesaria tarea se propone: 4.1 Narcotráfico y régimen político: desmonte efectivo del paramilitarismo y reforma ai sistema electoral Hoy resulta claro para el país que el dinero del narcotráfico ha sido financiador de primer orden de la guerra sucia en contra de las alternativas democratizadoras en el país. Así ha quedado evidenciado con la conformación, accionar y propósitos del MAS, Muerte a Secuestradores, en los años ochenta, o los hechos que de manera continua y contundente han demostrado la financiación de las estructuras paramilitares por parte del narcotráfico. El papel jugado por el empresariado de la cocaína en Colombia en la articulación entre economías legales e ilegales como estrategia en el proyecto paramilitar ha quedado al descubierto en casos como los de Enílse López, con el negocio de apuestas en la Costa Caribe. Frente a todos estos hechos, queda claro que el fenómeno del paramilitarismo, sus lógicas de financiación y su incidencia en la institucionalidad exige el desmonte efectivo del complejo dispositivo paramilitar, no sólo de las estructuras militares sino de sus financiadores en negocios legales e ilegales. El impacto del narcotráfico en el régimen político a nivel local y nacional ha sido de igual manera contundente por la vía de amplia financiación de campañas electorales. Los innumerables casos de relación directa entre políticos de los partidos tradicionales, narcotraficantes y paramilitares, articulados entorno a proyectos políticos defensores del status quo y los privilegios de empresarios, terratenientes, y del capital trasnacional, son evidencia más que suficiente al respecto. Por lo tanto, resulta absolutamente necesario, que de la mano con amplios procesos judiciales, se construya una reglamentación electoral que prohiba la financiación privada de ias campañas, evitando feriar la democracia a la subasta del gran capital y los dineros del narcotráfico, garantizando el apoyo estatal a todos los partidos políticos. 4.2. Narcotráfico y sistema financiero: reforma a la política monetaria y regulación a los mercados financieros (control de capitales) No es una mera coincidencia que el auge del narcotráfico, la violencia, así como del sistema financiero se den justamente en las últimas tres décadas. El telón de fondo para la aparición de tales fenómenos es el desarrollo mismo del modelo neoliberal, en tanto que los cambios en las funciones del Estado y la búsqueda de nuevos espacios para la acumulación de capital -junto con los cambios tecnológicos observados en el periodo-, han generado condiciones óptimas para nuevas formas de acumulación con elevadas tasas de ganancia, entre las que se destaca el narcotráfico. Lejos de ser una anomalía o un proceso sin sentido, los procesos criminales de acumulación, como el narcotráfico, y la violencia asociada a estos, son parte fundamental en el proceso económico y político contemporáneo.

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Claro de ejemplo de esto es la estrecha relación que existe entre lógicas especulativas en el mercado financiero y lavado de activos, particularmente del dinero proveniente del narcotráfico. Los más de 17.000 millones de dólares que anualmente son blanqueados a través de y por el sistema financiero en Colombia, son producto de las condiciones mismas de funcionamiento de éste mercado en la actualidad. Los complejos dispositivos que permiten la obtención de ganancias extraordinarias vía especulación, como la comercialización de derivados financieros, son el vehículo ideal para el blanqueamiento de capitales. La compra y venta de títulos varias veces en un mismo día, la movilización de grandes sumas de dinero a través de pequeñas transacciones, así como las amplias condiciones de movilidad de capital de manera transfronteriza, gracias la liberalización de la cuenta de capitales, han permitido la emergencia del fenómeno de lavado de activos. De esta manera, no sorprende que sea justamente el sector financiero uno de los que mayores tasas de crecimiento y nivel de ganancias haya tenido a lo largo de las últimas décadas; la de por si perversa lógica especulativa se ha visto potenciada por el ingreso constante de capitales provenientes del narcotráfico. Es por esto que resulta absolutamente necesario realizar una profunda reforma al sistema financiero y a la política monetaria en Colombia, frenando la dinámica especulativa que crea incentivos para la entrada masiva de capitales en búsqueda de ganancias extraordinarias vía tasa de interés, combatiendo la explosión del mercado de derivados y el control de capitales, recuperando la soberanía nacional sobre la entrada y salida de los mismos. Los mecanismos de seguimiento a la propiedad de los capitales al interior del sistema financiero han resultado insuficientes frente a las dimensiones del fenómeno, precisamente porque es fundamental erradicar el origen mismo de los incentivos para la especulación. La dimensión global de éste fenómeno y su efectividad frente al lavado de activos ha hecho que incluso el Fondo Monetario Internacional haya reevaluado su postura con relación al control de capitales desde el año pasado. 4.3 Despenalizacíón y regulación desde la perspectiva de la producción: industrialización y promoción de otros derivados

Una de las bases fundamentales para el desarrollo de este lucrativo negocio es el hecho de pertenecer a un mercado ilegal, elemento determinante en la formación de precios extraordinariamente altos que garantizan rentabilidad. Es esta una de las principales razones para proponer la despenalizacíón y legalización de las sustancias psicoactivas derivadas de la coca, la marihuana y la amapola, desde el punto de vista de la comercialización y producción. La legalización y despenalizacíón no sólo bajarían la rentabilidad del negocio, sino que permitirían ponerle freno a la corrupción proveniente de este tipo de economía y que ha irrigado al conjunto del Estado colombiano. Un proceso de esta naturaleza requeriría gradualidad y diferenciación entre productos, ya que no es posible darle el mismo tratamiento a la marihuana que a la cocaína y la heroína. De igual manera se requiere la definición de un conjunto de regulaciones al mercado, entre los que se destacan una fuerte política impositiva para la comercialización de sustancias, asi como una fuerte intervención estatal desde la perspectiva del consumo. La perspectiva de regulación, legalización y despenalizacíón implica también plantear propuestas desde la perspectiva de la producción. Experiencias como las que se han puesto en marcha en Perú o Bolivia, relacionadas con la industrialización, transformación y comercialización de la hoja de coca

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a manera de derivados alimenticios, resultan de vital importancia. En el caso boliviano el proceso de despenalización e industrialización se viene ejecutando desde finales de ios años ochenta, autorizándose el aprovechamiento de la hoja de coca para productos alimenticios, cosméticos y para medicamentos. Tal proceso se ha acompañado recientemente de un conjunto de políticas dirigidas a enfrentar los problemas de orden ambiental, económico y social que han estado alrededor del cultivo de hoja de coca en condiciones de ilegalidad, contando además con amplia participación de las comunidades rurales. La experiencia boliviana ha colocado sobre la mesa el debate alrededor del aprovechamiento de las amplias propiedades nutricionales y energéticas de la hoja de coca; a manera de ejemplo, se encuentra que la hoja de coca presenta mayor contenido de proteínas y calcio que muchos cereales como trigo, arroz, maíz o cebada. En el caso particular de los alimentos derivados de la hoja de coca, la iniciativa de despenalización, regulación e industrialización se convierte en instrumento para hacerle frente al problema de seguridad y soberanía alimentarias. • En contraste, en Colombia las licencias para la producción de derivados de la hoja de coca han sido en exceso limitadas y entidades como el Invima se han negado a expedir los permisos pertinentes para la comercialización de diversos productos. La apuesta por la despenalización, regulación e industrialización resulta de vital importancia para avanzar en un cambio de perspectiva sobre el tratamiento de esta problemática. El necesario cambio de paradigma en la política antidrogas sólo será posible en tanto se reflexione este problema desde la perspectiva del conjunto del modelo económico, político, social y ambiental vigente. La sociedad colombiana clama desde la movilización, la protesta y la propuesta por un nuevo pacto de país. Sólo la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente dará las garantías para que una política alternativa para el tratamiento de la hoja de coca, marihuana y amapola sea real y efectiva. Bogotá, septiembre 24 de 2013.

tm PROPUESTA PARA LA SUSTITUCIÓN REAL DEL USO ILÍCITO DE LOS CULTIVOS DE COCA EN LA REGIÓN SUR ANDINO-AMAZÓNICA; PUTUMAYO, BAJA BOTA CAUCANA Y JARDINES DE SUCUMBIOS NARIÑO.

Los habitantes de la Región sur de Colombia, territorio andino-amazónico, hemos llegado unos y otros de distintos puntos de la geografía nacional, producto del desplazamiento, las consecuencias del conflicto social, económico y armado que vive el país; falta de tierra, condiciones económicas y sociales, el abaratamiento de la mano de obra en la ciudades y los contingentes de familias del campo desplazadas que se resisten a la mendicidad en las calles de la urbe, huyen a los bordes de la frontera agrícola, rompiendo montaña y estableciendo nuevas unidades del trabajo agrícola familiar, de esta manera ha sido poblado nuestro territorio. Adicionalmente todas las políticas agrarias emanadas de perspectivas desarrollistas que propone el Gobierno Nacional, tienden a privilegiar escenarios agrícolas a grandes empresarios y no a los pequeños productores rurales, ios cuales se enfrentan en un mismo contexto al latifundio, la industrialización de segmentos de la agricultura, sistemas agrícolas de monocultivos, la ganadería extensiva y por otro lado medidas aperturístas del comercio internacional como los Tratados de Libre Comercio (TLCs), que privilegian la importación de alimentos y las transformaciones en los patrones de consumo de alimentos en detrimento de la vocación agrícola, el trabajo y la cultura local y nacional, en donde la pequeña propiedad agraria no puede pensarse como vehículo de desarrollo rural. Entrados los años 80 s, el auge del cultivo de coca toca las puertas de la amazonia. Cultivo de manejo sencillo y con paquetes tecnológicos de fácil acceso, con cortos periodos de cosecha, de trabajo familiar y por sobre todo con un mercado asegurado, hicieron de este la única opción económica real en una zona donde la precariedad de la infraestructura vial y de comunicaciones, la escasa inversión social, así como la ausencia de centros de comercio para productos alimenticios, consolidó el escenario propicio para la emergencia de una economía ilícita, así denominada por el gobierno,

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Fue así como la coca y su cultivo extensivo promovió la apertura de claros en las selvas, introdujo los paquetes tecnológicos con base en agroquímicos que alteran la estabilidad ecosistemica y otra suerte de "extemalidades" que hoy se entienden como graves problemas socio - ambientales, lo mismo que las medidas adoptadas, por la política antidrogas nacional y estadounidense, acompañado de una explotación petrolera, sin las medidas suficientes que mitiguen los impactos ambientales, ponen en riesgo la biodiversidad y la vida de las generaciones futuras en el Departamento, desarrollándose una economía de carácter extractivita, beneficiando a un mínimo sector de la sociedad y dejando consecuencias socio- económicas y ambientales nefastas para la mayoría de los pobladores de la región.

La política antidrogas adoptada por el país, se ha enfocado únicamente en las fumigaciones aéreas y la erradicación forzada como único método para la erradicación de los denominados cultivos de uso ilícito y por otro lado la militarización con estrategias como el Plan Colombia, Plan patriota y Plan Consolidación, que han generado una crisis humanitaria y ambiental sin precedentes en la Región. El gobierno pretende resolver esta problemática con programas asistencialistas impuestos sin ningún tipo de planificación y concertación con las comunidades, en lo cual han invertido miles de millones de pesos, lo cual no ha logrado acabar con los cultivos de coca, convirtiéndose en un total fracaso en esta región y en el país, y por el contrario se ha incrementando a ai; mas ¿¡ coafiicto ¿ocial, económico y armado en todo el territorio. Es por eso que desde la MESA REGIONAL, de Organizaciones sociales y populares del Putumayo, Baja Bota Caucana y Sucumbíos Nariño, venimos trabajando en un proceso de unidad para planificar y buscar soluciones definitivas AL CQNFLICTO SOCIAL a causa del uso ¡licito de la hoja de coca, para lograr un desarrollo que este acorde a las necesidades de cada uno de los diferentes habitantes que integran este territorio; considerando que uno de los medios más urgentes que nos ayudan a generar la unidad y a construir un verdadero Desarrollo integral, se construyen con la participación directa de las comunidades, para tal fin proponemos la formulación y Ejecución del PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINO-AMAZÓNICO 2035, COMO UNA ALTERNATIVA A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA SOCIAL Y ECONÓMICO GENERADO POR EL USO ILÍCITO DE LOS CULTIVOS DE COCA, LA RECONVERSIÓN ECONÓMICA Y UNA PROPUESTA DE PAZ PARA ESTAS COMUNIDADES, en el cual una de sus prioridades es el establecimiento de sistemas productivos sostenibles para el fortalecimiento de la economía campesina, la soberanía alimentaria, la generación de ingresos y la asociatividad para la transformación y comercialización de sus productos, implementando un modelo de economía campesina que nos permita ordenar el territorio con enfoque de Derechos y solucionar la inversión social requerida para que las comunidades logremos superar la crisis económica, social, ambiental, política y cultural para alcanzar un buen vivir para los pobladores de esta Región del sur de Colombia, convirtiéndose en una política pública del país. Es importante resaltar, las características propias del territorio amazónico, teniendo en cuenta que el ecosistema amazónico es mucho mas sensible y frágil que la zona andina, por tanto, la aplicación de paquetes tecnológicos de la agricultura moderna (Revolución Verde) definitivamente no son viables, porque los fracasos son evidentes muy tempranamente. Pero esta propuesta no será viable si no se generan cambios en la política agraria y económica del país, con la participación directa de las comunidades, como también se debe frenar las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, la Suspensión inmediata y revisión de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, China y demás países. Reconociendo la presencia dé mas de 12 pueblos originarios en esta región, es necesario que se respete los usos y costumbres que estos pueblos tienen en torno a la coca. Por tanto, seria completamente equivocado e inaceptable pretender que los cultivos de coca sean completamente arrancados.

Esperamos que asi como el gobierno ha reconocido el daño causado al territorio ecuatoriano y sus pobladores, asi mismo, ha aceptado reparar dichos daños. De la misma manera exigimos, reparación integral e indemnización a todos los pobladores de la región afectados por la aspercion aerea con glifosato desde 1996. Finalmente concertar y firmar un acuerdo entre el gobierno y las comunidades, para la sustitución de los cultivos de coca, definiendo; compromisos de inversión, tiempos y porcentajes de disminución de los cultivos en un proceso que genere confianzas, democracia, respeto y cumplimiento a los compromisos pactados para lograr acabar con el uso ilícito de los cultivos de coca y superar las causas que llevaron a las comunidades a sembrarlos. Con una veeduría internacional y acompañamiento de países amigos. MESA REGIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE PUTUMAYO, BAJA BOTA CÁUCANA y JARDINES DE SUCUMBIOS NARINO. Martes 25 de septiembre de 2013.

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1. COMO DEBE SER LA SOLUCIÓN POLÍTICA AL CONFLICTO SOCIAL Y COCALERO Uno de los temas que MUCAPOC coloca como propuesta de discusión a la mesa para contribuir a generar argumentos sólidos hacía una salida dialogada al conflicto social y armado que agobia a nuestro país- es el tema del conflicto social y cocalero, que desde hace casi 40 años padecemos una buena parte de los habitantes del campo colombiano. En primera medida, al conflicto social y cocalero debe dársele una solución política, económica, social y ambiental, en el marco de los eventuales acuerdo entre el gobierno, la guerrilla y los habitantes del campo, involucrados directa e indirectamente en el conflicto social y cocalero. Cuando hablamos del conflicto social y cocalero, es necesario comprender que su origen se remonta a los años 50s en que se presenta violencia y exterminio de más de 300 mil colombianos, así como desplazamientos masivos del campo hacía los poblados y ciudades. Ya en la década de 1970, hay un proceso de redesplazamiento de las ciudades y del interior del país hacia las zonas de colonización, este proceso de colonización cabe tener en cuenta ocasionado por los cordones de miseria que se vivían en el interior del país y en las grandes ciudades. Frente a esta situación de abandono y olvido por parte del estado, las opciones de estas regiones marginadas fueron la alternativa que nos brindaron los Ingeniosos norteamericanos y europeos, la cual fue la fórmula para convertir la planta de coca en clorhidrato de cocaína, sumándole a eso que los principales beneficiarios de este negocio, fueron y han sido los grandes narcotraficantes y los industriales nacionales y extranjeros, que producen todo lo necesario para el proceso y manutención de todos los involucrados directa o indirectamente en este modelo económico. Al conflicto cocalero, que tiene causas sociales y que el estado en franca obediencia a las imposiciones norteamericanas, le ha dado un tratamiento de guerra en casi 40 años de existencia (sin que por esa vía lo haya resuelto), proponemos una formula de 14 puntos, para que sirvan de insumo en la mesa de discusión entre el Gobierno, la Guerrilla y nosotros las víctimas de este conflicto social y cocalero: 1. Que el método para superar este conflicto, obedezca a un Acuerdo entre el Estado, la guerrilla y el Campesinado involucrado directa o indirectamente en este modelo económico de subsistencia, sin la intromisión extranjera. 2. Que al generarse el Acuerdo entre las tres partes y se dé el cambio de la represión y la guerra por el acuerdo político, social y económico, se reflejen las considerables sumas de dinero invertidas para la guerra endémica, en la inversión de esos dineros en nuevos presupuestos que sirvan para financiar el gran proyecto de concertación para la sustitución del mencionado

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modelo. 3. Que en lo relacionado con los dineros que deban canalizarse para la sustitución del modelo económico cocalero, el Estado elabore los planes de acción, en acuerdo con las comunidades objeto. 4. Que teniendo en cuenta que los alucinógenos y los narcóticos, perjudican a todos los países consumidores, que el Estado colombiano gestione ante los afectados recursos, ya no para la guerra en contra de este modelo, sino para ejecutarlos en los planes de solución pacífica del conflicto. 5. Que para evitar la presión Colonizadora de habitantes de las grandes ciudades y del interior del país, el estado propicie en el interior del País, una verdadera reforma agraria con justicia social. 6. Que concordante con las reformas sociales en el interior del país, para continuar evitando la presión colonizadora, el estado haga una reforma urbana en favor de los cientos de miles de destechados que existen en los poblados y ciudades del territorio colombiano. 7. Teniendo en cuenta que las regiones marginales están compuestas por la frontera agrícola, la reserva forestal y los parques naturales, proponemos que para la frontera agrícola y la reserva forestal, la inversión estatal sea equitativa y sin discriminación, mediante la elaboración de dos polos de desarrollo: Para la reserva forestal, dicho polo debe de ir dirigido a la agroforestación, reforestación y sostenimiento de las fincas de los colonos, en plena armonía con el medio ambiente. Para la frontera agrícola, debe fomentarse la industria agropecuaria empleando las semillas nativas, en forma agro-tecnificada, en pequeña y mediana escala, en plena armonía con el medio ambiente, así como el fomento de talleres industriales, como complemento de la tecnología en las regiones involucradas. Soto así defenderemos la soberanía alimentaria 8. Apertura y garantía de distribución y mercadeo para que haya estímulo real a la producción agrícola, y que el estado garantice el mercadeo de estos, a precios de sustentación. 9. Que el Estado construya y garantice una verdadera malla vial, para que se desembotellen las regiones objeto de este programa, igual proceder con la red fluvial y el transporte aéreo desde todas las regiones objeto. 10. Que en materia educativa el Estado genere una cobertura presencial acorde con las necesidades del plan sustitutivo, con énfasis agro-industrial, agro-ecológico y agro-forestal y demás profesiones que estén acorde con las necesidades integrales de estas regiones y que los egresados, tengan sentido de pertenencia en estas apartadas regiones. 11. Que el Estado construya una verdadera infraestructura hospitalaria, lo suficientemente dotada y acorde con las endemias del trópico, fomentando para ello la salud preventiva, antes que la curativa. 12. Que para transitar de la guerra sucia a la limpia Paz, el estado garantice una real apertura democrática, para que los colombianos sin distingo podamos participar abierta y civilizadamente, en todas las formas de organización social y política, en igualdad de condiciones, poniéndole punto final a todo tipo de persecución de la que siempre hemos sido víctimas. 13. Que para más seguridad de los diálogos que se están dando entre la Guerrilla y el Gobierno, y arrojen éstos un acuerdo que garantice el punto final a este conflicto, proponemos que al pueblo organizado se le tenga en cuenta para ocupar la tercer silla, ya que nosotros somos las víctimas y en el caso de una salida política favorable, seremos los principales beneficiados. 14. A las personas objeto de este acuerdo, que se encuentren judicializadas o condenadas, sus investigaciones sean precluidas o en caso de condena se les indulte.

© La ONIC le habla al país y a la comunidad internacional sobre la paz y el problema de las drogas Bogotá, septiembre 24 de 2013 Esta ponencia sintetiza múltiples pronunciamientos de la Organización Nacional Indígena de Colombia y de sus organizaciones filiales sobre el tema que hoy se debate en el Foro: "Solución al problema de las drogas ilícitas", convocado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Pensamiento y Seguimiento del Proceso de Paz de la Universidad Nacional de Colombia en el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La coca es una planta sagrada. Es la expresión de la cultura propia, consejo sabio del chaman en la maloca amazónica, palabra orientadora de los mamos en la Sierra Nevada de Santa Marta y reafirmación de lazos comunitarios por el Jaibaná y el Tehuala de nuestras cordilleras andinas. La coca es un ser espiritual y es nuestra madre. Su transformación química en laboratorios mimetizados en las selvas y su posterior comercialización en ciudades de Norteamérica o Europa, no corresponde a nuestras prácticas, ni costumbres; la destrucción indiscriminada de las plantas a nombre de la lucha contra el terrorismo o por la supuesta perversidad de sus principios activos vegetales, es una afrenta a la Naturaleza y a nuestras identidad milenaria. Sobre el narcotráfico Para el movimiento indígena, el narcotráfico es una expresión perversa del mercado capitalista que utiliza plantas con propiedades visionarias, medicinales y nutritivas para transformarlas en sustancias químicas concentradas que demandan millones de consumidores en los cinco continentes. Esta actividad económica resulta muy atractiva para este tipo de empresariado criminal, gracias a los precios exorbitantes que alcanza, no por los costos de su producción, sino por los riesgos que deben sortearse hasta llegar al consumidor final. Ya casi nadie niega que el secreto de la rentabilidad del narcotráfico está, precisamente, en su ilegalidad. Si esto es así, los aquí presentes deberíamos preguntarnos, con toda sinceridad, hasta donde un proceso de paz que no incluya una reformulación a fondo de la política antidrogas podrá acabar con los incentivos que empujan a muchos colombianos a involucrarse en uno de los negocios más lucrativos a nivel planetario. Los indígenas no tenemos la respuesta definitiva. Pero si estamos convencidos de que todos los sectores sociales afectados no solo por el narcotráfico sino por la "guerra contra las drogas", debemos proponer soluciones certeras que nos impidan caer en los mismo errores cometidos por los Estados. En un fenómeno transnacional como este, los indígenas hemos comenzado a mirar más allá de nuestros resguardos para referirnos a asuntos de la política y la economía globales que afectan, directa o indirectamente, a nuestras comunidades y a la sociedad colombiana de la somos parte.

Colombia tiene una larga relación con la producción y comercialización de marihuana, clorhidrato de cocaína y heroína, sin que hasta ahora pueda afirmarse que dejamos de ser una pieza central en el engranaje mundial del narcotráfico. A lo largo de cinco décadas hemos presenciado el surgimiento de poderosos carteles y su desestructuración en decenas de organizaciones criminales desperdigadas por todo el país; cientos de traficantes grandes y medianos extraditados pero reemplazados por otros tan avaros y violentos como ellos;

toneladas de cocaína y millones de narcodólares incautadas cuyas pérdidas se recuperan en el precio de los cargamentos que logran expenderse. Es tan jugoso el negocio, que estos golpes son un rasguño en el torrente de divisas que se lavan en la economía legal y se legitiman en el sistema político, donde se ocultan buena parte de los responsables de la vitalidad del narcotráfico. Develar estos vínculos es necesario para construir la paz. Sobre los cultivos Muchas de las realidades del mundo de las drogas son muy lejanas a nuestra vida como indígenas. Otras, como la siembra de coca, amapola o marihuana por campesinos, afrodescendientes e indígenas son más cercanas porque compartimos la vida y los territorios rurales. Resulta difícil negar que la mayoría de quienes cultivan estas plantas son parte de los productores agrícolas que se manifestaron en el paro agrario nacional del mes de agosto contra una de las peores estructuras de desigualdad rural en América Latina, así como en rechazo de políticas de libre comercio que arrasan los cultivos campesinos por los bajos precios de importaciones agrícolas subsidiadas en los países de origen. En este punto, la ONIC formula una segunda pregunta a los asistentes a este Foro: ¿que asidero puede tener una política de sustitución de cultivos, cuando la política agraria se encuentra atada a los acuerdos de libre comercio y cuando todos los días nos recuerdan que el modelo económico vigente no se someterá a la discusión ni en La Habana, ni en nuestro país, entre otros razones porque los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio son superiores a nuestro ordenamiento jurídico? En su momento, el movimiento indígena se manifestó contra los tratados de libre comercio, y en 2005 realizó una consulta autónoma sobre el TLC entre las comunidades indígenas del departamento del Cauca. Según el más reciente reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado (UNDOC), 60.000 familias rurales viven actualmente de la agricultura proscrita por el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Contrario a lo que puede creer la opinión pública, un cultivador de coca recibe $2'350.000 promedio anual por cultivar una hectárea e coca, equivalentes a escasos $195.000 mensuales, y una familia de cinco miembros la suma de $11700.000 anuales por hectárea de coca, apenas suficiente para garantizar el mínimo vital para reproducirse. ¿Por qué, entonces, los agricultores deciden involucrarse con los cultivo de uso ilícito, a pesar del gramaje por pagar a todos los armados o los riesgos de la violencia, la erradicación forzosa y la cárcel? La protesta del Catatumbo nos dio recientemente la respuesta: el kilo de hoja de coca fresca o de pasta básica de cocaína se vende a los intermediarios en la finca o en el pueblo más cercano, sin someterse a trochas tortuosas que aumentan los costos de transporte y vuelven poco competitivos los productos agrícolas. El panorama es más difícil en el caso de comunidades indígenas con vocación agraria, muchas de ellas distantes de las vías de acceso y los mercados.

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Según el último reporte de Naciones Unidas, en 2012 se cultivaron 48.000 hectáreas de coca en 23 departamentos del país, de las cuales el 53% se concentró en Nariño, Putumayo, Cauca y Norte de Santander. De ese total, 6000 hectáreas se encuentran en territorios indígenas, más de la mitad en la región pacífica y un 34% en los resguardos de la Amazonia y la Orinoquia colombianas. Si bien en algunas comunidades pueden existir motivaciones económicas para procurar ingresos monetarios con que adquirir bienes básicos en el mercado, otros factores inciden en la presencia de los cultivos de uso ilícito en nuestros

territorios, entre ellos la presión de actores armados para sembrar y la invasión de áreas que no alcanzamos físicamente a controlar. Con violencia e intimidación se aseguran también corredores para el tránsito de drogas e insumos, como sucede en otras regiones donde no hay presencia de comunidades indígenas. Sobre las soluciones sostenibles Si la producción de materia prima para los narcotraficantes es una falsa solución entre los indígenas, en tanto esos ingresos llegan acompañados de ruptura del tejido familiar, pérdida de valores, ingobernabilidad y desobediencia a nuestras autoridades tradicionales, cuáles soluciones sostenible debemos proponer en este foro? Los pueblos indígenas viven en territorios ricos en biodiversidad y recursos naturales que pueden protegerse mediante procesos participativos de reordenamiento, conservación y restauración de los ecosistemas afectados por los cultivos de uso ilícito, el procesamiento químico y las fumigaciones aéreas. No nos parece utópico pretender vivir con dignidad, además de la agricultura propia, del reconocimiento de estas funciones ambientales que hemos sabido aplicar durante siglos. Por esta razón nos preocupa la redacción del punto 4 de la agenda de negociaciones entre el Gobierno Santos y las FARC, donde se da a entender que la sustitución de cultivos ilícitos por lícitos es casi que la única salida, sin que se dimensione la vocación del suelo, la localización central o periférica de las comunidades, sus culturas o las aptitudes de sus gentes. Como lo señaló ayer Ricardo Vargas en el periódico El Tiempo, volver a proponer proyectos productivos comerciales en las puntas de colonización o en territorios alejados, es repetir una vez más las falsas promesas del desarrollo alternativo. Los usos benéficos de la coca pueden ser una opción económica y un puente de relación intercultural con la sociedad colombiana. Sobre la política antidrogas Un proceso de paz debe abordar también el tema de la política antinarcóticos que en nuestro país se aplica bajo enfoques eminentemente represivos. Si bien la lucha contra el narcotráfico es un imperativo estatal, los distintos gobiernos la han realizado a costa de las garantías democráticas de los colombianos, de los derechos económicos, sociales y culturales de los campesinos y de los derechos colectivos diferenciales de pueblos indígenas y las comunidades negras. Con la misión de erradicar la oferta de drogas, el Estado Colombiano concentró sus esfuerzos en la destrucción de los cultivos, mediante campañas sistemáticas e indiscriminadas de fumigaciones aéreas con agrotóxicos y más recientemente con erradicaciones manuales forzosas que castigan desproporcionadamente a la población rural. Los indígenas conocemos las fumigaciones desde 1988 cuando de manera ilegal se asperjó con paraquat, la marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta, un potente herbicida prohibido en los Estados Unidos. A pesar de la Sentencia de la Corte Constitucional del 2003 que tuteló los derechos de las comunidades indígenas amazónicas contra las fumigaciones del Plan Colombia, y de los esfuerzos de autoridades indígenas por controlar las siembras no deseadas o la instalación de cocinas y laboratorios en nuestros resguardos, las fumigaciones aéreas se siguen realizando con la misma agresividad de siempre. Los cientos e incluso miles de denuncias por afectación a los cultivos lícitos, las fuentes de agua, la biodversidad y la salud de nuestras mujeres, ancianos e infantes, se amarillan en los archivos de las Personerías Municipales y la Dirección Nacional de la Policía Antinarcóticos, sin que nadie asuma responsabilidades serias al respecto.

En la ONIC seguimos recibiendo estas denuncias. Tan solo en el primer semestre del 2013, se reportaron fumigaciones en resguardos Nambi Piedra Verde y Pipalta Palvi del pueblo Awa en el departamento de Nariño, en el resguardo Joaquincito del pueblo Siapidara en el departamento del Valle del Cauca y de manera inclemente sobre los resguardos embera de Uradá - Jiabandó en el departamento del Choco. Estos hechos nos obligan a cuestionar la seriedad de la tan anunciada reformulación de la política antidrogas del presidente Santos, quien propone legalizar el consumo de la marihuana mientras guarda silencio frente a la problemática social de los cultivos. Como su antecesor, el gobierno de la Prosperidad Democrática mantiene la racha anual de 100.000 hectáreas fumigadas y 30.000 hectáreas arrancadas manualmente pero de manera forzosa . Es una realidad que el conflicto armado se fusionó con él narcotráfico para favorecer el negocio de las mafias y financiar a los actores armados. Mucho dolor se ha causado a nuestras comunidades por esta alianza tenebrosa. Pero también hemos visto como desde el Estado se utiliza la estrategia antinarcóticos para golpear a indígenas, campesinos y afrocolombianos como si fuéramos sus enemigos. Sobre este tema hemos llegado a una dolorosa conclusión: tanto el narcotráfico como la "guerra contra las drogas" hacen parte de un modelo de expansión de economías de "enclave" legales e ilegales que para llevarse nuestras riquezas requieren desalojar territorios, cambiar las culturas e involucrar a los civiles en el mercado de la violencia armada. Más allá de la "Sustitución de cultivos" y la "solución al problema del consumo" y a la " producción y tráfico de drogas", somos conscientes de lo que está en juego: la presencia de narcotraficanr.es y grandes empresas extractivas promoviendo explotación minera y monocultivos lícitos e ilícitos en nuestros territorios. Todo ello a costa de nuestro bienestar y nuestra autonomía. Un proceso de paz debe responder por la victimización a la que nos somete el narcotráfico, el conflicto armado y la política antidrogas. Un proceso de paz requiere reformulaciones de fondo en estos temas, empezando por diferenciar claramente los eslabones sociales y criminales de la cadena. Sin ocultar a estos últimos y sin la escalofriante corrupción que en la Dirección Nacional de Estupefacientes impidió que las tierras confiscadas a los narcotraficantes, llegara a las miles de pobres rurales que las necesitan o las exigen en restitución. A continuación presentamos nuestras conclusiones y exigencias a la mesa de negociación en la Habana entre el Estado y parte sustantiva de la exigencia: 1. Buen vivir y economía propia: modelo de desarrollo integral y autonomía alimentaria

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Ante las consecuencias del impacto de los efectos del narcotráfico, exigimos al Estado apoyar el desarrollo de un modelo propio de economía alternativa y articulada de los pueblos, no supeditada al mercado global y al consumo; que garantice la soberanía y autonomía alimentaria, mediante la reconstrucción de nuestros sistemas agroalimentarios y del sector rural en general, consecuente con el manejo respetuoso de ecosistemas, bosques, suelos y biodiversidad. Lo anterior implica tener en cuenta los problemas estructurales que es necesario ir superando.

Exigimos al estado el apoyo en el diseño, construcción y garantía de nuestros propios sistemas de aprovechamiento de los bienes naturales. Lo anterior incluye no aceptar bajo ningún punto de vista la imposición estatal de programas de monocultivos y mucho menos si es para la obtención de agrocombustibles, como se pretende con la palma aceitera; ni recurrir a procesos productivos que destruyen los suelos, los esteriliza, contamina, al igual que lo hace con el agua y el aire. Demandamos la transformación de la estructura de desigualdad rural del país, y el rechazo a políticas de libre comercio que arrasan los cultivos campesinos por los bajos precios de importaciones agrícolas subsidiadas en los países de origen. El estado es el responsable de garantizar una discusión nacional entre todos los sectores sociales hacia una convergencia de construcción de un modelo de desarrollo rural soberano, incluyente y justo 2. Uso cultural y alternativo Exigimos el respeto de los usos rituales, espirituales y culturales de la coca, el Yagé, el pildé, el Yopo y otras sustancias utilizadas en la medicina tradicional, la alimentación y las prácticas espirituales propias de la tradición cultural indígena. Junto a ello la divulgación, formación y educación a la sociedad en general respecto a los valores que ello significa. Del mismo modo exigimos el respeto a la coca como patrimonio cultural indígena, de modo que las leyes que prohiben o penalizan su siembra o su consumo no son aplicables en el ámbito tradicional de los pueblos que la utilizamos ancestralmente. Apoyar la obtención de productos alimenticios, terapéuticos y cosméticos derivados de la hoja de coca a partir de su consideración como una actividad licita y para el libre comercio. 3. Justicia, gobierno propio y coordinación interinstitucional Garantizar y facilitar el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena, en especial a lo que se refiere a la Ley 30 de 1986 sobre cultivos de uso ilícito y narcotráfico. De modo que se reconozca a las autoridades indígenas la competencia para juzgar a los indígenas de sus propias comunidades involucrados en siembras familiares a pequeña escala o que sean trabajadores en los cultivos ilícitos en actividades primarias propias de la siembra o del procesamiento, tales como la recolección o raspado de la hoja. El consumo problemático de drogas estupefacientes será resuelto en el seno de las comunidades conforme a su justicia propia. Las autoridades competentes (ICBF, Ministerio de Salud, Consejo de Estado, etc.) apoyarán las medidas adoptadas por las comunidades en el ámbito de diálogos interculturales y coordinación entre Jurisdicción Especial Indígena y justicia ordinaria. Exigimos el cumplimiento de las normas que reconocen las estructuras de gobierno indígena como autoridades ambientales en nuestros respectivos territorios y requerimos se garantice nuestro derecho de planeación propia y establecer con el gobierno condiciones de coordinación, pero sobre la base de nuestra autonomía en la administración integral de los territorios. 4. Consolidación definitiva y protección del derecho al territorio.

La consolidación de una política alternativa a los cultivos de uso ilícito es posible para los pueblos indígenas si el Estado cumple con adelantar los trámites administrativos de constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos que incluyan la totalidad de las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas, acorde con el cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto 1397 de 1996, en el sentido de que el gobierno nacional incluya en el proyecto de ley de presupuesto, las partidas necesarias para lo anterior, (compromiso incumplido históricamente). A esto se suma garantizar espacios de participación autónoma de ordenamiento con base en la planeación integral del territorio, para la construcción de los planes de manejo de los territorios indígenas, teniendo en cuenta el ordenamiento espiritual, ambiental y cultural de los mismos y los planes de conservación de ecosistemas y biodiversidad. No aceptaremos que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo -que deben ser desmantelados-, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas tierras, robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y afrodescendientes, deben restituirse a estas comunidades, en desarrollo a la aspiración histórica de una reforma agraria integral. Donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a los principios de unidad, diálogo y concertación para resolverlas. En relación con las tierras en manos de CNE (Comisión Nacional de Estupefacientes), demandamos se destinen en su totalidad hacia la dotación de tierras a comunidades campesinas, territorios colectivos de comunidades afrodescendientes y constitución de resguardos indígenas. Demandamos la concertación de políticas, planes y estrategias para garantizar protección de nuestro territorio y población, de la amenaza de la guerra y del narcotráfico. Debemos hacer cumplir las decisiones y estrategias de control propio por parte de las autoridades indígenas, con base en las normas del derecho propio, y los instrumentos nacionales e internacionales de DDHH y DIH frente a los actores armados y del narcotráfico. Demandamos se creen las condiciones para el fortalecimiento y reconocimiento de la Guardia Indígena por el Estado, desde la autonomía de nuestras autoridades y el ejercicio del gobierno propio, que vele por la conservación y control del territorio indígena, defendiéndolo desde el criterio de lo colectivo, y que permita forjar condiciones y actitudes de convivencia pacífica interna y con otros pueblos. 5. R eformulación a fondo de la política antidrogas

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Llamamos al gobierno nacional, las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que apoyen la adopción de un Plan Regional de solución alternativo a la economía ilegal, que debe consistir no en erradicar los cultivos de uso ilícito ni en sustituirlos, sino en cambiar una economía de renta por otra que garantice la generación sustentable de ingresos y la soberanía alimentaria. Esto incluye el fortalecimiento de economías y territorialidad campesina, indígena, afro colombiana, y población urbana del país. Exigimos la separación clara entre los componentes sociales y criminales de la cadena productiva de los cultivos de uso ilícito, que posibilite la despenalización de los cultivadores y

de los consumidores, para quienes se deberán contemplar estrategias de desarrollo propio integral y atención psicosocial. Del mismo modo exigir la aplicación de mecanismos de represión, confiscación y castigo, a las empresas del narcotráfico, y a los actores de apoyo y lucro en el mundo legal. 6. Corredores de narcotráfico y guerra contrainsurgente Exigimos a todos los actores del conflicto armado, mediados por la economía de las drogas, no involucrar los territorios de las comunidades para la generación de corredores de narcotráfico; y la afectación de los territorios y sociedades o comunidades rurales, bajo el supuesto de la guerra contrainsurgente. Es fundamental que todos actores armados y del narcotráfico se comprometan al reconocimiento de nuestra vocación de paz, convivencia y búsqueda permanente de nuestro desarrollo propio. Para ello es necesario terminar con la presión armada y los incentivos para sembrar los cultivos de uso ilícito. 7. Reparación transformadora Demandamos la aplicación y cumplimiento del articulo 5 del decreto ley 4633, específicamente en lo que se refiere a la reparación imperiativa para el restablecimiento del equilibrio y la armonía de los pueblos, vulnerados históricamente en sus dimensiones material e inmaterial. Lo anterior a través de la consolidación de un proceso que incorpore el conjunto de medidas y acciones transformadores con miras a la indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, dando cumplimiento al decreto ley 4633, y la sentencia T- 25 de 2004, y sus autos de seguimiento, en especial el 004. Exigimos la indemnización a los pueblos sobre la base de la recopilación, revisión y procesamiento de todas las denuncias realizadas por los pueblos y organizaciones indígenas, por afectaciones a las personas, cultivos, fuentes de agua y territorios desde el año 2000, en que se inicia la implementación del Plan Colombia, hasta la actualidad.

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