Mesa Temática 1 • Grupos de Trabajo 5 by Delegación de Paz FARC-EP

PROPUESTAS DE LA CIUDADANÍA

RELATORÍAS Y PONENCIAS

UNIVERSIDAD

-NACIONAL f SDE COLOMBIA E D E B O G O

T Á

CENTHO DE PENSAMIENTOY SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PAZ

NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA

FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

PROPUESTAS DE LA CIUDADANÍA RELATORÍAS Y PONENCIAS Mesa Temática 1 • Grupos de Trabajo 5 y 6

Organización de Naciones Unidas en Colombia y la Universidad Nacional de Colombia • Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz Responsables de convocar, organizar y servir de relatores de los debates del Foro y de sistematizar sus conclusiones 24, 25 y 26 de septiembre de 2013, Bogotá D.C.

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Relatoría Grupo de Trabajo 6 Ponencias Grupo de Trabajo 6.

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Mesa Temática 1 Durante el Foro Nacional se conformaron tres Mesas Temáticasy dentro de cada una de ellas se integraron grupos de trabajo con un número determinado de participantes y para abordar una temática específica del punto cuarto del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz firma y duradera. Dentro de la Mesa Temática 1 se conformaron 10 grupos de trabajo, que sesionaron de manera simultánea para la recolección y sistematización de propuestas sobre"Los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito". A continuación se presentan las relatorías y sus respectivas ponencias de los Grupos 5 y 6 de esta Mesa.

Propuestas Ciudadanas Mesa TemĂĄtica 1 Grupo de Trabajo 5

RelatorĂa

- FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Relatoría del Grupo de Trabajo No.5 de la Mesa Temática 1 sobre "Los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito" Jueves 26 de Septiembre de 2013 Número de participantes hombres: 8 Número de participantes mujeres: 12 Número y sectores participantes: (9) Organizaciones y movimientos campesinos; Organizaciones indígenas; Organizaciones afro-descendientes; Organizaciones de mujeres; Movimiento políticos y sociales; Organizaciones de mujeres, Organizaciones juveniles, Organizaciones ambientalistas. Número de ponencias escritas presentadas: 14 Número de intervenciones orales: 16 Se adjunta como anexos a la relatoría: Lista de asistencia a las mesas temáticas Documentos impresos propuestas Formato de registro de ponencias Formato de registro de intervenciones orles 1 .Fumigación y erradicación Las comunidades expresaron sus opiniones acerca de la política antidrogas, que de acuerdo a su percepción se ha aplicado bajo enfoques eminentemente represivos. Si bien la lucha contra el narcotráfico es un imperativo estatal los distintos gobiernos la han realizado a costa de las garantías democráticas y los derechos del pueblo en general. El Estado Colombiano ha concentrado sus esfuerzos en la destrucción de los cultivos de uso ilícito, mediante campañas sistemáticas indiscriminadas de fumigaciones aéreas y más recientemente con erradicaciones manuales forzosas que castigan desproporcionadamente a la población rural. Las comunidades que participaron en la mesa, exigen el Cese total de aspersiones aéreas y erradicación manual forzosa, reemplazándola por enfoques voluntarios, así como, una reparación por daños generados por aspersión aérea de cultivos de uso ilícito desde el año 1996, sobre la base de la recopilación, revisión y procesamiento de todas las denuncias realizadas por las comunidades afectadas, con el fin de lograr un proceso que incorpore un conjunto de medidas y acciones con miras a la indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición de los daños ocasionados.1 2.Comunidades y cultivos de uso ilícito Los participantes de la mesa proponen la reformulación integral de la política nacional sobre drogas tipificadas como ilícitas, con base en los principios de soberanía, corresponsabilidad, multilateralidad, transparencia, sentido social, respeto y garantía a los derechos humanos y la protección del medio ambiente. A partir de estos criterios el país deberá redefinir sus relaciones multi y bilaterales con los países centro de I demanda y con los conjuntos de las naciones que comparten una problemática similar de producción de cultivos ilícitos.

Así mismo plantean la reforma de código penal y normativas sobre estupefacientes que permita que el accionar de la justicia penal opere con proporcionalidad, des criminalizando a productores y consumidores, ya que estos son el eslabón más débil de la cadena. Las organizaciones participantes solicitan, la desmilitarización de los territorios y de la vida civil en las zonas donde se adelanten estrategias de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo, así como, cambiar la presencia de institucionalidad armada por institucionalidad civil.2

3.Planes de sustitución Las comunidades plantean su Participación en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución de cultivos ilícito, así mismo plantean crear una Comisión de seguimiento y verificación en la que participen las comunidades campesinas y organismos competentes nacionales e internacionales que verifiquen los avances y acuerdos firmados en cuanto a la sustitución de cultivos de uso ilícito. Lograr que de manera gradual se pueda realizar la sustitución de cultivos de uso ilícito, toda vez que los planes de desarrollo generen las condiciones económicas óptimas para que se dé este paso de manera gradual y de mutuo acuerdo; definiendo compromisos de inversión, porcentajes de disminución gradual de cultivos de coca en un entorno de respeto y confianza mutua.3 4.0rdenamientoTerritorial e institucionalidad rural Los grupos expresan su deseo de participar autónomamente del ordenamiento con base en la planeación integral del territorio, para la construcción de planes de manejo, teniendo en cuanto, el ordenamiento espiritual, ambiental y cultural. Piden el cumplimiento de la ley que garantice el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, el ejercicio de la territorialidad y el desarrollo rural a través de las Zonas de Reserva Campesina, así mismo garantizar la permanencia en el territorio a través de figuras establecidas en dichas leyes, como los resguardos indígenas y consejos comunitarios. Realizar un censo integral de las zonas dedicadas a los cultivos ilícitos, no solo para determinar la cantidad de hectáreas sembradas, sino para determinar las condiciones sociales, económicas, de salud entre otras, en las que se encuentran dichas zonas del país y la creación del instituto de coordinación de programas para la sustitución de cultivos de uso ilícito y ejecución de los proyectos de desarrollo local, departamental y regional.4 5.Alternativas productivas sostenibles y desarrollo social del territorio Los representantes indígenas afirman, que no hay cultivo capaz de sustituir beneficios económicos derivados del cultivo de coca, por lo cual la sustitución no es posible, debe darse erradicación del cultivo de coca bajo una política integral de desarrollo rural (teniendo en cuenta que no existe un solo modelo de desarrollo rural). Hay que eliminar enfoque asistencialista presente en los actuales programas de desarrollo alternativo con programas fundamentados en el mejoramiento de la producción, acceso a mercados y sostenibilidad.

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Se considera fundamental la implementación de acciones de desarrollo alternativo con la participación de la comunidad en su diseño, ejecución y evaluación. Cuyo indicador de éxito no debe ser la cantidad de hectáreas sustituidas o erradicadas, sino el mejoramiento de indicadores de bienestar social, así como, construir mecanismos de participación comunitaria donde se puedan evaluar los planes y programas a ejecutar por los gobiernos en las diferentes regiones y donde se integren las políticas para la erradicación gradual de los cultivos de uso ilícito. Para ellos es necesario la creación de capacidades técnicas en la población, por medio de innovación tecnológica y recuperación de saberes ancestrales, así como, la construcción y, mejoramiento de la infraestructura de transporte, almacenamiento, acopio y distribución de productos agropecuarios y el fortalecimiento de asociaciones y cooperativas, en la cadena de comercialización de los productos agrícolas. De otra parte, expresaron la necesidad de crear un ente de control estatal que se encargue de la regulación de los precios en el mercado, para proteger al campesinado de la especulación de precios.5

6.Enfoque cultural y diferenciado sobre los cultivos de uso ilícito Las comunidades indígenas Exigen el respeto de los usos rituales, espirituales y culturales de la coca, el Yagé, el pildé, el Yopo y otras sustancias utilizadas en la medicina tradicional, la alimentación y las prácticas espirituales propias de la tradición cultural indígena. Junto a ello la divulgación, formación y educación a la sociedad en general respecto a los valores que ello significa. Del mismo modo exigen el respeto a la coca como patrimonio cultural indígena, de modo que las leyes que prohiben o penalizan su siembra o su consumo no sean aplicables en el ámbito tradicional de los pueblos que la utilizan ancestralmente. Apoyar la obtención de productos alimenticios, terapéuticos y cosméticos derivados de la hoja de coca a partir de su consideración como una actividad licita y para el libre comercio y como una forma de generación de ingresos.6 7.Perspectiva de genero Desde las organizaciones de mujeres se expresaron diferentes opiniones que convergen en la necesidad de la formulación y puesta en marcha de una política de desarrollo agrario dirigida a superar problemas estructurales de tenencia y uso de la tierra orientada, a transformar las históricas relaciones de opresión y subordinación de las mujeres. 7 Ellas consideran que es importante impulsar proyectos de investigación, reflexión y análisis de la realidad de las mujeres en el ciclo de las drogas ilícitas, como posibilidad de abordar el fenómeno desde un enfoque de los derechos humanos de las mismas. 8.Visión ambiental Dentro de las diferentes propuestas recibidas, para los participantes es importante que en el diseño e implementación de los programas de desarrollo rural integral y de sustitución de cultivos de uso ilícito se contemple la promoción de acuerdos ambientales multisectoriales, entre el estado y las comunidades locales, tendientes a garantizar la Conservación de cuencas hidrográficas, bosques altos andinos y la selva húmeda tropical, como una estrategia para la preservación de los recursos naturales.8 9.Financiación para resolver el tema de los cultivos de uso ilícito Dentro de las propuestas presentadas por las participantes de la mesa de trabajo se recopilaron las siguientes: Creación de subsidios para los campesinos, líneas de crédito y financiación, adecuadas a la situación del campo colombiano. Crear un fondo Nacional de financiación de territorios campesinos y de las zonas de reserva campesina que garantice los planes de desarrollo sostenible.9 Otras propuestas Contar con una mesa de concertación permanente en la cual participe el gobierno, organizaciones internacionales, la comunidad educativa y las diferentes organizaciones de las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes. Algunas comunidades indígenas, hacen un llamado al Gobierno Nacional, Organismos Multilaterales como Naciones Unidas y OEA, para que apoyen la adopción de un plan regional de solución alternativo a la economía ilegal, que debe consistir no en erradicar los cultivos de uso ilícito ni en sustituirlos, sino en cambiar una economía de renta por otra que garantice la generación sustentable de ingresos y la soberanía alimentaria. Las comunidades indígenas exigen a todos los actores del conflicto armado no involucrar sus territorios para la generación de corredores de narcotráfico, para ellos es necesario terminar con la presión armada y los incentivos para sembrar los cultivos de uso ilícito.

Recomendaciones. Organización: ONIC. El representante de las comunidades indígenas agradece la oportunidad para participar en estos foros y solicita que en las mesas de negociación del Gobierno con las FARC-EP, se exprese de donde salen todas estas propuestas, es decir de donde han recogido las propuestas, ya que, la impresión que ellos tienen es que ellos vienen a proponer a estos espacios de diálogo propuestas que después son tomadas por los actores de la mesa de negociación como propias, como ellos mismos dicen " nosotros no queremos ser bobos útiles, para que nosotros traigamos las ideas y ellos las tomen como de ellos". También expresa reparos a la metodología de los foros, ya que de acuerdo a su percepción en estos ejercicios se recogen propuestas desde la sociedad civil, cuyo crédito por autoría no es reconocido a la organización que al propone y corren el riesgo que sean apropiadas indebidamente por alguna de las partes en la mesa de la Habana. Recomendaciones. Organización: Mujeres por la Paz. La representante de mujeres por la paz aprecia la labor de la Universidad Nacional y de las Naciones Unidas, en la creación de estos espacios de diálogos para que puedan participar las personas en igualdad de condiciones, pero recomienda que para los próximos foro; se pueda invitar más mujeres al foro central, ya que los invitados fueron profesionales excelentes pero en la mesa principal hubo muy poca presentación de las mujeres, ella dice que en la nacional hay muchas mujeres capaces que hubieran podido ser convocadas al foro para su intervención. 1

Propuestas compartidas por Marcha Patriótica - ASOCRI, ANZORC, Comunidades campesinas, indígenas y negras de Cauca, Nariño y Putumayo, Ruta Pacifica de las Mujeres, Mesa Regional de Organizaciones Sociales Campesinas indígenas afrodescendientes sindicales juveniles del Putumayo, Bota Caucana y Jardines de Sucumbió (Nariño), Marcha Patriótica , FENSUAGRO -MÍA, ONIC, CRIC. 2

Propuestas compartidas Marcha Patriótica - ASOCRI, ANZORC, Comunidades campesinas, indígenas y negras de Cauca, Nariño y Putumayo, Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, Ruta Pacifica de las Mujeres, Mujeres por la Paz, Mesa Regional de Organizaciones Sociales Campesinas indígenas afrodescendientes sindicales juveniles del Putumayo, Bota Caucana y Jardines de Sucumbió (Nariño), Marcha Patriótica ,FENSUAGRO CUT - MÍA, ONIC, CRIC.

Propuestas compartidas por Marcha Patriótica - ASOCRI, ANZORC, Comunidades campesinas, indígenas y negras de Cauca, Nariño y Putumayo, Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, Asociación de Limoneros de Leiva (Nariño), Ruta Pacifica de las Mujeres, Asociación Amigos de la Naturaleza, Mesa Regional de Organizaciones Sociales Campesinas indígenas afrodescendientes sindicales juveniles del Putumayo, Bota Caucana y Jardines de Sucumbió (Nariño), Marcha Patriótica, FENSUAGRO CUT - MÍA, ONIC, CRIC.

Propuestas compartidas por Marcha Patriótica - ASOCRI, ANZORC, Comunidades campesinas, indígenas y negras de Cauca, Nariño y Putumayo, Asociación Caminos de Esperanza Mesa Regional de Organizaciones Sociales Campesinas indígenas afrodescendientes sindicales juveniles del Putumayo, Bota Caucana y Jardines de Sucumbió (Nariño), Marcha Patriótica ,FENSUAGRO CUT - MÍA, ONIC, CRIC. 5

Propuestas compartidas por Agrosolidaria seccional El Zarzal - El Tambo (Cauca), Marcha Patriótica - ASOCRI, ANZORC, Comunidades campesinas, indígenas y negras de Cauca, Nariño y Putumayo, Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, Asociación de Limoneros de Leiva (Nariño), Ruta Pacifica de las Mujeres, Mujeres por la Paz, Asociación Amigos de la Naturaleza, Mesa Regional de Organizaciones Sociales Campesinas indígenas afrodescendientes sindicales juveniles del Putumayo, Bota Caucana y Jardines de Sucumbió (Nariño), Marcha Patriótica ,FENSUAGRO CUT - MÍA, ONIC, CRIC. 6

Agrosolidaria Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, Ruta Pacifica de las Mujeres, Mujeres por la Paz.

Agrosolidaria seccional El Zarzal - El Tambo (Cauca), Marcha Patriótica - ASOCRI, ANZORC, Comunidades campesinas, indígenas y negras de Cauca, Nariño y Putumayo, Mesa Regional de Organizaciones Sociales Campesinas indígenas afrodescendientes sindicales juveniles del Putumayo, Bota Caucana y Jardines de Sucumbió (Nariño), Marcha Patriótica ,FENSUAGRO CUT - MÍA, ONIC, CRIC. ' ANZORC, Marcha Patriótica, FENSUAGRO CUT - MÍA, ONIC, CRIC.

Propuestas Ciudadanas Mesa Temรกtica l Grupo de Trabajo 5

Ponencias

MESA DE CONVERSACIONES PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN COLOMBIA

Formulario de participación

Registro para el envío de la propuesta Infonnación dd individuo u organización La única infonnación de carácter obligatorio es el nombre del individuo u organización. Los campos adicionales son opcionales. La información suministrada voluntariamente sólo será utilizada para análisis estadístico en función de La Mesa. Organización: Agrosolidaria seccional El Zarzal - El Tambo Cauca Nombre completo: Ubardo Peña Idrobo

Propuesta Seleccione el o los subtemas del coarto posto de la Agenda Solución al problema de las drogas ilícitas, sobre los cuales quiere hacer una propuesta, a la luz de la integrattdad del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. 2. Programas de prevención del consumo y salud pública. 3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos

Información opcional de quien envía esta propuesta Si usted desea diligenciar información adicional hágalo en el siguiente espacio. Recuerde que la única información de carácter obligatorio es el nombre del individuo u organización. Los canutos adicionales son opcionales. La información suministrada sólo será utilizada para análisis estadístico en función de la Mesa. * Campos Opcionales Cauca Zarzal, El Tambo - Cauca

Hombre

MESA DE CONVERSACIONES PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN OE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN COLOMBIA

Usted puede introducir su propuesta: 1. Redactándola en el espacio en blanco que encuentra a continuación.. 2. De ser necesario usted puede anexar documentos soportes o que desarrollen su propuesta.

^organización de base comunitaria es una de las rutas más viables en la exigibilidad de los derechos de las comunidades. Organizaciones sociales y campesinas, hoy se constituyen en_ej capital social más valioso de nuestras regiones, consolidándoos!» procesos a través de hechos tangibles como acueductos interveredales, cooperativas campesinas de productores, asociaciones regionales de veredas y corregimientos, proyectos regionales productivos, entre otros, se consolidan como uno de los activos más importantes. Como solución concreta a la participación de las comunidades en el diseño, ejecucióny eya|uajctóD^deJosj2r^jamas_^ sustitución y recuperación ambientaf?de las áreas afectadas por los cultivos de uso ilícito; se trata primero de motivar la auto-organización en el plano local. Los espacios públicos de deliberación democrática descansan esencialmente sobre redes de sociabilidad, que construyen el tejido social y brindan una contribución al proceso de toma de decisión.. El conjunto con las organizaciones comunitarias plantea consolidar, desarrollar o construir un fuerte sistema de amplio alcance territorial con ramificaciones en las localidades estableciendo alianzas entre las diversas formas de organización de la financiación, producción, transformación, distribución y el consumo que aseguren su permanencia y multiplicación. Esta iniciativa requiere que la iniciativa pública sea inspirada por los valores de la economía solidaria, legitimando el sistema de representación política y social; de esta manera poniéndose al servicio de las mayorías a las que pretende representar.

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MARCHA PATRIÓTICA RISARALDA - ASOCRI AS0CRI PROPUESTAS MÍNIMAS PARA LA SUSTITUCIÓN INTEGRAL DE LOS CULTIVOS DE USO ILÍCITO

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1. Desmilitarización de la problemática social generada por el modelo económico de producción. Vemos que en Colombia la política agraria lo único que ha hecho es beneficiar a los grandes latifundistas, mientras que al campesino, este tipo de políticas lo obligan a buscar diferentes modos de subsistencia, entre ellos los cultivos ilícitos. Frente a esta problemática el estado Colombiano no ha generado las condiciones que permitan dar solución, lo único que ha hecho es crear programas como la erradicación manual de cultivos ilícitos, fumigación aérea con glifosato y militarización de regiones. Estas dinámicas han traído como consecuencia desplazamientos forzados, persecución a los campesinos y masacres que desarticulan el tejido social de las comunidades. Para que el proceso de la sustitución de cultivos ilícitos se genere de manera adecuada se debe dar poriterminada la aplicación de la política militar en todas las regiones que presentan dicha problemática social 1 ^ y económica. 2. Rentabilidad agropecuaria, soberanía alimentaria y prevención de cultivos ilícitos: Para resolver esta problemática se debe partir de las necesidades e intereses de la población campesina, desconcentrar la tierra y sembrarla de nr>mgRtihlPRf conectar la oferta y la demanda y generar desarrollo tecnológico y seguridad. Esto permitirá que los campesinos permanezcan en el campo y no se dedique a la cultivación de productos ilícitos, ya que en estos momentos más del 90 % de lo que produce la familia campesina va al mercado en condiciones no rentables y menos del 10% al autoconsumo. Por eso, cuando se habla en el mundo del riesgo de una crisis alimentaría y suben los precios del maíz, el arroz, el trigo y el aceite, la seguridad alimentaria se ha convertido en una preocupación de los campesinos, por tal motivo es necesario que se incremente el número de hectáreas sembradas con productos para el autoconsumo y que además, se comercialicen de manera rentable. <£——"*

3. De los cultivos ilícitos a la formalización de la propiedad: Creemos que los cultivos de uso ilícito en el país son producto de décadas de ausencia de políticas publicas favorables con las y los campesinos y que estos como única opción de subsistencia han tenido que recurrir a esta práctica ilegal. En este sentido, entendemos que para avanzar en la sustitución de los cultivos de uso ilícito y la formalización de la propiedad, el instrumento más adecuado para garantizar esto y los derechos de las y ios campesinos a la tierra, el territorio, y la vida digna., es la figura de las zonas de reserva campesina, consagrada en la ley 160 de 1994. 4. Catastro especial para zonas de cultivos de uso ilícito: Se requiere avanzar en un censo para determinar la población, sus condiciones sociales, económicas, de salud, las relaciones de propiedad y demás particularidades ambientales, culturales, etc. de cada zona dedicada a la producción de cultivos ilícitos para definir con esto el plan de acción adecuado según las condiciones especificas para la sustitución y el desarrollo agrario. 5. Un Centro interdisciplinario de Investigación y desarrollo sostenible en ciencias agropecuarias, sociales y económicas que apunte al acompañamiento de las y los campesinos en et proceso de sustitución de cultivos ilícitos en lo relacionado con el uso de' suelo, la tecnificación, formación técnica, tecnológica y profesional del campesinado y demás asuntos necesarios para el desarrollo de las comunidades y del agro en general.

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6. Infraestructura, mantenimiento y condiciones básicas de bienestar: Es importante para la producción y comercialización de cultivos alternativos a los ilícitos, la construcción y mejoramiento de la infraestructura de transporte, de almacenamiento, acopio y distribución de productos agropecuarios e insumos , acceso a redes eléctricas y tele comunicacionales y demás obras publicas como acueductos, centros educativos, de salud, que permitaa-a las y los campesinos el ejercicio de sus derechos. * >-•* 7. Cadena productiva y protección a la economía campesina: Para garantizar la rentabilidad de la producción campesina es necesario la participación de un ente de control estatal que proteja al campesinado de la especulación, los sobrecostos y le garantice redes de comercialización, subsidios y seguros para que con esto supla sus necesidades básicas y no tenga que recurrir a la siembra de cultivos ilícitos. ^ ^ ^ 8. Escuelas vereda les de formación, vinculadas a diferentes instituciones educativas: Indudablemente, la capacitación técnica es importante para el desarrollo tecnológico y productivo del agro, pero si ésta no es sistemática, educativa, con sentido social, centrada en la calidad de las personas y con un enfoque participativo de las comunidades, el campesino no se mantendrá en su territorio o su única garantía subsistir mediante los cultivos ilícitos . Por eso es necesario que instituciones educativas como el Sena y las universidades se vinculen por medio de cursos, talleres, foros, simposios, diplomados y escuelas de formación que articulen el desarrollo académico con el agrario, reconociendo los saberes ancestrales de los campesinos, lo cual permite potenciar el campo. 9. Desarrollo en los ámbitos culturales, de recreación y deportivos: La Asamblea General de las Naciones Unidas declara en 1980 que para el hombre, "después de la nutrición, salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social, la recreación debe considerarse como una necesidad básica, fundamental para su desarrollo. Por esta razón, se considera necesario la construcción de centros deportivos, casas de la cultura, estadios, para que las personas en el campo disfruten el tiempo libre en beneficio de su bienestar. <=10. Comisión de seguimiento y verificación: es fundamental una comisión de acompañamiento, conformada por las comunidades campesinas y organismos competentes nacionales e internacionales que verifiquen los avances y retrocesos de los planes y acuerdos que han hecho las partes para la sustitución de cultivos de uso ilícito., —

11. Mecanismos para la protección de reservas ambientales: Para la protección de los recursos naturales se debe regular la aplicación de proyectos minero-energéticos, creación de represas y ganadería extensiva que son desarrollados y aplicados por medio de planes de desarrollo nacionales, los cuales afectan directamente el medio ambiente y la salud de la población. Se deben desarrollar proyectos consultados previamente con la población y que promuevan su participación en los mismos, un ejemplo de estofes el turismo ecológico como economía sostenible y viable en las regiones, para lo cual es necesario invertir y garantizar la explotación de la infraestructura turística en diferentes regiones. Por lo anterior, se requiere conservar los recursos naturales como lagunas, humedales, las extensiones de selva, ríos, las islas, playas y la construcción de infraestructura física..,

MARCHA PATRIÓTICA RISARALDA • ASOCRI ASOCRI

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12. Asociaciones, Cooperativas campesinas y economías solidarias: para garantizar la producción y la comercialización de productos agropecuarios es fundamental la creación de asociaciones y cooperativas campesinas, que se encarguen por ejemplo del transporte, acopio, centros de distribución, plazas de mercado, venta de insumos y demás aspectos que fortalezcan la autogestión y el desarrollo económico y social de las comunidades campesinas. Al tiempo que se pueda dinamizar sistemas de economía alternativos basados en el truque, mercados verdes entre otros que no limiten las formas de intercambio. 13. Una comisión de la verdad que recoja toda la información posible para el esclarecimiento del fenómeno del narcotráfico, su crímenes, las alianzas de este con sectores políticos, empresariales, militares, bancario, financiero y el Estado; Esta comisión también será la encargada de recomendar las acciones judiciales y las reformas institucionales para asegurar que el narcotráfico no tenga cabida en el conjunto de la sociedad colombiana. ^" 14. Subsidios, crédito y financiación: con miras a garantizar que los proyectos productivos alternativos a los cultivos ilícitos de las y los campesinos, se debe asignar recursos de orden constitucional y legal concertados con las comunidades para lo concerniente a los subsidios y la financiación mediante un fondo agrario creado para esta tarea. En el mismo sentido es importante la constitución de un banco agrario que responda a las necesidades de crédito de las y los campesinos. ^-^-^^^ 15. Revisión de tratados de libre comercio y tratados de cooperación militar: se debe realizar una revisión y denuncia de los tratados de libre comercio y de cooperación militar como el Plan Colombia, que afectaron en su mayoría al campesinado, además se debe realizar medidas de incentivo, protección y subsidio a la producción interna de alimentos y una regulación que permita la subsistencia del campesinado frente a una situación económica que se ve afectada por dichos tratados.

ffl

CONSTANCIA DE DEPOSITO CAMBIO JUNTAS DIRECTIVAS Libertad y Orden Ministerio de la Protección Social República de Cotombia

CÓDIGO:

IVC-P10'i:-;02

VERSIÓN

FECHA:

17JUL2009

Dirección Territorial de Risaralda Inspector de Trabajo GLORIA INÉS LÓPEZ LONDOÑO Número 11

CIUDAD: Perelra

FECHA:

ORGANIZACIÓN SINDICAL GRADO: primar grado y gremial CLASIFICACIÓN SINDICATO NOMBRE PERSONERÍA JURÍDICA 0 REGISTRO SINDICAL DOMICILIO PRINCIPAL CAMBIOS JUNTA PRINCIPAL SUBDIRECTIVA SECCIONAL

1• Sindicato

Febrero 2012

HORA

2:50 PM

•-* | 3 Confederación

| X |'.:' Federación

Empresa | J Industria I Grem al 1 X 1 Oficios varios ASOCIÓÁCiÓN CAMPESINA RiSARALDA "ASOCRI' FILIAL DE FENSUAGRO - CUT No. :0252

FECHA

febrero

1985

Bogotá TOTAL

MUNICIPIO

PARCIAL

Risaralda

COMITÉ SECCIONAL INTEGRANTES PRINCIPAL NOMBRE

SUPLENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

I HERNANDO DE JESÚS GUARUMO PARRA

75.036.330

FRANCISCO JAVIER RÍOS R.

I FRANCISCO ANTONIO MORAÍ.FS

CARGO

6.131.161

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

FISCAL

146686

MARTHA LUCIA TORIFA MURILLO

LUIS OVIDIO | MOSQUERA*.

VÍCTOR SERNA A.

>/H3Q DE J

* 4.S13.Ü7Í

MANUEL JOSÉ ROMERO

NOMBRE

TESORERO

SECRETARIO GENERAL

ROGELIO VERGARA

7.132.801 -

10.280.845

CARGO

SUPLENTE 1

SUPLENTE 2

7.54a-3ü¡ — SUPLENTE 3

--.RTETáGA G .

JAIRO R O D R í G U E Z

34.051.739

DOCUMENTO DE | IDENTIDAD

4.451.208

SUPLENTE 4

14.275.218

SUPLENTE 5

DEPOSITANTE HERNANDO DE JESÚS GUARUMO lJARRA NOMBRE CAROO | IDENTIFICACIÓN 75.036.330 REQUISITOS (Articulo 2°, inciso 2° Decreto 1194/94) ANEXA

DOCUMENTOS

No. DE FOLIOS

11. Solicitud de deposite del cambio de Junia Directiva suscrita por el Presidente o Secretario

del Sindicato dirigida

al Inspector ríe Trabajo del domicilio de la

organización Sindical de la Subdirectíva o Comité Seccional 2. Parte pertinente del acta de elección suscrita por el Secretario General

^ O T

de la

Organización Sincücai o por quien naya actuado corno secretario en la respectiva asamblea. 03

3. Listado debidamente firmado por los asistentes a k misma. 4. Nómina de los directivos con indicación de sus nombres y apellidos documento de

identidad y cargos que les fueron asignados.

TOTAL FOLIOS

.o anterior dando cumplimiento dei artículo 371 del Cóc!igo Sustantivo del Trabajo, y acatando lo ordenado en la sentencia-G-465del 14 de mayo de 2008, artículo segundo, proferida por la Corte Constitucional. (

GLORIA INES-tOPEZ LONDONO Inspector (a) de Trabajo y S.S

y 'HERNANDOiDE JESÚS GUARUMO PARRA El Depositante

PROPUESTA PRESENTADA AL FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS, DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y AFRODECENDIENTES DE CAUCA, NAR1ÑO Y PUTUMAYO A LACOMUNIDAD INTERNACIONAL Y AL GOBIERNO NACIONAL SOBRE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE HOJA DE COCA, MARIHUNA Y AMAPOLA EN COLOMBIA. Pasto Nariño Sept. 24 de 2013

Antecedentes de la política antidroga. Desde su aparición en la década del setenta, el gobierno nacional y la comunidad internacional han definido como estrategia para combatir los denominados cultivos de uso ilícito, una combinación de mano dura (fumigaciones) y una serie de programas de carácter asistencialista que no apuntan a resolver las causas estructurales que dieron origen a estos cultivos. Como resultado, un permanente y total fracaso de esta política, el mecanismo de las fumigaciones no ha arrojado los resultados esperados porque a una fumigación de los cultivos, le sigue una nueva y mayor siembra por parte de los campesinos, con lo cual, la fumigación lo único que logra es destruir el medio ambiente, los cultivos de pan coger y la salud de las personas* El segundo mecanismo de esta estrategia, son los programas de sustitución. DRI, iniciado en los años 70, PROYECTOS ALTERNATIVOS DE LAS NACIONES UNIDAS años 80 y 90, PLAN NACIONAL DE REHABILITACIÓN (PNR) década de los noventa, programa PLANTE con sus pactos sociales y los programas de erradicación temprana (PILDAET), PROGRAMA DE FAMILIAS GUARDA BOSQUES, LABORATORIOS DE PAZ, CENTRO DE CONVIVENCIA Y PAZ DE VALLE EN PAZ, PROGRA RESA y plan de consolidación del pacifico y programas como el si se puede y los últimos dos mecanismos, erradicación forzada manual y pago de recompensas por informar sobre cargamentos y cultivos dentro de la estrategia del PLAN COLOMBIA. Todos estos programas han estado permeados por una enorme corrupción dentro de estamentos como la POLICÍA, el EJERCITO incluidas las tropas NORTE AMERICANAS que hacen presencia en nuestro país , el DAS, el CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, la FUERZA AEREA, la ARMADA NACIONAL, AUTORIDADES CIVILES, POLÍTICOS, y ONGS que ejecutan algunos de los programas de sustitución. Son tres décadas de repetidos fracasos y despilfarro de miles de millones de pesos aportados mediante impuestos por los colombianos y por los habitantes de los países de EUROPA y NORTE AMERICA con los cuales solo se ha logrado incrementar el precio de la COCAÍNA y la HEROÍNA haciendo mas lucrativo el negocio, no solo de quienes exportan estupefacientes desde Colombia sino para la monsanto, que le vende el glifosato al Gobierno colombiano, pero también le vende herbicidas a los productores de hoja de coca para que controlen las malezas en los cultivos, y para las multinacionales que producen agroquímicos utilizados en grandes cantidades en los cultivos de COCA, MARIHUANA y AMAPOLA. Otro sector que se ha beneficiado del tráfico internacional de estupefacientes es el sector financiero, al que sin embargo no se le ha reprimido con la fuerza y la insistencia con que lo han hecho con los campesinos de Colombia, Perú y Bolivia.

Las cifras sobre disminución de las áreas plantadas en Colombia son inexactas por no decir falsas, son amañadas con la intención de producir confianza en los gobiernos de los países que financian esta política, pero la realidad es que la disminución de los cultivos es leve y transitoria. La actualidad social y económica rural colombiana. • la falta de una política efectiva de reforma agraria que dote a los campesinos de los elementos necesarios para el desarrollo rural (tierra, crédito, tecnología y mercados) y la aplicación de políticas anticampesinas han destruido la producción nacional, incentivo reconcentración violenta de la propiedad sobre la tierra , mas de tres millones de desplazados, una pobreza del 68% de los pobladores y una perdida casi total de la soberanía alimentaría y nacional son el panorama que se presenta como marco para la política oficial de erradicación y sustitución de los cultivos de uso ilícito, el cual se agravara con la firma de los tratados de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos, Holanda, china y la unión europea, que afectara profundamente la producción nacional y en especial la de los productores rurales/Con base en propuestas de laboratorios de "paz" alianzas estratégicas, agricultura por contrato, servicios de agro y ecoturismo que solo benefician a las multinacionales, a la agroindustria, grandes cadenas de supermercados y hoteleras. Queda claro que sin discutir y mucho menos proponer soluciones a los problemas estructurales del campo colombiano el gobierno pretende acabar con el problema de la producción de cultivos de uso ilícito en el país. Cuales son las verdaderas intenciones de esta política. Ante la insistencia ciega de los Gobiernos Colombiano y Norte Americano por erradicar los cultivos de uso ilícito mediante fumigaciones y proyectos asistencialistas cabe preguntarse ¿realmente desean acabar con el negocio ilícito de las drogas? o es la política antidroga solo la excusa para alcanzar otros objetivos, ¿Cuáles son esos objetivos? Estas preguntas, debemos hacérnoslas los Colombianos, también el pueblo Norte Americano y de los países de Europa a quienes sus gobiernos engañan para justificar la destinación de los recursos de su presupuesto para apoyar la llamada guerra contra las drogas. El problema de los cultivos de Coca, Marihuana y Amapola si tiene solución Solo que esta solución no puede estar ligada a la actual política agropecuaria nacional, debe romper los esquemas anteriores del garrote y la zanahoria y definir una nueva pólftjga agropecuaria para el campo Colombiano pues la actual ha demostrado ser inconveniente para el desarrollo y la soberanía nacional. Las comunidades campesinas, afrodecendientes e indígenas que ante la falta de atención del Estado nos hemos visto obligados a sobrevivir de los cultivos de Coca, Marihuana y Amapola en repetidas ocasiones manifestamos nuesttajyoluntad de entablar con el Gobierno colombiano y la comunidad internacional jin dialogo mediante gLcuaí construyamos^.de. manera concertada una propuesta parauna reid sustitución de los cultivos de uso ilícito en nuestro país. En esta ocasión y con motivo del incremento de las acciones de erradicación forzada en todo el territorio nacional con las cuales solo se profundizara la pobreza, la destrucción de los recursos naturales y el enfrentamiento entre los colombianos hacemos publica una propuesta con la cual pretendemos tender un puente que nos permita dialogar con el Gobierno colombiano y la comunidad internacional sobre lo que debe ser una política que apunte realmente a solucionar el problema de los cultivos de Coca, Marihuana y Amapola en Colombia, mediante la discusión del pliego nacional de peticiones agropecuarias y populares propuesta por la MESA NACIONAL

AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUEDO - MÍA, durante la jomada de] paro nacional agrario y popular iniciado el día 19 de agosto en Colombia,

Objetivo general de la propuesta. Lograr la sustitución real de los cultivos de uso ilícito y alcanzar para las comunidades rurales un estado de bienestar en lo Económico Social, Político, Ambiental y Cultural que les permita una inserción real en la economía y contribuir con el desarrollo nacional* Objetivos específicos. > Formular, y ejecutar planes de vida o desarrollo de largo plazo construidos por la comunidad de manera autónoma y participativa los cuales deben ser financiados por el gobierno nacional y la comunidad internacional. > Lograr de manera gradual la sustitución de los cultivos de uso ilícito una vez los programas y proyectos en ejecución y contemplados en el plan de vida o desarrollo hayan generado las condiciones económicas y sociales que permitan dicha sustitución. *^~ > Constituir mecanismos de participación decisoria de la comunidad en la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos mediante los cuales se logre en el mediano y largo plazo la sustitución de los cultivos de uso ilícito. > Crear entre las comunidades productoras a través de sus organizaciones, y la comunidad internacional a través de sus organizaciones y gobiernos una mesa de concertación en la cual se discutan, acuerden y evalúen los programas y proyectos que ellos financien. .• y Contar con una mesa de concertación permanente en la cual participen Gobierno Nacional mediante los Ministerios y entidades del orden Nacional que se definan y que sean necesarias para la implementación de los planes de desarrollo, delegados de las organizaciones y Gobiernos de los países comprometidos con la financiación de los planes de desarrollo, Alcaldes Municipales, Gobernadores de los Departamentos, delegados del Congreso de la República, la Procuraduría y la Defensoria del Pueblo y representantes de las Organizaciones de las Comunidades Campesinas, Indígenas y¿ Afrodecendientes.

Principios rectores de los planes de desarrollo. *í* la participación de la comunidad en la formulación ejecución y evaluación. • La autonomía de las comunidades para formular los planes programas y proyectos. • La transparencia en el manejo de los recursos económicos. • el respeto por los valores culturales de las comunidades rurales. *í* El respeto por el medio ambiente. • El reconocimiento y el respeto de los derechos civiles, políticos económicos, sociales, ambientales y culturales de las comunidades rurales. • Respeto por la soberanía nacional y alimentaria. • La no discriminación racial, política o religiosa. • El reconocimiento de las formas organizativas autónomas de las comunidades rurales. • La unidad.

Formulación de los planes de vida o desarrollo. ¿Cómo y quienes lo formulan? Contenido de los planes de vida o desarrollo. Social. Económico. Ambiental. Político. Cultural. Ejecución de los programas y proyectos. ¿Quien los ejecuta? Sustitución gradual de los cultivos. ¿En que momento se inicia la sustitución de los cultivos? Mecanismos de verificación. Que mecanismos de verificación se deben constituir para verificar el cumplimiento de los compromisos del gobierno, de la comunidad internacional y de todos aquellos que tengan que ver con la ejecución de los planes de desarrollo. Mecanismos para verificar la sustitución. Quienes deben hacer parte de estos mecanismos. Difusión de la propuesta y de los resultados Que medios debemos utilizar para difundir la propuesta, los compromisos y los resultados de su implementación o de su incumplimiento.

FORO SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS Las asociaciones, fundaciones sin ánimo de lucro y ONGs y la Sociedad Civil en General participan de la Construcción del "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera": la solución al problema de las drogas ilícitas y sus tres subtemas: 1) Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y Recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. 2) Programas de prevención del consumo y salud pública. 3) Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. RECOMENDACIÓN: Los tres subtemas enunciados anteriormente hacen parte de las posibles soluciones a la problemática mundial del conflicto que generan las drogas ilícitas en todos los territorios y del impacto negativo que producen las mismas en todos los ámbitos de la vida de los seres humanos. Sin embargo se debe escoger uno de los subtemas y profundizar en el para sacar las conclusiones y recomendaciones que servirán como aporte a la construcción del acuerdo general para la terminación del conflicto. Por tal motivo, hacemos énfasis y trataremos el subtema 2 o "PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y SALUD PUBLICA". Corresponde al Gobierno Nacional Colombiano continuar con la creación y adecuación de las políticas públicas para el control eficaz de las drogas, evitando que los niños y adolescentes estén en factores de riesgo que los conlleven al uso, y consumo de drogas ilícitas, lo cual conlleva inexorablemente a la afectación del interés superior de los menores y a la vulneración de todos y cada uno de los derechos fundamentales, consagrados en nuestra Constitución Política y en los tratados y normas internacionales sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Debe fortalecerse el conjunto de valores y mecanismos de prevención del consumo de drogas a temprana edad, ya que son nuestros niños y adolescentes, quienes a futuro se encargan de perpetuar el círculo vicioso y decadente del flagelo de las Drogas y la descomposición social y humana que causa este terrible mal. Es de vital importancia en primera instancia del ACOMPAÑAMIENTO DE LA FAMILIA, Y DE LA EDUCACIÓN impartida en las aulas de clase, para la construcción de valores éticos y de comportamiento que les ayuden a los menores a combatir y prevenir el uso de sustancias nocivas y dañinas como las drogas ilícitas.

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De igual manera, los foros y ambientes de debates democráticos permitirán a los niños, adolescentes y jóvenes exponer sus pensamientos, inquietudes, propuestas y soluciones capaces de crear conciencia colectiva frente a las drogas y del daño que causan a quienes consumen y participan directa e indirectamente en este conflicto. Los programas de prevención para evitar el uso y consumo de drogas deben ser idóneos y eficientes, ya que de esta manera las familias y el gobierno ahorraran millones de pesos en costosos tratamientos para salir de las drogas a quienes ya han caído en este terrible problema. Dichos programas de prevención del uso y consumo de las drogas para niños y jóvenes deben realizarse ser de manera constante, tanto en escuelas, colegios y universidades, de forma tal que se pueda llevar una estadística confiable y mostrar los avances y fallas del sistema a fin de que se continúen tomando las acciones pertinentes para seguir combatiendo las drogas y el narcotráfico en todo el territorio nacional. La delincuencia y violencia que genera el lucrativo y malvado negocio de las drogas, que produce millones de muertes y desolación en el mundo entero, debe ser atacado desde las primeras infancias es decir arrebatarle a las drogas los niños y jóvenes para que sean personas de bien y arquitectos de una sociedad más justa, pacífica y armónica, respetuosos de las leyes y defensores de la justicia. Hay que entender que las drogas ¡licitas son una problemática social, una enfermedad de carácter público que ha alcanzado y permeado todos y cada uno de los estamentos de la sociedad. Y de igual manera son varios los factores de riesgo que permitan su proliferación, ejemplo de ello son: Deserción escolar; las pandillas, hogares disfuncionales, el abandono, la pobreza extrema, la falta de atención y comunicación en las familias, la falta de respeto por la autoridad, el uso y consumo del alcohol y el tabaco, la prostitución, etc. Una vez identificados estos factores de riesgo, tanto en las zonas urbanas como rurales, las políticas, estrategias y acciones para prevenir el consumo de las drogas deben ser realizadas, ejecutadas, monitoreadas con su debido seguimiento y evaluación para poder evaluar la eficacia y resultados de las mismas. De tal manera que se tenga claro la dirección y el rumbo en la lucha contra las drogas ilícitas. Las estrategias y mecanismos de prevención contra el uso de las drogas deben contar siempre con la participación e inclusión de toda la sociedad, familias, empresas privadas y públicas, la iglesia, etc. De igual manera hay que continuar con el apoyo a las organizaciones que fomentan la cultura, el arte, el deporte y actividades artísticas y lúdicas que ayudan a que miles de niños y jóvenes se mantengan alejados del tema de la violencia, la prostitución, las bandas criminales y por consiguiente del uso y consumo de las drogas ¡lícitas.

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ANZORC LAS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA

(ZRC). LOS

CULTIVOS DE COCA, EL

TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS Y EL NARCOTRÁFICO: LA REGULARIZARON COMO SOLUCIÓN

La guerra antidroga en el país, se ha dirigido contra los campesinos cultivadores estigmatizándolos como delincuentes, desplazándolos con fumigaciones y erradicaciones llevandoloa a la cárcel. Pero veamos cuales son los antecedentes del problema: podemos ubicar como causa original de la guerra colombiana es una tragedia recurrente de nuestra historia: la concentración de la propiedad de la tierra, antes solo representada por el latifundio, ahora también presente en "modernas y racionales" empresas del agronegocio y la explotación minero-energética, que no deben ser tan "eficientes", dado que parecen necesitar también del despojo recurrente de las tierras incorporadas a la frontera agrícola por los campesinos. Todo el escándalo reciente de la modificación a la ley de baldíos apunta a esto. Al reseñar el acuerdo del primer punto agrario en La Habana, El Tiempo destacaba: "el gobierno ha sido claro -y ayer lo reiteró- en que la propiedad privada legal no se tocará para la reforma agraria, independientemente del tamaño que tenga", mientras a renglón seguido aclara que para el "fondo de tierras" a constituirse, "no se ha considerado el latifundio legalmente adquirido", asumiendo así la oscura versión de que existen maneras legales de constituir un latifundio. El geógrafo ingles David Harvey, acuñó en el 2003, el término "acumulación por desposesión o despojo", y esto equivale a que desde fines del siglo XX, se acumula a partir del despojo de sectores que antes de la era neoliberal le eran vedados al capital, estos sectores en el norte del planeta, históricamente eran manejados dentro de la economía estatal pública: la salud, la educación, la vivienda etc. es decir todos las áreas económicas, que han sido victimas de las privatizaciones. Pero en el

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ANZORC sur del planeta además de los bienes del Estado, también quedan tierras donde aplicar la misma estrategia. Por eso lo que empezó con el discurso de calificar a las Zonas de Reserva Campesina como "republiquetas independientes", se ha convertido en la posición del gobierno cuando resguarda al latifundio y lo protege en los acuerdos de La Habana. Con la modificación a la ley de baldíos ahora vienen por más: ahora se haría legalmente lo que empezó con las masacres del paramilitarismo y el desplazamiento que estas generan, que siempre buscó la apropiación por grandes capitales de los predios creados por fuera de la frontera agrícola original, construidos por el campesinado en los baldíos recibidos de la reforma agraria desde los años 60, en los baldíos que entonces entregó el Estado, precisamente para eludir el reparto de las tierras dentro de la frontera agrícola. El capital nunca ha tenido escrúpulos o para re-editar sus orígenes sangrientos, o para con violencia o sin ella, establecerle relaciones de tributación a otras formas económicas, cuando descalifica y combate a las Zonas de Reserva Campesina, cuando pretende blindar al latifundio, lo que esta haciendo acorralar a los campesinos autónomos, hasta convertirlos en siervos del medioevo, por la vía de la "alianza del zorro con la gallina". Cualquier propuesta de sustitución de los ingresos de origen ilícito que los cultivos de hoja de coca producen en las áreas de bosque húmedo, debe considerar estos antecedentes históricos y analizar la coyuntura y el

entorno descritos. La aparición de los cultivos de coca en el Putumayo, el Guaviare o el Catatumbo data de los años 70 y 80 del siglo XX, y es consecuencia de tres factores: 1. El poblamiento de las regiones con campesinos desplazados desde la frontera agrícola, por el latifundio, por la guerra o llevados por la

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ANZORC reforma agraria, ejemplos concretos provenientes de los valles fértiles del alto río Cauca, del Tolima o del sur del Cesar; 2. La apertura económica que desde los 80 empezó a hacer inviable la pequeña producción agropecuaria, situación agravada con la firma de TLC; 3. Unos suelos en su mayor parte con escaza capa vegetal y en consecuencia mayoritariamente de baja productividad; 4. La incomunicación de las regiones, por la mala calidad de la vía principal, y la escases de vías de penetración, que aumenta la dificultad de comercialización para cualquier producto. Los 4 factores combinados implicaron que una mercancía que podía cultivarse en los malos suelos del bosque húmedo, que podía procesarse y sobre todo venderse en el mismo sitio llevara las de ganar, frente a aquellas resultantes de cultivos tradicionales conocidos de la agricultura de dentro de la frontera agrícola. Es clave entender que las características principales de la mercancía que llenó esos campos, son en primer lugar sus aceptables rendimientos por hectárea en suelos malos, segundo el hecho de poderse procesar en el campo, y además la posibilidad de venderla en la misma región sin someterse a la tortura de las pésimas carreteras. El primer factor es productor del insumo hoja de coca, y el segundo y el tercero son los que permiten la transformación hasta pasta básica de cocaína para el mercado. La mercancía que se procesa localmente y luego se tranza en los mercados de las regiones es la pasta básica de cocaína, no la hoja de coca, la cual no tiene uso comercial en la región, ni tampoco fuera de ella, por ahora solo ha sido el insumo para la producción ilegal. Además, la transformación local es condición necesaria para que llegue al mercado, porque las malas vías y la alta pluviosidad impiden el desplazamiento de la hoja de coca, producto natural perecible.

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ANZORC No es correcto el planteamiento de que el procesamiento de la hoja de coca para producir pasta básica de cocaína es un acto obligado por guerrilleros y narcotraficantes, y que en circunstancias diferentes los campesinos seguirían trabajando cultivos tradicionales, las causas de la producción de la mercancía ilegal son económicas. Estamos ante un escenario de "tierras peores" en términos clásicos, tanto por la baja calidad de los suelos, como por el aislamiento físico de los mercados, son tierras que no tenían posibilidades de producir renta diferencial. En ese sentido la gran mayoría de las áreas cocaleras de Colombia, son territorios que solo pudieron incorporarse al mercado, gracias al cultivo de la hoja de coca, que hasta ahora se usa como insumo de la mercancía ilegal pasta básica de cocaína. Hoy también es jurídicamente incorrecto hablar de cultivos ilícitos, la ilegal es la mercancía, la pasta básica de cocaína. Varias sentencias de la corte han refrendado la legalidad de la hoja de coca, en su carácter de cultivo tradicional de los pueblos originarios andinos. La reincorporación del Estado Plurinacional de Bolivia a la Convención Mundial de Estupefacientes el 10 de enero del 2013, después de declarar la incompatibilidad con su constitución, del artículo 49 de la Convención que prohibía el mascado (mambeo) de hoja de coca, así como su cultivo, le dan carácter internacional a la reivindicación de la planta. La condena a la hoja, tiene un origen racista y es independiente al tipo

de uso que se le de, sin embargo ahora se adapta a las nuevas circunstancias y elabora una clasificación científicamente incorrecta, se habla de una planta "buena" para los usos tradicionales y otra diferente "mala" para producir la mercancía ilegal. Pero la planta es una sola, es la misma.

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ANZORC El nivel de utilidad local de la mercancía pasta básica de cocaína, varía en las diferentes zonas productoras del país en función de los rendimientos de la hoja de coca por hectárea, del costo de los insumos agrícolas y sobre todo del costo de los insumos para la transformación desde el producto natural hasta el químico. En buena medida el precio de estos insumos para transformar coca en pasta, esta condicionados por la corrupción que genera su trafico de ingreso, negocio de los organismos de control del Estado. El uso alternativo que se de a la tierra, para ser sustentable debe lograr un ingreso igual o superior a los 20 a 30 millones de pesos anuales que se producen por hectárea en las zonas cocaleras. También hay que considerar la distribución del ingreso en varias cuotas proporcionales repartidas durante el año, porque sabemos que en la escala de la economía campesina, es básico el flujo continuo del ingreso para el mantenimiento de las familias. En los Planes de Desarrollo Sostenible -PDS de las ZRC en territorios cocaleros, no basta con ubicar hipótesis de cultivos de sustitución en genérico, hay que estudiar la agrología de los predios del bosque húmedo colombiano que ocupa hoy la coca, es decir la calidad de sus suelos; y debe quedar claro que no toda la tierra sirve para los cultivos tradicionales exitosos en los fértiles valles interandinos. Además de las diferencias de calidad del suelo, el factor de cercanía a los mercados es básico para la validación de las alternativas. De donde la calidad de las carreteras de interconexión con los centros urbanos, las vías de penetración y las políticas públicas que regulen y garanticen el mercado se vuelve factores productivos de primera línea. Respecto a los cultivos o zoocrías que se propongan como alternativos de sustitución, lo básico es que se consideren los PDS de las ZRC

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ANZORC propuestas, teniendo claro que para validar estos no basta el argumento de que es lo que piden los cultivadores, este no es un problema de democracia, no porque los pidan la mayoría son alternativas de sustitución se vuelven factibles o correctas, tales propuestas tienen que ser pasadas por el tamiz de la agrología, la conexión, las políticas públicas de desarrollo rural y las garantías de mercado. Cualquier programa de sustitución, debe considerar a los seres humanos detrás del problema, los cocaleros que hoy producen coca como insumo de pasta, a lo largo y ancho de Colombia, una población cercana al tercio de millón de ciudadanos con sus familias necesita de la gradualidad para el proceso de sustitución de los ingresos provenientes del producto ilícito, por ejemplo en el Catatumbo se ha fijado un horizonte de 10 años para ello. Otro elemento clave para asegurar la calidad de los nuevos productos alternativos que resulten, será la asistencia técnica a estos cultivos y zoocrías, y esto necesariamente debe convertirse en una política pública sustentable para el futuro de los territorios hoy cocaleros, es decir debe estar garantizada más allá de la coyuntura de la negociaciones actuales de paros o de la propia constitución de las ZRC. Los propietarios del saber y de la identidad de la coca, son los pueblos originarios de Suramérica, andinos y amazónicos. Esto está incluso reconocido por la sentencia 477 de la corte suprema, que la reconoce como patrimonio biológico y cultural de los pueblos indígenas de Colombia, en ese sentido un eventual uso alternativo de la hoja de coca para productos artesanales e industriales benéficos debe considerar una alianza productiva empresarial entre campesinos cocaleros e indígenas. Por lo anterior los programas alternativos a los ingresos ilícitos deberán, además, contemplar la elaboración de proyectos que apunten a la utilización

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ANZORC de la propia hoja de coca como insumo para la obtención de productos elaborados de uso lícito. Para el efecto, un eventual uso alternativo de la hoja de coca para productos benéficos debe considerar una alianza productiva entre campesinos cocaleros e indígenas, dados los avances jurídicos sobre el tema (sentencia 477 de 2011 de la Corte Constitucional y reserva boliviana sobre el artículo 49 de la Convención de estupefacientes de la ONU) y las perspectivas económicas de una eventual industrialización de la hoja de coca. Como ANZORC, estamos abiertos a explorar este tipo de alianzas, y a incorporarlas en nuestros PDS, por ejemplo con las experiencias de procesamiento de la hoja de coca de los indígenas del Cauca. Una alianza de esta índole permitiría,primero desde el ángulo económico, apoyarse en el conocimiento tecnológico de las transformaciones legitimas de dominan los indígenas; y segundo desde el ángulo político, que los cocaleros de la regiones donde hoy se produce pasta básica de cocaína, respetaran a sus dueños legítimos y quedarán cobijados por el paraguas del uso licito y originario. Como ANZORC, estamos abiertos a explorar la posibilidad de aplicar en nuestro país la política pública de Control Social a la Coca que hoy implementa Bolivia, ahí en el ultimo año se redujo en 12% del área sembrada, en una labor conjunta con participación del Estado y de los campesinos a través de mas de 700 de sus organizaciones sociales de base y sin ninguna clase de violencia. En Bolivia se pacta entre campesinos y Estado, que áreas se destinan a los usos lícitos de la hoja de coca para productos alimenticios y medicinales (como los que aquí produce CocaNasa), y cuales áreas definitivamente se deben sustituir por otros cultivos o crías, para que la hoja no se desvíe al narcotráfico. En una Colombia en

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ANZORC paz, el Estado y las organizaciones campesinas tenemos que llegar a reproducir este modelo. Con este horizonte planteado Anzorc comparte las propuestas de regularización y legalización de los cultivos de coca, las propuestas de regularización y tratamiento de salud pública al problema del consumo de drogas y la drogadicción, así como las propuestas de regularización y legalización del uso de la cocaína como solución estructural al problema del tráfico ¡legal de esta sustancia. Teniendo en cuenta que la sustitución de los ingresos derivados del cultivo de la hoja de coca deben ser un proceso social, estructural, gradual y concertado planteamos como inicio de la solución el cumplimiento de la ley 160 que garantice el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, el ejercicio de la territorialidad y el desarrollo rural a través de las ZRC. Para tal efecto se deberán constituir de un Sistema y un Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina para la concreción de:

1. El reconocimiento de las campesinas y los campesinos 2. Un nuevo modelo de Desarrollo Rural 3. La consolidación de la economía campesina 4. Un nuevo modelo de la explotación de los recursos mineroenergéticos y de redistribución de su renta *

5. El reordenamiento territorial y ambiental del país Sobre el Sistema Nacional de ZRC - SNZRC 8

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ANZORC Se conformará de un Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina que promueva la articulación de los actores involucrados, responsables, e interesados en el objetivo de propiciar que las zonas de reserva campesina se fortalezcan como instrumento de Reforma Agraria y de superación del problema agrario colombiano, dando lugar al despliegue de las capacidades y fines de cada uno de ellos, y, evitando la contradicción, duplicación, dispersión, y los vacíos en la política agraria que actualmente se presentan en las acciones del Estado en los niveles nacional, regional y local. El objetivo del sistema es contribuir a la satisfacción de la integralidad de los derechos de las campesinas y los campesinos, la soberanía alimentaria del país, a la activación de las economías locales y regionales, la protección ambiental de territorios rurales colombianos, a través del pleno desarrollo de las zonas de reserva campesina de acuerdo a sus fines consagrados en la ley. El Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina estará integrado por las

organizaciones

campesinas

que

impulsan

zonas

Reserva

Campesina, sus formas de participación y planificación, la institucionalidad, la cooperación internacional, la academia y la empresa privada y de economía solidaria. El Sistema tendrá una Coordinación conformada por Anzorc y la autoridad de desarrollo rural, encargada de velar porque se dinamicen las relaciones entre los integrantes del mismo, en las oportunidades, temáticas y durante los tiempos pertinentes, convocando, haciendo seguimiento y proponiendo medidas de mejora pertinentes.

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ANZORC El SNZRC estará contenido dentro del Plan Nacional de desarrollo con un articulado que lo contemple. Se creará una nueva institucionalidad para el desarrollo rural, la redistribución equitativa de la tierra, la asistencia técnica y el desarrollo técnico y científico para el agro, y la distribución de alimentos. Como parte de esta nueva institucionalidad se debe iniciar por: 1. Garantizar el acceso a 10 millones de hectáreas, en una primera fase, para la constitución y el impulso de nuevas ZRC como parte de un Fondo de Tierras. 2. Avanzar en la constitución de las ZRC como figuras territoriales con un nivel de autonomía que garantice el ejercicio de la territorialidad campesina frente a los intereses empresariales de petroleras, multinacionales minero energéticas y el agronegocio. 3. Crear un Fondo Nacional de financiación de territorios campesinos y de las ZRC que garantice la ejecución de los Planes de Desarrollo Sostenible y el Programa Nacional de ZRC. 4. Complementar estas iniciativas con la realización de un catastro especial para ZRC y con la nueva institucionalidad campesina que se requiere para hacer viables las ZRC y los territorios campesinos.

5. Sacar de las deliberaciones sobre ZRC y Desarrollo Agrario integral con enfoque territorial al Ministerio de Defensa. Sobre el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina - PNZRC

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ANZORC El PNZRC estará contenido dentro del Plan Nacional de Desarrollo con un articulado que explicite su papel y sus alcances. El PNZRC incluirá todos los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de la ZRC, así como todas la iniciativas y proyectos de las ZRC que están en proceso de constitución. El PNZRC financiará el funcionamiento del Sistema NZRC. El PNZRC será financiado bajo las siguientes modadlidades: Un porcentaje anual fijo del presupuesto nacional Un sistema especial de transferencias Un sistema especial descentralizado de regalías Otras rutas de financiamiento que se concerten dentro del SNZRC Los ministerios de Hacienda, Agricultura, Salud, Transporte, Educación, Comunicaciones,

Interior, Cultura,Ambiente y Vivienda deben incluir

recursos para el financiamiento de los Planes de Desarrollo Sostenible de las ZRC. El PNZRC y SNZRC contarán con los documentos Conpes necesarios concertados con Planeación Nacional.

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COMO ACABAR CON LOS ILÍCITOS EN COLOMBIA

Mucho se habla acerca de la sustitución de cultivos ilícitos, de erradicación, de fumigación, de sustitución, de problemas con cada una de ellas, de procesos evolutivos en el agro colombiano, nosotros como habitantes de Leiva y El Rosario hemos tenido la fortuna de conseguir un modelo de sustitución que se llama SI SE PUEDE, unos lo defienden, otros lo atacan por cualquier motivo, por política, por el gerente, porque se dedicó a realizar cositerías, etc. A mi modo de ver el programa es bueno debido a: -

Entró cuando los campesinos de la zona estábamos pasando las verdes y las maduras con la fumigación de cultivos ilícitos y erradicación manual por parte del estado. Se ha prestado asesoría técnica a los campesinos inscritos y no inscritos al programa. Aunque el logro fundamental era sustitución de cultivos ilícitos no se cumplió, pero se logró sembrar más de 1200 has de cultivos lícitos como café, cítricos, cacao, aguacate. Se logró vincular a los campesinos con créditos de alrededor de 5.000'000.000 de pesos para labores agrícolas como siembra de nuevos cultivos. Se realizaron muchas obras como ampliación de caminos en muchas veredas donde nunca se pensaba llegaría campero, además de puentes Y mejoramiento de vías. Se tuvo sistema de apalancamiento de 600.000 por cada familia beneficiada en insumos o maquinaria y material vegetal.

El modelo de sustitución falla en la medida que uno de los principales aspectos que tenemos los agricultores es la comercialización de los productos y mientras eso no se tenga, todo programa por muy bueno que sea puede tropezar y fallar.

En este programa no se logró comercializar casi nada, solo se hicieron algunos convenios con cooperativas de caficultores para el tema cafetero, pero para cítricos, plátano,cacao, yuca, y el mismo café de calidad que se produce no hay absolutamente nada dando al traste que algunos de nuestros campesinos hayan decidido volver a incursionar en los ilícitos como la coca. Da lástima es cierto pero faltó consolidar mas el proceso con una buena comercialización. Para cada una de las organizaciones que estamos presentes, podemos tener y darnos lo que queramos pero si no tenemos una buena comercialización todo se va al piso y puede caer el proceso de cualquier organización. Queremos acabar con la guerra en Colombia, pues sencillo tenemos que acabar con los cultivos ilícitos, ojo no estoy hablando de los cultivos ancestrales, que es allí de donde se financian los grupos armados al margen de la ley y por supuestos

los que están dentro de la ley, porque sería tapar el sol con un dedo si pensáramos que la policía, ejército, armada y fuerza aérea no trafican o no se han dejado corromper por los narcotraficantes, claro, no estoy hablando de todos sus miembros pero si de muchos que trabajan o han trabajado en zonas donde se producen dichos cultivos. Como los acabamos: pues es un proceso dispendioso pero sencillo, pienso que como es un cultivo y por supuesto lo sembramos los campesinos, pues tienen que darnos las herramientas necesarias para dejar de cultivarlos, como por ejemplo, créditos blandos, subsidios, pero sobre todo comercialización, es por eso que los TLC's deben de revisarse porque a los únicos que les conviene son a los grandes empresarios, pero a los campesinos para absolutamente nada. Falta mucha infraestructura para el campo, nosotros somos los que le damos de comer a las ciudades y pueblos, porque entonces no piensan en nosotros como el eslabón más importante que existe en la sociedad?, merecemos respeto, apoyo, queremos que nos entiendan que nuestras quejas sean atendidas, escuchadas pero con soluciones verdaderas, no pedimos limosnas ni migajas, no queremos poner más muertos como los cerca de 18 que hubieron en el paro agrario que acabamos de pasar. Somos importantes y nos debemos de creer importantes. Lastimosamente sembrar o cultivar coca se ha convertido en cultura o en moda, osea si una persona siembra los demás hacen lo mismo. Tenemos que llegar al meollo del problema y nos vamos a dar cuenta que si damos las herramientas necesarias al campesino esa cultura va a terminar como han terminado muchas culturas que hemos tenido y olvidado.

LEOPOLDO EMIGDIO TAQUEZ GUERRERO Asociación LIMONEROS DE LEIVA NARIÑO.

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mujeres por la Foro "Solución al problema de drogas ilícitas" Bogotá D.C. 24, 25 y 26 de septiembre de 2013 "La realidad sólo puede responder si se le interroga" (Bourdieu, 2001: 55)

Introducción El Foro"Solución al problema de drogas ilícitas",organizado por Naciones Unidas y la Universidad Nacional, en el marco de la mesa de Diálogo entre el Gobierno colombiano y la insurgencia de las FARC-EP, es una oportunidad para develar la crítica situación de las mujeres en el complejo negocio globalde las drogas ilícitas, "compuesto por una cadena eslabonada de cultivadores, procesadores,transportistas, caleteros, comercializadores al por mayor y al por menor, lavadores de activos yconsumidores" (Puyana Aura María, 2013; 23). La vinculación de las mujeres a este complejo negocio está signada por las históricas relaciones de opresión y subordinación, las injusticias y las exclusiones sociales y culturales que ellas viven en el país. En la agenda pactada para el diálogo entre gobierno e insurgencia, se plantea el tema de las drogas haciendo énfasis en: "1) Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos; 2) Programas de prevención del consumo y salud pública y 3). Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos" (Gobierno de Colombia-FARC-EP— , "Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una pazestable y duradera"), temas que se encuentran en íntima relación con la distribución de la tierra y su uso injusto, con la globalización del negocio de las drogas, con la trata de personas y con la relación de la economía legal con la ilegal; entre otros. Sin lugar a dudas encontrar salidas para superar los problemas estructurales del agro colombiano, enfrentar la mafias internacionales en un marco de respeto a los derechos humanos y formular políticas que den cuenta de la situación de injusticia, opresión y subordinación que viven las mujeres,es una de las garantías que permitirá poner fin al conflicto armado y construir una paz estable y duradera.

De acuerdo a la Oficina de Naciones contra las drogas y el delito —UNODC—, el "consumo mundial de drogas ilícitas se mantuvo estable durante cinco años hasta finales de 2010 entre el 3,4% y el 6,6% de la población adulta (personas de 15 a 64 años). Sin embargo, entre un 10% y un 13% de los usuarios de drogas, siguen siendo consumidores problemáticos con drogodependencia y/o trastornos

mujeres por la relacionados con el consumo de drogas; la prevalencia del VIH (estimada en aproximadamente un 20%), la hepatitis C (46,7%) y la hepatitis B (14,6%) entre los usuarios que se inyectan la droga, continúa sumándose a la carga mundial de morbilidad; y, por último, pero no por ello menos importante, aproximadamente una de cada 100 muertes de adultos se debe al consumo de drogas ilícitas" (UNODC; 2013:13). En lo relacionado con la política de guerra a las drogas liderada por los Estados Unidos, las "investigaciones basadas en evidencias, muestran cada vez más claramente que las políticas de drogas están teniendo impactos negativos en los derechos humanos en la región. Por una parte, las políticas represivas tienden a vulnerar de manera directa los derechos humanos de miles de personas, en especial de aquellas que son judicializadas, muchas veces sin el cumplimiento de garantías penales básicas, y de quienes son enviados a la cárcel, pues suelen enfrentar condiciones infrahumanas, como las asociadas con el hacinamiento. Estas políticas tienden a tener impactos desproporcionados en ciertos grupos, especialmente vulnerables, y por esa vía, reproducen la discriminación y terminan vulnerando derechos fundamentales" (CARTA ABIERTA A LOS GOBIERNOS DE LA OEA, presentes en la Asamblea General de la OEA; Antigua Guatemala, Junio de 2013). Por lo demás, "las políticas prohibicionistas han colaborado en la formación de organizaciones armadas dedicadas a actividades criminales entre las que se destaca el tráfico de drogas, y que producen fenómenos de violencia importantes y por esta vía afectan los derechos de las personas en las Amérícas. Dado que la violencia es la forma primordial de regulación de los mercados ilegales, el tráfico de sustancias prohibidas está necesariamente acompañado por el tráfico de armas, de las peleas por los territorios, la corrupción y socavamiento de las instituciones democráticas, especialmente las policías, la justicia y las instituciones de gobierno. La revisión del paradigma de la 'guerra contra las drogas' debe ser vista como parte de una iniciativa para la reducción de la violencia"(CARTA ABIERTA A LOS GOBIERNOS DE LA OEA, presentes en la Asamblea General de la OEA; Antigua Guatemala, Junio de 2013). El ciclo de producción, distribución, comercialización y consumo de narcóticos se ha expandido en el país en el contexto de viejas y nuevas injusticias y exclusiones "Aunque sirve como una economía de supervivencia y ofrece una red de seguridad para muchos, el dinámico mercado ilícito, así como también la misma guerra contra las drogas que se realiza en su contra, ha aumentado los problemas del campo, ha estimulado losconflictos, la violencia, el despojo, el desplazamiento de población y el malestar social" (Armenia Amira; 2013; 1). En Colombia, "el comercioilegal de drogas y las inversiones ilícitas.entre otros factores.hanprovocado unacontrarreforma agraria (concentración déla tierra) dando lugar a un deterioro de lascondiciones de vida en muchas zonasrurales del país. La consolidación de la pazen las zonas afectadas requerirá de unapolítica rural que aborde esta situación yresuelva los problemas generados por

mujeres por la laeconomia ilegal y las medidas represivasaplicadas en el país"- (Armenia Amira; 2013; 1). En el país son escasas las investigaciones acerca de la cruenta realidad que enfrentan las mujeres como trabajadoras en los cultivos de la coca o la amapola o como trabajadoras domésticas en las plantaciones; como "muías" en el ámbito nacional o internacional; distribuidoras del micro-tráfico o prostitutas al servicio de ios grandes capos o de los recolectores; consumidoras y/o presas en las cárceles por Ley 30. Asimismo, es en las mujeres que recaen las decisiones de los varones de las familias para vincularse a algunos de los ciclos del negocio de las drogas ilícitas, son ellas las que enfrentan la sanción social, los costos afectivos y materiales por la ausencia del padre, el hermano, el hijo o el compañero y son también ellas las que visitan en las cárceles a sus seres queridos y acompañan a sus hijas/os, compañeros o hermanas/os adictos. Mujeres por la Paz, desea aportar en el contexto del Foro "Solución al problema de drogas ilícitas", algunas reflexiones que contribuyan a situar a las mujeres como sujetos de derechos en el complejo y entramado negocio de las drogas ilícitas. En el documento se plantean algunos aspectos generales referidos a los temas propuestos en la agenda pactada entre gobierno y se formulan propuestas que tengan en cuenta a las mujeres en la solución del problema de las drogas ilícitas. 1. Las mujeres en el complejo circuito de las drogas ilícitas La cultura patriarcal y la cultura del narcotráfico se entretejen y se fortalecen a través de prácticas, imaginarios y se consolidan relaciones de opresión, subordinación e injusticias que viven las mujeres colombianas. El cuerpo de las mujeres entra en el ciclo de la producción, distribución, comercio y consumo como un objeto material y sexual con el cual se puede comerciar, explotar, vender o intercambiar en un marco de relaciones políticas, sociales y económicas. Como lo hemos afirmado anteriormente, existe un déficit de investigación que analice y dé elementos que permitan enfrenar la situación de las mujeres en el complejo circuito de las drogas ilícitas. No es nuestra postura considerar que las mujeres vinculadas a este circuito lo hacen carentes de decisiones, son diversas las motivaciones y diversas las formas de vinculación; por ejemplo, no es la misma situación la de las mujeres que se encuentran articuladas al ciclo del cultivo, generalmente mujeres campesinas, que la de quienes se vinculan a la distribución o al micro-tráfico o la situación de las esposas, novias o amantes de los grandes capos, de los cultivadores o los distribuidores o la situación de las mujeres privadas de la libertad por infracción a la Ley 30, por ejemplo entre el 2003 y 2010 del total de mujeres en las cárceles en el país, entre el 45% y el 48% estaban por delitos tipificados en dicha Ley. El riesgo de participar en las dinámicas del ciclo de las drogas ilícitas, "es inmanente y emerge una complicidad que debe ponerse en claro, a todas luces, el

mujeres por la narcotráfico ofrece unas características que resultan atractivas y que permiten atraer a hombres y mujeres al interior de sus filas, y así, esas mujeres se enrolan en estas esferas atraídas por unas cualidades que ven en la cultura narco, y que las coloca en un terreno pantanoso, donde la lealtad, la fidelidad, la riqueza, la belleza e incluso el derecho de admisión, simplemente, se paga con la vida" (Mata Navarro Itzelin; 2013:137). El cuerpo de las mujeres en el escenario del ciclo de las drogas ilícitas El cuerpo de las mujeres en el ciclo de las drogas ilícitas es utilizado de variadas maneras como herramienta para ascender socialmente, como mensaje de amenaza para quienes desafían la "disciplina o no son leales" a los capos;"ha servido como dispositivo para traficar con drogas, principalmente, heroína, donde el valor de su cuerpo se mide por la capacidad de resistir el viaje hacia el destino final de la droga y la cantidad de droga que pueda llevar. Aquí la creencia que se tenía era que a las mujeres se les requisaba menos, pero con el paso del tiempo (y de las mujeres llevando droga) se intensificaron los controles sobre el cuerpo de la mujer como dispositivo sospechoso para los controles de aduanas." (La Silla Vacía, 2012). Pero también, el cuerpo de la mujer como objeto de deseo, objeto utilizado para reforzar, recrear y transmitir estereotipos acerca de ellas. Mujeres a la medida de los deseos de los capos de la droga, intervenidas estéticamente, imagen que es vendida como el ideal de mujer para ascender socialmente y para "lograr" ser amada. Esta imagen de mujer es difundida a través de la música, las telenovelas, los narcocorridos, la literatura y el cine. La telenovela colombiana "Sin tetas no hay paraíso" (Bolívar Moreno, 2006), ampliamente difundida en varios países, es ejemplo de la imagen de mujer que le es útil al patriarcado y al negocio de las drogas. Las mujeres de los capos son mostradas como títeres a su servicio, sin capacidad de decidir y sin autonomía. A través de prácticas recrean una estética corporal femenina que dista de ser la realidad de la inmensa mayoría de mujeres. La estética femenina impuesta por la cultura del narcotráfico en lo nacional e internacional refuerza la colonización del cuerpo de las mujeres y la sexualidad de ellas puesta al servicio de los deseos de los varones con poder o sin poder en la estructura del negocio de las drogas ilícitas. En el complejo circuito de las drogas ilícitas se reproducen no solo las relaciones de poder y subordinación entre mujeres y varones sino también las relaciones de explotación económica. Existe el cuerpo de mujer que contribuye al cultivo y procesamiento inicial de las drogas ilícitas, ese cuerpo de mujer se vincula al ciclo en la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellas y su familia; el cuerpo de la "muía" que generalmente son mujeres sin oportunidades de desarrollo pleno de sus capacidades y que no encontraron otro horizonte para su vida; el cuerpo de las amantes, esposas, hijas y herederas de las fortunas de los capos. En este ciclo de vinculación de los cuerpos de las mujeres se reproduce la pirámide social: entre mayor capital económico, cultural y corporal se ocupara un lugar más cercano a los capos de alto rango(Mata Navarro Itzelin; 2013: 133).En cambio a

mujeres por la menor capital económico, cultural y corporal, las mujeres serán más bien carne de cañón, carnada para defender el campo del narcotráfico (Mata Navarro Itzelin; 2013:134), por eso es que las "muías"; las prostitutas o las mujeres vinculadas al micro-tráfico serán el eslabón más débil de la cadena y sufren con mayor rigor la violencia y la aplicación de la ley. II. Propuestas La política para la solución de las drogas ilícitas debe partir de: a) Las investigaciones científicas que dan cuenta de las estrategias exitosas y las que no lo son, superando las visiones moralistas o los intereses ideológicos de ciertos sectores de las élites nacionales y transnacionales; b) las diferencias en las características y usos de cada una de las sustancias; c) el respeto a las diferencias socioculturales y a las tradiciones de sustancias utilizadas por las comunidades indígenas en rituales y prácticas comunitarias y que hacen parte de su ancestral cultura; d) minimizar el daño en las/os consumidoras/es y en el medio ambiente; e) el respeto a los derechos humanos y la aplicación de la justicia basada en el principio de la proporcionalidad, no se puede continuar en la lógica que paga más pena por Ley 30 una mujer que sirve de "muía" que un capo de las drogas ilícitas; g) superar las acciones centradas en la fuerza y la represión por políticas basadas en la concertación y la participación ciudadana con participación paritaria para las mujeres y decidir acerca "si la erradicación sigue siendo una condición previa para la validez del desarrollo alternativo. La erradicación debe ser un proceso gradual y voluntario, y hacer parte de los acuerdos alcanzados con las comunidades que desean alternativas legales" (Armenta Amira; 2013:3), h) acciones y políticas que mejoren las condiciones de vida de las mujeres y hombres vinculadas/os al cultivo, procesamiento, distribución y micro-tráfico de las drogas ilícitas; i) examinar la asistencia y la cooperación internacional que presiona al país privilegiando los intereses de las élites nacionales y trasnacionales en detrimento de los intereses de campesinas/os y del medio ambiente. Teniendo como base los puntos anteriores, Mujeres por la Paz, propone: •

Formulación y puesta en marcha de una política de desarrollo agrario que esté dirigida a superar los problemas estructurales de la tenencia y uso de la tierra. La política debe estar orientada a transformar las históricas relaciones de opresión y subordinación de las mujeres y garantizar para ellas propiedad sobre la tierra y condiciones económicas para la producción, distribución y comercialización de lo que producen. Las reformas estructurales que urge el sector agrario deben tener como uno de sus pilares, redistribuir las tierras ociosas, improductivas e incautadas a los capos de las drogas entre campesinas/os e indígenas desposeídas/os, y

mujeres por la restituir los predios adquiridos a través del despojo, la ilegalidad o la fuerza a sus antiguas/os propietarias/os garantizándoles la seguridad y la implementación de proyectos productivos sostenibles basados en la concertación, la solidaridad, la diversificación productiva, la competitividad y la seguridad y soberanía alimentaria. Las reformas deben incluir acciones positivas a favor de las mujeres que permitan transformar las ancestrales injusticias que ellas viven; acciones como crédito blando; asistencia técnica, asistencia jurídica. •

Impulso y puesta en marcha de políticas queestén dirigidas a desestimular la vinculación de las poblaciones rurales al cultivo y procesamiento de drogas ilícitas vía de generación de opciones económicas viables y sostenibles.

•

Legalización de cultivos coca, amapola para uso medicinal, alimenticio e industrial en un mercado regulado por el Estado. Regulación del cannabis para uso recreativo, medicinal e industrial. En la actualidad existe suficiente evidencia que "mantener la prohibición del cannabis junto con las demás sustancias resulta contraproducente. La marihuana es la droga más consumida hoy en el mundo y su comercialización en manos de grupos organizados del crimen, afecta a una gran cantidad de usuarios, poniéndolos en riesgo dada la oferta de otras sustancias más nocivas contexto en el que busca crear un mercado cautivo para las drogas" (Vargas Meza, Ricardo; 2013:20).

•

El Estado colombiano debe llevar a cabo una amplia y participativa consulta tendiente a la reforma del Código Penal y las normativas acerca de los estupefacientes, que permita distinguir los componentes criminales y socioculturales de la producción, distribución y comercio de las drogas ilícitas, "proporcionalidad penal, reducción del daño y descriminaiización de productores/as y consumidoras/es" (Puyana Aura María; 2013:37).

•

Diseño y puesta en marcha de una política integral de salud fundamentada en el respeto a los derechos humanos, que prevenga el consumo, reduzca el daño, tenga en cuenta las diferencias regionales, culturales, económicas, étnicas, por edad y sexo del consumo de las drogas ilícitas, brinde atención diferencial a mujeres, varones, adolescentes y fortalezca a las comunidades y familias.

•

Diseño y puesta en marcha de una política que integre el sector educativo, la salud, la cultura, los medios de comunicación, las TIC y el deporte, dirigida a transformar los imaginarios y las valoraciones acerca del cuerpo de las mujeres y fortalecer las campañas y acciones que contribuyan a la autonomía de las mujeres y estilos de vida saludables.

mujeres por la Diseño y puesta en marcha de acciones que brinden oportunidades trabajo digno y sostenible a las mujeres vinculadas al micro-tráfico de drogas ilícitas. Esta política debe ir acompañada de acciones entrenamiento laboral, resocialización, desmantelamiento de las redes micro-tráfico y ollas de consumo.

de las de de

Revisión y puesta en marcha de una política carcelaria que dé cuenta de la situación diferencial de las mujeres privadas de la libertad por infracciones a la Ley 30, dicha política debe responder por las situaciones de sus familias y por las de las mujeres colombianas encarceladas en otros países por delitos asociados al narcotráfico. Impulso y fortalecimiento de proyectos de investigación, reflexión y análisis de la realidad de las mujeres en el ciclo de las drogas ilícitas, como posibilidad de abordar el fenómeno desde un enfoque de los derechos humanos de las mismas. Notas bibliográficas ALVARADO VÁZQUEZ, R. I. (2012). Las nuevas imágenes urbanas. Los buchones una imagen regional. Desafíos y horizontes de cambio: México en el siglo XXI del Tercer Congreso. ARBOLEDA, R. (2002). El cuerpo en boca de los adolescentes. Medellín: Kinesis ARMENTA, AMIRA (2013). El mercado ilícito de las drogas en el contexto agrario colombiano: ¿Por qué el tema de los cultivos ilícitos es relevante para el proceso de paz?, Transnationallnstitute, Amsterdam, Países Bajos. MATA NAVARRO, Itzelín (2013). El cuerpo de la mujer vinculada al narcotráfico como narración de sus relaciones sociales. Jalisco México. PUYANA, AURA MARÍA (2013). Nuevos enfoques de la política antidrogas para la paz en Colombia en Aportes para el debate sobre la paz, FOCUS, Foro de mujer y desarrollo, Bogotá. UNODC, Informe Mundial sobre las Drogas 2013, New York. VARGAS, M RICARDO (2012) Peace process in Colombia", Norwegian Peacebuilding Resource Center NOREF, http://www.Deacebuildinq.no/var/ezflow site/st Orage/original/application/46cbe4d4cf4550886744d45fbaa97c27.pdf. ^

mujeres por la Integrantes de Mujeres por la Paz: * ASODEMUC *ACIN ' •Alianza departamental de Mujeres del Putumayo •ASUMUSUC (Mujeres de Ciudad Bolívar). * Asomujer y Trabajo •ANTHOC * Casa de la Mujer *Casa Amazonia/Putumayo *Casa de la Mujer y de la familia Stella Brand- Pereira *CDPAZ-Planeta Paz * Cladem * Colectivo Feminista Hallyaniwa * Colectivo de Mujeres Excombatientes * Colectivo Mercedes Úzuga * Colectivo Mujeres para la Reincidencia * Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - CPDH * Corporación Centro de Promoción y Cultural-Fasol * Corporación Colombiana de Teatro * Corporación Ensayos para Promoción de Cultura Política * Corporación Humanas * Corporación Nuevo Cine Latinoamericano •Dpto Nal de Mujeres Partido Comunista Colombiano * Departamento de Mujeres de la Coordinación Nacional de Desplazados -CND. * Fensuagro * Fondo de Acción Urgente de América Latina * Fondo Lunaria * Fundación Telar Social Humano * Grupo teatral Abrazadas *ILSA * Juventud Comunista de Colombia-JUCO * Limpal Colombia *Las Auroras, Red de Mujeres Víctimas de Santander * Mujeres en Asamblea Permanente 13 Años Caminando por la Paz * Mujeres en Clave de Paz * Marcha Patriótica •Mesa de Incidencia Política Mujeres Rurales •MOVICE Mujer Palabra * Policarpa y sus Viciosas * Partido Comunista Colombiano-PCC (Área Mujer) * Red de Mujeres Indígenas

mujeres por la * Ruta Pacifica de las Mujeres ""compuesta por 288 organizaciones y 9 regionales * Teatro Jayeechi * Teatro La Mascara * Tribunal de Mujeres * Yo Mujer Mujeres independientes: Parlamentaría Andina Gloría Florez Sneider Lourdes Castro,Liliana Chávez, Natalia Chávez

FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS Bogotá, septiembre 24, 25 y 26 de 2013 "Las fumigaciones no sólo arrasan la coca, arrasan con todo, hasta las casas las fumigaron y eso queda un líquido blanco.., fumigaron hasta los estanques... Yo como mujer me sentía culpable por haber cultivado coca y luego ver las montañas y todos los sembrados acabados, los árboles secos... Yo me preguntaba porque tenían que pagar los árboles por las cosas que uno hace... pero yo pensaba si el gobierno antes de las fumigaciones hubiera entrado a negociar con los campesinos, tal vez no hubiera sucedido eso... si el gobierno le hubiera preguntado a la gente qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan pues nos hubiéramos ahorrado todo eso..." Testimonio de una mujer del Putumayo

Presentación La Ruta Pacífica de la Mujeres, es un movimiento de mujeres feminista, pacifista y antimilitarista que desde hace más de 16 años, con las casi 300 organizaciones que lo componen, se opone a la guerra y a la solución violenta de los conflictos. Dada nuestra presencia organizativa en diferentes regiones en donde los cultivos de uso ilícito son una alternativa de subsistencia para las comunidades, nos hemos dado a la tarea de avanzar en una reflexión alrededor de los impactos que la política antidrogas y los mismos cultivos, han generado en la vida y el cuerpo de las mujeres, así como el esbozo de algunas propuestas que las mujeres de estos territorios han planteado para avanzar en una propuesta integral de replanteamiento del problema y las soluciones que hasta ahora se han dado, y que aporte a la consolidación de la paz Nuestra preocupación frente a la Paz, se centra en la realidad que implicanjos cuJtjYQSjde uso ilícito para el fortalecimiento de una economía para la guerra, promovida por los distintos actores armados cuyos intereses trascienden el marco de un proceso de negociación/ Los cultivos de uso ilícito y la misma política antidrogas han sido en los últimos años, el motor del conflicto armado, con consecuencias nefastas no solo en términos de la militarización de los territorios, sino de cambios profundos en la institucionalidad colombiana que fue cooptada en muchas regiones por estructuras mafiosas, asociadas fundamentalmente al narcotráfico y al paramilitarismo/A través de la regulación del negocio de la coca, la administración de justicia y la intervención en la vida cotidiana de la población, los actores armados han logrado consolidarse en muchos territorios como autoridad y moldear un orden social a su albedrío. No atender de manera inteligente este problema, puede socavar la construcción de la paz, la i

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legitimidad del Estado en distintos territorios, además de los efectos que ya mencionaremos en las mujeres, en la sociedad y el medio ambiente.

El problema y sus Impactos en la vida de las mujeres De acuerdo con Vargas (2008), mientras la principal fuente del valor agregado en la economía de las drogas se sitúa en el proceso de traslado de las drogas desde los lugares de producción a los sitios de comercialización y consiguientemente en los complejos y rápidos procesos de lavado de dineros, el mayor porcentaje de los esfuerzos antidrogas se sitúa en aquellas partes que se relacionan más con problemas socioeconómicos y de pobreza. Esta circunstancia ha hecho que se centren los esfuerzos de la política antidrogas y sus recursos económicos en el proceso de producción de los cultivos más que en el desmantelamiento de las estructuras de criminalidad organizada del narcotráfico, que han jugado un papel fundamental en la alianza con las élites políticas regionales para el manejo del Estado y de los territorios, afectando la autonomía de las comunidades. La estrategia fundamental de la política antinarcóticos fue el Plan Colombia, implementada fundamentalmente en el sur del país, que contó con recursos de Estados Unidos por 1.3 millones de dólares, que convirtieron a Colombia en el tercer país en recibir mayor ayuda después de Israel y Egipto. El 74% de los recursos se asignó al fortalecimiento del Ejército y la Policía, así como al financiamiento de uno de sus componentes, conocido como "Iniciativa contra el narcotráfico", que enfatizó la erradicación de cultivos de uso ilícito, especialmente forzosa, por tres razones: "el vínculo existente entre la guerrilla y el narcotráfico, su fortalecimiento, y el lento desarrollo de las conversaciones de paz".1 El vínculo de la política antidrogas con la política contrainsurgente contribuyó de manera sustancial a poner a los campesinos y campesinas, y a la población civil en el centro de las acciones militares del ejército y la policía.

fLa situación de las mujeres que habitan en territorios de cultivo de uso ilícito no puede verse desligada de las condiciones históricas, su situación está atravesada por discriminaciones y subordinaciones ancestrales y por una cultura patriarcal que se agudiza en contextos de narcotráfico y guerra, r La dinámica de los cultivos, asociada a la exacerbación del conflicto armado, el copamiento militar de los territorios por parte de todos los actores armados y las

Mujeres, Coca y Guerra en el Bajo Putumayo. Grupo de Memoria Histórica. 2011

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estrategias principales de la política antidroga que han girado en torno a la erradicación manual forzada y las fumigaciones, han generado diversos efectos sobre la vida y el cuerpo de las mujeres que se pueden resumir de la siguiente manera: • Constante presión y tensión por ios requerimientos del contexto: Las mujeres y la familia se han convertido en un escenario de expresión de las fuertes tensiones generadas por la dinámica del conflicto armado, expresado no solamente en la ruptura de vínculos familiares por resentimientos profundos que surgen ante lo que se está viviendo, aislamiento de la familia, situaciones de desplazamiento o duelo por el asesinato de alguno de los integrantes familiares-, sino también por su instrumentalización por parte de los actores armados, tanto al margen de la ley como los que están establecidos institucionalmente. Las políticas ¡mplementadas refuerzan la situación anterior. • Efectos en la salud mental de las mujeres: Las estructuras de control social instauradas por los actores armados han agudizado las manifestaciones de violencia intrafamiliar, de manera física y psicológica, introduciendo la amenaza como estrategia de control y debilitando la capacidad que la familia tiene para manejar directamente sus conflictos. Así a través de las normas que imponen, reproducen las identidades de género más tradicionales^ La dinámica que ha traído consigo los cultivos de uso ilícito ha implicado la desestructuración de las relaciones sociales y familiares, reflejada en maltrato, golpizas, violaciones, amenazas, tortura, intento de homicidio, abandono y persecuciones que se encuentran narradas en diversos testimonios de mujeres que habitan los territorios en guerra y con cultivos de uso ilícito/ Las transformaciones culturales en las zonas, generadas por el dinero derivado de los cultivos de uso ¡lícito y el contexto de militarización, impulsan valores agresivos, el menosprecio de la vida del otro(a) y la venganza.2 /Las familias y las mujeres aparecen como unidades estratégicas para ejercer el control en las comunidades, pues los actores armados buscan una legitimación como autoridad resolviendo conflictos y aplicando sanciones/ teniendo una directa influencia sobre la vida privada, y por lo tanto, entablando un control social en la comunidad, que muchas veces pone en mayor estado de riesgo a las familias. Dicho control se ejerce a la vez por diferentes grupos armados, provocando mayores niveles de violencia y autoritarismo. 4 Igualmente, ejercen un estricto control del cuerpo y la sexualidad femenina, en especial en las mujeres

Algunos testimonios del horror vividos por las mujeres, se encuentra en el documento "el espejismo de esas hojas" CIFISAM, UNICEF (2000)

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jóvenes quienes son víctimas de múltiples manipulaciones por su vulnerabilidad socioeconómica y por su situación social de bajo estatus y poder/ • Efectos en el cuerpo de las mujeres: Es frecuente el asedio y abuso sexual al que son sometidas las mujeres jóvenes. Los actores armados ejercen control en la manera de vestir y comportarse de las mujeres. Igualmente, tienen injerencia en la forma de vivir y de asumir la masculinidad en los hombres de la zona. Así mismo las fumigaciones han generado enfermedades en la piel, abortos y malformaciones en recién nacidos. • Efectos en la soberanía alimentaria de las comunidades y en el medio ambiente: Los efectos ocasionados por las fumigaciones a los cultivos alimenticios y a la flora en general, están poniendo en peligro las condiciones de seguridad alimentaria de la población, limitando la disponibilidad y acceso de los alimentos. Al destruir también los cultivos agrícolas, se limita el acceso a unos mínimos requerimientos nutricionales de autoabastecimiento familiar, también se limita el suministro de alimentos suficientes para distribuir y comercializar, repercutiendo en los bajos o nulos ingresos de las unidades familiares campesinas. Las mujeres soportan la presión cotidiana del hambre y la escasez de alimentos. • Efectos en cuanto al desplazamiento. El desplazamiento incide en las mujeres de manera particular, ya sea por una acción forzada de los actores armados o por las condiciones en las que quedan sus parcelas después de la fumigación. Los impactos del desplazamiento se dan mayoritariamente en la población de mujeres rurales. El trauma y la crisis las obliga a cambiar su existencia estable por una serie de circunstancias que las pone en una situación vulnerable, abiertamente desesperada, ya que significa una destrucción de su identidad social, relacionada con un cambio brusco en la forma en cómo dirigen sus vidas, pues dentro de sus comunidades de origen es normal que ellas pertenezcan al ámbito de lo privado, mientras que al hombre ya se le ha configurado en un espacio social y geográfico más amplio.

Nuestra Propuesta

Las partes en la Habana deben avanzar hacia una propuesta integral que disminuya los impactos mencionados anteriormente para las mujeres rurales que habitan en zonas de cultivos de uso ilícito y en el campesinado en general, enfatizando en la legitimidad del Estado

a través de la presencia en inversión social y la profundización de la democracia. Para ello es necesario implementar planes específicos en los territorios afectados que tengan en cuenta:

1. La descriminalización de los campesinos/as y pequeños productores, pues son el eslabón más débil de la cadena3 y las decisiones de política deben estar más encaminadas al desarrollo alternativo que a la implementación de la fuerza. En el caso de los cultivadores de la coca y/o la amapola, el uso de la fuerza contra ellos/as, no se compadece con los orígenes y naturaleza del problema en este nivel de la cadena de producción, pues las decisiones de cultivar tienen una motivación de subsistencia y de carácter estructural. En este sentido, existe una compleja mezcla de condiciones socioeconómicas de los cultivadores, que no puede reducirse a una reflexión exclusivamente criminalizante. La militarización de la política antinarcóticos y su uso como estrategia contraguerrilla ubica al campesino/a como un enemigo interno, lo que contribuye a ampliar el paraguas de la ilegalidad y a minar la legitimidad del Estado. Es responsabilidad del Estado asegurar y garantizar el derecho a la vida humana, animal y vegetal, a la integridad personal y a las condiciones de vida dignas de la población, por lo cual el Estado debe empezar a ejercer la soberanía sobre el planteamiento de las políticas, sobrepasar los intereses particulares y reconocer la naturaleza de la problemática, dando prioridad al tratamiento social de las comunidades vinculadas con la pequeña producción de la coca. Promover políticas incluyentes para todos los sectores de la población, que aboguen por soluciones pacificas, que rescaten la defensa de la vida e integridad de las comunidades, fortaleciendo el tejido social, empoderando a las mujeres y a las comunidades y promoviendo procesos reales de desarrollo regional en aras de generar un desarrollo humano sostenible. Vale la pena señalar que según Uprimmy (2012), si bien la mayoría de las personas detenidas por droga no son mujeres, la mayoría de las mujeres reclusas en Colombia han perdido su libertad por temas relacionados con la producción y el transporte de drogas. Este dato refuerza entonces la tesis de que parece existir una feminización de los delitos relacionados con drogas. 2. La No erradicación forzosa (Manual o por fumigaciones) que deberá ser sustituida por acuerdos y concertaciones con los productores/as de hoja de coca para la erradicación 3 Se calcula que el cultivo de la hoja de coca representa el 9% del valor agregado del total del negocio del narcotráfico; la transformación de la hoja de coca en pasta, representa el 5%; la transformación en cocaína el 15% del valor agregado del total del negocio y el tráfico de la cocaína el 71% .

gradual y voluntaria bajo circunstancias específicas. Además de generar impactos visibles en la salud de las mujeres y en los procesos de soberanía alimentaria, las fumigaciones no han generado disminución efectiva de los cultivos, pues los mismos se han desplazado hacia otros territorios, multiplicando los daños ambientales. En esta erradicación concertada, deben tenerse en cuenta las expectativas y demandas de las mujeres en cuanto un desarrollo que incluya sus propuestas y las dignifique en un desarrollo humano junto con su entorno y familia. 3. Implementación de acciones de Desarrollo Alternativo con la participación de la comunidad y de las mujeres, haciendo énfasis en el impulso a la soberanía alimentaria como una actividad fundamentalmente en manos de las mujeres y en el acceso de las mujeres a la tierra, al crédito y a la tecnología para la producción. Las pequeñas productoras no han tenido un verdadero acceso a los procesos de capacitación, transferencia tecnológica y créditos como población beneficiaría de los proyectos de desarrollo alternativo; en razón de que las mujeres tienen menor acceso que los hombres a la posesión de tierras; la mayoría de parcelas en las que trabajan las mujeres están inscritas a nombre del esposo o compañero, considerados como jefes de familia y por ende beneficiarios en mayor grado de estos programas. A lo anterior se suma que. de acuerdo con Vargas (2002), los programas de desarrollo alternativo se han caracterizado por el esbozo de propósitos de corto plazo imposibles de cumplir, por una excesiva improvisación en su diseño y ejecución, la atomización y bajo impacto de los proyectos. La falta de rigor en el estudio del problema y la ausencia de planeación en su desarrollo, han terminado por degradar al desarrollo alternativo a la condición de subsidio complementario de las acciones de erradicación forzosa. Teniendo en cuenta lo anterior, los indicadores de evaluación de un programa de desarrollo alternativo, más que el número de hectáreas erradicadas, deben contemplar avances en indicadores sociales de bienestar para la comunidad y para las mujeres (acceso a la tierra, a educación, salud etc). Por supuesto, el desarrollo alternativo está ligado a profundas reformas en el sector rural que garanticen la sostenibilidad de las acciones de erradicación por la vía de mejores condiciones de vida para la población y para las mujeres campesinas. 4. Desmilitarización de los territorios y de la vida civil en las zonas donde se adelanten las estrategias de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo. Las llamadas zonas de consolidación en las cuales se activa la presencia estatal en territorios de guerra y cultivos de uso ilícito, han sido convertidas en territorios de amplia presencia de las Fuerzas Armadas y policiales que realizan acciones que debería ejecutar la institucionalidad civil. La experiencia de las organizaciones de mujeres es que a mayor presencia de grupos armados (legales e ¡legales), mayor inseguridad y violencia contra las mujeres. Estas manifestaciones de la militarización, estas lógicas de guerra, tienen sus propias expresiones. Por eso, frente a la militarización del cuerpo, la vida y los territorios en los que viven las mujeres, se plantea la 6

desmilitarización de la vida civil. A la propuesta de desmilitarización, va ligada la propuesta de fortalecimiento tanto del Estado como de la sociedad civil en las llamadas zonas de consolidación como en todo el territorio nacional: Es necesaria una mayor y cualificada institucionalidad civil en los territorios y también es necesario el fortalecimiento de las organizaciones. 5. En las zonas urbanas, el Estado debe generar políticas que den un tratamiento integral a la proliferación del microtráfico y sus consecuencias en el incremento de la criminalidad y la delincuencia. Estas políticas deben tender a políticas de educación, salud, inversión social y desarrollo para los y las jóvenes no terminen en poder de las mafias urbanas. 6. Veeduría nacional e internacional que haga seguimiento a la efectividad de la política. Tal y como se ha demostrado a lo largo de este documento, la política antinarcóticos implementada en nuestro país no se corresponde con la complejidad de la problemática, mientras se fumigan los territorios y con ellos la vida de los/as pobladoras, los narcotraficantes cualifican sus sistemas de producción y distribución. Mientras la política antinarcóticos se aplica desde el componente militar y de fumigaciones dejando poblaciones enteras en la total miseria, los narcotraficantes trasladan los cultivos a otras zonas del país e incluso a otros países sin afectarse realmente el negocio. Es necesario un acompañamiento internacional latinoamericano que haga seguimiento a una nueva política antidrogas que centre sus esfuerzos en el origen del problema y atendiendo cada parte del circuito en la dimensión que corresponde.

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PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN COLOMBIA

FORMULARIO PARA ENVÍO DE PROPUESTAS Y/O COMENTARIOS INFORMACIÓN IMPORTANTE A través de este formulario usted puede realizar el envío de propuestas sobre los temas y subtemas de los 6 puntos de la Agenda a la luz de la integralidad del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. • Los miembros de la Mesa de Conversaciones tendrán acceso a cada una de las propuestas, soportes y comentarios que se presenten a través de este formulario. • Las propuestas serán revisadas y analizadas por cada una de las delegaciones con el fin de contribuir como insumo a las discusiones. • La información que usted suministre sólo será utilizada en función de la Mesa de Conversaciones, • Usted puede redactar sus comentarios con relación al preámbulo del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, si lo desea, a través de un formulario destinado para ello ubicado en la página 6.

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE FORMULARIO FÍSICO 1. Si desea enviar su propuesta o comentarios a través de medios físicos, diríjase a la alcaldía o gobernación más cercana y solicite información sobre el mecanismo "Participemos en la Mesa" en donde le entregarán el Formulario para el envío de propuestas y/o comentarios de la Mesa de Conversaciones. También puede imprimirlo directamente desde la página web, www.mesadeconversadones.com.co. 2. Diligencie el formulario siguiendo las instrucciones consignadas en el documento. 3. Identifique la oficina de correo 4-72 más cercana y entregue allí el formulario diligenciado sin ningún costo. 4. Usted podrá redactar y enviar sus propuestas con relación a los temas y subtemas de los 6 puntos de la Agenda a la luz de la integralidad del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y/o comentarios sobre el preámbulo del Acuerdo General, por medio de cualquier hoja en la cual los haya elaborado. Asegúrese de incluir su nombre completo o el de la organización a la que representa, establecer sí es una propuesta o comentario lo que envía y conocer las Políticas de privacidad y condiciones de uso de los mecanismos de participación de la Mesa de Conversaciones, asumiendo que para participar u opinar, los ha aceptado previamente.

REGISTRO PARA EL ENVÍO DE LA PROPUESTA INFORMACIÓN DEL INDIVIDUO U ORGANIZACIÓN QUE ENVÍA ESTA PROPUESTA

La única información de carácter obligatorio es el nombre del individuo u organización. Los campos adicionales son opcionales. La información suministrada voluntariamente solo será utilizada para análisis estadístico en función de La Mesa.

Es usted

Individuo

Nombre completo " y c X Í c ) \ ( f v / \

Organización KtxXerh<lrc{.

Campos obligatorios Campo obligatorio

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA Marque con una (x) los temas y subtemas de los 6 puntos de la Agenda a la luz de la integralidad del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que abordará con su propuesta. ACUERDO GENERAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. Los delegados del Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP); Como resultado del Encuentro Exploratorio que tuvo como sede La Habana, Cuba, entre febrero 23 y agosto 26 de 2012, que contó con la participación del Gobierno de la República de Cuba y del Gobierno de Noruega como garantes, y con el apoyo del Gobierno de la República Boüvariana de Venezuela como facilitador de logística y acompañante;

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Con la decisión mutua de poner fin al conflicto como condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera; Atendiendo el clamor de la población por la paz, y reconociendo que: La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción, incluidas otras organizaciones guerrilleras a las que invitamos a unirse a este propósito; El respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional, es un fin del Estado que debe promoverse;

PÁGINA 1

formulario para lo cual se compromete a adoptar una política de confidencialidad de acuerdo con lo que se establece más adelante. Se entiende por información personal aquella suministrada por el Usuario, la cual incluye datos como nombre, edad, género, correo electrónico y los relacionados con el espacio denominado como Registro. El Usuario reconoce que el ingreso de información personal, lo realiza de manera voluntaria y ante la solicitud de requerimientos específicos por la Mesa de Conversaciones para ejercer el derecho de participación a través de este documento. El usuario también comprende que los datos por él consignados harán parte de un archivo y/o base de datos cuyo único objetivo, es otorgarle un número consecutivo a la propuesta que ha enviado. La Mesa de Conversaciones ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente requeridos y voluntariamente aportados, instalando las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados. Objetivos de este mecanismo de participación El Usuario entiende que el objetivo del mecanismo de participación es consignar a través de este documento una propuesta sobre los temas y subtemas de los 6 puntos de la Agenda a la luz de la integralidad del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Para ello, ha leído y aceptado los parámetros establecidos, tales como, registrar información personal verídica, seleccionar los temas y subtemas que desea abordar y regirse a un formato previamente establecido para la redacción, limitado en términos de caracteres y/o palabras. Reconocimientos derivados de la autoría "Yo, por medio de la presente declaración y en ejercicio de mi derecho constitucional a la participación (Artículo 40, numeral 2), entiendo y acepto que con el envío electrónico o físico de esta propuesta, renuncio a cualquier reclamación jurídica derivada del envío, uso, reproducción e implementación de la presente propuesta. Adicionalmente, en caso de utilizar algún soporte para justificar el contenido de la propuesta enviada por medio electrónico o físico, entiendo y acepto que como remitente asumo la responsabilidad por los derechos de autor del respectivo soporte". Sobre (os archivos soporte o documentos que desarrollan la propuesta en medios físicos El usuario, además de asumir la responsabilidad por los derechos de autor de los archivos o documentos soporte que justifiquen su propuesta, acepta y entiende que para el envío de este material dispondrá, en las oficinas de correo a nivel nacional destinadas para tal fin, de un sobre en cual podrá incluir documentos, fotos, cds o aquello que considere pertinente. Cada usuario podrá disponer solo de un (1) sobre con las características mencionadas. Adicionalmente, el servicio de correos a nivel nacional podrá bajo sus políticas y condiciones de uso, restringir el envío de aquel material que pueda ser clasificado como peligroso, en aras de proteger a todos aquellos involucrados en el proceso de recolección, revisión y procesamiento de los archivos soporte o documentos que justifican las propuestas de La Mesa de Conversaciones. INFORMACIÓN OPCIONAL DEL INDIVIDUO U ORGANIZACIÓN QUE ENVÍA ESTA PROPUESTA Si usted desea diligenciar información adicional hágalo en el siguiente espacio. La única información de carácter obligatorio es el nombre del individuo u organización. Los campos adicionales son opcionales. La información suministrada voluntariamente solo será utilizada para análisis estadístico en función de La Mesa. INDIVIDUO

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Ciudad/Municipio CütvsrtVc

Correo electrónico \<^eVsr ti^evvt». € ^ ' * v e r - V U W . C » Género: M X F Ocupación Empleado sector público Empleado sector privado Trabajador independiente y; Trabajador informal Estudiante

Escriba el sector en el que trabaja ^ ^ ^ . v y ^ U f e ^ V t v ff ívn.«r^ 'Sc^vit^

Docente o catedrático

Ama de casa

¿Otro?

¿Cuál?

ORGANIZACIÓN Correo electrónico ^ t - ^ \ M ^ fc.v\VG,^> ^ Sector económico

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Agrícola

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Telecomunicaciones

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Turismo

Salud

Educación

Infraestructura y construcción

Administrativo

Medios de comunicación y difusión -: PAGINA 4

¿Otro?

¿Cuál?

N REDACCIÓN DE LA PROPUESTA Redacte su propuesta en el siguiente espacio. Tenga en cuenta que ésta no debe exceder los 3.200 caracteres (incluyendo los espacios), equivalentes a 500 palabras. Nombre de la propuesta

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Destinatario: Apartado Postal 362041 V Bogotá, Colombia

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REDACCIÓN DE COMENTARIOS Redacte sus comentarios con relación al preámbulo del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en el siguiente espacio. Tenga en cuenta que estos no deben exceder los 3.200 caracteres (incluyendo los espacios), equivalentes a 500 palabras.

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PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN COLOMBIA

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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO 1. Cualquier ciudadano/a deberá entregar los formularios diligenciados a los puntos más cercanos de admisión de 4-72 los cuales están ubicados en los municipios, ciudades intermedias y principales del país. 2. En caso de que Usted desee adjuntar folios a su propuesta, favor depositarlos en sobre cerrado y por fuera irá el formulario diligenciado. 3. Diligenciar el desprendible adjunto y anotar en letra clara y legible Su Nombre, La Fecha de entrega a 4-72, Ciudad y Departamento. 4. Este desprendible lo regresará 4-72 con: un sticker de identificación del envío (código de barras impreso) tanto en este desprendible como en el margen superior derecho de la primera hoja de este cuadernillo. Nombre i^>x.vvvvr\ ^ n ^ ^ ^

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PROPUESTA PARA LA SUSTITUCIÓN REAL DEL USO ILÍCITO DE LOS CULTIVOS DE COCA EN LA REGIÓN SUR ANDINO-AMAZÓNICA; PUTUMAYO, BAJA BOTA CAUCANA Y JARDINES DE SUCUMBIOS NARIÑO.

¿Los habitantes de la Región sur de Colombia, territorio andino-amazónico, hemos llegado unos y otros de distintos puntos de la geografía nacional, producto del desplazamiento, las consecuencias del conflicto social, económico y armado que vive el país; falta de tierra, condiciones económicas y sociales, el abaratamiento de la mano de obra en la ciudades y los contingentes de familias del campo desplazadas que se resisten a la mendicidad en las calles de la urbe,'huyen a los bordes de la frontera agrícola, rompiendo montaña y estableciendo nuevas unidades del trabajo agrícola familiar, de esta manera ha sido poblado nuestro territorio. Adicionalmente todas las políticas agrarias emanadas de perspectivas desarrollistas que propone el Gobierno Nacional, tienden a privilegiar escenarios agrícolas a grandes empresarios y no a los pequeños productores rurales, los cuales se enfrentan en un mismo contexto al latifundio, la industrialización de segmentos de la agricultura, sistemas agrícolas de monocultivos, la ganadería extensiva y por otro lado medidas aperturístas del comercio internacional como los Tratados de Libre Comercio (TLCs), que privilegian la importación de alimentos y las transformaciones en los patrones de consumo de alimentos en detrimento de la vocación agrícola, el trabajo y la cultura local y nacional, en donde la pequeña propiedad agraria no puede pensarse como vehículo de desarrollo rural. Entrados los años 80's, el auge del cultivo de coca toca las puertas de la amazonia. Cultivo de manejo sencillo y con paquetes tecnológicos de fácil acceso, con cortos periodos de cosecha, de trabajo familiar y por sobre todo con un mercado asegurado, hicieron de este la única opción económica real en una zona donde la precariedad de la infraestructura vial y de comunicaciones, la escasa inversión social, así como la ausencia de centros de comercio para productos alimenticios, consolidó el escenario propicio para la emergencia de una economía ¡lícita, así denominada por el gobierno, Fue así como la coca y su cultivo extensivo promovió la apertura de claros en las selvas, introdujo los paquetes tecnológicos con base en agroquímicos que alteran la estabilidad ecosistemica y otra suerte de "externalidades" que hoy se entienden como graves problemas socio - ambientales, lo mismo que las medidas adoptadas, por la política antidrogas nacional y estadounidense, acompañado de una explotación petrolera, sin las medidas suficientes que mitiguen los impactos ambientales, ponen en riesgo la biodiversidad y la vida de las generaciones futuras en el Departamento, desarrollándose una economía de carácter extractivita, beneficiando a un mínimo sector de la sociedad y dejando consecuencias socio- económicas y ambientales nefastas para la mayoría de los pobladores de la región.

La política antidrogas adoptada por el país, se ha enfocado únicamente en las fumigaciones aéreas y la erradicación forzada como único método para la erradicación de los denominados cultivos de uso ilícito y por otro lado la militarización con estrategias como el Plan Colombia, Plan patriota y Plan Consolidación, que han generado una crisis humanitaria y ambiental sin precedentes en la Región. El gobierno pretende resolver esta problemática con programas asistencialistas impuestos sin ningún tipo de planificación y concertación con las comunidades, en lo cual han invertido miles de millones de pesos, lo cual no ha logrado acabar con los cultivos de coca, convirtiéndose en un total fracaso en esta región y en el país, y por el contrario se ha incrementando a un mas el conflicto social, económico y armado en todo el territorio. Es por eso que desde la MESA REGIONAL, de Organizaciones sociales y populares del Putumayo, Baja Bota Caucana y Sucumbíos Nariño, venimos trabajando en un proceso de unidad para planificar y buscar soluciones definitivas AL CONFLICTO SOCIAL a causa del uso ilícito de la hoja de coca, para lograr un desarrollo que este acorde a las necesidades de cada uno de los diferentes habitantes que integran este territorio; considerando que uno de los medios más urgentes que nos ayudan a generar la unidad y a construir un verdadero Desarrollo integral, se construyen con la participación directa de las comunidades, para tal fin proponemos la formulación y Ejecución del PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINO-AMAZÓNICO 2035, COMO UNA ALTERNATIVA A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA SOCIAL Y ECONÓMICO GENERADO POR EL USO ILÍCITO DE LOS CULTIVOS DE COCA, LA RECONVERSIÓN ECONÓMICA Y UNA PROPUESTA DE PAZ PARA ESTAS COMUNIDADES, en el cual una de sus prioridades es el establecimiento de sistemas productivos sostenibles para el fortalecimiento de la economía campesina, la soberanía alimentaria, la generación de ingresos y la asociatividad para la transformación y comercialización de sus productos, implementando un modelo de economía campesina que nos permita ordenar el territorio con enfoque de Derechos y solucionar la inversión social requerida para que las comunidades logremos superar la crisis económica, social, ambiental, política y cultural para alcanzar un buen vivir para los pobladores de esta Región del sur de Colombia, convirtiéndose en una política pública del país. Es importante resaltar, las características propias del territorio amazónico, teniendo en cuenta que el ecosistema amazónico es mucho mas sensible y frágil que la zona andina, por tanto, la aplicación de paquetes tecnológicos de la agricultura moderna (Revolución Verde) definitivamente no son viables, porque los fracasos son evidentes muy tempranamente.

Pero esta propuesta no será viable si no se generan cambios en la política agraria y económica del país, con la participación directa de las comunidades, como también se debe frenar las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, la Suspensión inmediata y revisión de los Tratados de Libre Comercio con Fstados Unidos, la Unión Europea China y demás países Reconociendo la presencia dé mas de 12 pueblos originarios en esta región, es necesario que se respete los usos y costumbres que estos pueblos tienen en torno a la coca. Por tanto, seria completamente equivocado e inaceptable pretender que los cultivos de coca sean completamente arrancados.

Esperamos que asi como el gobierno ha reconocido el daño causado al territorio ecuatoriano y sus pobladores, asi mismo, ha aceptado reparar dichos daños. De la misma manera exigimos, reparación integral e indemnización a todos los pobladores de la región afectados por la aspercion aerea con glifosato desde 1996. Finalmente concertar y firmar un acuerdo entre el gobierno y las comunidades, para la sustitución de los cultivos de coca, definiendo; compromisos de inversión, tiempos y porcentajes de disminución de los cultivos en un proceso que genere confianzas, democracia, respeto y cumplimiento a los compromisos pactados para lograr acabar con el uso ilícito de los cultivos de coca y superar las causas que llevaron a las comunidades a sembrarlos. Con una veeduría internacional y acompañamiento de países amigos. MESA REGIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE PUTUMAYO, BAJA BOTA CÁUCANA y JARDINES DE SUCUMBIOS NARINO. Martes 25 de septiembre de 2013.

MESA REGIONAL DE ORGANIZACONES SOCIALES CAMPESINAS INDÍGENAS AFRODESCENDIENTES SINDICALES JUVENILES DEL PUTUMAYO, BOTACAUCANA Y JARDINES DE SUCUMBIÓ- NARIÑO COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA EN MARCO DEL FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIONA LA PROBLEMÁTICA DE LAS DROGAS ILÍCITAS.

Villagarzón, Putumayo, Septiembre 25 de 2013 La Mesa Regional de Organizaciones sociales, campesinas, indígenas, Afrodescendientes, sindicales, juveniles del departamento del Putumayo, Botacaucana y Jardines de Sucumbió-Nariño, a través del presente comunicado a la opinión pública a nivel , local, regional, nacional e internacional, hacen conocer en el proceso social y de reivindicación de los derechos, que se viene exigiendo desde

el año 1996, en medio de múltiples dificultades y de la crisis social económica

humanitaria, generada por la aplicación de la Política Antidrogas, sin la ejecución de programas y proyectos alternativos, que resuelvan las causas, obligaron a los pobladores rurales, a implementar la siembra de cultivos de coca en el departamento: 1. Hoy, después de 17 años las comunidades rurales insistimos, en que la salida a esta problemática;

la sustitución real y efectiva de los cultivos de coca y la solución

a la crisis

económica y social que padece la población rural del departamento; es la concertación, Formulación y ejecución del PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL AMAZÓNICO -PLADIA-2035, con la participación activa y democrática

de campesinos, indígenas, afros, jóvenes, educadores,

mujeres, victimas, sindicalistas, como sujetos de derechos en la construcción de este plan. 2. Logramos que el Comité Interinstitucional de Vigilancia de la Gestión Pública, convocara a una reunión de carácter obligatorio, a

la Gobernación del Putumayo, Alcaldes Municipales,

Asamblea Departamental y Gobierno Nacional, con el objeto de socializar la propuesta para la FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL AMAZÓNICO 2035 y conocer la voluntad de cofinanciación por las Entidades Territoriales, concertando los siguientes compromisos: 3. El Sr. Gobernador del Putumayo y los alcaldes municipales, manifiestan su total apoyo y respaldo económico a la propuesta de

formulación del PLADIA 2035, el cual tiene un costo de mil

setecientos millones de pesos, en este sentido el Sr. Gobernador se comprometió asignar la suma de $ 300.000.000 de la vigencia 2013, de la misma manera las Alcaldías que asistieron, se comprometieron con una cofinanciación de $ 300.000.000millones de pesos. 4. También se asumió el compromiso por parte de los presentes, de convocar a una reunión al ^

sector privado, industria petrolera, COORPOAMAZONIA y otros sectores que intervienen en el desarrollo socioeconómico del departamento, en aras de aunar esfuerzos y recursos para llevar a feliz término la formulación del PLADIA 2035.En vista de la compleja problemática social y humanitaria suscitada por la implementación de la política de erradicación forzada contra las drogas en todo

el departamento del Putumayo, algunos alcaldes y líderes comunitarios

manifestaron la necesidad urgente de citar a una mesa de trabajo con la participación del

MESA REGIONAL DE ORGANIZACONES SOCIALES CAMPESINAS INDÍGENAS AFRODESCENDIENTES SINDICALES JUVENILES DEL PUTUMAYO, BOTACAUCANA Y JARDINES DE SUCUMBIÓ- NARIÑO

Gobierno Nacional, Departamental y demás instituciones competentes, para lograr acuerdos frente a la fumigación y erradicación manual forzada, una vez se inicie la formulación del Plan. 5. Que después de reunión sostenida el pasado jueves 19 de septiembre del presente año, entre nuestros voceros de la MESA NACIONAL AGRARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDOS (MÍA NACIONAL) y delegados de alto nivel del gobierno nacional se hace oficial la instalación de la Mesa Nacional de Diálogos y Negociaciones donde se firma un acta de acuerdos y compromisos que recoge la metodología, tiempos para el diálogo y la negociación del Pliego Nacional de Exigencias. 6. Que el pasado lunes 23 de septiembre a partir de las 10:00 horas de la mañana se instaló Mesa Regional de Diálogos y Negociaciones en el municipio de Villagarzón lastimosamente no contamos la presencia de delegados del alto gobierno nacional, salvo la presencia de delegados del gobierno departamental y algunos alcaldes municipales, diputados, concejales y entes de control de la región. 7. Por su parte, la mesa de putumayo con el apoyo del gobierno nacional, los gobiernos departamentales y locales

cumplió el compromiso de que los cerca de 10.000 campesinos

concentrados en los diferentes puntos de Putumayo, retornaran a sus lugares de origen. 8. Que estamos satisfechos por el deber cumplido con nuestras comunidades y con el enorme compromiso de seguir construyendo juntos y juntas una Colombia nueva, libre y soberana. Así mismo, esperamos que este gesto de voluntad política del gobierno sea real y permita avanzar en las soluciones a las distintas problemáticas y cumpla con su papel de brindar bienestar a la población colombiana en general para no tener que seguir acudiendo a las actividades de protesta social y paros nacionales. 9. Que en caso de no tener avances considerables nos veremos obligados nuevamente a salir a manifestarnos, al igual que solicitamos a las autoridades competentes que el atentado sufrido en el marco del Paro Nacional Agrario, contra la vida del compañero CARLOS CHAPUEL, integrante del Mesa Regional, oriundo del municipio de Colon, no quede impune. 10. Invitamos a todas las comunidades no organizadas a construir espacios de encuentro y organización. A formarnos, informarnos e inconformamos, a estar atentos a todo lo que acontezca en este proceso de diálogos y negociaciones que empieza y a seguir unificando fuerzas para avanzar hacia un mejor futuro para nuestros pueblos. 11. Para continuar con este proceso social de exigencia de garantía de derechos para el buen vivir de todos y todas, La Mesa Regional invita a la unidad y concertación con todos los sectores sociales del departamento, para trabajar mancomunadamente en la formulación y ejecución del Plan Desarrollo Integral Amazónico 2035, como una propuesta de paz para esta región, la cual fue socializada en el FORO SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LAS DROGAS ILÍCITAS, que se

MESA REGIONAL DE ORGANIZACONES SOCIALES CAMPESINAS INDÍGENAS AFRODESCENDIENTES SINDICALES JUVENILES DEL PUTUMAYO, BOTACAUCANA Y JARDINES DE SUCUMBIÓ- NARIÑO desarrolla en Bogotá entre los días 24,25 y 26 de septiembre en el marco de las mesas de dialogo entre guerrilla y gobierno que se desarrollan en la Habana - Cuba. 12. Rechazamos de manera contundente, como el gobierno una vez nuestros campesinos regresan a su domicilio en las veredas después del paro, reinician de manera indiscriminada la fumigación prácticamente en la mayoría de los municipios (7) del bajo putumayo. afectando especialmente el medio ambiente, la salud humana y cultivos de pancoger que el mismo gobierno y cooperación internacional han financiando. 13. Que es contradictoria la política antidrogas, como es posible que el pasado 12 de septiembre, el presidente Juan Manuel Santos anunció como un éxito diplomático la conciliación a la que llegó con el gobierno de Ecuador frente a la demanda que el vecino país había interpuesto contra Colombia por el uso de glifosato en las fumigaciones de cultivos ilícitos y que afectaron territorio de frontera. En dicha demanda, Ecuador pretendía una millonaria indemnización del gobierno colombiano por los daños causados y derivados del uso de herbicidas mediante fumigación aérea, y argumentó que hubo muertes y enfermedades de los habitantes en las regiones fronterizas, además de daños al medio ambiente. Dicha indemnización a Ecuador se concilio por 15 millones de dólares {más de 30 mil millones de pesos) por los daños causados en las fumigaciones aéreas, cifra similar que debería invertirse como cofinanciación en la fase de ejecución del PLADIA 2035. 14. Pareciera que el glifosato tuviera efectos nocivos para los ecuatorianos y su territorio pero no para los colombianos, POR LO TANTO ES URGENTE QUE SE SUSPENDAN LAS FUMIGACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, de lo contrario ACUDIREMOS CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA y desde ya solicitamos su solidaridad en especial a quienes tengan conocimientos jurídicos.

Finalmente, respecto a la solidaridad del Paro Nacional Agrario, extendemos nuestros más sinceros saludos de gratitud por todo el apoyo recibido por los transportadores, comerciantes, ganaderos, pequeños empresarios, a las iglesias, personas voluntariosas y comunidad en general de los lugares donde hicimos presencia, ofrecemos nuestras sentidas disculpas por las molestias causadas, pero sabrán entender que la difícil situación que vivimos en nuestros campos nos obliga a recurrir a estas acciones en defensa de nuestras vidas y nuestros territorios.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO PUTUMAYO PRESENTE, PRESENTE, PRESENTE

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Ponencia Propuestas de la Marcha Patriótica para el tratamiento de la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola. I.

INTRODUCCIÓN

El problema de la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola resulta de vital importancia en el debate nacional, a propósito del desarrollo de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno, asi como en la búsqueda de soluciones de fondo a los problemas estructurales que han dado origen y alimentado el desarrollo del conflicto social, económico, político y armado en el país. Considerando los impactos altamente negativos que han tenido tanto el desarrollo del mercado de estupefacientes como la política antidrogas en la economía, el régimen político, el ambiente y la población, dése el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, presentamos al país y a la mesa de diálogo de La Habana, los siguientes elementos de análisis y propuesta, a manera de aporte desde los sectores populares al punto tres de la agenda. Como punto de partida se recalca que este problema no puede verse de manera aislada, como si se tratase de una suerte de mala practica ejecutada por unos pocos dentro de una economía y un régimen político saludables/ Por el contrario, lo que se ha logrado evidenciar en múltiples investigaciones académicas y judiciales es que negocios ilegales como el tráfico de estupefacientes, con el consecuente aumento de la producción y el consumo, hacen parte de un conjunto de mercados que han sido necesarios para sustentar y darle vida al modelo neoliberal y sus lógicas de acumulación/ El régimen de acumulación vigente se sustenta en la continua mercantillzación de los derechos sociales y de todas las esferas de la vida humana y natural, la reconfiguración en el papel del Estado -que se substrae de la producción y provisión directa de bienes y servicios-, la especialización de la economía en sectores extractrivistas y en la construcción de infraestructura para la más rápida y efectiva circulación de mercancías, así como la entronización de los mercados externos, el capital trasnacional y financiero como vías esenciales para el crecimiento económico, requiere de una visión de mundo coherente, centrada en el culto extremo al individualismo, el descreimiento de todo lo colectivo y la adopción del dogma relativo a que el conjunto de la vida personal y social se reduce a lógica empresarial del "máximo beneficio con el menor costo". El neoliberalismo, en tanto que proyecto que ha buscado la reestructuración capitalista y la restauración del poder de clase, en riesgo tras la crisis de acumulación vivida durante los años setenta y ochenta, se ha edificado como un discurso que moviliza reformas y relaciones socioeconómicas y políticas, apalancado en una particular visión del significado de la libertad individual, según la cual, ésta sólo es posible si se ejecuta a través del mercado. Son justamente estas circunstancias las más propicias para ei surgimiento y expansión de negocios como del tráfico de armas, drogas y la trata de personas, generando las condiciones óptimas para la configuración tanto de la oferta como de la demanda. Lejos de ser una anomalía, las más diversas formas del "capitalismo criminal" -aquel en el que se aprovechan las ganancias extraordinarias surgidas de actividades ilegales-, son un rasgo característico y fundamental del orden neoliberal vigente.

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Las exorbitantes ganancias provenientes del mercado de drogas -calculadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODD) en 2011 en 2,1 billones de dólares a nivel mundial- provienen tanto de la exigencia del neoliberalismo de encontrar mercados en ios que se logre con la mayor rapidez posible la maximización de la ganancia. En este caso, por la vía de mejores precios en mercados ilegales, asi como la de la liberalización de capitales, con la que se ha permitido la entrada y salida de los mismos sin la menor regulación. El neoliberalismo crea las condiciones para que este tipo de negocios sea muy rentable, particularmente para quienes manejan el tráfico internacional y el microtráfico del consumo. Mientras que aproximadamente el 1,5% de las utilidades quedan en los países productores, el 98,5% van a parar en los circuitos de comercialización y distribución. En ese mismo sentido, los investigadores señalan que "el precio de venta al consumidor de un kilo de cocaína en territorb norteamericano es casi 40 veces mayor que el de su precio de exportación, más de diez veces mayor que el precio de importación en el territorio de Miami y 250 veces mayor al precio que se le paga al productor de las hojas de coca utilizadas en su elaboración"^. /El desarrollo del modelo neoliberal ha creado también las condiciones para favorecer los cultivos de coca, marihuana y amapola en países como el nuestro, debido a las nefastas consecuencias que ha tenido este modelo en la producción campesina, agravando los problemas de concentración de la tierra, apertura económica, pobreza y falta de garantías para la producción2J)Sin otra alternativa para la supervivencia, las y los campesinos se han visto obligados a participar del cultivo de coca, marihuana y amapola, sin que esto haya significado mejoras en sus condiciones de vida. Al contrario, han sido perseguidos y estigmatizados, tratados como criminales, sin recibir alternativas efectivas y realistas por parte del Estado colombianos Es fundamental que la mirada sobre este fenómeno sea en su conjunto, incluyendo el cultivo, procesamiento, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas, abandonando el tratamiento criminal de los cultivos, los campesinos, indígenas y afrodescendientes cultivadores, así como de los habitantes de las regiones afectadas por el fenómeno y de los propios consumidores en centros urbanos.? La política sobre el tema debe considerar de manera seria los usos culturales y tradicionales de las plantas en cuestión, así como su utilidad en campos como los medicinales, el alimentario, las fibras, entre otros./

Así mismo, la política antidrogas del país, amparada en la lógica de "tolerancia cero" y permanente criminalización, ha demostrado ser no efectiva, si se contrastan los resultados con los objetivos. La persecución a cultivadores se Inscribe en la idea de reducir la oferta y asi hacer que el precio de este tipo de drogas aumente y con esto reducir el tráfico, y pese a que las cifras oficiales muestran un descenso en el área cultivada, la tecnificación del proceso de transformación de la hoja de coca estaría generando una situación en la que con menor cantidad de la misma se estaría fabricando más alcaloide3. 1

Suárez-Salazar, Luis. (1989). "Conflictos sociales y políticos generados por la droga". Revista NUEVA SOCIEDAD NRO.102 JULIO- AGOSTO 1

Véase LA PAZ DE LOS CAMPESINOS ES LA JUSTICIA SOCIAL. Ponencia de Anzorc para el Foro Agrario convocado por el gobierno y las FARC-EP, diciembre 17 de2012. "Pocos campesinos procesan coca: UNODC". En http://www,verdadablertaxom/component/content/artlde/lS4'Captura-de-rentaspublicas/4719-poco-campesino5-proce5an-coca-hov-en-colombl»-unodc/

MarcKa Patriótica

Los efectos del desarrollo del mercado de las drogas no son sólo económicos o sobre la salud de los ciudadanos y ciudadanas, sino que ha generado efectos muy negativos a nivel político. Los empresarios de la cocaína, están integrados en los sectores dominantes, han sido factor determinante en la configuración del régimen político vigente. La denominada "lucha antidrogas" ha significado una estocada para la democracia y la soberanía nacional de nuestro país, ya que se ha plegado a los intereses estratégicos de Estados Unidos, posibilitando una permanente injerencia política y militar, tal y como se constata con el nefasto desarrollo del Plan Colombia, o con las siete bases militares ubicadas en nuestro territorio. Utilizadas como política contrainsurgente/¡las medidas para combatir el tráfico de drogas han sido un factor de recrudecimiento del conflicto en nuestro país, al generar desplazamientos masivos por las aspersiones y la crímínalización ai campesino cultivador, e incluso, la participación directa e indirecta de militares norteamericanos, revestidos de inmunidad, en crímenes como la violación de menores de edad y el bombardeo de comunidades campesinas con material de fabricación norteamericana, como el caso de Santo Domingo, Arauca, en 1998. Así, esta compleja problemática requiere de un abordaje integral que ponga en el centro la responsabilidad del propio modelo neoliberal en la gestación y expansión del mercado de las sustancias sicoactivas, y sus efectos sociales, económicos, ambientales y políticos. II.

FRENTE AL CULTIVO, SOLUCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL AL CONFLICTO COCALERO.

El campesinado, los indígenas y afrodescendientes, tras décadas de inconformidad con las políticas de desarrollo rural que han implementado los gobiernos de turno, a través de la movilización social han planteado propuestas concretas como posibles soluciones al Conflicto Social derivado del cultivo de coca marihuana y amapola, con las cuales hacer frente al abandono que viven las zonas rurales en Colombia. Década tras década estas acciones y propuestas, han sido estigmatizadas, señaladas e injustamente descalificadas, especialmente por aquellos que ven en los territorios rurales una fuente de recursos para la implementación de grandes megaproyectos o focos de clúster de inversión extranjera. Con la denominación oficial de los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola, como "Cultivos ilícitos" se confinan y desconocen los usos tradicionales medicinales y culturales, igualmente se desconocen los múltiples factores que llevan a la producción de/estos cultivos. Actualmente, el área sembrada con coca en Colombia es de 48.000 hectáreas4, donde Narífto, Norte de Santander, Putumayo, Guaviare, Cauca, Caquetá y Chocó son los departamentos que registran el mayor porcentaje de cultivo. En dichas zonas se desarrolla una territorialidad promovida por campesinos, indígenas y afrodescendientes que han implementado propuestas de sustitución a sistemas productivos armónicos con el medio ambiente y la vocación de uso que responden a propuestas de ordenamiento territorial agrario, definidos desde las propias comunidades. A esto, el Estado Colombiano con injerencia de Estados Unidos, ha respondido con una serie de acciones militares y legales atentando contra la vida, el ambiente, la seguridad alimentaria y la economía campesina mediante, perpetuando la criminalización hacia el campo.

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Las economías basadas en la producción de cultivos de hoja de coca se han impuesto ante la profundización de múltiples carencias en áreas rurales, y su transformación exige una tarea de concertacion, interlocución y acuerdo, para la implementación de un programa nacional de sustitución voluntaria, progresiva y estructural. También implica un reordenamiento territorial con enfoque social, económico y político que preserve las figuras de protección ambiental con recursos económicos hacia una nueva institucionalidad donde la participación y las decisiones se tomen desde las comunidades. Características de una propuesta de solución social establecida de modo gradual, concertado, estructural y ambiental Dentro de un nuevo modelo de desarrollo rural alternativo las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas debe conllevar la decisión de sustituir o no los cultivos, los procedimientos, las valoraciones históricas, los tiempos y el accionar. Esto en el marco de un enfoque de derechos que proteja a las familias productoras. En el ejercicio del derecho a la territorialidad y la vida digna, la solución gradual debe plasmarse en el marco de Planes de Desarrollo Sostenibles o Planes de Vida Comunitarios, que correspondan a una concertacion con los productores desde una visión histórica y ancestral, con una determinación de los montos de los subsidios, los tipos de cultivo, la formulación de sistemas productivos de los mismos, la infraestructura y el tipo de cualificación para elevar el capital social, son necesarios para avanzar en la sustitución. De otra parte la propuesta también indica que se puede sustituir el uso que se le da al producto, en ese sentido se debe concertar también que tipo de procesos, transformación, otros usos como la alimentación, medicina y cosméticos y desde luego el sistema productivo. Con el apoyo técnico, tecnológico e investigativo que permita avanzar en una propuesta, bajo parámetros definidos de financiación y bajo la mirada territorial agraria incluyente en clave de planeación territorial y mínimamente debe incluir:

1. Cese total de aspersiones con glifosato u otras sustancias y de la erradicación violenta que atenta contra el campesinado, ya que se ha convertido en una estrategia de desplazamiento forzado que afecta la producción, salud y ambiente de las comunidades rurales. En la actualidad, Colombia es el único país de América Latina que realiza fumigaciones de esta naturaleza, con lo que queda claro el consenso regional en contra de esta estrategia. Énfasis en lo voluntario. 2. Cese total de la erradicación manual. 3. Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas que permitan atacar los mercados de consumo, el narcotráfico, así como fijar mecanismos de prevención y protección desde la óptica de la salud pública. Lo anterior con el propósito de regular el consumo de sustancias psicoactivas con la participación activa y decisoria de las comunidades. 4. Creación de un Fondo Social para la sustitución gradual para soportar la política de subsidios permanentes que representen costo9 y gastos reales para quienes se acojan a la iniciativa de sustitución, contemplando la inversión permanente para el desarrollo de las iniciativas de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. 5. Programas de promoción de sistemas productivos con énfasis en cultivos de pancoger con semillas limpias y generación de bancos de semillas, construidos con un enfoque social y de

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comercialización justa para las comunidades agrarias. Garantizar la permanencia en el territorio de las comunidades mediante figuras establecidas en la Ley como resguardos indígenas, consejos comunitarios y zonas de reserva campesinas. Igualmente, que dentro de estas figuras exista financiación permanente que soporte el desarrollo de proyectos productivos a largo plazo, titulación de tierras y capacitación laboral. Igualmente, Que el inventario de tierra producto de la extinción y expropiación a narcotraficantes sean en prioridad para crear Zonas de Reserva Campesina, territorios colectivos y resguardos indígenas. Política económica que coloque como pilar fundamental el fortalecimiento de la economía campesina, garantizando de manera agroecológica y sustentable la soberanía y la autonomía alimentaria de los territorios. Impiementar políticas públicas y protocolos de manejo ambiental de acuerdo con los usos, identidades territoriales y ancestrales de las comunidades. Reivindicar el uso cultural y medicinal que los pueblos especialmente las comunidades indígenas que utilizan la hoja de coca para su Uso, tradiciones y costumbres. 10. Generar políticas públicas de desconcentración de la propiedad de la tierra y la redistribución de la misma 11 Priorización de protección de las Zonas de reserva foresta!, parques nacionales y áreas protegidas. Bajo lineamientos de impulso de agroforestacion y la reforestación con planes de manejo ambiental y conservación con planes que impulsen la convivencia en armonía con la naturaleza y el ambiente.

III.

FRENTE AL CONSUMO.

La necesidad de una perspectiva integral frente al tratamiento del fenómeno de producción y uso de sustancias psicoactivas, resalta aún más en el caso colombiano al constatar el incremento constante en el consumo de las mismas. De acuerdo contosdatos de UNDOC, la prevalencia en el consumo de cocaína en Colombia es superior al promedio mundial; nos hemos convertido en el país que reporta mayor consumo de drogas, lícitas e lícitas, entre universitarios en la región Andina, a la vez que se incrementa el consumo de sustancias no tradicionales, tales como el éxtasis. La respuesta ante este fenómeno casi siempre se genera desde posturas moralistas, que uniforman los diferentes tipos de consumo y dan trato criminal a los consumidores. La política de "tolerancia cero", aplicada desde la perspectiva del consumo desconoce sus realidades y características, tanto desde la perspectiva socioeconómica, como cultural e individual. Condena y criminaliza, estigmatiza y niega elementos básicos del libre desarrollo de la personalidad. La política de negación del fenómeno del consumo, que se propone como objetivo erradicarlo, ha demostrado ser altamente ineficaz, ya que sus herramientas fundamentales han sido la judicialización y/o el manejo médico como enfermedad de carácter netamente individual. En ambos casos, se trata de ubicar a cualquier tipo de consumidor que individualmente ha cometido un delito o ha enfermado, convirtiéndose en una especie de anomalía frente a la que hay que actuar aplicando tratamientos jurídicos y/o médicos igualmente individuales, aislándolo de los factores y determinantes sociales, económicos y culturales.

Marclta Patriótica

Se hace necesario darle cada vez mayor importancia a este tema, recalcando que se trata de un fenómeno multidimensional y multicausal, en el cuai se precisa distinguir los tipos de consumo existentes, asi como las diferencias entre sustancias psicoactivas, dadas sus características de acceso e intensidad en la adicción. Es claro que las decisiones sobre el consumo son individuales, pero se encuentran determinadas por factores económicos, sociales, culturales y familiares. Un primer paso necesario para afrontar esta realidad social de manera efectiva es la apertura y profundización del debate nacional sobre el tema, avanzando en la redefinición de los objetivos de la política, que más allá de plantear un escenario poco probable de erradicación del fenómeno del consumo, se proponga dar herramientas individuales y colectivas posibles para abordarlo como realidad integrante de la sociedad. No se puede negar tampoco que el abuso de sustancias psicoactivas está fuertemente asociado con delitos de carácter social y variadas formas de violencia, bajo dinámicas de mutua retroaiimentación. Lo que no puede seguir ocurriendo es que la política sea uniforme frente al consumo recreativo y ocasional, que de cara al abuso de sustancias psicoactivas. Es por esto fundamental rediseñar el horizonte para propender por regular el consumo y combatir el abuso.

Teniendo en cuenta los anteriores elementos, se presentan las siguientes propuestas básicas en lo relativo al consumo: 1. Abordar el fenómeno desde la perspectiva de salud pública, antes que desde la óptica criminal, lo que no significa que sea un problema exclusivo del campo médico o del judicial. Se trata de una dimensión transversal que debe discutirse y trabajarse desde todos los ámbitos de la sociedad y no aislándola de la misma. La perspectiva sociocultural del uso, consumo y abuso de sustancias psicoactivas debe dejar de ser una reflexión meramente académica, para traducirse en herramientas de política, con suficiente financiación por parte del Estado. 2. Despenalización, legalización y regulación. Existen diversos tipos de sustancias, cada una de las cuales tiene diferentes niveles de adicción, afectación sobre la salud y dificultades en el acceso. Todos estos elementos tienen que tenerse en cuenta para encarar el necesario debate sobre la despenalización, legalización y regulación. No se propone la legalización sin más, sino una reflexión profunda para ubicar cómo gradualmente se van aplicando medidas para cada una de las sustancias psicoactivas. Un paso importante es la necesaria desmercantilización las sustancias, no permitir que se generen ganancia a privados a partir del uso y abuso, con la venta indiscriminada, ilegal, en precarias condiciones de salubridad y vinculada a altos niveles de delincuencia social. En este mismo sentido, la despenalización y regulación deben estar fuertemente acompañadas de una promoción ampliado la política de consumo responsable, contralado e informado, dirigido a evitar las intoxicaciones y el consumo de riesgo. 3. Diferenciar y caracterizar los diferentes tipos de consumo que se presentan en la sociedad colombiana, promoviendo acciones afectivas para respetar los consumos tradicionales y culturales, en términos de no criminalización o usos propios de diversos tipos de comunidades. De igual manera, es esencial avanzar en diferenciar entre consumos recreativos ocasionales y los de riesgo, caracterizados por niveles de adicción letales; por lo tanto, es urgente ubicar de manera clara, cuáles son los factores de contexto que se convierten en factores de riesgo.

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Construcción de una política estatal de investigación sobre los diferentes tipos de consumos y usos, enfatizando en los de tipo medicinal y alimentario. 5. Construir política de tratamiento desde la perspectiva comunitaria y a nivel primario. El conjunto de la sociedad debe tener acceso a la información sobre las dinámicas de consumo y responsabilidad en la promoción del consumo contralado e informado. No es una tarea que deban abordar especialistas médicos ante escenarios de abuso, sino de cada sector y escenario social, propendiendo por un cambio de perspectiva. 6. Resolver las desigualdades sociales y económicas que son caldo de cultivo para el abuso de sustancias sicoactivas, particularmente por el consumo de aquellas con mayor nivel de adicción, dada su composición química hecha para generar sustancias de muy bajo costo, pero altamente peligrosas como el bazuco.

IV.

FRENTE A LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN, EL IMPACTO EN EL CONJUNTO OE LA ECONOMÍA COLOMBIANA.

El negocio trasnacional de la cocaína, desarrollado en Colombia desde hace más de treinta años, ha sido un elemento clave en los procesos de acumulación de capital, en la configuración del régimen político y sociocultural, asi como de la dinámica de violencia que ha padecido el país. Las complejas redes y relaciones que se han creado entre sectores económicos emergentes ligados al narcotráfico, partidos políticos, negocios legales, violencia y reconfiguración de poderes locales y regionales son una realidad, develada recientemente a través del proceso de la denominada "parapolítica". Dado el carácter estructural del fenómeno del narcotráfico, vinculado a la esencia misma del neoliberalismo, ganar la batalla frente a este flagelo pasa por el desmonte del propio modelo neoliberal. Puntualizando algunos aspectos de esta necesaria tarea se propone: 4.1 Narcotráfico y régimen político: desmonte efectivo del paramilitarismo y reforma al sistema electoral Hoy resulta claro para el país que el dinero del narcotráfico ha sido financiador de primer orden de la guerra sucia en contra de las alternativas democratizadoras en el país. Así ha quedado evidenciado con la conformación, accionar y propósitos del MAS, Muerte a Secuestradores, en los años ochenta, o los hechos que de manera continua y contundente han demostrado la financiación de las estructuras paramilitares por parte del narcotráfico. El papel jugado por el empresariado de la cocaína en Colombia en la articulación entre economías legales e ilegales como estrategia en el proyecto paramilitar ha quedado al descubierto en casos como los de Enilse López, con el negocio de apuestas en la Costa Caribe. Frente a todos estos hechos, queda claro que el fenómeno del paramilitarismo, sus lógicas de financiación y su incidencia en la institucionalidad exige el desmonte efectivo del complejo dispositivo paramilitar, no sólo de las estructuras militares sino de sus fmanciadores en negocios legales e ¡legales. El impacto del narcotráfico en el régimen político a nivel local y nacional ha sido de igual manera contundente por la via de amplia financiación de campañas electorales. Los innumerables casos de relación directa entre políticos de los partidos tradicionales, narcotraficantes y paramilitares, articulados entorno a proyectos políticos defensores del status quo y los privilegios de empresarios, terratenientes, y del capital trasnacional, son evidencia más que suficiente al respecto. Por lo tanto,

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resulta absolutamente necesario, que de la mano con amplios procesos judiciales, se construya una reglamentación electoral que prohiba la financiación privada de las campañas, evitando feriar la democracia a la subasta del gran capital y los dineros del narcotráfico, garantizando el apoyo estatal a todos los partidos políticos. 4.2 Narcotráfico y sistema financiero: reforma a la política monetaria y regulación a los mercados financieros (control de capitales) No es una mera coincidencia que el auge del narcotráfico, la violencia, asi como del sistema financiero se den justamente en las últimas tres décadas. El telón de fondo para la aparición de tales fenómenos es el desarrollo mismo del modelo neoliberal, en tanto que los cambios en las funciones del Estado y la búsqueda de nuevos espacios para la acumulación de capital -junto con los cambios tecnológicos observados en el periodo-, han generado condiciones óptimas para nuevas formas de acumulación con elevadas tasas de ganancia, entre las que se destaca el narcotráfico. Lejos de ser una anomalía o un proceso sin sentido, los procesos criminales de acumulación, como el narcotráfico, y la violencia asociada a estos, son parte fundamental en el proceso económico y político contemporáneo. Claro de ejemplo de esto es la estrecha relación que existe entre lógicas especulativas en el mercado financiero y lavado de activos, particularmente del dinero proveniente del narcotráfico. Los más de 17.000 millones de dólares que anualmente son blanqueados a través de y por el sistema financiero en Colombia, son producto de las condiciones mismas de funcionamiento de éste mercado en la actualidad. Los complejos dispositivos que permiten la obtención de ganancias extraordinarias vía especulación, como la comercialización de derivados financieros, son el vehículo ideal para el blanqueamiento de capitales. La compra y venta de títulos varias veces en un mismo día, la movilización de grandes sumas de dinero a través de pequeñas transacciones, asi como las amplias condiciones de movilidad de capital de manera transfronteriza, gracias la liberalización de la cuenta de capitales, han permitido la emergencia del fenómeno de lavado de activos. De esta manera, no sorprende que sea justamente el sector financiero uno de los que mayores tasas de crecimiento y nivel de ganancias haya tenido a lo largo de las últimas décadas; la de por sí perversa lógica especulativa se ha visto potenciada por el ingreso constante de capitales provenientes del narcotráfico.

Es por esto que resulta absolutamente necesario realizar una profunda reforma al sistema financiero y a la política monetaria en Colombia, frenando la dinámica especulativa que crea incentivos para la entrada masiva de capitales en búsqueda de ganancias extraordinarias vía tasa de interés, combatiendo la explosión del mercado de derivados y el control de capitales, recuperando la soberanía nacional sobre la entrada y salida de los mismos. Los mecanismos de seguimiento a la propiedad de los capitales al interior del sistema financiero han resultado insuficientes frente a las dimensiones del fenómeno, precisamente porque es fundamental erradicar el origen mismo de los incentivos para la especulación. La dimensión global de éste fenómeno y su efectividad frente ai lavado de activos ha hecho que incluso el Fondo Monetario Internacional haya reevaluado su postura con relación al control de capitales desde el año pasado.

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4.3 Despenalización y regulación desde la perspectiva de la producción: industrialización y promoción de otros derivados Una de las bases fundamentales para el desarrollo de este lucrativo negocio es el hecho de pertenecer a un mercado ilegal, elemento determinante en la formación de precios extraordinariamente altos que garantizan rentabilidad. Es esta una de las principales razones para proponer la despenalización y legalización de las sustancias psicoactivas derivadas de la coca, la marihuana y la amapola, desde el punto de vista de la comercialización y producción. La legalización y despenalización no sólo bajarían la rentabilidad del negocio, sino que permitirían ponerle freno a la corrupción proveniente de este tipo de economía y que ha irrigado al conjunto del Estado colombiano. Un proceso de esta naturaleza requeriría gradualidad y diferenciación entre productos, ya que no es posible darle el mismo tratamiento a la marihuana que a la cocaína y la heroína. De igual manera se requiere la definición de un conjunto de regulaciones al mercado, entre los que se destacan una fuerte política impositiva para la comercialización de sustancias, así como una fuerte intervención estatal desde la perspectiva del consumo. La perspectiva de regulación, legalización y despenalización implica también plantear propuestas desde la perspectiva de la producción. Experiencias como las que se han puesto en marcha en Perú o Bolivia, relacionadas con la industrialización, transformación y comercialización de la hoja de coca a manera de derivados alimenticios, resultan de vital importancia. En el caso boliviano el proceso de despenalización e industrialización se viene ejecutando desde finales de los años ochenta, autorizándose el aprovechamiento de la hoja de coca para productos alimenticios, cosméticos y para medicamentos. Tai proceso se ha acompañado recientemente de un conjunto de políticas dirigidas a enfrentar los problemas de orden ambiental, económico y social que han estado alrededor del cultivo de hoja de coca en condiciones de ilegalidad, contando además con amplia participación de las comunidades rurales. La experiencia boliviana ha colocado sobre la mesa el debate alrededor del aprovechamiento de las amplias propiedades nutricionales y energéticas de la hoja de coca; a manera de ejemplo, se encuentra que la hoja de coca presenta mayor contenido de proteínas y calcio que muchos cereales como trigo, arroz, maíz o cebada. En el caso particular de los alimentos derivados de la hoja de coca, la iniciativa de despenalización, regulación e industrialización se convierte en instrumento para hacerle frente al problema de seguridad y soberanía alimentarias. En contraste, en Colombia las licencias para la producción de derivados de la hoja de coca han sido en exceso limitadas y entidades como el Invima se han negado a expedir los permisos pertinentes para la comercialización de diversos productos. La apuesta por la despenalización, regulación e industrialización resulta de vital importancia para avanzar en un cambio de perspectiva sobre el tratamiento de esta problemática. El necesario cambio de paradigma en la política antidrogas sólo será posible en tanto se reflexione este problema desde la perspectiva del conjunto del modelo económico, político, social y ambiental vigente. La sociedad colombiana clama desde la movilización, la protesta y la propuesta por un nuevo pacto de país. Sólo la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente dará las garantías para que una política alternativa para el tratamiento de la hoja de coca, marihuana y amapola sea real y efectiva.

09 PONENCIA SOBRE UNA VISION NACIONAL Y TERRITORIAL DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS. PRESENTADO POR LA FEDERACIÓN NACIONAL SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA -FENSUAGRO-CUT. INTEGRANTE DE LA MESA NACIONAL DE UNIDAD AGRARIA. MESA NACIONAL AGROPECUARIA, POPULAR Y DE ACUERDO - MÍA. VIA CAMPESINA. CLOC. AL FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS. Bogotá D.C 24 al 26 de septiembre del 2013. En el marco de los acuerdos de negociación entre el I gobierno Colombiano y las fuerzas armadas revolucionarlas de Colombia FARC-EP, que se llevan a cabo en la Habana Cuba. 1. UN MODELO DE DESARROLLO QUE PRIVILEGIA LA GRAN AGRICULTURA COMERCIAL Y MINERA. Desde hace muchas décadas Colombia ha desarrollado una economía basada en la dependencia del gran capital internacional. Su papel designado por el fondo monetario internacional, el banco mundial, el Banco interamericano de Desarrollo BID, está dirigido a la producción de materia prima, la explotación de sus recursos naturales renovables y no renovables en particular de carácter minero. La implementacldn del modelo neoliberal y su profundización a partir de los años 90, a acelerando el desmonte de la institucionalidad publica, entre ellas las que apoyaban a ta población rural Colombiana.

Al mismo tiempo este modelo ha declarado inviable al campesinado, a su vez ha fortalecido la reconcentración de la propiedad de la tierra, generando en combinación con la violencia narcoparamilltar de los más recientes años, grandes oieadas de desplazamientos sucesivos. El "nuevo" modelo de desarrollo rural que impulsa el Estado Colombiano y su gobierno de tumo giran alrededor de las alianzas estratégicas productivas que no son más que una estrategia de interrelación con el latifundio especulativo y mafioso y los grandes megaproyectos mineros, de plantaciones forestales, la producción de agro-combustibles, de agro-negocios, todos orientados a la exportación de materia prima hacia los países desarrollados. La aprobación de los tratados de libre comercio con los EEUU, Canadá y la Unión Europea y su entrada en vigencia coloca en mayores desventajas a los pequeños y medianos productores agrícolas de nuestro país, lo que profundizará las brechas de desigualdad campo ciudad. Es de anotar que en este nuevo escenario los únicos productos agropecuarios de pequeña escala competitivos son precisamente los de uso ilícito.

2. LOS CULTIVOS DE COCA, MARIHUANA Y AMAPOLA EN COLOMBIA. La presencia de estos cultivos de uso ilícito en Colombia tienen varias motivaciones entre las cuales podemos mencionar algunas: •

Aumento de consumo de drogas psicoactivas en los EE.UU y Europa en la década de los años 70 y que hoy continua con niveles de demanda que favorecen el comercio internacional de esta producción.

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Desplazamiento de antiguos cultivos de marihuana en México, como efecto de los programas de erradicación y fumigación orientados desde los EE.UU, en la década de los años 60 y 70 del siglo pasado.

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La Introducción de semillas y apoyo financiero por'parte de empresarios ilegales a campesinos pobres del norte Colombiano que vieron una opción de supervivencia en la plantación de marihuana y otros cultivos como la coca o la amapola.

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La creciente marginalldad de la población rural Colombiana y la carencia de políticas del Estado dirigidas a resolver el problema estructural que históricamente ha vivido el campo Colombiano.

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La continuación y existencia del latifundio especulativo y mafioso, lo que ha conllevado a gran concentración de la propiedad de la tierra por antiguos capos narcoparamilitares y testaferros al servicio de grandes latifundistas.

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El desarrollo de grandes megaproyectos y la penetración de transnacionales que han forzado al desplazamiento de comunidades, cuyo objetivo es despejar el camino para el saqueo de los bienes naturales.

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El desarrollo de políticas anticampesinas y de violencia que han favorecido los planes de colonización del Estado, que a su vez han llevado a la marglnalidad social de vastas poblaciones fuera de la frontera agrícola. La falta de políticas de precios de sustentación y comercialización de la producción de economía campesina.

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La no concreción de una política de reforma agraria de carácter estructural que permita la democratización de la propiedad rural al interior de la frontera agrícola, permitiendo a su vez el cierre de la exportación territorial agrícola del país.

Ahora bien la anterior se suma la apuesta en ejecución de las locomotoras del desarrollo y la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Todas estas políticas de privilegio al gran capital e inversionistas rurales se constituyen en el fondo en políticas anticampeslnas, que empujan a nuevas masas campesinas a la miseria y a nuevas colonizaciones, que en última favorecen y fortalecen los ciclos de la economía ilícita.

3. LA POLÍTICA ANTIDROGAS EN LOS EE.UU EN COLOMBIA, "SOLUCIÓN AL PROBLEMA" JUSTIFICACIÓN PARA EL INTERVENCIONISMO. Terminada la guerra fría, los EE.UU han continuado con el intervencionismo y agresión militar contra los pueblos del mundo, que se oponen a la política global del Imperio del norte y sus aliados europeos, orientadas al saqueo, la sumisión y la dependencia. En este sentido la supuesta lucha contra las drogas ilegales ha sido justificada en Colombia con un carácter intervencionista en sus asuntos internos, por ello la política antidrogas se conjuga con ía guerra al terrorismo, que después del 11 se septiembre de 2002 se convirtió en la principal bandera de agresión imperialista. El desarrollo de estrategias regionales como: el plan panamá, la iniciativa plan dignidad, el plan Colombia, el plan patriota, la iniciativa regional andina ira, entre otros. Han fortalecido la militarización de la región cuyo principal fin no es la erradicación del narcotráfico, sino la defensa de los Intereses del país del norte en et corredor andino y particularmente en Colombia. ' Según algunos datos extraoficiales en los últimos 30 años, EE.UU ha gastado más de 40 mil millones de dólares, principalmente en la llamada guerra antidrogas, política que está alejada de cualquier acción hacia un desarrollo sostenible regional, ni rbucho menos para reducir la propia demanda de narcóticos en su territorio. Valga preguntarse ¿si la fuerte presencia militar en la región es solo por el problema de las drogas o es por el control estratégico que representa la reglón andina? Como procesadora de insumos, bienes naturales y una gran riqueza de biodiversldad principalmente en la selva amazónica. 4.

PROPUESTA PARA SUPERACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS; HACIA UNA POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN GRADUAL, DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO Y SALUD PUBLICA, QUE POSIBILITE LA SOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE NARCÓTICOS. 4.1. Reformulación integral de la política nacional sobre drogas tipificadas como ilícitas; con base en los principios de soberanía, corresponsabilidad, multilateralidad, transparencia, sentido social, respeto a los derechos humanos y campesinos (as) aprobados por las naciones unidas, la protección del medio ambiente. A partir de estos criterios Colombia redefinirá sus relaciones multi y bilaterales con los países centro de demanda y con los conjuntos de naciones que comparten una problemática similar de producción de cultivos de uso ilícito y tráfico de estupefacientes. 4.2. Nuevo diseño institucional que garantice desarrollar las políticas concertadas con las comunidades involucradas en la producción de cultivos de uso ilícito. Creación del instituto de coordinación de programas para la prevención, sustitución y ejecución de los proyectos de desarrollo local, departamental y regional que incluye programas alternativos y de industrialización de la hoja de coca y otros cultivos de uso ilícito. 4.3. Reconocimiento de la legalidad del cultivo de la hoja de coca por parte de las comunidades indígenas, campesinas y afro-descendientes para usos ancestrales, de tipo religioso, curaciones tradicionales, comunitarias y medicinales.

4.4. Concertación con el movimiento campesino y sus organizaciones de una ley de tierras, de reforma agraria y desarrollo rural, que garantice la democratización y distribución de la propiedad de la tierra rural. Esta ley tendría como prioridad la afectación del latifundio al interior de la frontera agrícola, bajo los criterios de fortalecimiento de la economía campesina, la recuperación de la soberanía alimentaria de los colombianos, la participación democrática de los pequeños y medianos productores agropecuarios en el diseño y ejecución de las políticas agropecuarias del país.. 4.5. Promoción de acuerdos ambientales multlsectoriales, entre el Estado, las comunidades locales, para la protección, reestructuración y adecuada racionalidad en la intervención de los ecosistemas. La conservación de cuencas hidrográficas y bosques altos andinos y la selva húmeda tropical, permitirá la aplicación efectiva del principio de corresponsabilidad por parte de los países industrializados y consumidores de alucinógenos, principales responsables de la destrucción de la capa de ozono, la aceleración del cambio climático y la extinción de miles de especies vegetales y animales. 4.6.Suspensión definitiva, al sistema de erradicación agroquímica, biológica o forzosa, que por su carácter invasivo, forzoso e indiscriminado afecta la estabilidad de las comunidades, la blodiversidad, las fuentes de agua, la economía lícita y la salud de la población. 4.7.Generación de un clima de confianza entre el Estado y las comunidades involucradas en los cultivos de uso ilícitos que permitan adelantar los proyectos de desarrollo alternativo y los planes de vida en un contexto de participación, concertación y corresponsabilidad. La legitimidad estatal pasa por el reconocimiento a los campesinos productores como sujetos sociales válidos para interlocución con el Estado, y por el cumplimiento estricto de los acuerdos que suscriban en materia de desarrollo regional y la solución a las causas que han originado el conflicto de los cultivos de uso ilícito. 4.8. Propiciar acuerdos locales de gobernabilidad que permitan reconstruir el tejido social, que garanticen una real participación de las comunidades en el diseño y ejecución de los programas de sustitución, industrialización y comercialización de la producción de los cultivos de uso Ilícito. 4.9. Desarrollo de una política de compiementacion así: reforma urbana, cobertura en salud gratuita y universal para todos/as los colombianos/as, fomento en la cobertura de educación en los niveles de preescolar, primarla, secundaria y universitaria, acceso al agua potable, a empleos dignos y pensiones, recreación y apoyo a la Iniciativa empresarial y micro-empresarial. 4.10. Creación del fondo nacional para el fomento de la economía campesina, la sustitución y el apoyo de programas de desarrollo de planes de vida e iniciativas alternativas y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana, el cual será financiado con lá destinación del 10% anual del presupuesto total nacional y contará con la participación mayoritaria de delegados representantes de las comunidades beneficiarías del programa de sustitución, industrialización y comercialización de la hoja de coca y marihuana.

4.11. Control e Impuestos a los capitales golondrinas, estos últimos serán destinados al fondo nacional para la sustitución y el fomento de programas de desarrollo de vida alternativa y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana. 4.12. Apoyo a la organización autónoma de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Cese de la estigmatizaclón, señalamientos y judiciaiización de los dirigentes y comunidades insertas en la producción de cultivos de uso ilícitos. En todo caso ningún productor en pequeña escala de hoja de coca o marihuana podrá ser señalado o considerado como narcotra ficante. 4.13. Mientras se implementan las diferentes políticas y programas concertadas con el estado y el gobierno colombiano, este último comprara la producción de hoja de coca y marihuana, u otorgará un subsidio mensuai equivalentes a dos salarios mínimos legales mensuales. 4.14. Se pondrá fin a la actual política antidrogas impuesta por los EEUU y se formulará una política de cooperación de mutua reciprocidad con todos aquellos países interesados ,que tenga como elementos de compromisos aquellos dirigidos al lavado de activos, a desactivar los paraísos fiscales, al control y tratamiento de salud pública al consumo de drogas en los países consumidores, la expropiación de bienes a narcotraficantes los cuales serán traspasados al fondo nacional para el fomento de la economía campesina, la sustitución y el apoyo de programas de desarrollo de planes de vida e iniciativas alternativas y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana. Por últimos queremos exponer que solo será posible poner fin a este conflicto social en que hoy se encuentran miles de familias que subsisten de la producción de los cultivos de uso ilícito, si se erradican las causas que le dieron origen en Colombia a esta problemática social. Como vemos en nuestras propuestas no se trata de legalización y justificación del narcotráfico, que en última son grandes magnates nacionales e internacionales "que posiblemente jamás conoceremos" pero que tal vez muchas veces han sido los primeros en hablar de fumigaciones y lucha contra las drogas ¡lícitas.

Bogotá D.C.

Septiembre 24 de 2,013.

\l K"W<teJ ¿» -£0 La ONIC le habla al país y a la comunidad internacional sobre la paz y el problema de las drogas Bogotá, septiembre 24 de 2013 Esta ponencia sintetiza múltiples pronunciamientos de la Organización Nacional Indígena de Colombia y de sus organizaciones filiales sobre el tema que hoy se debate en el Foro: "Solución al problema de las drogas ilícitas", convocado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Pensamiento y Seguimiento del Proceso de Paz de la Universidad Nacional de Colombia en el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La coca es una planta sagrada. Es la expresión de la cultura propia, consejo sabio del chaman en la maloca amazónica, palabra orientadora de los mamos en la Sierra Nevada de Santa Marta y reafirmación de lazos comunitarios por el Jaibaná y el Tehuala de nuestras cordilleras andinas. La coca es un ser espiritual y es nuestra madre. Su transformación química en laboratorios mimetizados en las selvas y su posterior comercialización en ciudades de Norteamérica o Europa, no corresponde a nuestras prácticas, ni costumbres; la destrucción indiscriminada de las plantas a nombre de la lucha contra el terrorismo o por la supuesta perversidad de sus principios activos vegetales, es una afrenta a la Naturaleza y a nuestras identidad milenaria. Sobre el narcotráfico Para el movimiento indígena, el narcotráfico es una expresión perversa del mercado capitalista que utiliza plantas con propiedades visionarias, medicinales y nutritivas para transformarlas en sustancias químicas concentradas que demandan millones de consumidores en los cinco continentes. Esta actividad económica resulta muy atractiva para este tipo de empresariado criminal, gracias a los precios exorbitantes que alcanza, no por los costos de su producción, sino por los riesgos que deben sortearse hasta llegar al consumidor final. Ya casi nadie niega que el secreto de la rentabilidad del narcotráfico está, precisamente, en su ilegalidad. Si esto es así, los aquí presentes deberíamos preguntarnos, con toda sinceridad, hasta donde un proceso de paz que no incluya una reformulación a fondo de la política antidrogas podrá acabar con los incentivos que empujan a muchos colombianos a involucrarse en uno de los negocios más lucrativos a nivel planetario. Los indígenas no tenemos la respuesta definitiva. Pero si estamos convencidos de que todos los sectores sociales afectados no solo por el narcotráfico sino por la "guerra contra las drogas", debemos proponer soluciones certeras que nos impidan caer en los mismo errores cometidos por los Estados. En un fenómeno transnacional como este, los indígenas hemos comenzado a mirar más allá de nuestros resguardos para referirnos a asuntos de la política y la economía globales que afectan, directa o indirectamente, a nuestras comunidades y a la sociedad colombiana de la somos parte.

Colombia tiene una larga relación con la producción y comercialización de marihuana, clorhidrato de cocaína y heroína, sin que hasta ahora pueda afirmarse que dejamos de ser una pieza central en el engranaje mundial del narcotráfico. A lo largo de cinco décadas hemos presenciado el surgimiento de poderosos carteles y su desestructuración en decenas de organizaciones criminales desperdigadas por todo el país; cientos de traficantes grandes y medianos extraditados pero reemplazados por otros tan avaros y violentos como ellos;

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toneladas de cocafna y millones de narcodólares incautadas cuyas pérdidas se recuperan en el precio de los cargamentos que logran expenderse. Es tan jugoso el negocio, que estos golpes son un rasguño en el torrente de divisas que se lavan en la economía legal y se legitiman en el sistema político, donde se ocultan buena parte de los responsables de la vitalidad del narcotráfico. Develar estos vínculos es necesario para construir la paz. Sobre los cultivos Muchas de las realidades del mundo de las drogas son muy lejanas a nuestra vida como indígenas. Otras, como la siembra de coca, amapola o marihuana por campesinos, afrodescendientes e indígenas son más cercanas porque compartimos la vida y los territorios rurales. Resulta difícil negar que la mayoría de quienes cultivan estas plantas son parte de los productores agrícolas que se manifestaron en el paro agrario nacional del mes de agosto contra una de las peores estructuras de desigualdad rural en América Latina, así como en rechazo de políticas de libre comercio que arrasan los cultivos campesinos por los bajos precios de importaciones agrícolas subsidiadas en los países de origen. En este punto, la ONIC formula una segunda pregunta a los asistentes a este Foro: ¿que asidero puede tener una política de sustitución de cultivos, cuando la política agraria se encuentra atada a los acuerdos de libre comercio y cuando todos los días nos recuerdan que el modelo económico vigente no se someterá a la discusión ni en La Habana, ni en nuestro país, entre otros razones porque los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio son superiores a nuestro ordenamiento jurídico? En su momento, el movimiento indígena se manifestó contra los tratados de libre comercio, y en 2005 realizó una consulta autónoma sobre el TLC entre las comunidades indígenas del departamento del Cauca. Según el más reciente reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado (UNDOC), 60.000 familias rurales viven actualmente de la agricultura proscrita por el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Contrario a lo que puede creer la opinión pública, un cultivador de coca recibe $2'350.000 promedio anual por cultivar una hectárea e coca, equivalentes a escasos $195.000 mensuales, y una familia de cinco miembros la suma de $11*700.000 anuales por hectárea de coca, apenas suficiente para garantizar el mínimo vital para reproducirse. ¿Por qué, entonces, los agricultores deciden involucrarse con los cultivo de uso ilícito, a pesar del gramaje por pagar a todos los armados o los riesgos de la violencia, la erradicación forzosa y la cárcel?

La protesta del Catatumbo nos dio recientemente la respuesta: el kilo de hoja de coca fresca o de pasta básica de cocaína se vende a los intermediarios en la finca o en el pueblo más cercano, sin someterse a trochas tortuosas que aumentan los costos de transporte y vuelven poco competitivos los productos agrícolas. El panorama es más difícil en el caso de comunidades indígenas con vocación agraria, muchas de ellas distantes de las vías de acceso y los mercados. Según el último reporte de Naciones Unidas, en 2012 se cultivaron 48.000 hectáreas de coca en 23 departamentos del país, de las cuales el 53% se concentró en Nariño, Putumayo, Cauca y Norte de Santander. De ese total, 6000 hectáreas se encuentran en territorios indígenas, más de la mitad en la región pacífica y un 34% en los resguardos de la Amazonia y la Orinoquia colombianas. Si bien en algunas comunidades pueden existir motivaciones económicas para procurar ingresos monetarios con que adquirir bienes básicos en el mercado, otros factores inciden en la presencia de los cultivos de uso ilícito en nuestros

territorios, entre ellos la presión de actores armados para sembrar y la invasión de áreas que no alcanzamos físicamente a controlar. Con violencia e intimidación se aseguran también corredores para el tránsito de drogas e insumos, como sucede en otras regiones donde no hay presencia de comunidades indígenas. Sobre las soluciones sostenibles Si la producción de materia prima para los narcotraficantes es una falsa solución entre los indígenas, en tanto esos ingresos llegan acompañados de ruptura del tejido familiar, pérdida de valores, ingobernabilidad y desobediencia a nuestras autoridades tradicionales, cuáles soluciones sostenible debemos proponer en este foro? Los pueblos indígenas viven en territorios ricos en biodiversidad y recursos naturales que pueden protegerse mediante procesos participativos de reordenamiento, conservación y restauración de los ecosistemas afectados por los cultivos de uso ilícito, el procesamiento químico y las fumigaciones aéreas. No nos parece utópico pretender vivir con dignidad, además de la agricultura propia, del reconocimiento de estas funciones ambientales que hemos sabido aplicar durante siglos. Por esta razón nos preocupa la redacción del punto 4 de la agenda de negociaciones entre el Gobierno Santos y las FARC, donde se da a entender que la sustitución de cultivos ilícitos por lícitos es casi que la única salida, sin que se dimensione la vocación del suelo, la localización central o periférica de las comunidades, sus culturas o las aptitudes de sus gentes. Como lo señaló ayer Ricardo Vargas en el periódico El Tiempo, volver a proponer proyectos productivos comerciales en las puntas de colonización o en territorios alejados, es repetir una vez más las falsas promesas del desarrollo alternativo. Los usos benéficos de la coca pueden ser una opción económica y un puente de relación intercultural con la sociedad colombiana. Sobre la política antidrogas Un proceso de paz debe abordar también el tema de la política antinarcóticos que en nuestro país se aplica bajo enfoques eminentemente represivos. Si bien la lucha contra el narcotráfico es un imperativo estatal, los distintos gobiernos la han realizado a costa de las garantías democráticas de los colombianos, de los derechos económicos, sociales y culturales de los campesinos y de los derechos colectivos diferenciales de pueblos indígenas y las comunidades negras. Con la misión de erradicar la oferta de drogas, el Estado Colombiano concentró sus esfuerzos en la destrucción de los cultivos, mediante campañas sistemáticas e indiscriminadas de fumigaciones aéreas con agrotóxicos y más recientemente con erradicaciones manuales forzosas que castigan desproporcionadamente a la población rural. Los indígenas conocemos las fumigaciones desde 1988 cuando de manera ilegal se asperjó con paraquat, la marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta, un potente herbicida prohibido en los Estados Unidos. A pesar de la Sentencia de la Corte Constitucional del 2003 que tuteló los derechos de las comunidades indígenas amazónicas contra las fumigaciones de] Plan Colombia, y de los esfuerzos de autoridades indígenas por controlar las siembras no deseadas o la instalación de cocinas y laboratorios en nuestros resguardos, las fumigaciones aéreas se siguen realizando con la misma agresividad de siempre. Los cientos e incluso miles de denuncias por afectación a los cultivos lícitos, las fuentes de agua, la biodversidad y la salud de nuestras mujeres, ancianos e infantes, se amarillan en los archivos de las Personerías Municipales y la Dirección Nacional de la Policía Antinarcóticos, sin que nadie asuma responsabilidades serias al respecto.

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En la ONIC seguimos recibiendo estas denuncias. Tan solo en el primer semestre del 2013, se reportaron fumigaciones en resguardos Nambi Piedra Verde y Pipalta Palvi del pueblo Awa en el departamento de Nariño, en el resguardo Joaquincito del pueblo Siapidara en el departamento del Valle del Cauca y de manera inclemente sobre los resguardos embera de Uradá - Jiabandó en el departamento del Choco. Estos hechos nos obligan a cuestionar la seriedad de la tan anunciada reformulación de la política antidrogas del presidente Santos, quien propone legalizar el consumo de la marihuana mientras guarda silencio frente a la problemática social de los cultivos. Como su antecesor, el gobierno de la Prosperidad Democrática mantiene la racha anual de 100.000 hectáreas fumigadas y 30.000 hectáreas arrancadas manualmente pero de manera forzosa. Es una realidad que el conflicto armado se fusionó con él narcotráfico para favorecer el negocio de las mafias y financiar a los actores armados. Mucho dolor se ha causado a nuestras comunidades por esta alianza tenebrosa. Pero también hemos visto como desde el Estado se utiliza la estrategia antinarcóticos para golpear a indígenas, campesinos y afrocolombianos como si fuéramos sus enemigos. Sobre este tema hemos llegado a una dolorosa conclusión: tanto el narcotráfico como la "guerra contra las drogas" hacen parte de un modelo de expansión de economías de "enclave" legales e ilegales que para llevarse nuestras riquezas requieren desalojar territorios, cambiar las culturas e involucrar a los civiles en el mercado de la violencia armada. Más allá de la "Sustitución de cultivos" y la "solución al problema del consumo" y a la " producción y tráfico de drogas", somos conscientes de lo que está en juego: la presencia de narcotraficantes y grandes empresas extractivas promoviendo explotación minera y monocultivos lícitos e ilícitos en nuestros territorios. Todo ello a costa de nuestro bienestar y nuestra autonomía. Un proceso de paz debe responder por la victimización a la que nos somete el narcotráfico, el conflicto armado y la política antidrogas. Un proceso de paz requiere reformulaciones de fondo en estos temas, empezando por diferenciar claramente los eslabones sociales y criminales de la cadena. Sin ocultar a estos últimos y sin la escalofriante corrupción que en la Dirección Nacional de Estupefacientes impidió que las tierras confiscadas a los narcotraficantes, llegara a las miles de pobres rurales que las necesitan o las exigen en restitución. A continuación presentamos nuestras conclusiones y exigencias a la mesa de negociación en la Habana entre el Estado y parte sustantiva de la exigencia: 1. Buen vivir y economía propia: modelo de desarrollo integral y autonomía alimentaria

Ante las consecuencias del impacto de los efectos del narcotráfico, exigimos al Estado apoyar el desarrollo de un modelo propio de economía alternativa y articulada de los pueblos, no supeditada al mercado global y al consumo; que garantice la soberanía y autonomía alimentaria, mediante la reconstrucción de nuestros sistemas agroalimentarios y del sector rural en general, consecuente con el manejo respetuoso de ecosistemas, bosques, suelos y biodiversidad. Lo anterior implica tener en cuenta los problemas estructurales que es necesario ir superando.

Exigimos al estado el apoyo en el diseño, construcción y garantía de nuestros propios sistemas de aprovechamiento de los bienes naturales. Lo anterior incluye no aceptar bajo ningún punto de vista la imposición estatal de programas de monocultivos y mucho menos si es para la obtención de agrocombustibles, como se pretende con la palma aceitera; ni recurrir a procesos productivos que destruyen los suelos, los esteriliza, contamina, al igual que lo hace con el agua y el aire. Demandamos la transformación de la estructura de desigualdad rural del país, y el rechazo a políticas de libre comercio que arrasan los cultivos campesinos por los bajos precios de importaciones agrícolas subsidiadas en los países de origen. El estado es el responsable de garantizar una discusión nacional entre todos los sectores sociales hacia una convergencia de construcción de un modelo de desarrollo rural soberano, incluyente y justo 2. Uso cultural y alternativo Exigimos el respeto de los usos rituales, espirituales y culturales de la coca, el Yagé, el pildé, el Yopo y otras sustancias utilizadas en la medicina tradicional, la alimentación y las prácticas espirituales propias de la tradición cultural indígena. Junto a ello la divulgación, formación y educación a la sociedad en general respecto a los valores que ello signiñca. Del mismo modo exigimos el respeto a la coca como patrimonio cultural indígena, de modo que las leyes que prohiben o penalizan su siembra o su consumo no son aplicables en el ámbito tradicional de los pueblos que la utilizamos ancestralmente. Apoyar la obtención de productos alimenticios, terapéuticos y cosméticos derivados de la hoja de coca a partir de su consideración como una actividad licita y para el libre comercio. 3. Justicia, gobierno propio y coordinación interinstitucional Garantizar y facilitar el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena, en especial a lo que se refiere a la Ley 30 de 1986 sobre cultivos de uso ilícito y narcotráfico. De modo que se reconozca a las autoridades indígenas la competencia para juzgar a los indígenas de sus propias comunidades involucrados en siembras familiares a pequeña escala o que sean trabajadores en los cultivos ilícitos en actividades primarias propias de la siembra o del procesamiento, tales como la recolección o raspado de la hoja. El consumo problemático de drogas estupefacientes será resuelto en el seno de las comunidades conforme a su justicia propia. Las autoridades competentes (ICBF, Ministerio de Salud, Consejo de Estado, etc.) apoyarán las medidas adoptadas por las comunidades en el ámbito de diálogos interculturales y coordinación entre Jurisdicción Especial Indígena y justicia ordinaria. Exigimos el cumplimiento de las normas que reconocen las estructuras de gobierno indígena como autoridades ambientales en nuestros respectivos territorios y requerimos se garantice nuestro derecho de planeación propia y establecer con el gobierno condiciones de coordinación, pero sobre la base de nuestra autonomía en la administración integral de los territorios. 4. Consolidación definitiva y protección del derecho al territorio.

La consolidación de una política alternativa a los cultivos de uso ilícito es posible para los pueblos indígenas si el Estado cumple con adelantar los trámites administrativos de constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos que incluyan la totalidad de las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas, acorde con el cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto 1397 de 1996, en el sentido de que el gobierno nacional incluya en el proyecto de ley de presupuesto, las partidas necesarias para lo anterior, (compromiso incumplido históricamente]. A esto se suma garantizar espacios de participación autónoma de ordenamiento con base en la planeación integral del territorio, para la construcción de los planes de manejo de los territorios indígenas, teniendo en cuenta el ordenamiento espiritual, ambiental y cultural de los mismos y los planes de conservación de ecosistemas y biodiversidad. No aceptaremos que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo -que deben ser desmantelados-, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas tierras, robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y afrodescendientes, deben restituirse a estas comunidades, en desarrollo a la aspiración histórica de una reforma agraria integral. Donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a los principios de unidad, diálogo y concertación para resolverlas. En relación con las tierras en manos de CNE (Comisión Nacional de Estupefacientes], demandamos se destinen en su totalidad hacia la dotación de tierras a comunidades campesinas, territorios colectivos de comunidades afrodescendientes y constitución de resguardos indígenas. Demandamos la concertación de políticas, planes y estrategias para garantizar protección de nuestro territorio y población, de la amenaza de la guerra y del narcotráfico. Debemos hacer cumplir las decisiones y estrategias de control propio por parte de las autoridades indígenas, con base en las normas del derecho propio, y los instrumentos nacionales e internacionales de DDHH y DIH frente a los actores armados y del narcotráfico. Demandamos se creen las condiciones para el fortalecimiento y reconocimiento de la Guardia Indígena por el Estado, desde la autonomía de nuestras autoridades y el ejercicio del gobierno propio, que vele por la conservación y control del territorio indígena, defendiéndolo desde el criterio de lo colectivo, y que permita forjar condiciones y actitudes de convivencia pacífica interna y con otros pueblos. 5. R eformulación a fondo de la política antidrogas

Llamamos al gobierno nacional, las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que apoyen la adopción de un Plan Regional de solución alternativo a la economía ilegal, que debe consistir no en erradicar los cultivos de uso ilícito ni en sustituirlos, sino en cambiar una economía de renta por otra que garantice la generación sustentable de ingresos y la soberanía alimentaria. Esto incluye el fortalecimiento de economías y territorialidad campesina, indígena, afro colombiana, y población urbana del país. Exigimos la separación clara entre los componentes sociales y criminales de la cadena productiva de los cultivos de uso ilícito, que posibilite la despenalización de los cultivadores y

de los consumidores, para quienes se deberán contemplar estrategias de desarrollo propio integral y atención psicosocial. Del mismo modo exigir la aplicación de mecanismos de represión, confiscación y castigo, a las empresas del narcotráfico, y a los actores de apoyo y lucro en el mundo legal. 6. Corredores de narcotráfico y guerra contrainsurgente Exigimos a todos los actores del conflicto armado, mediados por la economía de las drogas, no involucrar los territorios de las comunidades para la generación de corredores de narcotráfico; y la afectación de los territorios y sociedades o comunidades rurales, bajo el supuesto de la guerra contrainsurgente. Es fundamental que todos actores armados y del narcotráfico se comprometan al reconocimiento de nuestra vocación de paz, convivencia y búsqueda permanente de nuestro desarrollo propio. Para ello es necesario terminar con la presión armada y los incentivos para sembrar los cultivos de uso ilícito. 7. Reparación transformadora Demandamos la aplicación y cumplimiento del articulo 5 del decreto ley 4633, específicamente en lo que se refiere a la reparación imperiativa para el restablecimiento del equilibrio y la armonía de los pueblos, vulnerados históricamente en sus dimensiones material e inmaterial. Lo anterior a través de la consolidación de un proceso que incorpore el conjunto de medidas y acciones transformadores con miras a la indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, dando cumplimiento al decreto ley 4633, y la sentencia T- 25 de 2004, y sus autos de seguimiento, en especial el 004. Exigimos la indemnización a los pueblos sobre la base de la recopilación, revisión y procesamiento de todas las denuncias realizadas por los pueblos y organizaciones indígenas, por afectaciones a las personas, cultivos, fuentes de agua y territorios desde el año 2000, en que se inicia la implementación del Plan Colombia, hasta la actualidad.