Mesa Temática 1 • Grupos de Trabajo 6 by Delegación de Paz FARC-EP

Propuestas Ciudadanas Mesa TemĂĄtica 1 Grupo de Trabajo 6

RelatorĂa

- FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Relatoría del Grupo de Trabajo No. 6 de la Mesa Temática 1 sobre "Los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito" Fecha: 25 de septiembre de 2013. Número de participantes hombres: 19 Número de participantes mujeres: 9 Número y sectores participantes: (dejar sólo los sectores que estén presentes) Organizaciones y movimientos campesinos; Organizaciones indígenas; Organizaciones afro-descendientes; Organizaciones juveniles; Representantes de sectores educativo y cultural; Representación de Iglesias no católicas; Experiencias de sustitución de cultivos de uso ilícitos; Organizaciones de mujeres; Organizaciones defensoras de derechos humanos; Organizaciones ambientalistas; Organizaciones de víctimas; Movimiento políticos y sociales, Representante de consumidores y Ponente sobre usos industriales alternativos de las plantas. Número de ponencias escritas presentadas: 21 ponencias se registraron. 13 ponencias presentadas. Las 8 restantes fueron presentadas como anexos por las respectivas organizaciones al momento de sus intervenciones orales. Número de intervenciones orales: 12. Se adjunta como anexos a la relatoría: Listado de asistentes Ponencias presentadas: Las ponencias que llevan los números 15 y 18, son iguales, por tal razón, se deja para consulta la número 15 en los anexos. Propuestas 1 .Fumigación y erradicación. Se les solicita tanto al Al Estado y particularmente al gobierno presente y sucesivosconcebir el problema del consumo de las drogas como un problema de salud pública y para ello dar el tratamiento pertinente.1 A las FARC en el marco de lo subjetivo, solicitamos hacer explícita su voluntad real de abandonar la fuente del narcotráfico como sustento de su actividad. Esto lo entenderíamos como una demostración real de paz para Colombia.2 Se proponen el cese a las fumigaciones, así como el cese de las aspersiones aéreas en el marco de la política antidrogas como garantía de no repetición de los hechos. Se ha demostrado que la aspersión aérea para eliminación de cultivos de uso ilícito, lejos de lograr el cometido que pretende, genera enormes daños en la vida, la integridad física, la economía, la salud, el trabajo, el medio ambiente y la seguridad y salubridad públicas de los habitantes, incluidos los niños, de laszonas en que se desarrollan ese tipo de operaciones. Esta constatación amerita la exigencia de que el Estado opte por otro tipo de soluciones a esta problemática buscando alternativas adecuadas que eviten las aspersiones aéreas de glifosato y sus componentes asociados. También se considera su cese en vista que se ha convertido en una estrategia de desplazamiento345678910. Cese total de la erradicación manual de cultivos de uso ilícito.1112

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Se propone que Colombia inscribir su política antidroga en las tendencias internacionales que hoy empiezan a desarrollarse y que se inscriben en reconocer la necesidad de una reformulación en el tratamiento criminalizante de los usuarios; en la inclusión de una perspectiva de salud pública en el manejo de los usos problemáticos; en la inscripción de las políticas con un enfoque de respeto a derechos humanos, pero también - aunque no muy explícito entre quienes buscan replanteamientos en el contexto internacional -, en la no criminalización de los productores13. Otras propuestas señalan dar por terminado la actual política antidroga que se ejecuta en nuestro país, impuesta por los EEUU y formular una política de cooperación de mutua reciprocidad con todos aquellos países interesados en darle solución a la problemática generada por el mal uso de la hoja de coca y la marihuana.14 Exigir la aplicación de mecanismos de represión, confiscación y castigo, a las empresas del narcotráfico, y a los actores de apoyo y lucro en el mundo legal.15 Demandamos la concertación de políticas, planes y estrategias para garantizar protección de nuestro territorio y población, de la amenaza de la guerra y del narcotráfico. Debemos hacer cumplir las decisiones y estrategias de control propio por parte de las autoridades indígenas, con base en las normas del derecho propio,y los instrumentos nacionales e internacionales de DDHH y DIH frente a los actores armados y del narcotráfico.16 El consumo problemático de drogas estupefacientes debe resuelto en el seno de las comunidades conforme a su justicia propia. Las autoridades competentes (ICBF, Ministerio de Salud, Consejo de Estado, etc.) apoyarán las medidas adoptadas por las comunidades en el ámbito de diálogos interculturales y coordinación entre Jurisdicción Especial Indígena y justicia ordinaria.17 En las zonas urbanas se plantea que el Estado debe generar políticas que den un tratamiento integral a la proliferación del microtráfico y sus consecuencias en el incremento de la criminalidad y la delincuencia18. Es fundamental que todos actores armados y del narcotráfico se comprometan al reconocimiento de nuestra vocación de paz, convivencia y búsqueda permanente de nuestro desarrollo propio. Para ello es necesario terminar con la presión armada y los incentivos para sembrar los cultivos de uso ilícito.19 Es necesario un acompañamiento internacional latinoamericano que haga seguimiento a una nueva política antidroga que centre sus esfuerzos en el origen del problema20. Exigimosa todos losactores del conflictoarmado, mediados por la economía de las drogas, no involucrar los territorios de las comunidades para la generación de corredores de narcotráfico; y la afectación de los territorios y sociedades o comunidades rurales, bajo el supuesto de la guerra contrainsurgente.21 La política de drogas debe fundamentarse en la evidencia científica sobre su eficacia y no en principios ideológicos. Existen numerosos estudios que indican qué políticas funcionan y cuáles no, lo cual constituye un acumulado de conocimientos que se debería tener en cuenta22.

La regulación del cannabis: Para una iniciativa en este sentido, se podía tomar como base losargumentos que ha presentado Uruguay en el sentido de lograr los siguientes propósitos: Establecer un principio de diferenciación del cannabis, cuya "peligrosidad" está muy por debajo de la que se ha argumentado frente al alcohol y el tabaco.23 La sustitución debe implementarse de manera progresiva y gradual, previo acuerdo y consentimientos de las comunidades campesinas involucradas24. La sustitución debe partir de la reorientación de la política pública para producción de alimentos y rentabilidad de la economía campesina, lo que implica el rescate y rediseño de la institucionalidad pública y privada del sector agropecuario, es decir, reingeniería de las entidades del Estado y fortalecimiento de las organizaciones campesinas e instancias de participación y concertación25.

Las fumigaciones ocasionaron la pérdida del 90% de los cultivos de los campesinos que se dedican a la siembra de Cacao y Pan coger. No existe una reparación efectiva si los hechos ocasionadores del daño continúan, en este caso las fumigaciones.26 Las medidas de control de drogas nunca deberían generar más pobreza y más hambre como sucede actualmente con política de erradicación forzosa y que violentan principios básicos de derechos económicos, sociales y culturales. Participación de la sociedad civil. Preservando el reconocimiento de la diferenciación en la incidencia social del problema de las drogas y las políticas, en la formulación de la estrategia se deben abrir espacios de participación a todos los actores involucrados: campesinos, usuarios, jóvenes, profesionales de la sanidad y ONG locales e internacionales.27 Legalización de los cultivos ilícitos, en vista que la legalización implica pérdida de valor y lo convierte en un negocio no atractivo28. Promover la no erradicación forzosa sea por vía manual o por fumigaciones. Ésta debe ser sustituida por acuerdos y concertaciones con los productores de hoja de coca para la erradicación gradual y voluntaria. En estos procesos se deben tener en cuenta las expectativas y demandas de las mujeres29. Reducción del daño. Es imposible pensar en un mundo sin drogas. Por eso, la ideología de la 'tolerancia cero' debe sustituirse por políticas y acciones inscritas en la reducción del daño. Es decir, un enfoque más pragmático tendiente a manejar los daños asociados con las drogas pero también en relación con las mismas políticas, situación que incide tanto en consumidor como para la sociedad en general30. Reformulación integral de la política nacional sobre drogas tipificadas como ilícitas; con base en los principios de soberanía, corresponsabilidad, multilateralidad, transparencia, sentido social, respeto a los derechos humanos y campesinos (as) aprobados por las Naciones Unidas, la protección del medio ambiente. A partir de estos criterios, Colombia redefinirá sus relaciones multi y bilaterales con los países centro de demanda y con los conjuntos de naciones que comparten una problemática similar de producción de cultivos de uso ilícito y tráfico de estupefacientes31. Reivindicar, concientizar y reparar a la comunidad, a las organizaciones a las mujeres y todas aquellas personas que han sido víctimas de las políticas antidrogas y todos los impactos que éstas han traído consigo a la población32. Reparación a las familias campesinas afectadas por las fumigaciones aéreas con glifosato33. Respeto a los derechos de la propiedad de las poblaciones rurales en zonas productoras de hoja de coca y marihuana34. Se deben diseñar las políticas sobre drogas, atendiendo los compromisos y el respeto irrestricto a los Derechos humanos y el principio de proporcionalidad. Significa que cualquier pena que se decida debe ser proporcional al delito. Situaciones donde continúa existiendo la desproporción están, entre otros, el castigo a los usuarios por el mero hecho de consumir una sustancia psicoativa sin que existan daños a terceros; la criminalización de campesinos cultivadores que no tienen otra fuente de ingresos; las penas desproporcionadas a personas que usan su cuerpo para transportar drogas y que lo hacen por situaciones de crisis en sus ingresos35. Se deben establecer diferenciaciones tanto de las características de cada una de las sustancias, así como de sus patrones de uso. Los riesgos sanitarios asociados al consumo del cannabis no son los mismos que los relacionados con la inyección de heroína o el consumo de crack. Es necesario considerar también la distinción entre plantas naturales y sus derivados concentrados: por ejemplo, la coca, en su estado natural, puede ser beneficiosa para la salud, mientras que las preparaciones para un uso fumable (crack, bazuco, paco por ejemplo) generan serios problemas a la salud del usuario y hay más riesgos de adicción36.

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Suspender las fumigaciones aéreas y la erradicación por parte del aparato militar para empezar a generar procesos desde las comunidades. Suspensión definitiva, al sistema de erradicación agroquímica, biológica o forzosa, que ha sido demostrado el daño a la estabilidad de las comunidades, la biodiversidad, las fuentes de agua, la economía campesina y la salud de la población.

Toda acción de sustitución debe comenzar por el análisis de las particularidades sociales, económicas y culturales regionales para determinar el grado de dependencia de los cultivos ilícitos e identificación de los cultivos sustitutos con suficiente y adecuada asistencia técnica, capital de trabajo y un sistema de comercialización específico y adecuado a las condiciones de la economía campesina37. 2.Comunidades y cultivos de uso ilícito. Se demanda la aplicación y cumplimiento del artículo 5 del decreto ley 4633, específicamente en lo que se refiere a la reparación imperativa para el restablecimiento del equilibrio y la armonía de los pueblos, vulnerados históricamente en sus dimensiones material e inmaterial. Lo anterior a través de la consolidación de un proceso que incorpore el conjunto de medidas y acciones transformadores con miras a la indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, dando cumplimiento al decreto ley 4633, y la sentencia T- 25 de 2004, y sus autos de seguimiento, en especial el 00438. A las personas objeto del acuerdo a que se llegue con el gobierno nacional o departamental, que se encuentren judicializadas o condenadas, sus investigaciones sean precluidas o en caso de condena, se les indulte39. Derogar como delito las prácticas de cultivar hojas de coca y marihuana mientras a narcos y mafia se aplica impunidad, lentitud, corrupción, entre otros40. Descriminalización de los campesinos/as y pequeños productores. Es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la vida humana y animal, a la integridad personal y a las condiciones de vida dignas de la población41. Desmilitarización de los territorios y de la vida civil en las zonas donde se adelante las estrategias de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo. En las zonas de consolidación, se hace el llamado al fortalecimiento del Estado y de la sociedad civil42. El Estado garantice una apertura real democrática, para que los colombianos sin distinción podamos participar abierta y civilizadamente, en todas, las formas de organización social y política, en igualdad de condiciones, poniéndole punto final a todo tipo de persecución de a que siempre hemos sido víctimas43. El Gobierno debe cubrir los costos de la erradicación manual voluntaria, mediante contratos y acuerdos concertados, otorgados a los poseedores de la tierra, fijando garantías44.

El método para solucionar el conflicto cocalero debe obedecer aun acuerdo entre el Estado, la guerrilla y el campesinado involucrado directa o indirectamente en este modelo económico de subsistencia, sin la intromisión de políticas extranjeras45. Legalización de los usosancestrales del cultivo de la hoja de coca para temas de cu raciones tradicionales, comunitariasy medicinales, que realizan las comunidades indígenas, campesinasyafrodescendientes46. Llamamos al gobierno nacional, las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que apoyen la adopción de un Plan Regional de solución alternativo a la economía ilegal, que debe consistir no en erradicar los cultivos de uso ilícito ni en sustituirlos, sino en cambiar una economía de renta por otra que garantice la generación sustentable de ingresos y la soberanía alimentaria. Esto incluye el fortalecimiento de economías y territorialidad campesina, indígena, afro colombiana, y población urbana del país.47

Normalizar la producción asociativa de drogas ilícitas aptas para el consumo humano. Este aspecto se propone basado en asociaciones auto-reguladas por campesinos, acorde al modelo descomercializado (no propagandas), no promoción o incentivo del consumo) y sin ánimo de lucro. Este modelo se edifica a partir de pactos en red derivados de buenas prácticas voluntarias entre campesinos, distribuidores, y usuarios y consumidores de plantas prohibidas, en especial cannabis.4S Exigimos la separación clara entre los componentes sociales y criminales de la cadena productiva de los cultivos de uso ilícito, que posibilite la despenalización de los cultivadores y de los consumidores, para quienes se deberán contemplar estrategias de desarrollo propio integral y atención psicosocial49. Garantizar el retorno de los campesinos que tuvieron que desplazarse: Implementación de medidas y mecanismos necesarios para garantizar el retorno a las fincas y parcelas de donde tuvieron que partir las personas afectadas por las aspersiones aéreas con glifosato aquí denunciadas50. La no judicialización de las familias de campesinos e indígenas que se vean afectados por la producción de marihuana y coca como medio de subsistencia. Que cese la estigmatización y señalamientos de los dirigentes y comunidades, ningún productor en pequeña escala de hoja de coca o marihuana podrá ser señalado o considerado como narcotraficante o terroristas51. Promover acciones de desminado humanitario y el respeto hacia el Derecho Internacional Humanitario como primera condición para el desarrollo de las comunidades52. 3.Planes de sustitución. Garantizar espacios de participación autónoma de ordenamiento con base en la planeación integral del territorio, para la construcción de los planes de manejo de los territorios indígenas, teniendo en cuenta el ordenamiento espiritual, ambiental y cultural de los mismos y los planes de conservación de ecosistemasy biodiversidad53. Estos espacios implican, abrir espacios de consulta previa a comunidades indígenas y campesinas, por conservación de la tradición ambiental545556. Creación de un Fondo Social para la sustitución gradual para soportar la política de subsidios permanentes que representen costosy gastos reales para quienes seacojan a la iniciativa desustitución, contemplando la inversión permanente para el desarrollo de las iniciativas de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.57 Ordenar la creación y conformación de un banco de semillas criollas que incorpore la garantía de financiación para la obtención, custodia y distribución de las semillas que permita la recuperación de plantas y semillas afectadas; así como la asesoría técnica para esos objetivos. Igualmente, el reconocimiento de la legitimidad y necesidad de fortalecer tal proceso de recuperación y libertad de circulación, custodia, siembra y distribución de las semillas criollas que aseguren su permanencia en manos de los campesinos58. Permitirle a la comunidad campesina, desde sus representantes sociales, organizarse autónomamente, siendo el estado colombiano el garante de alternativas productivas desarrolladas en conjunto y desde el campo5960. Implementar programas de promoción de sistemas productivos con énfasis en cultivos de pancoger con semillas limpias y generación de bancos de semillas, construidos con un enfoque social y de comercialización justa para las comunidades agrarias.61 Fortalecer y promover la soberanía alimentaria, la empresa comunitaria acompañada de procesos tecnológicos que fomenten la autonomía y el desarrollo con el fin de fortalecer los procesos sociales y la economía dentro de las comunidades6263. Garantizar el acceso a 10 millones de hectáreas, en una primera fase, para la constitución e impulso de nuevas ZRC como parte de un Fondo de Tierras.64 Garantizar el mercado para la producción,

comercialización y rentabilidad de los proyectos productivos campesinos que sustituyen los ilícitos65. Garantizar el respeto a las semillas de plantas prohibidas, nativas como la coca y foráneas pero tradicionales a nivel cultural hace más de 80 años como la Cannabis66. Garantizar y facilitar el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena, en especial a lo que se refiere a la Ley 30 de 1986 sobre cultivos de uso ilícito y narcotráfico. De modo que se reconozca a las autoridades indígenas la competencia para juzgar a los indígenas de sus propias comunidades involucrados en siembras familiares a pequeña escala o que sean trabajadores en los cultivos ilícitos en actividades primarias propias de la siembra o del procesamiento, tales como la recolección o raspado de la hoja.67 Generar alternativas para la suplantación del cultivo de la coca con cultivos ancestrales y proyectos que promuevan la erradicación desde las comunidades68. Generar mecanismos de control que permita minimizar el tráfico y consumo de drogas. Procurar la educación igualitaria con fortalecimiento del tejido social. 69Generar mecanismos y hechos de recuperación forestal: Implementación de medidas adecuadas de recuperación forestal y la creación de zonas de restauración ambiental y agrícola en donde se presentaron las afectaciones por las fumigaciones con Glifosato aquí cuestionadas.70. Generar políticas públicas e desconcentración de la propiedad de la tierra y la redistribución de la misma.71 Generar protocolos estándar que faciliten la fabricación de drogas naturales, tradicionales, artesanales y sintéticas con fines medicinales, lúdicos, recreativos, religiosos, cosméticos entre otros fines como textil, industrial, alimenticio.72 Hacer en conjunto (estado-comunidad) una erradicación justa, consiente y respetuosa, garantizando con antelación las condiciones mínimas para que las nuevas alternativas productivas acordadas sean viables y rentables a largo plazo en el territorio.73 Creación del fondo nacional para el fomento de la economía campesina, apoyo a programas de desarrollo de planes de vida e iniciativas alternativas y procesos de industrializaciones de la hoja de coca y marihuana7475. El gobierno debería subsidiar los productos y los compre en el sitio así como los compradores de cultivos ilícitos lo hacen76. Crear un fondo Nacional de financiación de territorios campesinos, generar el reconocimiento de las campesinas y los campesinos. Un nuevo modelo de desarrollo rural. La consolidación de la economía campesina. Un nuevo modelo de la explotación de los recursos minero-energéticos y de redistribución de su renta77. El Estado debe elaborar planes de acción, en acuerdo con las comunidades objeto, relacionadas con los dineros que deban canalizarse para la sustitución del modelo económico cocalero78.

Creación de una base social organizada con una actitud muy positiva; Aliados comerciales dispuestos a acompañar la transformación de la producción de la región, montar centros de acopio de los productores; montar una planta de sacrificio de ganado y demás semovientes y finalmente, conformar una banda sinfónica que le permita a las personas expresar sus sentimientos a través de la música y el canto que sean un componente de su diario vivir, porque estamos convencidos que el que toma un instrumento, no reemplazará por un fusil para participaren el conflicto,y mucho menos participará en cultivos de uso ilícito; generar proyectos que incentiven y garanticen la soberanía alimentaria79. Diversificar la producción de plantas prohibidas (coca, amapola, cannabis) para usos médicos, industriales, culturales, recreativos, cosméticos, y alimenticios entre otros.80 Solicita que se haga un foro nacional de los consumidores de la marihuana, que promueva y autorice el cultivo lícito para fines de uso industrial, que permita la competitividad del campo y genere un impacto positivo en la economía campesina.81

Establecer mecanismos válidos, legítimos y con garantías jurídicas y de seguridad para la participación asertiva de las comunidades locales, otorgándole la capacidad de elegir el rumbo de su desarrollo y de sus pueblos.82 Propiciar acuerdos locales de gobernabilidad que permitan reconstruir el tejido social, que garanticen una real participación de las comunidades en el diseño de Planes de desarrollo autónomo y/o alternativas83. Implementación de un plan que asegure la recuperación educativa dirigido a los niños y niñas que por causa de las fumigaciones tuvieron que abandonar su proceso escolar que implique la posibilidad de acceder a los cupos escolares o universitarios correspondientes, las subvenciones de transporte, alimentación y materiales a que haya lugar con la garantía de una efectiva incorporación del niño o niña afectado a la vida escolar y recuperar, lo perdido en este campo84. Implementar programas de producción de sistemas productivos con enfoque social y comercialización justa85. La conformación de un grupo de investigación Nacional y Regional, compuesta por sociólogos, científicos, sicólogos, Ingenieros y demás académicos que se requieran, otorgándole voz y voto a las comunidades campesinas dentro de este grupo, que permita visibilizar las practicas locales y los saberes ancestrales que se ocultan en nuestro basto y rico país.86 La consolidación de una política alternativa a los cultivos de uso ilícito es posible para los pueblos indígenas si el Estado cumple con adelantar los trámites administrativos de constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos que incluyan la totalidad de las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas, acorde con el cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto 1397 de 1996, en el sentido de que el gobierno nacional incluya en el proyecto de ley de presupuesto, las partidas necesarias para lo anterior, (compromiso incumplido históricamente).S7 4.0rdenamiento territorial e institucionalidad rural. Que el Estado haga una reforma urbana en favor de los cientos de miles de destechados que habitan las ciudades colombianas88. Se requiere de la formulación e implementación a largo plazo de una política pública agraria, participativa con enfoque diferencial y territorial. Esta política debe incluir la presencia permanente del Estado con alta inversión social para el desarrollo sostenible. Será necesario trabajar armónicamente con las comunidades organizadas desde sus planes y proyectos de vida.S9Un plan de infraestructura rural a largo plazo, con participación activa de las comunidades involucradas, que permita generar en nuestro país un desarrollo propio, sostenible y con participación de todas las regiones, permitiéndoles a las comunidades rurales sacar sus productos eficientemente.909192. La creación del banco de tierras anunciada por el Ministerio de Agricultura, debería contemplar adjudicaciones para colonos que están hoy en puntas de colonización, a los que debería ofrecerse alternativas con acceso a los factores de producción (tierra, crédito, asistencia técnica)93. Avanzar en la constitución de las ZRC como figuras territoriales con un nivel de autonomía que garantice el ejercicio de la territorialidad campesina. Crear un fondo para los territorios campesinos que garantice ejecución del plan de desarrollo94.EI Sistema Nacional de zonas de Reserva Campesina tendrá una coordinación conformada por Anzorc y la autoridad de desarrollo rural, encargada de velar porque se dinamicen las relaciones entre los integrantes del mismo, en las oportunidades, temáticas y durante los tiempos pertinentes, convocando y haciendo seguimiento y proponiendo medidas de mejora, estará dentro del plan nacional de desarrollo articulado, que lo contemple95.

El SNZRC estará integrado por organizaciones campesinas que impulsan zonas de Reserva Campesina, que impulsanzona dereserva Campesina,susformasdeparticipaciónyplanificación,lainstitucionalidad, la cooperación internacional, la academia y la empresa privada y de economía solidaria.96 Definir la creación de territorios multiculturales y la legalización de los asentamientos campesinos dentro de parques naturales, mediante planes de vida sostenible.97

El cumplimiento de la ley 160 que garantice el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, el ejercicio de la territorialidad y el desarrollo rural a través de las ZRC. Para tal efecto, se deberán constituir de un sistema y un programa nacional de zonas de reserva campesina para la concreción de: El reconocimiento de las campesinas y campesinos. Un nuevo modelo de desarrollo rural La consolidación de la economía campesina. Un nuevo modelo de la explotación de los recursos minero-enérgeticos y de redistribución de su renta. El reordenamiento territorial y ambiental del país. El Estado colombiano gestione recursos para ejecutarlos en planes de solución pacífica de la problemática. La gestión debe hacerse frente a los países consumidores".EI Estado construya una verdadera infraestructura hospitalaria, suficientemente dotada y acorde con las endemias del trópico, fomentando para ello la salud preventiva, antes que la curativa100. El Estado construya y garantice una verdadera malla vial, para que se desembotellen las regiones objeto de este programa, igual proceder con la red fluvial y el transporte aéreo desde todas las regiones objeto101. El Estado genere una cobertura presencial acorde con las necesidades del plan sustitutivo, con énfasis agro-industrial, agro-ecológico y agro-forestal y demás profesiones que sean acordes con las necesidades integrales de estar regiones y que los egresados, tengan sentido de pertenencia en estas apartadas regiones102. Exigimos al estado el apoyo en el diseño, construcción y garantía de nuestros propios sistemas de aprovechamiento de los bienes naturales. Lo anterior incluye no aceptar bajo ningún punto de vista la imposición estatal de programas de monocultivos y mucho menos si es para la obtención de agrocombustibles, como se pretende con la palma aceitera; ni recurrir a procesos productivos que destruyen los suelos, los esteriliza, contamina, al igual que lo hace con el agua y el aire.103 Recursos económicos productos de las regalías, se vean reflejados en la tecnificación de posibilidades para mejorar proyectos agropecuarios.104 Reforma agraria integral y profunda que dignifique al campesino y contemple que nuestro territorio nacional es diverso, rico y con muchísimas necesidades de diferente índole. Esta reforma agraria debe contemplar proyectos productivos a nivel local y regional donde el campesinado sea protagonista y tenga vozy voto, permitiéndole comercializar directamente sus productos a otras partes del país.105106107

Reubicación de los campesinos productores a otras zonas geográficas previamente adecuadas para producción agropecuaria y forestal108. Se conformará un Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina que promueva la articulación de los sectores involucrados en el objetivo de propiciar que las zonas de reserva campesina se fortalezcan como instrumento de la Reforma Agraria.109 Se creará una nueva institucionalidad para el desarrollo rural, la redistribución equitativa de la tierra, la asistencia técnica y el desarrollo técnico y científico para el agro, la distribución de los alimentos. Como parte de esta nueva institucionalidad se debe iniciar por: Garantizar el acceso a 10 millones de hectáreas, en una primera fase, para la constitución e impulso de nuevas ZRC como parte de un Fondo deTierras.110

1. Avanzar en la constitución de las ZRC como figuras territoriales con un nivel de autonomía que garantice el ejercicio de la territorialidad campesina. Crear un fondo para los territorios campesinos que garantice ejecución del plan de desarrollo111. 2. Crear un fondo Nacional de financiación de territorios campesinos, generar el reconocimiento de las campesinas y los campesinos. Un nuevo modelo de desarrollo rural. La consolidación de la economía campesina. Un nuevo modelo de la explotación de los recursos minero-energéticos y de redistribución de su renta112. 3. La política de drogas debe fundamentarse en la evidencia científica sobre su eficacia y no en principios ideológicos. Existen numerosos estudios que indican qué políticas funcionan y cuáles no, lo cual constituye un acumulado de conocimientos que se debería tener en cuenta113. 4. Se deben establecer diferenciaciones tanto de las características de cada una de las sustancias, así como de sus patrones de uso. Los riesgos sanitarios asociados al consumo del cannabis no son los mismos que los relacionados con la inyección de heroína o el consumo de crack. Es necesario considerar también la distinción entre plantas naturales y sus derivados concentrados: por ejemplo, la coca, en su estado natural, puede ser beneficiosa para la salud, mientras que las preparaciones para un uso fumable (crack, bazuco, paco por ejemplo) generan serios problemas a la salud del usuario y hay más riesgos de adicción114. Teniendo en cuenta que las regiones marginales están compuestas por la frontera agrícola y la reserva forestal y los parques naturales, se deben elaborar dos polos de desarrollo. En primer lugar, para la reserva forestal, dicho polo debe ir dirigido a la agro-forestación, reforestación y sostenimiento de las fincas de los colonos, en plena armonía con el medio ambiente. Para la frontera agrícola, debe fomentarse la industria agropecuaria empleando las semillas nativas, en forma agro-tecnificada, en pequeña y mediana escala, en plena armonía con el medio ambiente, así como el fomento de talleres industriales como complemento de la tecnología en las regiones involucradas115. Recomiendan al Estado y al gobierno colombiano, la sustitución gradual de los cultivos mal llamados ilícitos, mediante la generación de proyectos productivos, que permitan garantizar la sostenibilidad socio - económica de las familias campesinas del Guaviare y sur del Meta.116 En Montañita - Caquetá se ha presentado la extinción de dominio. Buscan el banco de tierras, bajo el esquema de la ley 1448 de tierras. Dice que no afectará procesos de agro-industriales. Al mover esas familias en zonas de confrontación armada, lo más seguro es quese generarán nuevos desplazamientos. Se pide suspender los procesos en Montañita y Solano en el Caquetá.117 En relación con las tierras en manos de CNE (Comisión Nacional de Estupefacientes), demandamos se destinen en su totalidad hacia la dotación de tierras a comunidades campesinas, territorios colectivos de comunidades afrodescendientes y constitución de resguardos indígenas.11S Establecer programas atractivos para el sustento de las familias campesinas, como las granjas integrales campesinas con inversión social del Estado y encadenadas para asegurar su sostenibilidad y hacerlas rentables119. Estímulos por su aporte a la seguridad alimentaria y promover y facilitar su articulación en condiciones de competitividad, a los mercados. Como criterio general, las soluciones estructurales del problema de los cultivos ilícitos deben darse en el interior de la frontera agrícola.120 Exigen que los proyectos hagan con una política pública estatal, no de partidos. Y los presupuestos no terminen anualmente en manos de los corruptos.121

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No aceptaremos que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo -que deben ser desmantelados-, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas tierras, robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y afrodescendientes, deben restituirse a estas comunidades, en desarrollo a la aspiración histórica de una reforma agraria integral. Donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a los principios de unidad, diálogo y concertación para resolverlas.122

Soluciones de vías. Fedegan está recibiendo más dinero que las zonas productoras. Se pide que el dinero vaya un fondo común para solucionar la red terciaria vial para municipios Titulación de tierras para ser prioridad de zonas de reserva campesina, resguardos y territorios colectivos123. Solicitan cumplir con el APP NO. 85 sobre la sustracción de la reserva campesina, los procesos de titulación de predios, dentro del programa Guaviare y Sur del Tolima, tierra de propietarios.124 Garantizar la permanencia en el territorio de las comunidades, mediante figuras establecidas en la Ley como resguardos, indígenas, consejos, comunitarios y zonas de reserva campesina. Igualmente, que dentro de estas figuras exista financiación permanente que soporte el desarrollo de proyectos productivos a largo plazo, titulación de tierras y capacitación laboral. 125Bajo lineamientos de impulso de agroforestación y reforestación con planes de manejo ambiental y conservación con planes que impulsen la convivencia en armonía con la naturaleza y el ambiente.126 Garantizar la permanencia en el territorio de las comunidades127. Priorizar la generación y movilización de economías basadas en el desarrollo de cadenas productivas idóneas, a través de manejos y procesos que salvaguarden la integridad de los ecosistemas y la biota de la región.128 Promover la participación en los eslabones de cadenas productivas y cadenas de valor más allá del eslabón de la materia prima (la cual capta el 1% de la cadena productiva), el eslabón de valor agregado, hacia los eslabones de distribución y punto de venta.129 Promover los cultivos orgánicos de productos agrícolas de excelencia que compitan con los de exterior. Para ello es necesario garantizar la asistencia técnica, crédito y comercialización. Propuestas de regularización y legalización de cultivos de coca, las propuestas de regularización y tratamiento de salud pública al problema del consumo de drogas y la drogadicción, así como las propuestas de regularización y legalización del uso de la cocaína como solución estructural al problema del tráfico ilegal de esta sustancia130. 5. Propuestas sobre Modelo económico, alternativas productivas sostenibles y desarrollo alternativo del territorio.

El objetivo del sistema es contribuirá la satisfacción de la integralidad de los derechos de las campesinas y los campesinos, soberanía alimentaria, activación de economías locales y regionales, protección ambiental, de acuerdo con los fines consagrados en la ley131. Demandamos la transformación de la estructura de desigualdad rural del país, y el rechazo a políticas de libre comercio que arrasan los cultivos campesinos por los bajos precios de importaciones agrícolas subsidiadas en los países de origen. El estado es el responsable de garantizar una discusión nacional entre todos los sectores sociales hacia una convergencia de construcción de un modelo de desarrollo rural soberano, incluyente y justo.132 Al sector financiero, al poder ejecutivo y judicial. Exhortamos a que desarrollen mecanismos de control para frenar la economía ilegal generada por el narcotráfico. Será fundamental que al interior de

entidades del estado y entidades privadas se haga una depuración de la corrupción y de su complicidad con las mafias del narcotráfico133. Exigir al Estado apoyar el desarrollo de un modelo propio de economía alternativa y articulada de los pueblos, no supeditada al mercado global y al consumo; que garantice la soberanía y autonomía alimentaria, mediante la reconstrucción de nuestros sistemas agroalimentarios y del sector rural en general, consecuente con el manejo respetuoso de ecosistemas, bosques, suelos y biodiversidad. Lo anterior implica tener en cuenta los problemas estructurales que es necesario ir superando.134 Apertura y garantía de distribución y mercadeo para que haya estimulo real a la producción agrícola, y que el Estado garantice el mercadeo de estos, a precios de sustentación135. Asegurar una estrategia de mercada para comercializar los productos de la economía campesina.136 Auto-regulación déla producción, (comercialización y consumo) de drogas basadas en buenas prácticas voluntarias, derivadas del consenso comunitario y acorde al modelo de diferenciación de mercados137. Se propone cumplir unas Líneas básicas para una política de Desarrollo Alternativo (DA). En relación con el Desarrollo Alternativo (DA), el punto de partida es que en Colombia no existe una política estatal de (DA) para zonas de colonización que dependen económicamente de cultivos ilícitos. Para este tipo de territorios predominan las políticas de fuerza (erradicación mediante aspersión aérea, erradicación manual forzosa) las cuales están visiblemente desequilibradas, en relación con el impulso de alternativas sostenibles para este tipo de territorios. Esta distorsión explica los fracasos reiterados de una estrategia que sigue concentrándose en una de las partes más débiles de la cadena de las drogas.138 Sobre los perjuicios ocasionados en relación al préstamo bancario para el cultivo de cacao: Que no sean considerados campesinos morosos los afectados por las fumigaciones, para que no parezcan registrados en alguna central de datos o registros de morosos a raíz de la imposibilidad de pago del crédito obtenido con BANCOLOMBIA para el cultivo de cacao139 Es ineludible una política pública que subsidie la producción de alimentos de la economía campesina para hacerlos sostenibles y rentables por encima de los indicadores que se logran en cultivos ilícitos140. Ordenar la asignación de un terreno en la zona apto para la generación de una finca integral campesina de ASOCAZUL a través del cual sea posible desarrollar un proceso de memoria y recuperación de los saberes ancestrales ligados a la producción agroecológica campesina. Esta iniciativa hace parte de los proyectos organizativos frustrados con las aspersiones aéreas que ocasionaron los daños cuya reparación aquí se reclama. Con él, la asociación pretende extender el conocimiento sobre el cuidado del medio ambiente, las prácticas agrícolas sostenibles y poner en funcionamiento un laboratorio para la investigación de semillas y plantas para el desarrollo de procesos de producción agroecológica. También, a través de la Finca Integral Campesina, se busca recuperar plantas maderables tradicionales de la región y generar conciencia sobre la importancia de conservar el medio ambiente y la naturaleza en su integralidad a través a través de prácticas de convivencia y aprovechamiento sostenibles.141 Política económica que coloque como pilar fundamental el fortalecimiento de la economía campesina, garantizando de manera agroecolólogica y sustentable la soberanía y la autonomía alimentaria de los territorios142. 6.Propuestas sobre Enfoque cultural diferenciado de los cultivo de uso ilícito. Apoyar la iniciativa campesina de contribuir con la sustitución gradual de los cultivos de hoja de coca, por parte de la comunidad, a través de planes de seguridad alimentaria y herramientas, maquinaria comunitaria, productos agropecuarios, etc, dentro de los cultivos productivos de sustitución están cultivos de yuca, plátano, maíz, cacao, fortaleciendo los proyectos agroindustriales.143

Apoyar la obtención de productos alimenticios, terapéuticos y cosméticos derivados de la hoja de coca a partir de su consideración como una actividad lícita y para el libre comercio.144

Reconocer la coca como parte de la tradición Embera, la coca es una medicina tradicional, que respalda la territorialidad de las comunidades, hacen llamado para que respeten los territorios ancestrales, los derechos humanos, que de aquí salga otro foro con las comunidades indígenas exclusivamente. Están aprovechando el espacio para usarlo como plataforma para solicitar el foro para dar espacio a conversaciones sobre las problemáticas de las comunidades indígenas.145. Exigimos el respeto a la coca como patrimonio cultural indígena, de modo que las leyes que prohiben o penalizan su siembra o su consumo no son aplicables en el ámbito tradicional de los pueblos que la utilizamos ancestralmente.146 Demandamos se creen las condiciones para el fortalecimiento y reconocimiento de la Guardia Indígena por el Estado, desde la autonomía de nuestras autoridades y el ejercicio del gobierno propio, que vele por la conservación y control del territorio indígena, defendiéndolo desde el criterio de lo colectivo, y que permita forjar condiciones y actitudes de convivencia pacífica interna y con otros pueblos.147 Reivindicar el uso cultural y medicinal que los pueblos especialmente las comunidades indígenas que utilizan la hoja de coca para su uso, tradiciones y costumbres.. Junto a ello la divulgación, formación y educación a la sociedad en general respecto a los valores que ello significa.14S149150. Implementar políticas públicas y protocolos de manejo ambiental de acuerdo con los usos, identidades territoriales y ancestrales de las comunidades.151 En el diseño de las políticas se debe tener e deben tener en cuenta y respetar las diferencias socioculturales y las tradiciones de uso ancestral de ciertas sustancias. El sistema actual mantiene patrones de hegemonía desde criterios y pautas de los intereses del Norte. Las normas establecidas a escala mundial deberían dejar más margen de maniobra y permitir a cada país ajustarías a sus leyes nacionales para proteger los derechos de las comunidades indígenas que conservan sus prácticas y costumbres tradicionales152. Exigimos el cumplimiento de las normas que reconocen las estructuras de gobierno indígena como autoridades ambientales en nuestros respectivos territorios y requerimos se garantice nuestro derecho de planeación propia y establecer con el gobierno condiciones de coordinación, pero sobre la base de nuestra autonomía en la administración integral de los territorios.153 Exigimos el respeto de los usos rituales, espirituales y culturales de la coca, el Yagé, el pildé, el Yopo y otras sustancias utilizadas en la medicina tradicional, la alimentación y las prácticas espirituales propias de la tradición cultural indígena

^ T O

Exigimos la indemnización a los pueblos sobre la base de la recopilación, revisión y procesamiento de todas las denuncias realizadas por los pueblos y organizaciones indígenas, por afectaciones a las personas, cultivos, fuentes de agua y territorios desde el año 2000, en que se inicia la implementación del Plan Colombia, hasta la actualidad.154 7.Propuestas sobre Enfoque diferencial de género Reconocimiento a la contribución de las mujeres en el proceso de industrialización y comercialización de la producción de la hoja de coca y marihuana en el desarrollo regional155. Realizar un diagnósticos sobre las mujeres que han sido acusadas de tráfico de estupefacientes con el fin de investigar y castigara los actores intelectuales de estos hechos156. Implementación de acciones de desarrollo alternativo con la participación de la comunidad y de las mujeres, haciendo énfasis en el impulso a la soberanía alimentaria como una actividad

fundamentalmente en manos de las mujeres y en el acceso de las mujeres a las tierra, el crédito y a la tecnología para la producción. Se solicita que las pequeñas productoras tengan acceso a los procesos de capacitación, transferencia tecnológica y créditos como población beneficiaria de los proyectos de desarrollo alternativo157.

Grupo Ecuménico de mujeres constructoras de paz - JUSTAPAZ Grupo Ecuménico de mujeres constructoras de paz - JUSTAPAZ ANDESCOL. Organización gremial Asocazul del Sur de Bolívar, San Pablo Marcha patriótica Corporación campesina por la defensa de los derechos humanos "Caguán Vive" Carnaval Canabico Colombiano Carnaval Canabico Colombiano Organización de Mujeres Campesinas Sembradoras de Vida y Paz del Corregimiento El Salado, Samaniego, Nariño. 0

Asociación de Pequeños, Medianos Cafeteros y Recolectores de Café. APEMECAFE.

ANDESCOL.

Marcha patriótica

3 4

Poder ciudadano Asociación de Pequeños, Medianos Cafeteros y Recolectores de Café. APEMECAFE.

ONIC - Organización Internacional Indígena de Colombia

Ruta Pacifica de las Mujeres.

ONIC - Organización Internacional Indígena de Colombia

Ruta Pacifica de las Mujeres.

ONIC - Organización Internacional Indígena de Colombia

Poder ciudadano

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

Organización gremial Asocazul del Sur de Bolívar, San Pablo -

Poder ciudadano

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

Ruta Pacifica de las Mujeres.

Poder ciudadano

Federación Sindical Unitaria Agropecuaria - Fensuagro -CUT

Organización de Mujeres Campesinas Sembradoras de Vida y Paz del Corregimiento El Salado, Samaniego, Nariño.

Organización gremial Asocazul del Sur de Bolívar, San Pablo

Asociación de Pequeños, Medianos Cafeteros y Recolectores de Café. APEMECAFE.

Poder ciudadano

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

ONIC - Organización Internacional Indígena de Colombia

Mesa Departamental Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo Guaviare. MÍA Guaviare.

Asociación de Pequeños, Medianos Cafeteros y Recolectores de Café. APEMECAFE.

Ruta Pacifica de las Mujeres.

Mesa Departamental Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo Guaviare. MÍA Guaviare.

Campesinos, indígenas y afrodescendientes del Guaviare y sur del Meta

Mesa Departamental Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo Guaviare. MÍA Guaviare.

Asociación de Pequeños, Medianos Cafeteros y Recolectores de Café. APEMECAFE.

ONIC - Organización Internacional Indígena de Colombia

Carnaval canabico

ONIC - Organización Internacional Indígena de Colombia

Organización gremial Asocazul del Sur de Bolívar, San Pablo

Asociación de Pequeños, Medianos Cafeteros y Recolectores de Café. APEMECAFE.

Organización de Mujeres Campesinas Sembradoras de Vida y Paz del Corregimiento El Salado, Samaniego, Nariño.

ONIC - Organización Internacional Indígena de Colombia

Corporación campesina por la defensa de los derechos humanos "Caguán Vive"

Asociación de Pequeños, Medianos Cafeteros y Recolectores de Café. APEMECAFE.

Corporación campesina por la defensa de los derechos humanos "Caguán Vive"

Marcha patriótica

Organización gremial Asocazul del Sur de Bolívar, San Pablo -

Asociación juventudes políticas cristianas

Mesa Departamental Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo Guaviare. MÍA Guaviare.

Marcha patriótica

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

Organización de Mujeres Campesinas Sembradoras de Vida y Paz del Corregimiento El Salado, Samaniego, Nariño.

Anzorc

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

Carnaval Canabico Colombiano

ONIC - Organización Internacional Indígena de Colombia

Organización de Mujeres Campesinas Sembradoras de Vida y Paz del Corregimiento El Salado, Samaniego, Nariño.

Grupo Ecuménico de mujeres constructoras de paz - JUSTAPAZ

Organización gremial Asocazul del Sur de Bolívar, San Pablo

Marcha patriótica

Carnaval Canabico Colombiano

Asociación juventudes políticas cristianas

Asociación de Pequeños, Medianos Cafeteros y Recolectores de Café. APEMECAFE.

Organización triple AAA

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

Anzorc

Mesa Departamental Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo Guaviare. MÍA Guaviare.

Asociación ambiental de campesinos de caño curia y quebrada honda San Juan de Arama parque Nacional la Macarena

Carnaval canabico

Corporación LexPuniendi

Asociación juventudes políticas cristianas

Asociación de Pequeños, Medianos Cafeteros y Recolectores de Café. APEMECAFE.

Organización gremial Asocazul del Sur de Bolívar, San Pablo

ANDESCOL.

Juventudes políticas cristianas

ONIC - Organización Internacional Indígena de Colombia

Mesa Departamental Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo Guaviare. MÍA Guaviare.

Grupo Ecuménico de mujeres constructoras de paz - JUSTAPAZ

Juventudes políticas cristianas

Organización Triple AAA

Corporación campesina por la defensa de los derechos humanos "Caguán Vive"

Poder ciudadano

Anzorc

Campesinos, indígenas y afrodescendientes del Guaviare y sur del Meta

Anzorc

Mesa Departamental Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo Guaviare. MÍA Guaviare.

100

Mesa Departamental Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo Guaviare. MÍA Guaviare.

101

Mesa Departamental Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo Guaviare. MÍA Guaviare.

102

Mesa Departamental Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo Guaviare. MÍA Guaviare.

103

ONIC - Organización Internacional Indígena de Colombia

104

Corporación campesina por la defensa de los derechos humanos "Caguán Vive"

105

Mesa Departamental Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo Guaviare. MÍA Guaviare.

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Juventudes políticas cristianas

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Organización Triple AAA

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Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

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Anzorc

110

Anzorc

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Anzorc

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Poder ciudadano

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Pode ciudadano

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Mesa Departamental Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo Guaviare. MÍA Guaviare.

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Campesinos, indígenas y afrodescendientes del Guaviare y sur del Meta

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Corporación campesina por la defensa de los derechos humanos "Caguán Vive"

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ONIC - Organización Internacional Indígena de Colombia

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Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

120

Poder ciudadano

121

Organización Triple AAA

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ONIC - Organización Internacional Indígena de Colombia

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ANDESCOL.

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Campesinos, indígenas y afrodescendientes del Guaviare y sur del Meta

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Marcha patriótica

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Marcha patriótica

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ANDESCOL.

128

FUNDAPOL - FUNACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA PEDAGOGÍA ONTOLÓGICA LIBERATORIA - GUAVIARE

129

FUNDAPOL - FUNACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA PEDAGOGÍA ONTOLÓGICA LIBERATORIA - GUAVIARE

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Anzorc

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Anzorc

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ONIC - Organización Internacional Indígena de Colombia

133

Grupo Ecuménico de mujeres constructoras de paz - JUSTAPAZ

134

ONIC - Organización Internacional Indígena de Colombia

135

Mesa Departamental Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo Guaviare. MÍA Guaviare.

136

Organización gremial Asocazul del Sur de Bolívar, San Pablo

137

Carnaval canabico

138

Poder ciudadano

139

Organización gremial Asocazul del Sur de Bolívar, San Pablo

140

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

141

Organización gremial Asocazul del Sur de Bolívar, San Pablo

Marcha patriótica Campesinos, indígenas y afrodescendientes del Guaviare y sur del Meta 1

ONIC - Organización Internacional Indígena de Colombia Organización regional indígena del Quindío.ORIQUIN -

ONIC - Organización Internacional Indígena de Colombia ONIC - Organización Internacional Indígena de Colombia

ONIC - Organización Internacional Indígena de Colombia

Marcha patriótica

Organización de Mujeres Campesinas Sembradoras de Vida y Paz del Corregimiento El Salado, Samaniego, Nariño. Marcha patriótica Poder ciudadano ONIC - Organización Internacional Indígena de Colombia

ONIC - Organización Internacional Indígena de Colombia Asociación de Pequeños, Medianos Cafeteros y Recolectores de Café. APEMECAFE.

Organización de Mujeres Campesinas Sembradoras de Vida y Paz del Corregimiento El Salado, Samaniego, Nariño. Ruta Pacifica de las Mujeres.

Propuestas Ciudadanas Mesa Temรกtica l Grupo de Trabajo 6

Ponencias

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ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS

CAMPESINOS

DE COLOMBIA - ANUC Personería Jurídica No. 649 de 1.S70 - Nlin. Agricultura - RUT - 360066487-7 Carrera 5 A No. 9 - 05 Sur Barrio Villa Javier - Telefax 5608451 BogotáCeluJar 3103201913-Email3nucn^I&y¡yiC!C.corii- web - WKW.Btmc.da

Foro sobre la solución al problema de las drogas ilícitas Bogotá, 24 - 25 y 26 de septiembre de 2013, Centro de Convenciones G12

PONENCIA DE LA ANUC La presencia de cultivos ilícitos en Colombia, es consecuencia de diversas causas, entre las que cabe mencionar algunas de ellas como la demanda masiva por parte de consumidores de muchas otras naciones, que poco o nada hacen por impedir su uso, lo cual se traduce en el mayor facilitador de! narcotráfico que es el verdadero negocio de las drogas, pues la sola producción no es negocio, y tampoco causa el daño que si ocasiona el procesamiento y comercialización de los alcaloides de ellos derivados. En los distintos departamentos de Colombia, entre ellos Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Huila, etc. la producción de la coca, la marihuana y la amapola se empleaban como cultivos tradicionales para múltiples fines tanto en la medicina como en el cultivo asociado y alelopático de las plantas. La hoja de coca para los campesinos tiene distintos usos, puede ser un medicamento y hasta un alimento que muchas familias la utilizan por su gran potencial vitamínico, pues se dice que tiene 305 calorías, 18,5 de proteína, 42,6 carbohidratos, calcio, hierro, fosforo etc.Los campesinostambién hacen de esta planta ungüentos, pomadas, vinos.galletas etc. Por eso, para muchos esta planta no es ilegal ya que se emplea en la medicina y en otros proyectoscientíficos. El cultivo solo no se hace por voluntad aislada o con fines perversos, pues tos campesinos empiezan a cultivar coca o marihuana porque ven en esta actividad una salida individual a sus necesidades o afujías económicas debido a la insolvencia que les ocasionan las demás actividades agropecuarias que solo producen pérdidas ante la inexistencia de políticas públicas pertinentes que garanticen rentabilidad. Por lo tanto la crisis del sector agropecuario y en particular la de la economía campesina, la pobreza rural y el instinto de supervivencia de las familias constituyen el principa! motivo de propagación de los denominados cultivos ilícitos. Como ya se anotó, la coca se vuelve ilegal cuando se procesa y aparece el narcotráfico, porque la hoja se transformaen alcaloide y se convierte en negocio para otros, más no para los campesinos. Desde luego, el procesamiento, comercialización y consumo traen consigo unas consecuencias bien conocidas a nivel mundial y que hay que mitigarlas o erradicarlas. Entre ellas podemos citar:

*Destrucción del equilibrio ecológico. *Abandono del territorio y la producción de aumentos por parte de los campesinos para migrar a otros sitios a cultivar coca por tener menos riesgo económico. *Es un acelerador de la pobreza y desempleo. *Es generador violencia armada, familiar, social y de todo tipo. *Afecta la salud y el bienestar humano. *Aumenta las pandillas y la violencia callejera. *Desestabiliza núcleos familiares. *Disminuye el rendimiento económico, laboral y estudiantil. *Deteriora gravemente la cohesión social. *Muchos jóvenes adictos si no encuentran coca o sus derivados empiezan a consumir drogas sintéticas quena©-se producen en p o t r o s P3íse7 -•aísesEs innegable que muchas personas, especialmente jóvenes de las ciudades y cabeceras municipales han caído en el consumo de drogas estimulado por una sociedad mercantilista, que favorece la descomposición social y fragmenta la unidad familiar por la falta de comunicación, educación y afecto, que los induce a buscar ayuda y sosiego en las drogas. Ante el triste panorama antes descrito, deben mencionarse algunas responsabilidades públicas que deben cumplirse para corregir el problema, entre ellas: *Es deber del estado velar por la salud física y moral de la sociedad colombiana. *EI gobierno debe acordar con los campesinos soluciones lícitasa través de proyectos productivos rentables con capacidad para sustituir la siembra de coca. *Destinar suficiente presupuesto para atender los requerimientos de infraestructura e inversión social en el campo. 'Diseñar una ley agraria que permita el desarrollo justo, sostenible y equitativo en COLOMBIA. "Hacer posible una reforma agraria integral y democrática. Se asegura en diferentes escenarios que en Colombia no hay cultivo más rentable que la coca y la marihuana, lo cual es parcialmente cierto y para desvirtuar tal situación, el estado y la sociedad deben generar condiciones para que la producción de alimentos y los programas ambientales sean rentables y por ende atractivos para las familias campesinas, como el mayor estímulo para la sustitución de las plantaciones ilegales.

^^M

A lo largo de la historia, la acción del estado ha atacado al campesino que por instinto de conservación y sobrevivencia se ve obligado a cultivar, pero el control sobre los traficantes que además son los proveedores de los recursos para la producción, no se nota, por lo menos con el mismo rigor. Este es un problema mundial, no es únicamente colombiano, también lo es de los países consumidores, pero de la misma forma es responsabilidad de los países productores de drogas sintéticas que están invadiendo la población colombiana ante la falta de control del estado El productor de coca lo hace porque para eso tienen el suministro del capital, crédito y el mercado que le proporcionan las mismas mafias de narcotraficantes, mas no porque le sea rentable, porque apenas sale a ras y sobrevive. Lo hace

porque aun así es en la actividad que menos pierde, pues quien realmente gana es el intermediario y narco-traficante. Varios intentos con visiones extrajeras se han hecho para combatir la producción de hoja de coca, entre ellos el conocido Plan Colombia que fracasó y al contrario ha causado graves daños a la economía de las familias campesinas que a través de la fumigación acabaron con cultivos de alimentos, por tanto esos perjuicios deben valorarse e indemnizarse.Algunos aportes en torno las múltiples soluciones posibles se consignan a continuación:

Sustitución de cultivos ilícitos. 1. La sustitución debe partir de la reorientación delapolítica pública para producción de alimentos y rentabilidad de la economía campesina, lo que implica el rescate y rediseño de la institucionalidad pública y privada del sector agropecuario, es decir reingeniería de las entidades del estado y fortalecimiento de las organizaciones campesinas e instancias de participación y concertación 2. Es ineludible una política pública que subsidie la producción de alimentos de la economía campesina para hacerlos sostenibles y rentables por encima de los indicadores que se logran en cultivos ilícitos 3. Toda acción de sustitución debe comenzar por el análisis de las particularidades sociales, económicas y culturales regionales para determinar el grado de dependencia de los cultivos ilícitos e identificación de los cultivos sustitutos con suficiente y adecuada asistencia técnica, capital de trabajo y un sistema de comercialización específico y adecuado a las condiciones de la economía campesina 4. Alcanzadas las anteriores condiciones, la sustitución debe implementarse de manera progresiva y gradual, previo acuerdo y consentimiento de las comunidades campesinas involucradas. 5. Establecer programas atractivos para el sustento de las familias campesinas, como las granjas integrales campesinas con inversión social del estado y encadenadas para asegurar su sostenibilidad y hacerlas rentables. 6. Reubicación de los campesinos productores a otras zonas geográficas previamente adecuadas para producción agropecuaria y forestal. 7. Fortalecer organizaciones y agremiaciones para los productos lícitos 8. Garantizar el mercado para la producción, comercialización y rentabilidad de los proyectos productivos campesinos que sustituyen los ilícitos 9. Legalización de los cultivos ilícitos. Porque siempre va a haber mercado para estos cultivos así toda Colombia los sustituya. La legalización implica pérdida de valor y lo convierte en un negocio no atractivo. 10. que el gobierno subsidie los productos y los compre en el sitio así como los compradores de los cultivos ilícitos lo hacen.

11. promover los cultivos orgánicos de productos agrícolas de excelencia que compitan con los del exterior. Para ello es necesario garantizar la asistencia técnica, crédito y comercialización 12.1a sustitución de cultivos ilícitos viene de la presión internacional. Por esto los países consumidores deben aportar a la sustitución //.

Prevención

del consumo de cultivos ilícitos y salud

1. Diseño de un modelo de educación integral y pertinente con las labores campesinas de manera que se aumenten las competencias productivas. 2. Implementar en todos los establecimientos educativos la cátedra de vida digna y sin drogas 3. Educación en valores y autoestima por la dignidad humana dirigida a los jóvenes 4. Regular el papel de los medios de comunicación que al tocar el tema de drogas antes que educar y contrarrestan hacen apología que estimula el consumo.

III.

Producción y comercialización de cultivos ilícitos. 1. Más allá de la penalización, que a la que no nos oponemos hay que atacar las causas que obligan a la producción de cultivos ilícitos, las cuales se han relacionado en este documento 2. La erradicación es una alternativa, pero esta debe hacerse de manera manual y voluntaria con la misma población inmersa en el problema. 3. Acabar con las fumigaciones que son depredadoras del ambiente, de cultivos de alimentos, afectan la calidad de los suelos que se traduce en menor productividad y quiebra de la producción de la economía campesina. 4. El país tiene que emprender un agresivo programa de Control al ingreso de drogas sintéticas provenientes de otros países y que causan mayor daño que los alucinógenos a base de coca o marihuana. 5. Una alternativa que vale la pena explorar consiste en que el estado mismo en una estrategia de sustitución progresiva compre la producción existente, la industrialice en producción de medicinas, aromatizantesgaseosas, y otros productos científicamente probados como inocuos.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL PE ANUC Y DELEGADOS AL FORO

^ \

ASOCIACIóN NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA -

—"'

ANZORC LAS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA

(ZRC). LOS

CULTIVOS DE COCA, EL

TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS Y EL NARCOTRÁFICO: LA REGULARIZARON COMO SOLUCIÓN

La guerra antidroga en el país, se ha dirigido contra los campesinos cultivadores estigmatizándolos como delincuentes, desplazándolos con fumigaciones y erradicaciones llevándoloa a la cárcel. Pero veamos cuales son los antecedentes del problema: podemos ubicar como causa original de la guerra colombiana es una tragedia recurrente de nuestra historia: la concentración de la propiedad de la tierra, antes solo representada por el latifundio, ahora también presente en "modernas y racionales" empresas del agronegocio y la explotación minero-energética, que no deben ser tan "eficientes", dado que parecen necesitar también del despojo recurrente de las tierras incorporadas a la frontera agrícola por los campesinos. Todo el escándalo reciente de la modificación a la ley de baldíos apunta a esto. Al reseñar el acuerdo del primer punto agrario en La Habana, El Tiempo destacaba: "el gobierno ha sido claro -y ayer lo reiteró- en que la propiedad privada legal no se tocará para la reforma agraria, independientemente del tamaño que tenga", mientras a renglón seguido aclara que para el "fondo de tierras" a constituirse, "no se ha considerado el latifundio legalmente adquirido", asumiendo así la oscura versión de que existen maneras legales de constituir un latifundio. El geógrafo ingles David Harvey, acuñó en el 2003, el término "acumulación por desposesión o despojo", y esto equivale a que desde fines del siglo XX, se acumula a partir del despojo de sectores que antes de la era neoliberal le eran vedados al capital, estos sectores en el norte del planeta, históricamente eran manejados dentro de la economía estatal pública: la salud, la educación, la vivienda etc. es decir todos las áreas económicas, que han sido victimas de las privatizaciones. Pero en el

ASOCIACIóN NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA -

ANZORC sur del planeta además de los bienes del Estado, también quedan tierras donde aplicar la misma estrategia. Por eso lo que empezó con el discurso de calificar a las Zonas de Reserva Campesina como "republiquetas independientes", se ha convertido en la posición del gobierno cuando resguarda al latifundio y lo protege en los acuerdos de La Habana. Con la modificación a la ley de baldíos ahora vienen por más: ahora se haría legalmente lo que empezó con las masacres del paramilitarismo y el desplazamiento que estas generan, que siempre buscó la apropiación por grandes capitales de los predios creados por fuera de la frontera agrícola original, construidos por el campesinado en los baldíos recibidos de la reforma agraria desde los años 60, en los baldíos que entonces entregó el Estado, precisamente para eludir el reparto de las tierras dentro de la frontera agrícola. El capital nunca ha tenido escrúpulos o para re-editar sus orígenes sangrientos, o para con violencia o sin ella, establecerle relaciones de tributación a otras formas económicas, cuando descalifica y combate a las Zonas de Reserva Campesina, cuando pretende blindar al latifundio, lo que esta haciendo acorralar a los campesinos autónomos, hasta convertirlos en siervos del medioevo, por la vía de la "alianza del zorro con la gallina". Cualquier propuesta de sustitución de los ingresos de origen ilícito que los cultivos de hoja de coca producen en las áreas de bosque húmedo, debe considerar estos antecedentes históricos y analizar la coyuntura y el entorno descritos.

^™

La aparición de los cultivos de coca en el Putumayo, el Guaviare o el Catatumbo data de los años 70 y 80 del siglo XX, y es consecuencia de tres factores: 1. El poblamiento de las regiones con campesinos desplazados desde la frontera agrícola, por el latifundio, por la guerra o llevados por la

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ANZORC reforma agraria, ejemplos concretos provenientes de los valles fértiles del alto río Cauca, del Tolima o del sur del Cesar; 2. La apertura económica que desde los 80 empezó a hacer inviable la pequeña producción agropecuaria, situación agravada con la firma de TLC; 3. Unos suelos en su mayor parte con escaza capa vegetal y en consecuencia mayoritariamente de baja productividad; 4. La incomunicación de las regiones, por la mala calidad de la vía principal, y la escases de vías de penetración, que aumenta la dificultad de comercialización para cualquier producto. Los 4 factores combinados implicaron que una mercancía que podía cultivarse en los malos suelos del bosque húmedo, que podía procesarse y sobre todo venderse en el mismo sitio llevara las de ganar, frente a aquellas resultantes de cultivos tradicionales conocidos de la agricultura de dentro de la frontera agrícola. Es clave entender que las características principales de la mercancía que llenó esos campos, son en primer lugar sus aceptables rendimientos por hectárea en suelos malos, segundo el hecho de poderse procesar en el campo, y además la posibilidad de venderla en la misma región sin someterse a la tortura de las pésimas carreteras. El primer factor es productor del insumo hoja de coca, y el segundo y el tercero son los que permiten la transformación hasta pasta básica de cocaína para el mercado. La mercancía que se procesa localmente y luego se tranza en los mercados de las regiones es la pasta básica de cocaína, no la hoja de coca, la cual no tiene uso comercial en la región, ni tampoco fuera de ella, por ahora solo ha sido el insumo para la producción ilegal. Además, la transformación local es condición necesaria para que llegue al mercado, porque las malas vías y la alta pluviosidad impiden el desplazamiento de la hoja de coca, producto natural perecible.

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ANZORC No es correcto el planteamiento de que el procesamiento de la hoja de coca para producir pasta básica de cocaína es un acto obligado por guerrilleros y narcotraficantes, y que en circunstancias diferentes los campesinos seguirían trabajando cultivos tradicionales, las causas de la producción de la mercancía ilegal son económicas. Estamos ante un escenario de "tierras peores" en términos clásicos, tanto por la baja calidad de los suelos, como por el aislamiento físico de los mercados, son tierras que no tenían posibilidades de producir renta diferencial. En ese sentido la gran mayoría de las áreas cocaieras de Colombia, son territorios que solo pudieron incorporarse al mercado, gracias al cultivo de la hoja de coca, que hasta ahora se usa como insumo de la mercancía ¡legal pasta básica de cocaína. Hoy también es jurídicamente incorrecto hablar de cultivos ilícitos, la ¡legal es la mercancía, la pasta básica de cocaína. Varias sentencias de la corte han refrendado la legalidad de la hoja de coca, en su carácter de cultivo tradicional de los pueblos originarios andinos. La reincorporación del Estado Plurinacional de Bolivia a la Convención Mundial de Estupefacientes el 10 de enero del 2013, después de declarar la incompatibilidad con su constitución, del artículo 49 de la Convención que prohibía el mascado (mambeo) de hoja de coca, así como su cultivo, le dan carácter internacional a la reivindicación de la planta. La condena a la hoja, tiene un origen racista y es independiente al tipo

de uso que se le de, sin embargo ahora se adapta a las nuevas circunstancias y elabora una clasificación científicamente incorrecta, se habla de una planta "buena" para los usos tradicionales y otra diferente "mala" para producir la mercancía ilegal. Pero la planta es una sola, es la misma.

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ANZORC El nivel de utilidad local de la mercancía pasta básica de cocaína, varía en las diferentes zonas productoras del país en función de los rendimientos de la hoja de coca por hectárea, del costo de los insumos agrícolas y sobre todo del costo de los insumos para la transformación desde el producto natural hasta el químico. En buena medida el precio de estos insumos para transformar coca en pasta, esta condicionados por la corrupción que genera su trafico de ingreso, negocio de los organismos de control del Estado. El uso alternativo que se de a la tierra, para ser sustentable debe lograr un ingreso igual o superior a los 20 a 30 millones de pesos anuales que se producen por hectárea en las zonas cocaleras. También hay que considerar la distribución del ingreso en varias cuotas proporcionales repartidas durante el año, porque sabemos que en la escala de la economía campesina, es básico el flujo continuo del ingreso para el mantenimiento de las familias. En los Planes de Desarrollo Sostenible -PDS de las ZRC en territorios cocaleros, no basta con ubicar hipótesis de cultivos de sustitución en genérico, hay que estudiar la agrología de los predios del bosque húmedo colombiano que ocupa hoy la coca, es decir la calidad de sus suelos; y debe quedar claro que no toda la tierra sirve para los cultivos tradicionales exitosos en los fértiles valles interandinos. Además de las diferencias de calidad del suelo, el factor de cercanía a los mercados es básico para la validación de las alternativas. De donde la calidad de las carreteras de interconexión con los centros urbanos, las vías de penetración y las políticas públicas que regulen y garanticen el mercado se vuelve factores productivos de primera línea. Respecto a los cultivos o zoocrías que se propongan como alternativos de sustitución, lo básico es que se consideren los PDS de las ZRC

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ANZORC propuestas, teniendo claro que para validar estos no basta el argumento de que es lo que piden los cultivadores, este no es un problema de democracia, no porque los pidan la mayoría son alternativas de sustitución se vuelven factibles o correctas, tales propuestas tienen que ser pasadas por el tamiz de la agrología, la conexión, las políticas públicas de desarrollo rural y las garantías de mercado. Cualquier programa de sustitución, debe considerar a los seres humanos detrás del problema, los cocaleros que hoy producen coca como insumo de pasta, a lo largo y ancho de Colombia, una población cercana al tercio de millón de ciudadanos con sus familias necesita de la gradualidad para el proceso de sustitución de los ingresos provenientes del producto ilícito, por ejemplo en el Catatumbo se ha fijado un horizonte de 10 años para ello. Otro elemento clave para asegurar la calidad de los nuevos productos alternativos que resulten, será la asistencia técnica a estos cultivos y zoocrías, y esto necesariamente debe convertirse en una política pública sustentable para el futuro de los territorios hoy cocaleros, es decir debe estar garantizada más allá de la coyuntura de la negociaciones actuales de paros o de la propia constitución de las ZRC. Los propietarios del saber y de la identidad de la coca, son los pueblos originarios de Suramérica, andinos y amazónicos. Esto está incluso reconocido por la sentencia 477 de la corte suprema, que la reconoce como patrimonio biológico y cultural de los pueblos indígenas de Colombia, en ese sentido un eventual uso alternativo de la hoja de coca para productos ^ T O

artesanales e industriales benéficos debe considerar una alianza productiva empresarial entre campesinos cocaleros e indígenas. Por lo anterior los programas alternativos a los ingresos ilícitos deberán, además, contemplar la elaboración de proyectos que apunten a la utilización

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ANZORC de la propia hoja de coca como insumo para la obtención de productos elaborados de uso lícito. Para el efecto, un eventual uso alternativo de la hoja de coca para productos benéficos debe considerar una alianza productiva entre campesinos cocaleros e indígenas, dados los avances jurídicos sobre el tema (sentencia 477 de 2011 de la Corte Constitucional y reserva boliviana sobre el artículo 49 de la Convención de estupefacientes de la ONU) y las perspectivas económicas de una eventual industrialización de la hoja de coca. Como ANZORC, estamos abiertos a explorar este tipo de alianzas, y a incorporarlas en nuestros PDS, por ejemplo con las experiencias de procesamiento de la hoja de coca de los indígenas del Cauca. Una alianza de esta índole permitiría,primero desde el ángulo económico, apoyarse en el conocimiento tecnológico de las transformaciones legitimas de dominan los indígenas; y segundo desde el ángulo político, que los cocaleros de la regiones donde hoy se produce pasta básica de cocaína, respetaran a sus dueños legítimos y quedarán cobijados por el paraguas del uso licito y originario. Como ANZORC, estamos abiertos a explorar la posibilidad de aplicar en nuestro país la política pública de Control Social a la Coca que hoy implementa Bolivia, ahí en el ultimo año se redujo en 12% del área sembrada, en una labor conjunta con participación del Estado y de los campesinos a través de mas de 700 de sus organizaciones sociales de base y sin ninguna clase de violencia. En Bolivia se pacta entre campesinos y Estado, que áreas se destinan a los usos lícitos de la hoja de coca para productos alimenticios y medicinales (como los que aquí produce CocaNasa), y cuales áreas definitivamente se deben sustituir por otros cultivos o crías, para que la hoja no se desvíe al narcotráfico. En una Colombia en

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ANZORC paz, el Estado y las organizaciones campesinas tenemos que llegar a reproducir este modelo. Con este horizonte planteado Anzorc comparte las propuestas de regularización y legalización de los cultivos de coca, las propuestas de regularización y tratamiento de salud pública al problema del consumo de drogas y la drogadicción, así como las propuestas de regularización y legalización del uso de la cocaína como solución estructural al problema del tráfico ilegal de esta sustancia. Teniendo en cuenta que la sustitución de los ingresos derivados del cultivo de la hoja de coca deben ser un proceso social, estructural, gradual y concertado planteamos como inicio de la solución el cumplimiento de la ley 160 que garantice el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, el ejercicio de la territorialidad y el desarrollo rural a través de las ZRC. Para tal efecto se deberán constituir de un Sistema y un Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina para la concreción de:

1. El reconocimiento de las campesinas y los campesinos 2. Un nuevo modelo de Desarrollo Rural 3. La consolidación de la economía campesina ^

4. Un nuevo modelo de la explotación de los recursos mineroenergéticos y de redistribución de su renta 5. El reordenamiento territorial y ambiental del país Sobre el Sistema Nacional de ZRC - SNZRC 8

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ANZORC Se conformará de un Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina que promueva la articulación de los actores involucrados, responsables, e interesados en el objetivo de propiciar que las zonas de reserva campesina se fortalezcan como instrumento de Reforma Agraria y de superación del problema agrario colombiano, dando lugar al despliegue de las capacidades y fines de cada uno de ellos, y, evitando la contradicción, duplicación, dispersión, y los vacíos en la política agraria que actualmente se presentan en las acciones del Estado en los niveles nacional, regional y local. El objetivo del sistema es contribuir a la satisfacción de la integralidad de los derechos de las campesinas y los campesinos, la soberanía alimentaria del país, a la activación de las economías locales y regionales, la protección ambiental de territorios rurales colombianos, a través del pleno desarrollo de las zonas de reserva campesina de acuerdo a sus fines consagrados en la ley. El Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina estará integrado por las

organizaciones

campesinas

que

impulsan

zonas

Reserva

Campesina, sus formas de participación y planificación, la institucionalidad, la cooperación internacional, la academia y la empresa privada y de economía solidaria. El Sistema tendrá una Coordinación conformada por Anzorc y la autoridad de desarrollo rural, encargada de velar porque se dinamicen las relaciones entre los integrantes del mismo, en las oportunidades, temáticas y durante los tiempos pertinentes, convocando, haciendo seguimiento y proponiendo medidas de mejora pertinentes.

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ANZORC El SNZRC estará contenido dentro del Plan Nacional de desarrollo con un articulado que lo contemple. Se creará una nueva institucionalidad para el desarrollo rural, la redistribución equitativa de la tierra, la asistencia técnica y el desarrollo técnico y científico para el agro, y la distribución de alimentos. Como parte de esta nueva institucionalidad se debe iniciar por: 1. Garantizar el acceso a 10 millones de hectáreas, en una primera fase, para la constitución y el impulso de nuevas ZRC como parte de un Fondo de Tierras. 2. Avanzar en la constitución de las ZRC como figuras territoriales con un nivel de autonomía que garantice el ejercicio de la territorialidad campesina frente a los intereses empresariales de petroleras, multinacionales minero energéticas y el agronegocio. 3. Crear un Fondo Nacional de financiación de territorios campesinos y de las ZRC que garantice la ejecución de los Planes de Desarrollo Sostenible y el Programa Nacional de ZRC. 4. Complementar estas iniciativas con la realización de un catastro especial para ZRC y con la nueva institucionalidad campesina que se requiere para hacer viables las ZRC y los territorios campesinos. 5. Sacar de las deliberaciones sobre ZRC y Desarrollo Agrario integral con enfoque territorial al Ministerio de Defensa. Sobre el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina - PNZRC

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ANZORC El PNZRC estará contenido dentro del Plan Nacional de Desarrollo con un articulado que explicite su papel y sus alcances. El PNZRC incluirá todos los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de la ZRC, así como todas la iniciativas y proyectos de las ZRC que están en proceso de constitución. El PNZRC financiará el funcionamiento del Sistema NZRC. El PNZRC será financiado bajo las siguientes modadlidades: Un porcentaje anual fijo del presupuesto nacional Un sistema especial de transferencias Un sistema especial descentralizado de regalías Otras rutas de financiamiento que se concerten dentro del SNZRC Los ministerios de Hacienda, Agricultura, Salud, Transporte, Educación, Comunicaciones, Interior, Cultura.Ambiente y Vivienda deben incluir recursos para el financiamiento de los Planes de Desarrollo Sostenible de las ZRC. El PNZRC y SNZRC contarán con los documentos Conpes necesarios concertados con Planeación Nacional.

^S ASOCIACIÓN NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA ANZORC Bogotá, Octubre 25 de 2013 11

DOCUMENTO FORO NACIONAL DE DROGAS. Septiembre 24-26 del 2013. Organización de Mujeres Campesinas Sembradoras de Vida y Paz del Corregimiento el Salado, Samaniego, Nariño.

Mujeres del Guaico sus apuestas y sus desafíos.

En el año 2005 un grupo de mujeres, enamoradas de su tierra, de su cultura, de sus tradiciones; un grupo de mujeres soñadoras con infinitas ganas de ser parte de la solución de un sin fin de problemas que registra nuestro país y en pro de tener una mejor calidad de vida deciden ponerse al frente de una lucha que otros no asumían por miedo. Y deciden crear la Organización de Mujeres Campesinas Sembradoras de Vida y Paz y allí se empieza en un territorio como el nuestro, marcado por la violencia, el machismo, el silencio, la corrupción etc., a hablar de paz, de soluciones desde nosotras como mujeres. Y en el camino la familia fue creciendo y fueron las mujeres, sus compañeros, sus padres, sus hijos. Fuimos todos luchando por reivindicar nuestros territorios. Nuestro ser y sentir de campesinos y campesinas. Miramos entonces que una de esas reivindicaciones estaba en erradicar como comunidad la coca pues se había convertido en una excusa para cometer múltiples violaciones a los derechos humanos y además porque el narcotráfico entro a deformar el ecosistema y nuestra cultura.

Sabíamos que era necesario encontrar una alternativa por que las personas sentían que por medio de la coca podían alcanzar esa estabilidad económica que no habían tenido con años de trabajo. La concientización fue parte primordial de este proceso puesto que era volver a nuestras raíces a nuestras tradiciones volver a las chagras algo que garantizaba el pan coger era una forma de crear soberanía, de crear cultura y se erradico y se sustituyó estos cultivos por café y por las chagras y se trabajó en la agricultura orgánica como una manera de recuperar practicas ancestrales y darle un valor agregado a nuestros productos y aunque no se erradico la totalidad de los cultivos se tuvieron avances muy significativos.

2. IMPACTOS DE LOS CULTIVOS Y LA POLÍTICA DE LA COCA

• • •

Impacto Socio-Político. Impacto cultural. Impacto económico.

Quiero empezar resaltando que todos los acuerdos a los que ha llegado Colombia con respecto a la política anti-drogas se han llevado a cabo sin ser concertados con las comunidades, esta es una situación muy preocupante ya que son las comunidades quienes sufren las consecuencias de dichos acuerdos que en realidad no han mostrado resultados positivos pues las cifras de siembra y procesamiento de coca se han incrementado. Por el contrario estas políticas han lesionado, han vulnerado los dere4chos humanos y se han constituido en nuestros territorios como una justificación para fragmentar a las comunidades, para fomentar la guerra para clasificar el ser y actuar de nosotras como mujeres.

Es que las fumigaciones al igual que las balas no discriminan, y han cambiado la vida, la cultura, han traído consigo el exterminio de cultivos ancestrales y de la soberanía misma; han generado múltiples enfermedades, han deformado la geografía, han generado gran desplazamiento en las comunidades campesinas rompiendo el tejido social y han generado un impacto irreversible a la vida de las mujeres puesto que se nos ha esclavizado y se ha quebrantado la relación directa que como mujeres tenemos con la tierra y la naturaleza. Por medio de los cultivos ilícitos se ha sometido a la mujer al trabajo sexual, a ser la carnada del tráfico de estupefacientes, hemos sido nosotras las mujeres las que hemos llorado a nuestros hijos, esposos, padres. El narcotráfico entro entonces a desintegrar el núcleo central de la sociedad la FAMILIA. Y se estigmatiza el proceder, la ciudadanía de nosotros como colombianos en todo el mundo.

Como mujer creo que el impacto más grande que ejerce esta situación sobre las mujeres es en el cuerpo como primer territorio y cuando hablamos de cuerpo no solo nos referimos a su parte física que ha sido vulnerada y violentada sino también a las múltiples afectaciones psicológicas, emocionales. Parte de la deformación permanente y deterioro de nuestra salud, la relación con el otro y el entorno. Y si bien la fumigación nunca fue una alternativa para nosotras se puede decir que la erradicación manual que se le ha encargado al aparato militar de nuestro país también ha sido nociva sobre todo para nosotras las mujeres pues existen muchas demandas por parte de mujeres que denuncian que durante las jornadas de

erradicación han sido objeto de acoso y violaciones sexuales por parte de los uniformados.

El impacto social, político, económico, cultural y ambiental que han causado estas políticas en nuestro país es irreversible, políticas con supuestas "soluciones" que han sido ineficaces y que generan alternativas para las comunidades que erradican el cultivo de la coca.

3. PROPUESTAS DESDE LAS MUJERES.

Generar alternativas para la suplantación del cultivo de la coca con cultivos ancestrales y proyectos que promuevan la erradicación desde las comunidades. Reivindicar la coca como planta ancestral propia de las costumbres y de la cultura de nuestras comunidades. Realizar un diagnóstico sobre las mujeres que han sido acusadas de tráfico de estupefacientes con el fin de investigar y castigar a los actores intelectuales de estos hechos. Suspender las fumigaciones aéreas y la erradicación por parte del aparato militar para empezar a generar procesos desde las comunidades. Indemnizar y reparar a las mujeres que han sido afectadas en su salud y en su economía campesina, productos de pancoger, etc como producto de las fumigaciones y de las operaciones militares de erradicación. Promover acciones de desminado humanitario y el respeto hacia el derecho internacional humanitario como primera condición para el desarrollo de las comunidades.

•:• Fortalecer y promover la soberanía alimentaria, la empresa comunitaria acompañada de procesos tecnológicos que fomenten la autonomía y el desarrollo con el fin de fortalecer los procesos sociales y la economía dentro de las comunidades. •

Reivindicar, concientizar y reparar a la comunidad, a las organizaciones, a las mujeres y todas aquellas personas que han sido víctimas de las políticas antidrogas y todos los impactos que están han traído consigo a la — población.

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Las actuales políticas antidrogas han probado ser ineficientes para contrarrestar el tráfico de drogas ¡lícitas y al contrario, han contribuido a su incremento. Han causado efectos dañinos y contraproducentes de manera desproporcionada, sobre todo en los eslabones más débiles en la cadena de drogas (usuarios problemáticos, personas que se ven obligadas a usar sus cuerpos para transportar drogas, pequeños productores, jornaleros y una masa de población que indirectamente vive de esta economía). La presencia de esta temática en la agenda de conversaciones de paz en La Habana, es una oportunidad para que estos sectores que más han padecido los efectos de una estrategia fundada en el uso de la fuerza y la criminalización, puedan expresar su voluntad de cambio frente al paradigma prohibicionista y particularmente, de la actual estrategia que ha fracasado. El presente documento presenta unos lineamientos para el debate público hacia la elaboración de una estrategia que recupere la dignidad de las personas que han sido marginadas, excluidas y criminalizadas por una política que atiende un modelo transnacional que no ha dado muestras de éxito.

Situación global en materia de la "lucha antidrogas". Cocaína A pesar del desarrollo de estrategias combinadas de erradicación manual, aspersión aérea en el caso colombiano, procesos de militarización y criminalización de los productores de hoja de coca en la región andina y de intentos - la mayor parte fallidos - de programas de desarrollo alternativo, el área total global dedicada al cultivo de coca se ha mantenido relativamente estable durante décadas alrededor de las 150.000 hectáreas. Por ejemplo, la cifra de 2011 (155.600 hectáreas) es prácticamente similar la cifra que existía en la región en el año 2003. Cuadro No. 1 Producción global de cocaína 1999-2011 según UNODC Bolivia Total

Rnlivia PPI-I'I

Total

Rnlivia Perú Total

1999 21.800 38.700 160.1000 220.600 2004 27.700 50.300 80.000 158.000 1 2009 30 900 59.900 68.000 158.800

2000 14 fino 43.400 1(53.300

22UQQ

2001

iq.qoo

4(5.700 144.800 210.900

159,600

2006 77 500 51.400 78.000 156.900

7010 31.000 61.200 57.000 149.200

2011 77.700 64.400 64.000 155.600

2005 25.400 48.700 8(5.000

2002 71.600 46.700 102 000

2003 23.600 44.200 Rfi.000

17v,3ga

153,500

2007 28.900 53.700 99.000 181.600

2008 30.500 56.100 81.000

167,700

Fuente: UNODC

Las estimaciones de la cantidad de cocaína producida e nivel global, también mantienen una fuerte estabilidad, oscilando entre 800 y 1.000 toneladas. En los últimos años, el mercado de cocaína se ha ido desplazando a varias regiones que antes no se asociaban al tráfico o al consumo. De acuerdo con UNODC se han observado aumentos considerables en Asia, Oceanía y América Central y del Sur y el IOIIO NACIONAI: Mil ll( ION Al l'KOlll EMA nE LAS DROGAS ILÍCITAS

cer lugar lo ocupa Costa de Marfil con 56.9, seguido de Jamaica con 52.1, Venezuela tiene 49, Belice con 41.7 y Cuatemala con 41.4 por cada cien mil personas. No obstante la guerra que se vive en México con escenarios de disputas entre grupos organizados de crimen y tráfico de drogas, las cifras absolutas de homicidios en México son de 20,585 y la tasa es de 18.1 por 100 mil habitantes. El número de personas asesinadas en México en el contexto de la guerra contra las drogas desde 2006 hasta 2012 alcanza una cifra de 70.000. Por su parte Colombia tiene una tasa de homicidios de 33.4 habitantes por cada cien mil y presenta cifras absolutas de 15.459 homicidios. El estudio de la ONU confirma al triángulo norte de Centroamérica, es decir los países de Honduras, Guatemala y El Salvador, como una de las regiones más peligrosas del mundo. La situación se relaciona directa e indirectamente con el papel que cumple esta zona en relación con el tráfico de drogas que proviene de Suramérica, principalmente de cocaína y que busca el acceso al mercado norteamericano. Caribe. En América Central, la fuerte disputa por el control de territorios para el trasiego internacional en el tráfico de cocaína, continúa dando lugara niveles de violencia crecientes.' Según el primer informe desarrollado por la misma Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) denominado "Estudio global sobre homicidios" del año 2011, hay evidencia de un aumento de las tasas de homicidios en Centroamérica y el Caribe, que están "cerca de un punto de crisis". Se establece que Honduras registra una tasa de homicidios de 82.1 por cada cien mil personas, que es la más alta del mundo. Honduras es el país con el mayor número en cifras absolutas de homicidios de Centroamérica y el sexto más alto del continente americano, pues solo es superado por Brasil con 43.909, pero con una tasa de 22.7 por cada 100,00 habitantes. Por su parte, El Salvador ocupa el segundo lugar, con una tasa de 66 homicidios por cada cíen mil habitantes. El ter1

Continuando con una descripción sobre las principales tendencias del mercado de cocaína a nivel mundial, en algunos países de Asia oriental y sudoríental se observa una dinámica de apertura del mercado para ese psicoactivo. Las incautaciones en Hong Kong, China, se acercan a una tonelada según el último informe de UNODC (comportamiento del 2012), reflejando un aumento importante frente a los niveles de incautación en el 2010 que fueron de 600 kilos. Este hecho puede vincularse a varios factores, relacionados a menudo con la sofisticación que se asocia a su consumo y al surgimiento de niveles sociales con mayor poder adquisitivo dentro de la sociedad china. El comportamiento de la demanda en América Latina, está aún insuficientemente explicado. UNODC le atribuye esta tendencia a un efecto de "desbordamiento" ya que, según esta entidad, la cocaína se consigue fácilmente y es relativamente barata a causa de la proximidad de los países productores. 2

Véase UNODC, Informe Mundial sobre las Drogas 2013. New York.

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En Oceanía, en cambio, las incautaciones de cocaína alcanzaron niveles máximos en 2010 y 2011 (1,9 y 1,8 toneladas, respectivamente, frente a 290 kg en 2009). La tasa de prevalencia anual de consumo de cocaína en Australia entre la población de 14 años o más, se duplicó de manera significativa del 1,0% en 2004 al 2,1% de la población adulta en 2010; esa cifra es más elevada que el promedio europeo y supera las correspondientes tasas de prevalencia en los Estados Unidos. Anteriormente, América del Norte y Europa central/occidental dominaban el mercado de cocaína, pero hoy día representan aproximadamente la mitad de los consumidores a nivel mundial, lo que refleja que el consumo parece haberse estabilizado en Europa y disminuido en América del Norte. 3 El problema de la droga en EU ha perdido su relevancia política a nivel interno desde finales de los ochenta cuando se constituyó en el principal asunto de gran preocupación para la sociedad. No obstante, cada año se producen en este país 30.000 muertes relacionadas con drogas y mantiene una cifra alta de casos de emergencia hospitalaria que se calculan en un millón al año. Más de un tercio de las muertes relacionadas con VIH SIDA está a su vez asociado a psicoactivos. La mayor parte de los test que se practican en los arrestos da positivo y están asociados a uso de drogas. De acuerdo con la Oficina Nacional de Drogas de los EU (ONDCP por sus siglas en ingles) se calcula que el costo social por problemas asociados a drogas es de 180.000 millones de dólares al año. 4 En un estudio de la Oficina Nacional de Control de la Política de Drogas entidad dependiente de la presidencia de EU encontró que en el análisis de una serie entre 2000 y 2006, el movimiento del mercado de drogas de origen natural dentro de EU por año, fue así:3 Cocaína: 38.000 millones de dólares. Heroína: 11.000 millones de dólares Marihuana: 34.000 millones de dólares. 3 4 5

UNODC, 2013. Caulkins, Jonathan & Peter Reuter "How drug enforcement affeots drug pnces", Crime and Justice vol.39, 2010. Office of National Drug Control Policy (2012). What America's Users Spend on lllegal Drugs, 2000-2006. Washington, DC: Executive Office ofthe President, p. 13. kfíp://mvn>,whitehouse.gov/sites/(ltlfault/fiIes/page/Jiles/waus¡d_report_t'...

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Por su parte el mercado de anfetaminas alcanzó los 18.000 millones de dólares. Esto sucede a pesar de la magnitud de los gastos para el sostenimeinto de la "lucha antidrogas"y que alcanza anualmente US 51.000 millones de dólares. El número de personas arrestadas con cargos no necesariamente asociados a uso de la violencia, fue para el 2011, de 1.53 millones de personas. Sólo por violaciones a la ley relacionada con marihuana alcanza los 757.969 personas bajo arresto. Por el sólo hecho de poseer marihuana fue arrestado el 87% de esa cifra esto es, 663.032 personas. Si se suman las personas encarceladas en el 2011 en las cárceles del nivel federal, estatal y en prisiones locales alcanzan la cifra de 2'266.8oo, esto significa 1 de cada 99.1 adultos. Esta cifra representa la cifra promedio más alta del mundo. Las personas de origen hispano y negro encarceladas representan 2/3 del total, esto a pesar que los promedios de uso y venta de drogas por parte de los blancos son similares. A propósito de la afectación de derechos y beneficios por haber sido encontrado en posesión de drogas, el número de estudiantes que han perdido la elegibilidad para la ayuda financiera federal para sus estudios es de 200.000. El número de muertes por sobredosis alcanza 31.758 personas por año. Si se llegase a regular las drogas que hoy están prohibidas el ingreso por impuestos se calcula en US 46 mil setecientos millones de dólares.

Estimulantes de tipo anfetamínico Existen indicios de que el mercado de estimulantes de tipo anfetamínico se está expandiendo: las incautaciones y los niveles de consumo van en aumento, la fabricación parece extenderse y se están creando nuevos mercados. A nivel mundial, las incautaciones han alcanzado un nuevo tope: 123 toneladas en 2011, lo que supone una subida del 66% en comparación con 2010 (74 toneladas) y el doble desde 2005 (60 toneladas). En México se registró la mayor cantidad de metanfetamina incautada, duplicándose de 13 toneladas a 31 toneladas, en el plazo de un año, superando así a los Estados Unidos por primera vez.

r o ñ o NACIONAL! SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Cannabis El cannabis sigue siendo la sustancia ilícita más consumida en el mundo. La prevalencia de uso es de 180,6 millones, es decir, el 3,9% de la población mundial de 15 a 64 años de edad. Aumentaron las superficies de cannabis erradicadas en los Estados Unidos, lo que podría ser indicio de un incremento de la superficie dedicada a su cultivo. El número de estados que hoy permiten el uso medicinal de la marihuana son 20 más el distrito de Columbia. El estimado anual del ingreso para el estado de California si se establecen impuestosy se regula la venta de marihuana se calcula en US $i.40o'ooo,ooo. La metanfetamina sigue siendo el puntal del negocio de los estimulantes de tipo anfetamínico; representó el 71% de las incautaciones de esas sustancias a nivel mundial en 2011.

De otro lado, también parece haber aumentado el cultivo en el conjunto del continente americano. En América del Sur, las incautaciones de hierba de cannabis notificadas aumentaron un 46% en 2011 (UNODC, 2013).

La fabricación de metanfetamina también se está expandiendo. Según UNODC se han descubierto nuevas dinámicas comerciales de este psicoactivo en la Federación de Rusia y Polonia, entre otros países. Existen también indicios de un aumento de la actividad de fabricación en América Central y un incremento de la influencia de las organizaciones mexicanas de narcotraficantes en el mercado de drogas sintéticas de la región. Las cifras correspondientes a las incautaciones de anfetamina también han aumentado, especialmente en el Oriente Medio, donde la droga puede obtenerse principalmente en forma de comprimidos, comercializada como comprimidos de captagon y consistente mayoritariamente en anfetamina. 6 Europa y los Estados Unidos notificaron casi el mismo número de laboratorios de anfetamina (58 y 57, respectivamente) en 2011, y el total se mantuvo bastante estable en comparación con 2010. Aunque el consumo de "éxtasis" ha ido disminuyendo en todo el mundo, parece estar aumentando en Europa. En orden ascendente, Europa, América del Norte y Oceanía siguen siendo las tres regiones con una prevalencia de consumo de "éxtasis" por encima del promedio mundial. UNODC, op.dt

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En Europa, aumentaron las incautaciones de hierba de cannabis, pero disminuyeron las de resina de cannabis ("hachís"), lo que tal vez indique que el cannabis de producción propia sigue sustituyendo a la resina importada, principalmente de Marruecos. La producción de resina de cannabis parece haberse estabilizado, e incluso disminuido, en el Afganistán y Marruecos, los principales países productores. Muchos países de África comunicaron incautaciones de hierba de cannabis, y Nigeria notificó las mayores cantidades incautadas en la región (UNODC, 2013).

En Europa, el cannabis suele cultivarse al aire libre en los países con condiciones climáticas favorables. En los países con condiciones menos favorables, como Bélgica y los Países Bajos, se da un gran número de plantas cultivadas bajo techo. Nuevas sustancias psicoactivas (NSP) Al anterior panorama se agrega hoy una dinámica de crecimiento de lo que UNODC llama "nuevas sustancias psicoactivas", muchas de ellas variantes de drogas sintéticas ya

PORO NACIONAL: SOLUCIÓN AL l'linnt I MA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

MDVP y metilona entre las catinonas sintéticas; también diversas presentaciones de piperazinas. Las sustancias de origen vegetal incluían sobre todo kratom, khat y Salvia divinorum.

conocidas, que caen en desuso. Existe un problema cada vez más serio con este tipo de drogas, dado que muchas de ellas aparecen, son demandadas, algunas con efectos graves en la salud y luego desaparecen para nuevamente crearse "nuevas" formulaciones. Es decir, las NSP son sustancias de uso riesgoso, ya sea puras o en preparados, que no están fiscalizadas por los tratados internacionales sobre drogas, pero que pueden plantear una amenaza a la salud pública. En este contexto, el término "nuevas" no se refiere forzosamente a nuevas invenciones, sino a sustancias que han empezado a circular recientemente en mercados concretos (UNODC, 2013).

Lo que hace que las NSP resulten especialmente peligrosas y problemáticas es la percepción general que las rodea. Se han comercializado a menudo como sustancias no prohibidas promoviéndolas bajo el argumento que su consumo y utilización son inocuos. Para engañar a las autoridades, los proveedores también han comercializado y anunciado sus productos de forma agresiva y los han vendido con nombres de productos de uso diario relativamente inocuos, como ambientadores de locales, sales de baño, inciensos vegetales e incluso abonos para plantas.

La velocidad del movimiento de este tipo de mercados está poniendo en aprietos al sistema de fiscalización mundial: según UNODC, el número de NSP notificadas por los Estados Miembros a la UNODC aumentó de 166 a finales de 2009 a 251 a mediados de 2012, lo que supone un incremento de más del 50%. Por primera vez, el número de NSP superó al total de sustancias sujetas a fiscalización internacional (234). Se trata de un juego perverso de sustitución movido por las empresas criminales, de modo tal que, cuando una NSP se somete a fiscalización o se incluye en las listas, su consumo aparentemente disminuye poco después. Pero, luego de genera un "efecto de sustitución" lo que ha inhibido la investigación a fondo sobre las repercusiones a largo plazo de la inclusión de NSP en listas. La misma UNODC reconoce que se dan casos en que incluir en listas o fiscalizar una NSP ha surtido efectos escasos o nulos.

La situación de Colombia En el escenario internacional, Colombia ha venido siendo promovida como "el caso exitoso" en materia de aplicación del modelo de lucha contra las drogas. Los indicadores para este tipo de reconocimientos han sido acciones denominadas de cumplimiento de la ley y que buscan una disminución o incluso erradicación de las sustancias psicoactivas consideradas no legales. Incluso la política de desarrollo alternativo se mide aún hoy en día, por el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana que se erradican a través de su implementación. Se argumenta también que la integralidad de la política apunta a complementar esas acciones a través de extradiciones de personas implicadas en el tráfico ilegal, o que están comprometidas en la cadena exportadora. Así mismo se incluyen las cantidades de sustancias que han sido incautadas; la incautación de los precursores químicos usados para la elaboración de psicoativos ilegales; el apresamiento de personas comprometidas en la cadena ilegal, entre otros.

El problema de las NSP es como una hidra, en el sentido de que los fabricantes producen nuevas variantes para eludir los nuevos marcos legales que se elaboran constantemente para fiscalizar las sustancias conocidas, entre las que figuran sustancias psicoactivas sintéticas y de origen vegetal, que se han propagado rápidamente en mercados muy dispersos. Hasta mediados de 2012, la mayoría de las NSP identificadas eran cannabinoides sintéticos (23%), fenetilaminas (23%) y catinonas sintéticas (18%), seguidas de triptaminas (10%), sustancias de origen vegetal (8%) y piperazinas (5%). Las sustancias más extendidas eran JWH-018 y JWH-073 entre los cannabinoides sintéticos; mefedrona,

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Dentro del propósito estratégico de lo que es la reducción de la oferta, todo este conjunto de acciones va dirigida al propósito central de disminuir la disponibilidad

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de las drogas. Se espera que el efecto sea un incremento de los precios con lo cual se desestimulará la compra de psicoactivos y por tanto, se disminuye la amenaza de su uso, que puede generar situaciones problemáticas como las adicciones. Tal situación se complementa con una legislación dura tanto para los microtraficantes como para los demandantes, los que en general, son criminalizados tomando como evidencia la cantidad de drogas que se posean en el momento de la acción policiva que se ejecute. Colombia ha sido tal vez el país productor y comercializado'r del mundo que más intensivamente ha desarrollado acciones para el cumplimiento del propósito central de la disminución de la oferta. No obstante, los análisis rigurosos sobre el comportamiento de la demanda en mercados tan importantes como EU, señalan una situación paradójica en relación con el balance de este encadenamiento de la estrategia. A pesar de las acciones desarrolladas, lo que la evidencia señala es una estabilización y hasta una disminución de los precios en los mercados de uso. (Véase gráfico No.i) GráficoNo.1 . Coeailtc Pnce and Purity Dala STRlCEuidwilusoordiuDiHhlltliKHitloDEA IíIWWOTMII Kom l i » DEA, F»l, CBP, ICE, USCG. snd

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En el gráfico que recoge el comportamiento de precios (línea roja) y pureza (línea azul) en EU, se observa que si bien el precio tuvo un leve incremento en 2008 desde entonces, se ha venido presentando una sostenida estabilización e incluso una disminución en los últimos años. Igual ha sucedido con la pureza que luego de caer un poco entre junio y septiembre de 2008, se ha estabilizado. Es decir, la predicción de toda la estrategia en que está envuelta Colombia y la mayor parte de países productores en relación con drogas usadas en EU, no se ha cumplido: los precios no crecieron exponencialmente y la pureza no cayó abruptamente como hubiese sucedido si se presentase una escasez de la sustancia demandada en este caso la cocaína. Sin embargo, este no es el corazón del asunto. Sino el siguiente: a pesar de que los precios se han mantenido estables e incluso han disminuido, tampoco se ha presentado un incremento exponencial de la demanda sino que ésta también se ha mantenido estable e incluso se ha reducido en relación con cocaína. I OHO NACIONAl: SOLUCIÓN AL l'UOni.LIVlA DL LAS DROGAS IÜC1TAS

Esta situación contrasta con las predicciones en el marco de la relación oferta/ demanda. En consecuencia, analista del problema de drogas señalan las siguientes conclusiones: El problema de las situaciones de incrementos importantes en el uso de drogas, no depende de los precios sino que obedece a situaciones sociopolíticas y culturales complejas que se pueden identificar en la historia del uso de drogas. Las denominan "situaciones epidémicas" y en su origen son coyunturales. Estas situaciones tienen un comportamiento por etapas: En una primera fase, hay un crecimiento exponencial de la demanda siendo el factor epidémico el más importante: en EU sucedió con la heroína relacionado con los lastres que ocasionó la guerra de Viet Nam en muchos soldados de los EU, y que provocó oleadas de adicción a esa sustancia. También en relación con la epidemia del crack asociado con proceso de exclusión social y marginalidad en espacios urbanos de EU. En segundo lugar, esas situaciones epidémicas se descomponen en usuarios que quedan enganchados, es decir adictos, y que van incrementando la demanda de drogas. Hoy en día se observa un comportamiento de mayor demanda en personas con más de 50 años de edad. Son usuarios e incluso adictos que han entrado en fases de envejecimiento y mantienen una demanda con tendencia al crecimiento. Al lado de estos procesos, hay otra población usuaria que abandona el uso. Las disminuciones de demanda que se experimentan también en ciertas coyunturas obedece a esa población de uso ocasional que no queda adicta pero que abandona o disminuye su uso. Los "enganchados" son los que han incrementado la demanda y han equilibrado las reducciones que provocan los que abandonan el uso de drogas. No obstante, en esta población hay situaciones graves de salud, lo cual ha venido incrementando los costos en los sistemas de salud. Esa es la explicación de porqué hay un contraste fuerte entre la disponibilidad de drogas que ha sido constante en

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EU y porque esa disponibilidad no ha originado nuevas situaciones epidémicas. Esta explicación pone en tela de juicio la coherencia de la estrategia y da una explicación razonable a lo que está sucediendo y envía pistas pata ajusfar las estrategias que deberían pasar de las continuidades en las acciones de fuerza, hacia proceso de manejo en términos de salud pública en los mercados de drogas ilegales. Hemos señalado que el caso colombiano ha estado totalmente articulado a una estrategia que, como hemos visto, en sus componentes transnacionales, ha fracasado. Adicionalmente, está mostrando ser insostenible por la magnitud de costos que implica t a n t o para el sistema de justicia como para los sistemas carcelarios y de salud pública, la criminalización de los usuarios y pequeños poseedores. En el caso colombiano los gastos que impone la inclusión dentro de la estrategia de reducción de la oferta alcanzan un promedio, tomando como base 1995 a 2010, de cerca de un billón doscientos cincuenta mil millones de pesos por año. Es decir aproximadamente US$630 millones de dólares.7 Los recursos de funcionamiento, definidos como los destinados a atender las necesidades de las entidades para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la Constitución Política y la Ley, representan el 63.2%, mientras los orientados a la inversión explicados como las erogaciones que permiten incrementar la capacidad de producción y la productividad en el campo de infraestructura física, económica y social, ocupan el 36.1%. Del monto total en el lapso que ocupó el estudio de Planeación Nacional, 1995-2010, una proporción importante (64%) se dedica a la reducción de la oferta junto con el fortalecimiento jurídico e institucional. En contraste estrategias dirigidas a incidir en los niveles socialmente más vulnerables (productores y usuarios problemáticos) sólo se dedica el 6% y el 4% respectivamente. 7

Departamento Nacional de Planeación, "Gasto del Estado colombiano frente al problema de las drogas", 2010, Bogotá.

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Gráfico N0.2 Gasto por Estrategia o%

• Reducción de la oferta • Fortalec. Jurídico e inst. • Desarrollo Alternativo • Reuccion del Consumo • Gestión Ambiental • Problema Mundial Drogas

Fuente: Entidades de orden nacional y territorial. Cálculos DNP - DJSG.

En consecuencia, este fuerte desequilibrio en el uso presupuestal y que insistimos, da cuenta de la integración de Colombia a una estrategia transnacional inconsistente, se traduce en que la armada nacional, la policía antinarcóticos y el ejército, absorban casi el 60% de lo que se dedica a la estrategia antidrogas (véase gráfico N0.3)

Gráfico N0.3 Distribución gasto por entidades Nacionales Otras Entidades

Acción Social 10%

Elaborado por el autor con base en ínofrmaclón de DNP 2010.

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Por su parte, entidades comprobadamente corruptas como la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y que han favorecido al mismo narcotráfico por los manejos no transparentes de sus funciones sobre todo la relacionada con el manejo de bienes incautados a grupos empresariales del crimen, ha absorbido un significativo 10% de todo el presupuesto tomando como referencia el año 2010. Cabe señalar que en los años 2008 a 2010 el presupuesto de Colombia dedicado a la lucha antinarcóticos alcanzó montos por encima de los 1.000 millones de dólares por año. Para el año 2008 se dedicaron 2 billones 177.369 millones, 60.000 pesos. Para el 2009,2 billones 073.917 millones doscientos mil pesos y para el 2010, con los cuales se trabajó las cifras de base para los gráficos que se presentan 1 billón 913.610 millones,700.ooo pesos colombianos. Desde el punto de vista de los resultados a lo largo de los 16 años que se toman como referencia, la disminución del número de hectáreas de hoja de coca sólo representó entre 2009 y 2010, 6.000 hectáreas, situación que no trasciende significativamente sobre el potencial productivo de cocaína, amén de haberse compensado con un crecimient o de los cultivos de hoja de coca en Perú en más de 2000 hectáreas para el mismo período. Pero el aspecto más importante como lo hemos reiterado, es que la medición más significativa desde el punto de vista de resultados, se observa en la presencia de otros factores que determinan el verdadero comportamiento de precios y pureza de las sustancias psicoactivas que se combaten. En la articulación a la estrategia de seguridad que demanda Washington para el caso de las drogas ¡lícitas, lleva a que instancias como la armada nacional sean los agentes más importantes de incautaciones cuyo cumplimiento no significa un efecto multiplicativo de precios en los sitios de demanda. También como conclusión de este aparte, se observa la débil importancia que adquieren las puntas del circuito ilegal en materia presupuestal que es donde se concentra el mayor impacto social, tanto por los productores como por los usuarios problemáticos de drogas.

FOlíO NACIONAL; SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

En el lado de las acciones sobre áreas con cultivos ilícitos, la persistencia de la fumigación aérea alcanza unas cifras alarmantes: desde el inicio del Plan Colombia (1999) a 2012 incluido, se ha asperjado el equivalente a 1*500.000 hectáreas. La tendencia de la fumigación es a la disminución relativa desde 2006. Se pasó de 172.025 Has. asperjadas entonces, a 101.940 en 2010. Por su parte la erradicación manual forzosa disminuyó también principalmente en el lapso 2009 - 2010 (menos 28%). Lo que llama la atención de estos datos es que las tendencias del cultivo de hoja de coca tienden a disminuir si nos atenemos a los datos del SIMCI. De 78.000 hectáreas se pasó a 61.000. Por su parte, en relación con el comportamiento de los precios, por ejemplo, de la pasta básica de cocaína y de la misma cocaína, estos tienden a mantener una tendencia ascendente que muestra entonces su carácter independiente de la disminución de la erradicación. A pesar de la disminución de las aspersiones los precios han tendido al alza, lo cual hace ver que los precios tienen un comportamiento independiente o las acciones de fuerza y no inciden necesariamente en su conformación. Los precios de la cocaína en Colombia pasaron de US 4.155 el kilo en Colombia en 2006 a $4.623 en 2010.

Lo que implicó desarrollar acciones militares envolventes que afectaron los territorios de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Del otro lado y sólo a modo de ejemplo, las respuestas en el marco de la guerra con la instalación de minas antipersona, ha venido implicando impactos severos en el valor de los predios, su uso, la inseguridad para la vida de las familias. En consecuencia, los costos desde el punto de vista presupuesta!, así como los de orden social, ambiental, en derechos humanos continúan siendo altos, sin que se observe evidencia de una solución para las familias involucradas en la cadena desde la instalación de cultivos ilícitos hasta la ubicación de las sustancias en los puntos de salida.

Una de las hipótesis que cobra más fuerza en la explicación sobre esas tendencias es justamente la presencia de la minería, contexto en el cual gran parte de la mano de obra utilizada y la misma estructura de seguridad para su explotación, presenta un desplazamiento importante. De confirmarse esta situación, se pone en tela de juicio la sostenibilidad de las tendencias a la disminución de las áreas de cultivos ilícitos. Como se ha señalado al comienzo, la relativa disminución de la demanda en EU se ve compensada por la estabilización en Europa y un crecimiento importante en Oceanía y la apertura de mercados en Asia. Una conclusión importante de todo lo observado hasta ahora, es la necesidad de que el país asuma un balance a fondo sobre lo que está significando la continuidad de una estrategia antidrogas, la cual no presenta indicadores de éxito. Situación agravada por la inserción de la lucha antidrogas como parte de la estrategia contrainsurgente.

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FORO NACIONAL: SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Propuestas para los diálogos de paz en La Habana En consecuencia con el panorama observado tanto en el contexto internacional como en el caso colombiano se presentan las siguientes propuestas: De orden general sobre la política: 8 La política de drogas debe fundamentarse en la evidencia científica sobre su eficacia y no en principios ideológicos. Existen numerosos estudios que indican qué políticas funcionan y cuáles no, lo cual constituye un acumulado de conocimientos que se debería tener en cuenta. Se deben establecer diferenciaciones tanto de las características de cada una de las sustancias, así como de sus patrones de uso. Los riesgos sanitarios asociados al consumo del cannabis no son los mismos que los relacionados con la inyección de heroína o el consumo de crack. Es necesario considerar también la distinción entre plantas naturales y sus derivados concentrados: por ejemplo, la coca, en su estado natural, puede ser beneficiosa para la salud, mientras que las preparaciones para un uso fumable (crack, bazuco, paco por ejemplo) generan serios problemas a la salud del usuario y hay más riesgos de adicción. 8

Véase Jelsma, Martin, Panorama internacional de reformas de políticas de drogas: aperturas y desafíos para el futuro. I Conferencia Latinoamericana y Vil Nacional sobre Políticas de Drogas, Buenos Aires, 6 y 7 de Agosto 2009.

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Reducción del daño. Es imposible pensar en un mundo sin drogas. Por eso, la ideología de la 'tolerancia cero' debe sustituirse por políticas y acciones inscritas en la reducción del daño. Es decir, un enfoque más pragmático tendiente a manejar los daños asociados con las drogas pero también en relación con las mismas políticas, situación que incide tanto en consumidor como para la sociedad en general. A modo de ejemplo para el caso de los EU, un tercio de todos los casos de SIDA han sido causados por la costumbre de compartir jeringas, alcanzando una cifra de 354.000 personas. No obstante, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades han encontrado que con los programas de acceso a jeringas, se ha disminuido de manera importante la incidencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas, en el orden del 80%. El gobierno federal no está apoyando los programas de acceso a los programas de suministro de jeringas, debido a la prohibición que fue restablecida por el Congreso en 2011 y que prohibe el suministro de asistencia federal para esos fines. En el diseño de las políticas se debe tener e deben tener en cuenta y respetar las diferencias socioculturales y las tradiciones de uso ancestral de ciertas sustancias. El sistema actual mantiene patrones de hegemonía desde criterios y pautas de los intereses del Norte. Las normas establecidas TORO NACIONAL: SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

a escala mundial deberían dejar más margen de maniobra y permitir a cada país ajustarías a sus leyes nacionales para proteger los derechos de las comunidades indígenas que conservan sus prácticas y costumbres tradicionales.

En segundo lugar, la reformulación de la política debe inscribirse en propósitos puntuales como: Reducir los daños ocasionados por las drogas y por las políticas antidrogas a los consumidores y terceros. Disminuir los daños a los no consumidores, causados por usuarios de drogas.

Se deben diseñar las políticas sobre drogas, atendiendo los compromisos y el respeto irrestricto a los Derechos humanos y el principio de proporcionalidad. Significa que cualquier pena que se decida debe ser proporcional al delito. Situaciones donde continúa existiendo la desproporción están, entre otros, el castigo a los usuarios por el mero hecho de consumir una sustancia psicoativa sin que existan daños a terceros; la criminalización de campesinos cultivadores que no tienen otra fuente de ingresos; las penas desproporcionadas a personas que usan su cuerpo para transportar drogas y que lo hacen por situaciones de crisis en sus ingresos. Las medidas de control de drogas nunca deberían generar más pobreza y más hambre, como sucede actualmente con política de erradicación forzosa y que violentan principios básicos de derechos económicos, sociales y culturales. Participación de la sociedad civil. Preservando el reconocimiento de la diferenciación en la incidencia social del problema de las drogas y las políticas, en la formulación de la estrategia se deben abrir espacios de participación a todos los actores involucrados: campesinos, usuarios, jóvenes, profesionales de la sanidad y ONG locales e internacionales. Allítambién existe un saber acumulado, un conocimiento específico de situaciones y tendencias de lo cual debería retroalimentarse el diseño de las políticas. Bajo estos principios y en primer lugar, Colombia debe inscribir su política en las tendencias internacionales que hoy empiezan a desarrollarse y que se inscriben en reconocer la necesidad de una reformulación en el tratamiento criminalizante de los usuarios; en la inclusión de una perspectiva de salud pública en el manejo de los usos problemáticos; en la inscripción de las políticas con un enfoque de respeto a derechos humanos, pero también - aunque no muy explícito entre quienes buscan replanteamientos en el contexto internacional -, en la no criminalización de los productores.

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Transformar las condiciones que hacen posible que los ingresos que obtiene el crimen organizado y otros actores ilegales del negocio de las drogas sean significativos, quebrando sus ventajas competitivas. Aliviar los gastos que tienen los Estados por el apoyo a una estrategia antidrogas fracasada y mejorar sus ingresos a través de la regulación y control diferenciado de las drogas. 9 Para el desarrollo de estos fines se proponen las siguientes propuestas: La regulación del cannabis Para una iniciativa en este sentido, se podía tomar como base los argumentos que ha presentado Uruguay en el sentido de lograr los siguientes propósitos: Establecer un principio de diferenciación del cannabis, cuya "peligrosidad" está muy por debajo de la que se ha argumentado frente al alcohol y el tabaco. 9

Mathieu, Hans y Catalina Niño, "El iracas del prohibicionismo un consenso creciente", en De la represión a la regulación, propuestas para reformar las políticas contra las drogas", FESCOL - FES Seguridad, Bogotá.

Ese principio de diferenciación debe incidir sobre el tema de seguridad. Mantener la prohibición del cannabis junto con las demás sustancias resulta contraproducente. La marihuana es la droga más consumida hoy en el mundo y su comercialización en manos de grupos organizados del crimen, afecta a una gran cantidad de usuarios, poniéndolos en riesgo dada la oferta de otras sustancias más nocivas contexto en el que busca crear un mercado cautivo para las drogas. A estos dos argumentos vale agregar otro:

De otro lado, en experiencias de reforma de política de drogas para regular el uso del cannabis, existe evidencia sobre la inexistencia de un incremento exponencial de la demanda. Por ejemplo, el informe de la Global Cannabis Commission concluye que:

Existe un uso médico de marihuana que se diferencia de los modelos basados en el uso recreativo. La lógica original que f u n d a m e n t ó la p r o h i b i c i ó n del cannabis era que no tenía ningún uso médico a c e p t a d o . Si bien las investigaciones son p r e l i m i n a r e s , c o n o c i m i e n t o s científicos recientes indican que el uso de marihuana genera beneficios m é d i c o s , c o m o la reducción de las náuseas causadas por la q u i m i o t e r a p i a , la inducción del a p e t i t o en pacientes con sida y la reducción de la presión i n t r a o c u l a r originada p o r el g l a u c o m a . Es importante destacar que, de acuerdo con el c o m e n t a r i o sobre la Convención Única de 1961, la expresión «fines médicos» no tiene necesariamente el mism o significado exacto en t o d o m o m e n t o y en • todas las circunstancias, ya que su interpretación CANNABIS FLOS depende de la etapa variéteit en que se encuenBedrocan tre la ciencia mélica.10

Adicionalmente y a partir de una serie de estudios realizados, el informe sostiene que:

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" n o hubo un aumento importante de consumo de cannabis en países donde se mantiene la ilegalidad de iure del cannabis, pero que implementaron reformas que, en el ámbito nacional o subnacional, redujeron las penas de las sanciones civiles o administrativas".

"si la ilegalidad del cannabis se mantiene, las leyes y las sanciones tendrán como mucho un impacto relativamente modesto sobre los índices de consumo de cannabis". Es decir, las políticas prohibicionistas no reducen sustancialmente el consumo. Las tendencias de consumo parecen más influenciadas porfactores económicos, culturales y sociales que por las leyes contra las drogas (Jelsma y Blickmann, 2009). En síntesis, para el proceso de regulación del cannabis se deberían establecer entonces tres niveles de uso: 1. 2. 3.

Un uso recreativo Un uso terapéutico Un uso industrial

Cada nivel de estos debería contemplar instancias diferenciadas de regulación y control. Cada tipo de uso puede tener modalidades distintas de producción, en general podrían existir las siguientes modalidades: Para uso recreativo A u t o c u l t i v o , en donde se reconoce la posibilidad de tener un número d e t e r m i n a d o de plantas para uso personal o mediante la organización de cooperativas. Esta se inscribe en el r e c o n o c i m i e n t o de una cultura cannabica. Experiencias alternativas en Europa y Estados Unidos" en Nueva Sociedad No. 222, julio-agosto de 2009.

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i O l i o NACIONAL: SOLUCIÓN AL PIIOHLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

La producción agroindustrial para uso recreativo cuya salida para la venta se ha hecho en espacios públicos regulados y controlados a la manera como la hace hoy el uso de tabaco y el alcohol, es decir con restricciones de horarios, edad de los compradores. Esta es una opción a considerar. La permisibilidad del autocultivo facilita más los problemas que se asocian a esta segunda modalidad (turismo cannabico, por ejemplo). Para uso terapéutico Demanda un manejo especial su producción. Se trata de medicina natural que requiere su registro ante autoridades de salud y certificaciones ecológicas. Para uso industrial Con permisos para su producción ante autoridad agraria y registros para su control como cualquier otro producto que se pretenda para usos industriales. La tendencia en el corto plazo es a una regulación del cannabis en el contexto internacional, salvo en aquellos países que mantienen legislaciones con un fundamentalismo prohibicionista. El crecimiento de regulaciones que permitan la producción, su transformación y el uso desde lo recreativo hasta los terapéuticos, en diferentes modalidades y restricciones en el interior de EU, generará un efecto que presiona hacia formas de regulación en países de América Latina que históricamente se han visto comprometidos en las cadenas Línea de investigación sobre drogas: coca/cocaína, derivados fumables Dentro de los escenarios que se prevén en el mediano plazo sobre una regulación de la marihuana a nivel de producción, comercio y consumo recreacional, uso terapéutico y uso industrial, puede contribuir a situar el tema de la coca y sus derivados en los primeros planos del debate internacional sobre políticas de drogas. Y en este sentido Colombia tiene un papel importante que jugar. Supuestos: Partiendo de la necesidad de proteger, promover y garantizar el goce de los derechos ancestrales de las comunida-

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des indígenas, la defensa del uso de la hoja de coca es un mandato constitucional si nos atenemos al reconocimiento del carácter multietnico y pluricultural de la ley de leyes que rige el ordenamiento político colombiano. Adicionalmente, la hoja de coca tiene de hecho usos medicinales no reconocidos. Por su condición natural la hoja de coca usada con buenas prácticas, tiene un potencial para el desarrollo de procesos terapéuticos alternativos a la dependencia de la cocaína (alcaloide refinado) y otros derivados como los fumables que son altamente adjetivos. No obstante, la investigación, discusión y divulgación sobre la coca y sus derivados ha estado envuelto en una halo de misterio y poca transparencia desde que se llevó a cabo el estudio más completo adelantado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre delincuencia y Justicia (UNICRI) entre 1991 y 1995. El proyecto recogió información de 22 ciudades, 19 países tanto del Norte como del Sur sobre el uso de la hoja de coca y sus derivados, efectos en los usuarios, comunidades y respuestas de los gobiernos ante el problema de la cocaína. Este proyecto destacó que el uso tradicional de la hoja de coca no parece tener efectos negativos para la salud y al contrario, tiene beneficios terapéuticos, un valor cultural importante y de orden social entre las comunidades indígenas andinas y de algunas de Brasil. Sin embargo al ser presentados los resultados en el marco de la 48 Asamblea Mundial de la salud, en Ginebra, el representante de EU descalificó el estudio como poco importante y no objetivo y condicionó su divulgación a que fuese sometido por entidades que vigilan el uso de drogas en EU (se trata del Instituto Nacional de Abuso de Drogas NIDA por sus siglas en inglés). Esta revisión fue dilatada y en consecuencia el estudio no fue divulgado. En conclusión: Colombia debería comprometerse en la conformación o el impulso de un consorcio de países que constituyan equipos interdisciplinarios de alto nivel académico e investigativo a nivel mundial, de carácter independiente y que tengan a FORO NftCIONAL: SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

su cargo el desarrollo de estudios puntuales sobre coca y sus derivados. Asumiendo el principio de diferenciación de las sustancias y con base en los resultados obtenidos, se debería abrir un debate con evidencia empírica acerca de la actual política sobre coca y sus derivados y establecer los mejores manejos de los usuarios problemáticos de la cocaína y las sustancias para usos fumables como el crack, el bazuco y el paco. Líneas básicas para una política de Desarrollo Alternativo (DA). En relación con el Desarrollo Alternativo (DA), el punto de partida es que en Colombia no existe una política estatal de (DA) para zonas de colonización que dependen económicamente de cultivos ilícitos. Para este tipo de territorios predominan las políticas de fuerza (erradicación mediante aspersión aérea, erradicación manual forzosa) las cuales están visiblemente desequilibradas, en relación con el impulso de alternativas sostenibles para este tipo de territorios. Esta distorsión explica los fracasos reiterados de una estrategia que sigue concentrándose en una de las partes más débiles de la cadena de las drogas. Propuestas Mientras haya una frontera agrícola abierta, existirá la reproducción incesante de la colonización y en consecuen-

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cia, la repetición de los ciclos de la coca que crece en las puntas de ese proceso. El cambio de un modelo agrario inequitativo y deficiente, cuya predominante estructura bimodal de la tierra sigue consolidándose a través de la descomposición de la pequeña propiedad y la concentración de los beneficios en grandes propietarios, es una condición necesaria para desestimular la colonización. La creación del banco de tierras anunciada por el Ministerio de Agricultura, debería contemplar adjudicaciones para colonos que están hoy en puntas de colonización, a los que debería ofrecerse alternativas con acceso a los factores de producción (tierra, crédito, asistencia técnica), estímulos por su aporte a la seguridad alimentaria y promover y facilitar su articulación en condiciones de competitividad, a los mercados. Como criterio general, las soluciones estructurales del problema de los cultivos ilícitos deben darse en el interior de la frontera agrícola. El diseño de los programas de desarrollo alternativo debería incluir procesos de concertación con las comunidades alrededor de la seguridad alimentaria, considerando su relación con el concepto de territorio, la preservación cultural y la conservación ambiental y el fortalecimiento de sistemas de abastecimiento alimentarios locales y regionales.

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Tanto el Estado como las entidades intervinientes en los programas de desarrollo alternativo deben tener en cuenta y apoyar experiencias locales y regionales que hayan sido exitosas en el manejo de los ecosistemas y su preservación, así como en procesos productivos que hayan contemplado creación de valor agregado por parte de las organizaciones de productores. Siempre que se lleven a cabo programas de desarrollo alternativo, debe respetarse el principio de distinción de modo que la población civil sea protegida. En consecuencia, estos programas no deberían estar asociados con acciones militares que adelante la fuerza pública. Decisiones macroeconómicas del nivel central, inciden en la suerte de las regiones como en el caso de las economías extractivas, que pueden socavar su autonomía para desarrollar procesos de ordenamiento territorial y ambiental, afines con el potencial y la vocación de uso de los suelos y la defensa y protección de los recursos naturales. La exclusión de lo local en la definición concertada de su perspectiva de desarrollo, allana el camino para las actividades ilícitas y el desorden social, que generalmente se trata desde el nivel central, con políticas de represión y criminalización. En el caso de los ilícitos, las políticas de fuerza promueven el desplazamiento del problema. La articulación de estas economías con grupos armados, incrementa exponencialmente los escenarios de conflicto, conduciendo a ciclos de repetición de los mapas cocaleros. La relación costo-beneficio en las inversiones de DA para estas zonas es deficitaria por razón déla precariedad de infraestructura y servicios básicos. Se debe definir para estas zonas: Políticas dirigidas a desestimular la ocupación de áreas frágiles y aptas para su preservación, situación que debe descansar en el desarrollo de adjudicaciones de tierras en el interior de la frontera agrícola, entre otros, con modelos de reserva campesina de modo que se correspondan con la especificidad de cada territorio. El cierre de la frontera agrícola y su recuperación como ecosistema estratégico que debe ser protegido de accio-

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nes propias de economías extractivas y de monocultivos, incluida la siembra de coca. Así mismo, se debe avanzar en el desarrollo de una política de protección para la amazonia que permita la recuperación y la sostenibilidad de los ecosistemas seria e irracionalmente intervenidos, la generación de zonas de amortiguación, la precisión de las zonas que podrían ser aptas para actividades productivas con manejos adecuados. La permisividad de la minería dentro de la amazonia, abrirá nuevos ciclos de colonización que a la postre trascenderán sobre la reproducción de los ciclos cocaleros. También en el marco de estas consideraciones, se debe cerrar el ciclo de las "familias guardabosques", programa que ha fracasado en sus propósitos estratégicos de control de las economías ilegales y de legitimación estatal, y, redefinir procesos de protección de los ecosistemas.

II. El problema institucional: la dispersión y la ineficacia burocrática.

elaboren como ruedas sueltas que luego se encuentren, sino que debe desarrollarse en interacción. Normalmente la institucionalidad resulta siendo un ejercicio desarrollado portécnicos en esa materia sin que se incorpore un conocimiento del problema de la política pública sobre drogas y su traducción en modelos de manejo institucional. Carácter estadocéntrico de la estructura decisional. En la historia del proceso institucional sobre drogas en Colombia, una de las características es la ausencia de espacios de participación para la sociedad. No obstante, mucha masa crítica de conocimiento sobre los problemas asociados a drogas procede de organizaciones sociales, ONG que trabajan en el terreno, pobladores urbanos y rurales, academia, investigadores especializados, etc., que carecen de espacios de incidencia o incluso de interlocución con instancias estatales. Ausencia de participación de la sociedad colombiana Como consecuencia del anterior criterio, la institucionalidad que demanda un replanteamiento de la política antidrogas, debe abrir espacios de participación transparentes con criterios de conocimiento y experiencia. El papel de centros de investigación y la academia que produce nuevo conocimiento especializado permite que se lleve a cabo el principio o aporta al criterio de basar las políticas en la evidencia. Transparencia e Incidencia de la sociedad en los recursos incautados al narcotráfico

- Elementos para una propuesta de cambio sobre el modelo institucional y las drogas. Este aparte se limita a señalar algunos elementos a tener en cuenta en el rediseño de la estructura institucional para el desarrollo de la política pública sobre drogas: La institucionalidad debe responder al diseño de una estrategia sobre psicoactivos que se establezca, sin que se

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Analistas en el tema institucional, han venido desarrollando iniciativas sobre el manejo de políticas públicas puntuales sobre la temática. Así por ejemplo Caballero Argáez y Amaya señalan que hoy el país cuenta con una legislación relativamente adecuada y un complejo entramado institucional para la detección y el combate del lavado de activos. Pero la falta de efectividad en este sentido, no es atribuible a la legislación como a la débil coordinación de las entidades que se han creado y un problema presupuestal (Caballero Argáez y Amaya, 2010: 324). I OllO NACIONAL: SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

En consecuencia, hacen falta evaluaciones técnicas del entramado institucional para hacerlo más eficaz. Según estos autores, una posible solución para mejorar la eficiencia, coordinación e investigación en esos complejos temas sea la de crear una estructura centralizada dependiente directamente de presidencia en lo que se conoce como un Zar Antidrogas. La idea es que esta oficina coordine toda la actividad gubernamental en materia de combate al narcotráfico y al lavado de activos (Argáez y Amaya, 2010:324). La idea debería ser considerada sobre la base de lo que hemos señalado más arriba acerca del planteamiento estratégico que debe conducir la política. Adicionalmente, la sociedad debe tener una incidencia acerca de hacia dónde orientar los recursos que se capturan por lavado o por extinción de dominio.

III. Los grandes obstáculos al tema drogas y el proceso de paz: Escenarios de construcción de paz territorial y las drogas: el problema de las prácticas mañosas, poder político y la seguridad. Uno de los problemas nodales sobre el futuro de la economía ilegal de las drogas en un escenario de posconflicto es la presencia de organizaciones criminales y estructuras mafiosas principalmente de orden local y regional, que mantienen un poder decisorio sobre la vida de los territorios, combinando el uso de la ley para su beneficio privado y prácticas por fuera de la legalidad. Asimismo, en ellas se observa también el uso de violencia privada para mantener ese poder siendo dirigido contra líderes sociales que levantan reivindicaciones sociales, como en el caso específico de la restitución de tierras o las denuncias sobre la cooptación y uso privado de recursos públicos o simplemente la denuncia de situaciones que pervierten la vida democrática de las localidades y regiones. Estos poderes demandan la necesidad de una estrategia estatal de seguridad que los haga visibles y posibilite su control o su sometimiento a la impersonalidad de las leyes. Igualmente en escenarios de posconflicto son una amenaza en el cumplimiento de ios cambios y reformas que demanda eventualmente el contexto de nuevos acuerdos para la terminación del conflicto. Escenarios de continuidad de la producción, procesamiento y exportación de drogas y el tema de los servicios de seguridad. Se debe recordar que la economía de la coca y en general de las sustancias catalogadas como ilegales, no depende de ningún grupo organizado en particular sino que en ese proceso participan, a través de ciclos, diversas estructuras. Muchas de ellas luego de beneficiarse de esa economía, desaparecen o se reestructuran. En escenarios de posconflicto uno de los dilemas difíciles que se debe resolver es cómo garantizar procesos de seguridad para las comuniTOKO NACIONAL: SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

siendo las principales beneficiarías del presupuesto antidrogas, sino que se debe buscar un equilibrio que sea el resultado de un giro en el papel de protección que ellas deben prestar a las comunidades. Hasta ahora, en la dinámica regional frente a la presencia de economías ilegales, los organismos de seguridad han percibido a esas comunidades como enemigas del estado bajo el estigma de ser aliadas de las guerrillas. El problema de la economía ilegal de las drogas en territorios colectivos tanto de comunidades negras como de territorios indígenas. Diagnóstico, tratamiento diferenciado y propuestas de manejo.

dades que son reclutadas forzosamente para actividades ilegales. La política de desarrollo alternativo para zonas productoras de zonas de colonización, seguirá enfrentando este tipo de situaciones a pesar de la desmovilización de grupos armados que ingresen a procesos de paz.; esto en virtud de las continuidades de la economía ¡legal, cuyos mercados siguen activos como lo hemos reseñado en el diagnóstico global presentado al comienzo del texto. Un eventual restablecimiento de los circuitos de producción, transformación y exportación de drogas es un escenario perfectamente posible luego de la desmovilización de la insurgencia, en lo cual, las comunidades podrían seguir estando sometidas a controles violentos y sus territorios convertidos en puntos de refugio, acopio y trasiego de drogas ilegales. Esto demanda del Estado, desarrollar procesos de confianza, seguridad, y apoyo social y económico a estas regiones vulnerables. Implica entonces romper la exagerada desproporción de la estructura del gasto en materia de drogas: el desarrollo alternativo y las políticas para atender usos problemátcos no pueden seguir siendo atendidas con un pírrico 10 % sumados ambos frentes. ad del Estado no pueden seguir Las estructuras de seguridad

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Territorios colectivos han padecido la instalación forzosa de economías ilegales en sus espacios y las políticas de fuerza que les ha impactado social, económica y culturalmente. Este ha sido un mecanismo para romper la resistencia de territorios de comunidades negras y resguardos indígenas frente a las presiones para la inserción de sus territorios en economías de mercado. Las políticas de reformulación de la estrategia sobre drogas, debe restablecer el principio de diferenciación de estos territorios, proteger

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su seguridad y respetar sus decisiones autónomas sobre el tipo de ordenamiento y uso del territorio. El despojo de tierras se desarrolló en el marco del desorden provocado por acciones combinadas de militarización, fumigaciones aéreas, presencia de grupos criminales, imposiciones de los actores armados en el contexto de sus intereses geopolftico y de aprovechamiento económico de recursos naturales estratégicos y con demanda internacional. Se debería aprovechar los procesos de restitución de territorios colectivos para desarrollar apoyos a las decisiones sobre el uso de esas áreas, garantizando la autonomía de las comunidades, la defensa de su cultura y su derecho a la existencia. Entidades multilaterales y de seguridad regional. En el contexto regional, de manera desafortunada Latinoamérica ha carecido de una experiencia multilateral firme y mayoritaria en materia de política antidrogas desde una perspectiva de sus intereses como región. Con lo cual se incrementa su vulnerabilidad frente a la vigencia del paradigma prohibicionista, así como en las opciones para un cambio de estrategia con un compromiso de la región. Bajo ese contexto y la ausencia de una continuidad en el debate público regional, se han impuesto conceptos que deberían estar a la orden del día en su evaluación: corresponsabilidad, responsabilidad compartida, etc., y que ha sido el soporte para que la guerra contra las drogas se instale en la región a cambio de beneficios generalmente al sector exportador sin que existan retribuciones para la parte de la sociedad que más ha padecido esa confrontación.

Esto ha afectado la vigencia y compromisos de instancias multilaterales como UNASUR y su proyección seria en ese sentido. No obstante, la necesidad de un debate regional sigue vigente luego del cumplimiento de la fase desarrollada por el proceso que estuvo a cargo de la ClCADOEA. Un elemento importante para una proyección de ese debate a nivel regional, es la discusión sobre las Convenciones de Naciones Unidas sobre Drogas, seria y contundentemente cuestionadas por no obedecer a un ejercicio previo que esté por fuera de ideologías y percepciones poco contrastadas, amén de la desactualización que tienen hoy sus supuestos y contenidos que siguen afectando y vulnerando derechos fundamentales de usuarios, adictos, productores, y personas que se ven comprometidas en el circuito ilegal mediando un estado de necesidad. La promoción de estudios, investigaciones, informes de relevancia científica, así como la vinculación de la academia, centros de pensamiento, movimientos sociales, ONG, investigadores, etc. es decir desde la apertura de espacios para la sociedad civil de la región, es una tarea urgente dado el fuerte dominio de una perspectiva estadocéntrica que está dando muestras de un contundente fracaso.

La profunda división en Latinoamérica sobre la política de drogas oscila en posiciones muy conservadoras - a excepción de la honrosa postura de Uruguay sobre la legalización del cannabis - sobre todo de países con gobiernos de izquierda (Cuba, Nicaragua, El Salvador e incluso Brasil) e iniciativas avanzadas de gobiernos percibidos como de centro y de derecha (Colombia, Guatemala). Las posturas pragmáticas en materia de política exterior, han relegado muchas veces el tratamiento del problema de drogas. FORO NACIONAL: SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

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Kererencias Caballero Argáez, Carlos & Alfonso Amaya, "La lucha contra el lavado de activos: instituciones, resultados y desincentivos" en Políticas antidroga en Colombia: éxitos fracasos y desafíos, A. Gaviria y D.Mejía(comp.), U de los Andes20ii. Caulkins, Jonathan & Peter Reuter "How drug enforcement affects drug priees", Crime and Justice voi.39, 2010. Departamento Nacional de Planeación, "Gasto del Estado colombiano frente al problema de las drogas", 2010, Bogotá. Jeisma, Martin y Tom Blickman, "La reforma de las políticas de drogas Experiencias alternativas en Europa y Estados Unidos" en Nueva Sociedad No. 222, ¡ulio-agosto de 2009. Jeisma, Martin, Panorama internacional de reformas de políticas de drogas: aperturas y desafíos para el futuro. I Conferencia Latinoamericana y Vil Nacional sobre Políticas de Drogas, Buenos Aires, 6 y 7 de Agosto 2009. Mathíeu, Hans y Catalina Niño, "El iracas del prohibicionismo un consenso creciente", en De la represión a la regulación, propuestas para reformar las políticas contra las drogas", FESCOL - FES Seguridad, Bogotá. Office of National Drug Control Policy (2012). What America's Users Spend on lllegal Drugs, 2000-2006. Washington, DC: Executive Office of the President, p. 13. http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/page/files/wausid_report_f... UNODC, Informe Mundial sobre las Drogas 2013, New York.

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www.poderciudadano.co

MESA DEPARTAMENTAL AGRARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO GUAVIARE MÍA GUAVIARE Con fundamento en las previsiones de los artículos 64, 65, 66 y 67 de nuestra Constitución Política que señalan: Artículo 64. Es deber del Estado y las instituciones "promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos". Artículo 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustríales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad. Artículo 66. Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales. Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y

Administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. A efectos de superar el conflicto por la vía de la concertación, como lo señala el Art. 55 de nuestra Carta Magna; "Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo"., la organización social CUT Guaviare y el sindicato de pequeños agricultores del Guaviare con el poder de representación de los trabajadores agrarios de los distintos sectores y regiones del departamento del Guaviare que le otorgan los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 373 del Estatuto Laboral, presenta al gobierno nacional y departamental las peticiones, que se sintetizan en los siguientes puntos: II. GENERALIDADES. En los años 50, la violencia exterminó a más de 300 mil colombianos, originó desplazamientos masivos del campo hacia los poblados y ciudades. En los años 70, tomó lugar un desplazamiento de las ciudades y del interior del país hacía las zonas de colonización, esto último originado por los cordones de miseria en áreas sub-normales y marginales de nuestras grandes ciudades, carencia de oportunidades laborales, abandono por parte del Estado por lo cual los sectores populares solo encontramos la alternativa que nos brindó el convertir la hoja de coca en clorhidrato de cocaína. Los principales beneficiarios de este negocio han sido los grandes narcotraficantes y los grandes industriales y empresas transnacionales, que producen todo lo necesario para el proceso y sostenibilídad de todos los involucrados directa o indirectamente en este modelo económico. Como compatriotas y campesinos arraigados a la tierra, como actores fundamentales en la producción y la generación de capital, reclamamos ante el estado Colombiano, la sustitución de los cultivos mal llamados ilícitos, mediante el apoyo a la generación de proyectos productivos que permitan garantizar la sostenibilidad socioeconómica de las familias campesinas del Guaviare y sur del Meta. Para avanzar en este noble propósito y ante la voluntad campesina de involucrarse decididamente en los procesos de erradicación manual y voluntaria, es necesario precisar que nuestro departamento posee una extensión, de 55.550 Km 2 de los cuales solo el 9.4% se encuentra sustraído de la zona de reserva forestal de la amazonia, creada mediante la ley 2 a de 1959; esta situación ha conllevado a que hoy se encuentren intervenidas más de 600.000 hectáreas de reserva forestal con alrededor de 9.000 familias y unidades de producción agrícola, las cuales ante las dificultades y costos en los sistemas de producción tradicional, al pésimo estado de las vías y la carencia de apoyo institucional se han visto obligados al establecimiento de cultivos de hoja de coca en estas apartadas regiones del departamento del Guaviare.

Proponemos al Gobierno Nacional, en virtud de su competencia y tal como quedara definido en su Acuerdo para la Prosperidad (APP N° 85 del 15 de septiembre del año 2012) realizado en la ciudad de San José del Guaviare, se avance de manera inmediata y urgente en el proceso de levantamiento de la Reserva Forestal y los procesos de titulación de predios dentro de un programa denominado GUAVIARE Y SUR DEL META TIERRA DE PROPIETARIOS. De igual manera y de conformidad con la ocupación de resguardos indígenas y Parques Nacionales, exigimos que se defina una política de apoyo económico y social para estas familias con el claro compromiso de erradicar y no volver a sembrar una mata más de hoja de coca, contando con el acompañamiento institucional para la implementación de proyectos productivos acordes a las condiciones agroambientales de la región. En términos generales se requiere la voluntad decidida del gobierno central, para permitir la generación de un espacio para abordar los conflictos normativos que impiden a los campesinos del Guaviare y sur del Meta, el acceso a la formalización de la tenencia de la tierra y al goce efectivo de los derechos de los servicios del estado. Nuestra voluntad de contribuir una erradicación de los cultivos de hoja de coca surge de la de la zozobra que viven los pequeños cultivadores y es inspirada también por la visión de un país productivo y en paz, del cual el Guaviare y el sur del Meta no pueden ser excluidos. Creemos en la posibilidad de construir el país que soñamos. Además que en nuestro Plan de Desarrollo, Guaviare y sur del Meta territorio de derechos, se genera una visión unificada de cambio y reorientación de la actividad económica, mediante programas de seguridad alimentaria y la ejecución de proyectos productivos que se ajustan a la agenda interna de productividad y competitividad de los respectivos departamentos.

En el tema de seguridad alimentaria, se requiere maquinaria comunitaria, por núcleos veredales, para la transformación de productos agropecuarios, como (trapiches, trilladoras, desgranadoras, planta de concentrados y tanques de enfrentamiento de leche). Es necesario también apoyo con alevinos y pie de cría de cerdos. Como proyectos productivos planteamos el establecimiento de cultivos de caucho, cacao, maderables, servicios turísticos y el fortalecimiento del sistema ganadero sostenible, de acuerdo a las características agroecológicas de cada predio, como la vocación del pequeño productor agropecuario y a la unidad mínima requerida para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Complementario al tema productivo se requiere fortalecer los procesos agroindustriales con plantas regionales de sacrificio animal, plantas de transformación de caucho y cacao, entre otros.

Es imprescindible también que, frente a la marginalidad creada por ia presencia de cultivos de hoja de coca, la presencia de grupos al margen de la ley y la insuficiencia fiscal de los entes territoriales, se implemente una política diferencial para ampliar plazos y fortalecer capacidades para el acceso a estos recursos públicos que se ofertan mediante convocatorias nacionales. En el área ambiental es fundamental generar opciones para la vinculación a programas internacionales y nacionales de servicios ambientales que estimulen la conservación y protección de los bosques. En razón a la voluntad comunitaria y al deber institucional del Estado, mientras se inicia la implementación de estos proyectos, se requiere la suspensión inmediata de programas de aspersión y erradicación en las comunidades que se acogen al proyecto de sustitución de los cultivos, mal llamados ilícitos. Exigimos que la inversión orientada a los procesos de erradicación y aspersión se invierta en un desarrollo alternativo, hasta lograr la meta de auto suficiencia y sostenibilidad económica. Con el fin de anular las afectaciones por las continuas equivocaciones en la aspersión aérea de cultivos de pan coger y proyectos productivos, exigimos, de carácter urgente, implementar un programa de geo-referenciación de los cultivos a establecer, como también de otras iniciativas productivas que existan con anterioridad a la firma del acuerdo. Exigimos que, a través del Centro Provincial de Gestión Agro empresarial y la UMATA de San José del Guaviare, se realice este procedimiento, para que la Secretaria de Agricultura reporte permanentemente a la Policía Antinarcóticos y a las dependencias responsables del programa de aspersión. Como garantía del proceso, requerimos la creación de una mesa permanente de alto nivel que cuente con el acompañamiento de Naciones Unidas y veedurías internacionales que verifiquen el cumplimiento de los acuerdos pactados entre la comunidad y el gobierno nacional. Esta propuesta busca que conjuntamente, el Estado y comunidad avancemos en la consolidación de un verdadero desarrollo rural integrado, mediante el mejoramiento de la calidad en los servicios de educación, salud y la oferta de una infraestructura vial y un servicio de expansión eléctrica adecuados. Señor Presidente, los campesinos, los trabajadores del agro, la dirigencia política y cívica, las comunidades indígenas y afro-descendientes del Guaviare, respaldamos de forma categórica y decidida el proceso de paz emprendido en

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buena hora por su gobierno. Por esto, hacemos llegar la propuesta de lo que debe ser el acuerdo de tierras y el desarrollo rural integral para el departamento del Guaviare y sur del Meta

Concebimos el desarrollo rural integral como el desarrollo de todas las actividades que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones campesinas en sus territorios y los enmarcamos en los siguientes 20 puntos.

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II. PETICIONES. 1) Tanto el gobierno nacional y departamental promoverán la participación de las comunidades en el diseño, gestión y evaluación de la política agraria para el departamento del Guaviare y sur del Meta. 2) Tanto el gobierno nacional y departamental promoverán el mejoramiento de la calidad de vida, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población rural. 3) Tanto el gobierno nacional y departamental promoverán y crearán las condiciones para que toda la población rural participe equitativa e integralmente en la distribución de los beneficios de la sociedad. 4) Tanto el gobierno nacional y departamental realizarán el ordenamiento social y cultural de la propiedad privada, no permitiendo la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, afectando los grandes latifundios y grandes extensiones de tierra acumulada por los terratenientes con el fin de aplicar sobre estos una distribución equitativa particular y social de la tierra, garantizado la función ecológica de la propiedad privada y el uso del suelo de acuerdo a sus características agrológicas, así como estableciendo instrumentos para que el Estado promueva el acceso progresivo a la propiedad de la tierra dentro de la frontera agrícola para que las comunidades disfruten el derecho a la tierra, evitando éxodos masivos de población hacia reservas forestales, parques nacionales y demás áreas protegidas. 5) Tanto el gobierno nacional y departamental se comprometen a proteger, fomentar y apoyar la producción nacional de alimentos para garantizar la soberanía y la autonomía alimentaria, para generar independencia del mercado internacional, incrementar la participación campesina en el abastecimiento alimentario nacional, y facilitar la construcción y sostenimiento de redes urbano-rurales y regionales que fortalezcan el tejido económico interno, permitiendo establecer las condiciones para el reconocimiento de la importancia de la economía campesina y de este modo defenderla y desarrollarla. 6) Tanto el gobierno nacional y departamental se comprometen a garantizar el acceso de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas y de los trabajadores y productores rurales a los servicios de crédito, comercialización de productos, asistencia técnica y empresarial, comunicaciones, seguridad social, vivienda, educación y salud, así como al fomento de las cooperativas agropecuarias y de la economía solidaria en general, con el fin de mejorar su ingreso y calidad de vida. 7) Tanto el gobierno nacional y departamental se comprometen a establecer y desarrollar para el Guaviare y sur del Meta proyectos productivos

agropecuarios, agro industriales y forestales de manera sustentable y sostenible y a generar programas de investigación y transferencia de tecnología para mejorar la producción agrícola y pecuaria, conservando el medio ambiente y garantizando el acceso democrático a los avances tecnológicos. 8) Tanto el gobierno nacional y departamental se comprometen a establecer una política de créditos subsidiados y la financiación de la pequeña agroindustria. 9) Tanto el gobierno nacional y departamental se comprometen a defender y reconocer los derechos colectivos de las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes. 10)Tanto el gobierno nacional y departamental se comprometen en forma objetiva a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, desde una visión que defienda la soberanía nacional y popular, reconociendo el papel del campesinado para tal efecto. 11)EI Gobierno Nacional se compromete a desarrollar el CONPES Rural para la formulación, coordinación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas para la agricultura, pesca, acuicultura y el medio rural, con participación de representantes del gobierno, los ministerios y de las organizaciones nacionales de indígenas, afro descendientes y campesinas, como también las organizaciones de economía solidaria, ecologistas y ambientalistas. 12)EI Gobierno Nacional se compromete con la planeación, programación y coordinación para que se garantice una efectiva participación, asignación y cumplida aplicación de los recursos físicos y humanos, para que se estimule la participación de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas desde los niveles municipales, departamentales y nacionales. 13)El Gobierno Nacional se compromete con la creación y el funcionamiento de comités de Desarrollo Rural y Reforma Agraria en los niveles municipales, departamentales y nacionales, con la participación de delegados de las instituciones, del CONPES Rural y de las organizaciones indígenas, afro descendientes, campesinas, ambientalistas, del sector cooperativo y de la economía solidaria. 14)El Gobierno Nacional se compromete con la creación de un subsistema de Dotación y Adecuación de Tierras e Infraestructura con la función de financiar, adquirir y dotar de tierras a la población rural que no la posean y para quienes la posean, pero las cuales no sean aptas o insuficientes para uso agrícola o ganadero, así como a realizar las obras de adecuación e infraestructura requeridas. 15)El Gobierno Nacional se compromete con la creación de un subsistema nacional de generación y transferencia de tecnología, asistencia técnica y empresarial, investigación, educación, capacitación, formación y diversificación, con la función de desarrollar sistemáticamente investigación tecnológica, asistencia en producción, administración, procesamiento y mercadeo, para un mejoramiento en el uso de los avances técnicos con base en desarrollo auto sostenible, teniendo en cuenta los patrones de uso y los conocimientos ancestrales de las comunidades. 16)EI Gobierno Nacional se compromete con la creación de un subsistema nacional de Mercadeo y Fomento Agroindustrial para garantizar protección a la soberanía de la producción nacional de alimentos y evitar la competencia desleal o unilateral de productos agropecuarios, forestales o pesqueros

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extranjeros y mejorar los procesos, para evitar pérdidas y disminución en la producción. 17)El Gobierno Nacional se compromete con la creación de un subsistema Nacional de crédito subsidiado rural dirigido a pequeños y medianos productores que serán beneficiados con créditos subsidiados hasta por un 70% del valor total del proyecto de desarrollo rural, en el marco de la economía solidaria. Se resaltará con mayor énfasis y con prioridad la participación de las organizaciones campesinas, indígenas y de afro descendientes en las instancias directivas de la comisión nacional de crédito rural, como organismo rector del sistema nacional de crédito subsidiado rural. 18)El Gobierno Nacional se compromete con la creación de un subsistema de asistencia y seguridad social que se encargará de prestar a las comunidades rurales en forma gratuita, coordinada, sistemática y permanente, asistencia en salud, riesgos profesionales, pensión, educación, vivienda, empleo y recreación. 19)El Gobierno Nacional se compromete con la creación de un subsistema Nacional de información para la agricultura y el medio rural que permita compilar la información necesaria para el desarrollo efectivo y sistemático de la política agraria a desarrollar, con base en registros, encuestas, indicadores y muéstreos, entre otros; así mismo, que permita adelantar procesos de comunicación entre las diferentes instituciones nacionales, departamentales y locales frente al tema agrario. 20)Sobre las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) definidas como las áreas reformadas por los programas de redistribución de tierras de INCORA e INCODER y las áreas geográficas delimitadas y constituidas o ampliadas por INCODER, es de resaltar que su finalidad es fomentar la pequeña propiedad, la producción y las culturas campesinas, evitar o corregir los fenómenos de la inequitativa distribución de la propiedad rústica, redistribuir los beneficios de la inversión del Estado en infraestructura, crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo de la economía campesina y propiciar las condiciones para el adecuado uso del suelo y la defensa y preservación del ambiente y los ecosistemas. El desarrollo de las ZRC será coherente con la efectividad de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales del campesinado. 21)Con respecto a las comunidades indígenas del Guaviare, se requiere un tratamiento diferencial acorde a cada etnia, para que se les garantice los derechos mínimos fundamentales como salud, vivienda, educación, alimentación, agua potable y se defina y se respete sus territorios su cosmovisión y cultura. 22) No concebimos bajo ningún motivo ni circunstancias, ver como nuestros hermanos Nukak Maku, son exterminados por la decidía y abandono de los gobernantes e instituciones, tanto departamentales como municipales, haciendo caso omiso a los autos proferidos por la Corte Suprema de Justicia y hoy los vemos desprotegidos a su suerte en el coliseo azul de San José del Guaviare, haciéndose más preocupante la situación cada día que pasa por la ignominia de nuestra clase dirigentes. Requerimos atención humanitaria urgente para nuestros hermanos Nukak y Jiw. 23)En el tema de la salud, instamos a los sindicatos departamentales de salud para socializar las dificultades que se presentan en este sector. La mayor

preocupación siendo el modelo de prestación de salud que se presenta, ya que introduce una reforma laboral que perjudica directamente a la población, porque no es un modelo que se haya socializado con las diferentes comunidades del departamento. 24) De igual forma se invitará al sindicato de educadores para tratar las dificultades en el sector educativo en relación con las necesidades de la población campesina. ASÍ MISMO SUGERIMOS UNA SALIDA POLÍTICA AL CONFLICTO SOCIAL Y COCALERO. Uno de los temas que se colocan como propuesta de discusión en la mesa, para contribuir a generar argumentos sólidos hacía una salida dialogada al conflicto social y armado que agobia a nuestro país, es el tema del conflicto social cocalero, que desde hace casi 40 años padecemos una buena parte de los habitantes del campo colombiano. En primera medida, al conflicto social y cocalero debe dársele una solución política, económica, social y ambiental, en el marco de los eventuales acuerdos entre el gobierno, la guerrilla y los habitantes del campo, actores afectados directa e indirectamente en el conflicto social y cocalero. Para enfrentar el conflicto cocalero, que tiene causas sociales y al cual el Estado, en franca obediencia a las imposiciones norteamericanas, le ha dado un tratamiento de guerra, en los casi 40 años de existencia (sin que por esa vía lo haya resuelto), proponemos una formula de 14 puntos, para que sirvan de insumo en la mesa de discusión entre el gobierno, la guerrilla y nosotros, las víctimas de este conflicto social y cocalero: 1. Que el método para superar este conflicto, obedezca a un acuerdo entre el Estado, la guerrilla y el campesinado involucrado directa o indirectamente en este modelo económico de subsistencia, sin la intromisión de políticas extranjeras. 2. Que al generarse el acuerdo entre las tres partes, se dé el cambio a la represión y la guerra, a través de un acuerdo político, social y económico, para que las considerables sumas de dinero invertidas para la guerra endémica, se inviertan en nuevos presupuestos que sirvan para financiar el gran proyecto de concertación para la sustitución del mencionado modelo. 3. Que en lo relacionado con los dineros que deban canalizarse para la sustitución del modelo económico cocalero, el Estado elabore los planes de acción, en acuerdo con las comunidades objeto. 4. Que teniendo en cuenta que los alucinógenos y los narcóticos, perjudican a todos los países consumidores, el Estado colombiano gestione ante los afectados, recursos, ya no para la guerra en contra de este modelo, sino para ejecutarlos en los planes de solución pacífica de la problemática.

5. Que para evitar la presión colonizadora de habitantes de las grandes ciudades y del interior del país, el Estado propicie en el interior del país, una verdadera reforma agraria con justicia social. 6. Que acorde a las reformas sociales en el interior del país, y para evitar la presión colonizadora, el Estado haga una reforma urbana en favor de los cientos de miles de destechados que existen en los poblados y ciudades del territorio colombiano. 7. Teniendo en cuenta que las regiones marginales están compuestas por la frontera agrícola, la reserva forestal y los parques naturales, proponemos que para la frontera agrícola y la reserva forestal, la inversión estatal sea equitativa y sin discriminación, mediante la elaboración de dos polos de desarrollo para la reserva forestal, dicho polo debe de ir dirigido a la agro forestación, reforestación y sostenimiento de las fincas de los colonos, en plena armonía con el medio ambiente. Para la frontera agrícola, debe fomentarse la industria agropecuaria empleando las semillas nativas, en forma agro-tecnificada, en pequeña y mediana escala, en plena armonía con el medio ambiente, así como el fomento de talleres industriales, como complemento de la tecnología en las regiones involucradas. Solo así defenderemos la soberanía y la autonomía alimentaria. 8. Apertura y garantía de distribución y mercadeo para que haya estímulo real a la producción agrícola, y que el estado garantice el mercadeo de estos, aprecios de sustentación. 9. Que el Estado construya y garantice una verdadera malla vial, para que se desembotellen las regiones objeto de este programa, igual proceder con la red fluvial y el transporte aéreo desde todas las regiones objeto. 10. Que en materia educativa el Estado genere una cobertura presencial acorde con las necesidades del plan sustitutivo, con énfasis agro-industrial, agroecológico y agro-forestal y demás profesiones que sean acordes con las necesidades integrales de estas regiones y que los egresados, tengan sentido de pertenencia en estas apartadas regiones. 11. Que el Estado construya una verdadera infraestructura hospitalaria, suficientemente dotada y acorde con las endemias del trópico, fomentando para ello la salud preventiva, antes que la curativa. ^ r a 12. Que para transitar de la guerra sucia a la limpia paz, el Estado garantice una apertura real democrática, para que los colombianos sin distinción podamos participar abierta y civilizadamente, en todas las formas de organización social y política, en igualdad de condiciones, poniéndole punto final a todo tipo de persecución de la que siempre hemos sido víctimas. 13. Que para más seguridad de los diálogos que se están dando entre la guerrilla y el gobierno, y para que estos arrojen un acuerdo que garantice el punto final a

este conflicto, proponemos que al pueblo organizado se le tenga en cuenta para ocupar la tercera silla, ya que nosotros somos las víctimas y en el caso de una salida política favorable, seremos los principales beneficiados. 14. A las personas objeto del acuerdo a que se llegue con el gobierno nacional o departamental, que se encuentren judicializadas o condenadas, sus investigaciones sean precluidas o en caso de condena se les indulte. COMO ESTE PROCESO DEBE TENER UN ESTUDIO PRELIMINAR SUGERIMOS CÓMO DEBE SER PARA NOSOTROS LA CONSULTA PREVIA. La consulta previa debe ser un espacio de identificación de necesidades, dialogo, debate y construcción colectiva que vele por dar respuestas apropiadas y oportunas. La forma como debe funcionar es mediante la utilización de los censos como herramienta para que se incluya la mayor cantidad de población, campesinos, indígenas y, afro-descendientes, tanto los que viven en sus regiones de origen como aquellos que se encuentran en condición de desplazamiento; la implantación de mesas de trabajo locales, donde se aborden las temáticas desde los aspectos de importancia para la población (conservación y prevención de los recursos, vial, agrario, etc.); posteriormente, que se realicen plenarias a nivel regional y finalmente nacional. Las mesas de trabajo y las plenarias deben contar con la presencia de integrantes de las diferentes instancias responsables de los temas tratados (el Ministerio de Ambiente, Agricultura, Vías, etc.) además de "veedores" y transmisiones en vivo y en directo tanto radial como televisivo, lo anterior con el fin de velar por la regularidad y transparencia del proceso. Siendo entonces conocedores que frente a este conflicto hay causas sociales y escribiendo otro capítulo de orden regional, caso concreto el conflicto social y cocalero del Departamento del Guaviare, este sector del país al igual que casi todos los rincones de nuestra martirizada patria, se convirtieron en zonas de refugio de todos los desposeídos y consecuentemente en el principal reciclador de la miseria que se padece en las grandes ciudades y esa ha sido nuestra suerte desde hace 35 años en esta región. En 1996 se produjo el éxodo campesino y cocalero que involucró a varios departamentos, entre ellos nuestro Guaviare Allí nos movilizamos 60.000 personas, en su mayoría campesinos, estuvimos dos meses en esta protesta, presentamos un pliego unificado de propuestas para solucionar el problema de raíz. De las peticiones que incluimos en dicho petitorio, nunca recibimos una respuesta acertada a nuestras peticiones, por eso después de analizar concienzudamente esta situación presentamos el siguiente petitorio: Que por cada hectárea auto-erradicada por nosotros, nos reconocieran $8.500.000 de pesos, esto para reemplazar dichos cultivos por productos tradicional en concordancia

con la vocación agrícola de la región y sus pobladores. Siguiendo con el petitorio incluimos ayuda para fomento ganadero tecnificado y semi-intensivo. Otro punto relacionado con el fomento cauchero, solicitamos la ayuda para estos cultivadores al igual que a los cacaoteros y quienes se encargaran del cultivo de los maderables, árboles frutales y la capacitación, gestión, orientación y aporte económica para la industria del turismo. En materia de malla vial solicitamos reparación y apertura de vías para todo el Departamento con el propósito de des-embotellar a toda la región y poder sacar los productos al mercado. En materia de salud y educación solicitamos la infraestructura necesaria y de calidad para atender las necesidades de la región, donde el campesino reciba una educación y una atención en salud a la altura de los habitantes del sector urbano y sin discriminación. Exigimos que en vez de que al conflicto cocalero, se le dé un tratamiento judicial, se le dé un tratamiento social. El petitorio, en su totalidad, contenía más de 40 puntos, entre ellos que los temas para solucionar este conflicto, deberían ser debatidos con igualdad de oportunidades, entre las comunidades objeto y el gobierno y no impuestas por los países ricos consumidores y que se acabara de una vez por todas las fumigaciones aéreas como forma de erradicación.

Cordialmente

EL PINZÓN (CALAMAR)

CARLOSvRQBERTO COY

(TORCHA GANADERA)

FRANKLIN MANUEL CUERO (LA PAZ)

HERNÁN MARROQUIN

&2Jh

ORLAÑDO^ASTILLA

(EL CAPRICHO)

(RIO INIRIDA)

DIOSAEL QUINTERO

(EL RETORNO)

(GUACAMAYAS)

FERMÍN OVIEDO

JUAN RAMIRO ATEHORTUA

(GUAYABERO Y SUR DEL META)

(ASCATRAGUA)

PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ (SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO)

ALBEIRO PACHÓN AGROPECUARIO)

(ASESOR SECRETARIA DESARROLLO

EL GOBERNADOR Y LOS ALCALDES DEL LOS MUNICIPIOS DEL GUAVIARE.

PROPUESTAS PSICOTROPÍCAS PARA UN ESTADO DE POS-CONFLICTO EN COLOMBIA

Desde hace algunos años en Colombia vienen generándose Iniciativas colectivas e individuales que redarían una forma cultura! diferente de relacionarse cor. las plantas prohibidas y una política sobre drogas fundamentada en la evidencia y ei respeto ai derecho humano, las tradiciones ancestrales, la identidad y personalidad del individuo y el respeto a las diferencias de pensamiento y prácticas. "Cannabitones", fanzines, marchas, foros, muestras artesanales y económicas, bicicletadas cannabicas, disfraces, plantones, talleres pedagógicos scbre drogas y autocuitivo, concie>tos, entre otras formas de acción sin animo de iucro se han ejecutado curante mas de 8 años por individuos autocor.vocados y comprometidos con una iucha psicodeüca. E! co'ectivo Sí a ia Dosis personal de !a Universidad Distrital, el Fanzine caleño Trinchera Ganja, Las Plantas no son como las Pintan, Kcünos en Pie de Lucha de Medeliín, Proyecto Legalización Colombia, La Comunidad Cannabica Colombiana. !a Asociación de Colinos Uniquirdiancs, La comunidad Piel verde, entre otros tantos colectivos e iniciativas evidenciar que la iucha no es reciente y e¡ interés es socis!. Movimiento Cannabico 3arranquilla, estudie Migue¡ Ángel Vargas, Coiomblannabis, Villa IOS de fonííoón, Alianza por ¡s Caüe, Cannanvio, Ojos Rojcs Cultivadores de¡ valle del Cauca, Voces Interactivas Redamando Soberanía de Popayán, Cannasineros Sativos de Cali, Radie TechoTiba, cciectk'D Ambienta1 tabanoy, Movimiento

Prccar-.nabico de Bucaramanga,

Cciombia Cultiva, Cultivadores del Oriente Antioquefia, Cultiva tu Menta tía Fereira, e; "electivo editoriai Tricoma, 3areta D.C. publicación c?r¡nabics, Corr.jnidad Cannabica Colombiana {Toiim? Manizaies Cartagena;,. Territorio Aika, UPN Pedagogía de las Drogas, Semillero Mambe, Coleaivo Alcatraces de Cartagena, Nubes Verdes de ípiaies, Cambio Cannabico y otros irantos proyectos, Iniciativas y colectivos que se nos escapan; han surgido, surgen y surgirán de buena manera y meaida en Colombia, Ladnoamérica y el Mundo. A partir de estas Iniciativas nos venimos encontrando en diferentes ciudades y escenarios. Ei segundo foro ¡.as plantas no son cerno las pintan de Cí! : en el 2C10, sumado a! Primer y Segundo encuentro de Experiencias Colectivas re¡acio¡:acos con drogas aientaoos por Universiadas públicas y ei Ministerio de Salud y Protección Socia: y 10 mas imporrante ei ENCUENTRO CONSTANTE ENTRE INDIVIDUOS colectivizado en nuestras diferentes formas de acción ayudan a configurar una plataforma para el encuentro rea- de voces que plantean objetos, objetivos y estrategias de acción, los c^aies son deber de! estado escuchar, de Sa sociedad civil ccmprendsi v de los individúes ¿atecllv&adoe debatir y posicionar en el ^

escenario oubílco colombiano. ,

¿SOBRÉ QUÉ ESTAMOS HABLANDO? Proponemos rabiar de Drogas tal cua! e! sentido ccrrsún spüca. Específicamente drogas Ilegales, ilícitas o prohibidas. Ncs distanciamos cei concepto us Sustancias Psicoactivas (SPA; en ¡a medida que resulta ser un termír.o reducido y limitado oa-a sste tipo ce sustancias, a !a

vez que responde a una clase específica de drogas que activan o estimulan el SNC del individuo que las consume, dejando de lado las sustancias psico-desactivadoras o psico-inhibidoras y las sustancias psico-dislepticas. Algunos expertos académicos, administradores y asistentes técnicos hablan de SPA y no de drogas por pretender superar el carácter liminal o negativo del término drogas y proponer neologismos de "vanguardia". En este caso les decimos a expertos, asistentes técnicos y administración pública que si fuera por disminuir la liminalidad, superar estigmas del termino drogas y achapar términos vanguardistas deberían hablar de ENTEOGENOS, neologismo propuesto en 1978 y reconocido por la real academia inglesa de la lengua como termino adecuado para referirse a este tipo de sustancias. Hablamos oe un país que no reconoce su historia incorporada. Un país cuya sociedad hipócrita ha buscado durante más de 80 años un chivo expiatorio en las drogas. Chivo expiatorio tras el cual se oculta la desidia, impotencia y corrupción pública. Chivo expiatorio que demuestra como no hemos podido dar soluciones lógicas a problemas ilógicos como lo es el de la guerra contra las drogas. Una sociedad que bajo mentiras, ignorancia y represión estatal ha encontrado en el campesino, el traficante de baja monta y el ingenuo consumidor urbano las expiaciones de culpas por no desarrollar un programa estatal fundamentado en la educación, el trabajo y el bienestar ciudadano. No cabe duda que semejante desconocimiento intencional se sigue prestando a un sin número de atropellos por parte de gran cantidad de uniformados e incluso, autoridades civiles. Y es que en un país como el nuestro donde la pobreza, el saqueo de presupuesto público, la mentira oficial, la masacre y la impunidad se han vuelto tan cotidianos; ios poderes descargan ya sea en un parque, un puente o una esquina- su capacidad punitiva contra quienes sólo quieren fumarse un porro, bareto o cacho de marihuana sin meterse con nadie. Porque esos mismos poderes actúan sabiendo que cuentan con la aprobación mojigata de una sociedad inundada de compiejos cobardes, desagregados de una concepción hipócrita de la genuina realidad de lo que ocurre en estos tiempos.

OBJETOS Y OBJETIVOS DE ANÁLISIS (LUCHA) Nuestros objetos de lucha van más allá de un tipo específico de droga, no responde a posturas individualistas o paternalistas que centran su atención en el abusador de drogas o como se denomina recientemente "consumidor responsable". Estamos hablando de una experiencia de vida, no de un tipo específico de sustancias o una realidad psicofarmacológica. Nuestros objetos de lucha son las plantas prohibidas y las sustancias derivadas de ellas, el individuo consumidor, usuario, abusador de drogas, así como el individuo NO USUARiO de drogas. Nuestro objeto de lucha son las culturas y las políticas sobre drogas, la generación, construcción, análisis e implementaclón de las mismas. Operativamente cumplimos con objetivos relacionados con la formación, investigación e intervención de las drogas en contexto. Formamos desde foros, charlas, talleres integrales iúdicos-pedagógicos, medios masivos de información física y virtual (Blogs, Perfiles, carteles,

calcomanías, editoriales, radio comunitaria y páginas en rea). Investigamos y contamos con varios individuos que realizan sus trabajos de pregrado y posxgrado en relación con el tema de las drogas. Contamos con ponentes nacionales e internacionales, líneas y semilleros de investigación en drogas y ante todo con la cercanía ai fenómeno más allá de las técnicas instrumentales de investigación y el 'consumo responsabie". Por último intervenimos la realidad social desde la paridad y el trabajo de calle directo, investigamos sustancias, individuos y contextos con tota! tranquilidad, calidad científica y criterio profesional. Generamos campañas no patrocinadas y autofinanciadas de prevención, reducción de daño y riesgo y superación a partir de suenas prácticas demostrables y fundamentadas en el tratamiento de base comunitaria. Los objetivos del Carnaval Cannabico Colombiano a nivei general es el de celebrar de manera pacifica y colectiva la relación normal que miles de individuos establecemos con las plantas prohibidas y sustancias derivadas. Específicamente se pretende: *

Propiciar una movilización social en torno a la reflexión desde la ciencia y el sentido común sobre plantas prohibidas, sustancias derivadas, sus usuarios, consumidores, amantes defensores y opositores, sus políticas, culturas, economías y un universo de aspectos sociales que conforman la realidad social de las drogas.

Abrir espacios públicos para la generación y compartimento de la cultura cannabica y el debate y construcción colectiva de políticas publicas sobre plantas prohibidas.

Facilitar el encuentro de individuos y colectivos que se relacionan con el Cannabis en un ambiente cultural y político pacifico, incluyeme, autorreguiado y participativo.

Por último y dando pasos a nuestras propuestas psicotrópicas para una Colombia que viva un estado posterior ai conflicto armado, ¡es comunicamos que somos io anterior y muchos mas. Somos una nueva legión sociofarmacoiógica que vive en filia con las sustancias y los estados mentales y sociales a los cuales introducen. Somos Pos-prohibicionistas de las plantas perseguidas y las sustancias derivadas de estos seres vegetales. NO MAS CHiVO(S) EXPIEATORIO(S). REFORMA DE LEY YA, PERO REFORMA REALMENTE INCLUYENTE Y CONSTRUIDA DÉ FORMA PARTICIPATIVA Y COMUNITARIA. LES TRAEMOS UNAS

^™

PROPUESTAS Y TAMBIÉN TENEMOS LA FORMA TÉCNICA DE EJECUTARLAS. SOLICITAMOS LA INCLUSIÓN REAL DE LSO ACTIVISTAS COMO ACTORES REALES, CAPACITADOS Y HÁBILES A LA HORA DE GENERAR CULTURA Y CONSTRUIR POLÍTICA PUBLICA SOBRE DROGAS EN COLOMBIA.

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS Las propuestas giran en tomo a dos categorías de análisis y varias líneas de acción. Una categoría de análisis tiene que ver con líneas de acción basadas en las Sustancias, los Individuos (consumidores y no consumidores) y ios Contextos Sociales. Otra categoría de análisis tiene en cuenta los momentos estructurales de ¡a Producción, Distribución (Tráfico) y Consumo (o no consumo de drogas). >

SUSTANCIAS INDiVIDUO(S) Y CONTEXTOS SOCIALES:

a) SUSTANCIAS. •

Redefinir lo que se concibe come drogas a nivei social. En ia mayoría de estatutos, leyes, decretos de ley y reglamentaciones sobre drogas, no se encuentra una definición ciara y puntual de lo que se puede entender a ciencia cierta como "drogas" o "droga". Las definiciones encontradas en algunas leyes sobre drogas en Argentina,

Colombia,

Panamá

definen

estas

sustancias

nivel

psicofarmacoiógico, lo cual genera un concepto ¡imitado de las sustancias, altamente anómico, patológico, estigmatizaaor y desviado. •

Generar una aproximación PARTICULAR a cada sustancia. CADA DROGA EN SU LUGAR. Redefinir las clasificaciones de ias drogas las cuales están subordinadas más a la rústica taxonomía de la lista de drogas peligrosas impuesta por la ONU que a criterios científicos veraces. A este aspecto le podemos sumar la ausencia de una clasificación social de las drogas que vaya más allá de medicinales o "toxicas", ¡lícitas o licitas, legaies o ¡legales; que de paso a una clasificación de las drogas como tradicionales, ancestrales, recreativas, sagradas, de divertimento, lúdicas, cosméticas entre otras clases sociales de drogas.

•

Liberar la Cannabis (Marihuana) de las listas de plantas (drogas) perseguidas por las leyes locales y ¡as convenciones internacionales. £! prohibicionismo persigue sustancias "peligrosas" según el nivei de 3dicción que estas generan, incluyendo sustancias como las alucinógenas, las cuaies no generan dependencia física ni psicológica por ende no se desarrolla adicclón y no deberían ser perseguidas. A la par adjudican estas características de adicción a sustancias como la Cannabis o Marihuana, la cual solo genera leve dependencia psicológica, por ende no hay síndrome de abstinencia marcado y no genera adicclón.

•

Reconocer que algunas sustancias (Basuco, Cocaína, Heroína) tal cual se presentan en el mercado negro, son sustancias NO APTAS para el consumo humano, por lo tanto se deben eliminar de la lista de mercancías ilegales. La Prohibición de las drogas, especialmente la persecución a precursores genera la fabricación de sustancias no aptas para el consumo humano. Además, la prohibición de las drogas sumado a la avaricia y sed de lucro de algunos Jibaros genera sustancias con cortes altamente perjudiciales para !a salud. Reivindicar el origen vegetal, minerai y animal de estas sustancias, sus múltiples propiedades y usos.

b) INDIVIDUOS Reconocer y garantizar derechos humanos fundamentales como io es la libertad de elección y acción, la mayoría de edad y ei ubre desarrollo de la personalidad y la conciencia en materia de drogas (si la relación con drogas no afecta a terceros o deteriora al individuo, ei estado y la sociedad no puede intervenir en ámbitos de la intimidad psicofarmacológica). Distinguir los variados efectos que a nivei psicológico y social generan las sustancias en el individuo. Reconocer la naturaleza biológica y cultural del fenómeno y los diferentes estados de conciencia al cual conducen e! uso, abuso o consumo de estas sustancias. Intervenir desde el tratamiento de Base Comunitaria ios factores estructurales que ponen en riesgo a los Individuos relacionados o no con las drogas. La prohibición de las drogas desconoce la historia incorporada de los individuos como posible factor de riesgo y problemas a la hora de relacionarse con estas sustancias: un individuo traumatizado en su infancia o mayoría de edad, sin núcleo familiar estable, sin oportunidades laborales y educativas, bajos niveles de carácter y criterio, posiblemente desarrolle una relación problemática con drogas legales o ¡legales. Reconocer los diferentes niveles de uso, consumo y abuso que el individuo tiene con las drogas. De igual manera reconocer, aceptar y normalizar los diferentes sentidos y funciones que pueda tener el uso, consamo, o abuso de drogas para el individuo. NORMALIZAR los usos tradicionales de plantas ancestrales y los usos culturales de carácter lúdico recreativo. •

Aplicar sobre el individuo, comunidades y actores sociales relacionados con drogas medidas de derecho penal mínimo. Esta medida facilita la descongestión carcelaria, disminuye la corrupción policial y reduce costos de políticas en materia de guerra contra las drogas, salud y protección social.

CONTEXTOS SOCIALES

•

Derrocar la cultura farmacopuritana fundamentada en el tabú y el miedo a lo desconocido la cual ha generado una expresión unidimensional y aseada que impone conductas adecuadas y pautadas al orden y juicio en la población mundial, contradiciendo la diversidad y la diferencia humana y cultural que subyace entre individuos, sociedades y comunidades.

•

Reconocer los usos tradicionales que han tenido, pueden tener y tienen algunas de estas sustancias en contextos chámameos, ai interior de la contracultura o subculturas occidentales y al interior de la cultura occidental dominante. (Poner fin a la guerra contra la Hoja de coca, e! Yaje del taita o chamanes, la marihuana o los hongos de multitudes de individuos occidentales, la posibilidad de desarrollo industrial, económico inclusive espiritual).

•

Generar cuanto antes estrategias pedagógicas integrales sobre el tema de las drogas. Cátedras, seminarios, talleres, simDosios, especiaiizaciones, maestrías y

doctorados sobre el tema brillan por su ausencia. Educar, informar, dialogar, aprehender con los jóvenes, maestros, padres de familia, usuarios o no usuarios, trabajadores y agentes preventivos sobre el tema de las drogas, es mas que una necesidad social, debe ser el compromiso de un Estado en fase de pos conflicto. •

Generar un sistema abierto de contrataciones estatales y distritales para suplir cargos que tengan que ver con el tema de las drogas. Muchos asesores técnicos del gobierno local y nacional no poseen un nivel científico adecuado sobre el tema. Muchos cargos administrativos responden a cuotas políticas o familiares, más que experticia en el tema.

•

Generar cuanto antes líneas de investigación las cuales no restrinjan el uso de estas sustancias al campo médico. Facilitar protocolos de investigación de avanzada sobre estas sustancias. Alentar una ciencia de las drogas desde la etnometodología y e! carácter propio del fenómeno drogas al interior de la sociedad colombiana.

•

Dejar de importar políticas y programas socio-sanitarios de países consumidores a Colombia. Se debe construir estrategias políticas y culturales de intervención en materia de drogas desde los colombianos para ¡os colombianos en sintonía con la tendencia mundial de cambio de enfoque en materia de políticas y culturas de las drogas y acorde a !as características particulares q¿e adquiere el fenómeno drogas en un país como Colombia. (Reducir daño no solo del consumo, también de la producción y comercialización, inclusive reducir los daños de la guerra contra las drogas. Reducir daño y riesgo en la "Zona Rosa", pero también en ia "Zona Roja". Reducir los riesgos no solo de sobredosis o "mal viaje"; también los riesgos relaciónales, causales, mottvacionales y culturales que generan las políticas de guerra contra las drogas y el estado de ignorancia y desconocimiento que prevalece sobre el mismo).

•

Construir políticas sobre drogas desde la base social teniendo en cuenta que es el campesino, el jibaro, el activista y el usuario de drogas actores protagónicos en esta construcción.

•

Aplicar de manera sincronizada y cronológica estilos alternativos de intervención como lo es la reducción del daño y riesgo así come el tratamiento de base comunitaria y los modelos de inclusión social implícitos en éste. Los estilos políticos de reducción de daños, mitigación y prevención se aplican de manera dispareja y anacrónica en países desarrollados y subdesarroiiados. La reducción de daños por ejemplo se aplica desde nace tres décadas en países como Inglaterra, Suecia o España. En países de América iatina como Uruguay, Brasil y Argentina sólo adoptan este modelo de intervención ia pasada década.

•

Exigir un abordaje integral por parte del estado al fenómeno drogas en el cual ministerios de educación, cultura, agricultura, salud y protección social estén articulados entre sí, a la vez que individuos usuarios o no usuarios, sociedad civil y activistas sean reconocidos e incluidos en este abordaje. Generar un sistema de evaluación, veeduría y auditoria pública sobre los individuos, organizaciones no gubernamentales e instituciones estatales que realizan intervención en materia de drogas. Se evidencia un monopolio

corporativo de la intervención en materia de drogas sumado a corrupción de asesores públicos y paquidermia estatal. .

PTODUCCION, TRAFICO (COMERCIALIZACIÓN) Y CONSUMO DE DROGAS.

Sobre esta categoría de análisis proponemos en un principio ¡a derogación total o i i ^ L » . c \ñr\ mínimamente parcial de la ley 30 de 1986 o estatuto nacional de estupefacientes por ser una ley dispersa, poco científica, ambigua...). Proponemos la construcción abierta, partlcipativa e W/wv/P incluyente de una nueva iey que reglamente los fenómenos sociales y biológicos asociados a estas sustancias. La Política pública debe tener en cuenta que ios campesinos, traficantes, jibaros, activistas, consumidores y no consumidores son todos actores necesarios y protagónicos en la construcción, ejecución e implementación de estas políticas. Consideramos que no hay vacíos en la ley, sino excesos. No consideramos viable un cambio en la situación global de las drogas con pequeños cambios legales a nivel local. El problema fundamental es que la ley pretende un alcance excesivo. Con la prohibición, con el control policial-militar al narcotráfico; se facilita ia reproducción de este mercado. La razón es que el riesgo eleva las tasas de ganancia. Además, actualmente esto obstaculiza fas iniciativas que pretenden experimentar con esquemas alternativos de producción y distribución. Se trata, por tanto, no de legislar, sino de tíesregular. Pero esto es algo en que difícilmente el Estado colombiano tiene la audacia para tomar las decisiones necesarias autónomamente, como promover un cambio regional y radical en las políticas de drogas. Hay una historia de docilidad a las políticas norteamericanas y a la presión de ia comunidad 'internacional' que los precede.

a) PRODUCCIÓN PROPUESTAS ALTERNATIVAS A LA PRODUCCIÓN ACTUAL DE DROGAS ILÍCITAS: • Suspender la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, así como las fumigaciones aéreas con Glifosato. • Evaluar y redefinir la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos que tienda a la diversificación.

• Generar protocolos estándar que faciliten la fabricación de drogas naturales, tradicionales, artesanales y sintéticas con fines medicinales, lúdicos, recreativos, religiosos, cosméticos entre otros fines como textil, industrial, alimenticio.

PROPUESTAS ALTERNATIVAS PARA LA PRODUCCIÓN DE DROGAS: • Garantizar el respeto a las semülas de plantas prohibidas nativas como la Coca y foráneas pero tradicionales a nivel cuiturai hace más de 80 años como la Cannabis.

• Diversificar la producción de plantas prohibidas (Coca, Amapola y Cannabis) para usos médicos, industriales, culturales, recreativos, cosméticos y alimenticios entre otros. « Auto-regulación de la producción, (comercialización y consumo) de drogas basada en "buenas practicas" voluntarias, derivadas del consenso comunitario y acorde ai modelo de diferenciación de mercados. • Normalizar la producción asociativa de drogas ilícitas aptas para el consumo humano. Este aspecto se propone basado en asociaciones auto-reguladas por campesinos, acorde a un modelo des-comercializado (no propagandas, no promoción o incentivo del consumo) y sin ánimo de lucro. Este modeio se edifica a partir de pactos en red derivados de buenas prácticas voluntarias entre campesinos, distribuidores y usuarios y consumidores de plantas prohibidas, en especial el Cannabis.

b) COMRECIALIZACION - DISTRIBUCIÓN • Normalizar la distribución de drogas desde asociaciones auto-reguladas por campesinos, distribuidores y consumidores de drogas acorde a un circuito cerrado de distribución de carácter des-comercializado. • Impulsar iniciativas empresariales relacionadas con la comercialización de productos alternativos derivados de plantas prohibidas o sustancias derivadas. Apoyo a la industria textil, arquitectónica, cosmética y alimenticia que puede generarse desde una producción alternativa, comercialización equitativa y coordinada con el estado nación y los actores relacionados con las drogas. • Garantizar y hacer valer una remuneración justa, estable, equitativa y suficiente para las personas que estén inmersas en las redes de producción, distribución y consumo de drogas. • Incluir al jibaro, campesino y usuario en la construcción, administración e ¡mplementación del modelo de producción, comercialización y consumo de drogas en contextos sociales.

CONSUMO • Normalizar y facilitar la generación de asociaciones de consumidores de plantas prohibidas derivadas de una producción planificada y sin ánimo de lucro, que obedezca a un circuito cerrado de distribución. (Asociaciones de auto-cultivadores y clubes de consumo auto-regulado y no problemático). • Reglamentar la apertura de dispensarios donde los individuos puedan acceder a las plantas prohibidas y sustancias permitidas sin los riesgos que generan entrar a la Olla. Esta red de dispensarios derivaría de! reconocimiento, inclusión y normalización de las redes actuales de distribución (Ollas).

<5> FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS Bogotá, septiembre 24, 25 y 26 de 2013 Tas fumigaciones no sólo arrasan la coca, arrasan con todo, hasta las casas las fumigaron y eso queda un líquido blanco... fumigaron hasta los estanques... Yo como mujer me sentía culpable por haber cultivado coca y luego ver las montañas y todos los sembrados acabados, los árboles secos... Yo me preguntaba porque tenían que pagar los árboles por las cosas que uno hace... pero yo pensaba si el gobierno antes de las fumigaciones hubiera entrado a negociar con los campesinos, tal vez no hubiera sucedido eso... si el gobierno le hubiera preguntado a la gente qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan pues nos hubiéramos ahorrado todo

eso..." Testimonio de una mujer del Putumayo

Presentación La Ruta Pacífica de la Mujeres, es un movimiento de mujeres feminista, pacifista y antimilitarista que desde hace más de 16 años, con las casi 300 organizaciones que lo componen, se opone a la guerra y a la solución violenta de los conflictos. Dada nuestra presencia organizativa en diferentes regiones en donde los cultivos de uso ilícito son una alternativa de subsistencia para las comunidades, nos hemos dado a la tarea de avanzar en una reflexión alrededor de los impactos que la política antidrogas y los mismos cultivos, han generado en la vida y el cuerpo de las mujeres, así como el esbozo de algunas propuestas que las mujeres de estos territorios han planteado para avanzar en una propuesta integral de replanteamiento del problema y las soluciones que hasta ahora se han dado, y que aporte a la consolidación de la paz

Nuestra preocupación frente a la Paz, se centra en la realidad que implican los cultivos de uso ilícito para el fortalecimiento de una economía para la guerra, promovida por los distintos actores armados cuyos intereses trascienden el marco de un proceso de negociación. Los cultivos de uso ilícito y la misma política antidrogas han sido en los últimos años, el motor del conflicto armado, con consecuencias nefastas no solo en términos de la militarización de los territorios, sino de cambios profundos en la institucionalidad colombiana que fue cooptada en muchas regiones por estructuras mañosas, asociadas fundamentalmente al narcotráfico y al paramilitarismo. A través de la regulación del negocio de la coca, la administración de justicia y la intervención en la vida cotidiana de la población, los actores armados han logrado consolidarse en muchos territorios como autoridad y moldear un orden social a su albedrío. No atender de manera inteligente este problema, puede socavar la construcción de la paz, la i

legitimidad del Estado en distintos territorios, además de los efectos que ya mencionaremos en las mujeres, en la sociedad y el medio ambiente.

El problema y sus Impactos en la vida de las mujeres De acuerdo con Vargas (2008), mientras la principal fuente del valor agregado en la economía de las drogas se sitúa en el proceso de traslado de las drogas desde los lugares de producción a los sitios de comercialización y consiguientemente en los complejos y rápidos procesos de lavado de dineros, el mayor porcentaje de los esfuerzos antidrogas se sitúa en aquellas partes que se relacionan más con problemas socioeconómicos y de pobreza. Esta circunstancia ha hecho que se centren los esfuerzos de la política antidrogas y sus recursos económicos en el proceso de producción de los cultivos más que en el desmantelamiento de las estructuras de criminalidad organizada del narcotráfico, que han jugado un papel fundamental en la alianza con las élites políticas regionales para el manejo del Estado y de los territorios, afectando la autonomía de las comunidades. La estrategia fundamental de la política antinarcóticos fue el Plan Colombia, implementada fundamentalmente en el sur del país, que contó con recursos de Estados Unidos por 1.3 millones de dólares, que convirtieron a Colombia en el tercer país en recibir mayor ayuda después de Israel y Egipto. El 74% de los recursos se asignó al fortalecimiento del Ejército y la Policía, así como al financiamiento de uno de sus componentes, conocido como "Iniciativa contra el narcotráfico", que enfatizó la erradicación de cultivos de uso ilícito, especialmente forzosa, por tres razones: "el vínculo existente entre la guerrilla y el narcotráfico, su fortalecimiento, y el lento desarrollo de las conversaciones de paz".1 El vínculo de la política antidrogas con la política contrainsurgente contribuyó de manera sustancial a poner a los campesinos y campesinas, y a la población civil en el centro de las acciones militares del ejército y la policía. La situación de las mujeres que habitan en territorios de cultivo de uso ilícito no puede verse desligada de las condiciones históricas, su situación está atravesada por discriminaciones y subordinaciones ancestrales y por una cultura patriarcal que se agudiza en contextos de narcotráfico y guerra. La dinámica de los cultivos, asociada a la exacerbación del conflicto armado, el copamiento militar de los territorios por parte de todos los actores armados y las

Mujeres, Coca y Guerra en el Bajo Putumayo. Grupo de Memoria Histórica. 2011

estrategias principales de la política antidroga que han girado en torno a la erradicación manual forzada y las fumigaciones, han generado diversos efectos sobre la vida y el cuerpo de las mujeres que se pueden resumir de la siguiente manera: • Constante presión y tensión por los requerimientos del contexto: Las mujeres y la familia se han convertido en un escenario de expresión de las fuertes tensiones generadas por la dinámica del conflicto armado, expresado no solamente en la ruptura de vínculos familiares por resentimientos profundos que surgen ante lo que se está viviendo, aislamiento de la familia, situaciones de desplazamiento o duelo por el asesinato de alguno de los integrantes familiares-, sino también por su instrumentalización por parte de los actores armados, tanto ai margen de la ley como los que están establecidos institucionalmente. Las políticas implementadas refuerzan la situación anterior. • Efectos en la salud mental de las mujeres: Las estructuras de control social instauradas por los actores armados han agudizado las manifestaciones de violencia intrafamiliar, de manera física y psicológica, introduciendo la amenaza como estrategia de control y debilitando la capacidad que la familia tiene para manejar directamente sus conflictos. Así a través de las normas que imponen, reproducen las Identidades de género más tradicionales. La dinámica que ha traído consigo los cultivos de uso ilícito ha implicado la desestructuración de las relaciones sociales y familiares, reflejada en maltrato, golpizas, violaciones, amenazas, tortura, intento de homicidio, abandono y persecuciones que se encuentran narradas en diversos testimonios de mujeres que habitan los territorios en guerra y con cultivos de uso ilícito. Las transformaciones culturales en las zonas, generadas por el dinero derivado de los cultivos de uso ilícito y el contexto de militarización, impulsan valores agresivos, el menosprecio de la vida del otro(a) y la venganza.2 Las familias y las mujeres aparecen como unidades estratégicas para ejercer el control en las comunidades, pues los actores armados buscan una legitimación como autoridad resolviendo conflictos y aplicando sanciones, teniendo una directa influencia sobre la vida privada, y por lo tanto, entablando un control social en la comunidad, que muchas veces pone en mayor estado de riesgo a las familias. Dicho control se ejerce a la vez por diferentes grupos armados, provocando mayores niveles de violencia y autoritarismo. Igualmente, ejercen un estricto control del cuerpo y la sexualidad femenina, en especial en las mujeres

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Algunos testimonios del horror vividos por las mujeres, se encuentra en el documento "el espejismo de esas hojas" CIFISAM, UNICEF (2000)

jóvenes quienes son víctimas de múltiples manipulaciones socioeconómica y por su situación social de bajo estatus y poder.

por su vulnerabilidad

• Efectos en el cuerpo de las mujeres: Es frecuente el asedio y abuso sexual al que son sometidas las mujeres jóvenes. Los actores armados ejercen control en la manera de vestir y comportarse de las mujeres. Igualmente, tienen injerencia en la forma de vivir y de asumir la masculinidad en los hombres de la zona. Así mismo las fumigaciones han generado enfermedades en la piel, abortos y malformaciones en recién nacidos. • Efectos en la soberanía alimentaria de las comunidades y en el medio ambiente: Los efectos ocasionados por las fumigaciones a los cultivos alimenticios y a la flora en general, están poniendo en peligro las condiciones de seguridad alimentaria de la población, limitando la disponibilidad y acceso de los alimentos. Al destruir también los cultivos agrícolas, se limita el acceso a unos mínimos requerimientos nutricionales de autoabastecimiento familiar, también se limita el suministro de alimentos suficientes para distribuir y comercializar, repercutiendo en los bajos o nulos ingresos de las unidades familiares campesinas. Las mujeres soportan la presión cotidiana del hambre y la escasez de alimentos. • Efectos en cuanto al desplazamiento. El desplazamiento incide en las mujeres de manera particular, ya sea por una acción forzada de los actores armados o por las condiciones en las que quedan sus parcelas después de la fumigación. Los impactos del desplazamiento se dan mayoritariamente en la población de mujeres rurales. El trauma y la crisis las obliga a cambiar su existencia estable por una serie de circunstancias que las pone en una situación vulnerable, abiertamente desesperada, ya que significa una destrucción de su identidad social, relacionada con un cambio brusco en la forma en cómo dirigen sus vidas, pues dentro de sus comunidades de origen es normal que ellas pertenezcan al ámbito de lo privado, mientras que al hombre ya se le ha configurado en un espacio social y geográfico más amplio.

Nuestra Propuesta Las partes en la Habana deben avanzar hacia una propuesta integral que disminuya los impactos mencionados anteriormente para las mujeres rurales que habitan en zonas de cultivos de uso ilícito y en el campesinado en general, enfatizando en la legitimidad del Estado

a través de la presencia en inversión social y la profundización de la democracia. Para ello es necesario implementar planes específicos en los territorios afectados que tengan en cuenta:

1. La descriminalización de los campesinos/as y pequeños productores, pues son el eslabón más débil de la cadena3 y las decisiones de política deben estar más encaminadas al desarrollo alternativo que a la implementación de la fuerza. En el caso de los cultivadores de la coca y/o la amapola, el uso de la fuerza contra ellos/as, no se compadece con los orígenes y naturaleza del problema en este nivel de la cadena de producción, pues las decisiones de cultivar tienen una motivación de subsistencia y de carácter estructural. En este sentido, existe una compleja mezcla de condiciones socioeconómicas de los cultivadores, que no puede reducirse a una reflexión exclusivamente criminalizante. La militarización de la política antinarcóticos y su uso como estrategia contraguerrilla ubica al campesino/a como un enemigo interno, lo que contribuye a ampliar el paraguas de la ilegalidad y a minar la legitimidad del Estado. Es responsabilidad del Estado asegurar y garantizar el derecho a la vida humana, animal y vegetal, a la integridad personal y a las condiciones de vida dignas de la población, por lo cual el Estado debe empezar a ejercer la soberanía sobre el planteamiento de las políticas, sobrepasar los Intereses particulares y reconocer la naturaleza de la problemática, dando prioridad al tratamiento social de las comunidades vinculadas con la pequeña producción de la coca. Promover políticas incluyentes para todos los sectores de la población, que aboguen por soluciones pacificas, que rescaten la defensa de la vida e integridad de las comunidades, fortaleciendo el tejido social, empoderando a las mujeres y a las comunidades y promoviendo procesos reales de desarrollo regional en aras de generar un desarrollo humano sostenible. Vale la pena señalar que según Uprimmy (2012), si bien la mayoría de las personas detenidas por droga no son mujeres, la mayoría de las mujeres reclusas en Colombia han perdido su libertad por temas relacionados con la producción y el transporte de drogas. Este dato refuerza entonces la tesis de que parece existir una feminización de los delitos relacionados con drogas. 2. La No erradicación forzosa (Manual o por fumigaciones) que deberá ser sustituida por acuerdos y concertaciones con los productores/as de hoja de coca para la erradicación ^

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Se calcula que el cultivo de la hoja de coca representa el 9% del valor agregado del total del negocio del narcotráfico; la transformación de la hoja de coca en pasta, representa el 5%; la transformación en cocaína el 15% del valor agregado del total del negocio y el tráfico de la cocaína el 71% .

gradual y voluntaria bajo circunstancias específicas. Además de generar impactos visibles en la salud de las mujeres y en los procesos de soberanía alimentaria, las fumigaciones no han generado disminución efectiva de los cultivos, pues los mismos se han desplazado hacia otros territorios, multiplicando los daños ambientales. En esta erradicación concertada, deben tenerse en cuenta las expectativas y demandas de las mujeres en cuanto un desarrollo que incluya sus propuestas y las dignifique en un desarrollo humano junto con su entorno y familia. 3. Implementación de acciones de Desarrollo Alternativo con la participación de la comunidad y de las mujeres, haciendo énfasis en el impulso a la soberanía alimentaria como una actividad fundamentalmente en manos de las mujeres y en el acceso de las mujeres a la tierra, al crédito y a la tecnología para la producción. Las pequeñas productoras no han tenido un verdadero acceso a los procesos de capacitación, transferencia tecnológica y créditos como población beneficiaría de los proyectos de desarrollo alternativo; en razón de que las mujeres tienen menor acceso que los hombres a la posesión de tierras; la mayoría de parcelas en las que trabajan las mujeres están inscritas a nombre del esposo o compañero, considerados como jefes de familia y por ende beneficiarios en mayor grado de estos programas. A lo anterior se suma que. de acuerdo con Vargas (2002), los programas de desarrollo alternativo se han caracterizado por el esbozo de propósitos de corto plazo imposibles de cumplir, por una excesiva improvisación en su diseño y ejecución, la atomización y bajo impacto de los proyectos. La falta de rigor en el estudio del problema y la ausencia de planeación en su desarrollo, han terminado por degradar al desarrollo alternativo a la condición de subsidio complementario de las acciones de erradicación forzosa. Teniendo en cuenta lo anterior, los indicadores de evaluación de un programa de desarrollo alternativo, más que el número de hectáreas erradicadas, deben contemplar avances en indicadores sociales de bienestar para la comunidad y para las mujeres (acceso a la tierra, a educación, salud etc). Por supuesto, el desarrollo alternativo está ligado a profundas reformas en el sector rural que garanticen la sostenibilidad de las acciones de erradicación por la vía de mejores condiciones de vida para la población y para las mujeres campesinas. 4. Desmilitarización de los territorios y de la vida civil en las zonas donde se adelanten las estrategias de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo. Las llamadas zonas de consolidación en las cuales se activa la presencia estatal en territorios de guerra y cultivos de uso ¡lícito, han sido convertidas en territorios de amplia presencia de las Fuerzas Armadas y policiales que realizan acciones que debería ejecutar la institucionalidad civil. La experiencia de las organizaciones de mujeres es que a mayor presencia de grupos armados (legales e ilegales), mayor inseguridad y violencia contra las mujeres. Estas manifestaciones de la militarización, estas lógicas de guerra, tienen sus propias expresiones. Por eso, frente a la militarización del cuerpo, la vida y los territorios en los que viven las mujeres, se plantea la 6

¿922% desmilitarización de la vida civil. A la propuesta de desmilitarización, va ligada la propuesta de fortalecimiento tanto del Estado como de la sociedad civil en las llamadas zonas de consolidación como en todo el territorio nacional: Es necesaria una mayor y cualificada institucionalidad civil en los territorios y también es necesario el fortalecimiento de las organizaciones. 5. En las zonas urbanas, el Estado debe generar políticas que den un tratamiento integral a la proliferación del mícrotráfico y sus consecuencias en el incremento de la criminalidad y la delincuencia. Estas políticas deben tender a políticas de educación, salud, inversión social y desarrollo para los y las jóvenes no terminen en poder de las mafias urbanas. 6. Veeduría nacional e internacional que haga seguimiento a la efectividad de la política. Tal y como se ha demostrado a lo largo de este documento, la política antinarcóticos implementada en nuestro país no se corresponde con la complejidad de la problemática, mientras se fumigan los territorios y con ellos la vida de los/as pobladoras, los narcotraficantes cualifican sus sistemas de producción y distribución. Mientras la política antinarcóticos se aplica desde el componente militar y de fumigaciones dejando poblaciones enteras en la total miseria, los narcotraficantes trasladan los cultivos a otras zonas del país e incluso a otros países sin afectarse realmente el negocio. Es necesario un acompañamiento internacional latinoamericano que haga seguimiento a una nueva política antidrogas que centre sus esfuerzos en el origen del problema y atendiendo cada parte del circuito en la dimensión que corresponde.

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ANEXO I

INTRODUCCIÓN: Este anexo incorpora ideas presentadas por el Sr. J. A. Murcia Archila, representante legal de FUNDAPOL (Guaviare) a un grupo de líderes de organizaciones campesinas guaviarenses, días antes de este encuentro. Incorporamos el documento porque pensamos que las ideas y propuestas en éste pidsmadds i o n de gran ¡importancia a !a construcción de artemativEis ? la , ..£conomía.dfi.culiiyps ilícitos y a la construcción de un desarrollo inteligente de la región.

F LJ 1SI D A P O L FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA PEDAGOGÍA ONTOLÓGICA LIBERA TORIA Carrera 22 N o . 11-76 local 1 • San José del Guaviare Celular: 31! 814 3172 - C o r r e o Electrónico: FUNDAPOL@outlook.com PRESENTACIÓN: Pensar en estrategias de un desarrollo económico alternativo a una economía de cultivos ilícitos, sin tener en cuenta nuestros descendientes: nuestros hijos/as, sobrinos/as y nietos/as, sin tener en cuenta sus visiones de vida, su formación académica, su formación ética y moral, sin tener en cuenta que son ellos los que heredarán nuestros terruños, nuestros éxitos y nuestros fracasos, es como pretender tener una gran cosecha sin prestarle atención y sin cuidar la semilla que se deja en la tierra. T

odo plan coherente con un desarrollo inteligente, equitativo y concienzudo de la región

tiene que darle preponderante atención al cuidado y la inversión formativa de los niños, niñas y jóvenes de las áreas rurales. Ellos y ellas van a sus escuelas en el día, pero también comparten con sus padres y madres la dura labor cotidiana del trabajo del campo. Ellos y ellas ayudan a cuidar de la finca, los animales y los cultivos. Sin embargo, ellos y ellas sueñan con logros mayores a los que han alcanzado sus progenitores Filos y ellas sueñan con "ser alguien", con tener incidencia y participación como profesionales, con ser veterinarios, médicos, magos de la tecnología y más. El Estado no puede quedarse en la raya y ofrecer paliativos efémeros: remesas y "ayuda social" temporaria, semillas de cacao y caucho, trilladoras y trapiches, como la única respuesta a la encrucijada en el que el campesinado se encuentra: entre la necesidad de trabajar cultivos ilícitos

para su subsistencia y las políticas impuestas al y por el Estado colombiano de una "guerra contra las drogas". El Estado tiene que reconocer su responsabilidad ante los hijos/as del campesinado colombiano y pararse en un compromiso, ejercer la voluntad, adjudicar los rubros, encontrar la forma de traer los niveles de recursos y calidad de la oferta educativa que existen en las Instituciones Educativas de los centros urbanos del departamento a las escuelas olvidadas de veredas y caseríos rurales. Es triste presenciar las escuelas rurales del Guaviare tomar el segundo y tercer lugar en la adjudicación de recursos, de docentes, de infraestructura básica escolar. Se necesitan escuelas con techos y paredes, tableros, pupitres, libros, computadoras, docentes incentivados, planes de estudio y metodologías acordes con las distintivas necesidades regionales. Se necesita sacar las escuelas del agro colombiano del siglo IXX donde se encuentran hoy en día, al siglo XXI donde vivimos. ¡Se urge al Estado a comprometerse a proveer igualdad en los recursos y la calidad impartida a las escuelas rurales! Esto dicho, no somos parciales al enfoque educativo generado desde el Estado, el cual limita la concepción de educación a la formación de una mano de obra semi-especializada. Es decir, a la generación de subditos al servicio de mega-capitales. Exigimos una educación más integral, más respetuosa de la dignidad humana. Exigimos una educación que inspire a los hijos/as del agro y de las áreas de selva guaviarenses a ser DUEÑOS de sus terruños. Exigimos una educación que catapulte los imaginarios de estas juventudes a explorar, descubrir y vislumbrar nuevas cadenas productivas entre la gran oferta de posibilidades que la riqueza y biodiversidad de las praderas y bosques del Guaviare ofrecen. No creemos que las cadenas productivas que desde la institucionalidad hoy se ofrecen: el caucho, el cacao y la ganadería sean las únicas o las más idóneas. Creemos que dada la oportunidad, los descendientes del campesinado guaviarense pueden ¡luminar nuevos futuros para sus tierras y territorios, para sus propias vidas y para el Guaviare. En la socialización con concejos municipales, funcionarios municipales y departamentales se ^ T O

ha registrado un nivel de apoyo sorprendente a la idea que llamamos ANÁLISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS COMO APORTE AL DISEÑO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO COMUNITARIO (ACPADPEC) y pedimos que se le dé una atenta escucha a esta iniciativa, pues creemos que dada la oportunidad, los descendientes del campesinado guaviarense pueden lograr futuros que ni siquiera sus mismos padres han imaginado.

ANÁLISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS COMO APORTE AL DISEÑO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO COMUNITARIO (ACPADPEC) ©Yaroka 2013 yaroka9(S)live.com

311814 3172 PREÁMBULO: Primero que todo agradezco la oportunidad de hacer este aporte a la importante conversación entre los actores que tienen incidencia sobre el tema de re-direccionar la cultura de cultivos ilícitos en el Guaviare. En el mejor de los casos, esta presentación debería realizarse vivencialmente. Sin embargo, haremos el mejor esfuerzo en desglosar la esencia de esta línea de trabajo, que se encuentra dentro del marco de la Pedagogía Ortológica Liberatoria1, de forma sucinta y clara. También nos ponemos a la disposición de realizar dicha presentación de forma vivencial en cualquier foro o palco al que se nos invite. La búsqueda de alternativas -a largo plazo- a la dependencia de cultivos "ilícitos" para la subsistencia familiar requiere la concepción e instauración de estrategias atípicas a los esquemas agro-productivos usuales. Ya que como ya todos sabemos, las dificultades y los altos costos de transporte en el Guaviare crean un clima inapto para la competitividad de productos agropecuarios tradicionales. De ahí que se requiere redefinir los horizontes de cadenas productivas potenciales e idóneas. Sin embargo, para que este ejercicio enraice de verdad, dicho ejercicio no se puede realizar exclusivamente desde élites académicas y los versados sobre el tema. El SINCHI ha publicado una bibliografía impresionante sobre un sinnúmero de productos y cadenas productivas potenciales y ahí está, en la tinta y el papel. Para lograr que el horizonte de cadenas productivas potenciales e idóneas en las áreas cocaleras se amplié de-jacto, se requiere captar el interés, la atención, la voluntad de los jóvenes campesinos guayiarenses que viven en esas áreas. Yo he tenido la buena fortuna de interactuar con poblaciones de niños, niñas y jóvenes rurales en todos los municipios del Guaviare y puedo atestiguar a la fibra de honestidad, al deseo de aportar, al respeto de estas niñas, niños y jóvenes por el otro, por sus padres, por los docentes.

enfoque pedagógico que se ocupa de los procesos que de forma consciente o inconsciente inciden sobre las transformaciones del ontos, es decir de quien se está siendo frente al otro, la familia, la comunidad, la sociedad, el mundo, la vida y a sí mismo.

Puedo atestiguar al potencial innato de juventudes que dadas la oportunidad pueden redefinir y ampliar los horizontes de cadenas productivas potenciales e idóneas. Pero no solamente se trata de ampliar el horizonte de recursos bio y agro-forestales que podrían convertirse en cadenas de valor, sino que también se trata de lograr la participación en los eslabones más allá de la materia prima y el valor agregado, los cuales típicamente captan el 1% y el 20% del valor de la cadena productiva, respectivamente. Se trata de lograr participación en los eslabones de distribución y punto de venta, los cuales juntos, típicamente, captan el 80% del valor de la cadena. Es decir, cuando exportamos maderas finas a Italia y allí se construye un sofá de alto perfil para ser vendido en Nueva York por $2.500 US - caso que evidencié a primera vista;

nosotros, los colombianos, nos quedamos con la

participación del 1% del valor de esa cadena. No es sólo sembrar el cacao y el caucho para vender la materia prima, la idea es crear una sinergia con las proyecciones profesionales de nuestras juventudes, para que desde aquí, el Guaviare, podamos diseñar, fabricar y mercadear productos de primera categoría, dirigidos a mercados especializados. Es decir, transformar el cacao y el caucho que producimos en artículos de primera y venderlos a mercados especializados en Europa, Norteamérica, Japón, Oceanía, etcétera y, así captar el 100% del valor de esas cadenas productivas, como DUEÑOS del territorio. Se estima que desde 1992, el comercio en ¿¿lÉSí-V

DISTRIBUCIÓN &

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PUNTO DE VENTA

línea se incrementa cada año un 45%. No hay duda que el internet ha revolucionado los esquemas de intercambio internacional y comercio, acercando los productores a los consumidores. En Londres, Nueva York, Ámsterdam y las grandes metrópolis del mundo, los adinerados no compran su mermelada en el "Carulla" local. Ellos van a mercados especializados, donde encuentran

VALOR AGREGADO

productos exóticos y donde el precio toma un

Jí

20%

segundo renglón a la exclusividad del producto en la dinámica de la compra. Hace un par de meses, el secretario de gobierno de Miraflores solicitó que se le presentara

MATERIA PRIMA

un proyecto de esta línea de trabajo, ACPADPEC dirigido a 134 estudiantes del SENA en Miraflores. Se realizó el pedido y la duración de dicho proyecto se calculó en 4.5 meses, el costo global llegó a un poco menos de $30 millones de pesos, el costo mensual por participante a $42 mil pesos, pero los beneficios de forjar colectivos empresariales que empiecen a vislumbrar nuevos horizontes de cadenas productivas potenciales e idóneas, y a proyectar sus trayectorias profesionales dentro de un aporte a la construcción de un desarrollo autónomo e inteligente de la región, tiene un valor incalculable. He aquí una breve lista de los objetivos del ejercicio práctico-académico en los ámbitos del desarrollo del individuo y los colectivos y el desarrollo inteligente regionai:

ELEMENTOS DE DESARROLLO DEL INDIVIDUO Y LOS COLECTIVOS DADOS POR EL PROCESO DE ACPADPEC: 1. Nutrir el conocimiento de los participantes sobre la gran variedad de recursos naturales propios de los bosques tropicales de la región, como también los imaginarios que puedan aportar a la construcción de cadenas productivas2 locales, dirigidas a specialty markets3, a través de mecanismos de la economía virtual. 2. Expandir los intereses y horizontes profesionales y ontológicos de los participantes y a la vez, fomentar un empalme de dichas trayectorias profesionales con un desarrollo inteligente de la región. 3. Fortalecer la formación de individuos y colectivos autónomos, consecuentes e integrales, como también aportar a la construcción ético-moral ante la concepción del territorio propio, y así fomentar una cultura empresarial propia de la región. ELEMENTOS DENTRO LA CONSTRUCCIÓN DE UN DESARROLLO INTELIGENTE DE LA REGIÓN 1. Priorizar la generación y movilización de economías basadas en el desarrollo de cadenas productivas idóneas, a través de manejos y procesos que salvaguarden la integridad de los ecosistemas y la biota de la región. 2. Proveer a la población mayoritaria, los y las jóvenes guaviarenses con futuros dignos y económicamente autónomos y exitosos.

Cadenas Productivas: Se refiere a un enfoque de las ciencias económicas que estudia los procesos de extracción y transformación de recursos nalurales y su distribución a través de puntos de venta en mercados globalizados para mejor estudiar las dinámicas económicas en la elaboración de materias primas y su oferta a mercados globalizados. 1 Specialty Markets: Se refiere a mercados donde apremian productos exóticos, de alia calidad y bajá oferta, y donde el precio juega un renglón secundario en la dinámica de ia compra.

3. Promover la participación en los eslabones de cadenas productivas y cadenas de valor más allá del eslabón de la materia prima (el cual capta el 1% de una cadena productiva), el eslabón de valor agregado (el cual capta el 20% de la cadena), hacia los eslabones de distribución y punto de venta (los cuales típicamente pueden captar hasta el 80% del valor de la cadena). 4. Iluminar los diseños de los Programas Educativos Institucionales (PEÍ), como también las políticas de inversión de la alcaldía, la gobernación, los entes territoriales y las instituciones educativas como el SENA, la UÑAD y otros actores responsables por la proyección pedagógicoeconómica del Guaviare. Quedarnos atentos a sus preguntas, comentarios, aportes y a una oportunidad de presentar la propuesta metodológica con sus organizaciones y aliados.

Sincera y respetuosamente,

J. A. Murcia Archila Director Ejecutivo FUNDAPOL- GUAVIARE

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Ponencia Propuestas de la Marcha Patriótica para el tratamiento de la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola. I.

INTRODUCCIÓN

El problema de la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola resulta de vital importancia en el debate nacional, a propósito del desarrollo de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno, así como en la búsqueda de soluciones de fondo a los problemas estructurales que han dado origen y alimentado el desarrollo del conflicto social, económico, político y armado en el país. Considerando los impactos altamente negativos que han tenido tanto el desarrollo del mercado de estupefacientes como la política antidrogas en la economía, el régimen político, el ambiente y la población, dése el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, presentamos al país y a la mesa de diálogo de La Habana, los siguientes elementos de análisis y propuesta, a manera de aporte desde los sectores populares al punto tres de la agenda. Como punto de partida se recalca que este problema no puede verse de manera aislada, como si se tratase de una suerte de mala practica ejecutada por unos pocos dentro de una economía y un régimen político saludables. Por.el contrario, lo que se ha logrado evidenciar en múltiples investigaciones académicas y judiciales es que negocios ilegales como el tráfico de estupefacientes, con el consecuente aumento de la producción y el consumo, hacen parte de un conjunto de mercados que han sido necesarios para sustentar y darle vida al modelo neoliberal y sus lógicas de acumulación. El régimen de acumulación vigente se sustenta en la continua mercantilización de los derechos sociales y de todas las esferas de la vida humana y natural, la reconfiguración en el papel del Estado -que se substrae de la producción y provisión directa de bienes y servicios-, la especializacíón de la economía en sectores extractrivistas y en la construcción de infraestructura para la más rápida y efectiva circulación de mercancías, así como la entronización de los mercados extemos, el capital trasnacional y financiero como vias esenciales para el crecimiento económico, requiere de una visión de mundo coherente, centrada en ej culto extremo al individualismo, el descreimiento de todo lo colectivo y la adopción del dogma relativo a que el conjunto de la vida personal y social se reduce a lógica empresarial del "máximo beneficio con el menor costo". El neoliberalismo, en tanto que proyecto que ha buscado la reestructuración capitalista y la restauración del poder de clase, en riesgo tras la crisis de acumulación vivida durante los años setenta y ochenta, se ha edificado como un discurso que moviliza reformas y relaciones socioeconómicas y políticas, apalancado en una particular visión del significado de la libertad individual, según la cual, ésta sólo es posible si se ejecuta a través del mercado. Son justamente estas circunstancias las más propicias para el surgimiento y expansión de negocios como deí tráfico de armas, drogas y la trata de personas, generando las condiciones óptimas para la configuración tanto de la oferta como de la demanda. Lejos de ser una anomalía, las más diversas formas del "capitalismo criminal" -aquel en el que se aprovechan las ganancias extraordinarias surgidas de actividades ilegales-, son un rasgo característico y fundamental del orden neoliberal vigente.

Marcho Patriótica

Las exorbitantes ganancias provenientes del mercado de drogas -calculadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODD) en 2011 en 2,1 billones de dólares a nivel mundial- provienen tanto de la exigencia del neoliberalismo de encontrar mercados en los que se logre con la mayor rapidez posible la maximización de la ganancia. En este caso, por la via de mejores precios en mercados ilegales, así como la de la liberalización de capitales, con la que se ha permitido la entrada y salida de los mismos sin la menor regulación. El neoliberalismo crea las condiciones para que este tipo de negocios sea muy rentable, particularmente para quienes manejan el tráfico internacional y el microtráfico del consumo. Mientras que aproximadamente el 1,5% de las utilidades quedan en los paises productores, el 98,5% van a parar en los circuitos de comercialización y distribución. En ese mismo sentido, los investigadores señalan que "el precio de venta al consumidor de un kilo de cocaína en territorio norteamericano es casi 40 veces mayor que el de su precio de exportación, más de diez veces mayor que el precio de importación en el territorio de Miami y 250 veces mayor al precio que se le paga al productor de las hojas de coca utilizadas en su elaboración"^. El desarrollo del modelo neoliberal ha creado también las condiciones para favorecer los cultivos de coca, marihuana y amapola en países como el nuestro, debido a las nefastas consecuencias que ha tenido este modelo en la producción campesina, agravando los problemas de concentración de la tierra, apertura económica, pobreza y falta de garantías para la producción2. Sin otra alternativa para la supervivencia, las y los campesinos se han visto obligados a participar del cultivo de coca, marihuana y amapola, sin que esto haya significado mejoras en sus condiciones de vida. Al contrario, han sido perseguidos y estigmatizados, tratados como criminales, sin recibir alternativas efectivas y realistas por parte del Estado colombiano. Es fundamental que la mirada sobre este fenómeno sea en su conjunto, incluyendo el cultivo, procesamiento, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas, abandonando el tratamiento criminal de los cultivos, los campesinos, indígenas y afrodescendientes cultivadores, así como de los habitantes de las regiones afectadas por el fenómeno y de los propios consumidores en centros urbanos, La política sobre el tema debe considerar de manera sería los usos culturales y tradicionales de las plantas en cuestión, así como su utilidad en campos como los medicinales, el alimentario, las fibras, entre otros.

Así mismo, la política antidrogas del país, amparada en la lógica de "tolerancia cero" y permanente criminalización, ha demostrado ser no efectiva, si se contrastan los resultados con los objetivos. La persecución a cultivadores se inscribe en la idea de reducir la oferta y así hacer que el precio de este tipo de drogas aumente y con esto reducir el tráfico, y pese a que las cifras oficiales muestran un descenso en el área cultivada, la tecnificación del proceso de transformación de la hoja de coca estaría generando una situación en la que con menor cantidad de la misma se estaría fabricando más alcaloide3. 1

Suárez-Salazar, Luis. (1989). "Conflictos sociales y políticos generados por la droga". Revista NUEVA

SOCIEDAD NRO.102 JULIO- AGOSTO ' Véase LA PAZ DE LOS CAMPESINOS ES LA JUSTICIA SOCIAL. Ponencia de Anzorc para el Foro Agrario convocado por el gobierno y las FARC-EP, diciembre 17 de2012. "Pocos campesinos procesan coca: UNODC". En http://www.verdadablerta.com/cqmponentyrontent/artlde/lS4-captura-de-rentaspublicas/4719-poco-campeslnos-prpcesan-coca-hov-en-colombla-unodc/

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Los efectos del desarrollo del mercado de las drogas no son sólo económicos o sobre la salud de los ciudadanos y ciudadanas, sino que ha generado efectos muy negativos a nivel político. Los empresarios de la cocaína, están integrados en los sectores dominantes, han sido factor determinante en la configuración del régimen político vigente. La denominada "lucha antidrogas" ha significado una estocada para la democracia y la soberanía nacional de nuestro país, ya que se ha plegado a los intereses estratégicos de Estados Unidos, posibilitando una permanente injerencia política y militar, tal y como se constata con el nefasto desarrollo del Plan Colombia, o con las siete bases militares ubicadas en nuestro territorio. Utilizadas como política contrainsurgente, las medidas para combatir el tráfico de drogas han sido un factor de recrudecimiento del conflicto en nuestro país, al generar desplazamientos masivos por las aspersiones y la crimínalización al campesino cultivador, e incluso, la participación directa e indirecta de militares norteamericanos, revestidos de inmunidad, en crímenes como la violación de menores de edad y el bombardeo de comunidades campesinas con material de fabricación norteamericana, como el caso de Santo Domingo, Arauca, en 1998. Asi, esta compleja problemática requiere de un abordaje integral que ponga en el centro la responsabilidad del propio modelo neoliberal en la gestación y expansión del mercado de las sustancias sicoactivas, y sus efectos sociales, económicos, ambientales y políticos. II.

FRENTE AL CULTIVO, SOLUCÍÓN POLÍTICA Y SOCIAL AL CONFLICTO COCALERO.

El campesinado, los indígenas y afrodescendientes, tras décadas de inconformidad con las políticas de desarrollo rural que han implementado los gobiernos de turno, a través de la movilización social han planteado propuestas concretas como posibles soluciones al Conflicto Social derivado del cultivo de coca marihuana y amapola, con las cuales hacer frente al abandono que viven las zonas rurales en Colombia. Década tras década estas acciones y propuestas, han sido estigmatizadas, señaladas e injustamente descalificadas, especialmente por aquellos que ven en los territorios rurales una fuente de recursos para la implementación de grandes megaproyectos o focos de clúster de inversión extranjera. Con la denominación oficial de los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola, como "Cultivos ilícitos" se confinan y desconocen los usos tradicionales medicinales y culturales, igualmente se desconocen los múltiples factores que llevan a la producción de estos cultivos. Actualmente, el área sembrada con coca en Colombia es de 48.000 hectáreas4, donde Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Guaviare, Cauca, Caquetá y Chocó son los departamentos que registran el mayor porcentaje de cultivo. En dichas zonas se desarrolla una territorialidad promovida por campesinos, indígenas y afrodescendientes que han implementado propuestas de sustitución a sistemas productivos armónicos con el medio ambiente y la vocación de uso que responden a propuestas de ordenamiento territorial agrario, definidos desde las propias comunidades. A esto, el Estado Colombiano con injerencia de Estados Unidos, ha respondido con una serie de acciones militares y legales atentando contra la vida, el ambiente, la seguridad alimentaria y la economía campesina mediante, perpetuando la criminalización hacia el campo. 4

UNODC,2013

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Las economías basadas en la producción de cultivos de hoja de coca se han impuesto ante la profundización de múltiples carencias en áreas rurales, y su transformación exige una tarea de concertación, interlocución y acuerdo, para la implementación de un programa nacional de sustitución voluntaria, progresiva y estructural. También implica un reordenamiento territorial con enfoque social, económico y político que preserve las figuras de protección ambiental con recursos económicos hacia una nueva institucionalidad donde la participación y las decisiones se tomen desde las comunidades. Características de una propuesta de solución social establecida de modo gradual, concertado, estructural y ambiental Dentro de un nuevo modelo de desarrollo rural alternativo las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas debe conllevar la decisión de sustituir o no los cultivos, los procedimientos, las valoraciones históricas, los tiempos y el accionar. Esto en el marco de un enfoque de derechos que proteja a las familias productoras. En el ejercicio del derecho a la territorialidad y la vida digna, la solución gradual debe plasmarse en el marco de Planes de Desarrollo Sostenibles o Planes de Vida Comunitarios, que correspondan a una concertación con los productores desde una visión histórica y ancestral, con una determinación de los montos de los subsidios, los tipos de cultivo, la formulación de sistemas productivos de los mismos, la infraestructura y el tipo de cualificación para elevar el capital social, son necesarios para avanzar en la sustitución. De otra parte la propuesta también indica que se puede sustituir el uso que se le da al producto, en ese sentido se debe concertar también que tipo de procesos, transformación, otros usos como la alimentación, medicina y cosméticos y desde luego el sistema productivo. Con el apoyo técnico, tecnológico e investigativo que permita avanzar en una propuesta, bajo parámetros definidos de financiación y bajo la mirada territorial agraria incluyente en clave de planeación territorial y mínimamente debe incluir: 1. Cese total de aspersiones con glifosato u otras sustancias y de la erradicación violenta que atenta contra el campesinado, ya que se ha convertido en una estrategia de desplazamiento forzado que afecta la producción, salud y ambiente de las comunidades rurales. En la actualidad, Colombia es el único país de América Latina que realiza fumigaciones de esta naturaleza, con lo que queda claro el consenso regional en contra de esta estrategia. Énfasis en lo voluntario. 2. Cese total de la erradicación manual. 3. Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas que permitan atacar los mercados de consumo, el narcotráfico, así como fijar mecanismos de prevención y protección desde la óptica de la salud pública. Lo anterior con el propósito de regular el consumo de sustancias psicoactivas con la participación activa y decisoria de las comunidades. 4. Creación de un Fondo Social para la sustitución gradual para soportar la política de subsidios permanentes que representen costos y gastos reales para quienes se acojan a la iniciativa de sustitución, contemplando la inversión permanente para el desarrollo de las iniciativas de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. 5. Programas de promoción de sistemas productivos con énfasis en cultivos de pancoger con semillas limpias y generación de bancos de semillas, construidos con un enfoque social y de

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comercialización justa para las comunidades agrarias. 6. Garantizar la permanencia en ei territorio de las comunidades mediante figuras establecidas en la Ley como resguardos indígenas, consejos comunitarios y zonas de reserva campesinas. Igualmente, que dentro de estas figuras exista financiación permanente que soporte el desarrollo de proyectos productivos a largo plazo, titulación de tierras y capacitación labora!. Igualmente, Que el inventario de tierra producto de la extinción y expropiación a narcotraficantes sean en prioridad para crear Zonas de Reserva Campesina, territorios colectivos y resguardos indígenas. 7. Política económica que coloque como pilar fundamental el fortalecimiento de la economía campesina, garantizando de manera agroecológica y sustentable la soberanía y la autonomía alimentaria de los territorios. 8. Implementar políticas públicas y protocolos de manejo ambiental de acuerdo con los usos, identidades territoriales y ancestrales de las comunidades. 9. Reivindicar el uso cultural y medicinal que los pueblos especialmente las comunidades indígenas que utilizan la hoja de coca para su Uso, tradiciones y costumbres. 10. Generar políticas públicas de desconcentración de la propiedad de la tierra y la redistribución de la misma 11. Priorización de protección de las Zonas de reserva forestal, parques nacionales y áreas protegidas. Bajo lineamientos de impulso de agroforestacion y la reforestación con planes de manejo ambiental y conservación con planes que impulsen la convivencia en armonía con la naturaleza y el ambiente.

III.

FRENTE AL CONSUMO.

La necesidad de una perspectiva integral frente al tratamiento del fenómeno de producción y uso de sustancias psicoactivas, resalta aún más en el caso colombiano al constatar el incremento constante en el consumo de las mismas. De acuerdo con los datos de UNDOC, la prevalencia en el consumo de cocaína en Colombia es superior al promedio mundial; nos hemos convertido en el país que reporta mayor consumo de drogas, licitas e lícitas, entre universitarios en la región Andina, a la vez que se incrementa el consumo de sustancias no tradicionales, tales como el éxtasis. La respuesta ante este fenómeno casi siempre se genera desde posturas moralistas, que uniforman los diferentes tipos de consumo y dan trato criminal a los consumidores. La política de "tolerancia cero", aplicada desde la perspectiva del consumo desconoce sus realidades y características, tanto desde la perspectiva socioeconómica, como cultural e individual. Condena y criminaliza, estigmatiza y niega elementos básicos del libre desarrollo de la personalidad. La política de negación del fenómeno del consumo, que se propone como objetivo erradicarlo, ha demostrado ser altamente ineficaz, ya que sus herramientas fundamentales han sido la judicialización y/o el manejo médico como enfermedad de carácter netamente individual. En ambos casos, se trata de ubicar a cualquier tipo de consumidor que individualmente ha cometido un delito o ha enfermado, convirtiéndose en una especie de anomalía frente a la que hay que actuar aplicando tratamientos jurídicos y/o médicos igualmente individuales, aislándolo de los factores y determinantes sociales, económicos y culturales.

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Se hace necesario darle cada vez mayor importancia a este tema, recalcando que se trata de un fenómeno multidimensional y multicausal, en el cual se precisa distinguir los tipos de consumo existentes, asi como las diferencias entre sustancias psicoactivas, dadas sus características de acceso e intensidad en la adicción. Es claro que las decisiones sobre el consumo son individuales, pero se encuentran determinadas por factores económicos, sociales, culturales y familiares. Un primer paso necesario para afrontar esta realidad social de manera efectiva es la apertura y profundización del debate nacional sobre el tema, avanzando en la redefinición de los objetivos de la política, que más allá de plantear un escenario poco probable de erradicación del fenómeno del consumo, se proponga dar herramientas individuales y colectivas posibles para abordarlo como realidad integrante de la sociedad. No se puede negar tampoco que el abuso de sustancias psicoactivas está fuertemente asociado con delitos de carácter social y variadas formas de violencia, bajo dinámicas de mutua retroalimentación. Lo que no puede seguir ocurriendo es que la política sea uniforme frente al consumo recreativo y ocasional, que de cara al abuso de sustancias psicoactivas. Es por esto fundamental rediseñar el horizonte para propender por regular el consumo y combatir el abuso.

Teniendo en cuenta los anteriores elementos, se presentan las siguientes propuestas básicas en lo relativo al consumo: 1. Abordar el fenómeno desde la perspectiva de salud pública, antes que desde la óptica criminal, lo que no significa que sea un problema exclusivo del campo médico o del judicial. Se trata de una dimensión transversal que debe discutirse y trabajarse desde todos los ámbitos de la sociedad y no aislándola de la misma. La perspectiva sociocultural del uso, consumo y abuso de sustancias psicoactivas debe dejar de ser una reflexión meramente académica, para traducirse en herramientas de política, con suficiente financiación por parte del Estado. 2. Despenalización, legalización y regulación. Existen diversos tipos de sustancias, cada una de las cuales tiene diferentes niveles de adicción, afectación sobre la salud y dificultades en el acceso. Todos estos elementos tienen que tenerse en cuenta para encarar el necesario debate sobre la despenalización, legalización y regulación. No se propone la legalización sin más, sino una reflexión profunda para ubicar cómo gradualmente se van aplicando medidas para cada una de las sustancias psicoactivas. Un paso importante es la necesaria desmercantilización las sustancias, no permitir que se generen ganancia a privados a partir del uso y abuso, con la venta indiscriminada, ilegal, en precarias condiciones de salubridad y vinculada a altos niveles de delincuencia social. En este mismo sentido, la despenalización y regulación deben estar fuertemente acompañadas de una promoción amplia de la política de consumo responsable, contralado e informado, dirigido a evitar las intoxicaciones y el consumo de riesgo. 3. Diferenciar y caracterizar los diferentes tipos de consumo que se presentan en la sociedad colombiana, promoviendo acciones afectivas para respetar los consumos tradicionales y culturales, en términos de no criminalización o usos propios de diversos tipos de comunidades. De igual manera, es esencial avanzar en diferenciar entre consumos recreativos ocasionales y los de riesgo, caracterizados por niveles de adicción letales; por lo tanto, es urgente ubicar de manera clara, cuáles son los factores de contexto que se convierten en factores de riesgo.

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Construcción de una política estatal de investigación sobre los diferentes tipos de consumos y usos, enfatizando en los de tipo medicinal y alimentario. 5. Construir política de tratamiento desde la perspectiva comunitaria y a nivel primario. El conjunto de la sociedad debe tener acceso a la información sobre las dinámicas de consumo y responsabilidad en la promoción del consumo contralado e Informado. No es una tarea que deban abordar especialistas médicos ante escenarios de abuso, sino de cada sector y escenario social, propendiendo por un cambio de perspectiva. 6. Resolver las desigualdades sociales y económicas que son caldo de cultivo para el abuso de sustancias sicoactivas, particularmente por el consumo de aquellas con mayor nivel de adicción, dada su composición química hecha para generar sustancias de muy bajo costo, pero altamente peligrosas como el bazuco.

IV.

FRENTE A LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN, EL IMPACTO EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA.

El negocio trasnacional de la cocaína, desarrollado en Colombia desde hace más de treinta años, ha sido un elemento clave en los procesos de acumulación de capital, en la configuración del régimen político y sociocultural, asi como de la dinámica de violencia que ha padecido el país. Las complejas redes y relaciones que se han creado entre sectores económicos emergentes ligados al narcotráfico, partidos políticos, negocios legales, violencia y reconfiguración de poderes locales y regionales son una realidad, develada recientemente a través del proceso de la denominada "parapolítica". Dado el carácter estructural del fenómeno del narcotráfico, vinculado a la esencia misma del neoliberalismo, ganar la batalla frente a este flagelo pasa por el desmonte del propio modelo neoliberal Puntualizando algunos aspectos de esta necesaria tarea se propone: 4.1 Narcotráfico y régimen político: desmonte efectivo del paramilitarismo y reforma al sistema electoral Hoy resulta claro para el país que el dinero del narcotráfico ha sido financiador de primer orden de la guerra sucia en contra de las alternativas democratizadoras en el país. Así ha quedado evidenciado con la conformación, accionar y propósitos del MAS, Muerte a Secuestradores, en los años ochenta, o los hechos que de manera continua y contundente han demostrado la financiación de las estructuras paramilitares por parte del narcotráfico. El papel jugado por el empresariado de la cocaína en Colombia en la articulación entre economías legales e ilegales como estrategia en el proyecto paramilitar ha quedado al descubierto en casos como los de Enilse López, con el negocio de apuestas en la Costa Caribe. Frente a todos estos hechos, queda claro que el fenómeno del paramilitarismo, sus lógicas definanciacióny su incidencia en la institucionalidad exige el desmonte efectivo del complejo dispositivo paramilitar, no sólo de las estructuras militares sino de sus' financiadores en negocios legales e ilegales. El impacto del narcotráfico en el régimen político a nivel local y nacional ha sido de igual manera contundente por la vía de amplia financiación de campañas electorales. Los innumerables casos de relación directa entre políticos de los partidos tradicionales, narcotraficantes y paramilitares, articulados entorno a proyectos políticos defensores del status quo y los privilegios de empresarios, terratenientes, y del capital trasnacional, son evidencia más que suficiente al respecto. Por lo tanto,

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resulta absolutamente necesario, que de la mano con amplios procesos judiciales, se construya una reglamentación electoral que prohiba la financiación privada de las campañas, evitando feriar la democracia a la subasta del gran capital y los dineros del narcotráfico, garantizando el apoyo estatal a todos los partidos políticos. 4.2 Narcotráfico y sistema financiero: reforma a ia política monetaria y regulación a los mercados financieros (control de capitales) No es una mera coincidencia que el auge del narcotráfico, la violencia, así como del sistema financiero se den justamente en las últimas tres décadas. El telón de fondo para la aparición de tales fenómenos es el desarrollo mismo del modelo neoliberal, en tanto que los cambios en las funciones del Estado y la búsqueda de nuevos espacios para la acumulación de capital -junto con los cambios tecnológicos observados en el periodo-, han generado condiciones óptimas para nuevas formas de acumulación con elevadas tasas de ganancia, entre las que se destaca el narcotráfico. Lejos de ser una anomalía o un proceso sin sentido, los procesos criminales de acumulación, como el narcotráfico, y la violencia asociada a estos, son parte fundamental en el proceso económico y político contemporáneo. Claro de ejemplo de esto es la estrecha relación que existe entre lógicas especulativas en el mercado financiero y lavado de activos, particularmente del dinero proveniente del narcotráfico. Los más de 17.000 millones de dólares que anualmente son blanqueados a través de y por el sistema financiero en Colombia, son producto de las condiciones mismas de funcionamiento de éste mercado en la actualidad. Los complejos dispositivos que permiten la obtención de ganancias extraordinarias via especulación, como la comercialización de derivadosfinancieros,son el vehículo ideal para el blanqueamiento de capitales. La compra y venta de títulos varias veces en un mismo día, la movilización de grandes sumas de dinero a través de pequeñas transacciones, asi como las amplias condiciones de movilidad de capital de manera transfronteriza, gracias la liberalización de la cuenta de capitales, han permitido la emergencia del fenómeno de lavado de activos. De esta manera, no sorprende que sea justamente el sector financiero uno de los que mayores tasas de crecimiento y nivel de ganancias haya tenido a lo largo de las últimas décadas; la de por si perversa lógica especulativa se ha visto potenciada por el ingreso constante de capitales provenientes del narcotráfico. ^

Es por esto que resulta absolutamente necesario realizar una profunda reforma al sistema financiero y a la política monetaria en Colombia, frenando la dinámica especulativa que crea incentivos para la entrada masiva de capitales en búsqueda de ganancias extraordinarias vía tasa de interés, combatiendo la explosión del mercado de derivados y el control de capitales, recuperando la soberanía nacional sobre la entrada y salida de los mismos. Los mecanismos de seguimiento a la propiedad de los capitales al interior del sistema financiero han resultado insuficientes frente a las dimensiones del fenómeno, precisamente porque es fundamental erradicar el origen mismo de los incentivos para la especulación. La dimensión global de éste fenómeno y su efectividad frente al lavado de activos ha hecho que incluso el Fondo Monetario Internacional haya reevaluado su postura con relación al control de capitales desde el año pasado.

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4.3 Despenalización y regulación desde la perspectiva de la producción: industrialización y promoción de otros derivados Una de las bases fundamentales para el desarrollo de este lucrativo negocio es el hecho de pertenecer a un mercado ilegal, elemento determinante en la formación de precios extraordinariamente altos que garantizan rentabilidad. Es esta una de las principales razones para proponer la despenalización y legalización de las sustancias psicoactivas derivadas de la coca, la marihuana y la amapola, desde el punto de vista de la comercialización y producción. La legalización y despenalización no sólo bajarían la rentabilidad del negocio, sino que permitirían ponerle freno a la corrupción proveniente de este tipo de economía y que ha irrigado al conjunto del Estado colombiano. Un proceso de esta naturaleza requeriría gradualidad y diferenciación entre productos, ya que no es posible darle el mismo tratamiento a la marihuana que a la cocaína y la heroína. De igual manera se requiere la definición de un conjunto de regulaciones al mercado, entre los que se destacan una fuerte política impositiva para la comercialización de sustancias, así como una fuerte intervención estatal desde la perspectiva del consumo. La perspectiva de regulación, legalización y despenalización implica también plantear propuestas desde la perspectiva de la producción. Experiencias como las que se han puesto en marcha en Perú o Bolivia, relacionadas con la industrialización, transformación y comercialización de la hoja de coca a manera de derivados alimenticios, resultan de vital importancia. En el caso boliviano el proceso de despenalización e industrialización se viene ejecutando desde finales de los años ochenta, autorizándose el aprovechamiento de la hoja de coca para productos alimenticios, cosméticos y para medicamentos. Tal proceso se ha acompañado recientemente de un conjunto de políticas dirigidas a enfrentar los problemas de orden ambiental, económico y social que han estado alrededor del cultivo de hoja de coca en condiciones de ilegalidad, contando además con amplia participación de las comunidades rurales. La experiencia boliviana ha colocado sobre la mesa el debate alrededor del aprovechamiento de las amplias propiedades nutricionales y energéticas de la hoja de coca; a manera de ejemplo, se encuentra que la hoja de coca presenta mayor contenido de proteínas y calcio que muchos cereales como trigo, arroz, maíz o cebada. En el caso particular de los alimentos derivados de la hoja de coca, la iniciativa de despenalización,regulacióne industrialización se convierte en instrumento para hacerle frente al problema de seguridad y soberanía alimentarias. En contraste, en Colombia las licencias para la producción de derivados de la hoja de coca han sido en exceso limitadas y entidades como el Invima se han negado a expedir los permisos pertinentes para la comercialización de diversos productos. La apuesta por la despenalización, regulación e industrialización resulta de vital importancia para avanzar en un cambio de perspectiva sobre el tratamiento de esta problemática. El necesario cambio de paradigma en la política antidrogas sólo será posible en tanto se reflexione este problema desde la perspectiva del conjunto del modelo económico, político, social y ambiental vigente. La sociedad colombiana clama desde la movilización, la protesta y la propuesta por un nuevo pacto de pais. Sólo la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente dará las garantías para que una política alternativa para el tratamiento de la hoja de coca, marihuana y amapola sea real y efectiva,

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PONENCIA SOBRE UNA VISION NACIONAL Y TERRITORIAL DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS. PRESENTADO POR LA FEDERACIÓN NACIONAL SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA -FENSUAGRO-CUT. INTEGRANTE DE LA MESA NACIONAL DE UNIDAD AGRARIA. MESA NACIONAL AGROPECUARIA, POPULAR Y DE ACUERDO - MÍA. VIA CAMPESINA. CLOC. AL FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS. Bogotá D.C 24 al 26 de septiembre del 2013. En el marco de los acuerdos de negociación entre el I gobierno Colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC-EP, que se llevan a cabo en la Habana Cuba. 1.

UN MODELO DE DESARROLLO QUE PRIVILEGIA LA GRAN AGRICULTURA COMERCIAL Y MINERA. Desde hace muchas décadas Colombia ha desarrollado una economia basada en la dependencia del gran capital internacional. Su papel designado por el fondo monetario internacional,

el banco

mundial, el Banco interamericano de Desarrollo BID, está dirigido a la producción de materia prima, la explotación de sus recursos naturales renovables y no renovables en particular de carácter minero. La implementación del modelo neoliberal y su profundizaclón a partir de los años 90, a acelerando el desmonte de la instltucionalidad publica, entre ellas las que apoyaban a la población rural Colombiana. Al mismo tiempo este modelo ha declarado inviable al campesinado, a su vez ha fortalecido la reconcentración de la propiedad de la tierra, generando en combinación con la violencia narcoparamilltar de los más recientes años, grandes oleadas de desplazamientos sucesivos. El "nuevo" modelo de desarrollo rural que impulsa el Estado Colombiano y su gobierno de turno giran alrededor de las alianzas estratégicas productivas que no son más que una estrategia de interrelación con el latifundio especulativo y mafioso y los grandes megaproyectos mineros, de plantaciones forestales, la

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producción de agro-combustibles, de agro-negocios, todos orientados a la exportación de materia prima hacia los países desarrollados. La aprobación de los tratados de libre comercio con los EEUU, Canadá y la Unión Europea y su entrada en vigencia coloca en mayores desventajas a los pequeños y medianos productores agrícolas de nuestro país, lo que profundizará las brechas de desigualdad campo ciudad. Es de anotar que en este nuevo escenario los únicos productos agropecuarios precisamente los de uso ilícito.

de pequeña escala competitivos son

2. LOS CULTIVOS DE COCA, MARIHUANA Y AMAPOLA EN COLOMBIA. La presencia de estos cultivos de uso ilícito en Colombia tienen varias motivaciones entre las cuales podemos mencionar algunas: •

Aumento de consumo de drogas psicoactivas en los EE.UU y Europa en la década de los años 70 y que hoy continua con niveles de demanda que favorecen el comercio internacional de esta producción.

•

Desplazamiento de antiguos cultivos de marihuana en México, como efecto de los programas de erradicación y fumigación orientados desde los EE.UU, en la década de los años 60 y 70 del sig/o pasado. La Introducción de semillas y apoyo financiero por parte de empresarios ilegales a campesinos pobres del norte Colombiano que vieron una opción de supervivencia en la plantación de marihuana y otros cultivos como la coca o la amapola. La creciente marginalldad de la población rural Colombiana y la carencia de políticas del Estado dirigidas a resolver el problema estructural que históricamente ha vivido el campo Colombiano.

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La continuación y existencia del latifundio especulativo y mafioso, lo que ha conllevado a gran concentración de la propiedad de la tierra por antiguos capos narcoparamilitares y testaferros al servicio de grandes latifundistas.

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El desarrollo de grandes megaproyectos y ta penetración de transnacionales que han forzado al desplazamiento de comunidades, cuyo objetivo es despejar el camino para el saqueo de los bienes naturales.

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El desarrollo de políticas anticampesinas y de violencia que han favorecido los planes de colonización del Estado, que a su vez han llevado a la marglnaüdad social de vastas poblaciones fuera de la frontera agrícola. La falta de políticas de precios de sustentación y comercialización de la producción de economía campesina.

• •

La no concreción de una política de reforma agraria de carácter estructural que permita la democratización de la propiedad rural al interior de la frontera agrícola, permitiendo a su vez el cierre de la exportación territorial agrícola del país.

Ahora bien la anterior se suma la apuesta en ejecución de las locomotoras del desarrollo y la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Todas estas políticas de privilegio al gran capital e Inversionistas rurales se constituyen en el fondo en políticas anticampesinas, que empujan a nuevas masas campesinas a la miseria y a nuevas colonizaciones, que en última favorecen y fortalecen los ciclos de la economía ilícita.

LA POLÍTICA ANTIDROGAS EN LOS EE.UU EN COLOMBIA, "SOLUCIÓN AL PROBLEMA" JUSTIFICACIÓN PARA EL INTERVENCIONISMO. Terminada la guerra fría, los EE.UU han continuado con el Intervencionismo y agresión militar contra los pueblos del mundo, que se oponen a la política global del imperio del norte y sus aliados europeos, orientadas al saqueo, la sumisión y la dependencia. En este sentido la supuesta lucha contra las drogas ilegales ha sido justificada en Colombia con un carácter intervencionista en sus asuntos internos, por ello la política antidrogas se conjuga con la guerra al terrorismo, que después del 11 se septiembre de 2002 se convirtió en la principal bandera de agresión imperialista. El desarrollo de estrategias regionales como: el plan panamá, la iniciativa plan dignidad, el plan Colombia, el plan patriota, la Iniciativa regional andina Ira, entre otros. Han fortalecido la militarización de la región cuyo principal fin no es la erradicación del narcotráfico, sino la defensa de los intereses del país del norte en el corredor andino y particularmente en Colombia. Según algunos datos extraoficiales en los últimos 30 años, EE.UU ha gastado más de 40 mil millones de dólares, principalmente en la llamada guerra antidrogas, política que está alejada de cualquier acción hacia un desarrollo sostenible regional, ni mucho menos para reducir la propia demanda de narcóticos en su territorio. Valga preguntarse ¿si la fuerte presencia militar en la región es solo por el problema de las drogas o es por el control estratégico que representa la región andina? Como procesadora de insumos, bienes naturales y una gran riqueza de biodiversldad principalmente en la selva amazónica.

PROPUESTA PARA SUPERACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS; HACIA UNA POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN GRADUAL, DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO Y SALUD PUBUCA, QUE POSIBILITE LA SOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE NARCÓTICOS. 4.1. Reformulación integral de la política nacional sobre drogas tipificadas como ilícitas; con base en los principios de soberanía, corresponsabilidad, multilateralidad, transparencia, sentido social, respeto a los derechos humanos y campesinos (as) aprobados por las naciones unidas, la protección del medio ambiente. A partir de estos criterios Colombia redefinirá sus relaciones multi y bilaterales con los países centro de demanda y con los conjuntos de naciones que comparten una problemática similar de producción de cultivos de uso ilícito y tráfico de estupefacientes. 4.2. Nuevo diseño institucional que garantice desarrollar las políticas concertadas con las comunidades

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involucradas en la producción de cultivos de uso ilícito. Creación del instituto de coordinación de programas para la prevención, sustitución y ejecución de los proyectos de desarrollo local, departamental y regional que incluye programas alternativos y de industrialización de la hoja de coca y otros cultivos de uso ilícito. 4.3. Reconocimiento de la legalidad del cultivo de la hoja de coca por parte de las comunidades Indígenas, campesinas y afro-descendientes para usos ancestrales, de tipo religioso, curaciones tradicionales, comunitarias y medicinales.

4.4. Concertación con el movimiento campesino y sus organizaciones de una ley de tierras, de reforma agraria y desarrollo rural, que garantice la democratización y distribución de la propiedad de la tierra rural. Esta ley tendría como prioridad ia afectación del latifundio al interior de la frontera agrícola, bajo los criterios de fortalecimiento de la economía campesina, la recuperación de la soberanía alimentaria

de los colombianos, la participación democrática de los pequeños y

medianos productores agropecuarios en el diseño y ejecución de las políticas agropecuarias del país.. 4.5. Promoción de acuerdos ambientales multisectoriales, entre el Estado, las comunidades locales, para la protección, reestructuración y adecuada racionalidad en la intervención de los ecosistemas. La conservación de cuencas hidrográficas y bosques altos andinos y la selva húmeda tropical, permitirá la aplicación efectiva del principio de corresponsabilidad por parte de los países industrializados y consumidores de alucinógenos, principales responsables de la destrucción de la capa de ozono, la aceleración del cambio climático y la extinción de miles de especies vegetales y animales. 4.6. Suspensión definitiva, al sistema de erradicación agroquímica, biológica o forzosa, que por su carácter invasivo, forzoso e indiscriminado

afecta la estabilidad de tas comunidades, ia

biodiversidad, las fuentes de agua, la economía lícita y la salud de la población. 4.7. Generación de un clima de confianza entre el Estado y las comunidades involucradas en los cultivos de uso ¡lícitos que permitan adelantar los proyectos de desarrollo alternativo y los planes de vida en un contexto de participación, concertación y corresponsabilidad. La legitimidad estatal pasa por el reconocimiento a los campesinos productores como sujetos sociales válidos para interlocución con el Estado, y por el cumplimiento estricto de los acuerdos que suscriban en materia de desarrollo regional y la solución a las causas que han originado el conflicto de los cultivos de uso ilícito. 4.8. Propiciar acuerdos locales de gobernabíiidad que permitan reconstruir el tejido social, que garanticen una real participación de las comunidades en el diseño y ejecución de tos programas de sustitución, industrialización y comercialización de la producción de los cultivos de uso ilícito. 4.9. Desarrollo de una política de complementacion así: reforma urbana, cobertura en salud gratuita y universal para todos/as los colombianos/as, fomento en la cobertura de educación en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y universitaria, acceso al agua potable, a empleos dignos y pensiones, recreación y apoyo a la Iniciativa empresarial y micro-empresarial. 4.10.

Creación del fondo nacional para el fomento de la economía campesina, la sustitución y el

apoyo

de programas de desarrollo de planes de

vida e iniciativas alternativas y procesos de

industrialización de la hoja de coca y marihuana, el cual será financiado con la destinación del 10% anual del presupuesto total nacional y contará con la participación mayoritaria de delegados representantes de las comunidades beneficiarlas del programa de sustitución, industrialización y comercialización de la hoja de coca y marihuana.

4.11.

Control e impuestos a los capitales golondrinas, estos últimos serán destinados al fondo

nacional para la sustitución y el fomento de programas de desarrollo de vida alternativa y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana. 4.12.

Apoyo a la organización autónoma de las comunidades campesinas, indígenas y afro-

descendientes. Cese de la estigmatización, señalamientos y judicialización de los dirigentes y comunidades insertas en la producción de cultivos de uso ilícitos. En todo caso ningún productor en pequeña escala de hoja de coca o marihuana podrá ser señalado o considerado como narcotraficante. 4.13.

Mientras se Implementan las diferentes políticas y programas concertadas con el estado y el

gobierno colombiano, este

último comprara la producción de hoja de coca y marihuana, u

otorgará un subsidio mensual equivalentes a dos salarios mínimos legales mensuales. 4.14.

Se pondrá fin a la actual política antidrogas impuesta por los EEUU y se formulará una política

de cooperación de mutua reciprocidad con todos aquellos países interesados ,que tenga como elementos de compromisos aquellos dirigidos al lavado de activos, a desactivar los paraísos fiscales, al control y tratamiento de salud pública al consumo de drogas en los países consumidores, la expropiación de bienes a narcotraficantes los cuales serán traspasados al fondo nacional para el fomento de la economía campesina, la sustitución y el apoyo de programas de desarrollo de planes de vida e iniciativas alternativas y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana. Por últimos queremos exponer que solo será posible poner fin a este conflicto social en que hoy se encuentran miles de familias que subsisten de la producción de los cultivos de uso ilícito, si se erradican las causas que le dieron origen en Colombia a esta problemática social. Como vemos en nuestras propuestas no se trata de legalización y justificación del narcotráfico, que en última son grandes magnates nacionales e internacionales "que posiblemente jamás conoceremos" pero que tal vez muchas veces han sido los primeros en hablar de fumigaciones y lucha contra las drogas ilícitas.

Bogotá D.C.

Septiembre 24 de 2.013.

La ONIC le habla al país y a la comunidad internacional sobre la paz y el problema de las drogas Bogotá, septiembre 24 de 2013 Esta ponencia sintetiza múltiples pronunciamientos de la Organización Nacional Indígena de Colombia y de sus organizaciones filiales sobre el tema que hoy se debate en el Foro: "Solución al problema de las drogas ilícitas", convocado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Pensamiento y Seguimiento del Proceso de Paz de la Universidad Nacional de Colombia en el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La coca es una planta sagrada. Es la expresión de la cultura propia, consejo sabio del chaman en la maloca amazónica, palabra orientadora de los mamos en la Sierra Nevada de Santa Marta y reafirmación de lazos comunitarios por el Jaibaná y el Tehuala de nuestras cordilleras andinas. La coca es un ser espiritual y es nuestra madre. Su transformación química en laboratorios mimetizados en las selvas y su posterior comercialización en ciudades de Norteamérica o Europa, no corresponde a nuestras prácticas, ni costumbres; la destrucción indiscriminada de las plantas a nombre de la lucha contra el terrorismo o por la supuesta perversidad de sus principios activos vegetales, es una afrenta a la Naturaleza y a nuestras identidad milenaria. Sobre el narcotráfico Para el movimiento indígena, el narcotráfico es una expresión perversa del mercado capitalista que utiliza plantas con propiedades visionarias, medicinales y nutritivas para transformarlas en sustancias químicas concentradas que demandan millones de consumidores en los cinco continentes. Esta actividad económica resulta muy atractiva para este tipo de empresariado criminal, gracias a los precios exorbitantes que alcanza, no por los costos de su producción, sino por los riesgos que deben sortearse hasta llegar al consumidor final. Ya casi nadie niega que el secreto de la rentabilidad del narcotráfico está, precisamente, en su ilegalidad. Si esto es así, los aquí presentes deberíamos preguntarnos, con toda sinceridad, hasta donde un proceso de paz que no incluya una reformulación a fondo de la política antidrogas podrá acabar con los incentivos que empujan a muchos colombianos a involucrarse en uno de los negocios más lucrativos a nivel planetario. Los indígenas no tenemos la respuesta definitiva. Pero si estamos convencidos de que todos los sectores sociales afectados no solo por el narcotráfico sino por la "guerra contra las drogas", debemos proponer soluciones certeras que nos impidan caer en los mismo errores cometidos por los Estados. En un fenómeno transnacional como este, los indígenas hemos comenzado a mirar más allá de nuestros resguardos para referirnos a asuntos de la política y la economía globales que afectan, directa o indirectamente, a nuestras comunidades y a la sociedad colombiana de la somos parte.

^H Colombia tiene una larga relación con la producción y comercialización de marihuana, clorhidrato de cocaína y heroína, sin que hasta ahora pueda afirmarse que dejamos de ser una pieza central en el engranaje mundial del narcotráfico. A lo largo de cinco décadas hemos presenciado el surgimiento de poderosos carteles y su desestructuración en decenas de organizaciones criminales desperdigadas por todo el país; cientos de traficantes grandes y medianos extraditados pero reemplazados por otros tan avaros y violentos como ellos;

toneladas de cocaína y millones de narcodólares incautadas cuyas pérdidas se recuperan en el precio de los cargamentos que logran expenderse. Es tan jugoso el negocio, que estos golpes son un rasguño en el torrente de divisas que se lavan en la economía legal y se legitiman en el sistema político, donde se ocultan buena parte de los responsables de la vitalidad del narcotráfico. Develar estos vínculos es necesario para construir la paz. Sobre los cultivos Muchas de las realidades del mundo de las drogas son muy lejanas a nuestra vida como indígenas. Otras, como la siembra de coca, amapola o marihuana por campesinos, afrodescendientes e indígenas son más cercanas porque compartimos la vida y los territorios rurales. Resulta difícil negar que la mayoría de quienes cultivan estas plantas son parte de los productores agrícolas que se manifestaron en el paro agrario nacional del mes de agosto contra una de las peores estructuras de desigualdad rural en América Latina, así como en rechazo de políticas de libre comercio que arrasan los cultivos campesinos por los bajos precios de importaciones agrícolas subsidiadas en los países de origen. En este punto, la ONIC formula una segunda pregunta a los asistentes a este Foro: ¿que asidero puede tener una política de sustitución de cultivos, cuando la política agraria se encuentra atada a los acuerdos de libre comercio y cuando todos los días nos recuerdan que el modelo económico vigente no se someterá a la discusión ni en La Habana, ni en nuestro país, entre otros razones porque los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio son superiores a nuestro ordenamiento jurídico? En su momento, el movimiento indígena se manifestó contra los tratados de libre comercio, y en 2005 realizó una consulta autónoma sobre el TLC entre las comunidades indígenas del departamento del Cauca. Según el más reciente reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado (UNDOC), 60.000 familias rurales viven actualmente de la agricultura proscrita por el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Contrario a lo que puede creer la opinión pública, un cultivador de coca recibe $2'350.000 promedio anual por cultivar una hectárea e coca, equivalentes a escasos $195.000 mensuales, y una familia de cinco miembros la suma de $11700.000 anuales por hectárea de coca, apenas suficiente para garantizar el mínimo vital para reproducirse. ¿Por qué, entonces, los agricultores deciden involucrarse con los cultivo de uso ilícito, a pesar del gramaje por pagar a todos los armados o los riesgos de la violencia, la erradicación forzosa y la cárcel? La protesta del Catatumbo nos dio recientemente la respuesta: el kilo de hoja de coca fresca o de pasta básica de cocaína se vende a los intermediarios en la finca o en el pueblo más cercano, sin someterse a trochas tortuosas que aumentan los costos de transporte y vuelven poco competitivos los productos agrícolas. El panorama es más difícil en el caso de comunidades indígenas con vocación agraria, muchas de ellas distantes de las vías de acceso y los mercados.

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Según el último reporte de Naciones Unidas, en 2012 se cultivaron 48.000 hectáreas de coca en 23 departamentos del país, de las cuales el 53% se concentró en Nariño.Putumayo, Cauca y Norte de Santander. De ese total, 6000 hectáreas se encuentran en territorios indígenas, más de la mitad en la región pacífica y un 34% en los resguardos de la Amazonia y la Orinoquia colombianas. Si bien en algunas comunidades pueden existir motivaciones económicas para procurar ingresos monetarios con que adquirir bienes básicos en el mercado, otros factores inciden en la presencia de los cultivos de uso ilícito en nuestros

territorios, entre ellos la presión de actores armados para sembrar y la invasión de áreas que no alcanzamos físicamente a controlar. Con violencia e intimidación se aseguran también corredores para el tránsito de drogas e insumos, como sucede en otras regiones donde no hay presencia de comunidades indígenas. Sobre las soluciones sostenibles Si la producción de materia prima para los narcotraficantes es una falsa solución entre los indígenas, en tanto esos ingresos llegan acompañados de ruptura del tejido familiar, pérdida de valores, ingobernabilidad y desobediencia a nuestras autoridades tradicionales, cuáles soluciones sostenible debemos proponer en este foro? Los pueblos indígenas viven en territorios ricos en biodiversidad y recursos naturales que pueden protegerse mediante procesos participativos de reordenamiento, conservación y restauración de los ecosistemas afectados por los cultivos de uso ilícito, el procesamiento químico y las fumigaciones aéreas. No nos parece utópico pretender vivir con dignidad, además de la agricultura propia, del reconocimiento de estas funciones ambientales que hemos sabido aplicar durante siglos. Por esta razón nos preocupa la redacción del punto 4 de la agenda de negociaciones entre el Gobierno Santos y las FARC, donde se da a entender que la sustitución de cultivos ilícitos por lícitos es casi que la única salida, sin que se dimensione la vocación del suelo, la localización central o periférica de las comunidades, sus culturas o las aptitudes de sus gentes. Como lo señaló ayer Ricardo Vargas en el periódico El Tiempo, volver a proponer proyectos productivos comerciales en las puntas de colonización o en territorios alejados, es repetir una vez más las falsas promesas del desarrollo alternativo. Los usos benéficos de la coca pueden ser una opción económica y un puente de relación intercultural con la sociedad colombiana. Sobre la política antidrogas Un proceso de paz debe abordar también el tema de la política antinarcóticos que en nuestro país se aplica bajo enfoques eminentemente represivos. Si bien la lucha contra el narcotráfico es un imperativo estatal, los distintos gobiernos la han realizado a costa de las garantías democráticas de los colombianos, de los derechos económicos, sociales y culturales de los campesinos y de los derechos colectivos diferenciales de pueblos indígenas y las comunidades negras. Con la misión de erradicar la oferta de drogas, el Estado Colombiano concentró sus esfuerzos en la destrucción de los cultivos, mediante campañas sistemáticas e indiscriminadas de fumigaciones aéreas con agrotóxicos y más recientemente con erradicaciones manuales forzosas que castigan desproporcionadamente a la población rural. Los indígenas conocemos las fumigaciones desde 1988 cuando de manera ilegal se asperjó con paraquat, la marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta, un potente herbicida prohibido en los Estados Unidos. A pesar de la Sentencia de la Corte Constitucional del 2003 que tuteló los derechos de las comunidades indígenas amazónicas contra las fumigaciones del Plan Colombia, y de los esfuerzos de autoridades indígenas por controlar las siembras no deseadas o la instalación de cocinas y laboratorios en nuestros resguardos, las fumigaciones aéreas se siguen realizando con la misma agresividad de siempre. Los cientos e incluso miles de denuncias por afectación a los cultivos lícitos, las fuentes de agua, la biodversidad y la salud de nuestras mujeres, ancianos e infantes, se amarillan en los archivos de las Personerías Municipales y la Dirección Nacional de la Policía Antinarcóticos, sin que nadie asuma responsabilidades serias al respecto.

En la ONIC seguimos recibiendo estas denuncias. Tan solo en el primer semestre del 2013, se reportaron fumigaciones en resguardos Nambi Piedra Verde y Pipalta Palvi del pueblo Awa en el departamento de Nariño, en el resguardo Joaquincito del pueblo Siapidara en el departamento del Valle del Cauca y de manera inclemente sobre los resguardos embera de Uradá - Jiabandó en el departamento del Choco. Estos hechos nos obligan a cuestionar la seriedad de la tan anunciada reformulación de la política antidrogas del presidente Santos, quien propone legalizar el consumo de la marihuana mientras guarda silencio frente a la problemática social de los cultivos. Como su antecesor, el gobierno de la Prosperidad Democrática mantiene la racha anual de 100.000 hectáreas fumigadas y 30.000 hectáreas arrancadas manualmente pero de manera forzosa . Es una realidad que el conflicto armado se fusionó con él narcotráfico para favorecer el negocio de las mafias y financiar a los actores armados. Mucho dolor se ha causado a nuestras comunidades por esta alianza tenebrosa. Pero también hemos visto como desde el Estado se utiliza la estrategia antinarcóticos para golpear a indígenas, campesinos y afrocolombianos como si fuéramos sus enemigos. Sobre este tema hemos llegado a una dolorosa conclusión: tanto el narcotráfico como la "guerra contra las drogas" hacen parte de un modelo de expansión de economías de "enclave" legales e ilegales que para llevarse nuestras riquezas requieren desalojar territorios, cambiar las culturas e involucrar a los civiles en el mercado de la violencia armada. Más allá de la "Sustitución de cultivos" y la "solución al problema del consumo" y a la " producción y tráfico de drogas", somos conscientes de lo que está en juego: la presencia de narcotraficantes y grandes empresas extractivas promoviendo explotación minera y monocultivos lícitos e ilícitos en nuestros territorios. Todo ello a costa de nuestro bienestar y nuestra autonomía. Un proceso de paz debe responder por la victimización a la que nos somete el narcotráfico, el conflicto armado y la política antidrogas. Un proceso de paz requiere reformulacíones de fondo en estos temas, empezando por diferenciar claramente los eslabones sociales y criminales de la cadena. Sin ocultar a estos últimos y sin la escalofriante corrupción que en la Dirección Nacional de Estupefacientes impidió que las tierras confiscadas a los narcotraficantes, llegara a las miles de pobres rurales que las necesitan o las exigen en restitución. A continuación presentamos nuestras conclusiones y exigencias a la mesa de negociación en la Habana entre el Estado y parte sustantiva de la exigencia: 1. Buen vivir y economía propia: modelo de desarrollo integral y autonomía alimentaria

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Ante las consecuencias del impacto de los efectos del narcotráfico, exigimos al Estado apoyar el desarrollo de un modelo propio de economía alternativa y articulada de los pueblos, no supeditada al mercado global y al consumo; que garantice la soberanía y autonomía alimentaria, mediante la reconstrucción de nuestros sistemas agroalimentarios y del sector rural en general, consecuente con el manejo respetuoso de ecosistemas, bosques, suelos y biodiversidad. Lo anterior implica tener en cuenta los problemas estructurales que es necesario ir superando.

Exigimos al estado el apoyo en el diseño, construcción y garantía de nuestros propios sistemas de aprovechamiento de los bienes naturales. Lo anterior incluye no aceptar bajo ningún punto de vista la imposición estatal de programas de monocultivos y mucho menos si es para la obtención de agrocombustibles, como se pretende con la palma aceitera; ni recurrir a procesos productivos que destruyen los suelos, los esteriliza, contamina, al igual que lo hace con el agua y el aire. Demandamos la transformación de la estructura de desigualdad rural del país, y el rechazo a políticas de libre comercio que arrasan los cultivos campesinos por los bajos precios de importaciones agrícolas subsidiadas en los países de origen. El estado es el responsable de garantizar una discusión nacional entre todos los sectores sociales hacia una convergencia de construcción de un modelo de desarrollo rural soberano, incluyente y justo 2. Uso cultural y alternativo Exigimos el respeto de los usos rituales, espirituales y culturales de la coca, el Yagé, el pildé, el Yopo y otras sustancias utilizadas en la medicina tradicional, la alimentación y las prácticas espirituales propias de la tradición cultural indígena. Junto a ello la divulgación, formación y educación a la sociedad en general respecto a los valores que ello significa. Del mismo modo exigimos el respeto a la coca como patrimonio cultural indígena, de modo que las leyes que prohiben o penalizan su siembra o su consumo no son aplicables en el ámbito tradicional de los pueblos que la utilizamos ancestralmente. Apoyar la obtención de productos alimenticios, terapéuticos y cosméticos derivados de la hoja de coca a partir de su consideración como una actividad licita y para el libre comercio. 3. Justicia, gobierno propio y coordinación interinstitucional Garantizar y facilitar el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena, en especial a lo que se refiere a la Ley 30 de 1986 sobre cultivos de uso ilícito y narcotráfico. De modo que se reconozca a las autoridades indígenas la competencia para juzgar a los indígenas de sus propias comunidades involucrados en siembras familiares a pequeña escala o que sean trabajadores en los cultivos ilícitos en actividades primarias propias de la siembra o del procesamiento, tales como la recolección o raspado de la hoja. El consumo problemático de drogas estupefacientes será resuelto en el seno de las comunidades conforme a su justicia propia. Las autoridades competentes (ICBF, Ministerio de Salud, Consejo de Estado, etc.) apoyarán las medidas adoptadas por las comunidades en el ámbito de diálogos interculturales y coordinación entre Jurisdicción Especial Indígena y justicia ordinaria. Exigimos el cumplimiento de las normas que reconocen las estructuras de gobierno indígena como autoridades ambientales en nuestros respectivos territorios y requerimos se garantice nuestro derecho de planeación propia y establecer con el gobierno condiciones de coordinación, pero sobre la base de nuestra autonomía en la administración integral de los territorios. 4. Consolidación definitiva y protección del derecho al territorio.

La consolidación de una política alternativa a los cultivos de uso ilícito es posible para los pueblos indígenas si el Estado cumple con adelantar los trámites administrativos de constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos que incluyan la totalidad de las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas, acorde con el cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto 1397 de 1996, en el sentido de que el gobierno nacional incluya en el proyecto de ley de presupuesto, las partidas necesarias para lo anterior, (compromiso incumplido históricamente). A esto se suma garantizar espacios de participación autónoma de ordenamiento con base en la planeación integral del territorio, para la construcción de los planes de manejo de los territorios indígenas, teniendo en cuenta el ordenamiento espiritual, ambiental y cultural de los mismos y los planes de conservación de ecosistemas y biodiversidad. No aceptaremos que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo -que deben ser desmantelados-, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas tierras, robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y afrodescendientes, deben restituirse a estas comunidades, en desarrollo a la aspiración histórica de una reforma agraria integral. Donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a los principios de unidad, diálogo y concertación para resolverlas. En relación con las tierras en manos de CNE (Comisión Nacional de Estupefacientes), demandamos se destinen en su totalidad hacia la dotación de tierras a comunidades campesinas, territorios colectivos de comunidades afrodescendientes y constitución de resguardos indígenas. Demandamos la concertación de políticas, planes y estrategias para garantizar protección de nuestro territorio y población, de la amenaza de la guerra y del narcotráfico. Debemos hacer cumplir las decisiones y estrategias de control propio por parte de las autoridades indígenas, con base en las normas del derecho propio, y los instrumentos nacionales e internacionales de DDHH y DIH frente a los actores armados y del narcotráfico. Demandamos se creen las condiciones para el fortalecimiento y reconocimiento de la Guardia Indígena por el Estado, desde la autonomía de nuestras autoridades y el ejercicio del gobierno propio, que vele por la conservación y control del territorio indígena, defendiéndolo desde el criterio de lo colectivo, y que permita forjar condiciones y actitudes de convivencia pacífica interna y con otros pueblos. 5. R eformulación a fondo de la política antidrogas

Llamamos al gobierno nacional, las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que apoyen la adopción de un Plan Regional de solución alternativo a la economía ilegal, que debe consistir no en erradicar los cultivos de uso ilícito ni en sustituirlos, sino en cambiar una economía de renta por otra que garantice la generación sustentable de ingresos y la soberanía alimentaria. Esto incluye el fortalecimiento de economías y territorialidad campesina, indígena, afro colombiana, y población urbana del país. Exigimos la separación clara entre los componentes sociales y criminales de la cadena productiva de los cultivos de uso ilícito, que posibilite la despenalizacion de los cultivadores y

de los consumidores, para quienes se deberán contemplar estrategias de desarrollo propio integral y atención psicosocial. Del mismo modo exigir la aplicación de mecanismos de represión, confiscación y castigo, a las empresas del narcotráfico, y a los actores de apoyo y lucro en el mundo legal. 6. Corredores de narcotráfico y guerra contrainsurgente Exigimos a todos los actores del conflicto armado, mediados por la economía de las drogas, no involucrar los territorios de las comunidades para la generación de corredores de narcotráfico; y la afectación de los territorios y sociedades o comunidades rurales, bajo el supuesto de la guerra contrainsurgente. Es fundamental que todos actores armados y del narcotráfico se comprometan al reconocimiento de nuestra vocación de paz, convivencia y búsqueda permanente de nuestro desarrollo propio. Para ello es necesario terminar con la presión armada y los incentivos para sembrar los cultivos de uso ilícito. 7. Reparación transformadora Demandamos la aplicación y cumplimiento del articulo 5 del decreto ley 4633, específicamente en lo que se refiere a la reparación imperiativa para el restablecimiento del equilibrio y la armonía de los pueblos, vulnerados históricamente en sus dimensiones material e inmaterial. Lo anterior a través de la consolidación de un proceso que incorpore el conjunto de medidas y acciones transformadores con miras a la indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, dando cumplimiento al decreto ley 4633, y la sentencia T- 25 de 2004, y sus autos de seguimiento, en especial el 004. Exigimos la indemnización a los pueblos sobre la base de la recopilación, revisión y procesamiento de todas las denuncias realizadas por los pueblos y organizaciones indígenas, por afectaciones a las personas, cultivos, fuentes de agua y territorios desde el año 2000, en que se inicia la implementación del Plan Colombia, hasta la actualidad.

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FORO. PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS. Por encargo de la Mesa de Negociación entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc en el proceso que se adelanta en la Habana Cuba, para la participación de la sociedad civil Septiembre 24-26 de 2013 Somos generaciones enteras que no conocemos un estadio de paz y anhelamos que en esta particular coyuntura se logren dar las pistas y los primeros cimientos de una paz duradera que incluye no solo el proceso que se adelanta entre las Farc y el gobierno, sino que incluyan acuerdos y prácticas con todos los grupos alzados en armas y la voluntad de cambio radical de toda la población en general con miras a un nunca mas repetir ni prolongar la injusticia y violencia. Entendemos que en el camino hacia la paz, se hacen presentes la verdad que debe ser conocida; el arrepentimiento de quienes han contribuido a la injusticia y violencia, el perdón otorgado por las víctimas y la sociedad en general; la restitución por parte del victimario y la misericordia que lleva a la reconciliación para poder caminar juntos y juntas de nuevo. Este proceso no es un ejercicio fácil y barato porque la paz tiene su precio, en el que todas y todos tenemos que hacer contribuciones importantes para alcanzarla a través de una importante trasformación de país. En este sentido la paz no dependerá solamente de los actores armados y de los gobiernos, pues "Reconocemos que el pecado se ha encarnado en nuestras instituciones colombianas, en nuestras leyes, en nuestras prácticas sociales y nacionales. Nos damos cuenta que nuestra sociedad está construida sobre pilares de exclusión, injusticia, avaricia, impunidad, desigualdades y pobreza, que necesitan ser corregidas para que haya una paz duradera. Estas cosas ofenden a Dios y volvemos a escuchar sus palabras a Moisés: "He visto cómo sufre mi pueblo.... Los he oído quejarse por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado, para salvarlos... "(Ex.3.7-8) "*

La problemática de las drogas de uso ilícito, genera mucho daño. Es la leña que se echa al fuego de la inequidad y la injusticia y que aumenta las violencias y el conflicto armado. El conjunto de la sociedad colombiana a lo largo de la historia recienteha estado presa por la dinámica del problema de las drogas bien sea por participación o por afectación. Por ello exhortamos a todas las partes a asumir sus responsabilidadesen esta conexión de las drogas, los problemas sociales y políticos del país y la forma como se ha desencadenado esta escalada de violencia que ha llevado a la validación de prácticas mañosas, que gobiernan lo público y lo privado en la geografía nacional. Entendido el problema de esta manera, no será su abordaje de exclusividad de la mesa de negociaciones en la Habana, sino de una gran apuesta social y política que incluya a todos los actores económicos, sociales, políticos, religiosos, culturales del país para que aporten a cambiar esas prácticas quehan generado tanto el conflicto armado como el narcotráfico: logro del dinero fácil, reconocimiento de héroes que 'Declaración de la Comisión de Derechos Humanos y Paz del Consejo Evangélico de Colombia CEDECOL ante la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz en 1998 y que parafrasea un versículo de la Biblia.

tienen mayor capacidad de dañar al otro, ejercicio del poder basado en la fuerza la extorsión y la violencia. Relevar el problema de las Drogas ilícitas en la agenda de La Habana, debe considerarse como una oportunidad para que en Colombia se pueda identificar con mayor precisión cuáles la raíz y cuáles son los factores que han desencadenado una escalada de problemas adyancentes al igual que replantear lapolítica del gobierno en su lucha contra las drogas. En Colombia los problemas de producción, procesamiento y tráfico de drogas no solo persiste sino que ha causado entre otros: -

Graves daños a la salud y al ambiente.

Generó desplazamiento forzado y reclutamiento de niñas y niños como raspachines y cultivadores, etc.

Reforzó la actividad ecómica ilegal que marcó el cotidiano de la gente y se convirtió en fuente de supervivencia. Destrozó las dinámicas de control social comunitario y fortaleció su mimetización en la actividad política del país.

Favoreció intereses de particulares que garantizaran el poder local.

Creemos que romper y transformar estas dinámicas no será fácil. Sin embargo mantenemos la esperanza puesta en Dios y en su promesa de paz para su pueblo. (Shalom- paz con justicia integral, bienestar integral, voluntad para reconcilarnos, sentarnos a la mesa, ver al otro y la otra como complementario de este camino.) En esta perspectiva sera posible que el amory la verdad se den cita, la paz y la justicia se besen, la verdad brote de la tierra y ¡ajusticia mire desde el cíelo, el Señor mismo traiga lluvia, y nuestra tierra de fruto, ¡ajusticia vayaadelante de él, y le prepare el camino, (paráfrasis del salmo 85) Porponenemos los siguientes asuntos: -

Al Estado y a los gobiernos presente y sucesivos: Se requiere de la formulación e implementación a largo plazo de una política pública agraria, participativa con enfoque diferencial y territorial. Esta política debe incluir la presencia permanente del Estado con alta inversión social para el desarrollo sostenible. Será necesario trabajar armónicamente con las comunidades organizadas desde sus planes y proyectos de vida.

A las Farc en el marco de lo subjetivo, solicitamos hacer explícita su voluntad real de abandonar la fuente del narcotráfico como sustento de sus actividad. Esto lo entenderíamos como una demostración real de paz para Colombia.

Al sector financiero, al poder ejecutivo y judicial. Exhortamos a que desarrollen mecanismos de control para frenar la economía ilegal generada

por el narcotráfico. Será fundamental que al interior de entidades del estado y entidades privadas se haga una depuración de la corrupción y de su complicidad con las mafias del narcotráfico. Al Estado y particulammente al gobiernto presente y sucesivos. Es importante concebir el problema del consumo de las drogas como un problema de salud pública y para ello dar el tratamiento pertinente. A la población civil, sociedad civil organizada. Nos corresponde un arduo trabajo para la transformación de la cultura ciudadana, a través de la educación, fortalecimiento del tejido social, aumento de capacidades para la reolucion de conflictos, para la participación y la vigilancia de los asuntos públicos y la inversión social.

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Julio 25 del 2013.

Aporte para hacer "La Nueva Guerra de Drogas"

Creemos como consumidores responsables que desempeñan un papel benéfico en la sociedad, que es necesario abandonar la estigmatización hacia los consumidores de drogas como "enfermos" o "delincuentes" La propuesta de Colombia Cultiva (grupo de Activistas y Profesionales del Cannabis Medicinal) con el respaldo del banco genético español "Cannabiogen", se enfoca en el desarrollo de una nueva "política de drogas en el pais" y se basa en el tema del consumo de marihuana, desde su ilegalidad, los precios del cannabis hacen de este un negocio atractivo para el Micotráfico, y por ende al Narcotráfico. Proponemos, desde una nueva perspectiva hacia el cannabis, arrebatarle los clientes de cannabis al narcotráfico de la siguiente forma:

1. "Auto cultivo" para el consumo del "Cannabis Medicinal o con fines terapéuticos". Existe en la sociedad un mito bastante arraigado de que la marihuana es el portal hacia otras drogas, esto podría considerarse parcialmente cierto pero debido a la misma ilegalidad de la planta, ya que el consumidor de cannabis tiene que acceder al mercado negro para obtener sus productos, a costos más elevados y calidades más bajas, y es allí donde fácilmente obtiene otro tipo de drogas, y si quisiera hacerlo podría conseguirlas fácilmente pues ya está en contacto con las plazas y las ollas. En base de la experiencia de otros países como Israel, USA, Holanda o España, que tiempo atrás han trabajado con el cannabis medicinal, proponemos: Que el Autocultivo (cultivo de marihuana para consumo propio) sea despenalizado y regulado correctamente, en la residencia del consumidor pueden fácilmente adaptarse plantas de cannabis para consumo propio. Pero la cosecha de 2 o 3 plantas fácilmente excede la dosis minima de 20 gramos establecida por la ley 30 de 1986, pero esto no significa que dicho cultivador es un microtráficante, dándose casos en los que personas inocentes son encerradas y se genera un perjuicio innecesario que corrompe el núcleo familiar y desvincula de la sociedad a un ciudadano perfectamente capaz de ejercer su labor y dar su aporte al bien común.

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-Se puede regular especificando el nro de plantas que puede cosechar un "Auto cultivo"; Actualmente nuestra legislación dice que menos de 20 plantas se podrían cultivar con fines médicos o terapéuticos bajo la supervisión de un ente del gobierno (según el art 32, Art 49 de la constitución, Art 3^ de la Ley 30 de 1986).

El articulo 49 de la constitución, modificado por el Acto Legislativo No 02 de 2009, establece: "El porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médicas. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto". Aunque se establece que los adictos "que lo comprueben" deberían ser absueltos atendiendo a que no existe lesión al bien jurídico tutelado (salubridad pública). Sin embargo esta prescripción legal no se extiende a otros verbos rectores como portar, suministrar, almacenar, conservar, vender u ofrecer. Se deben replantear estas normas para garantizar al autocultivador que no le será arrebatada su libertad por cultivar su propia medicina.

Artículo 3o. (Ley 30) La producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes, lo mismo que el cultivo de plantas de las cuales éstos se produzcan, se limitará a los fines médicos y científicos, conforme la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Salud. Actualmente se están tocando puertas para que den prescripciones medicas con los anteriores derechos que tenemos los colombianos, y la respuesta no ha sido positiva. El Cannabis se puede usar como medicina sin contraindicaciones, desde calmar una depresión, hasta contrarrestar los efectos adversos que experimentan los enfermos de cáncer en sus quimioterapias.

^™ Para regular cultivos de fines medicinales y científicos se debe contar con la supervisión de ellos por una entidad del gobierno, pensamos que la mas competente es Salud Publica porque es contra ésta que se infringe la ley de estupefacientes. -El cultivo en casa debe estar aislado de los niños, estos no pueden tener fácil acceso al lugar donde se encuentran las plantas.

Hay que tener en cuenta al establecer la cantidad máxima por planta si el cultivo es en "exteriores" (tierra madre). Si la cosecha es en "exteriores" (con materas, cultivo biológico). Si es cultivo en "Interior" (cultivo en materas, cultivo biológico, Hidropónico, o Aéreoponico).

2. Asociaciones Cannabicas.

Teniendo en cuenta la experiencia de otros países, en especial la de España, reconocen por su legislación a la "Federación de Asociaciones Cannabicas" (FAC), al respecto y en base a esta idea que ha tenido tan buenos resultados en ese país, se propone la legislación y creación de las asociaciones cannabicas como paleativo al narcotráfico y abastecimiento a las personas con prescripciones médicas o usuarios de cannabis a los que no les es posible desarrollar el autocultivo en sus casas Este cultivo sería supervisado por la entidad de salud de cada ciudad, y tendrá acceso al manejo de lista de usuarios consumidores y cuanto cannabis medicinal requiere para suministro semanal, o mensual de acuerdo a los hábitos de consumo cada usuario. Lo cual también permite tener un control sobre la salud del consumidor y su situación económica-social.

3. Cultivos Administrados por el Gobierno.

Buscamos que el gobierno administre cultivos de marihuana con fines científicos y medicinales. El gobierno daría el presupuesto a diferentes departamentos estratégicos por su clima para iniciar cultivos que produzcan excelentes cosechas, y se avanzaría con el estudio de aceites altos en CBD en estos mismos cultivos. El CBD es una molécula (cannabinoide) presente en el cannabis, así como el THC (el cual es el cannabinoide psicoactivo, el CBD no lo es) mediante crianza se puede elevar los niveles de CBD y reducir los de THC, creando aceites cannabicos con todas las bondades medicinales pero sin efectos psicoactivos. (Anexo Proyecto de investigación). Funcionarios de "Salud Publica" ejercerían el control sobre cada uno de los gramos producidos en el cultivo. Ya existen contactos al respecto en Israel (donde ya se realizan estudios similares) mediante el Banco de Semillas Español Cannabiogen, Pionero en España, que ejerce su oficio legalmente en su país y paga sus impuestos. Y el grupo de profesionales que esta formando en el l e r Foro Cannabico en línea de Colombia, llamado "Colombiacultiva.org".

Dichos cultivos manejarían su contabilidad y serían trabajados bajo otra entidad ajena al gobierno, pero que rendirá cuentas a éste. Y el gobierno se encargaría del manejo administrativo y los costos que llevan estos cultivos (pago de funcionarios, materia prima, local, etc.). Las utilidades serian como especie de regalías para cada Departamento donde se encuentren establecidos los cultivos y dispensarios. Este dinero se podrían utilizar para proyectos de prevención y de tratamiento voluntario con fármaco-dependientes.

El gobierno central abriría las puertas a los campesinos que actualmente cultivan marihuana de manera ilícita, en áreas como el Valle del Cauca, Eje Cafetero, Sierra Nevada de Sta Marta, Parque Tairona, etc. Los dispensarios les comprarían el cannabis q ellos produzcan, esto les permite acceder a un mercado en el que generan ingresos legales, sin verse incluidos en el narcotráfico. El gobierno por medio de los encargados de esta propuesta, asesoraría y suministraría lo necesario a dichos campesinos para cultivar un mejor cannabis.

Es algo para seguir estudiando y sentarnos en una mesa de trabajo con la entidad adecuada para hacer este trabajo, y pienso que serian funcionarios de "Salud Distrital" de diferentes ciudades del País, y contando con nuestro apoyo siempre pienso q se podría sacar adelante esta Propuesta.

Juan Carlos Álzate Sánchez. Correo: Zentarisl@hotmail.com Tel: 318-754-40-58

^ Carlos Osorio Correo: osorio.uis@gmail.com Tel: 321303 4885

Ponencia FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Asociación ambiental de campesinos de caño curia y quebrada honda ONG San Juan de Arama - departamento del meta. Saúl Neira Parra Presidente "Nosotros los campesinos productores somos lo dueños del problema, por lo tanto somos los amos de la solución" Nosotros los campesinos SanJuanerosubicado en la zona amortiguadora del Parque Nacional la Macarena y todas las comunidades que integran las 44 veredas del Municipio creemos que la solución a la problemática citada por el Foro es fundamentalmente expuesta en los siguientes Puntos: 1.

Una base social organizada con una actitud MUY posita

Aliados comerciales dispuestos a acompañar la transformación de la producción de la región.

Montar centros de acopio de los productores

Montar una planta de sacrificios de ganados y demás semovientes

Conformación de una banda Sinfónica que le permita a las personas expresar sus sentimientos a través de la música y el canto y que sean un componente de su diario vivir, porque estamos convencidos que el que toma un instrumento no reemplazará por un fusil para participar en el conflicto, y mucho menos participará en cultivos ilícitos.

Generar proyectos que incentiven y garanticen la soberanía alimentaria.

Con lo anterior se obtendrá: 1.

Un tejido social firme y sostenible a largo plazo, esto debe ser complementado con:

Claridad sobre la tenencia de la tierra

Espacios de participación por parte de los pequeños y medianos productores que les

Que el sistema de gobernabilidad sea concertado desde la base social, desde el hogar de

permitan consignar sus propuestas y decisiones frente a los tratados de libre comercio cada Colombiano 5.

Los recursos económicos asignados sean administrados por las organizaciones regionales que estén demostrando resultados positivos, innovadores y sostenibles.

Ejercer un control de veeduría a la Locomotora minero energética que impida los desastres ambientales, y garantizarles la seguridad de ellos y de su familia.

El estado debe invertir más en un desarrollo integral agropecuario de la nación, y no gastar mas recursos en la guerra.

8. Solicitamos espacios por derecho propio, con voz y voto, dentro de los estamentos políticos nacionales. 9.

Los proyectos de desarrollo ambiental sostenible e incluyente con las comunidades deben ser proyectos del estado, no de gobierno.

10. Promover prácticas que generen confianza entre el estado y los campesinos, pues esta no existe.

Estamos en un país Muy rico, pero lleno de pobreza.

M£ PONENCIA SOBRE LA SOLUCIÓN AL CONFLICTO SOCIAL Y COCALERO DEL GUAVIARE Y SUR DEL META 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2013 FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS Años 50s violencia y exterminio de más de 300 mil colombianos, desplazamientos masivos del campo hacia los poblados y ciudades. Años 70s, re desplazamiento de las ciudades y del interior del País hacia las zonas de colonización, esto último ocasionado por los cordones de miseria que se viven en el interior del País y en las grandes ciudades. Con falta de opciones en estas regiones por parte del Estado, abandono y olvido en su mayoría solo encontramos la alternativa que nos brindaron los ingeniosos Gringos y Europeos, cual fue la fórmula para convertir la planta de coca en clorhidrato de cocaína, sumándole a eso que los principales beneficiarios de este negocio, han sido los grandes narcotraficantes, los industriales Nacionales y extranjeros, que producen todo lo necesario para el proceso y manutención de todos los involucrados directa o indirectamente en este modelo económico.

Con base en eso rechazamos las políticas de guerra que vienen implementando el gobierno nacional para la terminación del conflicto social y cocalero y que se remplace por políticas de inversión social buscando una salida política y negociada con el CAMPESINADO, como compatriotas, campesinos arraigados a la tierra como elemento fundamental para la producción y la generación de capital, reclamamos ante el estado y ante su gobierno, la sustitución gradual de los cultivos mal llamados ilícitos, mediante la generación de proyectos productivos que permitan garantizar la sostenibilídad socioeconómica de ias familias campesinas del Guaviare y sur del Meta; por las razones anteriormente descritas, respetuosamente nos permitimos someter a su consideración las siguientes propuestas:

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Para avanzar en este noble propósito y ante la voluntad campesina de involucrarse decididamente en Sos procesos de sustitución, es necesario precisar que el gobierno debe cubrir los costos de erradicación manual voluntaria mediante contratos otorgados a los poseedores de la tierra mediante acuerdos concertados con las organizaciones campesinas que los representan fijando garantías jurídicas y políticas que impidan el entorpecimiento de los procesos, nuestro departamento posee una gran particularidad, de 55.550 Km2 de su territorio solo el 9.4% se encuentra sustraído de la zona de reserva forestal de la amazonia, creada mediante la ley 2a de 1959; esta situación ha con llevado a que hoy se encuentre ocupado más de 600.000 hectáreas en reserva forestal con alrededor de 9.000 familias que ante las dificultades y costos en los sistemas de producción tradicional, el mal estado de las vías y debilidad institucional han con llevado a fomentar los cultivos de hoja de coca en

estas apartadas regiones del departamento como solución a un medio de subsistencia de las comunidades.

Proponemos al gobierno nacional, en virtud de su competencia y tal como quedara definido en su APP N° 85 del 15 de septiembre del año 2012 en la ciudad de San José del Guaviare, se avance de manera inmediata y urgente en el proceso de sustracción de la reserva Forestal y constituirla en Zona de Reserva Campesina, los procesos de titulación de predios, dentro de un programa denominado GUAVIARE Y SUR DEL META TIERRA DE PROPIETARIOS.

De igual manera y de conformidad con la ocupación de resguardos y Parques Nacionales, solicitamos que se defina una política de creación de territorio multiculturales y la legalización de los asentamientos campesinos dentro de parques naturales mediante planes de vida sostenibles que obedezcan a ecoturismo para estas familias, contando con el acompañamiento institucional de las entidades QUE COMPETAN CON LO RELACIONADO AL DESARRROLLO agropecuario. Para la implementación de proyectos productivos acordes a las condiciones agroambientales de la región. En términos generales se requiere de la voluntad decidida del gobierno central, para que permita la generación de un espacio para abordar los conflictos normativos que impiden a los campesinos del Guaviare y sur del Meta, el acceso a la formalización de la tenencia de la tierra y al goce efectivo de los derechos de los servicios del estado. La voluntad de contribuir la sustitución gradual de los cultivos de hoja de coca, por parte de la comunidad, surge de la decisión de los campesinos de diversas regiones del Guaviare, a raíz de la zozobra que viven los pequeños cultivadores y ante la visión de un país productivo y en paz, en el cual el Guaviare y el sur del Meta no pueden ser ajenos a esta clara intención y a la posibilidad de construir el país que soñamos; además que en nuestra impronta de Plan de Desarrollo, Guaviare y sur del Meta se genera una visión unificada de cambio y reorientaron de la actividad económica, que implica en primera instancia el apoyo mediante programas de seguridad alimentaria y segundo lugar la ejecución de proyectos productivos que se ajustan a la agenda interna de productividad y competitividad del departamento. En el tema de seguridad alimentaria se requiere de maquinaria comunitaria por núcleos veredales para la transformación de productos agropecuarios como (trapiches, trilladoras, desgranadoras, planta de concentrados y tanques de enfrentamiento de leche); procesadora de lácteos con centro de acopios, precios"de sustentación comercialización y mercadeo es necesario además el apoyo con piscicultura, pie de cría de cerdos con ganadería

semiestauiada y Asistencia técnica en todo lo relacionado con el agro. Sistema ganadero sostenible doble propósito, de acuerdo a las características agroecológicas de cada predio y a la vocación del pequeño productor agropecuario.

Como proyectos productivos planteamos el establecimiento de cultivos de yuca, plátano maíz, cacao, maderables, turismo de acuerdo a la unidad Requerida para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Complementario al tema productivo, se requiere fortalecer los procesos agroindustriales como planta regional de sacrificio animal, planta de transformación de caucho y cacao. Es imprescindible también en este mismo sentido, que frente a la marginalidad por la presencia de cultivos de hoja de coca, la presencia de grupos al margen de la ley y la insuficiencia fiscal de los entes territoriales, se implemente una política diferencial para ampliar plazos y fortalecer capacidades para el acceso a estos recursos públicos que se ofertan mediante convocatorias nacionales, convirtiendo al Guaviare por su características particulares en un piloto ejemplo de la Orinoco amazonia. Es fundamental de igual manera en el área ambiental generar opciones para la vinculación a programas del orden internacional y nacional de servicios ambientales que estimulen la conservación y protección de los bosques atravesó de las organizaciones que representen los campesinos de cada una de las veredas. En razón a la voluntad comunitaria y al deber institucional del estado, mientras se inicia la implementación de estos proyectos, se propone la suspensión inmediata de programas de aspersión y erradicación en las comunidades que se acogen al proyecto de sustitución gradual de los cultivos mal llamados ilícitos; en este sentido sugerimos que la inversión orientada a los procesos de erradicación y aspersión se inviertan en desarrollo alternativo. Con el fin de anular las afectaciones por las continuas equivocaciones en la aspersión aérea de cultivos de pan coger y proyectos productivos. Como garantía del proceso, se propone la creación de una mesa permanente de alto nivel que cuente con el acompañamiento de Naciones Unidas, veedurías internacionales que verifiquen el cumplimiento de los acuerdos pactados entre la comunidad y el gobierno nacional. Esta propuesta busca que conjuntamente entre el estado y comunidad avancemos en la consolidación de un verdadero desarrollo rural integrado, mediante el mejoramiento de la calidad en los servicios de educación y salud, la oferta de una adecuada infraestructura vial y el servicio de expansión eléctrica

En este punto dada la afectación del producido y la riqueza Nacional, rechazamos la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos TLC y con cualquier otro país, exigimos respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, la soberanía y dignidad de la nación.

las comunidades campesinas, indígenas y afrodescedíentes del Guaviare, respaldamos de forma categórica y decidida el proceso de paz emprendido en buena hora por su gobierno, por estos motivos le hacemos llegar lo que debe ser para nosotros el acuerdo de tierras y el desarrollo rural integral, concebimos el desarrollo rural integral como el desarrollo de todas las actividades que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones campesinas en sus territorios y contenidas en los siguientes 13 puntos:

1. Exigimos promover la participación permanente y de las comunidades en el diseño, gestión y Evaluación de la política agraria integral. 2. Exigimos Promover el bienestar, el mejoramiento de la calidad de vida y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población rural. 3. Exigimos crear las condiciones para que toda la población rural participe equitativa e integralmente en la distribución de los beneficios de la sociedad. 4. Exigimos realizar el ordenamiento social y cultural de la propiedad privada previniendo la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos afectando los grandes latifundios y grandes extensiones de tierra acumulada por los terratenientes, con el fin de aplicar sobre estos una equitativa distribución particular y social de la tierra, garantizado la función ecológica de la propiedad privada y el uso del suelo de acuerdo a sus características agrológicas, así como estableciendo instrumentos para que el estado promueva el acceso progresivo a la propiedad de la tierra dentro de la frontera agrícola para que las comunidades disfruten el derecho a la tierra, evitando éxodos masivos de población hacia reservas forestales, parques nacionales y demás áreas ecológicas protegidas. 5. Exigimos proteger, fomentar y apoyar la producción nacional de alimentos para garantizar la soberanía alimentaria y generar independencia del mercado internacional, incrementando la participación campesina en el abastecimiento alimentario nacional, facilitando la construcción y sostenimiento de redes urbano-rurales y regionales que fortalezcan el tejido económico interno, permitiendo establecer las condiciones para el reconocimiento de la importancia de la economía campesina y de este modo defenderla y desarrollarla. 6. Exigimos promover el acceso de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas y de los trabajadores y productores rurales a los servicios de crédito, comercialización de productos, asistencia técnica y empresarial, comunicaciones, seguridad social, vivienda, educación y salud, así como el fomento de las cooperativas agropecuarias y de la economía solidaria en general, con el fin de mejorar su ingreso y calidad de vida.

7. Exigimos recuperar para el país plena y sustentabfemente la producción agropecuaria, agroindustrial y forestal. 8. Exigimos generar programas de investigación y transferencia de tecnología para mejorar la producción agropecuaria, conservando el medio ambiente y garantizando el acceso democrático a los avances tecnológicos. 9. Exigimos establecer una política de créditos subsidiados y la financiación de la pequeña Agroindustria. 10. Exigimos defender y reconocer los derechos colectivos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescedientes. 11. Exigimos Aportar a la construcción de una paz duradera, con justicia social y al bienestar de la sociedad. 12. Exigimos proteger el medio ambiente y los recursos naturales desde una visión que defienda la soberanía nacional y popular, reconociendo el papel del campesinado para tal efecto. 13. Exigimos armonizar las relaciones entre el campo y la ciudad y entre las regiones.

ASI MISMO SUGERIMOS COMO DEBE SER LA SOLUCIÓN POLÍTICA AL CONFLICTO SOCIAL Y COCALERO. Uno de los temas que se colocan como propuesta de discusión a la mesa - para contribuir a generar argumentos sólidos hacía una salida dialogada al conflicto social y armado que agobia a nuestro país- es el tema del conflicto social y cocalero, que desde hace casi 40 años padecemos una buena parte de los habitantes del campo colombiano. En primera medida, al conflicto social y cocalero debe dársele una solución política, económica, social y ambiental, en el marco de los eventuales acuerdo entre el gobierno, la guerrilla y los habitantes del campo, involucrados directos e indirectamente en el conflicto social y cocalero. Cuando hablamos del conflicto social y cocalero, es necesario comprender que su origen se remonta a los años 50s en que se presenta violencia y exterminio de más de 300 mil colombianos, así como desplazamientos masivos del campo hacía los poblados y ciudades. Ya en la década de 1970, hay un proceso de re desplazamiento de las ciudades y del interior del país hacia las zonas de colonización, este proceso de colonización cabe tener en cuenta ocasionado por los cordones de miseria que se vivían en el interior del país y en las grandes ciudades. Frente a esta situación de abandono y olvido por parte del estado, las opciones de estas regiones marginadas fueron la alternativa que nos brindaron los ingeniosos norteamericanos y europeos, la cual fue la fórmula para convertir la planta de coca en clorhidrato de cocaína, sumándole a eso que los principales beneficiarios de este negocio, fueron y han sido los grandes narcotraficantes y los industriales nacionales y extranjeros, que producen todo lo necesario para el proceso y manutención de todos los involucrados directa o indirectamente en este modelo económico. Al conflicto cocalero, que tiene causas sociales y que e! estado en franca obediencia a las imposiciones norteamericanas, le ha dado un tratamiento de guerra en casi 40 años de existencia (sin que por esa vía lo haya resuelto), proponemos una formula de 14 puntos, para que sirvan de

insumo en la mesa de discusión entre el Gobierno, la Guerrilla y nosotros las víctimas de este conflicto social y cocalero: 1. Que el método para superar este conflicto, obedezca a un Acuerdo entre el Estado, la guerrilla y el Campesinado involucrado directa o indirectamente en este modelo económico de subsistencia, sin la intromisión extranjera. 2. Que al generarse el Acuerdo entre las tres partes y se dé el cambio de la represión y la guerra por el acuerdo político, social y económico, se reflejen las considerables sumas de dinero invertidas para la guerra endémica, en la inversión de esos dineros en nuevos presupuestos que sirvan para financiar el gran proyecto de concertación para la sustitución gradual del mencionado modelo. 3. Que en lo relacionado con los dineros que deban canalizarse para la sustitución del modelo económico cocalero, el Estado elabore los planes de acción, en acuerdo con las comunidades objeto y las asociaciones campesinas del sector. 4. Que teniendo en cuenta que los alucinógenos y los narcóticos, perjudican a todos los países consumidores, que el Estado colombiano gestione ante los afectados recursos, ya no para la guerra en contra de este modelo, sino para ejecutarlos en los planes de solución pacífica del conflicto. 5. Que para evitar la presión Colonizadora de habitantes de las grandes ciudades y del interior del país, el estado propicie en el interior del País, una verdadera reforma agraria con justicia social. 6. Que concordante con las reformas sociales en el interior del país, para continuar evitando la presión colonizadora, el estado haga una reforma urbana en favor de los cientos de miles de destechados que existen en los poblados y ciudades del territorio colombiano. 7. Teniendo en cuenta que las reglones marginales están compuestas por la frontera agrícola, la reserva forestal y los parques naturales, proponemos que para ia frontera agrícola y la reserva forestal, la inversión estatal sea equitativa y sin discriminación, mediante la elaboración de dos polos de desarrollo: Para la reserva forestal, dicho polo debe de ir dirigido a la agro forestación, reforestación y sostenimiento de las fincas de los colonos, en plena armonía con el medio ambiente. Para la frontera agrícola, debe fomentarse la industria agropecuaria empleando las semillas nativas, en forma agro-tecnificada, en pequeña y mediana escala, en plena armonía con el medio ambiente, así como el fomento de talleres industriales, como complemento de la tecnología en las regiones involucradas. Solo así defenderemos la soberanía alimentaria. 8. Apertura y garantía de distribución y mercadeo para que haya estímulo real a la producción agrícola, y que el estado garantice el mercadeo de estos, a precios de sustentación. 9. Que el Estado construya y garantice una verdadera malla vial, para que se des embotellen las regiones objeto de este programa, igual proceder con la red fluvial y el transporte aéreo desde todas las regiones objeto. 10. Que en materia educativa el Estado genere una cobertura presencial acorde con las necesidades del plan sustitutivo, con énfasis agro-industrial, agro-ecológico y agro-forestal y demás

profesiones que estén acorde con las necesidades integrales de estas regiones y que los egresados tengan sentido de pertenencia en estas apartadas regiones. 11. Que el Estado construya una verdadera infraestructura hospitalaria, lo suficientemente dotada y acorde con las endemias del trópico, fomentando para ello la salud pública preventiva pero no privatizada. 12. Que para transitar de la guerra sucia a la limpia Paz, el estado garantice una real apertura democrática, para que los colombianos sin distingo podamos participar abierta y civilizadamente, en todas las formas de organización social y política, en igualdad de condiciones, poniéndole punto final a todo tipo de persecución de la que siempre hemos sido víctimas los campesinos colombianos. 13. Que para más seguridad de los diálogos que se están dando entre la Guerrilla y el Gobierno, y arrojen éstos un acuerdo que garantice el punto final a este conflicto, proponemos que al pueblo organizado se le tenga en cuenta para ocupar la tercer silla, ya que nosotros somos las víctimas y en el caso de una salida política favorable, seremos los principales beneficiados. 14. A las personas objeto de este acuerdo, que se encuentren judicializadas o condenadas, sus investigaciones sean prelucidas o en caso de condena se les indulte. 15. Las comunidades del departamento del Guaviare y sur del meta nos comprometemos al cuidado de los ecosistemas y medio ambiente, no tumba, no quema, no desforestación protegiendo el planeta para las nuevas generaciones por ello es necesario del apoyo decisivo del estado, de igual forma nos comprometemos con la sustitución gradual de cultivos ilícitos siempre y cuando se le dé una salida política y social no represiva ni militar al problema de cultivos producción, comercialización y consumo de los estupefacientes

involucrando las potencias consumidoras

afectadas por este flagelo, mejorando la calidad de vida del campesino de estas tierras, el cumplimiento de estas propuestas sería una buena manera de empezar a construir la paz, dándole una salida política al conflicto social y armado que vive el país.

Cordialmente

CAMPESINOS INDIGENASY AFRODECENDIENTES DEL GUAVIARE, Y SUR DEL META

APEMECAFE ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS, MEDIANOS CAFETEROS Y RECOLECTORES DE CAFÉ. RESOLUCIÓN No 066 "feb.27" de 1978 MINISTERIO DE AGRICULTIRA

COSECHAS ANCESTRALES AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD Colombia es el epicentro de la estrategia antidrogas de los EEUU, Hace 41 años, Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas de uso ilícito y desde entonces a hoy, la producción, el tráfico y el consumo mundial ha crecido exponencialmente; empero, se persiste tozudamente en la estrategia equivocada, los responsables de esta estrategia han fracasado según reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), las áreas de cultivos de coca, materia prima para producir la cocaína, en lugar de reducirse aumentaron . Razón tenía nuestro Nobel García Márquez, cuando aseveró premonitoriamente: "Creo que el primer paso para la solución realista del problema de las drogas en el mundo, es reconocer el fracaso de los métodos con que se están combatiendo. Son esos métodos, más que la droga misma, los que han causado, complicado o agravado los males mayores que padecen tanto los países productores, como los consumidores". Si "pensamos y actuamos" como siempre nos han impuesto los gobiernos de turno que hacen lo que siempre les han ordenado, los resultados no pueden ser otros distintos a los que hemos obtenido en el pasado, Colombia como escenario de la lucha por la sobrevivencia y la dignidad del campesinado Colombiano, la crisis social y humanitaria, la incapacidad y corrupción gubernamental y la arremetida militar represiva de Estado como única respuesta a las múltiples y grave situación del campesino aún más compleja por la presencia del narcotráfico, el abandono institucional, y el no respeto de sus derechos fundamentales, el paramilitarismo ha sido el principal aliado de grandes inversionistas y empresas, así como prenda de garantía para llevar a cabo las fumigaciones aéreas, las fumigaciones más que acabar los cultivos mal llamados ¡lícitos, son una estrategia de desterritorialización, instrumentalizada para promover el desarrollo de intereses económicos. Ante este sombrío panorama que contrasta con la alta inversión en materia militar, las fumigaciones aéreas y las supuestas estrategias de lucha contra el narcotráfico, el gobierno ha flexibilizado normas jurídicas y ambientales que permiten en estos territorios acelerar la apertura a megaproyectos, la explotación indiscriminada de recursos naturales, hidrocarburos, minerales y forestales, propiciando la ruptura del tejido social y el menoscabo de la calidad de vida de las personas y la quiebra de la economía comunitaria. El gobierno colombiano lejos de ofrecer las soluciones que buscan las comunidades, ha desplegado una fuerte estrategia de intimidación militar y judicial para repeler el descontento que las comunidades expresan de manera justa. El gobierno nacional desarrolla una estrategia de expropiación territorial orquestada desde los sectores económicos, empresariales y del narcotráfico, con la imposición de las locomotoras minera y la explotación de recursos naturales, forestales, hídricos e hidrocarburos que afectan el medio ambiente y amenaza la soberanía del país, la violación de los derechos humanos, conduciendo al debilitamiento de nuestra sociedad. Hasta cuándo Colombia seguirá comportándose como país satélite de los Estados Unidos, girando en la órbita de su política exterior y asumiendo sin reparos una estrategia antidroga que ha sido un Correo: apemecafe_org@yahoo.es

Calle 17 No. 10 - 1 6 Of. 104 Bogotá D. C. tel 311-8864751 y 314-2917310 313-8937420 y 314-2927939

APEMECAFE ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS, MEDIANOS CAFETEROS Y RECOLECTORES DE CAFÉ. RESOLUCIÓN No 066 "feb.27" de 1978 MINISTERIO DE AGRICULTIRA

fracaso total, en lugar de seguir a ciegas la fracasada estrategia antidrogas de los EEUU, sin reparar en los daños irreparables que se le causa al medio ambiente, a la humanidad y a la frágil institucionalidad del país. PROPUESTAS.

1. Dar por terminado la actual política antidroga que se ejecuta en nuestro país, impuesta por los EEUU y formular una política de cooperación de mutua reciprocidad con todos aquellos países interesados en darle solución a la problemática generada por el mal uso de la hoja de coca y la marihuana. 2. Erradicar la corrupción que ejerce los representantes de la institucionalidad local, regional y nacional como instrumento de las mafias del narcotráfico. 3. Propiciar acuerdos locales de gobernabilidad que permitan reconstruir el tejido social, que garanticen una real participación de las comunidades en el diseño de Planes de Desarrollo Autónomos y/o Alternativos. 4. Formulación de políticas públicas en forma concertada con las comunidades involucradas en la producción de cultivos de coca y marihuana, con base en los principios de soberanía, responsabilidad, multilateralidad, transparencia, sentido social, respeto a los derechos humanos y campesinos (as) aprobadas por las naciones unidas. 5. Reconocimiento a la contribución de las mujeres en el proceso de Industrialización y comercialización de la producción de la hoja de coca y marihuana en el desarrollo de regional. 6. Respeto a los derechos de la propiedad de las poblaciones rurales en zonas productoras de hoja de coca y marihuana. 7. La no judicialización de las familias de campesinos e indígenas que se vean afectados por la producción de marihuana y coca como medio de subsistencia. Que cese la estigmatización y señalamientos de los dirigentes y comunidades, ningún productor en pequeña escala de hoja de coca o marihuana podrá ser señalado o considerado como narcotraficante o terroristas. 8. Derogar como delito las prácticas de cultivar hojas de coca y marihuana mientras a narcos y mafia se aplica impunidad, lentitud, corrupción, entre otros. 9. Suspensión definitiva, al sistema de erradicación agroquímica, biológica o forzosa, que se ha sido demostrado el daño a la estabilidad de las comunidades, la biodiversidad, las fuentes de agua, la economía campesina y la salud de la población. 10. Legalización de los usos ancestrales del cultivo de la hoja de coca para temas de curaciones tradicionales, comunitarias y medicinales, que realizan las comunidades indígenas, campesinas y afro-descendientes. 11. Concertación con el movimiento campesino y sus organizaciones de una ley de tierras, de reforma agraria y desarrollo rural, que garantice la democratización y distribución de la propiedad de la tierra rural. 12. Creación del fondo nacional para el fomento de la economía campesina, apoyo a programas de desarrollo de planes de vida e iniciativas alternativas y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana. Correo: apemecafe_org@yahoo.es

Calle 17 No. 1 0 - 1 6 Of. 104 Bogotá D. C. tel 311-8864751 y 314-2917310 313-8937420 y 314-2927939

Juventudes Políticas Cristianas

PONENCIA

FORO NACIONAL: SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

SUSTITUCIÓN Y USO ALTERNATIVO DE CULTIVOS: Las Juventudes Políticas Cristianas creen que la solución a la problemática de la producción y comercialización de cultivos ilícitos no está en la legalización del consumo de drogas ya que, por un lado, no ataca la raíz del problema y por el otro, puede producir graves problemas en la salud pública y en el núcleo fundamental de la sociedad, es decir, la familia. Por otro lado, tampoco creemos que las labores de aspersión y fumigación de cultivos sean una estrategia efectiva ya que van en contra de la integridad y la dignidad del campesino, convirtiéndolo en una víctima en su hogar. El Plan Colombia, el Plan Patriota y la Política de Seguridad Democrática han priorizados sus esfuerzos en perseguir a los productores de todo tipo, siendo ellos las partes más vulnerables de la cadena del narcotráfico (cultivadores, productores y consumidores) Es por esta razón, que aunque se fumiguen y erradiquen cultivos, se derrote militarmente o se negocie con los grupos armados ¡legales y se extraditen capos el problema de la droga sigue vigente e incluso, en aumento. Desde que este negocio sea más rentable que las difíciles condiciones que deben sortear las comunidades rurales, va a ser muy difícil ponerle fin a este cultivo. Nuevos carteles, líderes y redes de tráfico entrarán a disputarse un lugar en el negocio. PROPUESTAS: •

Permitirle a la comunidad campesina, desde sus representantes sociales, organizarse autónomamente, siendo el estado colombiano el garante de alternativas productivas desarrolladas en conjunto y desde el campo.

•

Hacer en conjunto (estado-comunidad) una erradicación justa, consiente y respetuosa, garantizando con antelación las condiciones mínimas para que las nuevas alternativas productivas acordadas sean viables y rentables a largo plazo en el territorio.

Un plan de infraestructura rural a largo plazo, con participación activa de las comunidades involucradas, que permita generar en nuestro país un desarrollo propio, sostenible y con participación de todas las regiones, permitiéndoles a las comunidades rurales sacar sus productos eficientemente. La conformación de un grupo de investigación Nacional y Regional, compuesta por sociólogos, científicos, sicólogos. Ingenieros y demás académicos que se requieran, otorgándole voz y voto a las comunidades campesinas dentro de este grupo, que permita visibilizar las practicas locales y los saberes ancestrales que se ocultan en nuestro basto y rico país. Reforma agraria integral y profunda que dignifique al campesino y contemple que nuestro territorio nacional es diverso, rico y con muchísimas necesidades de diferente índole. Esta reforma agraria debe contemplar proyectos productivos a nivel local y regional donde el campesinado sea protagonista y tenga voz y voto, permitiéndole comercializar directamente sus productos a otras partes del país.

LAS FUMIGACIONES Y SU IMPACTO EN EL PROYECTOS DE DESARROLLO CACAO CAMPESINO SAN PABLO Y CANTAGALLO EN EL SUR DE BOLÍVAR.

ASPECTOS GENERALES En los últimos 28 años la siembra, procesamiento y comercialización del cultivo de la coca estuvo colocado como la actividad productiva más importante en el Sur de Bolívar, su curva de crecimiento fue siempre ascendente llegando a convertirse especialmente en la década del 90 en la mayor fuente de ingreso de la población. No obstante y a pesar de ser una actividad prohibida por la ley colombiana amparada bajo el manto de la impunidad creció en extensión en cada uno de los municipios sur bolivarense. Los daños que se le asocian a esta actividad ilegal ha tenido en la región grandes repercusiones humanas que se han expresado en altos niveles o índices de violación a los derechos humanos, unos incuestionables daños ambientales, enormes pérdidas económicas y un rompimiento abrupto de las características culturales y morales propia de los pueblos rivereños. La cadena que enlaza el negocio de la coca como una empresa en el sur de Bolívar involucra a toda una red de actores sociales de la zona, entre los que se cuentan comerciantes, miembros de instituciones públicas, organizaciones armadas ilegales, fuerza pública, líderes, los cuales conforman un escenario apropiado para mantener bajo sus propias normas, reglas y presiones el aparato operativo del negocio (producción, transformación y comercialización), los campesinos por su puesto han sido las víctimas de esta cadena delictiva. La forma que más ha considerado apropiada el gobierno de confrontar el avance de los cultivos de uso ilícito en la zona y a quienes participan en esta cadena ha sido especialmente por la vía de las fumigaciones, circunstancia que efectivamente ha hecho que disminuya de forma tímida la frontera de la coca, pero también es cierto que los efectos han sido tan perversos que hasta en muchos casos se ha puesto en peligro la vida de muchos habitantes de la región. Hoy por hoy las fumigaciones constituyen una amenaza para la consolidación de proyectos de desarrollo en el sur de Bolívar, en gran medida debido a los reiterados daños que vienen provocando en los cultivos dichas fumigaciones, lo cual frustra las intenciones de los campesinos ya que las aspersiones con glifosato en la práctica no distingue entre la coca y los cultivos de uso legal. En la actualidad se está realizando creo la séptima fumigación desde el 2001, con unos resultados sumamente dañinos para la escaza economía campesina de la zona, precaria por cierto precisamente por la falta de programas gubernamentales alternativos que promuevan e incentiven las iniciativas de las comunidades campesinas. Sin embargo, muchos campesinos bajo su propio riesgo vienen asumiendo compromisos para desprenderse de un cultivo de uso ilícito como la coca con la que ha tenido que convivir en los últimos 28 años en la región, vinculándose a programas y proyectos financiados con créditos y aportes de cooperación internacional y algunos apoyos nacionales y que luego se han visto afectados por grandes pérdidas que los ponen ante el peligro de no poder responder por compromisos crediticios pendientes. En nuestro caso en particular nos sentimos amenazados debido a que difícilmente podríamos cumplir nuestro compromiso con Bancolombia, de quien

hemos recibido un crédito para la siembra de cacao y el cual debemos iniciar a pagar en el 2011, por que las pérdidas por fumigaciones disminuyen las expectativas de ingresos esperadas. Son miles las quejas, los reclamos y las denuncias que han visibilizado los perjuicios económicos, ambientales y sociales sin que los distintos gobiernos de turno hayan tenido la intención de discutir la política de erradicación de coca con las comunidades afectadas, pues para los gobiernos ese es un tema innegociable según lo han planteado en reiteradas oportunidades de forma pública. Sin desconocer la existencia de áreas de cultivos de coca en la zona, es ciertamente evidente que la aplicación del glifosato traspasa las fronteras de los cultivos de coca y llega implacablemente a los cultivos de pan coger, las aguas, a los animales y a las mismas personas que han sido rociadas con este veneno. Así mismo, Las fumigaciones se hacen o aplican de forma indiscriminada, y en la mayoría de las veces coinciden los campesinos que se hace en zonas donde no hay presencia de áreas de coca, siendo entonces una acción netamente mal intencionada. En las fumigaciones actuales los campesinos coinciden en que se están fumigando sus parcelas y sus cultivos con el argumento de que existen áreas de coca sembrada cerca, pero lo extraño es que a la coca no le pasa nada, esta circunstancia genera mayores molestias y rechazo por que contrasta con el supuesto objetivo de la fumigación que suponemos es ELIMINAR LOS CULTIVOS DE COCA.

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En las fumigaciones del 2009 (febrero, Marzo y Noviembre] 28 campesinos beneficiarios del proyecto cacao campesino San Pablo y Cantagallo, el cual se financia principalmente con un

crédito bancario (Bancolombia) reportaron que han sido víctimas de las fumigaciones por que sufrieron daños en los cultivos de cacao, yuca, plátano, tomate, cítricos, maderables que tenían sembrados (ver listado anexo). El proyecto Cacao Campesino San Pablo y Cantagallo, pretende "Mediante el establecimiento de 745 hectáreas de cacao en sistemas agroforestales con asocio de sombríos transitorios y maderables comerciales y protectores, Aumentar la calidad de vida de 150 familias campesinas de pequeños productores de la zona alta del municipio de San Pablo - Sur de Bolívar, Cantagallo y Simití, donde a partir del mejoramiento del nivel de ingreso familiar, mejoren sus condiciones sociales, económicas y políticas, aportando a la construcción de una vida digna, donde se respeten sus derechos fundamentales y se pueda vivir en paz en armonía con la naturaleza". Sin embargo, alcanzar este objetivo está seriamente amenazado por el impacto que las fumigaciones han tenido en el proyecto dado que es la tercera vez que se fumigan predios de campesinos participantes del proyecto, situación que ha descompensado el proyecto en por lo menos 92400 plantas solo de cacao que se han reportado perdidas por efectos de la fumigaciones.

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Lo peor del caso es que no solo se acaba con los cultivos legales de la gente sino que los campesinos pierden el entusiasmo y el interés por continuar en estos proyectos de desarrollo, debido a que es muy alto el riesgo de no poder cumplir las metas y los compromisos crediticios que se adquieren para hacerlos posible como en nuestro caso, haciendo que muchos abandonen estos proyectos por miedo y por temor a perder lo que tienen, pues aquí también jugamos con los que no quieren que estos proyectos prosperen porque quieren que cultivo como la coca no pierdan la vigencia en la región. Las quejas que hemos colocado para pedir reparación a dichos daños no han prosperado por que la misma ley tiene los procedimientos para burlar las denuncias y los reclamos que se hacen (Tiempos cortos y las georefenciaciones por ejemplo), no es justo que los campesinos estén condenados solos a asumir las pérdidas por los daño que les ocasionan las fumigaciones Como se ve las pérdidas solo por cacao son cuantiosas para unos campesinos que vivimos en general del jornal diario y que nuestra esperanza de mejoramiento de nuestra economía son los cultivos que con esfuerzo hacemos, ante este panorama, consideramos que es imposible cumplir con el compromiso crediticio que tenemos con Bancolombia, lo cual pone en riesgo nuestra tierra y nuestra permanencia en el territorio. Las evidencia que tenemos como fotos, testimonios, documentos del crédito, quejas interpuestas, comisiones de verificaciones, informes entre otras, son herramientas que consideramos pueden ser útil como soporte o evidencia para nuestro reclamo. No obstante, no todos los casos reportados por los campesinos afectados tienen la misma información de soporte debido a que algunos por miedo no colocan ni siquiera la queja

A. Cese a las fumigaciones: Quecese deaspersiones aéreas en el marco de la política antidrogas como garantía de no repetición de los hechos. Se ha demostrado que la aspersión aérea para eliminación de cultivos de uso ilícito, lejos de lograr el cometido que pretende, genera enormes daños en la vida, la integridad física, la economía, la salud, el trabajo, el medio ambiente y la seguridad y salubridad públicas de los habitantes, incluidos los niños, de las zonas en que se desarrollan ese tipo de operaciones. Esta constatación amerita la exigencia de que el Estado opte por otro tipo de soluciones a esta problemática buscando alternativas adecuadas que eviten las aspersiones aéreas de glifosato y sus componentes asociados.

B. Proyecto Semillas: Ordenar la creación y conformación de un banco de semillas criollas que incorpore la garantía de financiación para la obtención, custodia y distribución de las semillasque permita la recuperación de plantas y semillas afectadas; así como la asesoría técnica para esos objetivos. Igualmente, el reconocimiento de la legitimidad y necesidad de fortalecer tal proceso de recuperación y libertad de circulación, custodia, siembra y distribución de las semillas criollas que aseguren su permanencia en manos de los campesinos. C. Finca Integral Campesina: Ordenar la asignación de un terreno en la zona apto para la generación de una finca integral campesina de ASOCAZUL a través del cual sea posible desarrollar un proceso de memoria y recuperación de los saberes ancestrales ligados a la producción agroecologica campesina. Esta iniciativa hace parte de los proyectos organizativos frustrados con las aspersiones aéreas que ocasionaron los daños cuya reparación aquí se reclama. Con él, la asociación pretende extender el conocimiento sobre el cuidado del medio ambiente, las prácticas agrícolas sostenibles y poner en funcionamiento un laboratorio para la investigación de semillas y plantas para el desarrollo de procesos de producción agroecologica. También, a través de la Finca Integral Campesina, se busca recuperar plantas maderables tradicionales de la región y generar conciencia sobre la importancia de conservar el medio ambiente y la naturaleza en su integralidad a través a través de prácticas de convivencia y aprovechamiento sostenibles. D. Realizar actos de desagravio y recuperación de la memoria: a. Se realice un recuento fotográfico que evidencie el daño que ocasiono las fumigaciones sobre los cultivos de los campesinos afectados y este sea expuesto en las alcaldías de los municipios afectados. b. Por medio de la publicación en periódicos y revistas de circulación nacional que plasme el que hacer de ASOCAZUL, de los campesinos a ella asociados y se reconozca que fueron víctimas y no cultivadores de plantas de uso ilícito. c. Se realice un acto público de reconocimiento de la responsabilidad y de perdón público en el que los ministros y directores de las entidades condenadas reconozcan el agravio y los daños causados, acto que se llevará a cabo de acuerdo a lo que se concerté con las víctimas a través de su organización ASOCAZUL.

E. Generar mecanismos y hechos de recuperación forestal: Implementación de medidas adecuadas de recuperación forestal y la creación de zonas de restauración ambiental y agrícola en donde se presentaron las afectaciones por las fumigaciones con Glifosato aquí cuestionadas. F. Medidas de recuperación educativa para los niños y niñas afectado/as:

Implementación de un plan que asegure la recuperación educativa dirigido a los niños y niñas que por causa de las fumigaciones tuvieron que abandonar su proceso escolar que implique la posibilidad de acceder a los cupos escolares o universitarios correspondientes, las subvenciones de transporte, alimentación y materiales a que haya lugar con la garantía de una efectiva incorporación del niño o niña afectado a la vida escolar y recuperar, lo perdido en este campo. Esto teniendo en cuenta que, como se ha mencionado, los efectos no se circunscribieron a las pérdidas de los cultivos en ese momento existentes, sino a otro significativo abanico de daños ya mencionados, incluida la pérdida de productividad de las plantas y los suelos, así como las consecuencias derivadas del incumplimiento de compromisos financieros adquiridos por los padres o madres cabeza de hogar, que siendo parte de la asociación ASOCAZUL, eran parte del proyecto productivo de cacao. Los daños en su conjunto, echaron a perder varios años de construcción de una economía asociativa y familiar que involucraba a muchos hogares y entre ellos, a muchos niños y niñas que siguen padeciendo en sus vidas y en el desarrollo de sus procesos educativos, las consecuencias de las aspersiones aéreas aquí denunciadas. G. Garantizar el retorno de los campesinos que tuvieron que desplazarse: Implementación de medidas y mecanismos necesarios para garantizar el retorno a lasfincasy parcelas de donde tuvieron que partir las personas afectadas por las aspersiones aéreas con glifosato aquí denunciadas. H. Sobre los perjuicios ocasionados en relación al préstamo bancario para el cultivo de cacao: Que no sean considerados campesinos morosos los afectados por las fumigaciones, para que no parezcan registrados en alguna central de datos o registros de morosos a raíz de la imposibilidad de pago del crédito obtenido con BANCOLOMBIA para el cultivo de cacao I. Asegurar una estrategia de mercada para comercializar los productos de la economía campesina f. Reparación a las familias campesinas afectadas por las fumigaciones aéreas con glifosato

Asocazul ^