Mesa Temática 1 • Grupos de Trabajo 8 by Delegación de Paz FARC-EP

Propuestas Ciudadanas Mesa TemĂĄtica 1 Grupo de Trabajo 8

RelatorĂa

- FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Relatoría del Grupo de Trabajo No.8 de la Mesa Temática 1 sobre "Los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito" Fecha: 25 de Septiembre de 2013 Número de participantes hombres: 19 Número de participantes mujeres: 3 Número y sectores participantes: (dejar sólo los sectores que estén presentes) Gremios y organizaciones del sector empresarial; Organizaciones y movimientos campesinos; Organizaciones indígenas; Organizaciones afro-descendientes; Programas de Desarrollo y Paz e Iniciativas Nacionales y territoriales de paz; Organizaciones juveniles; Representantes de sectores educativo y cultural; Iglesias; Organizaciones especializadas vinculadas a los temas relacionados con la solución de las drogas ilícitas; Experiencias de sustitución de cultivos de uso ilícitos; Organizaciones de mujeres; Organizaciones defensoras de derechos humanos; Organizaciones ambientalistas; Organizaciones de víctimas; Movimiento políticos y sociales; Partidos políticos; Sector académico, universidades y centros de investigación; Centrales y organizaciones sindicales; Organizaciones raizales y Organizaciones LGBTI. Número de ponencias escritas presentadas: 17 Número de intervenciones orales: 15 Se adjunta como anexos a la relatoría: Listado de asistentes Ponencias presentadas: Las ponencias que llevan los números 6 y 11, son iguales, por tal razón, se deja para consulta la número 6 en los anexos.

FUMIGACIÓN Y ERRADICACIÓN Las comunidades y organizaciones representadas en el grupo de trabajo, indicaron de forma reiterada que un tratamiento democrático e incluyente de la política pública a los cultivadores de coca, marihuana y amapola, requiere reformular las actuales políticas antidrogas.1 Para algunos de los y las intervinientes, es preciso reconocer al narcotráfico como eje del problema; ello implica, entender que la demanda de drogas produce a su vez una demanda ilegal de estos cultivos.2 En un sentido similar, se propuso la reformulación de las políticas antidrogas, con base en el principio de corresponsabilidad3, visto desde múltiples perspectivas y no sólo desde la óptica internacional; esto implica generar preocupaciones comunes todos los eslabones de la cadena de afectación. Igualmente se planteó una división entre las soluciones derivadas de la sustitución o la regulación de los cultivos.4 Según algunos participantes a la fecha las propuestas han sido violentas, contaminantes, poco efectivas y han propiciado el aumento de los precios en los mercados al detal del norte del mundo, específicamente en EE.UU.5 Desde la perspectiva de la iglesia católica6 se debe cambiar los referentes de erradicación forzosa, esto implica el cambio de un enfoque represivo por un enfoque participativo. Se propuso igualmente, reconocer la necesidad de buscar otros referentes de sustitución, es decir, sustitución de los usos ilícitos y no de las plantas en sí mismas; su enfoque radica en el cambio de

los usos de la hoja y en la superación del monocultivo de ella. Este tipo de propuestas enmarcan su enfoque, en buena medida, en la regulación del uso de los cultivos de uso ilícito.

Adicionalmente se aseguró que es preciso que la política antidrogas pueda reconocer que existen condiciones de inequidad estructural, que deben ser superadas; un ejemplo de ellos es la inequitativa concentración de la tierra, la falta de asistencia técnica y la deficiencia de infraestructura. Portal motivo se propuso la necesdia de que la política antidrogas haga parte de una reforma agraria integral y democrática. Estas visiones caracterizan en buena parte el surgimeinto del narcotráfico como parte de un proceso de acumulación originaria por vía de la violencia.7

COMUNIDADES Y CULTIVOS DE USO ILÍCITO En su mayoría, los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar en la descriminalización y estigmatización de los productores y recolectores de coca, marihuana y amapola. Como parte de las estrategias propuestas para llevar a cabo esta iniciativa, algunas organizaciones representativas de campesinos a nivel nacional, plantearon la necesidad de realizar alianzas con las comunidades indígenas para el uso legal de los cultivos de hoja de coca, esto en el marco de la articulación de los Planes de Desarrollo Sostenible de las Zonas de Reserva Campesina al uso lícito de la hoja de coca.8 Del mismo modo organizaciones representativas de las comunidades indígenas en el orden nacional reconocieron la necesidad de reivindicar las plantas tradicionales y hermanarse con las comunidades afrodescendientes y campesinas.9 Concretamente se propuso que se deje de criminalizar a las comunidades y se indulten o archiven las investigaciones contra los campesinos judicializados por el cultivo de la coca.10

PLANES DE SUSTITUCIÓN Otro planteamiento recurrente en las intervenciones de los participantes, fue la necesidad de implementar planes de sustitución como estrategia alternativa a la política de erradicación; esta sustitución, fue referida en varios sentidos, algunos participantes hablaron de la necesidad de sustituir las plantaciones de coca, marihuna y amapola, por otras plantaciones agrícolas. Sin embargo, otro número importante de participantes planteó la sustitución de los usos ilícitos de estas plantaciones, lo que implica la posibilidad de mantenerlas como parte de su actividad productiva legal. Estas últimas posturas implican el reconocimiento de los usos tradicionales y demás usos no ilícitos de estos cultivos como parte de los programas de sustitución; en este sentido es preciso reconocer el uso científico, curativo, fertilizante, cosmético y demás de la hoja de coca. Por lo tanto, desde estas visiones debe trascenderse de la sustitución del cultivo a la sustitución de los usos del cultivo de hoja de coca. ^

Del mismo modo, algunos sectores empresariales y campesinos estuvieron de acuerdo en que los procesos de sustitución deben fundamentarse en garantizar el aumento o mantenimiento de los ingresos derivados de los usos ilícitos de los cultivos en mención." La intervenciones referidas a este tema, caracterizaron el proceso sustitución deseado como aquel que sea: social, voluntario, gradual concertado, estructural y ambiental. Las comunidades indígenas y campesinas manifestaron a través de sus organizaciones representativas que los planes de sustitución deben reconocer y deben realizarse bajo la búsqueda del buen vivir respetando siempre los planes deben ser concertados con las comunidades.12

ORDENAMIENTO TERRITORIAL EINSTITUCIONALIDAD RURAL Las y los participantes refirieron de forma recurrente sus preocupaciones respecto de la necesidad de realizar un reordenamiento territorial como parte de la estrategia de atención al uso ilícito de los cultivos de coca, marihuana y amapola; esto implica desde la implementación y el desarrollo de figuras de ordenamiento del territorio, hasta la redistribución de la inequitativa concentración de tierras en los valles interandinos. En todo caso este reordenamiento parte del reconocimiento y el respeto de las territorialidades indígenas, afro y campesinas.13 En estesentido la reconstrucción de una nueva institucionalidad desdeabajo, es una parte determinante de la viabilización del reordenamiento territorial, pues la organización y gestión del territorio por parte de las comunidades, es una preocupación de los participantes, en el entendido de que ella garantiza la democratización y la efectividad de los procesos de sustitución. Como ejemplos representativos de esta nueva institucionalidad propuesta, resalta la creación de un Sistema nacional de Zonas de Reserva Campesina que promueva la articulación de los actores involucrados, responsables, e interesados en el objetivo de propiciar que las Zonas de Reserva Campesina se fortalezcan como instrumento de Reforma Agraria Integral.

ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES Y DESARROLLO SOCIAL DEL TERRITORIO En el mismo sentido referido antes, la sustitución implica reorientar algunos elementos de política económica y social para generar condiciones favorables al proceso; en este sentido, el modelo económico deberá, según algunos participantes, propiciar una reforma Agraria como contexto de la sustitución, ello incluye como mínimo la delimitación y constitución de ZRC y el reconocimiento cultural del campesinado como forma de garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía colombiana a través de la redistribución. Se reivindicaron los modos de producción distintos al capitalismo dominante, esto implica la defensa de las relaciones sociales de producción (cooperativismo, asociación, solidaridad y economía familiar) y el desarrollo de fuerzas productivas propias (agroecología, energías alternativas). Allí los modos de producción indígena y de la economía campesina cumplen un papel central en la redefinición productiva del país. Algunos sectores empresariales propusieron el establecimiento de asociaciones entre campesinos y empresarios, esto bajo reglas claras que permitan la articulación de estas comunidades a la economía nacional.14

ENFOQUE CULTURAL Y DIFERENCIADO SOBRE LOS CULTIVOS DE USO ILÍCITO Según varias intervenciones registradas en el grupo, deben construirse propuestas que hermanen a los pueblos indígenas con afros y campesinos, en especial en los temas referidos a la sustitución de los ingresos derivados de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola. Esta hermandad es el primer paso para el reconocimeinto y la protección de la dimensión cultural de las comunidades campesinas afrodescendientes e indígenas.15 La construcción de este enfoque diferenciado exige también de mecanismos específicos de educación, participación y producción que sean la materialización de las ideas particulares de buen vivir y de vida digna de las comunidades en cuestión.

PERSPECTIVA DE GENERO16 El diagnostico de las políticas antidrogas que ejecutadas hasta la fecha, condujo a las y los participantes a identificar que el problema general de las drogasy de la represión contra los cultivadores, tiene efectos diferenciados en mujeres, niños y niñas.17 Esto requiere de que se adopten medidas de participación específica para estas poblaciones, en especial para las mujeres sembradoras, en la sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola.

Este enfoque diferencial de género propugna por la exclusión de los cuerpos de las mujeres18 de la represión contra los campesinos y campesinas cultivadores de cultivos de uso ilícito.

FINANCIACIÓN PARA RESOLVER EL TEMA DE LOS CULTIVOS DE USO ILÍCITO En los debates del grupo de trabajo, se expresaron preocupaciones referentes a la financiación de las propuestas del foro y de los acuerdos de la mesa; en este sentido, se propusieron múltiples estrategias de financiación que van desde la financiación estatal hasta la cofinanciación con recursos privados y de la cooperación internacional. En las intervenciones referidas a la financiación estatal se propuso la creación de fondos de distinto tipo como mecanismo para la finanación de los acuerdos, resaltaron las propuestas de creación un Fondo Nacional para la Sustitución y usos alternativos de los cultivos de coca, marihuana y amapola. Del mismo modo se propuso la creación del Fondo de Tierras como mecanismo de finanaciación déla sustitución y como mecanismo de la finanaciación de los planes de desarrollo de las Zonas de Reserva Campesina a través del Sistema Nacional de ZRC.19 Para este fondo de finanación del Sistema Nacional de ZRC propone la destinación de un porcentaje anual fijo del presupuesto nacional; un sistema especial de transferencias y un sistema especial descentralizado de regalías Desde otros sectores se propuso la posibilidad de gestionar alianzas entre inversionistas privados y pequeños agricultores, esto como mecanismo de propiciar la finanación de proyectos productivos específicos. Se hicieron también múltiples llamados a la finanación por vía de la cooperación internacional.20

VISION AMBIENTAL

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La superación de los impactosambientales ocasionados por el modelo intervención antrópica devenido del establecimiento de monocultivos de coca, marihuna y amapola con fines de procesamiento de sustancias ilícitas y; la superación y el restauración de los impactos ocasionados por las fumigaciones indiscriminadas en las distintas regiones del país, exige según algunos de los intervinientes, de unas políticas de recuperación ambiental integral.21 Para tales efectos se propone la definición de Zonas de Reserva Campesina que permitan poner límites a la apropiación de la amazonia, la orinoquía y en general limitas a la ampliación de la frontera agrícola. Adicionalmente se propone la figura como referente de protección ambiental, debido al empoderamiento que ella propicia en las comunidades campesinas, especialmente en aquello que refiere a la gestión de los bienes comunes y ambientales en los territorios. En un sentido similar se propuso la implementación de políticas públicas de conservación ambiental que partan de las particularidades culturales y de las prácticas propias de las comunidades rurales, esto implica el reconocimiento de las autoridades indígenas, afro y campesinas; como autoridades

ambientales en el territorio.22 Del mismo modo se propuso incentivar procesos de reforestación en las Zonas de Reserva Forestal y recuperar las zonas intervenidas por las fumigaciones indiscriminadas en la región.23

OTRAS PROPUESTAS: Que cualquier proyecto de solución a las temáticas referidas se debe hacer con la participación no sólo del Estado y las Guerrillas; sino también, con la participación de las comunidades. Se reseñó el incumplimiento del gobierno nacional a los recientes acuerdos logrados en el marco de las movilizaciones campesinas.

Dentro de las organizaciones que podemos reseñar, están: Pastoral Social de la Iglesia Católica, ANUC, Ruta Pacífica de Mujeres, AsoPanela, ONIC, ASOES Caguán, entre otras.

Esta tesis fue sostenida por los representantes de organizaciones como el Partido Comunista, PROSPAL, Marcha Patriótica, ANUCyANUC-UR.

Esta tesis fue sostenida por varias organizaciones, sin embargo la organización que más insistió verbalmente en desarrollar ese principio fue FENSUAGRO.

Esta tesis fue defendida especialmente por organizaciones campesinas e indígenas; resaltan las intervenciones de la ONICyANZORC.

La Ponencia de PROSPAL resulta ser una de las más amplias a ala hora de documentar esta tesis, sostenida por varios de los intervinientes.

Pastoral Social

Resaltan en este sentido las ponencias del Marcha Patriótica y FENSUAGRO.

Propuesta presentada por organizaciones vinculadas a las iniciativas de ZRC, en particular: ANZORC, Organizaciones Sociales del PutumayoyCorpoCaguaMuez.

En este sentido es pertinente recalcar que hubo propuestas en este sentido desde organizaciones indígenasy campesinas, que sin articulación aparente pregonan intereses de "hermanarse". Resaltan ANZORC y la ONIC.

Propuesta presentada particularmente por ASCATRAGUA.

Mesa de

Resaltan las ponencias de la ANDI y ANZORC.

Dentro de las organizaciones que podemos reseñar, están: Pastoral Social de la Iglesia Católica, ANUC, Ruta Pacífica de Mujeres, ONIC, ASOES Caguán y ANZORC, entre otras.

Esta tesis fue defendida especialmente por organizaciones campesinas e indígenas; resaltan las intervenciones de la ONIC y ANZORC; sin embargo, también coadyuvaron este tipo de propuestas organizaciones como la Marcha Patriótica o el Partido Comunista.

Esta intervención fue realizada por un asistente que manifestó ser delegado de la ANDI.

Resaltan las intervenciones de PROSPAL, ANZORC, ONIC y ASCATRAGUA.

Esta tesis fue sostenida por varias organizaciones, sin embargo la organización que más insistió verbalmente en desarrollar ese principio fue LA RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES.

En este sentido se manifestó, también, el representante de la ANDI.

En este sentido la representación de las mujeres en condición de desplazamiento de la Guajira hizo un énfasis particular.

Propuesta de la Marcha Patriótica, ANZORC y ASOES Caguán.

En este sentido intervino el representante de la ANDI.

Resalta en este sentido la intervención de la ONIC, Red Colombia Verde, ASOAGUABOSQUES, ANZORC y Marcha Patriótica entre otros.

Resalta esta iniciativa de la Red Colombia Verde.

Propuestas Ciudadanas Mesa Temรกtica 1 Grupo de Trabajo 8

Ponencias

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ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE COLOMBIA - A N U C Personería hmáka No. 643 tís',i.3 70 - ¡vitii. Agricultura RUT - 8600S6487-7 Carrera 5 A No. 9 - Ob Sur Barrio Villa Javier - Telefax 5608451 BogotáCehilói 3133201313 -£mailan«<a>a^a¡K'&í«rr¡- web - www.anuc.eo

Foro sobre la solución al problema de las drogas ilícitas Bogotá, 24 - 25 y 26 de septiembre de 2013, Centro de Convenciones G12

PONENCIA DE LA ANUC La presencia de cultivos ilícitos en Colombia, es consecuencia de diversas causas, entre las que cabe mencionar algunas de ellas como la demanda masiva por parte de consumidores de muchas otras naciones, que poco o nada hacen por impedir su uso, lo cual se traduce en el mayor facilitador del narcotráfico que es el verdadero negocio de ias drogas, pues la sola producción no es negocio, y tampoco causa el daño que si ocasiona el procesamiento y comercialización de los alcaloides de ellos derivados. En ¡os distintos departamentos de Colombia, entre ellos Nariño, Cauca, Futumayo, Caquetá, Huila, etc. la producción de ia coca, la marihuana y la amapola se empleabais corno cultivos tradicionales para múltiples fines tanto en ia medicina corno en el cultivo asociado y alelopático de las piantas. La hoja de coca para los campesinos tiene distintos usos, puede ser un medicamento y hasta un alimento que muchas familias la utilizan por su gran potencia! vitamínico, pues se dice que tiene 305 calorías, 18,5 de proteína, 42,6 carbohidratos, calcio, hierro, fosforo etc. Los campesinostambién hacen de esta planta ungüentos, pomadas, vinos.galletas etc. Por eso, para muchos esta planta no es ilegal ya que se emplea en la medicina y en otros proyectoscient¡ticos. El cultivo solo no se hace por voluntad aislada o con fines perversos, pues los campesinos empiezan a cultivar coca o marihuana porque ven en esta actividad una salida individual a sus necesidades o afujías económicas debido a la insolvencia que les ocasionan las demás actividades agropecuarias que solo producen pérdidas ante la inexistencia de políticas públicas pertinentes que garanticen rentabilidad. Por lo tanto la crisis del sector agropecuario y en particular la de la economía campesina, (a pobreza rural y el instinto de supervivencia de las familias constituyen el principal motivo de propagación de los denominados cultivos ilícitos. Como ya se anotó, la coca se vuelve ilegai cuando se procesa y aparece el narcotráfico, porque !a hoja se transformaen alcaloide y se convierte en negocio para otros, más no para los campesinos. Desde luego, el procesamiento, comercialización y consumo traen consigo unas consecuencias bien conocidas a niveí mundial y que hay que mitigarías o

*Destrucción del equilibrio ecológico. *Abandono del territorio y la producción de alimentos por parte de los campesinos para migrar a otros sitios a cultivar coca por tener menos riesgo económico. *Es un acelerador de la pobreza y desempleo. *Es generador violencia armada, familiar, social y de todo tipo. *Afecta la salud y el bienestar humano. *Aumenta las pandillas y la violencia callejera. *Desestabiliza núcleos familiares. *Disminuye el rendimiento económico, laboral y estudiantil. 'Deteriora gravemente la cohesión social. 'Muchos jóvenes adictos si no encuentran coca o sus derivados empiezan a consumir drogas sintéticas que so se producen en ás otros p&¡se f

Es innegable que muchas personas, especialmente jóvenes de las ciudades y cabeceras municipales han caído en ei consumo de drogas estimulado por una sociedad mercantilista, que favorece la descomposición social y fragmenta la unidad familiar por la falta de comunicación, educación y afecto, que los induce a buscar ayuda y sosiego en las drogas. Ante el triste panorama antes descrito, deben mencionarse algunas responsabilidades públicas que deben cumplirse para corregir el problema, entre ellas: *Es deber del estado velar por la salud física y moral de la sociedad colombiana. *EI gobierno debe acordar con los campesinos soluciones lícitasa través de proyectos productivos rentables con capacidad para sustituir la siembra de coca. 'Destinar suficiente presupuesto para atender los requerimientos de infraestructura e inversión social en el campo. 'Diseñar una ley agraria que permita el desarrollo justo, sostenible y equitativo en COLOMBIA. 'Hacer posible una reforma agraria integral y democrática. Se asegura en diferentes escenarios que en Colombia no hay cultivo más rentable que la coca y la marihuana, lo cual es parcialmente cierto y para desvirtuar tal situación, el estado y la sociedad deben generar condiciones para que la producción de alimentos y los programas ambientales sean rentables y por ende atractivos para las familias campesinas, como el mayor estímulo para la sustitución de las plantaciones ilegales.

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A lo largo de la historia, la acción del estado ha atacado al campesino que por instinto de conservación y sobrevivencia se ve obligado a cultivar, pero el control sobre los traficantes que además son los proveedores de los recursos para la producción, no se nota, por lo menos con el mismo rigor. Este es un problema mundial, no es únicamente colombiano, también lo es de los países consumidores, pero de la misma forma es responsabilidad de los países productores de drogas sintéticas que están invadiendo la población colombiana ante la falta de control del estado i

El productor de coca lo hace porque para eso tienen el suministro del capital, crédito y el mercado que le proporcionan las mismas mafias de narcotraficantes, mas no porque le sea rentable, porque apenas sale a ras y sobrevive. Lo hace

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porque aun así es en la actividad que menos pierde, pues quien realmente gana es el intermediario y narcotraficante. Varios intentos con visiones extrajeras se han hecho para combatir la producción de hoja de coca, entre ellos el conocido Plan Colombia que fracasó y al contrario ha causado graves daños a la economía de las familias campesinas que a través de !a fumigación acabaron con cultivos de alimentos, por tanto esos perjuicios deben valorarse e indemnizarse. Algunos aportes en torno las múltiples soluciones posibles se consignan a continuación:

Sustitución de cultivos ilícitos. 1. La sustitución debe partir de la reorientación delapolítica pública para producción de alimentos y rentabilidad de la economía campesina, lo que implica el rescate y rediseño de la institucionalidad pública y privada del sector agropecuario, es decir reingeniería de las entidades del estado y fortalecimiento de las organizaciones campesinas e instancias de participación y concertación 2. Es ineludible una política pública que subsidie la producción de alimentos de la economía campesina para hacerlos sostenibles y rentables por encima de los indicadores que se logran en cultivos ilícitos 3. Toda acción de sustitución debe comenzar por el análisis de las particularidades sociales, económicas y cafturáies regionales para determinar el grado de dependencia de los cultivos ilícitos e identificación de los cultivos sustitutos con suficiente y adecuada asistencia técnica, capital de trabajo y un sistema de comercialización específico y adecuado a las condiciones de la economía campesina 4. Alcanzadas las anteriores condiciones, la sustitución debe implementarse de manera progresiva y gradual, previo acuerdo y consentimiento de las comunidades campesinas involucradas. 5. Establecer programas atractivos para el sustento de las familias campesinas, como las granjas integrales campesinas con inversión social del estado y encadenadas para asegurar su sostenibilidad y hacerlas rentables. 6. Reubicación de los campesinos productores a otras zonas geográficas previamente adecuadas para producción agropecuaria y forestal. 7. Fortalecer organizaciones y agremiaciones para los productos lícitos 8. Garantizar el mercado para la producción, comercialización y rentabilidad de los proyectos productivos campesinos que sustituyen los ilícitos 9. Legalización de los cultivos ilícitos. Porque siempre va a haber mercado para estos cultivos así toda Colombia los sustituya. La legalización implica pérdida de valor y lo convierte en un negocio no atractivo. 10. que el gobierno subsidie los productos y los compre en el sitio así como los compradores de los cultivos ilícitos lo hacen.

11. promover los cultivos orgánicos de productos agrícolas de excelencia que compitan con los del exterior. Para ello es necesario garantizar la asistencia técnica, crédito y comercialización 12.1a sustitución de cultivos ¡lícitos viene de la presión internacional. Por esto los países consumidores deben aportar a la sustitución

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Prevención del consumo de cultivos ilícitos y salud 1. Diseño de un modelo de educación integral y pertinente con las labores campesinas de manera que se aumenten las competencias productivas. 2. Implementar en todos los establecimientos educativos la cátedra de vida digna y sin drogas 3. Educación en valores y autoestima por la dignidad humana dirigida a los jóvenes 4. Regular el papel de los medios de comunicación que al tocar el tema de drogas antes que educar y contrarrestan hacen apología que estimula el consumo,

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Producción y comercialización de cultivos ilícitos. 1. Más allá de la penalización, que a la que no nos oponemos hay que atacar las causas que obligan a la producción de cultivos ilícitos, las cuales se han relacionado en este documento 2. La erradicación es una alternativa, pero esta debe hacerse de manera manual y voluntaria con la misma población inmersa en el problema. 3. Acabar con las fumigaciones que son depredadoras del ambiente, de cultivos de alimentos, afectan la calidad de los suelos que se traduce en menor productividad y quiebra de la producción de la economía campesina. 4. El país tiene que emprender un agresivo programa de Control al ingreso de drogas sintéticas provenientes de otros países y que causan mayor daño que los alucinógenos a base de coca o marihuana.

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5. Una alternativa que vale la pena explorar consiste en que el estado mismo en una estrategia de sustitución progresiva compre la producción existente, la industrialice en producción de medicinas, aromatizantesgaseosas, y otros productos científicamente probados como inocuos. •

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE ANUC Y DELEGADOS AL FORO

Pcmenci5 SíDE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CAQUETA MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA INSPECCIÓN MUNICIPAL DE REMOLINO DEL CAGUÁN REPúBLICA

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A POR:

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MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIAS DEL BAJO CAGUÁN "ASOES" DE CARTAGENA DEL CHAIRA SEPTIEMBRE 24 DE 2013

PONENCIA DE LA ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIAS DEL BAJO Y MEDIO CAGUÁN "ASOES"DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA CON VISION DE COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA ALFORO SOBRE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS.

HAY QUE DESLIGAR LA LUCHA POR LA ERRADICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HOJA DE COCA, CON LA LUCHA POR LA NEUTRALIZACIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE BASE DE COCA. LUCHA POR LA ERRADICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HOJA DE COCA Ya llevamos 30 años de implementación de políticas y estrategias para la erradicación de cultivos de hoja de coca, tiempo suficiente para darnos cuenta que mientras el campesinado y el campo este bajo el abandono estatal y la falta de políticas concertadas con los campesinos, de planes de desarrollo integral e inversión, es imposible erradicar la producción de hoja de coca. La ausencia de oportunidades para la salud, la educación y profesionalización del campesino, la adecuación de infraestructura para la movilización y transformación de productos, las garantías de comercialización de lo producido y el aseguramiento de condiciones; seguirán siendo la fuerza, el carburante o el abono, a la necesidad de seguir cultivando la hoja de coca. Nosotros los campesinos en nuestra sabiduría ancestral sabemos que en el mundo moderno para sobrevivir tenemos que competir económicamente con otras organizaciones desarrolladas subsidiadas, y es ahí en medio del abandono estatal donde está el rebusque de medios productivos que puedan ser competitivos. No estamos en contra del desarrollo urbano, pero si tan siquiera se invirtiera en el campo el 10% de lo que invierte los gobiernos en las ciudades y cascos urbanos, tendríamos un campo que garantizaría la soberanía alimentaria de nuestra sociedad colombiana y un campesino profesionalmente productor y sin coca.

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Si logramos superar la distancia, el abandono, la estigmatización, construir el respeto y amor con humildad por las actividades campesinas lograremos erradicar la producción de hoja de coca, para convertir el campo en un paraíso de producción de alimentos y bienestar social. Para materializar nuestros nobles y decididos propósitos, proponemos la constitución de comisiones en cada uno de los departamentos comprometidos con la siembra y producción de coca, integradas por representantes de los campesinos, en los ministerios de agricultura, planeación nacional, de hacienda, de medio ambiente, del interior y de justicia, de educación, de infraestructura en vías, el incoder , las gobernaciones y los alcaldes para construir el plan de desarrollo integral, en cada uno de los departamentos, se conformara una comisión del nivel nacional, con la misma metodología de participación, que organice y planifique la apropiación de recursos, para su ejecución con forme a las políticas establecidas en cada uno de los departamentos.

Para erradicar la actividad narcotrafícante y mañosa hay que desintegrar de las instituciones del estado, de los partidos políticos y de las grandes empresas los arraigos mañosas y paramilitares, que aún persisten. Invitamos al gobierno nacional, a los partidos políticos, a las iglesias religiosas, a las FARC EP, al ELN, a las demás organizaciones armadas al margen de la ley, al congreso de la república, a los gremios económicos, organizaciones sociales, a los organismos internacionales interesados en la erradicación del fenómeno del narcotráfico y la sustitución de los cultivos de uso ilícito, a unir todos los esfuerzos para construir una política efectiva pero democrática e incluyente que recoja a todos las familias involucradas en este proceso. ANTECEDENTES A principios del año 2000, la Comunidad habitantes del bajo y medio Caguán decidió crear una organización que permitiera garantizar la estabilidad económica de los campesinos que hacen parte de las zonas más alejadas de la cabecera municipal y quienes han vivido con mayor intensidad el conflicto social, armado y de cultivos de uso ilícito, que vive nuestro país. Se constituyeron inicialmente los FONDOS DE ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA "FES" que tuvieron su territorio de operatividad en los Núcleos 1, 2,3, y 13; que luego de tres años de experiencia y buenos resultados, se determino consolidar una sola organización que recogiera y administrara los recursos e iniciara convenios interinstitucionales con organizaciones del estado como el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, trasladando sus oficinas a la cabecera municipal y basado en la autonomía en la operatividad y manejo de créditos se creó ASOES, (Asociación de economías solidarias del bajo y medio Caguán) que sería modelo en estructura organizativa, logrando un convenio de cuatrocientos veinticuatro créditos para pequeños productores en dos etapas, por valor de seis millones trescientos mil pesos ($6.300.000) en la primera etapa, ciento setenta (170) créditos, que ante los buenos resultados ya se aprobó la segunda fase, por valor de quince millones de pesos ($15.000.000) de los que se están ejecutando actualmente más de cuatro mil millones de pesos.

Con la importancia de crear propuestas alternativas de desarrollo para estas comunidades en medio del conflicto y los cultivos de uso ilícito que generara expectativas de cambio a través de las diferentes estrategias que brinden y aporten al fortalecimiento del tejido social en una zona que ha sido marcada por la violencia y el boom de la coca, pretendemos realizar un trabajo con participación e integración directa de las comunidades a beneficiar, con el objetivo de que dicho proceso contribuya a la formación integral, mejorar las condiciones de vida, crear sentido de pertenencia y fomentar el desarrollo social y de producción auto sostenible dentro del Municipio de Cartagena del chaira, con proyección departamental; es una ponencia diseñada para implementar procesos comunitarios que permitan a los campesinos solucionar en muy buena parte los problemas sociales, económicos, técnicos, ambientales y culturales a través de mejorar líneas de producción y sobretodo evitar un eminente desplazamiento forzado de los campesinos.

En el Municipio y el Departamento, no existe un lineamiento claro de una propuesta de formación en desarrollo, económico, social, cultural y ambiental integral, de recuperación de documentación, sistematización, de talento humano, de nuestros recursos propios y/o naturales, darles su utilización y pensando en la reconversión socioeconómica, el cambio de la economía de los cultivos de uso ilícitos a una estable

legal sostenible y duradera con principios de autonomía e ideologías con visión desde los ancestros del campesinado colombiano

LOCALIZACION O UBICACIÓN

Nuestra organización está ubicada en el municipio de Cartagena del Chaira ubicada en la margen izquierda del río Caguán, sobre las coordenadas 01° 21' 00" de latitud norte y 74° 50' 24" de longitud oeste del meridiano de Greenwich, con altura aproximada de 350 MSNM, una temperatura promedio de 25,8°; el área presenta un promedio anual de lluvias entre 3.000 a 3.500 mm distribuidos en 8 a 10 meses de lluvias, con una temporada relativamente seca de Diciembre hasta los primeros días de Marzo, la mayor parte del territorio presenta superficie plana (5-10%) el resto presenta ondulaciones no muy pronunciadas, la humedad relativa es del 90% aproximadamente, los suelos tipo arcilloso, arenoso y arcillo-arenoso, con PH entre el 4 y 4.5. Dista de la capital del departamento, Florencia, tres horas, en trasporte terrestre, y esta bañada por las aguas del majestuoso rio Caguán.

Es de recordar que en 1.985 en el mandato del Doctor Belisario Betancourt Cuartas se trato de incubar el primer proceso de negociación y diálogos de Paz, al conflicto social y armado, teniendo la posibilidad de ver la problemática de la bonanza del cultivo de uso ilícito que desde ese momento ya se generaba, por la aparición de la guerrilla de las FARC y el cultivo de las plantaciones de coca y marihuana,

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POBLACIÓN A BENEFICIAR Son aproximadamente unos dos mil setecientos (2.700) predios, de familias de campesinos productores agropecuarios, y trabajadores en general, que hace aproximadamente 38 años llegaron a la región provenientes de los diferente departamentos del interior del país, expulsados por la agudización del conflicto y la violencia reinante en ese momento, con la ilusión también de nuevas aventuras, o quizás llegaron buscando refugio y/o consolidar su estadía en la consecución de tierras para sus fincas ganaderas o sus establecimientos comerciales o sencillamente como sitios de

trabajo y forma de empleo. El núcleo familiar esta conformado de cinco o más miembros generalmente en promedio y viven bajo un mismo techo, con la esperanza de que el Estado, algún día les brinde la posibilidad y los medios para desarrollar sus actividades y producciones licitas que les permitan vivir dignamente, como cualquier colombiano desprevenido lo deseara hacer.

JUSTIFICACIÓN

Con la necesidad que tiene la zona del medio y bajo Caguán de crear estructuras y propuestas organizativas, alternativas productivas y comerciales, brindar espacios o escenarios que permitan vincular directamente a las Comunidades donde puedan debatir y plasmar sus principales necesidades, aportando ideas y experiencias que contribuyan a hacer parte de los procesos que pretenden contribuir a disminuir las problemáticas sociales y fortalecer el tejido a través de propuestas de desarrollo alternativo, tanto en lo productivo, como en lo comercial, esta ponencia se realiza pensando en ir a tono con los avances tecnológicos, para ingresar al mundo del subdesarrollo y el biocomercio, con competitividad y sostenibilidad, palabras que a veces nos resultan rebuscadas o difíciles de entender. En la región existe el desconocimiento y valoración en detalle de las características y potencialidades que se poseen. La filosofía de estas ponencias parte de un principio elemental planteado por los campesinos donde se debe realizar un trabajo mancomunado creando la visibilización social, económica, aprovechando los saberes empíricos y mejorando los aspectos técnicos en la búsqueda del cambio estructural y organizativo, productivo y comercial, para la consolidación de un modelo económico, con mentalidad empresarial, de desarrollo competitivo y sostenible, contando con alianzas estratégicas y cadenas productivas; sin perder la autonomía, mejorando la calidad de producción garantizando la calidad de vida y formación de los campesinos que tienen en sus mentes el cambio de la economía, por el daño que han recibido a sus culturas y tradiciones, por la implementación de las políticas inequívocas del estado en tratar de buscar la sustitución de los cultivos de uso ilícito con fumigaciones de aspersión aérea con productos químicos de alta toxicidad donde se fumiga indiscriminadamente cultivos de pancojer, caños, nacimientos de aguas praderas, especies y hasta casas de habitación y escuelas, o con erradicaciones manuales sin una consulta previa y utilizando el abuso de poder , Las grandes distancias donde se encuentra ubicada esta organización social campesina, hace que se tengan especiales consideraciones y se trate por todos los medios de fortalecer su capacidad de permanencia en el territorio, aun en contra de la adversidad, se incremente la calidad de producción y sobre todo se aprenda a planificar un sistema de vida de acuerdo a los cambios permanentes de la tecnología y lo que significa para su normal supervivencia. En esta zona se debe profundizar en la preparación del terreno, conocimiento y uso del suelo, para validar la experiencia de las asociaciones campesinas, como fuente de generación de espacios en campos antes no experimentados, que finalmente entrarían a estar a la altura de las grandes empresas aprendiendo la diversificación en los complejos campos de fortalecer la organización, colocando valor agregado mediante la agro industrialización y con ello las mejora en los sistemas de productividad, haciéndolos mucho más competitivos, buscando las certificaciones correspondientes al control de la calidad. La comercialización vendría a ser un renglón bien interesante a tener en cuenta dentro de este proceso

En vista de lo anterior realizamos las siguientes precisiones a tener en cuenta pensando en la búsqueda de estos cambios en las políticas de sustitución de cultivos:

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1- Descriminalizar al campesinado que ha sembrado coca, más por falta de oportunidades y coberturas en las políticas agrarias del estado que siempre son excluyentes, más no, porque le sea rentable y sobretodo diferenciar a un pequeño productor campesino de un mañoso narcotraficante. 2- Que se suspendan inmediatamente las fumigaciones aéreas como política de erradicación, las que se hacen con glifosato y/o químicos tóxicos de alto poder, indiscriminadamente, causando daños al ecosistema, al medio, sus especies y biodiversidad. 3- Que las sustituciones de los cultivos de uso ilícito sean concertadas con los campesinos cultivadores, gradualmente y con el debido respeto por el medio ambiente, los ecosistemas, sus especies y todos sus entornos. 4- Buscar alternativas de sustitución de los cultivos de uso ilícito, con alternativas de cambio pensando en la reconversión socioeconómica y en proyectos productivos con garantías de oferta y demanda y colocando valor agregado a la producción 5- Reformulación o creación de una política agraria con verdaderas reformas, basadas en las experiencias de programas de sustitución en la implementación de los cultivos de uso ilícito, que verdaderamente beneficien a los campesinos que por el abandono estatal, aun siembran el cultivo de coca como única alternativa. 6- Conceptualización y tratamientos de un diseño de política pública que ponga fin a la fragmentación de las estrategias socioeconómica, culturales, ambientales, de educación y salud, inmersos dentro de la informalidad criminalizadora consignada en la ley 30 de 1986. 7- Reconocimiento de la legalidad a los cultivos de la hoja de coca dentro de la producción orgánica para la utilización en producción de medicinas, cosméticos y productos alimenticios. 8- Acercamiento del SENA, LAS UNIVERSIDADES, y otros instituciones que profesionalicen a los jóvenes hijos y mujeres de los campesinos para que no abandonen el campo, viniendo a la ciudad a engrosar los cordones de miseria que se constituyen con los desplazados en el país. 9- .Los presupuestos para los proyectos productivos deben ser acordes al desarrollo vial, mientras que en la avenida caracas de Bogotá se invierte 3.5 billones de pesos para adecuar el tránsito en tan solo 5 kilómetros, para una brecha de carretera en el departamento del Caquetá por donde sale todo lo que se produce se invierten, $ 40. millones de pesos para adecuar 50 kilómetros. 10- Los recursos asignados por el ministerio de agricultura para el desarrollo agrario, deben ser entregados a los campesinos en forma equitativa para todos y las organizaciones, acá se dan subsidios a los dueños de los grandes monopolios productivos, a los campesinos colonos del Caquetá, les ofrecen las migajas que quedan 11- Realizar para abrir más la brecha de dista del gobiernos y las instituciones del estado con el campesinado, los gobiernos han inculcado en la mente de los integrantes de la policía, del ejército, de la fiscalía y demás organismos de seguridad del estado, una doctrina de odio y represión contra los campesinos y sus representantes con el argumento de que en el campo se esconde las guerrillas, que los campesinos engrosan las filas guerrilleras, que los campesinos financian la guerrillas, que los campesinos son el cuerpo de inteligencia de las guerrillas, que los dirigentes campesinos y populares que llevan la vocería de los reclamos y la lucha social son ideólogos, enviados por la guerrilla, así los gobiernos han logrado que

nuestros hermanos, tíos, sobrinos, hijos integrantes de la fuerza pública y fiscalía, nos vean como a su enemigo y como tal actúan en contra de nosotros.

Es por ello que hoy, de acuerdo con estas sugerencias y pensando en un futuro más promisorio para las familias campesinas, nos atrevemos a proponer 1 - Formular una verdadera reforma agraria con principios autónomos y soberanos que garanticen mejor distribución de las tierras, uso y estudio del suelo, análisis de oferta y demanda de la producción y comercialización pensando en la soberanía alimentaria y el aprovechamiento de los avances de la tecnología. 2- Creación y fortalecimiento a empresas solidarias campesinas con principios e ideologías basadas en el cambio de culturas económicas, sociales y políticas adaptadas a la realidad de cada región. 3- Que se logre la articulación de producción de calidad en los estándares de industrialización y comercialización para lograr competitividad y desarrollo sostenible, manejado directamente por los campesinos. 4- Los cambios genéticos y la aplicación de las tecnologías, de los subsidios en asistencia técnica, formación y capacitación permanente. 5- Que los proyectos financiados por los diferentes oferentes o de la institucionalidad se ejecuten por las organizaciones de la región dando continuidad a través de asociaciones o gremios como "ASOES y otros. 6- Que las organizaciones que obtengan certificación como EXAGRO, sean tenidas en cuenta a la hora de la elegibilidad de los ejecutores de proyectos. 7- El establecimiento de fincas modelo de acuerdo a la UAF, (unidad agrícola familiar) con implementación de praderas silvopastoriles y de arborización amigables con el medio ambiente con los cultivos integrales y de agroforesteria y con diversidad de especies. 8- La implementación de un modelo de ganadería intensiva con mejoramientos genéticos, suplementos alimentarias, con pasturas mejoradas, bancos de proteínas y forrajes. 9- Que se constituyan en el Caguán zonas de reservas campesinas, para proteger los recursos propios de las locomotoras de la explotación de hidrocarburos y minería. 10-Que como región volvamos a hacer parte de la Amazonia el departamento del Caquetá, para poder dar la lucha desde la protección del pulmón del mundo. 11- Que las vías de desarrollo hechas por la comunidad sean incluidas en los planes viales para su sostenimiento, ya que la comunidad ya no puede sostener su mantenimiento 12-Que para todos los efectos libere al campesino pequeño productor de plantas de uso ilícito, de la comercialización y grandes exportaciones de cantidades del alcaloide. 13- Que se respete y valore la participación de la mujer y los jóvenes en los procesos de producción y comercialización de la producción campesina, Estos procesos son los que alimentan a este país y la fuerza y la templanza de los campesinos son el camino hacia el futuro.

TOTlíLncÜr^

PONENCIA SOBRE UNA VISION NACIONAL Y TERRITORIAL DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS. PRESENTADO POR LA FEDERACIÓN NACIONAL SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA-FENSUAGRO-CUT. INTEGRANTE DE LA MESA NACIONAL DE UNIDAD AGRARIA. MESA NACIONAL AGROPECUARIA, POPULAR Y DE ACUERDO - MÍA. VIA CAMPESINA. CLOC. AL FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS. Bogotá D.C 24 al 26 de septiembre del 2013. En el marco de los acuerdos de negociación entre el I gobierno Colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC-EP, que se llevan a cabo en la Habana Cuba. 1.

UN MODELO DE DESARROLLO QUE PRIVILEGIA LA GRAN AGRICULTURA COMERCIAL Y MINERA. Desde hace muchas décadas Colombia ha desarrollado una economía basada en la dependencia del gran capital internacional. Su papel designado por el fondo monetario internacional,

el banco

mundial, el Banco interamericano de Desarrollo BID, está dirigido a la producción de materia prima, la explotación de sus recursos naturales renovables y no renovables en particular de carácter minero. La implementación del modelo neoliberal y su profundización a partir de los años 90, a acelerando el desmonte de la institucionalidad publica, entre ellas las que apoyaban a la población rural Colombiana. Al mismo tiempo este modelo ha declarado inviable al campesinado, a su vez ha fortalecido la reconcentración de

la propiedad de la tierra, generando

en combinación con la violencia

narcoparamilitar de los más recientes años, grandes oleadas de desplazamientos sucesivos. El "nuevo" modelo de desarrollo rural que impulsa el Estado Colombiano y su gobierno de turno giran alrededor de las alianzas estratégicas productivas que no son más que una estrategia de interrelación con el

latifundio especulativo y mafioso y los grandes megaproyectos mineros, de plantaciones forestales, la producción de agro-combustibles, de agro-negocios, todos orientados a la exportación de materia prima hacia los países desarrollados. La aprobación de los tratados de libre comercio con los EEUU, Canadá y la Unión Europea y su entrada en vigencia coloca en mayores desventajas a los pequeños y medianos productores agrícolas de nuestro país, lo que profundizará las brechas de desigualdad campo ciudad. Es de anotar que en este nuevo escenario

los únicos productos agropecuarios

precisamente los de uso ilícito.

de pequeña escala competitivos son

2. LOS CULTIVOS DE COCA, MARIHUANA Y AMAPOLA EN COLOMBIA. La presencia de estos cultivos de uso ilícito en Colombia tienen varias motivaciones entre las cuales podemos mencionar algunas: •

Aumento de consumo de drogas psicoactivas en los EE.UU y Europa en la década de los años 70 y que hoy continua con niveles de demanda que favorecen el comercio internacional de esta producción.

•

Desplazamiento de antiguos cultivos de marihuana en México, como efecto de los programas de erradicación y fumigación orientados desde los EE.UU. en la década de los años 60 y 70 del siglo pasado.

•

La introducción de semillas y apoyo financiero por parte de empresarios ilegales a campesinos pobres del norte Colombiano que vieron una opción de supervivencia en la plantación de marihuana y otros cultivos como la coca o la amapola.

•

La creciente marginalidad de la población rural Colombiana y la carencia de políticas del Estado dirigidas a resolver el problema estructural que históricamente ha vivido el campo Colombiano.

•

La continuación y existencia del latifundio especulativo y mafioso, lo que ha conllevado a gran concentración de la propiedad de la tierra por antiguos capos narcoparamilitares y testaferros al servicio de grandes latifundistas.

•

El desarrollo de grandes megaproyectos y la penetración de transnacionales que han forzado al desplazamiento de comunidades, cuyo objetivo es despejar el camino para el saqueo de los bienes naturales.

•

El desarrollo de políticas anticampesinas y de violencia que han favorecido los planes de colonización del Estado, que a su vez han llevado a la marginalidad social de vastas poblaciones fuera de la frontera agrícola.

•

La falta de políticas de precios de sustentación y comercialización de la producción de economía campesina.

•

La no concreción de una política de reforma agraria de carácter estructural que permita la democratización de la propiedad rural al interior de la frontera agrícola, permitiendo a su vez el cierre de la exportación territorial agrícola del país.

Ahora bien la anterior se suma la apuesta en ejecución de las locomotoras del desarrollo y la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Todas estas políticas de privilegio al gran capital e inversionistas rurales se constituyen en el fondo en políticas anticampesinas, que empujan a nuevas masas campesinas a la miseria y a nuevas colonizaciones, que en última favorecen y fortalecen los ciclos de la economía ilícita.

ó 3.

LA POLÍTICA ANTIDROGAS EN LOS EE.UU EN COLOMBIA, "SOLUCIÓN AL PROBLEMA" JUSTIFICACIÓN PARA EL INTERVENCIONISMO. Terminada la guerra fría, los EE.UU han continuado con el intervencionismo y agresión militar contra los pueblos del mundo, que se oponen a la política global del imperio del norte y sus aliados europeos, orientadas al saqueo, la sumisión y la dependencia. En este sentido la supuesta lucha contra las drogas ilegales ha sido justificada en Colombia con un carácter intervencionista en sus asuntos internos, por ello la política antidrogas se conjuga con la guerra al terrorismo, que después del 11 se septiembre de 2002 se convirtió en la principal bandera de agresión imperialista. El desarrollo de estrategias regionales como: el plan panamá, la iniciativa plan dignidad, el plan Colombia, el plan patriota, la iniciativa regional andina Ira, entre otros. Han fortalecido la militarización de la región cuyo principal fin no es la erradicación del narcotráfico, sino la defensa de los intereses del país del norte en el corredor andino y particularmente en Colombia.

Según algunos datos extraoficiales en los últimos 30 años, EE.UU ha gastado más de 40 mil millones de dólares, principalmente en la llamada guerra antidrogas, política que está alejada de cualquier acción hacia un desarrollo sostenible regional, ni mucho menos para reducir la propia demanda de narcóticos en su territorio. Valga preguntarse ¿si la fuerte presencia militar en la región es solo por el problema de las drogas o es por el control estratégico que representa la región andina? Como procesadora de insumos, bienes naturales y una gran riqueza de biodiversidad principalmente en la selva amazónica.

J>£- OSO 4.

PROPUESTA PARA SUPERACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS CULTIVOS ILÍCITO*; HACIA UNA POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN GRADUAL, DE

PREVENCIÓN DEL CONSUMO Y SALUD PUBLICA, QUE

POSIBILITE LA SOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE NARCÓTICOS. 4.1. Reformulación integral de la política nacional sobre drogas tipificadas como ilícitas; con base en los principios de soberanía, corresponsabilidad, multilateralidad, transparencia, sentido social, respeto a los derechos humanos y campesinos (as) aprobados por las naciones unidas, la protección del medio ambiente. A partir de estos criterios Colombia redefinirá sus relaciones multi y bilaterales con los países centro de demanda y con los conjuntos de naciones que comparten una problemática similar de producción de cultivos de uso ilícito y tráfico de estupefacientes.

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4.2. Nuevo diseño institucional que garantice desarrollar las políticas concertadas con las comunidades involucradas en la producción de cultivos de uso ¡lícito. Creación del instituto de coordinación de programas para la prevención, sustitución y ejecución de los proyectos de desarrollo local, departamental y regional que incluye programas alternativos y de industrialización de la hoja de coca y otros cultivos de uso ilícito. 4.3. Reconocimiento de la legalidad del cultivo de la hoja de coca por parte de las comunidades indígenas, campesinas y afro-descendientes para usos ancestrales, de tipo religioso, curaciones tradicionales, comunitarias y medicinales.

4.4. Concertación con el movimiento campesino y sus organizaciones de una ley de tierras, de reforma agraria y desarrollo rural, que garantice la democratización y distribución de la propiedad de la tierra rural. Esta ley tendría como prioridad la afectación del latifundio al interior de la frontera agrícola, bajo los criterios de fortalecimiento de la economía campesina, la recuperación de la soberanía alimentaria

de los colombianos, la participación democrática de los pequeños y

medianos productores agropecuarios en el diseño y ejecución de las políticas agropecuarias del país.. 4.5. Promoción de acuerdos ambientales multisectoriales, entre el Estado, las comunidades locales, para la protección, reestructuración y adecuada racionalidad en la intervención de los ecosistemas. La conservación de cuencas hidrográficas y bosques altos andinos y la selva húmeda tropical, permitirá la aplicación efectiva del principio de corresponsabilidad por parte de los países industrializados y consumidores de alucinógenos, principales responsables de la destrucción de la capa de ozono, la aceleración del cambio climático y la extinción de miles de especies vegetales y animales. 4.6. Suspensión definitiva, al sistema de erradicación agroquímica, biológica o forzosa, que por su carácter invasivo, forzoso e indiscriminado

afecta la estabilidad de las comunidades, la

biodiversidad, las fuentes de agua, la economía lícita y la salud de la población. 4.7.Generación de un clima de confianza entre el Estado y las comunidades involucradas en los cultivos de uso ilícito» que permitan adelantar los proyectos de desarrollo alternativo y los planes de vida en un contexto de participación, concertación y corresponsabilidad. La legitimidad estatal pasa por el reconocimiento a los campesinos productores como sujetos sociales válidos para interlocución con el Estado, y por el cumplimiento estricto de los acuerdos que suscriban en materia de desarrollo regional y la solución a las causas que han originado el conflicto de los cultivos de uso ilícito. 4.8. Propiciar acuerdos locales de gobernabilidad que permitan reconstruir el tejido social, que garanticen una real participación de las comunidades en el diseño y ejecución de los programas de sustitución, industrialización y comercialización de la producción de los cultivos de uso ilícito. 4.9. Desarrollo de una política de complementación así: reforma urbana, cobertura en salud gratuita y universal para todos/as los colombianos/as, fomento en la cobertura de educación en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y universitaria, acceso al agua potable, a empleos dignos y pensiones, recreación y apoyo a la iniciativa empresarial y micro-empresarial. 4.10.

Creación del fondo nacional para el fomento de la economía campesina, la sustitución y el

apoyo

de programas de desarrollo de planes de vida e iniciativas alternativas y procesos de

industrialización de la hoja de coca y marihuana, el cual será financiado con la destinación del 10% anual del presupuesto total nacional y contará con la participación mayoritaria de delegados representantes de las comunidades beneficiarías del programa de sustitución, industrialización y comercialización de la hoja de coca y marihuana.

4.11. Control e impuestos a los capitales golondrinas, estos últimos serán destinados al fondo nacional para la sustitución y el fomento de programas de desarrollo de vida alternativa y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana. 4.12. Apoyo a la organización autónoma de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Cese de la estigmatización, señalamientos y judicialización de los dirigentes y comunidades insertas en la producción de cultivos de uso ¡lícito* En todo caso ningún productor en pequeña escala de hoja de coca o marihuana podrá ser señalado o considerado como narcotraficante. 4.13. Mientras se implementan las diferentes políticas y programas concertadas con el estado y el gobierno colombiano, este último comprara la producción de hoja de coca y marihuana, u otorgará un subsidio mensual equivalentes a dos salarios mínimos legales mensuales. 4.14. Se pondrá fin a la actual política antidrogas impuesta por los EEUU y se formulará una política de cooperación de mutua reciprocidad con todos aquellos países interesados ,que tenga como elementos de compromisos aquellos dirigidos al lavado de activos, a desactivar los paraísos fiscales, al control y tratamiento de salud pública al consumo de drogas en los países consumidores, la expropiación de bienes a narcotraf¡cantes los cuales serán traspasados al fondo nacional para el fomento de la economía campesina, la sustitución y el apoyo de programas de desarrollo de planes de vida e iniciativas alternativas y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana. Por últimos queremos exponer que solo será posible poner fin a este conflicto social en que hoy se encuentran miles de familias que subsisten de la producción de los cultivos de uso ilícito, si se erradican las causas que le dieron origen en Colombia a esta problemática social. Como vemos en nuestras propuestas no se trata de legalización y justificación del narcotráfico, que en última son grandes magnates nacionales e internacionales "que posiblemente jamás conoceremos" pero que tal vez muchas veces han sido los primeros en hablar de fumigaciones y lucha contra las drogas ilícitas.

Bogotá D.C.

Septiembre 24 de 2.013.

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FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS Bogotá, septiembre 24, 25 y 26 de 2013 "Las fumigaciones no sólo arrasan la coca, arrasan con todo, hasta las casas las fumigaron y eso queda un líquido blanco...fumigaron hasta los estanques... Yo como mujer me sentía culpable por haber cultivado coca y luego ver las montañas y todos los sembrados acabados, los árboles secos... Yo me preguntaba porque tenían que pagar los árboles por las cosas que uno hace... pero yo pensaba si el gobierno antes de las fumigaciones hubiera entrado a negociar con los campesinos, tal vez no hubiera sucedido eso... si el gobierno le hubiera preguntado a la gente qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan pues nos hubiéramos ahorrado todo eso..." Testimonio de una mujer del Putumayo

Presentación La Ruta Pacífica de la Mujeres, es un movimiento de mujeres feminista, pacifista y antimilitarista que desde hace más de 16 años, con las casi 300 organizaciones que lo componen, se opone a la guerra y a la solución violenta de los conflictos. Dada nuestra presencia organizativa en diferentes regiones en donde los cultivos de uso ilícito son una alternativa de subsistencia para las comunidades, nos hemos dado a la tarea de avanzar en una reflexión alrededor de los impactos que la política antidrogas y los mismos cultivos, han generado en la vida y el cuerpo de las mujeres, así como el esbozo de algunas propuestas que las mujeres de estos territorios han planteado para avanzar en una propuesta integral de replanteamiento del problema y las soluciones que hasta ahora se han dado, y que aporte a la consolidación de la paz Nuestra preocupación frente a la Paz, se centra en la realidad que implican los cultivos de uso ilícito para el fortalecimiento de una economía para la guerra, promovida por los distintos actores armados cuyos intereses trascienden el marco de un proceso de negociación. Los cultivos de uso ¡lícito y la misma política antidrogas han sido en los últimos años, el motor del conflicto armado, con consecuencias nefastas no solo en términos de la militarización de los territorios, sino de cambios profundos en la institucionalidad colombiana que fue cooptada en muchas regiones por estructuras mafiosas, asociadas fundamentalmente al narcotráfico y al paramilitarismo. A través de la regulación del negocio de la coca, la administración de justicia y la intervención en la vida cotidiana de la población, los actores armados han logrado consolidarse en muchos territorios como autoridad y moldear un orden social a su albedrío. No atender de manera inteligente este problema, puede socavar la construcción de la paz, la i

legitimidad del Estado en distintos territorios, además de los efectos que ya mencionaremos en las mujeres, en la sociedad y el medio ambiente.

El problema y sus Impactos en la vida de las mujeres De acuerdo con Vargas (2008), mientras la principal fuente del valor agregado en la economía de las drogas se sitúa en el proceso de traslado de las drogas desde los lugares de producción a los sitios de comercialización y consiguientemente en los complejos y rápidos procesos de lavado de dineros, el mayor porcentaje de los esfuerzos antidrogas se sitúa en aquellas partes que se relacionan más con problemas socioeconómicos y de pobreza. Esta circunstancia ha hecho que se centren los esfuerzos de la política antidrogas y sus recursos económicos en el proceso de producción de los cultivos más que en el desmantelamiento de las estructuras de criminalidad organizada del narcotráfico, que han jugado un papel fundamental en la alianza con las élites políticas regionales para el manejo del Estado y de los territorios, afectando la autonomía de las comunidades. La estrategia fundamental de la política antinarcóticos fue el Plan Colombia, implementada fundamentalmente en el sur del país, que contó con recursos de Estados Unidos por 1.3 millones de dólares, que convirtieron a Colombia en el tercer país en recibir mayor ayuda después de Israel y Egipto. El 74% de los recursos se asignó al fortalecimiento del Ejército y la Policía, así como al financiamiento de uno de sus componentes, conocido como "Iniciativa contra el narcotráfico", que enfatizó la erradicación de cultivos de uso ilícito, especialmente forzosa, por tres razones: "el vínculo existente entre la guerrilla y el narcotráfico, su fortalecimiento, y el lento desarrollo de las conversaciones de paz".1 El vínculo de la política antidrogas con la política contrainsurgente contribuyó de manera sustancial a poner a los campesinos y campesinas, y a la población civil en el centro de las acciones militares del ejército y la policía.

La situación de las mujeres que habitan en territorios de cultivo de uso ilícito no puede verse desligada de las condiciones históricas, su situación está atravesada por discriminaciones y subordinaciones ancestrales y por una cultura patriarcal que se agudiza en contextos de narcotráfico y guerra. La dinámica de los cultivos, asociada a la exacerbación del conflicto armado, el copamiento militar de los territorios por parte de todos los actores armados y las

Mujeres, Coca y Guerra en el Bajo Putumayo. Grupo de Memoria Histórica. 2011

«<5¡SL\ estrategias principales de la política antidroga que han girado en torno a la erradicación manual forzada y las fumigaciones, han generado diversos efectos sobre la vida y el cuerpo de las mujeres que se pueden resumir de la siguiente manera: • Constante presión y tensión por los requerimientos del contexto: Las mujeres y la familia se han convertido en un escenario de expresión de las fuertes tensiones generadas por la dinámica del conflicto armado, expresado no solamente en la ruptura de vínculos familiares por resentimientos profundos que surgen ante lo que se está viviendo, aislamiento de la familia, situaciones de desplazamiento o duelo por el asesinato de alguno de los integrantes familiares-, sino también por su instrumentalización por parte de los actores armados, tanto al margen de la ley como los que están establecidos ¡nstitucionalmente. Las políticas implementadas refuerzan la situación anterior. • Efectos en la salud mental de las mujeres'. Las estructuras de control social instauradas por los actores armados han agudizado las manifestaciones de violencia intrafamiliar, de manera física y psicológica, introduciendo la amenaza como estrategia de control y debilitando la capacidad que la familia tiene para manejar directamente sus conflictos. Así a través de las normas que imponen, reproducen las identidades de género más tradicionales. La dinámica que ha traído consigo los cultivos de uso ilícito ha implicado ia desestructuración de las relaciones sociales y familiares, reflejada en maltrato, golpizas, violaciones, amenazas, tortura, intento de homicidio, abandono y persecuciones que se encuentran narradas en diversos testimonios de mujeres que habitan los territorios en guerra y con cultivos de uso ilícito. Las transformaciones culturales en las zonas, generadas por el dinero derivado de los cultivos de uso ilícito y el contexto de militarización, impulsan valores agresivos, el menosprecio de la vida del otro(a) y la venganza.2 Las familias y las mujeres aparecen como unidades estratégicas para ejercer el control en las comunidades, pues los actores armados buscan una legitimación como autoridad resolviendo conflictos y aplicando sanciones, teniendo una directa influencia sobre la vida privada, y por lo tanto, entablando un control social en la comunidad, que muchas veces pone en mayor estado de riesgo a las familias. Dicho control se ejerce a la vez por diferentes grupos armados, provocando mayores niveles de violencia y autoritarismo. Igualmente, ejercen un estricto control del cuerpo y la sexualidad femenina, en especial en las mujeres

Algunos testimonios del horror vividos por las mujeres, se encuentra en el documento "el espejismo de esas hojas" C1FISAM, UNICEF (2000)

jóvenes quienes son víctimas de múltiples manipulaciones por su vulnerabilidad socioeconómica y por su situación social de bajo estatus y poder. • Efectos en el cuerpo de las mujeres: Es frecuente el asedio y abuso sexual al que son sometidas las mujeres jóvenes. Los actores armados ejercen control en la manera de vestir y comportarse de las mujeres. Igualmente, tienen injerencia en la forma de vivir y de asumir la masculinidad en los hombres de la zona. Así mismo las fumigaciones han generado enfermedades en la piel, abortos y malformaciones en recién nacidos. • Efectos en la soberanía alimentaria de las comunidades y en el medio ambiente: Los efectos ocasionados por las fumigaciones a los cultivos alimenticios y a la flora en general, están poniendo en peligro las condiciones de seguridad alimentaria de la población, limitando la disponibilidad y acceso de los alimentos. Al destruir también los cultivos agrícolas, se limita el acceso a unos mínimos requerimientos nutricionales de autoabastecimiento familiar, también se limita el suministro de alimentos suficientes para distribuir y comercializar, repercutiendo en los bajos o nulos ingresos de las unidades familiares campesinas. Las mujeres soportan la presión cotidiana del hambre y la escasez de alimentos. • Efectos en cuanto al desplazamiento. El desplazamiento incide en las mujeres de manera particular, ya sea por una acción forzada de los actores armados o por las condiciones en las que quedan sus parcelas después de la fumigación. Los impactos del desplazamiento se dan mayoritariamente en la población de mujeres rurales. El trauma y la crisis las obliga a cambiar su existencia estable por una serie de circunstancias que las pone en una situación vulnerable, abiertamente desesperada, ya que significa una destrucción de su' identidad social, relacionada con un cambio brusco en la forma en cómo dirigen sus vidas, pues dentro de sus comunidades de origen es normal que ellas pertenezcan al ámbito de lo privado, mientras que al hombre ya se le ha configurado en un espacio social y geográfico más amplio.

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Nuestra Propuesta Las partes en la Habana deben avanzar hacia una propuesta integral que disminuya los impactos mencionados anteriormente para las mujeres rurales que habitan en zonas de cultivos de uso ilícito y en el campesinado en general, enfatizando en la legitimidad del Estado

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a través de la presencia en inversión social y la profundización de la democracia. Para ello es necesario implementar planes específicos en los territorios afectados que tengan en cuenta:

1. La descriminalización de los campesinos/as y pequeños productores, pues son el eslabón más débil de la cadena3 y las decisiones de política deben estar más encaminadas al desarrollo alternativo que a la implementación de la fuerza. En el caso de los cultivadores de la coca y/o la amapola, el uso de la fuerza contra ellos/as, no se compadece con los orígenes y naturaleza del problema en este nivel de la cadena de producción, pues las decisiones de cultivar tienen una motivación de subsistencia y de carácter estructural. En este sentido, existe una compleja mezcla de condiciones socioeconómicas de los cultivadores, que no puede reducirse a una reflexión exclusivamente criminalizante. La militarización de la política antinarcóticos y su uso como estrategia contraguerrilla ubica al campesino/a como un enemigo interno, lo que contribuye a ampliar el paraguas de la ilegalidad y a minar la legitimidad del Estado. Es responsabilidad del Estado asegurar y garantizar el derecho a la vida humana, animal y vegetal, a la integridad personal y a las condiciones de vida dignas de la población, por lo cual el Estado debe empezar a ejercer la soberanía sobre el planteamiento de las políticas, sobrepasar los intereses particulares y reconocer la naturaleza de la problemática, dando prioridad al tratamiento social de las comunidades vinculadas con la pequeña producción de la coca. Promover políticas incluyentes para todos los sectores de la población, que aboguen por soluciones pacificas, que rescaten la defensa de la vida e integridad de las comunidades, fortaleciendo el tejido social, empoderando a las mujeres y a las comunidades y promoviendo procesos reales de desarrollo regional en aras de generar un desarrollo humano sostenible. Vale la pena señalar que según Uprimmy (2012), si bien la mayoría de las personas detenidas por droga no son mujeres, la mayoría de las mujeres reclusas en Colombia han perdido su libertad por temas relacionados con la producción y el transporte de drogas. Este dato refuerza entonces la tesis de que parece existir una feminización de los delitos relacionados con drogas. 2. La No erradicación forzosa (Manual o por fumigaciones) que deberá ser sustituida por acuerdos y concertaciones con los productores/as de hoja de coca para la erradicación 3

Se calcula que el cultivo de la hoja de coca representa el 9% del valor agregado del total del negocio del narcotráfico; la transformación de la hoja de coca en pasta, representa el 5%; la transformación en cocaína el 15% del valor agregado del total del negocio y el tráfico de la cocaína el 71% .

gradual y voluntaria bajo circunstancias específicas. Además de generar impactos visibles en la salud de las mujeres y en los procesos de soberanía alimentaria, las fumigaciones no han generado disminución efectiva de los cultivos, pues los mismos se han desplazado hacia otros territorios, multiplicando los daños ambientales. En esta erradicación concertada, deben tenerse en cuenta las expectativas y demandas de las mujeres en cuanto un desarrollo que incluya sus propuestas y las dignifique en un desarrollo humano junto con su entorno y familia. 3. Implementación de acciones de Desarrollo Alternativo con la participación de la comunidad y de las mujeres, haciendo énfasis en el impulso a la soberanía alimentaria como una actividad fundamentalmente en manos de las mujeres y en el acceso de las mujeres a la tierra, al crédito y a la tecnología para la producción. Las pequeñas productoras no han tenido un verdadero acceso a los procesos de capacitación, transferencia tecnológica y créditos como población beneficiaría de los proyectos de desarrollo alternativo; en razón de que las mujeres tienen menor acceso que los hombres a la posesión de tierras; la mayoría de parcelas en las que trabajan las mujeres están inscritas a nombre del esposo o compañero, considerados como jefes de familia y por ende beneficiarios en mayor grado de estos programas. A lo anterior se suma que. de acuerdo con Vargas (2002), los programas de desarrollo alternativo se han caracterizado por el esbozo de propósitos de corto plazo imposibles de cumplir, por una excesiva improvisación en su diseño y ejecución, la atomización y bajo impacto de los proyectos. La falta de rigor en el estudio del problema y la ausencia de planeación en su desarrollo, han terminado por degradar al desarrollo alternativo a la condición de subsidio complementario de las acciones de erradicación forzosa. Teniendo en cuenta lo anterior, los indicadores de evaluación de un programa de desarrollo alternativo, más que el número de hectáreas erradicadas, deben contemplar avances en indicadores sociales de bienestar para la comunidad y para las mujeres (acceso a la tierra, a educación, salud etc). Por supuesto, el desarrollo alternativo está ligado a profundas reformas en el sector rural que garanticen la sostenibilidad de las acciones de erradicación por la vía de mejores condiciones de vida para la población y para las mujeres campesinas.

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4. Desmilitarización de los territorios y de la vida civil en las zonas donde se adelanten las estrategias de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo. Las llamadas zonas de consolidación en las cuales se activa la presencia estatal en territorios de guerra y cultivos de uso ilícito, han sido convertidas en territorios de amplia presencia de las Fuerzas Armadas y policiales que realizan acciones que debería ejecutar la institucionalidad civil. La experiencia de las organizaciones de mujeres es que a mayor presencia de grupos armados (legales e ¡legales), mayor inseguridad y violencia contra las mujeres. Estas manifestaciones de la militarización, estas lógicas de guerra, tienen sus propias expresiones. Por eso, frente a la militarización del cuerpo, la vida y los territorios en los que viven las mujeres, se plantea la 6

¿22% desmilitarización de la vida civil. A la propuesta de desmilitarización, va ligada la propuesta de fortalecimiento tanto del Estado como de la sociedad civil en las llamadas zonas de consolidación como en todo el territorio nacional: Es necesaria una mayor y cualificada institucionalidad civil en los territorios y también es necesario el fortalecimiento de las organizaciones. 5. En las zonas urbanas, el Estado debe generar políticas que den un tratamiento integral a la proliferación del microtráfico y sus consecuencias en el incremento de la criminalidad y la delincuencia. Estas políticas deben tender a políticas de educación, salud, inversión social y desarrollo para los y las jóvenes no terminen en poder de las mafias urbanas. 6. Veeduría nacional e internacional que haga seguimiento a la efectividad de la política. Tal y como se ha demostrado a lo largo de este documento, la política antinarcóticos implementada en nuestro país no se corresponde con la complejidad de la problemática, mientras se fumigan los territorios y con ellos la vida de los/as pobladoras, los narcotraficantes cualifican sus sistemas de producción y distribución. Mientras la política antinarcóticos se aplica desde el componente militar y de fumigaciones dejando poblaciones enteras en la total miseria, los narcotraficantes trasladan los cultivos a otras zonas del país e incluso a otros países sin afectarse realmente el negocio. Es necesario un acompañamiento internacional latinoamericano que haga seguimiento a una nueva política antidrogas que centre sus esfuerzos en el origen del problema y atendiendo cada parte del circuito en la dimensión que corresponde.

3\ Versión resumida del artículo publicado en Internet

"Que La Habana mire a La Paz" *Felipe Tascón Sobre el punto de cultivos hoy proscritos, a ambos lados de la mesa de La Habana, se encuentran dos posibilidades de negociación: sustitución o regulación. Los gobiernos colombianoshan sido disciplinadossoldados en la "guerra contra las drogas"relanzada por Reagan ydirigida a reducir la oferta del producto ilegal, aquí focalizadacontra los productores de la hoja de coca. La otra posibilidad sería el actual coqueteo de Santos con la legalización. Washingtonreportaexitosa su guerra antidroga,pero hay suficiente evidencia de fracaso :es ineficaz en eliminar la oferta,mientras si consigue reducirla aumentando el precio final:la cocaína -a pesar o gracias a la guerra- es bien pagadaen los mercados al detal.La tarea real de reducir la oferta, a escala del cultivador de la hoja de coca, pasa pordisminuir el área sembrada.En Colombia existen tres caminos para conseguirlo: 1. la fumigación aérea sobre el 1,8% del territorio nacional, ejecutada por contratistas del norte,y nefasta no solo conlas siembras de coca, sino también para la salud, las parcelas aledañas, los animales ylascuencas hidrográficas; 2. la erradicación manual forzada, ejecutada por clientelasuribistas, que enfrentaresistencia campesina; 3. en minoría laerradicación consensuada con los cultivadores de coca, a cambio de sustituir cultivos, con o sin desarrollo integral complementario. Gracias a Cardozo, Zedillo y Gaviria, el presidente Santos, le sonríe ala legalización, así en la cumbre de Cartagena de Indias del 2012, expresó: "llegó el momento de analizar si lo que hacemos -en materia de lucha antidrogas- es lo mejor o buscamos una alternativa más

efectiva y menos costosa en generar.Pero en la misma cumbre,Obamabloqueo la discusión sentenciando: "legalizar las drogas no es la respuesta". Esta posible alternativa, ha continuado latente,de ahí el apoyo del gobierno Santos al reingreso de Bolivia a la Convención de Estupefacientes, después de su denuncia de la erráticaprohibición del masticado y siembra de coca, lo que se dio el pasado 10 de enero. La guerrilla de las FARC, en la pasada negociación del Caguán, planteó ambas alternativas:™ plan de erradicaciónconsensuada, y la propuesta de legalización. 1

En junio del 2000 en la zona de distención, se dio la conferencia internacional sobre "cultivos ilícitos y medio ambiente", que giró en torno aun Plan piloto en el municipio de Cartagena del Chairá,planeado a 5 años para probar la viabilidad de la sustitución de cultivoscontrolada por lapoblaciónlocal, apoyada por la guerrilla, el gobiernoy por países donantes. Se proponíaque un equipo de profesionales del agro, a partir de estudios detallados del suelo de las 8.765 hectáreas de hoja, y toda el área del municipio, identificara cultivos y crías idóneas para sustituir los cultivos de coca. Estosumado a inversionesparaaumentar la presenciadel Estado en salud y educación, más construcción de ferrocarriles, carreteras, canales, puertos y aeropuertos, todo un collar de huellas de cemento.Un plan de desarrollo clásico, que al definirse como de "sustitución de cultivos ilícitos", lo hacia digno de Reagan, o la JIFE. Era loque previamente habían conversado en Costa Rica, elcomandante Raúl Reyes, y el entonces director de Asuntos Andinos del Departamento de Estado Philip Chicóla. Para Washington y Bogotá, el único problema del Plan Chaira, era demorar5 años. Pero el problema era otro, los campesinos colombianos no llegaron a cultivar la coca para cocaína- porun pacto con el diablo, sinocuando fracasaron en el intento de aplicar la agricultura que conocían -de los valles andinos-en las tierras donde los expulsó la guerra, o los mudó la reforma agraria: afuera de la frontera agrícola. Llegaron a la coca, porque la escaza capa vegetal del bosque húmedo de los baldíos donde se asentaron,casi no les dejaba cultivar otra cosa, y con las excepciones -por ejemplo: maíz, plátano o yuca- el excedente no había como sacarlo al mercado por las pésimasvías.Por esto solo una parte del municipio piloto, se volvería productiva convías.El plan conllevaba gran riesgo para sus autores, porqueincluía la sentencia: "los que se resistan al cambio deben ser expulsados de la región por un tiempo, previo acuerdo en asambleas comunitarias y el Estado Mayor del Frente encargado de ejecutar los planes como autoridad', es decir,que como la agrología no iba a encontrar alternativas para todael área cocalera del Chaira, lasFARChubiera terminado expulsando a su base social. En paralelo las FARC manejaban un plan B, diferente al comprometido entre Reyes yChicola.En marzo del 2000 enviaron una carta abierta al Congreso de EEUU, proponiendo legalizarlas drogas. Luego,en junio del 2001, el comandante Simón Trinidad afirmaba "Nosotros hemos dado a conocer a la opinión nacional, al pueblo norteamericano y al Congreso de los Estados Unidos nuestra propuesta de legalizar el consumo de la droga para acabar con el negocio del narcotráfico en el mundo",calificando al sistema financiero global 2

como el principal beneficiario del narcotráfico, mientras quienes "sufren los rigores de la represión" son los productores de los países andinos; al tiempo que proponía "que estos miles de millones de dólares que hoy en día se destinan a la represión a los cultivadores se dediquen más bien a mejorar la salud de las personas que ya están afectadas de enfermedades producto del consumo de estas sustancias". Resalta la claridad con que formula Trinidad, por lo que vale la sospecha: esta seria la causa real del proceso que Uribe inventó (según wikileaks) para extraditarlo. El equiponegociador de las FARC,en febrero y dentro de las"Ocho propuestas mínimas para el ordenamiento social y ambiental", proponía: "Hay que... considerar planes de legalización de algunos cultivos de marihuana, amapola y hoja de coca con fines terapéuticos y medicinales, de uso industrial, o por razones culturales".Estodebe verse, como la recuperacióndel argumento deSimón Trinidad. En la cumbre de Cartagena del 2012, Obama argumentó que su país en la historia ha invertido "30 mil millones de dólares en programas de prevención y tratamiento", cifra que le permitió mostrarse responsable con su demanda interna. Vale compararlacon las híperganancias de la cocaína; trabajemos con cifrasdel ex-canciller mexicano Jorge Castañeda, por el sabemos que el mas narco de los narcos de América Latina a lo máximo que ha logrado al vender cocaína en la frontera sur de EEUU es por 20 mil dólares el kilo, mientras en los mercados al detal del norte -cuando el precio esta malo- se vende en 100 mil el kilo, entonces la híper-ganancia de la cocaína dentro de los países demandantes es como mínimo 80 mil dólares por kilo.Así que la cocaína le produce a laeconomía gringacomo mínimo un 400% de utilidad respecto a su costo de importación. Y los 30 mil millones de toda la historia, equivalen a lo que le dejan 375 toneladas de clorhidrato mercadeado dentro de EEUU (menos de la mitad de la producción mundial de un año). Después de ubicar que el grueso de la híperganancia narcase queda en el norte, parece tendencioso que ayer después de presentarnos unas cifras y cuadros excelentes, Adam Isacson haya mostrado un cartel de puros criollos, que ^

manía racista la de los gringos de presentar a los malos siempre como no gringos. Por los saberes ancestrales andino amazónicos, por las evidencias científicas presentadas el mes pasado en el IV Foro Internacional de la Coca en La Paz Bolivia, y por la política publica del gobierno boliviano, sabemos quela hoja fresca o seca, alimenta como verdura, harina, infusión o mascándola, al tiempo que sirve como medicina para la diabetes, la obesidad, la gingivitis, inhibe células cancerígenas, atenúa la hipertensión, es terapéutica para 3

consumidores de cocaína, y entre otras virtudes también es fertilizante natural. Vale conocer que la coca se consume legalmente, no solo en pueblos originarios como el Nasa, sino en países enteros como Bolivia, o incluso en Argentina donde ni siquiera se cultiva. Resulta obvio que sus derivados alimenticios y curativos pueden ser un sustituto excelente, para la misma coca cuando se usa en productos ilegales (resaltando que las dos son la misma planta). Todo esto nos indica, que si la Convención de Estupefacientes quedó resquebrajada con el triunfo de Bolivia de enero pasado, no tiene sentido, que la negociación de paz colombiana venga a repararla: hay que trascender de la sustitución de cultivos, a la sustitución del uso de la hoja de coca.El gobierno y la guerrilla pueden encontrarse en la regulación de cultivos como punto de negociación, y así el tercio de millón de cocaleras y cocaleros colombianos, del Pacifico, del Guaviare o del Catatumbo, podrán tener una vida digna, cambiando el uso de la hoja de coca en ves de erradicarla. Lo que si hay que erradicar, es el estigma de la coca, y de quienes cultivan coca, porque la coca en vez de matar, es tal vez la planta mas benéfica que ha parido este continente.

Experienciaen el CONTROL SOCIAL de la COCA en BOLIVIA El Art. 384 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia señala que: "El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en sus estado natural no es estupefaciente. La revalorización producción, comercialización e industrialización se regirá mediante Ley". La Carta al constitucionalizar a la coca en el citado Art. 384, claramente esta señalando que es un recurso natural, esto nos traslada a otras disposiciones de la misma Constitución Política del Estado, como son los Artículos 348, 349, 351, 352, 353, 354, 355 y 358, estas disposiciones señalan que los recursos naturales deben ser de aprovechamiento de todo el pueblo Boliviano, sin embargo también convierten a la coca en RECURSO ESTRATÉGICO, y al ser considerado estratégico el único con rango para guardarla y defenderla es el Órgano Ejecutivo Central. El Control Social en la actualidad es una medida legal que se encuentra Constitucionalizada en los Artículos 241 y 242 de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, y la Ley 341, entendiéndose como control social a la labor de fiscalización que realiza la población a las acciones del Gobierno, sea esta Gobierno Central, Gobierno Departamental y Gobierno Municipal o local. El Control Social es parte de la política pública que asumió el gobierno boliviano en materia de evitar la expansión de los cultivos de hoja de coca en el marco de la lucha contra el narcotráfico; a su vez conlleva una serie de mecanismos que requieren de la participación y compromiso de los productores de hoja de coca. Se basaen establecer compromisos sobre la racionalización o erradicación vale decir concertar si los cultivos se encuentran en área y en la superficie legal establecida. El Control Social implica un registro de los productores, una relación cartográfica y un ^

módulo de rutas con las que las entidades públicas pueden ejercer un control de volúmenes, rutas y destinos. RESULTADOS •

Registro y saneamiento de parcelas. Se han saneado más de 500 mil hectáreas.

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Se han registrado a más 50 mil productores de hoja de coca, particularmente en las zonas de Apolo, Caranavi y Chapare, quedando pendiente la región de los Yungas. Sistema de información geo referenciada, que pueda otorgar información objetiva y periódica sobre el estado de los cultivos. (SYSCOCA, módulo gráfico de los cultivos de coca) Involucramiento de dirigentes / líderes de los productores de hoja de coca. Capacitación a cerca de 2,500 líderes Módulo de rutas y circulación de la hoja de coca, herramienta para el control de circulación y comercialización de la hoja de coca. Módulo portátil, herramienta para digitalizar la superficie de las parcelas de cultivo de hoja de coca.

El control social se alimenta de tres fuentes: 1. INRA que tiene la localización geográfica de los predios agropecuarios e identifica a los propietarios. 2. F57, que mediante muestras presenta los polígonos con cultivo de hoja de coca, información que se genera anualmente. 3. DIGPROCOCA que tiene el registro biométrico de los productores por lo que se les puede ubicar con nombre y apellido. El autocontrol comunitario en la producción y comercio de la hoja de coca, cumple una función de mucha importancia, puesto que hace que los productores en algunas regiones del país como el trópico de Cochabamba cuenten con determinada extensión de coca no pudiendo contar con más de lo acordado, esto dio como resultado la disminución en los cultivos de coca en un 7% en la gestión 2012. En la región de los Yungas el AUTOCONTROL COMUNITARIO esta mas direccionado al comercio de la hoja de coca, cada productor de coca se encuentra afiliado a ADEPCOCA y esta cuenta con Regionales y comités comunales, los que están encargados de realizar un control de la producción y extender ordenes comunales a los productores con la cantidad de coca para su traslado al mercado legal, esta orden comunal es registrada por el Gobierno en el control de La Rinconada, donde se les extiende una hoja de ruta, con la cual llega al mercado de ADEPCOCA en su totalidad.

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Ponencia Propuestas de la Marcha Patriótica para el tratamiento de la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola. I.

INTRODUCCIÓN

El problema de la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola resulta de vital importancia en el debate nacional, a propósito del desarrollo de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno, asi como en la búsqueda de soluciones de fondo a los problemas estructurales que han dado origen y alimentado el desarrollo del conflicto social, económico, político y armado en el país. Considerando los impactos altamente negativos que han tenido tanto el desarrollo del mercado de estupefacientes como la política antidrogas en la economía, el régimen político, el ambiente y la población, dése el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, presentamos al país y a la mesa de diálogo de La Habana, los siguientes elementos de análisis y propuesta, a manera de aporte desde los sectores populares al punto tres de la agenda. Como punto de partida se recalca que este problema no puede verse de manera aislada, como sí se tratase de una suerte de mala práctica ejecutada por unos pocos dentro de una economía y un régimen político saludables. Por el contrarío, lo que se ha logrado evidenciar en múltiples investigaciones académicas y judiciales es que negocios ilegales como el tráfico de estupefacientes, con el consecuente aumento de la producción y el consumo, hacen parte de un. conjunto de mercados que han sido necesarios para sustentar y darle vida al modelo neoliberal y sus lógicas de acumulación. E! régimen de acumulación vigente se sustenta en la continua mercantilizacíón de los derechos sociales y de todas las esferas de la vida humana y natural, la reconfiguración en el papel del Estado -que se substrae de la producción y provisión directa de bienes y servicios-, la especialización de ía economía en sectores extractrivistas y en la construcción de infraestructura para la más rápida y efectiva circulación de mercancías, así como la entronización de los mercados externos, el capital trasnacionai y financiero como vías esenciales para el crecimiento económico, requiere de una visión de mundo coherente, centrada en el culto extremo ai individualismo, el descreimiento de todo lo colectivo y la adopción del dogma relativo a que el conjunto de la vida personal y social se reduce a lógica empresarial del "máximo beneficio con el menor costo".

El neoliberaíismo, en tanto que proyecto que ha buscado !a reestructuración capitalista y la restauración del poder de ciase, en riesgo tras la crisis de acumulación vivida durante los años setenta y ochenta, se ha edificado como un discurso que moviliza reformas y relaciones socioeconómicas y políticas, apalancado en una particular visión del significado de la libertad individual, según la cual, ésta sólo es posible si se ejecuta a través del mercado. Son justamente estas circunstancias las más propicias para el surgimiento y expansión de negocios como del tráfico de armas, drogas y la trata de personas, generando las condiciones óptimas para la configuración tanto de la oferta como de la demanda. Lejos de ser una anomalía, las más diversas formas del "capitalismo criminal" -aquel en el que se aprovechan las ganancias extraordinarias surgidas de actividades ilegales-, son un rasgo característico y fundamental del orden neoliberal vigente.

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Las exorbitantes ganancias provenientes del mercado de drogas -calculadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2011 en 2,1 billones de dólares a nivel mundial- provienen tanto de la exigencia del neoliberalismo de encontrar mercados en los que se logre con la mayor rapidez posible la maximización de la ganancia, en este caso, via precios de mercados ilegales, como de la liberalización de la cuenta de capitales, con la que se ha permitido la entrada y salida de los mismos sin la menor regulación. El neoliberalismo crea las condiciones para que este tipo de negocios sea muy rentable, particularmente para quienes manejan el tráfico internacional y microtráfico desde la perspectiva del consumo. Mientras que aproximadamente el 1,5% de las utilidades quedan en los países productores, el 98,5% van a parar en los circuitos de comercialización y distribución. En ese mismo sentido, los investigadores señalan que "el precio de venta al consumidor de un kilo de cocaína en territorio norteamericano es casi 40 veces mayor que el de su precio de exportación, más de diez veces mayor que el precio de importación en el territorio de Miami y 250 veces mayor al precio que se le paga al productor de ías hojas de coca utilizadas en su elaboración"1. . El desarrollo del modelo neoliberal ha creado también las condiciones para favorecer los cultivos de coca, marihuana y amapola en países como el nuestro, debido a las nefastas consecuencias que ha tenido este modelo en la producción campesina, agravando los problemas de concentración de la tierra, comercialización de productos, pobreza y garantías para la producción2. Sin otra alternativa para la supervivencia, las y los campesinos se han visto obligados a participar del cultivo de coca, marihuana y amapola, sin que esto hay significado mejoras en sus condiciones de vida. Al contrario, han sido perseguidos y estigmatizados, tratados como criminales, sin recibir alternativas efectivas y realistas por parte del Estado colombiano. Es fundamental que la mirada sobre este fenómeno sea de conjunto, incluyendo el cultivo, procesamiento, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas, abandonando el tratamiento criminal de los cultivos, los campesinos, indígenas y afrodescendientes cultivadores, así como de los habitantes de las regiones afectadas por el fenómenos y de los propios consumidores en centros urbanos. La política sobre el tema debe considerar de manera seria los usos culturales y tradicionales de las plantas en cuestión, así como la gran utilidad de muchos otros derivados en campos como los medicinales y el alimentario. Así mismo, la política antidrogas del país, amparada en la lógica de "tolerancia cero" y permanente criminalízación, ha demostrado ser no efectiva, si se contrastan los resultados con los objetivos. La persecución a cultivadores se inscribe en la idea de reducir la oferta y así hacer que el precio de este tipo de drogas aumente y con esto reducir el tráfico, y pese a que las cifras oficiales muestran un descenso en el área cultivada, la tecnificacion del proceso de transformación de la hoja de coca estaría generando una situación en la que con menor cantidad de la misma se estaría fabricando más alcaloide3.

Suárez-Salazar, Luis. (1989). "Conflictos sociales y políticos generados por la droga". Revista NUEVA SOCIEDAD NRO.102 JULIO- AGOSTO 1

Véase LA PAZ DE LOS CAMPESINOS ES LA JUSTICIA SOCIAL. Ponencia de Anzorc para el Foro Agrario convocado por el gobierno y las FARC-EP, diciembre 17 de2012. ! "Pocos campesinos procesan coca: UNODC". En hltp://www.verdadabieria.com/cor.iponeni/content/artide/154-caotura-de-rentaspublicas/4719-poco campesinos-prpcesan-coctt-hov-en-colombia-unodc/

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Los efectos del desarrollo del mercado de las drogas no sólo económicos o sobre la salud de los ciudadanos y ciudadanas, sino que ha generado efectos muy negativos a nivel político. Los empresarios de la cocaína, parte integrante de los sectores dominantes, han sido factor determinante en la configuración del régimen político La denominada "lucha antidrogas" ha significado una estocada para la democracia y la soberanía nacional de nuestro país, ya que se ha plegado a los intereses estratégicos de Estados Unidos, posibilitando una permanente injerencia política y militar, tal y como se constata con el nefasto desarrollo del Plan Colombia, o con las siete bases militares ubicadas en nuestro territorio. Utilizada como política contrainsurgente, las medidas para combatir el tráfico de drogas han sido un factor de recrudecimiento del conflicto en nuestro país, al generar desplazamientos masivos gracias,a las aspersiones, criminalizar al campesino cultivador, e incluso por la participación directa e indirecta de militares norteamericanos, revestidos de inmunidad, en crímenes de diferente índole como la violación de menores de edad y el bombardeo de comunidades campesinas con material de fabricación norteamericana, como el caso de Santo Domingo, Arauca, en 1998. Por todo lo anterior, este amplio y complejo fenómeno requiere de una visión así mismo giobai en su tratamiento que coloque como elemento central, la responsabilidad del propio modelo neoliberal en la gestación y expansión del fenómeno del mercado de drogas y sustancias sícoactivas. II.

FRENTE AL CULTIVO, POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN.

El campesinado, los indígenas y afrodescendientes, tras décadas de inconformidad con las políticas de desarrollo rural que han implementado los gobiernos de turno, han planteado posibles soluciones que contemplan exigibilidad de leyes, movilización agraria y formulación de propuestas, con las cuales hacer frente al abandono que viven las zonas rurales en Colombia. Década tras década, estas soluciones y acciones alrededor de los cultivos de coca, marihuana y amapola han sido estigmatizadas, señaladas e injustamente descalificadas, especialmente por aquellos que ven en los territorios rurales una fuente de recursos para ia implementación de grandes megaproyectos o focos de clúster de inversión extranjera.

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Con la denominación oficial de los cultivos de coca, marihuana y amapola, como Cultivos ilícitos se proscriben y desconocen los usos tradicionales, medicinales y ancestrales de los mismos. El peso de la lucha antldrogas que se ha desarrollado en los últimos 30 años, ha recaído quienes la producen, pero particularmente en las comunidades rurales, dejando de lado a quienes la consumen o se benefician ei narcotráfico. El desconocimiento o la omisión de los múltiples factores que llevan a la producción de estos cultivos no han permitido una verdadera solución que contemple garandas de producción alimentaria o forestal. Actualmente, el área sembrada con coca en Colombia es de 48.000 hectáreas4, donde Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Guaviare, Cauca, Caquetá y Chocó son los departamentos que registran el mayor porcentaje de cultivo. Dichas zonas contemplan una territorialidad rural que ha desarrollado propuestas de sustitución a cambio de sistemas productivos armónicos con el medio ambiente y que respondan a propuestas de ordenamiento territorial agrario, definidos desde las propias 'UNODC, 2013

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comunidades. Ante ello, el Estado Colombiano con injerencia de Estados Unidos, ha implementado una serie de acciones militares y legales atentando contra la vida, el ambiente, la seguridad alimentaria y la economía campesina mediante, perpetuando la criminalízación hacia el campo. Las economías basadas en la producción de cultivos de hoja de coca se ha impuesto ante la profundizaron de múltiples carencias en áreas rurales, y su transformación exige una tarea de concertación, interlocución y acuerdo, para la implementación de un programa nacional de sustitución voluntaria, progresiva y estructural. También implica un reordenamiento territorial con enfoque social, económico y político que preserve las figuras de protección ambiental con recursos económicos hacia una nueva institucionalidad, en el cual las decisiones sean tomadas desde las comunidades, Características de una sustitución social, gradual, concertada, estructural y ambiental En el ejercicio del derecho a la territorialidad y la vida digna, la sustitución gradual y concertada, bajo parámetros definidos de financiación y bajo la mirada territorial agraria incluyente en clave de planeación territorial y mínimamente debe incluir:

Cese total de aspersiones con glifosato u otras sustancias y de la erradicación violenta que atenta contra el campesinado, ya que se ha convertido en una estrategia de desplazamiento forzado que afecta la producción, salud y ambiente de las comunidades rurales. En la actualidad, Colombia es el único país de América Latina que realiza fumigaciones de esta naturaleza, con lo que queda claro el consenso regional en contra de esta estrategia. Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas que permitan atacar los mercados de consumo, el narcotráfico, así como fijar mecanismos de prevención y protección desde la óptica de la salud pública. Lo anterior con el propósito de regular el consumo de sustancias psicoactivas con la participación activa y decisoria de las comunidades. Creación de un Fondo Social para la sustitución gradual para soportar la política de subsidios permanentes que representen costos y gastos reales para quienes se acojan a la iniciativa de sustitución, contemplando la inversión permanente para el desarrollo de las iniciativas de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Programas de promoción de cultivos de pancoger con semillas limpias y generación de bancos de semillas, construidos con un enfoque social y de comercialización justa para las comunidades agrarias. Garantizar la permanencia en el territorio de las comunidades mediante figuras establecidas en la Ley como resguardos indígenas, consejos comunitarios y zonas de reserva campesinas. Igualmente, que dentro de estas figuras exista financiación permanente que soporte el desarrollo de proyectos productivos a largo plazo, titulación de tierras y capacitación laboral. Política económica que coloque como pilar fundamental el fortalecimiento de la economía campesina, garantizando de manera agroecológica y sustentable la soberanía y la autonomía alimentaria de los territorios. Impíementar políticas públicas y protocolos de manejo ambiental de acuerdo con los usos, identidades territoriales y ancestrales de las comunidades.

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III.

Reivindicar el uso cultural y medicinal que los pueblos nativos le dan a los cultivos de hoja de coca y marihuana. Generar políticas públicas de desconcentración de la propiedad de la tierra y la redistribución de la misma Inversión en iniciativas de fomento a la recuperación del tejido social campesino, cultura.

FRENTE AL CONSUMO.

La necesidad de una perspectiva integral frente al tratamiento del fenómeno de producción y uso de sustancias psicoactivas, resalta aún más en el caso colombiano al constatar ef incremento constante en el consumo de las mismas. De acuerdo con los datos de UNDOC, la prevalencia en el consumo de cocaína en Colombia es superior al promedio mundial; nos hemos convertido en el país que reporta mayor consumo de drogas, licitas e lícitas, entre universitarios en la región Andina, a la vez que se incrementa el consumo de sustancias no tradicionales, tales como el éxtasis. La respuesta ante este fenómeno casi siempre se genera desde posturas moralistas, que uniforman los diferentes tipos de consumo y dan trato criminal a los consumidores. La política de "tolerancia cero", aplicada desde la perspectiva del consumo desconoce sus realidades y características, tanto desde la perspectiva socioeconómica, como cultural e individual. Condena y criminaliza, estigmatiza y niega elementos básicos del libre desarrollo de la personalidad. La política de negación del fenómeno del consumo, que se propone como objetivo erradicarlo, ha demostrado ser altamente ineficaz, ya que sus herramientas fundamentales han sido ¡a judiciallzación y/o el manejo médico como enfermedad de carácter netamente individual. En ambos casos, se trata de ubicar a cualquier tipo de consumidor que individualmente ha cometido un delito o ha enfermado, convirtiéndose en una especie de anomalía frente a la que hay que actuar aplicando tratamientos jurídicos y/o médicos igualmente Individuales, aislándolo de los factores y determinantes sociales, económicos y culturales. Se hace necesario darle cada vez mayor importancia a este tema, recalcando que se trata de un fenómeno multldimensíonal y multlcausal, en el cual se precisa distinguir los tipos de consumo existentes, así como las diferencias entre sustancias psicoactivas, dadas sus características de acceso e intensidad en la adicción.

Es claro que las decisiones sobre el consumo son Individuales, pero se encuentran determinadas por factores económicos, sociales, culturales y familiares. Un primer paso necesario para afrontar esta realidad social de manera efectiva es la apertura y profundización del debate nacional sobre el tema, avanzando en la redeflníción de los objetivos de la política, que más allá de plantear un escenarlo poco probable de erradicación del fenómeno del consumo, se proponga dar herramientas Individuales y colectivas posibles para abordarlo como realidad Integrante de la sociedad. No se puede negar tampoco que ei abuso de sustancias psicoactivas está fuertemente asociado con delitos de carácter social y variadas formas de violencia, bajo dinámicas de mutua reíroalimentación. Lo que no puede seguir ocurriendo es que la política sea uniforme frente al consumo recreativo y ocasional, que de cara al abuso de sustancias psicoactivas. Es por esto fundamental rediseñar el horizonte para propender por regular el consumo y combatir el abuso.

M a r c h o Patriótica

Teniendo en cuenta los anteriores elementos, se presentan las siguientes propuestas básicas en lo relativo al consumo: 1. Abordar el fenómeno desde la perspectiva de salud pública, antes que desde la óptica criminal, lo que no significa que sea un problema exclusivo del campo médico o del judicial. Se trata de una dimensión transversal que debe discutirse y trabajarse desde todos los ámbitos de la sociedad y no aislándola de la misma. La perspectiva sociocuitural del uso, consumo y abuso de sustancias psicoactivas debe dejar de ser una reflexión meramente académica, para traducirse en herramientas de política, con suficiente financiación por parte dei Estado. 2. Despenalización, legalización y regulación. Existen diversos tipos de sustancias, cada una de las cuales tiene diferentes niveles de adicción, afectación sobre la salud y dificultades en el acceso. Todos estos elementos tienen que tenerse en cuenta para encarar el necesario debate sobre la despenalización, legalización y regulación. No se propone la legalización sin más, sino una reflexión profunda para ubicar cómo gradualmente se van aplicando medidas para cada una de las sustancias psicoactivas. Un paso importante es la necesaria desmercaníilización las sustancias, no permitir que se generen ganancia a privados a partir del uso y abuso, con la venta indiscriminada, ilegal, en precarias condiciones de salubridad y vinculada a altos niveles de delincuencia social. En este mismo sentido, la despenalización y regulación deben estar fuertemente acompañadas de una promoción amplia de la política de consumo responsable, contralado e informado, dirigido a evitar las intoxicaciones y el consumo de riesgo. 3. Diferenciar y caracterizar los diferentes tipos de consumo que se presentan en la sociedad colombiana, promoviendo acciones afectivas para respetar los consumos tradicionales y culturales, en términos de no criminalización o usos propios de diversos tipos de comunidades. De igual manera, es esencial avanzar en diferenciar entre consumos - recreativos ocasionales y los de riesgo, caracterizados por niveles de adicción letales; por lo tanto, es urgente ubicar de manera clara, cuáles son los factores de contexto que se convierten en factores de riesgo. 4. Construcción de una política estatal de investigación sobre los diferentes tipos de consumos y usos, enfatizando en los de tipo medicinal y alimentario. 5. Construir política de tratamiento desde la perspectiva comunitaria y a nivel primario. El conjunto de la sociedad debe tener acceso a la información sobre las dinámicas de consumo y responsabilidad en la promoción del consumo contralado e informado. No es una tarea que deban abordar especialistas médicos ante escenarios de abuso, sino de cada sector y escenario social, propendiendo por un cambio de perspectiva. 6. Resolver las desigualdades sociales y económicas que son caldo de cultivo para el abuso de sustancias sicoactivas, particularmente por el consumo de aquellas con mayor nivel de adicción, dada su composición química hecha para generar sustancias de muy bajo costo, pero altamente peligrosas como el bazuco.

IV.

FRENTE A LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN, EL IMPACTO EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA.

El negocio trasnacional de la cocaína, desarrollado en Colombia desde hace más de treinta años, ha sido un elemento clave en los procesos de acumulación de capital, en la configuración del régimen político y sociocuitural, así como de la dinámica de violencia que ha padecido el país. Las complejas

Marcha Patriótica ,..rl,,S«o..»tó$

redes y relaciones que se han creado entre sectores económicos emergentes ligados al narcotráfico, partidos políticos, negocios legales, violencia y reconfiguración de poderes locales y regionales son una realidad, develada recientemente a través del proceso de la denominada "parapoliilca". Dado el carácter estructural del fenómeno del narcotráfico, vinculado a la esencia misma del neoliberaüsmo, ganar la batalla frente a este flagelo pasa por el desmonte del propio modelo neoliberal. Puntualizando algunos aspectos de esta necesaria tarea se propone: 4.1 Narcotráfico y régimen político: desmonte efectivo del paramilitarismo y reforma al sistema electoral Hoy resulta claro para el país que el dinero del narcotráfico ha sido financiador de primer orden de la guerra sucia en contra de las alternativas democratizadoras en el país. Así ha quedado evidenciado con la conformación, accionar y propósitos del MAS, Muerte a Secuestradores, en los años ochenta, o los hechos que de manera continua y contundente han demostrado la financiación de las estructuras paramilitares por parte del narcotráfico. El papel jugado por el empresaríado de la cocaína en Colombia en la articulación entre economías legales e ilegales como estrategia en el proyecto paramilítar ha quedado al descubierto en casos como los de Enilse López, con el negocio de apuestas en la Costa Caribe. Frente a todos estos hechos, queda claro que el fenómeno del paramilitarismo, sus lógicas de financiación y su incidencia en la ¡nsíítucionalídad exige el desmonte efectivo del complejo dispositivo paramifítar, no sólo de las estructuras militares sino de sus financladores en negocios legales e ilegales. El impacto del narcotráfico en el régimen político a nivel local y nacional ha sido de igua! manera contundente por la vía de amplia financiación de campañas electorales. Los innumerables casos de relación directa entre políticos de los partidos tradicionales, narcotrafícantes y paramilitares, articulados entorno a proyectos políticos defensores del status quo y los privilegios de empresarios, terratenientes, y del capital trasnacional, son evidencia más que suficiente al respecto. Por lo tanto, resulta absolutamente necesario, que de ia mano con amplios procesos judiciales, se construya una reglamentación electoral que prohiba la financiación privada de las campanas, evitando feriar la democracia a la subasta del gran capital y los dineros del narcotráfico, garantizando el apoyo estatal a todos ios partidos políticos. 4.2 Narcotráfico y sistema financiero: reforma a la política monetaria y regulación a los mercados financieros (control de capitales)

^™

No es una mera coincidencia que el auge del narcotráfico, la violencia, así como del sistema financiero se den justamente en las últimas tres décadas. El telón de fondo para la aparición de tales fenómenos es el desarrollo mismo del modelo neoliberal, en tanto que los cambios en las funciones del Estado y la búsqueda de nuevos espacios para la acumulación de capital -junto con los cambios tecnológicos observados en el periodo-, han generado condiciones óptimas para nuevas formas de acumulación con elevadas tasas de ganancia, entre las que se destaca el narcotráfico. Lejos de ser una anomalía o un proceso sin sentido, los procesos criminales de acumulación, como el narcotráfico, y la violencia asociada a estos, son parte fundamental en el proceso económico y político contemporáneo.

Marcha Patriótica. [)?li>i¡tiv<tliMJ*pr[ia?nc

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Claro de ejemplo de esto es la estrecha relación que existe entre lógicas especulativas en el mercado financiero y lavado de activos, particularmente del dinero proveniente del narcotráfico. Los más de 17.000 millones de dólares que anualmente son blanqueados a través de y por el sistema financiero en Colombia, son producto de las condiciones mismas de funcionamiento de éste mercado en la actualidad. Los complejos dispositivos que permiten la obtención de ganancias extraordinarias vía especulación, como la comercialización de derivados financieros, son el vehículo idea) para el blanqueamiento de capitales. La compra y venta de títulos varias veces en un mismo día, ía movilización de grandes sumas de dinero a través de pequeñas transacciones, así como las amplias condiciones de movilidad de capital de manera transfronteriza, gracias la liberalizacíón de la cuenta de capitales, han permitido la emergencia del fenómeno de lavado de activos. De esta manera, no sorprende que sea justamente el sector financiero uno de los que mayores tasas de crecimiento y nivel de ganancias haya tenido a lo largo de las últimas décadas; la de por sí perversa lógica especulativa se ha visto potenciada por el ingreso constante de capitales provenientes del narcotráfico. Es por esto que resulta absolutamente necesario realizar una profunda reforma al sistema financiero y a la política monetaria en Colombia, frenando la dinámica especulativa que crea incentivos para la entrada masiva de capitales en búsqueda de ganancias extraordinarias vía tasa de interés, combatiendo ¡a explosión del mercado de derivados y el control de capitales, recuperando la soberanía nacional sobre la entrada y salida de los mismos. Los mecanismos de seguimiento a la propiedad de los capitales al interior del sistema financiero han resultado insuficientes frente a las dimensiones del fenómeno, precisamente porque es fundamental erradicar el origen mismo de los incentivos para la especulación. La dimensión global de éste fenómeno y su efectividad frente al lavado de activos ha hecho que incluso el Fondo Monetario Internacional haya reevaluado su postura con relación al control de capitales desde el año pasado. 4.3 Despenalización y regulación desde la perspectiva de la producción: industrialización y promoción de otros derivados Una de las bases fundamentales para el desarrollo de este lucrativo negocio es el hecho de pertenecer a un mercado ilegal, elemento determinante en la formación de precios extraordinariamente altos que garantizan rentabilidad. Es esta una de las principales razones para proponer la despenalización y legalización de las sustancias psícoactivas derivadas de la coca, la marihuana y la amapola, desde el punto de vista de la comercialización y producción. La legalización y despenalización no sólo bajarían la rentabilidad del negocio, sino que permitirían ponerle freno a la corrupción proveniente de este tipo de economía y que ha irrigado al conjunto del Estado colombiano. Un proceso de esta naturaleza requeriría gradualídad y diferenciación entre productos, ya que no es posible darle el mismo tratamiento a la marihuana que a la cocaína y la heroína. De igual manera se requiere la definición de un conjunto de regulaciones al mercado, entre los que se destacan una fuerte política impositiva para la comercialización de sustancias, así como una fuerte intervención estatal desde la perspectiva de! consumo. La perspectiva de regulación, legalización y despenalización implica también plantear propuestas desde la perspectiva de la producción. Experiencias como las que se han puesto en marcha en Perú o Bolivía, relacionadas con la industrialización, transformación y comercialización de la hoja de coca

Marcha Patriótica,

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a manera de derivados alimenticios, resultan de vital importancia. En el caso boliviano el proceso de despenalización e industrialización se viene ejecutando desde finales de los años ochenta, autorizándose el aprovechamiento de la hoja de coca para productos alimenticios, cosméticos y para medicamentos. Tal proceso se ha acompañado recientemente de un conjunto de políticas dirigidas a enfrentar los problemas de orden ambiental, económico y social que han estado alrededor del cultivo de hoja de coca en condiciones de ilegalidad, contando además con amplia participación dejas comunidades rurales. La experiencia boliviana ha colocado sobre la mesa el debate alrededor del aprovechamiento de las amplias propiedades nutricionales y energéticas de la hoja de coca; a manera de ejemplo, se encuentra que la hoja de coca presenta mayor contenido de proteínas y calcio que muchos cereales como trigo, arroz, maíz o cebada. En el caso particular de los alimentos derivados de la hoja de coca, la iniciativa de despenalización, regulación e industrialización se convierte en instrumento para hacerle frente al problema de seguridad y soberanía alimentarias. En contraste, en Colombia las licencias para la producción de derivados de la hoja de coca han sido en exceso limitadas y entidades como e! Invima se han negado a expedir los permisos pertinentes para la comercialización de diversos productos. La apuesta por la despenalización, regulación e industrialización resulta de vital importancia para avanzar en un cambio de perspectiva sobre el tratamiento de esta problemática. El necesario cambio de paradigma en la política antidrogas sólo será posible en tanto se reflexione este problema desde la perspectiva del conjunto del modelo económico, político, social y ambiental vigente. La sociedad colombiana clama desde la movilización, la protesta y la propuesta por un nuevo pacto de país. Sólo la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente dará las garantías para que una política alternativa para el tratamiento de la hoja de coca, marihuana y amapola sea real y efectiva. Bogotá, septiembre 24 de 2013.

<^)ACJ^CAC/\

Información del individuo u organización La única información de carácter obligatorio es el nombre del individuo u organización, Los campos adicionales son opcionales. La información suministrada voluntariamente sólo será utilizada para análisis estadístico en función de La Mesa. Organización: COMITÉ DE PRODUCTORES ALTERNATIVA PARA EL MUNICIPIO CÓPRÓCAGÜAMUEZ Nombre completo.

DE CACAO UNA NUEVA VALLE DEL GUAMUEZ,

LUIS ALEJANDRO VALLEJO

Propuesta Seleccione en lo los subtemas del cuarto punto de la Agenda -Solución al problema de las drogas ilícitas, sobre los cuales quiere hacer una propuesta, a la luz de la integralidad del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. i. Programas de sustitución de cultivos de uso ilfcito. Planes integrales de desarrolló con participación dé las comunidades éñ él diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.

(D^ÍDUivOMMp^

PROPUESTA SECTOR AGRÍCOLA - LINEA CACAO SAF

v\CV

ANTECEDENTES Desde el año 2.007, el Programa Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal "ADAM" y la Agencia para la Acción Social y la Cooperación internacional, Intervinieron con la actividad productiva de cacao en el departamento del Putumayo. Aunaron esfuerzos Y recursos estatales del orden departamental y financiamiento de crédito agropecuario con la línea FINAGRO y productores, para lograr el establecimiento de 1.040 ha de cacao clonado bajo sistema de arreglo agroforestal y fortalecer así a 445 familias productoras del departamento que cambiaron su economía por cultivos lícitos y rentables. ^

^™

El cultivo de cacao se establece teniendo en cuenta las experiencias y errores pasados, con el establecimiento de 150 ha con el FIP; de donde se rescataron las especies mejor adaptadas a la zona como CCN-51, ICS-95, TSH-565, ICS-1 e IMC-67. Sistemas de cultivo con diseño agroforestal, acompañado dé especies dé pancójér semestral ó anual; sombrío transitorio con musáceas y sombrío permanente con especies frutales y maderables propias de la región. Es así como la iniciativa es apoyada por actores como FEDECACAO, ICA, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Departamental, Casa LUKER, CORPOICA y otros; que observan la importancia del fomento y se preocupan por el destino que los cultivos ofrecen a los productores y a la economía regional.

Por otra parte, juegan papel importante del fomento del cultivo, inversión de recursos de: CORPOAMAZONIA, Gobernación del Putumayo, Empresas Petroleras y Alcaldías Municipales; que sumadas a las inversiones particulares con recursos propios y crédito, permiten un crecimiento en el departamento, de al menos 3.000 ha mas a la fecha. Balances de cultivos de coca 2011:33.600 ha con promedios de 1 ha por familia

SITUACIÓN ACTUAL El cultivo de cacao se ha convertido para el departamento del Putumayo, en una de las alternativas de desarrollo agrícola más importante, luego de 5 años de apoyo y cooperación, se evidencia que, en la región se adoptan los conceptos técnicos de manejo de cultivo y se aprecia una dinámica creciente de comercio en torno a la producción y comercialización de cacao seco. A pesar de que diferentes entidades, EPSAGROs, Asociaciones ha realizado la asistencia técnica y capacitación para etapa vegetativa; se evidencia que, los cultivos en etapa productivas requieren del acompañamiento para ofertar al mercado volúmenes de producción con almendras bien fermentadas y con contenidos de humedad menores o iguales al 7%. En la actualidad la producción promedio es de aproximadamente 80 ton mensuales de cacao seco para los municipios de Valle del Guamuez y San Miguel; donde se encuentra el 70% del área establecida, sin embargo la calidad final del producto no supera el 50% de cacao tipo Premium, debido ai inadecuado proceso de fermentación y secado a nivel de fincas. Además el factor climático juega un papel importante, especialmente en los meses más húmedos de abril a junio y de octubre y noviembre^ Uno de los eslabones importantes dentro de la cadena de Cacao Chocolate para el departamento, es el de la comercialización de calidad, al lograr la producción de almendras que cumplan las exigencias de la norma ICONTEC 1252, para lo cual debemos fortalecer la post cosecha en fincas y optimizar los sistemas de secado. El cacao que nuestras familias producen, no cumplen con ios estándares requeridos por la Norma, debido a que nuestros productores no cuentan con la infraestructura necesaria para un correcto beneficio. Para lograr un cacao de excelente calidad se debe realizar una adecuada fermentación, la cual se debe logra de forma controlada y posterior secado preferiblemente al sol.

PROBLEMAS

3. 4. 5.

Presencia del estado y la empresa privada en especial la minera, no ha influenciado efectivamente el sector agrícola, no ha generado las alternativas que se requiere para que las familias deriven su sustento de líneas agrícolas rentables. 30.000 ha potenciales para coca En los últimos cinco años, las áreas de coca oscilan de 5.000 a 10.000 ha, que son la base para el incremento potencial del cultivo, al ser la fuente de semilla y de la comercialización del ilícito. Existen 4.000 ha de cacao establecido con muy poco e intermitente acompañamiento técnico. Los costos de producción son de aproximadamente 10.000.000 por ha en SAF Presencia de centros de Investigación agrícola para la actualización de sistemas de producción y generación de nuevas tecnologías para cultivos existentes y potencíales.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

SAF Sistema Agro Forestales: cacao, maderables, frutales, plátano o musáceas, pimienta, sacha inchi, pancojer semestrales y anuales # DESCRIPCIÓN 1 Alianzas publico-privadas de inversión para generar impacto social. 2 Establecimiento de 30.000 ha con 10.000 flias 3 Sostenimiento de 4.000 ha del PDA 4 Acompañamiento técnteQ de 34.000 ha 5 Acompañamiento empresarial al las OP

VALOR $ 309.561.264.000

OBERVACION productores aportan el 53% y aliados el 47%

$309.561.264.000 $26.595.475.200 $14.331,540.000

socio $8.598.924.000

productores aportan el 65% y aliados el 35% Valor incluido en el rubro de asistencia técnica de los costos de los ítem 1 y 3 Valor incluido en el rubro de administración de los costos de los ítem 1

ya ^ T O

agregado a la xxxx 6 Valor producción departamental. Transformación, subproductos y comercialización nacional e internacional IMPACTOS 1. Estabilidad familiar en los núcleos cacaoteros bajo SAF. 2. Dinámica regional en torno al cacao. 3. Sustitución de cultivos ilícitos y producción en áreas potenciales.

COSTOS DE PRODUCCIÓN CULTIVO DE CACAO PRODUCTOR CONCEPTO

Unidad

Vr. Unitario

Cantidad

Valor Total

ALIADOS

M A N O DE OBRA Socola y repique

Jornales

20.000

300.000

Trazado

Jornales

20.000

240.000

Ahoyado

Jornales

20.000

280.000

Transporte Material Vegtal del Vivero a la finca

Jornales

20.000

300.000

Transporte Material Vegtal de la finca al Sitio de Siembra

Jornales

20.000

300.000

Aplicación de materia orgánica

Jornales

20.000

180.000

Construccidn de drenajes

Jornales

20.000

240.000

Siembra

Jornales

20.000

200.000

Resiembra (Incluye transporte y ahoyado)

Jornales

20.000

200.000

Control de Malezas

Jornales

20.000

680.000

Aplicación de Fertilizantes y cal dolomita

Jornales

20.000

300.000

Control Fitosanitario

Jornales

20.000

300.000

Podas

Jornales

20.000

TOTAL MANO DE OBRA

300.000

191

3.820.000

MATERtAtVESETAt Plántulas de cacao

Unidades

2.000

700

1,400.000

1.400.000

Resiembra

Unidades

2.000

140.000

Plántulas de maderables

Unidades

1.000

300

300.000

Colinos de plátano

Unidades

1.600

350

560.000

2.400.000

560.000

TOTAL MATERIAL VEGETAL

300.000

1.840.000

INSUMOS £-»j n n l n r r l j f ^ i C3*^JQÍ

Kilos

340

710

241.400

"*41 ÍGG

Abono Orgánico

Kilos

4O0

1.420

568.000

Cloruro de potasio

Kilos

1.700

85.000

Triple 15

Kilos

1.700

85.000

Boro

Kilos

1.900

53.960

Sulfato de cobre

Kilos

15.000

60.000

Sulfato de zinc

Kilos

13.000

52.000

Okicíoi uro de cobre

Kilos

18,000

216.000

Sístemin

litro

35.000

105.000

Fertilizante foliar

litro

25.000

150.000

Ridomil

bolsa

20.000

240.000 1.556.360

TOTAL INSUMOS

240.000

1.856.360

OTROS COSTOS DIRECTOS Análisis de suelo e interpretado

análisis

100.000

TSTAL O T M S COSTOS DIRECTOS

100.000

iQO.OÜO

iuü.Ouü

HERRAMIENTAS Machete

Unidades

15.000

30.000

Guadaña

Unidades

1.000.000

Limas

Unidades

5.000

10.000

Pica y Palin

Unidades

13.000

Tijeras podadoras

Unidades

65.000

Bomba espaldera

Unidades

200.000

Desgarretadora

Unidades

60.000

TOTAL HERRAMIENTAS TOTAL PRIMER AÑO

65.000

60.000

200.000 60.000

1.378.000

1.053.000

325.000

9.554.360

5.433.000

4.121.360

Asistencia Técnica

Visitas

477.718

Administración

Global

286.631

TOTAL

10.318.709 100

477.718 286.631 5.433.000

4.885.709

FINANCIACIÓN Costos por ha

Estabecimiento

10.318.709

30.000

6.648.869

Valor

ALIADOS

PRODUCTORES

309.561.264.000

164.067.469.920

4.000

26.595.475.200

17.287.058.880

145.493.794.080 9.308.416.320

Sostenimiento

at 477.718 admon

30.000

14.331.540.000

286.631

30.000

8.598.924.000

CONCEPTO

COSTOS DE PRODUCCIÓN CULTIVO DE CACAO Vr. Unitario Unidad

Valor Total

Cantidad

PRODUCTOR

ALIADOS

MANO DE OBRA Socola y repique

Jornales

20.000

300.000

Trazado

Jornales

20.000

240.000

300.000 240.000

Ahoyado Transporte Material Vegtal del Vivero a la finca Transporte Material Vegtal de la finca al Sitio de Siembra

Jornales

20.000

280.000

Jornales

20.000

300.000

Jornales

20.000

300.000

Aplicación de materia orgánica

Jornales

20.000

180.000

300.000 180.000

Construcción de drenajes

Jornales Jornales

20.000

12 10 10

240.000 200.000

Jornales

20.000 20.000

Siembra Resiembra (Incluye transporte y ahoyado)

Jornales

20.000

200.000 680.000

200.000

Control de Malezas Aplicación de fertilizantes y cal dolomita

Jornales

20.000

300.000

Control Fitosanitario

Jornales

20.000

300.000

Cosecha Podas

Jornales

20.000

480.000

Jornales

20.000

24 15

300.000

21S

4.300.000

TOTAL MANO DE OBRA MATERIAL VESETAb Plántulas de cacao

Unidades

2.000

Resiembra

2.000

Plántulas de maderables

Unidades Unidades

Colinos de plátano

Unidades

1.600

1.000

TOTAL MATERIAL VEGETAL

680.000

INSUMOS Ca! Dolomita cacao

Kilos

340

241.400

Kilos

400

710 1.420

241.400

Abono Orgánico Cloruro de potasio

568.000

Kilos Kilos

1.700 1.700

50 50

85.000 85.000

85.000

Kilos

1.900

Sulfato de cobre

Kilos

15.000

28 4

53.960 60.000

Sulfato de zinc OXÍCJüí üTü de cobré

Kilos

13.000

52.000

Kilos

216.000

Sistemin

litro

lo.GGu 35.000

105.000

Fertilizante foliar

litro

25.000

3 6

216.000 105.000

150.000

Ridomil

bolsa

20.000

Triple 15 Boro

TOTAL INSUMOS OTROS COSTOS DIRECTOS Análisis de suelo e interpretado

análisis

100.000

240.000 1.856.360

85.000

240.000

TuTÁL OÍ S ü í CdíTus U í K E U OS

1.856.360

HERRAMIENTAS Machete

Unidades

15.000

Guadaña

Unidades

1.000.000

Limas

Unidades

5.000

PicayPalin Tijeras podadoras

Unidades

13.000

Unidades Unidades

65.000 200.000

Unidades

60.000

Bomba espaldera Desgarretadora

6.156.360

Asistencia Técnica

Visitas

307.818

Administración

Global

184.691

TOTAL

TOTAL HERRAMIENTAS TOTAL PRIMER AÑO

6.648.869 100

4.300.000

1.856.360 307.818 184.691

4.300.000 65

2,348.869 35

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FORO NACIONAL SOBRE EL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS1 La presencia perversa del narcotráfico con sus cultivos de uso ilícito y la alteración permanente de la economía, y la política, [ha llevado a que] muchos campesinos hayan tenido que entrar en la cadena de los cultivos de uso ilícito por falta de alternativas en el sector rural [...] Nadie puede negar que el narcotráfico es un factor que ha desestabilizado la vida de las comunidades con presiones, violencia y descomposición de las redes comunitarias (Episcopado Colombiano, 2012) La Iglesia Católica en Colombia reconoce el deber que incumbe al Gobierno de combatir los cultivos ilícitos y de cooperar con la Comunidad Internacional en la lucha contra el narcotráfico y la drogadicción. Pero, al tiempo, pone de presente que en los actuales y dolorosos casos subyacen graves problemas de carácter social, político y económico, relacionados con las precarias condiciones de vida que se experimentan y que exigen del Gobierno unas respuestas prontas, serias y continuas (Comisión permanente, 2012) No queda duda sobre los destrozos físicos y síquicos que causa el consumo de la gran diversidad de narcóticos en las personas. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, un 12,1 por ciento de los estudiantes de grado sexto a undécimo, declaran haber consumido al menos una sustancia ilícita2 o de uso indebido (UNODC, 2011). Deficientes condiciones socio-económicas, llevan a buscar la evasión que produce la droga o el atractivo rendimiento que encuentran allí los traficantes de las clases humildes (Episcopado Colombiano, 1984). El narcotráfico sigue siendo un verdadero "negocio de la muerte" en nuestra sociedad tan afectada por el microtráfico y por el consumo al que se inicia en forma cada vez más temprana (Episcopado Colombiano, 2012). En medio de esto, las comunidades rurales han generado organizaciones y propuestas muy valiosas para la construcción de la paz y para el desarrollo local y regional, 1

Este documento sintetiza los análisis y exhortaciones de los Señores Obispos de Colombia, tanto desde la Asamblea Plenaria como los comunicados de la Comisión Permanente. Para su elaboración, se tuvieron en cuenta los comunicados hechos desde 1984 hasta el 2013 sobre producción, comercialización y consumo de drogas ilícitas. Adicional a ello, la parte final del documento corresponde a la reflexión hecha por algunas comunidades acompañadas por la Pastoral Social Nacional, en el marco del proyecto de Construcción de Paz e Incidencia. 2 Incluye sustancias como: marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, LSD, hongos e inhalables.

asegurando su derecho a vivir en el propio territorio. Son variadas las experiencias de organizaciones comunitarias que ante las presiones, amenazas y ataques por parte de actores armados, han desarrollado propuestas para superar la situación y defender los derechos inalienables, el primero de ellos, su derecho a la vida. Las iniciativas de economía solidaria en el campo colombiano, están mostrando un modelo de desarrollo capaz de generar posibilidades de acceso a los servicios y en recursos para todos (Episcopado Colombiano, 2012) En este contexto, la Iglesia Católica de Colombia pone respetuosamente a consideración, de todos los constructores de la sociedad, las siguientes propuestas para proponer caminos de superación frente al problema de la producción, comercialización y consumo de drogas ilícitas, que partan desde3: 1. Incrementar decididamente las campañas preventivas. Hay que disuadir al joven de los ilusorios placeres de la droga y hay que enseñarle al campesino que no debe cambiar la siembra de cultivos benéficos por las deslumbrantes cosechas de hierbas que vendrán a envenenar a sus hijos y comunidad entera. El Estado debe ofrecer facilidades para la producción de alimentos y rotación en los cultivos. No basta destruir las hierbas malas, es preciso cultivar las buenas. 2. Compartir el compromiso del Gobierno y el pueblo colombiano de eliminar los cultivos de uso ilícito. Sin embargo, solicitamos la atención permanente para que la destrucción de dichos cultivos se realice respetando la salud de los habitantes de las regionales afectadas y el medio ambiente. La erradicación manual puede ser una buena solución. La población campesina debe involucrarse en programas de desarrollo integral y sostenible.

3. Brindar ayuda a quienes han caído en el consumo de drogas. Para ello, es importante apoyarse en diversos miembros de la comunidad y de organizaciones que les ofrezcan serias y bien experimentadas terapias individuales y grupales. Es importante estimular las instituciones que ayuden

Las siguientes propuestas fueron tomadas de: XLI Asamblea Plenaria: Pronunciamiento sobre drogadicción y narcotráfico y LXXV Asamblea Plenaria: La tierra: un Don de Dios. Tierra de todos, tierra de paz.

a salir de éste mal estado, y propiciarlas muchas más, pues son de todo necesarias en estos angustiosos momentos que vive nuestra sociedad. 4. Mirar la realidad de las regiones con el fin de asegurar que todas las comunidades logren los niveles de desarrollo que ha alcanzado el país. Se hace necesario subsidiar a quienes se han dedicado a los cultivos de uso ilícito para que los erradiquen de forma definitiva. Junto con lo anterior, la Iglesia Católica de Colombia quiere brindar la oportunidad de que algunas de las comunidades que se han venido acompañando en el deseo de buscar una solución al problema de las drogas ilícitas, expresen a través de este documento, las siguientes propuestas frente a programas de sustitución de cultivos de uso ilícito: 1. Sustituir consensuada y gradualmente los cultivos proscritos tales como la coca, la amapola y la marihuana, con la siembra de cultivos|lícitos como café, caña, maní, frijol, maíz, cacao, chontaduro, árboles frutales, hortalizas; cría de aves de corral, peces y ganado. Fortalecer los mercados campesinos se convierte en una apuesta importante para garantizar la comercialización y por ende la soberanía alimentaria de los y las campesinas de nuestro país. Para ello es importante la puesta en marcha de una estrategia integral para la comercialización de los productos, que contemple desde su producción hasta el transporte y venta. 2. Privilegiar aquellos proyectos productivos que impliquen la preservación de la cultura campesina, y tengan la capacidad de determinar las rutas pertinentes para la sustitución gradual de los cultivos. La sostenibilidad de estos proyectos, tendría su base en la creación de políticas públicas de orden nacional, departamental y municipal, que garanticen la gestión pública de los recursos. 3. Formar y capacitar a los campesinos para que puedan gestionar respuestas positivas a sus planes de transformación comunitaria. Se deben generar capacidades en las comunidades para autogestionar y garantizar la sostenibilidad de proyectos. A su vez, el Estado debería favorecer políticas públicas y planes de financiamiento, que les permita fortalecer las iniciativas

productivas bajo el método de "aprender haciendo", que permita el intercambio de experiencias entre la población campesina del país. 4. Conformar y reconocer zonas de reserva campesina que favorezcan acciones concretas frente a la problemática del sector agrario en Colombia. El gobierno nacional, departamental y municipal, debería garantizar la participación en la formulación y ejecución de planes de desarrollo integral para las comunidades campesinas. 5. Generar mayores espacios de participación en la caracterización del uso del territorio, principalmente, frente a políticas minero-energéticas, en aquellos territorios donde por décadas ha habido presencia de cultivos de uso ilícito. La paz es un anhelo constante en el corazón del hombre, es un don de Dios que debemos pedir y acoger en nuestra vida. Invitamos a nuestros fíeles y al pueblo de Colombia a orar y a hacer propia la causa de la paz aportando, cada uno desde su condición, los elementos requeridos para la construcción de un estado de derecho que permita la convivencia en la justicia, la solidaridad y la fraternidad (Cardenal Rubén Salazar Gómez, 2013) Oremos unidos por la paz, con fervor y convicción, invocando la bendición abundante de Dios sobre nuestra Patria.

O f\e^c | J | | p p C O L Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia

Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS Bogotá, septiembre 24, 25 y 26 de 2013 1.

Presentación

La Red Nacional de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base (en adelante "la Red") y el Espacio Regional de Paz del Cauca (en adelante "el ERPAZ")1, se hacen presentes en este Foro Nacional sobre el cuarto punto del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duraderas "Solución al problema de las drogas ilícitas: 1. Programas de sustitución de cultivos de uso ¡licito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de

La Red de Iniciativas y Comunidades de paz desde la base está presente en 12 de los 32 departamentos y está conformada por: 1. Asociación de campesinos de Buenos Aires (ASOCAB - Sur de Bolívar); 2. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN); 3. Asociación de Mujeres Sembradoras de Vida y Paz de Samaniego (Nariño); 4. Asociación de campesinos de Inzá Tierradentro (ACIT); 5. Asociación de productores alternativos de Simiti (ASPROAS); 6. Asociación de organizaciones de mujeres de Buenaventura; 7. Asociación de trabajadores Campesinos del Carare (ATCC); 8. Asociación de Juntas de Acción Comunal de Cartagena del Chaira, Caquetá (ASO-JUNTAS); 9. Asociación Regional de mujeres del oriente antioqueño (AMOR); 10. Asociación de productores para el desarrollo comunitario de la ciénaga grande del bajo Sinú (ASPROCIG); 1 1 . Asociación de Juntas Comunales del Alto Naya; 12. Asociación de Consejos Comunitarios del Río Pstía, sus brazos y la ensenada de Tumaco (ACAPA); 13. Comité de Cacaoteros de Remolino de! Caguán y Suncillas (CHOCÁGÜÁN); 14. Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA-FUNDECIMA); 15. Comunidad de paz de San José de Apartado; 16. Comunidades de autodeterminación, vida y dignidad del cacarica (CAVIDA); 17. Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); 18. Consejo Comunitario del rio Sanquianga (Nariño); 19. Consejo Comunitario Mayor del río Anchicayá; 20. Consejo Comunitario del rio Cajambre; 21. Consejo Comunitario del bajo Naya; 22. Consejo Comunitario del río Yurumanguí; 23. Consejo Comunitario Mayor de la OPOCA (COCOMOPOCA); 24. Coordinación de consejos comunitarios y organizaciones de base del pueblo negro del Pacifico Caucano (COCOCAUCA); 25. Foro Interétnico de Solidaridad Chocó (FISCH); 26. Iglesias Santuarios de Paz de Tierra Alta, Córdoba (CORSOC-ASVIDAS); 27. Proceso soberano y comunitario por la vida, la justicia y la paz de Micoahumado; 28. Red Mujer y Participación Política de Cundinamarca; 29. Unidad de Organizaciones Afro caucanas (UOAFROC); 30. Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA). Con el apoyo del Programa Suizo de Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL). El Espacio Regional de Paz del Cauca, está conformado por iniciativas de paz y organizaciones indígenas: CRIC, ACIN; campesinas: CIMA, MCC; de mujeres: Ruta Pacifica de las Mujeres regional Cauca, mujeres ACIT, Justicia y Paz, Corporación gestión y desarrollo, Fundetnlas y COMUNITAR: Afro descendientes: COCOCAUCA, UOAFROC; urbanas; ORDEURCA, CODESCO, SUNMCOL. Con el apoyo del Programa Suizo de Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL).

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. 2. Programas de prevención del consumo y salud pública. 3. Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos". Desde que se iniciaron los diálogos en la Habana, la Red y el ERPAZ han manifestado su beneplácito y su decisión de saludar, rodear y defender dicho proceso. Hemos solicitado que no se levanten de la mesa hasta lograr un acuerdo final para terminar el conflicto armado. De igual forma hemos expresado que no nos sentimos representados en la mesa y que el modelo de participación acordado es excluyente, aunque no por ello deje de tener validez y legitimidad. Sabemos que el camino para terminar con la guerra y construir la paz es de largo aliento, pasa por los escenarlos de diálogo y negociación entre las Insurgencias y el Gobierno Nacional, pero sobre todo se construye, se concerta y se legitima ampliamente, en los escenarios de construcción de paz del movimiento social popular y en las múltiples expresiones organizativas y de participación de la sociedad civil y en las regiones y territorios de nuestras comunidades. La Red y el ERPAZ han venido construyendo participativamente, un enfoque y propuesta de paz desde la base, a partir de las experiencias, vivencias y hechos concretos de paz, a pesar del conflicto. Dicho enfoque incluye una perspectiva diferencial, de género, multiétnica y multicultural de la paz vista desde el territorio. Respecto del tema que nos ocupa en este Foro, la Red y el ERPAZ consideran que después de más de 30 años de fracaso de la política antidrogas en Colombia, ya es hora que se tengan en cuenta las propuestas muy concretas que han hecho las organizaciones campesinas, afros, indígenas, mujeres y, en general los productores de hoja de coca/con e! fin de construir una política realista de manejo del problema. La solución al problema de los cultivos declarados ilícitos pasa por discutir y decidir políticas frente a las complejas dimensiones del narcotráfico en ¡os escenarios de paz con participación de la sociedad civil colombiana. Y al mismo tiempo aclarar, desde la perspectiva de Colombia en el marco del proceso de paz, cuál debería ser la responsabilidad internacional y cómo se debe actuar en relación con la política de cooperación.

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La Red y el ERPAZ consideran que en el centro de la discusión de este tema debe estar la relación y articulación entre drogas y conflicto armado y la transformación que el narcotráfico ha logrado en la institucionalidad y el Estado colombiano, creando un poder mafioso que ha llegado, como lo señala Garay a la "reconfiguración y captura del Estado". Pero de igual forma, la solución del problema, en el marco de una paz estable y duradera, debe estar necesariamente articulada a otros temas tales como: un cambio radical en la estrategia de remilitarización y plan consolidación que ha violado derechos fundamentales de las poblaciones; el tema del acceso a la tierra-reforma agraria integral; de los proyectos de vida de las comunidades, iniciativas de economía campesina propia y de los planes de desarrollo regional, construidos desde los enfoques y con la amplia participación de las comunidades, especialmente de las poblaciones (mujeres, afro, campesinas, indígenas) afectadas por las políticas represivas implementadas para enfrentar el problema.

2. Análisis del problema desde la Red y el ERPAZ

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base La biodiversídad cultural y agroecológica de las regiones de Colombia hacen que el fenómeno de comportamiento de los cultivos declarados ¡lícitos se manifieste de manera diferente y por supuesto sus opciones de solución deben de ser diferentes, asunto que no se ha aplicado todavía en el país, porque no ha habido realmente una implementación de solución diferenciada y mucho menos teniendo en cuenta las características étnicas y culturales de las comunidades locales. Para las organizaciones y comunidades que hacen parte de la Red y el ERPAZ, la relación entre el tema de las drogas y el conflicto armado se traduce en mayor afectación de sus derechos como población civil debido al control y disputa de los corredores de tráfico, establecimiento de redes y contactos, instalación de laboratorios de procesamiento, control de pistas, lavado de activos. Este control territorial alimentado con el flujo de grandes cantidades de dinero del narcotráfico, con presencia de ejércitos privados unido al control históricamente ejercido por las élites políticas regionales/tradicionales y por la alta militarización y políticas represivas desde el Estado ha entrado en confrontación con el ejercicio de autonomía por parte de las comunidades quienes consideran que esta problemática ha tenido tres consecuencias graves: 1) pérdida de la autonomía en. el territorio, 2) crisis de seguridad y soberanía alimentaria, y 3) el aumento de la violencia y conflictos con los actores armados en sus territorios. La autonomía sobre los territorios es tal vez el aspecto más resaltante de la problemática de los cultivos de uso ilícito cuando se establecen en territorios indígenas, afros y campesinos porque se pierde el control sobre el manejo de la cotidianidad, se pierden los valores étnicos y sobre todo se permea la cultura ancestral y las practicas comunitarias. La política anti-narcóticos de los Estados Unidos ha causado despojo y violaciones de derechos humanos, ha incrementado el tráfico de armas y ha aumentado violencia. No ha resultado útil en la disminución del cultivo de la coca ni en la producción de cocaína. Por otra parte, políticas económicas estadounidenses como la apertura del mercado y la implementación del Trato de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos y Colombia han impactado negativamente a las economías de pequeña escala, aumentando la vulnerabilidad económica y la dependencia de la cultivación de coca como fuente de ingresos, actuando en contra de las supuestas metas de la erradicación. Si bien es cierto que los Gobiernos y Estados tienen hoy mayor claridad y puntos en común sobre el diagnóstico del problema, como lo señaló el Secretario general de la OEA al entregar el informe2 "esta situación debe ser enfrentada con mayor realismo y mayor eficacia si queremos avanzar en soluciones efectivas" y con mayor claridad apuntó que "todos quienes tenemos responsabilidades en el ámbito público, le debemos a los millones de mujeres y hombres, de jóvenes y adultos mayores, de madres y padres, de niñas y de niños que hoy se sienten amenazados, respuestas claras y políticas públicas eficaces para enfrenar este flagelo".

Ver: OEA, El problema de las drogas en las Américas, 2013. Insulza señaló cuatro conclusiones: 1. Es necesario tratar el problema de acuerdo a cada realidad; 2. Los países con menos recursos y menor fortaleza institucional tienen más dificultades para hacer frente al impacto del narcotráfico; 3. El fenómeno requiere un enfoque de salud pública; y el enfoque del problema debe ser múltiple, flexible, comprensivo de las diferencias y debe contar con la unidad en la diversidad.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base El documento sobre "Escenarios 2013-2015, para el problema de las drogas en las Américas"', complementario al informe global, se describen cuatro escenarios cada uno con énfasis diferentes a saber: acento en el fortalecimiento institucional, ajustes en las normas legales y mecanismos de control y regulación, continuidad del fracaso de las políticas (ruptura) y un escenario de diálogo con las comunidades en la perspectiva de: "Programas para el fortalecimiento de las comunidades y el mejoramiento de la seguridad y la salud públicas, creados de abajo hacia arriba por los gobiernos locales, las empresas y las organizaciones no gubernamentales". Esperaríamos que los mandatarios y responsables de las políticas antidrogas coloquen atención a éste escenario. Reiteradamente y en múltiples espacios, las comunidades no sólo han construido el diagnóstico sino que han elaborado propuestas que no han sido escuchadas. Recientemente, en el una audiencia pública realizada en el Cauca3, las comunidades campesinas, mujeres, afros e indígenas expresaron: "Creemos que debe haber un enfoque de tratamiento estructural de la problemática. El 62% de la población estamos recuperando economías propias como alternativa a los ilícitos. Partiendo del problema de la tenencia y propiedad de la tierra. Seguimos manteniendo nuestra propuesta de plan de vida y ¡a movilización permanente. Proponemos discutir y concertar propuestas en tres niveles: 1. La recuperación y promoción de los usos culturales y tradicionales de la coca 2. Diversificación de los cultivos, en el marco de economías campesinas propias. 3. La sustitución gradual y concertada con garantías de ingresos y desarrollo agropecuario integral. Para ello señalamos una posible ruta de acción: Cultural; Hay que sustentar y defender con razones lo que hacemos y lo que producimos. Poder suplir las necesidades alimentarias locales antes que pensar en exportar, sin descartarlo. Metodológicamente; intercambio de saberes y experiencias que fortalezca nuestro territorio Político: reconocimiento como sujetos de derechos pues no queremos ser perseguidos, y seguir luchando por una reforma agraria integral Ambiental: reconociendo la riqueza natural y humana del territorio y la imperante concientización de los países en relación con la urgencia de una compensación ambiental. Económico: rechazo contundente al TLC".

En la misma audiencia el Gobernador del Cauca, intervino señalando que: "Los que vivimos aquí sabemos cuál es la dinámica de la coca, y sabemos que los campesinos no se hacen ricos con la coca, con la coca no se han beneficiado los campesinos, pero si es un medio de subsistencia ante situaciones difíciles. En el departamento del cauca estamos haciendo un esfuerzo para trabajar el tema del campo, hemos hecho varios foros, conclusiones: vivimos del café, hay que apoyar a los que cultivan esto, caña panelera y fique, leche y frutales; cualquier gobierno si quiere aportar realmente al campo debe apoyar estos cultivos, con un criterio, organizar el campesinado, para que se convierta en un interlocutor fuerte para negociar, exigir etc." 3

Audiencia Pública "Diversificación de la economía y dignificación de la coca", 26 de julio/2013. Gobernación del Cauca.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base 3. Impactos específicos para las comunidades y territorios Coiombia cuenta con un ecosistema "mega-diverso," hospedando aproximadamente 14% de la biodiversidad mundial4. La política antidrogas aplicada en Colombia ha sido un fracaso, además de causa un grave daño al ecosistema, porque no ha tenido en cuenta otros problemas estructurales, como la crisis agraria, la inequidad de un modelo de desarrollo que no es sostenible, la ausencia de una gobernabilidad ganada desde los procesos y no desde el ejercicio de la fuerza. Los ciudadanos colombianos y estadounidenses continuarán presenciando el despilfarro de significativos recursos en acciones que además de no mostrar sus bondades impiden el afianzamiento de la democracia y con ello la consecución de la paz en Colombia. De iguai forma, las regiones que albergan la riqueza de la diversidad colombiana seguirán padeciendo las consecuencias ambientales y sociales de esta estrategia que no hace otra cosa que fortalecer el negocio de la guerra, en el cual los que se lucran son ¡os fabricantes de las armas, químicos como el glifosato y aeronaves. La erradicación forzada de ios cultivos de coca, marihuana y amapola no puede continuar siendo parte esencia! de una estrategia de guerra para combatir parcializadamente a los actores armados y consolidar el poder de grupos ¡legales y organizaciones narcotraficantes, entronizadas en los poderes locales, en muchos casos, con el apoyo de amplios sectores empresariales nacionales e internacionales, y políticos. La política se ha centrado en perseguir las plantaciones y, con ello, al eslabón más débil de la cadena, integrado por campesinos, colonos, indígenas y afrocolombianos que deben dedicarse a su siembra para sobrevivir, ya sea ante las inadecuadas condiciones de vida o las presiones de los actores armados. Las aspersiones aéreas con glifosato desde 19925 y otros químicos incluida la propagación de plagas contra a hoja de coca bajo el nombre de "control biológico", están causando graves daños de tipo ambiental, cultural y social, violando disposiciones sobre seguridad ambiental y normas sobre manejo de herbicidas. Como consecuencia, las áreas de ilícitos se han desplazado a zonas ambientalmente frágiles tanto en el interior de la región amazónica como en las zonas de bosque andino y alto/andino, áreas estratégicas en la producción del ciclo del agua. Con ese traslado se han multiplicado los impactos ambientales6 y se ha agravado la problemática social ante el contundente hecho de que centenares de miles de colombianos derivan su ingreso de esa economía.

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Consultar: "Colombia Report.Convention on BiologicalDiversity"en http://www.cbd.int/countries/?countrv=co

Según Ricardo Vargas, la fumigación de coca y amapola entre 1992 y 1999 sobrepasó el equivalente a 230.000 hectáreas, esto es, se esparcieron más de dos y medio millones de litros de glifosato. 6 En sentido contrario, las comunidades que hacen parte de la Red y el ERPAZ, han protegido, en los últimos 3 años cerca de 32.000 hectáreas de tierra, en su mayor parte baldíos, del despojo y el abandono de más de 1 200 familias campesinas; se ha apoyado la titulación colectiva de 70.000 hectáreas de tierras en territorios étnicos y se han preservado más de 28.000 hectáreas de ciénagas, sabanas y playones comunales.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base Tras las fumigaciones, el aire contaminado, produce en la población dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, tos, problemas respiratorios, mareo, vómito, diarrea, conjuntivitis, dolor de huesos, alergias. La población ha expresado que luego de la fumigación, queda un olor a químicos en el ambiente. Los ríos también se han contaminado, y al carecer de agua potable o, por lo menos, entubada, obligadamente se utiliza el agua de los ríos para uso doméstico y para su baño personal, provocando enfermedades internas y a la piel. El consumo de agua del río contaminada por las fumigaciones constituye un ciclo de envenenamiento para las personas, animales y plantas. Se han presentado enfermedades desconocidas para la población y se puede observar daños sistemáticos en las personas como afecciones respiratorias, de piel, digestivas y nerviosas, sarpullidos, diarrea, problemas de visión y abortos espontáneos después de las fumigaciones. Los pobladores manifiestan que la intensidad de algunas de estas enfermedades no eran comunes en la zona y que después de las fumigaciones hay una propensión a enfermarse con mayor frecuencia. Tres meses después de las fumigaciones ía población más cercana mantiene síntomas de intoxicación crónica con señas de afección neurológica, problemas de piel y conjuntivas. En este sentido, en 2007, el Relator Especial en el derecho a la salud de las Naciones Unidas afirmó, "Hay evidencia creíble y confiable de que las fumigaciones aéreas de glifosato en la frontera entre Colombia y Ecuador perjudican a la salud física de la gente viviendo allá. También hay evidencia creíble y confiable que las fumigaciones aéreas perjudican a su salud mental. A veces helicópteros militares acompañan a las fumigaciones y la experiencia entera es aterrorizante, especialmente para los niños."7 Comunidades que hacen parte de la Red han documentado oleadas sistemáticas de fumigaciones por ejemplo de más de diez veces en un período promedio de dos meses. En cambio, sus propuestas para programas voluntarios de erradicación manual no son tenidas en cuenta Esta fumigaciones causan el despojo y desplazamientos de comunidades indígenas, afro-descendientes y' campesinos.8 Las fumigaciones aéreas siguen siendo aproximadamente tres veces más utilizadas que la erradicación manual. 9 Además, la erradicación manual no se concerta con las comunidades; se hace en el marco de la militarización incrementada de los territorios generando riesgos de seguridad cuando erradicadores manuales entran a las comunidades y por su presencia ponen a los habitantes en peligro de represalia de actores armados. Esta situación ha generado enfrentamientos y violencia contra los habitantes, especialmente contra las mujeres, muchas de las cuales reportan acosos y violaciones sexuales durante campañas de erradicación forzada.

Los programas de desarrollo alternativo ofreciendo substitutos para el cultivo de coca no han recibido recursos adecuados ni han sido implementados efectivamente. Mientras se invirtieron $1.2 mil millones USD en 7

"Human Rights and Drug Policy: Crop Eradication," Office of the High Commissionerfor Human Rights. http://www2.ohchr.org/enqlish/bodies/cescr/docs/nqos/IHRA Colombia44.pdf

Denuncias reiteradas de indígenas del Cauca (CRIC), campesinos del macizo colombiano y comunidades afro del pacífico (Valle y Cauca). 9

En 2011, 34.170 hectáreas de coca fueron erradicadas por medio de la erradicación manual forzada, mientras que 103.302 hectáreas fueron fumigadas'desde el aire. Ver: "Colombia Coca Cultivation Survey 2011", United Nations Office on Drugs and Crime, June 2012 at 76 and 79.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base fumigaciones entre 2000 y 2005, solo invirtieron $213 millones USD en programas de sustitución y desarrollo alternativo 10 . Además no se ha cumplido con los compromisos hechos con grupos campesinos y comunidades sobre los programas de substitución. 11 Del mismo modo, la política ha desplazamientos forzados de campesinos y otros habitantes del campo (Codhes, 2003), contrariando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas. Al respecto, ia Corte que "las actuaciones de las fuerzas militares o de policía y de los organismos de seguridad del Estado cuando le hacen frente a las conductas delictivas realizadas por los grupos armados, o cuando se adelantan procesos de fumigación y erradicación de cultivos ilícitos en lugares donde habitan personas que se ven avocadas a desplazarse" (Corte Constitucional, 2005). A esta conclusión llegó la Corte luego de analizar los casos de desplazamientos en los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca, Meta, Caquetá y Putumayo, zonas en las que se han aplicado el Plan Patriota, Plan Consolidación y programas de fumigación y erradicación de cultivos. En similar sentido, se manifestó el Relator de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos luego de su visita a Colombia: "las actividades relacionadas con el narcotráfico son otro factor del desplazamiento forzado, toda vez que este tipo de delincuencia está vinculado a la obtención del control sobre territorios y personas, o contribuyen a crear un clima general de violencia. La combinación de medidas de carácter militar y punitivo empleadas para erradicar el cultivo ilícito de plantas narcógenas, y las repercusiones negativas de la fumigación aérea en la seguridad alimentaria de las zonas afectadas, podrían acentuar el sentimiento general de inseguridad e indefensión que, a su vez, propicia los desplazamientos individuales y en masa".

Propuestas para una solución integral al problema

De acuerdo con el análisis planteado, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes que conforman la Red de Iniciativas y Comunidades de paz desde la Base y el Espacio Regional de Paz del Cauca, presentan las siguientes propuestas, en la perspectiva de contribuir a la ampliación y al fortalecimiento de iniciativas que ya vienen realizando las organizaciones de base en sus territorios y en cada una de las cadenas productivas; y, con la intención de aportar a una solución real al problema que permita la consolidación de la paz con justicia social: 4.1 Las políticas de solución al problema de las drogas y los cultivos de uso ilícito deben construirse bajo un enfoque de respeto y garantía a los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones y comunidades vinculadas a la producción de la hoja de coca. En tal sentido, es prioritario descriminalizar el cultivo y reorientar la política de militarización y de operaciones represivas contra las comunidades y sus territorios. Esto pasa por desmontar el actual plan consolidación.

"Alternative'development strategies in Colombia: The need to move beyond illicit crop spraying," Interamerican Assocíaticn for Environmental Defense. 2006. En: http://www.aida-mericas.org/ " Denuncias de campesinos del Cauca.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base 4.2 Parar de manera inmediata las fumigaciones. Esta es una condición necesaria para generar un ambiente de confianza entre el Estado y las comunidades y poder así desarrollar acuerdos para la implementación de alternativas viables y sostenibles en el mediano y largo plazo a ios cultivos ilícitos. 4.3 Fortalecer las iniciativas de economía propia, basada en semillas, tecnologías, procesos de transformación de alimentos autóctonos y mercadeo y comercialización colectivos que fortalezca los sistemas de producción que hoy se desarrollan en varias regiones del país y favorecer propuestas de etnodesarrollo y con enfoques Interétnico y e intercultural, en los que se incluya, efectivamente, las propuestas productivas alternativas, impulsadas por los grupos de mujeres. En este sentido, es necesario desarrollar una campaña nacional que reconozca ¡a "dignificación de la hoja de coca y del desarrollo alternativo". Estos planes alternativos deben apuntar a garantizar la autosuficiencia alimentaria y propiciar inversiones sobre aquellos cultivos que generen excedentes y tengan condiciones favorables para su comercialización. Para ello se debe partir de procesos de ordenamiento territorial y ambiental que determinen las condiciones biofísicas para la instalación de alternativas viables en el mediano y largo plazo. 4.4 Como alternativa frente a las fumigaciones químicas y biológicas se debe considerar el análisis de técnicas de erradicación manual siempre que ésta sea voluntaria, acordada con las comunidades, de carácter gradual y condicionado a la sostenibilidad de inversiones económicas en lo social y cultural. Se requieren acciones que contribuyan a generar tejido social, una ética fundada en el respeto por la vida y la dignidad humana y que promueva la creación de plenas garantías para la aplicación de una pronta eficaz justicia. 4.5 Conociendo que la mayoría de los cultivos de uso ¡lícito se encuentran en zonas de alta fragilidad ambiental, y que además estos territorios cuentan con una gran diversidad étnica y cultural, las políticas alternativas que se propongan deberán garantizar: los derechos de los pueblos indígenas, afro descendientes y campesinos de controlar y proteger sus recursos y conocimientos tradicionales; el derecho a la consulta y consentimiento previo e informado, sobre cualquier plan, programa o proyecto que se piense desarrollar en sus territorios; garantizar que los beneficios obtenidos por los desarrollos investigativos y el uso sostenible de la biodiversidad sean revertidos sobre las comunidades que habitan los territorios ambientalmente frágiles, con el fin de generar alternativas a las economías extractivas.

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4.6 Es importante realizar una actualización desde las regiones de las dinámicas y cambios que han ocurrido en la cadena productiva de la producción de la hoja de coca, que permita identificar los cambios ocasionados y los impactos socio culturales, económicos y ambientales que se han producido en los últimos 10 años en el país; para ello se plantea la realización de estudios subregionales en zonas históricas de producción que hayan tenido referentes serios de desarrollo alternativo. 4.7 Fortalecer el proceso de organización de las comunidades en el nivel municipal y departamental de modo que contribuya a concertar respuestas locales incluyendo la erradicación manual, gradual y con inversiones económicas y sociales que reconozcan la diversidad social, política y cultural de las regiones, así como sus planes de vida, de etnodesarrollo y del "buen vivir". En el caso del desarrollo alternativo, este debe

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base incorporar las perspectivas, intereses y cosmovisiones de las comunidades y sus formas de apropiación y manejo del entorno. 4.8 Cumplir de forma eficaz con la implementacion de los Autos 02, 05 y 06, los cuales ayudarán a mitigar los efectos del conflicto armado, de la violencia y demás conflictos generados por las políticas antidrogas, centra mujeres, niños(as), pueblos indígenas y afro-descendientes. 4.9 Fomentar la creación de eco-aldeas que estimulen las condiciones rurales para el "buen vivir". 4.10

Reconocer y reparar a las comunidades, organizaciones, mujeres y niños/as, que han sido víctimas de las políticas antidrogas, especialmente a quienes han sido afectadas gravemente en sus derechos a la aumentación y a la salud, por las fumigaciones indiscriminadas.

Atentamente, Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base Espacio Regional de Paz del Cauca Bogotá, Septiembre 24-26 de 2013

scs* PONENCIA SOBRE LA SOLUCIÓN AL CONFLICTO SOCIAL Y COCALERO DEL GUAVIARE Y SUR DEL META 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2013 FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS Años 50s violencia y exterminio de más de 300 mil colombianos, desplazamientos masivos del campo hacia los poblados y ciudades. Años 70s, re desplazamiento de las ciudades y del interior del País hacia las zonas de colonización, esto último ocasionado por los cordones de miseria que se viven en el interior del País y en las grandes ciudades. Con falta de opciones en estas regiones por parte del Estado, abandono y olvido en su mayoría solo encontramos la alternativa que nos brindaron los ingeniosos Gringos y Europeos, cual fue la fórmula para convertir la planta de coca en clorhidrato de cocaína, sumándole a eso que los principales beneficiarios de este negocio, han sido los grandes narcotraficantes, los industriales Nacionales y extranjeros, que producen todo lo necesario para el proceso y manutención de todos los involucrados directa o indirectamente en este modelo económico.

Con base en eso rechazamos las políticas de guerra que vienen implementando el gobierno nacional para la terminación del conflicto social y cocalero y que se remplace por políticas de inversión social buscando una salida política y negociada con el CAMPESINADO, como compatriotas, campesinos arraigados a la tierra como elemento fundamental para la producción y la generación de capital, reclamamos ante el estado y ante su gobierno, la sustitución gradual de los cultivos mal llamados ilícitos, mediante la generación de proyectos productivos que permitan garantizar la sostenibilidad socioeconómica de las familias campesinas del Guaviare y sur del Meta; por las razones anteriormente descritas, respetuosamente nos permitimos someter a su consideración las siguientes propuestas:

/ •

Para avanzar en este noble propósito y ante la voluntad campesina de involucrarse decididamente en los procesos de sustitución, es necesario precisar que el gobierno debe cubrir los costos de erradicación manual voluntaria mediante contratos otorgados a los

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poseedores de la tierra mediante acuerdos concertados con las organizaciones campesinas que los representan fijando garantías jurídicas y políticas que impidan el entorpecimiento de los procesos.(nuestro departamento posee una gran particularidad, de 55.550 Km2 de su territorio solo el 9.4% se encuentra sustraído de la zona de reserva foresta! de la amazonia, creada mediante la ley 2a de 1959; esta situación ha con llevado a que hoy se encuentre ocupado más de 600.000 hectáreas en reserva forestal con alrededor de 9.000 familias que ante las dificultades y costos en los sistemas de producción tradicional, el mal estado de las vías y debilidad institucional han con llevado a fomentar los cultivos de hoja de coca en

estas apartadas regiones del departamento como solución a un medio de subsistencia de las comunidades.

Proponemos al gobierno nacional, en virtud de su competencia y tal como quedara definido en su APP N° 85 del 15 de septiembre del año 2012 en la ciudad de San José del Guaviare, se avance de manera inmediata y urgente en el proceso de sustracción de la reserva Forestal y constituirla en Zona de Reserva Campesina, los procesos de titulación de predios, dentro de un programa denominado GUAVIARE Y SUR DEL META TIERRA DE PROPIETARIOS.

De igual manera y de conformidad con la ocupación de resguardos y Parques Nacionales, solicitamos que se defina una política de creación de territorio multiculturales y la legalización de los asentamientos campesinos dentro de parques naturales mediante planes de vida sostenibles que obedezcan a ecoturismo para estas familias, contando con el acompañamiento institucional de las entidades QUE COMPETAN CON LO RELACIONADO AL DESARRROLLO agropecuario. Para la ¡mplementación de proyectos productivos acordes a las condiciones agroambientales de la región. En términos generales se requiere de la voluntad decidida del gobierno central, para que permita la generación de un espacio para abordar los conflictos normativos que impiden a ios campesinos del Guaviare y sur del Meta, el acceso a la formalización de la tenencia de la tierra y al goce efectivo de ios derechos de los servicios del estado. •

La voluntad de contribuir la sustitución gradual de los cultivos de hoja de coca, por parte de la comunidad, surge de la decisión de los campesinos de diversas regiones del Guaviare, a raíz de la zozobra que viven los pequeños cultivadores y ante la visión de un país productivo y en paz, en el cual el Guaviare y el sur dei Meta no pueden ser ajenos a esta clara intención y a la posibilidad de construir el país que soñamos; además que en nuestra impronta de Plan de Desarrollo, Guaviare y sur del Meta se genera una visión unificada de cambio y reorientación de la actividad económica, que implica en primera instancia el apoyo mediante programas de seguridad alimentaria y segundo lugar la ejecución de proyectos productivos que se ajustan a la agenda interna de productividad y competitividad del departamento. / En el tema de seguridad alimentaria se requiere de maquinaria comunitaria por núcleos veredales para la transformación de productos agropecuarios como (trapiches, trilladoras, desgranadoras, planta de concentrados y tanques de enfrentamiento de leche); procesadora de lácteos con centro de acopios, precios de sustentación comercialización y mercadeo es necesario además el apoyo con piscicultura, pie de cría de cerdos con ganadería

semiestaulada y Asistencia técnica en todo lo relacionado con el agro. Sistema ganadero sostenible doble propósito, de acuerdo a las características agroecológicas de cada predio y a la vocación del pequeño productor agropecuario.

Como proyectos productivos planteamos el establecimiento de cultivos de yuca, plátano maíz, cacao, maderables, turismo de acuerdo a la unidad Requerida para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Complementario al tema productivo, se requiere fortalecer los procesos

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transformación de caucho y cacaqj Es imprescindible también en este mismo sentido, que frente a la margínalidad por la presencia de cultivos de hoja de coca, la presencia de grupos al margen de la ley y la insuficiencia fiscal de los entes territoriales, se implemente una política diferencial para ampliar plazos y fortalecer capacidades para el acceso a estos recursos públicos que se ofertan medíante convocatorias nacionales, convirtiendo al Guaviare por su características particulares en un piloto ejemplo de la Orinoco amazonia. Es fundamental de igual manera en el área ambiental generar opciones para la vinculación a programas del orden internacional y nacional de servicios ambientales que estimulen la conservación y protección de los bosques atravesó de las organizaciones que representen los campesinos de cada una de las veredas.

•

En razón a la voluntad comunitaria y al deber institucional del estado, mientras se inicia ia implementación de estos proyectos, se propone la suspensión inmediata de programas de aspersión y erradicación en las comunidades que se acogen al proyecto de sustitución gradual de los cultivos mal llamados ilícitos; en este sentido sugerimos que la inversión orientada a los procesos de erradicación y aspersión se inviertan en desarrollo alternativo. Con el fin de anular las afectaciones por las continuas equivocaciones en la aspersión aérea de cultivos de pan coger y proyectos productivos. Como garantía del proceso, se propone la creación de una mesa permanente de alto nivel que cuente con el acompañamiento de Naciones Unidas, veedurías internacionales que verifiquen el cumplimiento de los acuerdos pactados entre la comunidad y el gobierno

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nacional.

Esta propuesta busca que conjuntamente entre el estado y comunidad avancemos en la consolidación de un verdadero desarrollo rural integrado, medíante el mejoramiento de la calidad en los servicios de educación y salud, la oferta de una adecuada infraestructura vial y el servicio de expansión eléctrica .

En este punto dada la afectación del producido y la riqueza Nacional, rechazamos la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos TLC y con cualquier otro país, exigimos respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, la soberanía y dignidad de la nación.

fias comunidades campesinas, indígenas y afrodescedientes del Guaviare, respaldamos de forma categórica y decidida el proceso de paz emprendido en buena hora por su gobierno, por estos motivos le hacemos llegar lo que debe ser para nosotros el acuerdo de tierras y el desarrollo rural integral, concebimos el desarrollo rural integral como e! desarrollo de todas las actividades que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones campesinas en sus territoriosjy contenidas en los siguientes 13 puntos:

1. Exigimos promover la participación permanente y de las comunidades en el diseño, gestión y Evaluación de la política agraria integral. 2. Exigimos Promover el bienestar, el mejoramiento de la calidad de vida y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población rural. 3. Exigimos crear las condiciones para que toda la población rural participe equitativa e integralmente en la distribución de los beneficios de la sociedad. 4. Exigimos realizar el ordenamiento social y cultural de la propiedad privada previniendo la concentración de la propiedad de ia tierra en pocas manos afectando los grandes latifundios y grandes extensiones de tierra acumulada por los terratenientes, con el fin de aplicar sobre estos una equitativa distribución particular y social de la tierra, garantizado la función ecológica de la propiedad privada y el uso del suelo de acuerdo a sus características agrológicas, así como estableciendo instrumentos para que el estado promueva el acceso progresivo a la propiedad de la tierra dentro de la frontera agrícola para que las comunidades disfruten el derecho a la tierra, evitando éxodos masivos de población hacia reservas forestales, parques nacionales y demás áreas ecológicas protegidas. 5. Exigimos proteger, fomentar y apoyar la producción nacional de alimentos para garantizar la soberanía alimentaria y generar independencia del mercado internacional, incrementando la participación campesina en el abastecimiento alimentario nacional, facilitando la construcción y sostenimiento de redes urbano-rurales y regionales que fortalezcan el tejido económico interno, permitiendo establecer las condiciones para el reconocimiento de la importancia de la economía campesina y de este modo defenderla y desarrollarla. 6. Exigimos promover el acceso de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas y de los trabajadores y productores rurales a los servicios de crédito, comercialización de productos, asistencia técnica y empresarial, comunicaciones, seguridad social, vivienda, educación y salud, así como el fomento de las cooperativas agropecuarias y de la economía solidaria en general, con el fin de mejorar su ingreso y calidad de vida.

7. Exigimos recuperar para el país plena y sustentablemente la producción agropecuaria, agroindustrial y forestal. 8. Exigimos generar programas de investigación y transferencia de tecnología para mejorar la producción agropecuaria, conservando el medio ambiente y garantizando el acceso democrático a ios avances tecnológicos. 9. Exigimos establecer una política de créditos subsidiados y la financiación de la pequeña Agroindustria. 10. Exigimos defender y reconocer los derechos colectivos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescedientes. 11. Exigimos Aportar a la construcción de una paz duradera, con justicia social y al bienestar de la sociedad. 12. Exigimos proteger el medio ambiente y íos recursos naturales desde una visión que defienda la soberanía nacional y popular, reconociendo el papel del campesinado para tai efecto. 13. Exigimos armonizar las relaciones entre el campo y la ciudad y entre las regiones.

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1 ASI MISMO SUGERIMOS COMO DEBE SER LA SOLUCIÓN POLÍTICA AL CONFLICTO SOCIAL Y COCALERO.J Uno de los temas que se colocan como propuesta de discusión a la mesa - para contribuir a generar argumentos sólidos hacía una salida dialogada al conflicto social y armado que agobia a nuestro país- es el tema del conflicto social y cocalero, que desde hace casi 40 años padecemos una buena parte de los habitantes del campo colombiano. En primera medida, al conflicto social y cocalero debe dársele una solución política, económica, social y ambiental, en el marco de los eventuales acuerdo entre el gobierno, la guerrilla y los habitantes del campo, involucrados directos e indirectamente en el conflicto social y cocalero, Cuando hablamos del conflicto social y cocalero, es necesario comprender que su origen se remonta a los años 50s en que se presenta violencia y exterminio de más de 300 mi! colombianos, así como desplazamientos masivos del campo hacía los poblados y ciudades. Ya en la década de 1970, hay un proceso de re desplazamiento de las ciudades y del interior del país hacia las zonas de colonización, este proceso de colonización cabe tener en cuenta ocasionado por los cordones de miseria que se vivían en el interior del país y en las grandes ciudades. Frente a esta situación de abandono y olvido por parte del estado, las opciones de estas regiones marginadas fueron la alternativa que nos brindaron los ingeniosos norteamericanos y europeos, la cual fue la fórmula para convertir la planta de coca en clorhidrato de cocaína, sumándole a eso que los principales beneficiarios de este negocio, fueron y han sido los grandes narcotraficantes y los industriales nacionales y extranjeros, que producen todo lo necesario para el proceso y manutención de todos los involucrados directa o indirectamente en este modelo económico. Al conflicto cocalero, que tiene causas sociales y que el estado en franca obediencia a las imposiciones norteamericanas, le ha dado un tratamiento de guerra en casi 40 años de existencia (sin que por esa vía lo haya resuelto), proponemos una formula de 14 puntos, para que sirvan de

insumo en la mesa de discusión entre el Gobierno, la Guerrilla y nosotros las víctimas de este conflicto social y cocalero: ' 1, Que el método para superar este conflicto, obedezca a un Acuerdo entre el Estado, la guerrilla y el Campesinado involucrado directa o indirectamente en este modelo económico de subsistencia, sin la intromisión extranjera. 2. Que al generarse el Acuerdo entre las tres partes y se dé el cambio de la represión y la guerra por el acuerdo político, social y económico, se reflejen las considerables sumas de dinero invertidas para la guerra endémica, en la inversión de esos dineros en nuevos presupuestos que sirvan para financiare! gran proyecto de concertación para la sustitución gradual del mencionado modelo. 3. Que en lo relacionado con los dineros que deban canalizarse para la sustitución del modelo económico cocalero, el Estado elabore los planes de acción, en acuerdo con las comunidades objeto y las asociaciones campesinas del sector. 4. Que teniendo en cuenta que los alucinógenos y los narcóticos, perjudican a todos los países consumidores, que el Estado colombiano gestione ante ios afectados recursos, ya no para la guerra en contra de este modelo, sino para ejecutarlos en los planes de solución pacífica del conflicto. 5. Que para evitar la presión Colonizadora de habitantes de las grandes ciudades y del interior del país, el estado propicie en el interior del País, una verdadera reforma agraria con justicia social. 6. Que concordante con las reformas sociales en el interior del país, para continuar evitando la presión colonizadora, el estado haga una reforma urbana en favor de los cientos de miles de destechados que existen en los poblados y ciudades del territorio colombiano. 7. Teniendo en cuenta que las regiones marginales están compuestas por la frontera agrícola, la reserva forestal y los parques naturales, proponemos que para la frontera agrícola y la reserva forestal, la inversión estatal sea equitativa y sin discriminación, mediante la elaboración de dos polos de desarrollo: Para la reserva forestal, dicho polo debe de ir dirigido a la agro forestación, reforestación y sostenimiento de las fincas de los colonos, en plena armonía con el medio ambiente. Para la frontera agrícola, debe fomentarse la industria agropecuaria empleando las semillas nativas, en forma agro-tecnificada, en pequeña y mediana escala, en plena armonía con el medio ambiente, así como el fomento de talleres industriales, como complemento de la tecnología en las regiones involucradas. Solo así defenderemos la soberanía alimentaria. 8. Apertura y garantía de distribución y mercadeo para que haya estímulo real a la producción agrícola, y que el estado garantice el mercadeo de estos, a precios de sustentación. 9. Que el Estado construya y garantice una verdadera malla vial, para que se des embotellen las regiones objeto de este programa, igual proceder con la red fluvial y el transporte aéreo desde todas las regiones objeto. 10. Que en materia educativa el Estado genere una cobertura presencial acorde con las necesidades del plan sustitutivo, con énfasis agro-industrial, agro-ecológico y agro-forestal y demás

profesiones que estén acorde con las necesidades integrales de estas regiones y que los egresados tengan sentido de pertenencia en estas apartadas regiones. 11. Que el Estado construya una verdadera infraestructura hospitalaria, lo suficientemente dotada y acorde con las endemias del trópico, fomentando para ello la salud pública preventiva pero no privatizada. 12. Que para transitar de la guerra sucia a la limpia Paz, el estado garantice una real apertura democrática, para que los colombianos sin distingo podamos participar abierta y civilizadamente, en todas las formas de organización social y política, en igualdad de condiciones, poniéndole punto final a todo tipo de persecución de la que siempre hemos sido víctimas los campesinos colombianos. 13. Que para más seguridad de los diálogos que se están dando entre la Guerrilla y el Gobierno, y arrojen éstos un acuerdo que garantice el punto final a este conflicto, proponemos que al pueblo organizado se le tenga en cuenta para ocupar la tercer silla, ya que nosotros somos las víctimas y en el caso de una salida política favorable, seremos los principales beneficiados. 14. A las personas objeto de este acuerdo, que se encuentren judícializadas o condenadas, sus investigaciones sean prelucidas o en caso de condena se les indulte. 15. Las comunidades del departamento del Guaviare y sur del meta nos comprometemos al cuidado de los ecosistemas y medio ambiente, no tumba, no quema, no desforestación protegiendo el planeta para las nuevas generaciones por ello es necesario del apoyo decisivo del estado, de igual forma nos comprometemos con la sustitución gradual de cultivos ilícitos siempre y cuando se le dé una salida política y social no represiva ni militar al problema de cultivos, producción, comercialización y consumo de los estupefacientes

involucrando las potencias consumidoras

afectadas por este flagelo, mejorando la calidad de vida del campesino de estas tierras, el cumplimiento de estas propuestas sería una buena manera de empezar a construir la paz, dándole una salida política al conflicto social y armado que vive el país.

Cordialmente

CAMPESINOS INDIGENASY AFRODECENDIENTES DEL GUAVIARE, Y SUR DEL META

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PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PANELA DEL CAQUETÁ, ASOPANELA. FORO SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS Bogotá, Septiembre 24 de 2013 Propuesta a la mesa del subtema: • "Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por cultivos ilícitos". ANTECEDENTES: Las zonas de cultivos ilícitos generan e irradian unas transacciones económicas en el contexto cercano por ser lugares y poblaciones interconectadas y de vecindad, por lo que se debe tratar de dar soluciones a nodos focales de actividades complejas derivadas de los cultivos ilícitos. Es decir, los cultivos ilícitos generan actividades económicas y de poder compartidas en sus zonas de producción, y por tanto, la sustitución de cultivos debe ir no sólo a la siembra puntual, sino al contexto que irradia esa economía ilegal. Sobreponernos a la difícil situación del sector agropecuario del departamento, que muestra una tendencia al latifundio, con campesinos sin acceso a la tierra, al crédito y a la asistencia técnica; con comunidades caracterizadas por insuficiente visión y misión empresarial, atraso técnico y tecnológico, y una baja productividad generalmente enmarcada en procesos de tipo extractivo o de producción primaria. ^

PROPUESTA: Crear un Modelo Integral de Desarrollo Local de fortalecimiento de la economía campesina con proyección agroindustrial y tecnológico con protección y restauración

PANELA LIMPIA NATURAL Calle 18 No. 10 - 28 Centro Te!: 435 8690 - 310 5670139 E- MAIL- asopanela1@hotmail.com

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del piedemonte amazónico, y gradualidad del cambio de ocupaciones ilegales a legales. • Que se propicie en el Caquetá y la Bio-región Amazónica Una Década De Transición Económica con énfasis en una economía campesina. • Producción acelerada y de rápido crecimiento de alimentos, transformación y comercialización. • Protección a los productos locales y poblaciones productoras • Creación de Valor: valorar económicamente el patrimonio de las comunidades locales en el marco de los mercados verdes, biocomercio, libre comercio, etc. •

Capital ancestral (territorio)

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Capital cultural (cosmogonía)

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Capital natural

• Potenciar recursos humanos y económicos derivados de la informalidad • Transformación de productos (transición a la agroindustria) • Comercialización de productos locales: •

Mercados internos

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Mercados regionales

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Mercados de apuestas de exportación

RAZONES DE LA PROPUESTA:

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Se propone no estigmatizar la informalidad de sobrevivencia que se genera en las zonas de cultivo y en los lugares y poblaciones interconectadas y de vecindad al cultivo. Por ello, las fumigaciones no son la solución, pues el problema no es sólo la mata de coca, sino el contexto de falta de oportunidades, desigualdad y pobreza. La forma de fumigar la pobreza es con la asignación y distribución de recursos y un programa integral de desarrollo económico local. CONTENIDO DE LA PROPUESTA: • Fortalecer las organizaciones de base social y comunitaria rurales en los siguientes niveles: Primer Nivel. Fortalecimiento de las organizaciones y el desarrollo comunitario. Crecimiento hacia adentro de las organizaciones. Observar la composición familiar y las relaciones económicas. •

Segundo Nivel: Iniciar el tránsito al emprendimiento.

Tercer Nivel: Gradualidad del emprendimiento dentro de un sistema interconectado de eslabones de cadenas productivas zonales. Ejemplo: sitios de producción de leche y acopio (tanques de enfriamiento), quesos y transformación en derivados lácteos, articulados a redes de comercialización e infraestructura viai y de producción. CuartoNivel: Fortalecer niveles de empresariatísmo (formar pequeñas empresas).

Promover la creación de pequeñas empresas desde las asociaciones productivas, federaciones y organizaciones comunales, y "engancharlas" al sistema interconectadozonal de comercialización. Crear un ecosistema empresarial que robustezca las pequeñas empresas. •

Ideación y formulación de iniciativas o proyectos socioeconómicos. PANELA LIMPIA NATURAL Calle 18 No. 10 - 28 Centro Tel: 435 8690 - 310 5670139 E- MAIL- asopanela1@hotmail.com

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• Acompañamiento a la ejecución de los proyectos: sostenibilidad contable y financiera; asistencia técnica y formación de capital social a la empresa; estudios de mercadeo. • Ampliar la base del empleo con apoyo en recursos estatales en asistencia técnica y financiera a las pequeñas empresas locales.Subvenciones financieras. • Quinto Nivel: Fortalecer empresas más robustas (aún no son medianas empresas) amparadas en el ecosistema empresarial. Sexto Nivel: infraestructura. ACCIONES GUBERNAMENTALES NECESARIAS A LA PROPUESTA: • Que se articule y armonice la bolsa de los recursos que provienen del Gobierno Nacional, y los recursos de Cooperación Internacional, enfocados a proyectos que ataquen la pobreza y la desigualdad. • Optimización de los recursos en agendas comunes interinstitucionaies. • Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MODIFIQUE los índex o mediciones de competitividad para departamentos de periferia que están en condiciones similares al Caquetá (en atraso económico). o Las nuevas mediciones de competitividad deben permitir intercambios económicos de territorios afines (Zonas de Producción, Transformación y Comercialización) con características similares y beneficios tributarios y apoyo en recursos estatales en asistencia técnica y financiera a las organizaciones de emprendimiento y a las pequeñas empresas locales. Subvenciones financieras. Que el Ministerio de Trabajo MODIFIQUE las categorías de caracterización del empleo. Que se inserten nuevas categorías de caracterización del empleo en departamentos como Caquetá en concordancia con la realidad de la ocupación y la empleabilidad en el departamento y lograr que el Gobierno Nacional diseñe PANELA LIMPIA NATURAL Calle 18 No. 10 - 28 Centro Tel: 435 8690 - 310 5670139 E- MAIL- a8opanela1@hotmail.com

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programas más reales y ciertos al contexto el Caquetá, y perfeccione la asignación de recursos. Se propone: •

Gradualidad de la formatización del empleo:

El departamento no puede responder a ios lincamientos que traza el Ministerio de Trabajo como la "Calidad del Empleo" debido a la alta informalidad. En el Caquetá hay una fuerte "informalidad formalizada", de negocios y ocupaciones con alta participación de personas y hogares. Por ello se propone que existan renglones intermedios de caracterización y medición de esas ocupaciones y se propenda por su formalización en su contexto real, y no con los indicadores y las mediciones de capitales con mayor desarrollo económico y marketing de ciudad. Fortalecimiento de las ocupaciones agropecuarias e industrializadas: Equilibrar la demanda y expectativas de las ocupaciones que hace e incrementa el sector de hidrocarburos en el departamento. El cambio de usos del suelo y de las ocupaciones genera desequilibrios locales y es necesario incentivar la economía campesina o de alimentos. Componentes de la propuesta: Diversificación de la producción. Identificación de sistemas de producción y tecnologías locales. Flexibilizar el sistema productivo actual con nuevas tecnologías e incorporar nuevos conocimientos (optimizar recursos regalías Fondo CTel) Recuperación y restauración de áreas disturbadas (deforestadas)

Relacionar un diagnóstico integral del sector ganadero (pequeños ganaderos) con caracterización de la población en Necesidades Básicas Insatisfechas. Elaborar un Diagnóstico de las áreas disturbadas y la proyección del sistema de producción actual "depredadora" con la naturaleza por causa de cultivos ilícitos.

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Es decir, ver la proyección del bosque que se va a seguir tumbando de acuerdo a la tendencia del diagnóstico. Evaluación continua del impacto, monitoreo y seguimiento del sector ganadero y otros sectores productivos. Incluir en el Ministerio de Agricultura nuevas alianzas productivas como: Frutales amazónicos (diferentes a las príorizadas en las cadenas) Productos forestales no maderables del bosque.PFNM. • La producción maderera (en temas diferentes a las plantaciones, como extracción ordenada, estudios de nativas, enriquecimiento de bosques, etc.) • Hacer la identificación, valoración e inventarios de los bosques y cruzar la información con demandas del mercado. • Reforestación y protección de cuencas hidrográficas, con recursos y apoyo técnico de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, con un Plan de Mitigación y Recuperación de los predios deteriorados por tala, ganadería expansiva, deterioro por explotación minera. • Reforestación y recuperación de la biomasa. Generación de empleo a las víctimas y crear escenarios del postconflicto con trabajo para los desmovilizados y evitar el desplazamiento. PROYECTOS EN PERSPECTIVA: Procesos silvopastoriles y sanitarios en la producción ganadera. Carne en canal a través de un frigorífico. Industrialización de carnes (embutidos carnes sazonadas)

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Industrialización de la Leche y apoyo a la denominación de origen "Quesos Caquetá'. * Apoyo a campesinos con tanques de enfriamiento de leche, para evita su pérdida y/o venta a precios irrisorios ai intermediario. Producción de Farmacéuticos Aromaticultura Especias medicinales Producción y favorecimiento de granos y semillas Bálsamos y resinas Cosmetológicos Identificación de materias primas y sectores a fortalecer Mezclas de bases de cremas o grasas para el mercado Materias Primas básicas Perfumes Aceites esenciales Fijadores naturales Cremas y jabones ^

ELCIRA/lLANOS CARVAJAL Representante Legal

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PROPUESTA PARA LA SUSTITUCIÓN REAL DEL USO ILÍCITO DE LOS CULTIVOS DE COCA EN LA REGIÓN SUR ANDINO-AMAZÓNICA; PUTUMAYO, BAJA BOTA CAUCANA Y JARDINES DE SUCUMBIOS NARIÑO.

Los habitantes de la Región sur de Colombia, territorio andino-amazónico, hemos llegado unos y otros de distintos puntos de la geografía nacional, producto del desplazamiento, las consecuencias del conflicto social, económico y armado que vive el país; falta de tierra, condiciones económicas y sociales, el abaratamiento de la mano de obra en la ciudades y los contingentes de familias del campo desplazadas que se resisten a la mendicidad en las calles de la urbe, huyen a los bordes de la frontera agrícola, rompiendo montaña y estableciendo nuevas unidades del trabajo agrícola familiar, de esta manera ha sido poblado nuestro

Adicionalmente todas las políticas agrarias emanadas de perspectivas desarrollistas que propone el Gobierno Nacional, tienden a privilegiar escenarios agrícolas a grandes empresarios y no a los pequeños productores rurales, los cuales se enfrentan en un mismo contexto al latifundio, la industrialización de segmentos de la agricultura, sistemas agrícolas de monocultivos, la ganadería extensiva y por otro lado medidas aperturistas del comercio internacional como los Tratados de Libre Comercio (TLCs), que privilegian la importación de alimentos y las transformaciones en los patrones de consumo de alimentos en detrimento de la vocación agrícola, el trabajo y la cultura local y nacional, en donde la pequeña propiedad agraria no puede pensarse como vehículo de desarrollo rural. Entrados los años 80's, el auge del cultivo de coca toca las puertas de la amazonia. Cultivo de manejo sencillo y con paquetes tecnológicos de fácil acceso, con cortos periodos de cosecha, de trabajo familiar y por sobre todo con un mercado asegurado, hicieron de este la única opción económica real en una zona donde la precariedad de la infraestructura vial y de comunicaciones, la escasa inversión social, así como la ausencia de centros de comercio para productos alimenticios, consolidó el escenario propicio para la emergencia de una economía ilícita, así denominada por el gobierno, Fue así como la coca y su cultivo extensivo promovió la apertura de claros en las selvas, introdujo los paquetes tecnológicos con base en agroquímicos que alteran la estabilidad ecosístemica y otra suerte de "extemalidades" que hoy se entienden como graves problemas socio - ambientales, lo mismo que las medidas adoptadas, por la política antidrogas nacional y estadounidense, acompañado de una explotación petrolera, sin las medidas suficientes que mitiguen los impactos ambientales, ponen en riesgo la biodiversidad y la vida de las generaciones futuras en el Departamento, desarrollándose una economía de carácter extractivita, beneficiando a un mínimo sector de la sociedad y dejando consecuencias socio- económicas y ambientales nefastas para la mayoría de los pobladores de la región.

La política antidrogas adoptada por el país, se ha enfocado únicamente en Jas fumigaciones aéreas y la erradicación forzada como único método para la erradicación de los denominados cultivos de uso ilícito y por otro lado la militarización con estrategias como el Plan Colombia, Plan patriota y Plan Consolidación, que han generado una crisis humanitaria y ambiental sin precedentes en la Región. El gobierno pretende resolver esta problemática con programas asistencialistas impuestos sin ningún tipo de planificación y concertación con las comunidades, en lo cual han invertido miles de millones de pesos, io cual no na ¡ogratío acaDar con los cultivos ae coca, convirtiéndose en un total fracaso en esta región y en el país, y por el contrario se ha incrementando a un mas el conflicto social, económico y armado en todo el territorio. Es por eso que desde la MESA REGIONAL, de Organizaciones sociales y populares del Putumayo, Baja Bota Caucana y Sucumbíos Nariño, venimos trabajando en un proceso de unidad para planificar y buscar soluciones definitivas AL CQNFLICTO SOCIAL a causa del uso ¡licito de la hoja de coca, para lograr un desarrollo que este acorde a las necesidades de cada uno de los diferentes habitantes que integran este territorio; considerando que uno de los medios más urgentes que nos ayudan a generar la unidad y a construir un verdadero Desarrollo integral, se construyen con la participación directa de las comunidades, para tal fin proponemos la formulación y Ejecución del PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINO-AMAZÓNICO 2035, COMO UNA ALTERNATIVA A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA SOCIAL Y ECONÓMICO GENERADO POR EL USO ILÍCITO DE LOS CULTIVOS DE COCA, LA RECONVERSIÓN ECONÓMICA Y UNA PROPUESTA DE PAZ PARA ESTAS COMUNIDADES, en el cual una de sus prioridades es el establecimiento de sistemas productivos sostenibles para el fortalecimiento de la economía campesina, la soberanía alimentaria, la generación de ingresos y la asociatividad para la transformación y comercialización de sus productos, implementando un modelo de economía campesina que nos permita ordenar el territorio con enfoque de Derechos y solucionar la inversión social requerida para que las comunidades logremos superar la crisis económica, social, ambiental, política y cultural para alcanzar un buen vivir para los pobladores de esta Región del sur de Colombia, convirtiéndose en una política pública del país. Es importante resaltar, las características propias del territorio amazónico, teniendo en cuenta que el ecosistema amazónico es mucho mas sensible y frágil que la zona andina, por tanto, la aplicación de paquetes tecnológicos de la agricultura moderna (Revolución Verde) definitivamente no son viables, porque los fracasos son evidentes muy tempranamente.

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Pero esta propuesta no será viable si no se generan cambios en la política agraria y económica del país, con la participación directa de las comunidades, como también se debe frenar las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, la Suspensión inmediata y revisión de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, China y demás países. Reconociendo la presencia dé mas de 12 pueblos originarios en esta región, es necesario que se respete los usos y costumbres que estos pueblos tienen en torno a la coca. Por tanto, seria completamente equivocado e inaceptable pretender que los cultivos de coca sean completamente arrancados.

Esperamos que asi como el gobierno ha reconocido el daño causado al territorio ecuatoriano y sus pobladores, asi mismo, ha aceptado reparar dichos daños. De la misma manera exigimos, reparación integral e indemnización a todos los pobladores de la región afectados por la aspercion aerea con glifosato desde 1996. Finalmente concertar y firmar un acuerdo entre el gobierno y las comunidades, para la sustitución de los cultivos de coca, definiendo; compromisos de inversión, tiempos y porcentajes de disminución de los cultivos en un proceso que genere confianzas, democracia, respeto y cumplimiento a los compromisos pactados para lograr acabar con el uso ilícito de los cultivos de coca y superar las causas que llevaron a las comunidades a sembrarlos Con una veeduría internacional y acompañamiento de países amigos.

MESA REGIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE PUTUMAYO, BAJA BOTA CÁUCANA y JARDINES DE SUCUMBIOS NARINO. Martes 25 de septiembre de 2013.

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FORO NACIONAL- SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS LA COCA NO ES COCINA POSICIÓN DE ANUCUR:

Los diferentes gobiernos del Estado Colombiano, nunca han tenido una política de manejo integral del territorio nacional, ni tampoco del desarrollo rural en nuestros campos. Dentro de este marco, la política antidroga, diseñada e impuesta por los Estados Unidos, como por ejemplo el Plan Colombia de los últimos 12 años, ha sido un rotundo fracaso, que además ha causado profundos impactos negativos de tipo ambiental social, económico y sanitario, sobre los campesinos colombianos. El reciente acuerdo entre Colombia y Ecuador, en el que el gobierno de nuestro país reconoce los daños causados al medio ambiente y a pobladores campesinos del hermano país y se dispone a pagar una gruesa suma de dólares como indemnización a los campesinos ecuatorianos, es una prueba fehaciente del daño que producen las aspersiones indiscriminadas con glifosato, que no obstante se siguen utilizando a diario contra cultivos tanto lícitos como de uso ilícito en nuestro país. Queda en evidencia que el gobierno colombiano, se ve obligado a pagar por derechos violados a campesinos del vecino país, pero a sus propios campesinos, no solo no los indemniza, sino que por cumplirle a los intereses de los Estados Unidos, le sigue envenenando sus vidas diariamente. Las consecuencias ambientales y genéticas de esta tragedia van a ser desastrosas para el futuro de los campesinos, que ven conculcado por su propio gobierno su derecho inalienable a vivir en un ambiente sano.

PROPUESTA GENERAL DE SOLUCIÓN:. Desde la ANUC-UR, proponemos en el corto plazo, la erradicación de los cultivos de hoja de coca de manera, manual, gradual, voluntaria, con inversión social y subsidiada por 5 años y en el mediano y largo plazo el desarrollo libre con fines alimentarios y medicinales de los cultivos de la hoja de coca, porque sencillamente: LA COCA NO ES COCAÍNA. PROPUESTAS ESPECÍFICAS: 1-CIERRE DÉLA FRONTERA AGRÍCOLA. Y así evitar la expansión permanente

agrícola

^™ bajo el fenómeno de la colonización indiscriminada y la repetición de los ciclos de producción de los cultivos de coca y amapola, que además auspiciada por los latifundistas.

2-Programas sostenibles de adjudicación de tierras a colonos campesinos con plenas garantías de acceso

a los factores

de producción -semillas, créditos oportunos

flexibles , asistencia técnica con la aplicación de tecnologías adecuadas programas

integrales socioeconómicos : Vivienda digna ,educación salud con aplicación de los principios de reconocimiento, valoración, respecto protección por el aporte que el campesino hace al fortalecimiento y defensa de la soberanía autonomía y seguridad alimentaria. 3- Hacer efectiva la implementación de los programas de desarrollo alternativos con la concertación directa de las comunidades con condiciones efectivas de participación fortalecimiento organizativo y equidad de género. 4- Aplicar los principios de respeto, valoración con garantías de protección a la cultura y autonomía territorial. 5- Aplicación efectiva y asignación e inversión

de presupuesto para el desarrollo de

proyectos de vida y programas socioculturales ambientales y políticos, propios de la cultura campesina en el territorio nacional. 6- Que se haga efectivo los subsidios a los campesinos y campesinas por valores acordes a los requerimientos socioeconómicos y ambientales , por un tiempo no inferior

a los 3 años

teniendo en cuenta

a las familias

afectadas por las

fumigaciones y que hagan la erradicación voluntaria. 7- Aplicación efectiva e inmediata de salvaguardas a la producción y comercialización de la agricultura campesina, como política de Estado dentro de losTLCs. 8- Garantías

efectivas DE PROTECCIÓN a las comunidades en sus territorios,

considerándolos como patrimonio nacional. 9- Garantías efectivas en la aplicación de los proyectos, programas de diversificación de la

producción ,con respeto de la autonomía

campesina

y extractiva

permitiendo

y protección de la

economía

la aplicación de prácticas ancestrales

fortaleciendo de la vocación del uso de los suelos.

ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA UNIDAD Y RECONSTRUCION -ANUCUR

£ p Y^<S-V-V d i cM,

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FORO DROGAS Y CULTIVOS ILÍCITOS PNUD - UNIVERSIDAD NACIONAL Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2013 Cárcel La Picota ERON, Patio 11 POLÍTICA ANTIDROGA: Acabar con el negocio o Apoderarse de él Tal podría ser la reflexión, que nos deberíamos hacer cuando los gobiernos del país de norte, de manera sucesiva, atacan con erradicadores y glifosato, la producción campesina de la hoja de coca y marihuana; mientras que sus laboratorios, inundan el mercado de drogas sintéticas. Qué es lo que realmente les ofende y les preocupa?: la salud de sus connacionales o los pocos dólares que de éste lucrativo negocio, se escapan de las arcas de su sistema financiero y llegan a la economía colombiana. Todos estos años de aplicación de una errática política antidroga, demuestran que no se han hecho esfuerzos en la vía correcta de resolverlo; todo lo contrario, equivocación tras equivocación, el problema se mantiene, solo que trasladándose de un lugar a otro de ia geografía nacional. Garrote y zanahoria, represión, fumigación y erradicación forzada, combinada con programas de sustitución, todos ellos, fracasados. Pensar que un problema tan complejo y que trasciende nuestras fronteras, se puede resolver sin involucrar a la comunidad internacional, es por decir lo menos, un absurdo. Los colombianos, no debemos seguir aplicando una política antidrogas impuesta desde el Pentágono, no debe ser el gobierno Norte Americano el que defina, cómo entender y afrontar este problema. La solución debe ser soberana. Un balance necesario de hacer es el de qué tanto se ha lucrado la burguesía nacional, de este negocio?, ¿cómo y a qué sectores de la economía permearon estos dineros?, quizás ninguno o muy pocos estarán por fuera de este torbellino que envolvió y sigue envolviendo ai país. Si bien es cierto, la producción de hoja de coca encaja de manera perfecta en el esquema de las cadenas productivas del sistema capitalista, el campesinado, es el eslabón más débil de esta cadena, ha sido el más golpeado y el que menos se lucra "cultivar no es narcotraficar", la planta no es ilícita, ilícito o dañino puede ser el uso que se le dé posteriormente. Si logramos entender las razones por las cuales el campesinado se vio obligado a cultivar marihuana, coca y amapola, concluiríamos necesariamente que la solución

del problema pasa indispensablemente por cambios en la política económica y en el modelo de desarrollo rural colombiano. Reconociendo, como debemos hacerlo, que este fenómeno irrigó sus dineros al conjunto de la economía, mal podríamos pensar que la solución es solo erradicar o sustituir los cultivos, capturar narcotraficantes y extinguir el dominio de sus bienes. Si aún, siendo una economía ilegal, estos dineros lograron dinamizar otros sectores de la economía, generar empleo y aliviar la presión de los campesinos sobre las tierras, al interior de la frontera agrícola. ¿Qué propuestas tiene el Gobierno, para estos otros sectores y subsectores?. Es innegable, que una solución real debe ser integral Otro aspecto por demás curioso, es que los bienes de "proveniencia ilícita", se vuelven lícitos, engrosan las arcas públicas y sin/en para programas de reforma agraria, construcción de vivienda y financiación de otros programas estatales. No se parece eso mucho, a una doble moral del establecimiento?; sin dejar de mencionar que muchos de estos bienes han servido a muchos funcionarios del Estado y sus familiares para enriquecerse, configurándose un doble enriquecimiento ilegal. Tampoco debemos dejar de mencionar, que la política antidroga impueta por el Gobierno de los EEUU, realmente es una excusa para intervenir de manera directa y descarada en los asuntos internos de nuestros países; basta mencionar, Panamá, Venezuela y por supuesto Colombia, en donde con el pretexto de la lucha contra las drogas, interviene en el conflicto social y armado que vivimos los colombianos, desde hace más de cincuenta años. Si realmente queremos resolver el problema, deberíamos tener en cuenta que: -

Es necesario cambiar el modelo de desarrollo rural, por una que incluya a los campesinos, sus formas de economía y de producción Que la política antidroga, no debe ser impuesta por los EEUU o la UE, debe ser una política concertada con la comunidad internacional, con la sociedad colombiana, dándole un tratamiento diferencial, al cultivador, el traficante y el consumidor Debe concertarse con el cultivador, una sustitución gradual, en donde éste, participe en el diseño de la política y la ejecución de los programas y proyectos. Debe tener en cuenta, la integralídad de los sectores y actores involucrados; debe buscar finalmente, la industrialización con fines benéficos de estas plantas, aprovechando el sin número de bondades que poseen. COMITÉ PATRIÓTICO ERON PATIO 11 CÁRCEL NACIONAL LA PICOTA

LAS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA

(ZRC),

LOS CULTIVOS DE COCA,

EL TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS Y EL NARCOTRÁFICO: LA REGULARIZARON COMO SOLUCIÓN

La guerra antidroga en el país, se ha dirigido contra los campesinos

cultivadores

estigmatizándolos

como

delincuentes,

desplazándolos con fumigaciones y erradicaciones llevándoloa a la cárcel. Pero veamos cuales son los antecedentes del problema: podemos ubicar como causa original de la guerra colombiana es una tragedia recurrente de nuestra historia: la concentración de la propiedad de la tierra, antes solo representada por el latifundio, ahora también

presente

"modernas

racionales"

empresas

del

agronegocio y la explotación minero-energética, que no deben ser tan "eficientes", dado que parecen necesitar también del despojo recurrente de las tierras incorporadas a la frontera agrícola por los campesinos. Todo el escándalo reciente de la modificación a la ley de baldíos apunta a esto. Al reseñar el acuerdo del primer punto agrario en La Habana, El Tiempo destacaba: "el gobierno ha sido claro -y ayer lo reiteró- en que la propiedad privada legal no se tocará para la reforma agraria, independientemente del tamaño que tenga", mientras a renglón seguido aclara que para el "fondo de tierras" a constituirse, "no se ha

^™

considerado el latifundio legalmente adquirido", asumiendo así la oscura versión de que existen maneras legales de constituir un latifundio. El geógrafo ingles David Harvey, acuñó en el 2003, el término "acumulación por desposesión o despojo", y esto equivale a que desde fines del siglo XX, se acumula a partir del despojo de

sectores que antes de la era neoliberal le eran vedados al capital, estos sectores en el norte del planeta, históricamente eran manejados dentro de la economía estatal pública: la salud, la educación, la vivienda etc. es decir todos las áreas económicas, que han sido victimas de las privatizaciones. Pero en el sur del planeta además de los bienes del Estado, también quedan tierras donde aplicar la misma estrategia. Por eso lo que empezó con el discurso de calificar a las Zonas de Reserva Campesina como "republiquetas independientes", se ha convertido en la posición del gobierno cuando resguarda al latifundio y lo protege en los acuerdos de La Habana. Con la modificación a la ley de baldíos ahora vienen por más: ahora se haría legalmente lo que empezó con las masacres del paramilitarismo y el desplazamiento que estas generan, que siempre buscó la apropiación por grandes capitales de los predios creados por fuera de la frontera agrícola original, construidos por el campesinado en los baldíos recibidos de la reforma agraria desde los años 60, en los baldíos que entonces entregó el Estado, precisamente para eludir el reparto de las tierras dentro de la frontera agrícola. El capital nunca ha tenido escrúpulos o para re-editar sus orígenes sangrientos, o para con violencia o sin ella, establecerle relaciones de tributación a otras formas económicas, cuando descalifica y combate a las Zonas de Reserva Campesina, cuando pretende blindar al latifundio, lo que esta haciendo acorralar a los campesinos autónomos, hasta convertirlos en siervos del medioevo, por la vía de la "alianza del zorro con la gallina". Cualquier propuesta de sustitución de los ingresos de origen ilícito que los cultivos de hoja de coca producen en las áreas de bosque

húmedo, debe considerar estos antecedentes históricos y analizar la coyuntura y el entorno descritos. La aparición de los cultivos de coca en el Putumayo, el Guaviare o el Catatumbo data de los años 70 y 80 del siglo XX, y es consecuencia de tres factores: 1. El poblamiento de las regiones con campesinos desplazados desde la frontera agrícola, por el latifundio, por la guerra o llevados por la reforma agraria, ejemplos concretos provenientes de los valles fértiles del alto río Cauca, del Tolima o del sur del Cesar; 2. La apertura económica que desde los 80 empezó a hacer inviable la pequeña producción agropecuaria, situación agravada con la firma de TLC; 3. Unos suelos en su mayor parte con escaza capa vegetal y en consecuencia

mayoritariamente

baja

productividad;

incomunicación de las regiones, por la mala calidad de la vía principal, y la escases de vías de penetración, que aumenta la dificultad de comercialización para cualquier producto. Los 4 factores combinados implicaron que una mercancía que podía cultivarse en los malos suelos del bosque húmedo, que podía procesarse y sobre todo venderse en el mismo sitio llevara las de ganar, frente a aquellas resultantes de cultivos tradicionales conocidos de la agricultura de dentro de la frontera agrícola. Es clave entender que las características principales de la mercancía que llenó esos

campos, son en primer lugar sus aceptables rendimientos por hectárea en suelos malos, segundo el hecho de poderse procesar en el campo, y además la posibilidad de venderla en la misma región sin someterse a la tortura de las pésimas carreteras. El primer factor es productor del

insumo hoja de coca, y el segundo y el tercero son los que permiten la transformación hasta pasta básica de cocaína para el mercado. La mercancía que se procesa localmente y luego se tranza en los mercados de las regiones es la pasta básica de cocaína, no la hoja de coca, la cual no tiene uso comercial en la región, ni tampoco fuera de ella, por ahora solo ha sido el insumo para la producción ilegal. Además, la transformación local es condición necesaria para que llegue al mercado, porque las malas vías y la alta pluviosidad impiden el desplazamiento de la hoja de coca, producto natural perecible. No es correcto el planteamiento de que el procesamiento de la hoja de coca para producir pasta básica de cocaína es un acto obligado por guerrilleros y narcotraficantes, y que en circunstancias diferentes los campesinos seguirían trabajando cultivos tradicionales, las causas de la producción de la mercancía ilegal son económicas. Estamos ante un escenario de "tierras peores" en términos clásicos, tanto por la baja calidad de los suelos, como por el aislamiento físico de los mercados, son tierras que no tenían posibilidades de producir renta diferencial. En ese sentido la gran mayoría de las áreas cocaleras de Colombia, son territorios que solo pudieron incorporarse al mercado, gracias al cultivo de la hoja de coca, que hasta ahora se usa como insumo de la mercancía ilegal pasta básica de cocaína. Hoy también es jurídicamente incorrecto hablar de cultivos ilícitos, la ilegal es la mercancía, la pasta básica de cocaína. Varias sentencias de la corte han refrendado la legalidad de la hoja de coca, en su carácter de cultivo tradicional de los pueblos originarios andinos. La reincorporación del Estado Plurinacional de Bolivia a la Convención

Mundial de Estupefacientes el 10 de enero del 2013, después de declarar la incompatibilidad con su constitución, del artículo 49 de la Convención que prohibía el mascado (mambeo) de hoja de coca, así como su cultivo, le dan carácter internacional a la reivindicación de la planta. La condena a la hoja, tiene un origen racista y es independiente al tipo de uso que se le de, sin embargo ahora se adapta a las nuevas circunstancias y elabora una clasificación científicamente incorrecta, se habla de una planta "buena" para los usos tradicionales y otra diferente "mala" para producir la mercancía ilegal. Pero la planta es una sola, es la misma. El nivel de utilidad local de la mercancía pasta básica de cocaína, varía en las diferentes zonas productoras del país en función de los rendimientos de la hoja de coca por hectárea, del costo de los insumos agrícolas y sobre todo del costo de los insumos para la transformación desde el producto natural hasta el químico. En buena medida el precio de estos insumos para transformar coca en pasta, esta condicionados por la corrupción que genera su trafico de ingreso, negocio de los organismos de control del Estado. El uso alternativo que se de a la tierra, para ser sustentable debe lograr un ingreso igual o superior a los 20 a 30 millones de pesos anuales que se producen por hectárea en las zonas cocaleras. También hay que considerar la distribución del ^

ingreso en varias cuotas proporcionales repartidas durante el año, porque sabemos que en la escala de la economía campesina, es básico el flujo continuo del ingreso para el mantenimiento de las familias.

En los Planes de Desarrollo Sostenible -PDS de las ZRC en territorios cocaleros, no basta con ubicar hipótesis de cultivos de sustitución en genérico, hay que estudiar la agrología de los predios del bosque húmedo colombiano que ocupa hoy la coca, es decir la calidad de sus suelos; y debe quedar claro que no toda la tierra sirve para

los cultivos tradicionales

exitosos

los fértiles

valles

interandinos. Además de las diferencias de calidad del suelo, el factor de cercanía a los mercados es básico para la validación de las alternativas. De donde la calidad de las carreteras de interconexión con los centros urbanos, las vías de penetración y las políticas públicas que regulen y garanticen el mercado se vuelve factores productivos de primera línea. Respecto a los cultivos o zoocrías que se propongan como alternativos de sustitución, lo básico es que se consideren los PDS de las ZRC propuestas, teniendo claro que para validar estos no basta el argumento de que es lo que piden los cultivadores, este no es un problema de democracia, no porque los pidan la mayoría son alternativas de sustitución se vuelven factibles o correctas, tales propuestas tienen que ser pasadas por el tamiz de la agrología, la conexión, las políticas públicas de desarrollo rural y las garantías de mercado. Cualquier programa de sustitución, debe considerar a los seres humanos detrás del problema, los cocaleros que hoy producen coca como insumo de pasta, a lo largo y ancho de Colombia, una población cercana al tercio de millón de ciudadanos con sus familias necesita de la gradualidad para el proceso de sustitución de los ingresos

provenientes del producto ilícito, por ejemplo en el Catatumbo se ha fijado un horizonte de 10 años para ello. Otro elemento clave para asegurar la calidad de los nuevos productos alternativos que resulten, será la asistencia técnica a estos cultivos y zoocrías, y esto necesariamente debe convertirse en una política pública sustentable para el futuro de los territorios hoy cocaleros, es decir debe estar garantizada más allá de la coyuntura de la negociaciones actuales de paros o de la propia constitución de las ZRC. Los propietarios del saber y de la identidad de la coca, son los pueblos originarios de Suramérica, andinos y amazónicos. Esto está incluso reconocido por la sentencia 477 de la corte suprema, que la reconoce como patrimonio biológico y cultural de los pueblos indígenas de Colombia, en ese sentido un eventual uso alternativo de la hoja de coca para productos artesanales e industriales benéficos debe considerar una alianza productiva empresarial entre campesinos cocaleros e indígenas. Por lo anterior los programas alternativos a los ingresos ilícitos deberán, además, contemplar la elaboración de proyectos que apunten a la utilización de la propia hoja de coca como insumo para la obtención de productos elaborados de uso lícito. Para el efecto, un eventual uso alternativo de la hoja de coca para productos benéficos ^

debe considerar una alianza productiva entre campesinos cocaleros e indígenas, dados los avances jurídicos sobre el tema (sentencia 477 de 2011 de la Corte Constitucional y reserva boliviana sobre el artículo 49 de la Convención de estupefacientes de la ONU) y las perspectivas económicas de una eventual industrialización de la hoja de coca.

Como ANZORC, estamos abiertos a explorar este tipo de alianzas, y a incorporarlas en nuestros PDS, por ejemplo con las experiencias de procesamiento de la hoja de coca de los indígenas del Cauca. Una alianza de esta índole permitiría,primero desde el ángulo económico, apoyarse en el conocimiento tecnológico de las transformaciones legitimas de dominan los indígenas; y segundo desde el ángulo político, que los cocaleros de la regiones donde hoy se produce pasta básica de cocaína, respetaran a sus dueños legítimos y quedarán cobijados por el paraguas del uso licito y originario. Como ANZORC, estamos abiertos a explorar la posibilidad de aplicar en nuestro país la política pública de Control Social a la Coca que hoy ¡mplementa Bolivia, ahí en el ultimo año se redujo en 12% del área sembrada, en una labor conjunta con participación del Estado y de los campesinos a través de mas de 700 de sus organizaciones sociales de base y sin ninguna clase de violencia. En Bolivia se pacta entre campesinos y Estado, que áreas se destinan a los usos lícitos de la hoja de coca para productos alimenticios y medicinales (como los que aquí produce Coca-Nasa), y cuales áreas definitivamente se deben sustituir por otros cultivos o crías, para que la hoja

no se

desvíe al narcotráfico. En una Colombia en paz, el Estado y las organizaciones campesinas tenemos que llegar a reproducir este modelo. Con este horizonte planteado Anzorc comparte las propuestas de regularización y legalización de los cultivos de coca, las propuestas de regularización y tratamiento de salud pública al problema del consumo de drogas y la drogadicción, así como las propuestas de regularización

y legalización del uso de la cocaína como solución estructural al problema del tráfico ilegal de esta sustancia. Teniendo en cuenta que la sustitución de los ingresos derivados del cultivo de la hoja de coca deben ser un proceso social, estructural, gradual y concertado planteamos como inicio de la solución el cumplimiento de la ley 160 que garantice el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, el ejercicio de la territorialidad y el desarrollo rural a través de las ZRC. Para tal efecto se deberán constituir de un Sistema y un Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina para la concretar d: 1. El reconocimiento de las campesinas y los campesinos 2. Un nuevo modelo de Desarrollo Rural 3. La consolidación de la economía campesina 4. Un nuevo modelo de la explotación de los recursos mineroenergéticos y de redistribución de su renta 5. El reordenamiento territorial y ambiental del país Sobre el Sistema Nacional de ZRC - SNZRC Se conformará de un Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina que promueva la articulación de los actores involucrados, responsables, e interesados en el objetivo de propiciar que las zonas de reserva campesina se fortalezcan como instrumento de Reforma Agraria y de superación del problema agrario colombiano, dando lugar al despliegue de las capacidades y fines de cada uno de ellos, y, evitando la contradicción, duplicación, dispersión, y los vacíos en la política agraria que actualmente se presentan en las acciones del Estado en los niveles nacional, regional y local.

El objetivo del sistema es contribuir a la satisfacción de la integralidad de los derechos de las campesinas y los campesinos, la soberanía alimentaria del país, a la activación de las economías locales y regionales, la protección ambiental de territorios rurales colombianos, a través del pleno desarrollo de las zonas de reserva campesina de acuerdo a sus fines consagrados en la ley. El Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina estará integrado por las organizaciones campesinas que impulsan zonas de Reserva Campesina, sus formas de participación y planificación, la institucionalidad, la cooperación internacional, la academia y la empresa privada y de economía solidaria. El Sistema tendrá una Coordinación conformada por Anzorc y la autoridad de desarrollo rural, encargada de velar porque se dinamicen las relaciones entre los integrantes del mismo, en las oportunidades, temáticas y durante los tiempos pertinentes, convocando, haciendo seguimiento y proponiendo medidas de mejora pertinentes. El SNZRC estará contenido dentro del Plan Nacional de desarrollo con un articulado que lo contemple. Se creará una nueva institucionalidad para el desarrollo rural, la redistribución equitativa de la tierra, la asistencia técnica y el desarrollo técnico y científico para el agro, y la distribución de alimentos. Como parte de esta nueva institucionalidad se debe iniciar por: 1. Garantizar el acceso a 10 millones de hectáreas, en una primera fase, para la constitución y el impulso de nuevas ZRC como parte de un Fondo de Tierras. 2. Avanzar en la constitución de las ZRC como figuras territoriales con un nivel de autonomía que garantice el ejercicio de la territorialidad campesina frente a los intereses empresariales de petroleras, multinacionales minero energéticas y el agronegocio. 3. Crear un Fondo Nacional de financiación de territorios campesinos y de las ZRC que garantice la ejecución de los Planes de Desarrollo Sostenible y el Programa Nacional de ZRC.

4. Complementar estas iniciativas con la realización de un catastro especial para ZRC y con la nueva institucionalidad campesina que se requiere para hacer viables las ZRC y los territorios campesinos. 5. Sacar de las deliberaciones sobre ZRC y Desarrollo Agrario integral con enfoque territorial al Ministerio de Defensa. Sobre el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina PNZRC El PNZRC estará contenido dentro del Plan Nacional de Desarrollo con un articulado que explicite su papel y sus alcances. El PNZRC incluirá todos los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de la ZRC, así como todas la iniciativas y proyectos de las ZRC que están en proceso de constitución. El PNZRC financiará el funcionamiento del Sistema NZRC. El PNZRC será financiado bajo las siguientes modadlidades: Un porcentaje anual fijo del presupuesto nacional Un sistema especial de transferencias Un sistema especial descentralizado de regalías Otras rutas de financiamiento que se concerten dentro del SNZRC

Los ministerios de Hacienda, Agricultura, Salud, Transporte, Educación, Comunicaciones, Interior, Cultura.Ambiente y Vivienda deben incluir recursos para el financiamiento de los Planes de Desarrollo Sostenible de las ZRC. El PNZRC y SNZRC contarán con los documentos Conpes necesarios concertados con Planeación Nacional. ASOCIACIÓN NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA ANZORC Bogotá, Octubre 25 de 2013 íi

£ M £ A c i UV PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO: ACERCA DE LA ECONOMÍA ILEGAL BASADA EN REPRODUCCIÓN DE LA COCAÍNA Y LA NECESIDAD DE GENERAR UNAS FUENTES DE INGRESOS SUSTENTABLES Y SOSTENIBLES PARA ECONOMÍA CAMPESINA.

El problema de las drogas ilícitas es uno de los problemas globales incubado y sostenido por el sistema capitalista como una parte de su expansión planetaria, su diversificación, sus formas de dominación y de encadenamiento de áreas periféricas al mercado y a la geopolítica mundiales. Las economías ilegales han estado ligadas a formas diversas de la criminalidad y han sido enfocadas entre otros aspectos como pretextos de justificación del intervencionismo militar en la política exterior de los Estados Unidos. Lo que no se resalta suficientemente, de ordinario, es el vínculo slstémico del negocio capitalista de las drogas con los cambios tendenciales del capitalismo mundializado en el favorecí miento de la financiarización y su relación con la reprimarización económica en regiones y países periféricos. El narcocapitalismo, por ejemplo, no es entendible al margen de sus connotaciones criminales, estrechamente unidas a la complicidad de los aparatos del Estado con el narcotráfico, a la militarización en el tratamiento de los graves conflictos sociales, a los procesos desposesión y nuevas formas violentas de acumulación originaria. Este origen del problema en la raiz misma del sistema explica su amplitud y profundidad. En el caso colombiano, el tema cultivos de uso ¡lícito es sobreviniente, se inserta en una situación pre existente de acumulación y monopolio de las tierras más aptas, la expulsión de campesinos a los bordes de la frontera agrícola, la colonización de nuevas fronteras interiores, la urbanización forzada de la población rural y la violencia de Estado como acompañamiento definitorio de una forma histórica de ajuste estructural. En esta situación encuentran buena parte de su explicación los fenómenos de violencia a lo largo del siglo XX en Colombia. Como se explica también en parte el alzamiento armado como componente de las formas de resistencia de la población rural y del pueblo en general frente a las condiciones de injusticia, desigualdad y opresión que caracterizan a la sociedad colombiana. En cuanto a la producción de coca y cocaína en particular su origen son los excendentes de capital provenientes de otras actividades ilegales como la acumulación de tierras e inmuebles durante la violencia de los años 40 a 60, el contrabando de café, esmeraldas, mariguana y los recursos públicos expropiados por la corrupción de los gobernantes. El capital ilegal que importaba de otros países andinos la pasta base introdujo en regiones agrarias

de colonos pobres la opción de un cultivo, aclimatado y mejorado que les permitía a los labradores superar el umbral de la subsistencia. Esta situación encuentra su lógica en un país donde nunca existió una reforma agraria integral, donde además el Estado se desentendió del crédito, del apoyo al desarrollo rural o a la elevación de la calidad de vida del campesinado como elemento importante de la política pública. La imposición de la economía ilegal no nace del campo, le es impuesto desde el capital. El campesinado no puede ser culpabilizado unilateralmente de la expansión y complejización de la relaciones capitalistas de producción de cultivos y materia base para la cristalización de cocaína. El campesinado es fundamentalmente un instrumento de ese proceso. A su vez, la persistencia, la profundización, la ampliación de la guerra interior y la expansión de los espacios de actuación de las organizaciones insurgentes se desenvuelven en los marcos de esa base social y las correspondientes relaciones de explotación del campesinado por los narco capitalistas y traficantes. El fracaso en las políticas antinarcóticos y de erradicación de los cultivos tiene su raiz en que persiguen al campesinado y buscan castigarlo, sin ofrecerle alternativas a sus condiciones miserables de existencia. En contraste, tales políticas adelantan un pobre rastreo de los flujos de capital, de los lavados de activos, de sus vínculos con la corrupción en el manejo de los recursos y bienes públicos, de los paraísos fiscales, de la libertad de cambios y de los vínculos del capital dinero con el gran capital financiero e inmobiliario. Este enfoque clasista, invertido y perverso está íntimamente ligado a la política contrainsurgente del Estado y del imperialismo. Con ello el Plan Colombia ha permitido camuflar la guerra interna de contrainsurgencia como parte de una operación anti narcóticos y asegurar la militarización de la acción contra las drogas, subordinar a la fuerzas armadas y de policía al control en información, asesoramiento y tecnología por el Comando Sur y además otorgar bases militares en arriendo para tropas extranjeras en el territorio nacional.

La línea de territorialización de la guerra con el Plan de Consolidación y su variante reciente en el Plan Espada de Honor está vinculada a nuevas modalidades de expulsión campesina, reconversión de usos a favor de las transnacionales del sector minero energético, reestructuración del capital a través de la legalización de tierras y baldíos adquiridos fraudulentamente, extranjerización del mercado de tierras. Las publicitadas bondades de las Ley de tierras y víctimas en materia de restitución, en contraste con el calvario de los reclamantes asesinados y amenazados, la resistencia del gobierno en el proceso de diálogo de La Habana a aceptar la necesidad de una reforma agraria integral como elemento estructurante del pre acuerdo sobre el primer punto de la Agenda o la

pretensión de imponer el Pacto Agrario como ratificación simple del modelo del Banco Mundial, incripto en el Plan Nacional de Desarrollo, muestran la distancia del régimen frente a una visión realista de la situación que implica también a la búsqueda de alternativas a los cultivos de uso ilícito. En consecuencia, la mira principal de una política correcta es la de establecer las garantías y las condiciones materiales, culturales, de créditos y de asistencia por parte del Estado para el campesinado pobre, los campesinos sin tierra; el apoyo al campesinado medio, a los pequeños y medianos empresarios agrícolas; como sectores sociales prioritarios para la política agrícola enfocada a asegurar la soberanía alimentaria de! país y la producción dirigida de materias primas. La reforma agraria integral es la clave en la batalla por superar los cultivos de uso ilícito. Los elementos legales existentes enmla Ley 160 de 1994 deben preservarse, a saber: las zonas de reserva campesina, como espacio de reagrupamiento, organización y unidad productiva rural con el apoyo principal del Estado; la UAF como criterio esencial en la consideración del contenido social de toda forma de redistribución de la propiedad del suelo rural; la consulta previa a las comunidades indígenas, afro (como establece la Constitución) y agregar también a las campesinas con relación a la decisión sobre el valor de uso del suelo y el subsuelo, en particular frente a los mega proyectos minero energéticos o agro industriales (altillanura). Planteamos que el actual Proceso de paz ayuda a desnarcotizar la producción de coca y su tratamiento militar. Permite buscar nuevas vías donde comunidad, territorio y economía sean la trilogía que ayude a construir programas de fuentes de ingresos basadas en nuevos procesos de industrialización, sustentables y sostenibles, que no afecten el ecosistema y reivindique el carácter benéfico de la producción de coca, como materia prima para productos de alto beneficio para la Humanidad, alternados con otros procesos. PROPONEMOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS EN LAS REGIONES SOBRE EL SUBPUNTO 1 . 1 . P R I O R I D A D : APOYO A LA POBLACIÓN RURAL. 1 . 1 Promover la elevación de la formación educativa y cultural para el conocimiento de las potencialidades regionales y locales orientadas a la producción.

1 . 2 Apoyo a la organización de la población rural, al mejoramiento de sus condiciones de vivienda, de salud y educación, al acceso a los servicios, al transporte y a las comunicaciones (TIC). 1 . 3 Acceso al crédito blando por parte de los campesinos, bajos intereses y pagos a largo plazo, seguros, inversión en la investigación y alta articulación de la academia con los problemas de CTT ligados al sector agropecuaria (preservación de la soberanía alimentaria). 1 . 4 Creación de canales de almacenamiento y distribución óptimas para la comercialización; donde el Estado invierta a fin de asegurar el proceso de industrialización de la economía campesina.

2 . CONSTITUCIÓN DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINAS. 2 . 1 Establecer un Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesinas como una de las formas de sustituir los cultivos o reconvertir su uso ilícito en lícito con el apoyo del Estado. 2 . 2 Elevar la capacidad de organización AUTÓNOMA del campesinado, para que asuman la dirección y conducción de los procesos; lo cual requiere de reformar el Estado y democratizar la participación directa del campesinado en los espacios de decisión.

3 . MEDIDAS DE POLÍTICA PÚBLICA RURAL. 3 . 1 Reordenamiento territorial para la productividad agropecuaria, teniendo en cuenta las relaciones entre comunidad, ecosistema, cultura y territorio. 3 . 2 Elevar el presupuesto general de la nación a favor de la economía rural, que lo saque de su baja dimensión y lo eleve, bajando el porcentaje dedicado a la represión y el aparato militar 3 . 3 Programas dirigidos de reforestación y preservación de las fuentes hídricas en acuerdo con las organizaciones rurales. ^

4 . SUSTITUIR POLÍTICA ANTI CAMPESINA POR POLÍTICA ANTI MAFIA. 4 . 1 Establecimiento de un Plan Nacional e Internacional Anti Mafia con base en el seguimento de los capitales ilegales provenientes del narcotráfico a lo largo de los circuitos de producción, transporte, comercialización, lavado, inversión financiera e inmobiliaria y/o expatriación. Destitución y proceso penal

a funcionarios y miembros de los poderes públicos (ejecutio, legislativo y judicial) vinculados a alguno de los eslabones de la cadena mafiosa.

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

Bogotá, septiembre 24 de 2013

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La ONIC le habla al país y a la comunidad internacional sobre la paz y el problema de las drogas Bogotá, septiembre 24 de 2013 Esta ponencia sintetiza múltiples pronunciamientos de la Organización Nacional Indígena de Colombia y de sus organizaciones filiales sobre el tema que hoy se debate en el Foro: "Solución al problema de las drogas ilícitas", convocado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Pensamiento y Seguimiento del Proceso de Paz de la Universidad Nacional de Colombia en el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La coca es una planta sagrada. Es la expresión de la cultura propia, consejo sabio del chaman en la maloca amazónica, palabra orientadora de los mamos en la Sierra Nevada de Santa Marta y reafirmación de lazos comunitarios por el Jaibaná y el Tehuala de nuestras cordilleras andinas. La coca es un ser espiritual y es nuestra madre. Su transformación química en laboratorios mimetizados en las selvas y su posterior comercialización en ciudades de Norteamérica o Europa, no corresponde a nuestras prácticas, ni costumbres; la destrucción indiscriminada de las plantas a nombre de la lucha contra el terrorismo o por la supuesta perversidad de sus principios activos vegetales, es una afrenta a la Naturaleza y a nuestras identidad milenaria. Sobre el narcotráfico Para el movimiento indígena, el narcotráfico es una expresión perversa del mercado capitalista que utiliza plantas con propiedades visionarias, medicinales y nutritivas para transformarlas en sustancias químicas concentradas que demandan millones de consumidores en los cinco continentes. Esta actividad económica resulta muy atractiva para este tipo de empresariado criminal, gracias a los precios exorbitantes que alcanza, no por los costos de su producción, sino por los riesgos que deben sortearse hasta llegar al consumidor final. Ya casi nadie niega que el secreto de la rentabilidad del narcotráfico está, precisamente, en su ilegalidad.

Si esto es así, los aquí presentes deberíamos preguntarnos, con toda sinceridad, hasta donde un proceso de paz que no incluya una reformulación a fondo de la política antidrogas podrá acabar con los incentivos que empujan a muchos colombianos a involucrarse en uno de los negocios más lucrativos a nivel planetario. Los indígenas no tenemos la respuesta definitiva. Pero si estamos convencidos de que todos los sectores sociales afectados no solo por el narcotráfico sino por la "guerra contra las drogas", debemos proponer soluciones certeras que nos impidan caer en los mismo errores cometidos por los Estados. En un fenómeno transnacional como este, los indígenas hemos comenzado a mirar más allá de nuestros resguardos para referirnos a asuntos de la política y la economía globales que afectan, directa o indirectamente, a nuestras comunidades y a la sociedad colombiana de la somos parte.

Colombia tiene una larga relación con la producción y comercialización de marihuana, clorhidrato de cocaína y heroína, sin que hasta ahora pueda afirmarse que dejamos de ser una pieza central en el engranaje mundial del narcotráfico. A lo largo de cinco décadas hemos presenciado el surgimiento de poderosos carteles y su desestructuración en decenas de organizaciones criminales desperdigadas por todo el país; cientos de traficantes grandes y medianos extraditados pero reemplazados por otros tan avaros y violentos como ellos;

toneladas de cocaína y millones de narcodólares incautadas cuyas pérdidas se recuperan en el precio de los cargamentos que logran expenderse. Es tan jugoso el negocio, que estos golpes son un rasguño en el torrente de divisas que se lavan en la economía legal y se legitiman en el sistema político, donde se ocultan buena parte de los responsables de la vitalidad del narcotráfico. Develar estos vínculos es necesario para construir la paz. Sobre los cultivos Muchas de las realidades del mundo de las drogas son muy lejanas a nuestra vida como indígenas. Otras, como la siembra de coca, amapola o marihuana por campesinos, afrodescendientes e indígenas son más cercanas porque compartimos la vida y los territorios rurales. Resulta difícil negar que la mayoría de quienes cultivan estas plantas son parte de los productores agrícolas que se manifestaron en el paro agrario nacional del mes de agosto contra una de las peores estructuras de desigualdad rural en América Latina, así como en rechazo de políticas de libre comercio que arrasan los cultivos campesinos por los bajos precios de importaciones agrícolas subsidiadas en los países de origen. En este punto, la 0N1C formula una segunda pregunta a los asistentes a este Foro: ¿que asidero puede tener una política de sustitución de cultivos, cuando la política agraria se encuentra atada a los acuerdos de libre comercio y cuando todos los días nos recuerdan que el modelo económico vigente no se someterá a la discusión ni en La Habana, ni en nuestro país, entre otros razones porque los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio son superiores a nuestro ordenamiento jurídico? En su momento, el movimiento indígena se manifestó contra los tratados de libre comercio, y en 2005 realizó una consulta autónoma sobre el TLC entre las comunidades indígenas del departamento del Cauca. Según el más reciente reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado [UNDOC], 60.000 familias rurales viven actualmente de la agricultura proscrita por el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Contrario a lo que puede creer la opinión pública, un cultivador de coca recibe $2'350.000 promedio anual por cultivar una hectárea e coca, equivalentes a escasos $195.000 mensuales, y una familia de cinco miembros la suma de $11700.000 anuales por hectárea de coca, apenas suficiente para garantizar el mínimo vital para reproducirse. ¿Por qué, entonces, los agricultores deciden involucrarse con los cultivo de uso ilícito, a pesar del gramaje por pagar a todos los armados o los riesgos de la violencia, la erradicación forzosa y la cárcel? La protesta del Catatumbo nos dio recientemente la respuesta: el kilo de hoja de coca fresca o de pasta básica de cocaína se vende a los intermediarios en la finca o en el pueblo más cercano, sin someterse a trochas tortuosas que aumentan los costos de transporte y vuelven poco competitivos los productos agrícolas. El panorama es más difícil en el caso de comunidades indígenas con vocación agraria, muchas de ellas distantes de las vías de acceso y los mercados. Según el último reporte de Naciones Unidas, en 2012 se cultivaron 48.000 hectáreas de coca en 23 departamentos del país, de las cuales el 53% se concentró en Nariño, Putumayo, Cauca y Norte de Santander. De ese total, 6000 hectáreas se encuentran en territorios indígenas, más de la mitad en la región pacífica y un 34% en los resguardos de la Amazonia y la Orinoquia colombianas. Si bien en algunas comunidades pueden existir motivaciones económicas para procurar ingresos monetarios con que adquirir bienes básicos en el mercado, otros factores inciden en la presencia de los cultivos de uso ilícito en nuestros

territorios, entre ellos la presión de actores armados para sembrar y la invasión de áreas que no alcanzamos físicamente a controlar. Con violencia e intimidación se aseguran también corredores para el tránsito de drogas e insumos, como sucede en otras regiones donde no hay presencia de comunidades indígenas. Sobre las soluciones sostenibles Si la producción de materia prima para los narcotrafícantes es una falsa solución entre los indígenas, en tanto esos ingresos llegan acompañados de ruptura del tejido familiar, pérdida de valores, ingobernabilidad y desobediencia a nuestras autoridades tradicionales, cuáles soluciones sostenible debemos proponer en este foro? Los pueblos indígenas viven en territorios ricos en biodiversidad y recursos naturales que pueden protegerse mediante procesos participativos de reordenamiento, conservación y restauración de los ecosistemas afectados por los cultivos de uso ilícito, el procesamiento químico y las fumigaciones aéreas. No nos parece utópico pretender vivir con dignidad, además de la agricultura propia, del reconocimiento de estas funciones ambientales que hemos sabido aplicar durante siglos. Por esta razón nos preocupa la redacción del punto 4 de la agenda de negociaciones entre el Gobierno Santos y las FARC, donde se da a entender que la sustitución de cultivos ilícitos por lícitos es casi que la única salida, sin que se dimensione la vocación del suelo, la localización central o periférica de las comunidades, sus culturas o las aptitudes de sus gentes. Como lo señaló ayer Ricardo Vargas en el periódico El Tiempo, volver a proponer proyectos productivos comerciales en las puntas de colonización o en territorios alejados, es repetir una vez más las falsas promesas del desarrollo alternativo. Los usos benéficos de la coca pueden ser una opción económica y un puente de relación intercultural con la sociedad colombiana. Sobre la política antidrogas Un proceso de paz debe abordar también el tema de la política antinarcóticos que en nuestro país se aplica bajo enfoques eminentemente represivos. Si bien la lucha contra el narcotráfico es un imperativo estatal, los distintos gobiernos la han realizado a costa de las garantías democráticas de los colombianos, de los derechos económicos, sociales y culturales de los campesinos y de los derechos colectivos diferenciales de pueblos indígenas y las comunidades negras. Con la misión de erradicar la oferta de drogas, el Estado Colombiano concentró sus esfuerzos en la destrucción de los cultivos, mediante campañas sistemáticas e indiscriminadas de fumigaciones aéreas con agrotóxicos y más recientemente con erradicaciones manuales forzosas que castigan desproporcionadamente a la población rural.

Los indígenas conocemos las fumigaciones desde 1988 cuando de manera ilegal se asperjó con paraquat, la marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta, un potente herbicida prohibido en los Estados Unidos. A pesar de la Sentencia de la Corte Constitucional del 2003 que tuteló los derechos de las comunidades indígenas amazónicas contra las fumigaciones del Plan Colombia, y de los esfuerzos de autoridades indígenas por controlar las siembras no deseadas o la instalación de cocinas y laboratorios en nuestros resguardos, las fumigaciones aéreas se siguen realizando con la misma agresividad de siempre. Los cientos e incluso miles de denuncias por afectación a los cultivos lícitos, las fuentes de agua, la biodversidad y la salud de nuestras mujeres, ancianos e infantes, se amarillan en los archivos de las Personerías Municipales y la Dirección Nacional de la Policía Antinarcóticos, sin que nadie asuma responsabilidades serias al respecto.

En la ONIC seguimos recibiendo estas denuncias. Tan solo en el primer semestre del 2013, se reportaron fumigaciones en resguardos Nambi Piedra Verde y Pipalta Palvi del pueblo Awa en el departamento de Nariño, en el resguardo Joaquincito del pueblo Siapidara en el departamento del Valle del Cauca y de manera inclemente sobre los resguardos embera de Uradá - Jiabandó en el departamento del Choco. Estos hechos nos obligan a cuestionar la seriedad de la tan anunciada reformulación de la política antidrogas del presidente Santos, quien propone legalizar el consumo de la marihuana mientras guarda silencio frente a la problemática social de los cultivos. Como su antecesor, el gobierno de la Prosperidad Democrática mantiene la racha anual de 100.000 hectáreas fumigadas y 30.000 hectáreas arrancadas manualmente pero de manera forzosa . Es una realidad que el conflicto armado se fusionó con él narcotráfico para favorecer el negocio de las mafias y financiar a los actores armados. Mucho dolor se ha causado a nuestras comunidades por esta alianza tenebrosa. Pero también hemos visto como desde el Estado se utiliza la estrategia antinarcóticos para golpear a indígenas, campesinos y afrocolombianos como si fuéramos sus enemigos. Sobre este tema hemos llegado a una dolorosa conclusión: tanto el narcotráfico como la "guerra contra las drogas" hacen parte de un modelo de expansión de economías de "enclave" legales e ilegales que para llevarse nuestras riquezas requieren desalojar territorios, cambiar las culturas e involucrar a los civiles en el mercado de la violencia armada. Más allá de la "Sustitución de cultivos" y la "solución al problema del consumo" y a la " producción y tráfico de drogas", somos conscientes de lo que está en juego: la presencia de narcotraficantes y grandes empresas extractivas promoviendo explotación minera y monocultivos lícitos e ilícitos en nuestros territorios. Todo ello a costa de nuestro bienestar y nuestra autonomía. Un proceso de paz debe responder por la victimización a la que nos somete el narcotráfico, el conflicto armado y la política antidrogas. Un proceso de paz requiere reformulaciones de fondo en estos temas, empezando por diferenciar claramente los eslabones sociales y criminales de la cadena. Sin ocultar a estos últimos y sin la escalofriante corrupción que en la Dirección Nacional de Estupefacientes impidió que las tierras confiscadas a los narcotraficantes, llegara a las miles de pobres rurales que las necesitan o las exigen en restitución. A continuación presentamos nuestras conclusiones y exigencias a la mesa de negociación en la Habana entre el Estado y parte sustantiva de la exigencia: 1. Buen vivir y economía propia: modelo de desarrollo integral y autonomía alimentaria Ante las consecuencias del impacto de los efectos del narcotráfico, exigimos al Estado apoyar el desarrollo de un modelo propio de economía alternativa y articulada de los pueblos, no supeditada al mercado global y al consumo; que garantice la soberanía y autonomía alimentaria, mediante la reconstrucción de nuestros sistemas agroalimentarios y del sector rural en general, consecuente con el manejo respetuoso de ecosistemas, bosques, suelos y biodiversidad. Lo anterior implica tener en cuenta los problemas estructurales que es necesario ir superando.

Exigimos al estado el apoyo en el diseño, construcción y garantía de nuestros propios sistemas de aprovechamiento de los bienes naturales. Lo anterior incluye no aceptar bajo ningún punto de vista la imposición estatal de programas de monocultivos y mucho menos si es para la obtención de agrocombustibles, como se pretende con la palma aceitera; ni recurrir a procesos productivos que destruyen los suelos, los esteriliza, contamina, al igual que lo hace con el agua y el aire. Demandamos la transformación de la estructura de desigualdad rural del país, y el rechazo a políticas de libre comercio que arrasan los cultivos campesinos por los bajos precios de importaciones agrícolas subsidiadas en los países de origen. El estado es el responsable de garantizar una discusión nacional entre todos los sectores sociales hacia una convergencia de construcción de un modelo de desarrollo rural soberano, incluyente y justo 2. Uso cultural y alternativo Exigimos el respeto de los usos rituales, espirituales y culturales de la coca, el Yagé, el pildé, el Yopo y otras sustancias utilizadas en la medicina tradicional, la alimentación y las prácticas espirituales propias de la tradición cultural indígena. Junto a ello la divulgación, formación y educación a la sociedad en general respecto a los valores que ello significa. Del mismo modo exigimos el respeto a la coca como patrimonio cultural indígena, de modo que las leyes que prohiben o penalizan su siembra o su consumo no son aplicables en el ámbito tradicional de los pueblos que la utilizamos ancestralmente. Apoyar la obtención de productos alimenticios, terapéuticos y cosméticos derivados de la hoja de coca a partir de su consideración como una actividad licita y para el libre comercio. 3. Justicia, gobierno propio y coordinación interinstitucional Garantizar y facilitar el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena, en especial a lo que se refiere a la Ley 30 de 1986 sobre cultivos de uso ilícito y narcotráfico. De modo que se reconozca a las autoridades indígenas la competencia para juzgar a los indígenas de sus propias comunidades involucrados en siembras familiares a pequeña escala o que sean trabajadores en los cultivos ilícitos en actividades primarias propias de la siembra o del procesamiento, tales como la recolección o raspado de la hoja. El consumo problemático de drogas estupefacientes será resuelto en el seno de las comunidades conforme a su justicia propia. Las autoridades competentes ÍJCBF, Ministerio de Salud, Consejo de Estado, etc.) apoyarán las medidas adoptadas por las comunidades en el ámbito de diálogos interculturales y coordinación entre Jurisdicción Especial Indígena y justicia ordinaria.

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Exigimos el cumplimiento de las normas que reconocen las estructuras de gobierno indígena como autoridades ambientales en nuestros respectivos territorios y requerimos se garantice nuestro derecho de planeación propia y establecer con el gobierno condiciones de coordinación, pero sobre la base de nuestra autonomía en la administración integral de los territorios. 4. Consolidación definitiva y protección del derecho al territorio.

La consolidación de una política alternativa a los cultivos de uso ilícito es posible para los pueblos indígenas si el Estado cumple con adelantar los trámites administrativos de constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos que incluyan la totalidad de las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas, acorde con el cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto 1397 de 1996, en el sentido de que el gobierno nacional incluya en el proyecto de ley de presupuesto, las partidas necesarias para lo anterior, (compromiso incumplido históricamente). A esto se suma garantizar espacios de participación autónoma de ordenamiento con base en la planeación integral del territorio, para la construcción de los planes de manejo de los territorios indígenas, teniendo en cuenta el ordenamiento espiritual, ambiental y cultural de los mismos y los planes de conservación de ecosistemas y biodiversidad. No aceptaremos que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo -que deben ser desmantelados-, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas tierras, robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y afrodescendientes, deben restituirse a estas comunidades, en desarrollo a la aspiración histórica de una reforma agraria integral. Donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a los principios de unidad, diálogo y concertación para resolverlas. En relación con las tierras en manos de CNE (Comisión Nacional de Estupefacientes), demandamos se destinen en su totalidad hacia la dotación de tierras a comunidades campesinas, territorios colectivos de comunidades afrodescendientes y constitución de resguardos indígenas. Demandamos la concertación de políticas, planes y estrategias para garantizar protección de nuestro territorio y población, de la amenaza de la guerra y del narcotráfico. Debemos hacer cumplir las decisiones y estrategias de control propio por parte de las autoridades indígenas, con base en las normas del derecho propio, y los instrumentos nacionales e internacionales de DDHH y DIH frente a los actores armados y del narcotráfico. Demandamos se creen las condiciones para el fortalecimiento y reconocimiento de la Guardia Indígena por el Estado, desde la autonomía de nuestras autoridades y el ejercicio del gobierno propio, que vele por la conservación y control del territorio indígena, defendiéndolo desde el criterio de lo colectivo, y que permita forjar condiciones y actitudes de convivencia pacífica interna y con otros pueblos. 5. R eformulación a fondo de la política antidrogas Llamamos al gobierno nacional, las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que apoyen la adopción de un Plan Regional de solución alternativo a la economía ilegal, que debe consistir no en erradicar los cultivos de uso ilícito ni en sustituirlos, sino en cambiar una economía de renta por otra que garantice la generación sustentable de ingresos y la soberanía alimentaria. Esto incluye el fortalecimiento de economías y territorialidad campesina, indígena, afro colombiana, y población urbana del país. Exigimos la separación clara entre los componentes sociales y criminales de la cadena productiva de los cultivos de uso ilícito, que posibilite la despenalización de los cultivadores y

de los consumidores, para quienes se deberán contemplar estrategias de desarrollo propio integral y atención psicosocial. Del mismo modo exigir la aplicación de mecanismos de represión , confiscación y castigo, a las empresas del narcotráfico, y a los actores de apoyo y lucro en el mundo legal. 6. Corredores de narcotráfico y guerra contrainsurgente Exigimos a todos los actores del conflicto armado, mediados por la economía de las drogas, no involucrar los territorios de las comunidades para la generación de corredores de narcotráfico; y la afectación de los territorios y sociedades o comunidades rurales, bajo el supuesto de la guerra contrainsurgente. Es fundamental que todos actores armados y del narcotráfico se comprometan al reconocimiento de nuestra vocación de paz, convivencia y búsqueda permanente de nuestro desarrollo propio. Para ello es necesario terminar con la presión armada y los incentivos para sembrar los cultivos de uso ilícito. 7. Reparación transformadora Demandamos la aplicación y cumplimiento del articulo 5 del decreto ley 4633, específicamente en lo que se refiere a la reparación imperiativa para el restablecimiento del equilibrio y la armonía de los pueblos, vulnerados históricamente en sus dimensiones material e inmaterial. Lo anterior a través de la consolidación de un proceso que incorpore el conjunto de medidas y acciones transformadores con miras a la indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, dando cumplimiento al decreto ley 4633, y la sentencia T- 25 de 2004, y sus autos de seguimiento, en especial el 004. Exigimos la indemnización a los pueblos sobre la base de la recopilación, revisión y procesamiento de todas las denuncias realizadas por los pueblos y organizaciones indígenas, por afectaciones a las personas, cultivos, fuentes de agua y territorios desde el año 2000, en que se inicia la implementación del Plan Colombia, hasta la actualidad.

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MESA DE CONVERSACIONES PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN COLOMBIA

Destinatario: Apartado Postal 362041 Bogotá, Colombia

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REDACCIÓN DE COMENTARIOS Redacte sus comentarios con relación al preámbulo del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en el siguiente espacio. Tenga en cuenta que estos no deben exceder los 3.200 caracteres (incluyendo los espacios), equivalentes a 500 palabras.

Sí

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• DO MM AAAA Nombre y/o firma de quien manifiesta los comentarios PÁGINA 6

Fecha

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Experiencia e n ei CONTROL SOCIAL d e la COCA e n BOUVIA El Art 384 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia señala que: "El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en sus estado natural no es estupefaciente. La revalorización producción, comercialización e industrialización se regirá mediante Ley". La Carta al constitucionalizar a la coca en el citado Art. 384, claramente esta señalando que es un recurso natural, esto nos traslada a otras disposiciones de la misma Constitución Política del Estado, como son los Artículos 348, 349, 351, 352, 353, 354, 355 y 358, estas disposiciones señalan que los recursos naturales deben ser de aprovechamiento de todo el pueblo Boliviano, sin embargo también convierten a la coca en RECURSO ESTRATÉGICO, y al ser considerado estratégico el único con rango para guardarla y defenderla es el Órgano Ejecutivo Central. El Control Social en la actualidad es una medida legal que se encuentra Constitucionalizada en los Artículos 241 y 242 de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, y la Ley 341, entendiéndose como control social a la labor de fiscalización que realiza la población a las acciones del Gobierno, sea esta Gobierno Central, Gobierno Departamental y Gobierno Municipal o local. El Control Social es parte de la política pública que asumió el gobierno boliviano en materia de evitar la expansión de los cultivos de hoja de coca en el marco de la lucha contra el narcotráfico; a su vez conlleva una serie de mecanismos que requieren de la participación y compromiso de los productores de hoja de coca. Se basa en establecer compromisos sobre la racionalización o erradicación vale decir concertar si los cultivos se encuentran en área y en la superficie legal establecida. El Control Social implica un registro de los productores, una relación cartográfica y un módulo de rutas con las que las entidades públicas pueden ejercer un control de volúmenes, rutas y destinos. RESULTADOS •

Registro y saneamiento de parcelas. Se han saneado más de 500 mil hectáreas.

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Se han registrado a más 50 mil productores de hoja de coca, particularmente en las zonas de Apolo, Caranavi y Chapare, quedando pendiente la región de los Yungas. Sistema de información geo referenciada, que pueda otorgar información objetiva y periódica sobre el estado de los cultivos. (SYSCOCA, módulo gráfico de los cultivos de coca) Involucramiento de dirigentes / líderes de los productores de hoja de coca. Capacitación a cerca de 2,500 líderes Módulo de rutas y circulación de Ja hoja de coca, herramienta para el control de circulación y comercialización de la hoja de coca. Módulo portátil, herramienta para digitalizar la superficie de las parcelas de cultivo de hoja de coca.

El control social se alimenta de tres fuentes: 1. INRA que tiene la localización geográfica de los predios agropecuarios e identifica a los propietarios. 2. F57, que mediante muestras presenta los polígonos con cultivo de hoja de coca, información que se genera anualmente. 3. DIGPROCOCA que tiene el registro biométrico de los productores por lo que se les puede ubicar con nombre y apellido. El autocontrol comunitario en la producción y comercio de la hoja de coca, cumple una función de mucha importancia, puesto que hace que los productores en algunas regiones del país como el trópico de Cochabamba cuenten con determinada extensión de coca no pudiendo contar con más de lo acordado, esto dio como resultado la disminución en los cultivos de coca en un 7% en la gestión 2012. En la región de los Yungas el AUTOCONTROL COMUNITARIO esta mas direccionado al comercio de la hoja de coca, cada productor de coca se encuentra afiliado a ADEPCOC A y esta cuenta con Regionales y comités comunales, los que están encargados de realizar un control de la producción y extender ordenes comunales a los productores con la cantidad de coca para su traslado al mercado legal, esta orden comunal es registrada por el Gobierno en el control de La Rinconada, donde se les extiende una hoja de ruta, con la ^

cual llega al mercado de ADEPCOC A en su totalidad.

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"Y^J c a c o o e s el m e d i o , ci f i n e s la g e n t e "

CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE CACAO EN EL MAGDALENA MEDIO, COMO UNA ALTERNATIVA A LOS CULTIVOS DE USO ILÍCITO, POR UNA REGIÓN INCLUYENTE Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE BOSQUES DE CHOCOLATE PARA LA VIDA

Antecedentes. • • • • • •

Crisis agropecuaria. Conflicto, cultivos ilícitos, desplazamiento. Desarticulación subregional. Baja presencia institucional Desconexión vial y dificultad de accesos. Marginalidad y pobreza rural Fractura social (desplazados, desmovilizados, desempleados, vulnerables, víctimas de la violencia)

Santa Rosa del Sur, Bolívar, Cra 11 # 10-27 piso 2. Telf. (5) 569-7655,320 727 2190, Carmen de Bolívar, Calle 23 a a . 51-38 TeK. (5) 6861119 - 3 1 0 607 6247 - 301766 5655. Página Web: www.aprocasur.com, E-mail Contscto@aprocasur.coñi - aprocasurfShotmail.com. Facebook: aprocasur, Twitter: @aprocasur

Errqren&rPaz

"j^J c a c a o e s el medio, el fin e s la g e n t e "

Lugar. Subregión de Sur de Bolívar (municipios de Santa Rosa, Simiti y San Pablo). Subregión de Sur de Cesar (municipios de San Alberto, Aguachica y la Gloria). Metas generales. 1. Sostenimiento de 2.000 hectáreas de cacao clonado entre 2014 y 2017 en seis municipios de los departamentos de Bolívar y Cesar 2. Construcción de 3 centros de acopio 3. Atención de 1.000 pequeños productores de cacao en el Sur de Bolívar y Sur del Cesar 4. Certificación de 100 familias bajo el sello Rainforest Alliance, y una organización certificada en comercio justo. 5. Formación tecnológica y de apoyo social de 30 jóvenes en extensión agropecuaria con énfasis en cacao. 6. Construcción y puesta en funcionamiento de una planta procesadora de cacao. 7. Producción y comercialización de 2.000 toneladas de cacao (2014 - 2017) para mercados nacionales e internacionales, (esto equivale al 4% del mercado nacional). 8. Fortalecimiento de las organizaciones de productores, una de ellas integradora regional. 9. Establecimiento de un banco de germoplasma de cacao con materiales regionales. 10. Generar un ingreso de 2 salarios mínimos legales vigentes a cada familia beneficiaria a partir del quinto año de establecimiento de cultivo. 11. 5.000 habitantes beneficiados de forma directa y toda la comunidad en general de manera indirecta en la región. Objetivos. ^

1. El sur aprende y sabe de cacao. (2.000 millones) Procura la construcción y consolidación de una cultura cacaotera moderna, que permita disponer de una masa crítica con conocimiento tecnológico en el mantenimiento de cultivos, cosecha, pos cosecha, y comercialización de cacao.

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Emprender Paz

"f^_\ cacao es el medio, el rín es la s;cntcr

Actividades. a. Formación de jóvenes extensionistas para el cultivo de cacao en el Sur del departamento de Bolívar y Sur del Cesar (Siembra, mantenimiento, cosecha, pos cosecha, comercialización y trasformación). (50) b. Asistencia técnica y capacitación Socioempresarial atravez de un equipo conformado por profesionales, teenólogos, técnicos que brinde asesoría y orientación permanente a los cacaocultores del sur del departamento. (1.650) c. Establecimiento de escuelas cacaoteras en núcleos de productores. (150) d. Apoyo al deporte, el arte y la cultura en municipios cacaoteros. (100) e. Pasantías y giras tecnológicas en fincas cacaoteras. (50) 2. El Sur sostiene y cultiva cacao. (19.400 millones) Este componente propende por el sostenimiento de los cultivos comerciales y núcleos de producción de cacao, mejora la calidad del grano a atravez de los procesos de cosecha y pos cosecha, además favorece el mantenimiento y atención fitosanitarTáTié lós^ültivos establecidos. Actividades. a. Consolidación del área y número de plantas de los cultivos establecidas en cada una de las fincas cacaoteras. (15.400) b. Sostenimiento de cultivos de cacao clonado fino de aroma (Inversión predial "insumos, herramientas y materiales") administración y dirección, mención y marcas). (2.500) c. Construcción de 3 centros de acopio (1.500)

3. El Sur conoce e innova en cacao. (500 millones) La investigación y el desarrollo aplicado con la participación de agricultores y el acompañamiento de la academia facilitarán conocer el potencial y las condiciones del producto que se dispone a nivel regional. Los temas de composición química y características físicas y organolépticas del cacao producido favorecerán disponer de información útil para la Santa Rosa del Sur, BolKíar, Cra 11 # 10-27 piso 2. Telf. (5) 569-7655,320 727 2190, Carmen de Bolívar, Calle 23 Cra. 51-38 TeH. (5) 6861119 - 310 607 6247 - 3 0 1 7 6 6 5655. Página Web: www.aprocasur.com, E-mail contactogiaBrocasur.com - aorocasurfBhotmail.com. Facebook: aprocasur, Twitter: @aprocasur

Emprender Paz

" E j c a c a o e s el m e d i o , el fin e s la ájente"

negociación. Temas tales como sabor, aroma, contenido de antioxidantes y polifenoles resultan determinantes en el futuro del negocio. Actividades. a. Establecimiento de un banco de germoplasma con materiales de cacao regionales. (100) b. Determinación de características físicas, químicas y organolépticas del cacao producido en los 6 municipios del sur del departamento de Bolívar y Cesar (150) c. Establecimiento de pruebas de comportamiento regionales con materiales de cacao. (100) d. Determinación y venta de servicios ambientales de bosques de cacao (fijación de gas carbónico y liberación de Oxigeno). (150) 4. En el Sur, el cacao se trasforma y se diferencia. (1600 millones) Es\e componente se propone para buscar "ia traslormación, óYteTenciacibn y "la agregación de valor, a través de procesos de certificación (Socio ambiental, mercado justo) y elaboración de productos (golosinas y chocolates) tipo gourmet para mercados especiales. Actividades. a. b. c.

Certificación de organizaciones y/o fincas cacaoteras (socio ambiental, mercado justo). (400) Establecimiento de marcas de cacao y certificaciones de origen. (200) Producción de golosinas finas, chocolate de mesa y productos terminados para mercados especializados. (900)

5. El Sur vende cacao. (600 millones) Mediante el uso de alianzas comerciales el cacao del Sur de Bolívar y Sur del Cesar atiende requerimientos del mercado nacional e internacional. Las acciones comerciales se desarrollaran sobre principios de transparencia de precios, pesos exactos y traslado de beneficios a los productores. Se procurará el establecimiento de un comercializador regional que permita disponer de poder

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\ ;^C Fmprender Paz

"¡7~ I c a c a o e s el m e d i o , ci rin e s la siente"

negociación mediante la oferta de volúmenes significativos a la industria nacional e internacional. Actividades. a. b. c. d.

Creación de un fondo de estabilización de precios. (150) Capital de trabajo para apoyar la actividad comercial del grano de. (350) Promoción del cacao bolivarense mediante la participación de ferias nacionales e internacionales. (50) Elaboración y difusión de videos en medios masivos de comunicación (TV, Internet, etc.). (50)

6. En el Sur el cacao atrae la oferta pública. El desarrollo cacaotero en el sur de los departamentos facilitará el acceso a la oferta pública nacional y departamental en temas de vivienda, educación, salud, tierras, crédito, servicios públicos, Vías y demás herramientas dispuestas por el estado para favorecer el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio. Los proyectos de este componente se adelantarán de acuerdo a la necesidad y requerimiento que se determine en cada municipio y se desarrollaran mediante la articulación con la oferta gubernamental. Valor estimado: 24.000 millones de pesos. Para invertir en 4 años. Fuentes de Financiación: Gobierno nacional y departamental, municipios vinculados, y aportes de los productores del proyecto.

CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE CACAO EN EL MAGDALENA MEDIO, COMO UNA ALTERNATIVA A LOS CULTIVOS DE USO ILÍCITO, POR UNA REGIÓN INCLUYENTE Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE BOSQUES DE CHOCOLATE PARA LA VIDA FINANCIADOR Aportes Productores Aportes Gobierno Nacional, Departamental, Municipal y sus aliados y socios estratégicos. TOTAL APORTES

VALOR APORTES 15.400.000.000 8.600.000.000 24.000.000.000

Santa Rosa del Sur, Bolívar, Cra 11»10-27 piso 2. Telf. (5) 569-7655, 320 727 2130, Carmen de Bolívar, Calle 23 Cra. 51-38 Telf. (5) 6861119 - 310 607 6247 - 301766 5655. Página Web: www.aprocasur.com, E-mail contaetofilaprocasur.com - aprocasurlShotmail.coro, Facebook: aprocasur, Twitter: @aprocasur

Ernrjrender ftiz

"f\_\ cacao es el medio, el fin es la g;ente"

Duración del proyecto: 48 meses Dirección. Este proyecto estará bajo el liderazgo y dirección de la Asociación de Productores de Cacao - APROCASUR. Organización campesina, con 9 años de experiencia en el manejo de proyectos de desarrollo cacaotero en el magdalena medio y en el caribe colombiano.

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APROCASUR es la organización de productores de cacao con mayor capacidad de producción de material vegetal clonado en Colombia.

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APROCASUR lidera la alianza comercial de cacao del Magdalena Medio que ha permitido desde el año 2.008 vender al mercado nacional 7.000 toneladas de cacao y exportar a Europa a 800 toneladas.

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APROCASUR lidera la red nacional de organizaciones de productores de cacao en Colombia con presencia en 21 departamentos atendiendo a 40 organizaciones de base, varias de ellos del departamento de bolívar.

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APROCASUR durante los últimos 9 años ha implementado proyectos cacaoteros mediante la suscripción de contratos con recursos de cooperación internacional (USAID; UE), Oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito (UNODC) Departamento para la prosperidad social DPS, ECOPETROL, Ministerio de Agricultura, Alcaldías y Gobernaciones.

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APROCASUR ha desarrollado un modelo de intervención rural, basado en la transferencia de conocimiento de campesino a campesino y la formación del talento humano juvenil local.

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A la fecha, APROCASUR ha liderado la siembra y sostenimiento de más de 3600 hectáreas de cacao en 4 departamentos, 15 municipios, atendiendo más de 2000 productores.

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APROCASUR una empresa campesina Bolivarense, ganadora del premio emprender paz 2011, certificada con el sello Rainforest Alliance y miembro del concejo nacional cacaotero CNC.

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