Mesa Temática 3 • Grupos de Trabajo 2

Propuestas Ciudadanas Mesa TemĂĄtica 3 Grupo de Trabajo 2

RelatorĂ­a

- FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Relatoría del Grupo de Trabajo No. 2 de la Mesa Temática 3 sobre "Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos" Fecha: 25 de Septiembre de 2013 Número de participantes hombres: 15 Número de participantes mujeres: 9 Sectores participantes: 8 sectores divididos en (Organizaciones y movimientos campesinos; Organizaciones indígenas; Programas de Desarrollo y Paz e Iniciativas Nacionales y territoriales de paz; Organizaciones juveniles; Organizaciones de mujeres; Organizaciones de víctimas; Movimiento políticos y sociales; Partidos políticos y Sector académico).

Número de ponencias escritas presentadas: 11 Número de intervenciones orales: 10

Principales ejes temáticos de las propuestas presentadas: 1.

POLÍTICA CRIMINAL

Propuesta 1 Descriminalización de los campesinos y pequeños productores, pues son el eslabón más débil de la cadena y las decisiones de política deben estar más encaminadas al desarrollo alternativo que a la implementación de la fuerza. Desmilitarización de los territorios y de la vida civil en las zonas donde se adelanten las estrategias de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo.1 Propuesta 2 Las políticas de solución al problema de las drogas y los cultivos de uso ilícito deben construirse bajo un enfoque de respeto y garantías a los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones y comunidades vinculadas a la producción de la hoja de coca, es necesario descriminalizar el cultivo y reorientar la política de militarización y de operaciones represivas contra las comunidades y sus territorios desmontando el actual plan de consolidación.2 Propuesta 3 Las políticas que se generen deben garantizar los derechos de los pueblos afro descendientes y campesinos, se debe controlar y proteger sus recursos y conocimientos tradicionales, garantizar el derecho a la consulta y consentimiento previo e informado, garantizar que los beneficios obtenidos por los desarrollos investigativos y el uso sostenible de la biodiversidad sean revertidos sobre las comunidades que habitan territorios frágiles.3 Propuesta 4 La política de sustitución de los cultivos ilícitos viene principalmente del exterior por tanto que dése estos países que debe buscar los recursos para ello, pero no para financiar la guerra si no para proyectos integrales de solución.4

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Propuesta 5 Cierre de la frontera agrícola, evitando así la expansión permanente agrícola bajo el fenómeno de la colonización indiscriminada y la repetición de los ciclos de producción de los cultivos de coca y amapola, que además es auspiciada por los latifundistas.5 Propuesta 6 Garantías efectivas de protección a las comunidades en sus territorios, considerándolos como patrimonio nacional.6 Propuesta 7 El método para superar el conflicto cocalero obedezca a un acuerdo entre el estado, la guerrilla y el campesinado involucrado directa o indirectamente en este modelo económico de subsistencia, sin la intromisión extranjera.7 Propuesta 8 Que en cuanto a los dineros relacionados con la canalización para la sustitución por proyectos se tenga en cuenta a las comunidades para la toma de decisiones.8 Propuesta 9 La construcción de una política pública antidrogas diferencias para pueblos indígenas en territorios étnicos concertada con los indígenas.9 Propuesta 10 Seresuelva de la situación judicial de indígenas capturadosyjudicializados pero sobre todo extraditados por narcotráfico, sin ser narcotraficantes, solo por el uso del territorio indígena y que se presenta muchas veces como única forma de subsistencia.10 Propuesta 11 Zonas de excepción constitucional poniendo alcaldes militares, controlando farmacias (control de inventario), suspensión del comercio después de las 6 de la tarde y restricciones más fuertes por parte del estado.11 Propuesta 12 El combate frontal contra el narco terrorismo.12 Propuesta 13

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Se debe buscar una forma de fragmentar las estructuras de tránsito y distribución, mediante el control y monitoreo de los precursores químicos con el fin de capturar los eslabones de tránsito y distribución sin afectar a la población vulnerable, de forma tal que el aislamiento de estas estructuras, les impida acceder de manera directa al mercado y de esta manera contribuya a desincentivar la problemática de las drogas ilícitas. .13

2. USO ANCESTRAL, TRADICIONAL Y ALTERNATIVO Propuesta 14 El uso de plantas que han llamado de uso ilícito debe ser un uso medicinal; estas plantas tienen sustancias químicas que deben ser insumos para la producción de drogas especiales, que deben controlar los Ministerios de salud de Colombia con enfoque diferencial y de los países que quieran comprarnos esos productos. El gobierno debe asumir el monopolio de los cultivos desde la producción hasta la venta y generar un mercado lícito de estas plantas.14

Propuesta 15 Garantías efectivas en la aplicación de los proyectos, programas de diversificación de la producción, con respeto de la autonomía y protección de la economía campesina y extractiva permitiendo la aplicación de prácticas ancestrales y fortaleciendo la vocación del uso de los suelos.15

3. DESARROLLO AGRARIO Propuesta 16 ImplementacióndeaccionesdeDesarrolloAlternativocon la participación déla comunidadylasmujeres, haciendo énfasis en el impulso a la soberanía alimentaria como una actividad fundamentalmente en manos de las mujeres a la tierra, al crédito y a la tecnología de la producción.16 Propuesta 17 Fortalecer iniciativas de economía propia, basada en semillas, tecnologías, procesos de transformación de alimentos autóctonos y mercado y comercialización colectivos que fortalezca los sistemas de producción que hoy se desarrollan en varias regiones del país y favorecer las propuestas de etnodesarrollo y con enfoques Ínter étnico e intercultural, en donde se incluyan las propuestas de economía alternativa.17 Propuesta 18 Fomentar la creación de eco aldeas que estimulen las condiciones rurales para el buen vivir.18 Propuesta 19 Fortalecer el proceso de organización de las comunidades a nivel municipal y departamental de modo que contribuya a concertar respuestas locales incluyendo la erradicación manual, gradual y con inversiones económicas y sociales en estas regiones.19 Propuesta 20 Establecer programas atractivos para el sustento de las familias campesinas, como las granjas integrales, promoviendo los cultivos orgánicos de productos agrícolas que compitan con los del exterior.20 Propuesta 21 Reubicación de los campesinos productores a otras zonas geográficas previamente adecuadas para asegurar las producciones. Además de fortalecer organizaciones y agremiaciones para los productos ilícitos, garantizando el mercado para la producción, comercialización y rentabilidad de los proyectos productivos.21 Propuesta 22 Que el gobierno subsidie los productos y los compre en el sitio así los compradores de los cultivos ilícitos lo hacen.22 Propuesta 23 Programas sostenibles de adjudicación de tierras a colonos campesinos con plenas garantías de acceso a los factores de producción-semillas, créditos oportunos, flexibles, asistencia técnica con la aplicación de tecnologías adecuadas, programas integrales socio económicos, como vivienda digna, educación, salud con aplicación de los principios de reconocimiento, valoración, respeto, protección por el aporte que el campesino hace al fortalecimientoy defensa de la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria, teniendo en cuenta en el diseño de los programas a las comunidades, respetando los diferentes derechos consagrados y con una óptica diferencial .23

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Propuesta 24 Que se hagan efectivos los subsidios a los campesinos y campesinas por valores acordes a los requerimientos socioeconómicos y ambientales, por un tiempo no inferior a los 3 años teniendo en cuenta a las familias afectadas por las fumigaciones y que hagan la erradicación voluntaria.24 Propuesta 25 Aplicación efectiva e inmediata de salvaguardas a la producción y comercialización de la agricultura campesina, como política de Estado dentro de losTLCs.25 Propuesta 26 Se propone que la frontera agrícola, la reserva forestal y los parques naturales exista una inversión estatal equitativa y sin discriminación elaborando planes de agro-forestación, reforestación y sostenimiento de finca de colonos en plena armonía con el medio ambiente, impulsar la industria agropecuaria empleando semillas nativas.26 Propuesta 27 Generar comercio y producción del fique.27 Propuesta 28 Fortalecimiento del desarrollo local como pueblos y regiones indígenas, articulando los mercados diferentes, auspiciando la producción de orgánicos.28 Propuesta 29 Realizar una reforma agraria integral, revisando el esquema de ordenamiento territorial adjudicando a los campesinos tierras aptas para la agricultura, desarrollando un comercio justo para el productor y el consumidor, además de proteger las semillas nativas para los cultivos lícitos, protegiendo la soberanía y seguridad alimentaria.29 Propuesta 30 Se dé prioridad a los planes alternativos o de vida de las comunidades desde la vereda. Para esto debe existir un reconocimiento a los derechos económicos sociales y ambientales.30 Propuesta 31 Se debe implementar la creación de centros de desarrollo agrario y zonas de desarrollo agropecuario; dentro de los territorios donde exista presencia directa del estado, como punto de partida inicial en la política de integración del estado al campesinado. Dado lo anterior se garantiza la rentabilidad de la actividad, la protección del campesinado y de igual forma es una forma de combate directo a la producción y comercialización de cultivos de uso ilícito.31

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Propuesta 32 El 40% del presupuesto que se le asigna a las Fuerza Militares de Colombia se destine a los campesinos que realizan cultivos ilícitos.32

4. FUMIGACIÓN AÉREA Y ERRADICACIÓN Propuesta 33 La no erradicación forzosa, manual o por fumigaciones que deberá ser sustituida por acuerdo y concertacionescon los productoresdecoca para la erradicación gradual y voluntarias bajo circunstancias específicas.33

Propuesta 34 Parar de inmediatamente las fumigaciones. Esta es una condición necesaria para generar un ambiente de confianza entre el estadoy las comunidadesy poder así desarrollar acuerdos para la implementación de alternativas viables y sostenibles en el mediano y largo plazo a los cultivos ilícitos.34 Propuesta 35 La sustitución debe partir de la reorientación de la política pública para la producción de alimentos y rentabilidad de la economía campesina, subsidiándola y haciéndola sostenible y rentable, lo que implica el rescate y rediseño de la institucionalidad pública y privada del sector agropecuario.35 Propuesta 36 Toda acción de sustitución debe comenzar por el análisis de las particularidades sociales, económicas y culturales regionales para determinar el grado de dependencia de los cultivos ilícitos e identificación de los cultivos sustitutos con eficiente asistencia técnica.36 Propuesta 37 Como alternativa a las fumigaciones considerar técnicas de erradicación manual siempre que esta sea voluntaria, acordada con las comunidades de carácter gradual y condicionado a la sostenibilidad de inversiones económicas en los social y cultural.37 Propuesta 38 La erradicación es una alternativa, pero esta se debe hacer de manera manual y voluntaria con la misma población inmersa en el problema.38 Propuesta 39 El gobierno debe cubrir los costos de la erradicación manual voluntaria mediante contratos otorgados a los poseedores de la tierra mediante acuerdos concertados con las organizaciones campesinas que los representan fijando garantías jurídicas y políticas que impidan el entorpecimiento de los procesos.39 Propuesta 40 En materia educativa el estado genere una cobertura presencial acorde con las necesidades del plan sustitutivo con énfasis agro-industrial y agro-forestal.40 Propuesta 41 Mientras se esté en el proceso de paz no realizar aspersiones a los territorios hasta que se realicen acuerdos.41

5. LEGALIZACIÓN Y REGU LACIÓN Propuesta 42 Se debe salir del prohibicionismo y pasar a la legalización Controlada, que tendría que proveer medidas diversas para enfocar no solo el comercio y consumo de las drogas autorizadas y de las drogas controladas, sino que además las técnicas de control tendrían que enfocar la reglamentación de los procesos y actores que participan actualmente de manera ilegal. Puesto que, básicamente, se trata de distinguir entre uso y abuso y de regular las sustancias susceptibles de generar adicciones o comportamientos adversos a la sociedad, no se trata de descontrolar sino de reglamentar el mercado con base en las prácticas sociales y no en su contra.42 Propuesta 43 El estado debe comprar la producción de coca existente la industrialice en producción de medicinas, aromatizantes y otros productos científicamente probados como inocuos.43

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6. AFECTACIÓN DE LA MUJER Propuesta 44 Reconocer que la incorporación de la perspectiva de género supone el diseño de estrategias enfocadas a trabajar entre mujeres y hombres, de diferentes etnias, orígenes geográficos y creencias, en este sentido formular programas y proyectos que consideren las diferencias culturales que beneficien a la mujer y tenga en cuenta el enfoque diferencial.44 7. PREVENCIÓN Propuesta 45 En las zonas urbanas el Estrado debe generar políticas que den un tratamiento integral a la proliferación del micro tráfico y sus consecuencias en el incremento de la criminalidad y la delincuencia.45 Propuesta 46 Emprender un agresivo programa de control al ingreso de drogas sintéticas provenientes de otros países.46 Propuesta 47 Se deben gastar los recursos que dan los EEUU en combatir los cultivos, en campañas en contra del consumo.47 Propuesta 48 Aunque uno de los problemas vinculados al consumo de drogas, es el de la adicción, es necesario tener en cuenta que sólo un porcentaje minoritario es considerado adicto. Respecto a lo anterior, las políticas de penalización y regulación del consumo deben tener en cuenta el segmento de consumidores no problemáticos y establecer políticas diferenciadas para la población restante considerada adicta. 48 8. OTRAS PROPUESTAS Propuesta 49 Es importante realizar una actualización desde las regiones de las dinámicas y cambios que han ocurrido en la cadena productiva en el mercado de la hoja de coca, que permita identificar los cambios ocasionados y los impactos socioculturales, económicos y ambientales que se han producido en los últimos 10 años.49 Propuesta 50 Realizar estudios subregionales en zonas históricas de producción de hoja de coca.50 Propuesta 51

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Cumplir de forma eficaz la implementación de los autos 02, 05, 06, los cuales ayudaran a mitigar los efectos del conflicto armado, de la violencia y demás conflictos generados por las políticas antidrogas, con mujeres, niños, pueblos indígenas y afro descendientes.51 Propuesta 52 Se realice una verdadera reforma agraria y urbana integral evitando el desplazamiento campesino.52 Propuesta 53 Que el estado construya una verdadera infraestructura hospitalaria, lo suficientemente dotada y acorde con las endemias del trópico, fomentando para ello la salud pública.53 Propuesta 54

Transformación radical y cambio político de la ideología de los partidos de extrema derecha.

Transformación y cambio de la justicia en Colombia, toda vez que esta se ha amangualado con la extrema derecha. Reforma legislativa integral.54 Propuesta 55 La educación debe generar un arraigo, enfatizando en la disciplina y la identidad nacional.55 Propuesta 56 Reconocimiento autonomía territorial indígenas y campesinos. Reconocimiento de los derechos como pueblos indígenas afros o campesinos, como son los estándares de educación que vienen del nivel central y esa educación no genera desarrollo en las regiones indígenas.56 Propuesta 57 Desmonte efectivo del paramilitarismoy reforma del sistema electoral. El fenómeno del paramilitarismo, sus lógicasdefinanciaciónysu incidencia en la institucionalidadexigeeldesmonteefectivodel complejo dispositivo paramilitar, no solo de las estructuras militares sino desús financiadores en negocios legales e ilegales. De la mano de amplios procesos judiciales se debe construir una reglamentación electoral que prohiba la financiación privada de las campañas, evitando feriar la democracia a la subasta del gran capital y los dineros del narcotráfico, garantizando el apoyo estatal a todos los partidos políticos.57 Propuesta 58 Reforma a la política monetaria, regulación a los mercados financieros y control de capitales. Se debe frenar la dinámica especulativa que crea incentivos para la entrada masiva de capitales en búsqueda de ganancias extraordinarias vía tasa de interés, combatiendo la explosión del mercado de derivados y el control de capitales, recuperando la soberanía nacional sobre la entrada y salida de los mismos.58 Propuesta 59 Los foros tienen que ser más participativos, se deben hacer en los municipios y departamentos.59 Propuesta 60 Abordar una mesa de concertación nacional frente al tema de los cultivos de hoja de coca con la ONIC y el gobierno, además de mesas regionales con las organizaciones de base para tratar el tema.60 Propuesta 61 Que se haga un foro anual que convoque a los campesinos que están realizando cultivos ilícitos para darles herramientas productivas.61 Propuesta 62 Que a los hijos de los campesinos se les de acceso a la universidad con descuentos del 50% en las matrículas.62 1

Ruta pacífica de las mujeres. Ponencia sin nombre

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Red de iniciativas de paz desde la base. Ponencia de nombre Propuestas para la solución integral

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Red de iniciativas de paz desde la base. Ponencia de nombre Propuestas para la solución integral

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ANUC. Ponencia de nombre "Solución al problema de las drogas ilícitas"

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ANUC-UR. Ponencia de nombre "La Coca no es Cocaína"

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ANUC-UR. Ponencia de nombre "La Coca no es Cocaína"

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Mesa de unidad campesina -MUCAPOC-. Ponencia de nombre solución al conflicto del Guaviare y sur del Meta

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Mesa de unidad campesina -MUCAPOC-. Ponencia de nombre solución al conflicto del Guaviare y sur del Meta

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Indígena Wayuu. Intervención oral de nombre" Solución al problema cocalero"

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Indígena Wayuu. Intervención oral de nombre" Solución al problema cocalero"

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Partido Conservador Colombiano. Intervención sin nombre.

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Partido Conservador Colombiano. Intervención sin nombre.

Fundación Ideas para la paz. Intervención sin nombre Grupo de investigación sobre procesos de paz en Colombia. Ponencia de nombre "Cultivos de uso ilícito, ¿Qué hacer?

ANUC-UR. Ponencia de nombre "La Coca no es Cocaína" Ruta pacífica de las mujeres. Ponencia sin nombre Red de iniciativas de paz desde la base. Ponencia de nombre "Propuesta para la solución integral" Red de iniciativas de paz desde la base. Ponencia de nombre "Propuesta para la solución integral" Red de iniciativas de paz desde la base. Ponencia de nombre "Propuesta para la solución integral" ANUC. Ponencia de nombre "Solución al problema de las drogas ilícitas" ANUC. Ponencia de nombre "Solución al problema de las drogas ilícitas" ANUC. Ponencia de nombre "Solución al problema de las drogas ilícitas" ANUC-UR. Ponencia de nombre "La Coca no es Cocaína" ANUC-UR. Ponencia de nombre "La Coca no es Cocaína" ANUC-UR. Ponencia de nombre "La Coca no es Cocaína" Mesa de unidad campesina -MUCAPOC-. Ponencia de nombre solución al conflicto del Guaviare y sur del Meta Partido Conservador Colombiano. Intervención sin nombre.

Proyecto Nasa Toribio. Intervención sin nombre Pastoral Social. Intervención sin nombre Pastoral Social. Intervención sin nombre Fundación Ideas para la paz. Intervención sin nombre Juventudes partido acción ciudadana. Intervención sin nombre Ruta pacífica de las mujeres. Ponencia sin nombre Red de iniciativas de paz desde la base. Ponencia de nombre "Propuesta para la solución integral" ANUC. Ponencia de nombre "Solución al problema de las drogas ilícitas" ANUC. Ponencia de nombre "Solución al problema de las drogas ilícitas" de iniciativas de paz desde la base. Ponencia de nombre "Propuesta para la solución integral" ANUC. Ponencia de nombre "Solución al problema de las drogas ilícitas" Mesa de unidad campesina -MUCAPOC-. Ponencia de nombre solución al conflicto del Guaviare y sur del Meta Mesa de unidad campesina -MUCAPOC-. Ponencia de nombre solución al conflicto del Guaviare y sur del Meta ACIVA-RP. Intervención sin nombre Mama Coca. Ponencia de nombre "Producción y comercio -El papel de la coca-" ANUC. Ponencia de nombre "Solución al problema de las drogas ilícitas" Alianza iniciativa de mujeres colombianas por la paz. Ponencia de nombre "Investigación sobre los cultivos ilícitos.

Ruta pacífica de las mujeres. Ponencia sin nombre ANUC. Ponencia de nombre "Solución al problema de las drogas ilícitas" ASCAMCA.Ponencia de nombre"propuesta de la Marcha patriótica para el tratamientode la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola" Fundación Ideas para la paz. Intervención sin nombre Red de iniciativas de paz desde la base. Ponencia de nombre "Propuesta para la solución integral" Red de iniciativas de paz desde la base. Ponencia de nombre "Propuesta para la solución integral" Red de iniciativas de paz desde la base. Ponencia de nombre "Propuesta para la solución integral" Mesa de unidad campesina -MUCAPOC-. Ponencia de nombre solución al conflicto del Guaviare y sur del Meta Mesa de unidad campesina -MUCAPOC-. Ponencia de nombre solución al conflicto del Guaviare y sur del Meta Bosques de niebla. Intervención sin nombre Partido Conservador Colombiano. Intervención sin nombre.

Proyecto Nasa Toribio. Intervención sin nombre ASCAMCA.Ponencia de nombre"propuesta de la Marcha patriótica para el tratamientode la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola" ASCAMCA.Ponencia de nombre"propuesta de la Marcha patriótica para el tratamientode la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola" CODIC. Intervención sin nombre ACIVA-RP. Intervención sin nombre Juventudes partido acción ciudadana. Intervención sin nombre Juventudes partido acción ciudadana. Intervención sin nombre

Propuestas Ciudadanas Mesa Temรกtica 3 Grupo de Trabajo 2

Ponencias

Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP Investigación sobre los cultivos ¡lícitos Cortés Yepes, Mónica. "Género y desarrollo alternativo en el contexto colombiano." Mujeres Indígenas, Territorialidad y Biodiversidad en el contexto latinoamericano. Ed. Luz Marina Donato, Elsa Matilde Escobar, Pía Escobar, Aracely Pazmiño y Astrid Ulloa, 2007. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 263-276. Impresa.

Dentro del concepto del desarrollo alternativo: 1. Considerar las condiciones legales, sociales, económicas, ecológicas y culturales existentes a la región con el fin de adaptarse a las mismas.

2. Crear oportunidades sociales y económicas sostenibles mediante el crecimiento rural integrado para elevar e nivel de vida de las comunidades y poblaciones afectadas por la existencia de cultivos ilícitos 3. Incluir medidas apropiadas de reducción de la demanda, si las comunidades destinatarias presentan en uso indebido de drogas 4. Atender a consideraciones de género, cerciorándose de que las mujeres y los hombres participen en condiciones de igualdad en el proceso de desarrollo y en particular, las tareas de preparación y de puesta en práctica.

5. Respetar los criterios de sostenibilidad ambiental (266) •

"El desarrollo alternativo no puede existir desintegrado de los propósitos específicos de las políticas de lucha contra las drogas, porque él complementa la política de reducción de la oferta" (267)

El gobierno colombiano ha introducido por lo menos 6 modelos de política pública relacionados con el desarroll alternativo: 1. a. b.

Cooperación internacional que se concentró en la sustitución de los cultivos ilícitos.

Erradicación y sustitución No consideró los problemas intrínsecos de la agricultura colombiana frente a los mercados

2. Aspectos que pretendían mejorar la calidad de vida de las familias campesinas a. Infraestructura básica y social b. Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE) 3. Establecer interlocutores válidos con los cuales acordar y ejecutar acciones de desarrollo alternativo. a. Asociaciones y/o cooperativas de productores b. Donde no existían se incentivó su creación en asociaciones de campesinos, indígenas o de afrocolombianos con el objetivo de crear capital social. c. Avanzó el fortalecimiento organizativo pero no logró garantizar que las organizaciones tuvieran la fuerza suficiente para consolidar alternativas rentables a los productores ni cadenas de comercialización d. Un problema: productos rentables 4. Vinculó organizaciones campesinas con cadenas de comercialización agropecuaria con el fin de brindar un manejo sostenible de las actividades productivas. a. Articular los productos de las familias a las cadenas productivas b. Creación de o búsqueda de alianzas estratégicas que conectaran a las familias con el sector privado y los mercados de consumo final.

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5. Todos los aprendizajes logrados a lo largo de los años. a. Contar con organizaciones sociales b. Incluir acciones para fortalecer la comercialización de los productos c. Compromiso por parte de las familias de erradicar completamente los cultivos ilícitos d. La acción de la política pública para generar desarrollo con las regiones y familias que aceptaran este compromiso 6. Incentivos condicionados (incluye las organizaciones sociales, la negociación y comercialización). Se basa en la firma de contratos de compromiso tanto verdal como individual para mantener predios y veredas libres de cultivos ilícitos. a. Uso sostenible de las zonas más vulnerables ambientalmente b. Detener la expansión de los cultivos ilícitos y reducir el riesgo de expansión de los mismos c. Reducir la intermediación política en la entrega del incentivo dado que se hace mediante transferencias bancarias d. Fomenta la compra de tierras por parte de las familias beneficiarías e. Incentiva a esta familias a entrar en alternativas productivas y organizativas de producción y vincularlas con cadenas de comercialización así como promueve el fortalecimiento a las relaciones de la comunidad con la institucionalidad (268-269) Ausencia de la perspectiva del género: "Aún existen muchos vacíos en materia de diseño institucionales, programas, proyectos y normas que ¡ncorporen con fuerza la perspectiva del genero. La segunda, es que en el plano nacional ninguno de estos cinco modelos de política pública ha incorporado el criterio de género" (269).

-Las políticas públicas se enfocan en las realidades de los campesinos, colonos, indígenas y afrocolombianos que están involucrados en el negocio de los cultivos ilícitos Yepes propone 5 líneas de acción: 1.

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Incorporación de las mujeres como sujetos activos de los procesos de negociación o en los contratos de erradicación (no se debe concentrarse sólo en el jefe masculino del hogar) Promover la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres (capacitación de asociaciones campesinas productivas) Analizar las diferencias en la condición y posición de las mujeres en los estudios sobre el contexto local Reconocer que la incorporación de la perspectiva de género se supone el diseño de estrategias enfocadas a trabajar exclusivamente con mujeres^sino que implica el trabajo tanto con varones como con mujeres de diferentes etnias, orígenes geográficas y creencias Formulación de programas y proyectos que consideren las diferencias culturales tales como la procedencia étnica

Otras consideraciones: 1. Considerara las condiciones legales, sociales, económicas, ecológicas y culturales existentes en la región con el fin de adaptarse a las mismas 2. Crear oportunidades sociales y económicas sostenibles mediante el crecimiento rural integrado, para elevar el nivel de vida de las comunidades y poblaciones afectadas por la existencias de cultivos ilícitos

3.

Promover los valores democráticos para favorecer las participación de las comunidades y fomentar la responsabilidad social con miras al establecimiento de una cultura cívica que rechace los cultivos ilícitos 4. Incluir medidas apropiadas de reducción de la demanda, si las comunidades destinatarias presentan un uso indebido de drogas 5. Atender medidas apropiadas de reducción de la demanda, si las comunidades destinatarias presentan un uso indebido de drogas 6. Respetar los criterios de sostenibilidad ambiental La Encuesta Nacional Guardabosques: • •

De cada 100 titulares 66 son mujeres y 34 son hombres 10% de las familias de guardabosque tienen jefatura femenina (274)

Fonseca, Daniel, Ornar Guitierrez y Anders Rudqvist. Cultivo de uso ilícito en el sur de Bolívar: Aproximaciones desde la economía política. Bogotá: Gente Nueva Editores, 2005. Impresa.

-Financiado por ASDI y PNUD -Enfoque familiar -Subsistir frente a la crisis agropecuaria -crisis alimentaria causada por las fumigaciones Recomendaciones y metodologías del estudio que podrían ayudar nuestra propuesta (46) Sugiere que "es importante evitar que el estudio caiga en un abordaje de la problemática de los cultivos ilícitos desde un enfoque productivista con base agropecuaria y que desde allí se planteen alternativas parciales que no integran otras dimensiones básicas del desarrollo (política, cultura, medio ambiente).

Páginas 46 a 51 presentan las siguientes sugerencias coleccionadas en el Sur de Bolívar. Las sugerencias son generales y muchas aplican a las preguntas del género también.

Temas que la política pública tiene que pensar: 1. Tenencia y legalización de la tierra 2. Institucionalidad y organización social, derechos humanos y derecho internacional humanitario 3. Medio ambiente y adecuación de sistemas de producción y organización campesina 4. La escasa participación comunitaria en el diseño de programas no permite que las comunidades los sientan suyos; nadie cree en ellos, todos piensan que son un engaño más.

5. Los recursos son entregados sin una base organizacional

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Consideraciones de los Derechos Humanos y Derechos Humanos Internacional Humanitario: 1.

La fumigación afecta por igual a cultivadores de coca como a no cultivadores (de igual manera a mujeres y niños como hombres) 2. La fumigación puede convertirse en un elemento que fomenta más la violencia y el desplazamiento forzado, a la vez que amenaza la seguridad alimentaria de la población

3. Se debe cambiar el glifosato por otras propuestas de erradicación con medios que le permite al campesino producir 4. Hay desplazos por violencia que al no tener oportunidades de trabajo tiene que dedicarse a raspar coca 5. Persecución de los líderes por parte de los actores armados 6. Intervención de los grupos armados en los procesos de organización 7. Límites a la participación ciudadana por parte de los actores armados 8. La baja calidad de vida de la población de la región, más que material, es la angustia de la guerra y de la fumigación; luego está la pobreza 9. El conflicto armado crea inseguridad en las actividades de producción tradicionales. Frente al posible desmonte de los cultivos ilícitos, deben pagar con los nuevos productos 10. Alguna gente ha tenido que abandonar su tierra por el asunto de la violencia y otros han venido a ocuparlas Crédito e incentivos al agro: 1. Existen serias dificultades para el acceso al crédito 2. Se necesita créditos para la seguridad alimentaria, para cultivos comerciales, para las necesidades básicas (vivienda, educación, etc.)

3. Los altos intereses no permiten pagar un crédito, incluyendo los programas del Plante; hoy muchos son deudores morosos por culpa de este programa.

4. El Estado dejó de apoyar el mercado de los productos de la región y el Idema desapareció 5. Altos costos para el trámite de crédito; como son créditos pequeños, el valor de la hipoteca vale muchas veces la mitad del crédito 6. Exigen garantías prendarias (tierras, fiadores, ingresos adicionales, comercialización asegurada) que uno no puede cumplir 7. La cultura del no pago se da por varias razones: ¡liquidez, pérdida de cosecha, sugerencias por parte de los grupos armados, pero sobre todo porque lo que produce la inversión no da para pagar el costo del crédito 8. Los tiempos para la entrega de los créditos siempre están desfasados de los ciclos productivos Generación de empleo e ingresos:

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1. No hay precios estables para los productos lícitos, mientras la coca, aunque congelados por los nuevos compradores, sí lo tiene 2. Los campesinos no tiene los recursos para producir, no hay dinero ni herramientas ni asistencia técnica 3. Gran parte de los pobladores hoy vinculados a la coca son aparceros que no puede prescindir fácilmente de sus compromisos 4. Las cosechas de coca atraen mucha mano de obra de otras regiones del país, lo cual agrava posteriormente el desempleo local 5. La carencia de fuente de empleo urbano hace que la gente de las ciudades se tenga que ira a raspar coca o sembrar su pequeña parcela en compañía 6. La carencia de alternativas productivas competitivas es la causante de la resiembra; mientras los proyectos que trae el Estado y la cooperación internacional no sean una alternativa sostenible, habrá resiembra 7. El alto valor de la hoja y la pasta de coca se permite dar empleo y produce un ingreso constante (cada 90 días) 8. Hasta ahora la coca es el único cultivo que permite que los campesinos puedan invertir en sus veredas y mejorar el nivel de vida

9.

La intermediación en todos los aspectos (productos básicos, insumos, transporte, crédito, tierras) limita la generación de excedentes, establece relaciones de dependencia y crea condiciones para la usura 10. El alto valor de la pasta de coca nos permite pagar buenos jornales 11. El oro es un mejor negocio

Infraestructura social y servicios públicos: 1. La coca ha dado a las comunidades marginadas (Sur de Bolívar) la oportunidad de acceder a la salud, el trabajo, la educación, porque el gobierno no hace presencia en la región 2. Cuando no hay educación no hay posibilidad de desarrollo: los jóvenes apenas llegan a unos años de primaria y la coca les quita las ganas de seguir 3. Deficiencia de servicios públicos para la comunidad Vías y mercados: 1.

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La comunidad construyó los caminos sin ayuda del Estado; había pedido herramientas para mejorarlos \ mantenerlos El transporte es muy costoso y quita las pocas utilidades al productor Nadie puede sacar el mercado una carga de fríjol con los altos costos de transporte y de producción, mientras los precios de venta sean tan bajos Vías en pésimas condiciones para transporte de carga y pasajeros Carencia de mercados para productos tradicionales Los altos costos de transporte intermunicipal son una de las causas de la inviabilidad de nuestra agricultura El mercado para la pasta de coca es el único que no falla Los costos de transporte de la pasta de coca son muy bajas para el precio que tiene Los insumos agrícola son venidos a los precios que impone el negocio de la coca, por eso los campesino pueden integrar a los productos tradicionales La disminución de la pesca artesanal traslada la mano de obra hacia la coca

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CULTIVOS DE USO ILÍCITO EN COLOMBIA, ¿QUÉ HACER? Luis Fernando Wolff I. Grupo de Investigación sobre Procesos de Paz en Colombia.

U.N. Sede Medellín Septiembre de 2013

Hasta el momento los cultivos de "hoja de coca", marihuana y otros, se ha manejado como un problema y se ha tratado de resolver por la vía de fumigar dichos cultivos y tratar a los campesinos que los realizan como unos delincuentes.

Nosotros pensamos que esa es una posición equivocada y vemos este fenómeno como una oportunidad que puede ser conveniente y favorable, tanto para los cultivadores de estas plantas, como para la economía nacional.

Nuestro enfoque es el siguiente: ninguna planta es mala en sí misma. Analicemos los dos asuntos siguientes: 1. ¿Qué uso se hace del producto?, y 2. ¿Quién lo hace?

Hasta el momento la producción de estos cultivos ha sido usada por organizaciones ilegales que la procesan para su comercialización (también ilegal) tanto dentro como fuera del país. A estas organizaciones las conocemos como "narcotraficantes", porque trafican (ó comercializan) con las drogas ilícitas resultantes de dichos procesos. De esta forma, quienes se benefician de estos cultivos son las organizaciones de delincuentes que les compran los productos de sus cultivos a los campesinos a bajos precios, y ellos obtienen unas ganancias enormes en el mercado internacional. ^ r a

Todos sabemos las consecuencias nefastas para el país, del fenómeno del narcotráfico, pero en este momento lo que nos interesa es ¿Cómo resolver este problema de forma creativa, de modo que ganemos todos?

Nuestra propuesta es: el uso de plantas como la coca, el guayabero, la marihuana, y otros, debe ser un uso medicinal; estas plantas tienen sustancias químicas que deben ser insumos para la producción de drogas especiales, que deben controlar los Ministerios de salud de Colombia y de los países que quieran comprarnos esos productos.

Los campesinos que saben cultivarlas serían los encargados de hacer ese trabajo, mediante un programa especial de los Ministerios de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, que les permita a los campesinos que se especialicen en estos cultivos que el gobierno nacional les comprará toda la producción y recibirán créditos y asistencia técnica para obtener la mayor eficiencia y productividad posibles.

El Estado tendría que asignar penas muy fuertes, tanto a los particulares que le compren estos productos a los campesinos, como a los campesinos que les vendieran sus cosechas a particulares, de modo que el Estado poco a poco tendría el monopolio del manejo de estos productos.

Los efectos de una política definida con estos criterios tendría los siguientes beneficios: 1. Desaparecerían las organizaciones de narcotraficantes que tanto daño le han hecho al país. Es posible que los narcotraficantes opongan resistencia y traten de no perder el negocio que tanto lucro les ha producido; pero el Estado tendrá que estricto y perseverante con esta política.

2. Mejorarían considerablemente los ingresos de los campesinos que se vinculen a este programa especial, y 3. El país tendría ingresos adicionales, producto de la exportación de las sustancias derivadas de estos cultivos, que el Estado decida exportar.

Luis Fernando Wolff Isaza lfwolff@une.net.co Medellín, Septiembre 16 de 2013

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Red de iniciativas y Comunidades Paz desde ia Base

FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS Bogotá, septiembre 24, 25 y 26 de 2013 1.

Presentación

„a Red Nacional de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base (en adelante "la Red") y el Espacio Regional de Paz del Cauca (en adelante "el ERPAZ") 1 , se hacen presentes en este Foro Nacional sobre el cuarto punto del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción

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La Red de Iniciativas y Comunidades de paz desde la base está presente en 12 de los 32 departamentos y sstá conformada por: 1. Asociación de campesinos de Buenos Aires (ASOCAB - Sur de Bolívar), 2, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN); 3. Asociación de Mujeres Sembradoras de Vida y Paz de Samaniego (Nariño); 4. Asociación de campesinos de Inzá Tierradentro (ACIT); 5. Asociación de productores alternativos de Simití (ASPROAS); 6. Asociación de organizaciones de mujeres de Buenaventura; 7. Asociación de trabajadores Campesinos del Carare (ATCC); 8. Asociación de Juntas de Acción Comunal de Cartagena del Chaira, Caquetá (ASOJUNTAS); 9. Asociación Regional de mujeres del oriente antioqueño (AMOR), 10. asociación de productores para el desarrollo comunitario de la ciénaga grande del bajo Sinú (ASPROCIG); 11. asociación de Juntas Comunales del Alto Naya; 12. Asociación de Consejos Corrunitarios deí Río Patía, sus trazos y la ensenada de Tumaco (ACAPA); 13. Comité de Cacaoteros de Remolino del Caguán y Suncülas CHOCAGUÁN); 14. Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA-FUNDECIMA); 15. Comunidad de 3az de San José de Apartado; 16. Comunidades de autodeterminación, vida y dignidad del cacarica (CAVIDA); 17. Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); 18. Consejo Comunitario del rio Sanquianga (Nariño); 19.

Consejo Comunitario Mayor del río Anchicayá; 20. Consejo Comunitario del i o Cajambre; 21. Consejo Comunitario del bajo Naya; 22. Consejo Comunitario del río Yurumanguí; 23. Consejo Comunitario Mayor de la 3POCA (COCOMOPOCA); 24. Coordinación de consejos comunitarios y organizaciones de base del pueblo negro del Pacífico Caucano (COCOCAUCA); 25. Foro Interétnico de Solidaridad Chocó (FISCH); 26. Iglesias Santuarios de Paz de Tierra Alta, Córdoba (CORSOC-ASVIDAS); 27. Proceso soberano y comunitario por la /ida, la justicia y la paz de Micoahumado; 28. Red Mujer y Participación Política de Cundinamarca; 29. Unidad de Organizaciones Afro caucanas (UOAFROC); 30. Unidad Indígena del Puebio Awá (UNIPA). Con el apoyo del Programa Suizo de Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL). =1 Espacio Regional de Paz del Cauca, está conformado por iniciativas de paz y organizaciones indígenas: CRIC, ACIN; campesinas: CIMA, MCC; de mujeres' Ruta Pacifica de las Mujeres regional Cauca, mujeres ACIT, Justicia y Paz, Corporación gestión y desarrollo, Fundetnias y COMUNITAR: Afro descendientes: COCOCAUCA, JOAFROC; urbanas; ORDEURCA, CODESCO, SUNMCOL. Con el apoyo del Programa Suizo de Promoción de a Paz en Colombia (SUIPPCOL).

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Red de iniciativas y Comunidades Paz desde la Base de una paz estable y duradera: "Solución al problema de las drogas ilícitas: 1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. 2. Programas de prevención del consumo y salud pública. 3. Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos".

Desde que se iniciaron los diálogos en la Habana, la Red y el ERPAZ han manifestado su beneplácito y su decisión de saludar, rodear y defender dicho proceso. Hemos solicitado que no se levanten de \¿ mesa hasta lograr un acuerdo final para terminar el conflicto armado. De igual forma hemos expresado que no nos sentimos representados en la mesa y que el modelo de participación acordado es excluyente, aunque no por ello deje de tener validez y legitimidad. Sabemos que el camino paró terminar con la guerra y construir la paz es de largo aliento, pasa por los escenarios de diálogo > negociación entre las Insurgencias y el Gobierno Nacional, pero sobre todo se construye, se concerta y se legitima ampliamente, en los escenarios de construcción de paz del movimiento social popular y er las múltiples expresiones organizativas y de participación de la sociedad civil y en las regiones ) territorios de nuestras comunidades.

La Red y el ERPAZ han venido construyendo participativamente, un enfoque y propuesta de paz desde la base, a partir de las experiencias, vivencias y hechos concretos de paz, a pesar del conflicto Dicho enfoque incluye una perspectiva diferencial, de género, multiétnica y multicultural de la paz vistadesde el territorio.

Respecto del tema que nos ocupa en este Foro, la Red y el ERPAZ consideran que después de másde 30 años de fracaso de la política antidrogas en Colombia, ya es hora que se tengan en cuenta las. propuestas muy concretas que han hecho las organizaciones campesinas, afros, indígenas, mujeres y en general los productores de hoja de coca, con el fin de construir una política realista de manejo de problema. La solución al problema de los cultivos declarados ilícitos pasa por discutir y decidir políticas frente a las complejas dimensiones del narcotráfico en los escenarios de paz con participación de Ií sociedad civü colombiana. Y al mismo tiempo aclarar, desde la perspectiva de Colombia en el maree del proceso de paz, cuál debería ser la responsabilidad internacional y cómo se debe actuar er relación con la política de cooperación.

La Red y el ERPAZ consideran que en el centro de la discusión de este tema debe estar la relación ) articulación entre drogas y conflicto armado y la transformación que el narcotráfico ha logrado en le institucionalidad y el Estado colombiano, creando un poder mafioso que ha llegado, como lo señaló Garay a la "reconfiguración y captura del Estado". Pero de igual forma, la solución del problema, en e marco de una paz estable y duradera, debe estar necesariamente articulada a otros temas tales como un cambio radical en la estrategia de re-militarización y plan consolidación que ha violado derecho? fundamentales de las poblaciones; el tema del acceso a la tierra-reforma agraria integral; de los proyectos de vida de las comunidades, iniciativas de economía campesina propia y de ¡os planes de desarrollo regional, construidos desde los enfoques y con la amplia participación de las comunidades especialmente de las poblaciones (mujeres, afro, campesinas, indígenas) afectadas por las políticas represivas ¡mplementadas para enfrentar el problema.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde ia Base 2. Análisis del problema desde la Red y el ERPAZ _a biodiversidad cultural y agroecológica de las regiones de Colombia hacen que el comportamiento ie los cultivos declarados ilícitos se manifieste de manera diferente y por supuesto sus opciones de solución deben ser diferentes, asunto que no se ha aplicado todavía en el país y mucho menos se ha :enido en cuenta las características étnicas y culturales de las comunidades locales.

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ara las organizaciones y comunidades que hacen parte de la Red y el ERPAZ, la relación entre el :ema de las drogas y el conflicto armado se traduce en mayor afectación de sus derechos como ^oblación civil debido al control y disputa de los corredores de tráfico, establecimiento de redes y contactos, instalación de laboratorios de procesamiento, control de pistas lavado de activos. Este ;ontrol territorial alimentado con el flujo de grandes cantidades de dinero del narcotráfico, con oresencia de ejércitos privados unido al control históricamente ejercido por las élites políticas "egionales/tradicionales y por la alta militarización y políticas represivas desde el Estado ha entraao en ;onfrontación con el ejercicio de autonomía por parte de las comunidades quienes consideran que esta problemática ha tenido tres consecuencias graves: 1) pérdida de la autonomía en el territorio, 2) crisis de seguridad y soberanía alimentaria, y 3) el aumento de la violencia y conflictos con los actores armados en sus territorios. _a autonomía sobre los territorios es tal vez el aspecto más resaltante de la problemática de los ;ultivos de uso ilícito cuando se establecen en territorios indígenas, afros y campesinos porque se Dierde el control sobre el manejo de la cotidianidad, se pierden los valores étnicos y sobre todo se Dermea la cultura ancestral y las practicas comunitarias. _a política anti-narcóticos de los Estados Unidos ha causado despojo y violaciones de derechos lumanos, ha incrementado el tráfico de armas y ha aumentado violencia. No ha resultado útil en la disminución del cultivo de la coca ni en la producción de cocaína. Por otra parte, políticas económicas estadounidenses como la apertura del mercado y la implementación del Trato de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos y Colombia han impactado negativamente a las economías de pequeña sscala, aumentando la vulnerabilidad económica y la dependencia de la cultivación de coca como líente de ingresos, actuando en contra de las supuestas metas de la erradicación.

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Si bien es cierto que los Gobiernos y Estados tienen hoy mayor claridad y puntos en común sobre el diagnóstico del problema, como lo señaló el Secretario general de la OEA al entregar el informe2 "esta situación debe ser enfrentada con mayor realismo y mayor eficacia si queremos avanzar en soluciones dfectivas" y con mayor claridad apuntó que "todos quienes tenemos responsabilidades en el ámbito público, le debemos a los millones de mujeres y hombres, de jóvenes y adultos mayores, de madres y ,:

Ver: OEA, £/ problema de las drogas en las Américas, 2013. Insulza señaló cuatro conclusiones: 1. Es necesario tratar el problema de acuerdo a cada realidad; 2. Los países con menos recursos y menor fortaleza nstitucional tienen más dificultades para hacer frente al impacto del narcotráfico; 3. El fenómeno requiere un enfoque de salud pública; y ei enfoque del problema debe ser múltiple, flexible, comprensivo de las diferencias y debe contar con la unidad en la diversidad.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base padres, de niñas y de niños que hoy se sienten amenazados, respuestas claras y políticas públicas eficaces para enfrenar este flagelo".

En el documento sobre "Escenarios 2013-2015, para el problema de las drogas en las Américas"., complementario al informe global, se describen cuatro escenarios cada uno con énfasis diferentes £ saber: acento en el fortalecimiento institucional, ajustes en las normas legales y mecanismos de control y regulación, continuidad del fracaso de las políticas (ruptura) y un escenario de diálogo con las comunidades en la perspectiva de: "Programas para el fortalecimiento de las comunidades y e! mejoramiento de la seguridad y la salud públicas, creados de abajo hacia arriba por los gobiernos locales, las empresas y las organizaciones no gubernamentales". Esperaríamos que los mandatarios y responsables de las políticas antidrogas presten real atención a éste escenario.

Reiteradamente y en múltiples espacios, las comunidades no sólo han elaborado el diagnóstico sinc que han construido propuestas que no han sido escuchadas. Recientemente, en una audiencia pública realizada en el Cauca3, las comunidades campesinas, mujeres, afros e indígenas expresaron: "Creemos que debe haber un enfoque de tratamiento estructural de la problemática. El 62% de le población estamos recuperando economías propias como alternativa a los ilícitos. Partiendo de: problema de la tenencia y propiedad de la tierra.

Seguimos manteniendo nuestra propuesta de plan de vida y la movilización permanente.

Proponemos discutir y concertar propuestas en tres niveles: 1. La recuperación y promoción de los usos culturales y tradicionales de la coca 2. Diversificación de los cultivos, en el marco de economías campesinas propias.

3. La sustitución gradual y concertada con garantías de ingresos y desarrollo agropecuario integral.

Para ello señalamos una posible ruta de acción: Cultural: Hay que sustentar y defender con razones lo que hacemos y lo que producimos. Poder suplir las necesidades alimentarias locales antes que pensa: en exportar, sin descartarlo.

Metodológicamente; intercambio de saberes y experiencias que fortalezca nuestro territorio Político: reconocimiento como sujetos de derechos pues no queremos ser perseguidos, y seguí luchando por una reforma agraria integral Ambiental: reconociendo la riqueza natural y humana del territorio y la imperante concientización de los países en relación con la urgencia de una compensación ambiental.

Económico: rechazo contundente al TLC".

En la misma audiencia el Gobernador del Cauca, intervino señalando que: "Los que vivimos aqu> sabemos cuál es la dinámica de la coca, y sabemos que los campesinos no se hacen ricos con la coca, con la coca no se han beneficiado los campesinos, pero si es un medio de subsistencia antesituaciones difíciles. En el departamento del cauca estamos haciendo un esfuerzo para trabajar el tema del campo, hemos hecho varios foros, conclusiones: vivimos del café, hay que apoyar a los que J

Audiencia Pública "Diversificación de la economía y dignificación de la coca", 26 de julio/2013. Gobernación del Cauca.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base cultivan esto, caña panelera y fique, leche y frutales; cualquier gobierno si quiere aportar realmente al campo debe apoyar estos cultivos, con un criterio, organizar el campesinado, para que se convierta en un interlocutor fuerte para negociar, exigir etc."

3. Impactos específicos para las comunidades y territorios Colombia cuenta con un ecosistema "mega-diverso," hospedando aproximadamente 14% de la niodiversidad mundial4.

La política antidrogas aplicada en Colombia ha sido un fracaso, además de causa un grave daño a! ecosistema, porque no ha tenido en cuenta otros problemas estructurales, como la crisis agraria, la nequidad de un modelo de desarrollo que no es sostenible, la ausencia de una gobernabilidad ganada desde los procesos y no desde el ejercicio de la fuerza. Los ciudadanos colombianos y estadounidenses continuarán presenciando el despilfarro de significativos recursos en acciones que además de no mostrar sus bondades impiden el afianzamiento de la democracia y con ello la consecución de la paz en Colombia.

De igual forma, las regiones que albergan la riqueza de la diversidad colombiana seguirán padeciendo as consecuencias ambientales y sociales de esta estrategia que no hace otra cosa que fortalecer el negocio de la guerra, en el cual los que se lucran son los fabricantes de las armas, químicos como el güfosato y aeronaves. La erradicación forzada de los cultivos de coca, marihuana y amapola no puede continuar siendo parte esencial de una estrategia de guerra para combatir parcializadamente a los actores armados y consolidar el poder de grupos ilegales y organizaciones narcotraficantes, sntronizadas en los poderes locales, en muchos casos, con el apoyo de amplios sectores ampresariales nacionales e internacionales, y políticos. _a política se ha centrado en perseguir las plantaciones y, con ello, al eslabón más débil de la cadena, ntegrado por campesinos, colonos, indígenas y afrocolombianos que deben dedicarse a su siembra para sobrevivir, ya sea ante las inadecuadas condiciones de vida o las presiones de los actores •armados. Las aspersiones aéreas con güfosato desde 19925 y otros químicos incluida la propagación de plagas contra a hoja de coca bajo elnombre de "control biológico", están causando graves daños de tipo ambiental, cultural y social, violando disposiciones sobre seguridad ambiental y normas sobre manejo de herbicidas.

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Como consecuencia, las áreas de ilícitos se han desplazado a zonas ambientalmente frágiles tanto en el interior de la región amazónica como en las zonas de bosque andino y alto/andino, áreas estratégicas en la producción del ciclo del agua. Con ese traslado se han multiplicado los impactos

11 :

Consultar: "Colombia Report,Convention on Biológica! Diversity" en http://www.cbd.int/countríes/?country=co

' Según Ricardo Vargas, la fumigación de coca y amapola entre 1992 y 1999 sobrepasó el equivalente a 230.000 nectareas, esto es, se esparcieron más de dos y medio millones de litros de güfosato.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base ambientales6 y se ha agravado la problemática social ante el contundente hecho de que centenares de miles de colombianos derivan su ingreso de esa economía.

Tras las fumigaciones, el aire contaminado, produce en la población dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, tos, problemas respiratorios, mareo, vómito, diarrea, conjuntivitis, dolor de huesos, alergias.

La población ha expresado que luego de la fumigación, queda un olor a químicos en el ambiente. Los ríos también se han contaminado, y al carecer de agua potable o, por lo menos, entubada obligadamente se utiliza el agua de los ríos para uso doméstico y para su baño personal, provocando enfermedades internas y a la piel. El consumo de agua del río contaminada por las fumigaciones constituye un ciclo de envenenamiento para las personas, animales y plantas. Se han presentado enfermedades desconocidas para la población y se puede observar daños sistemáticos en las personas como afecciones respiratorias, de piel, digestivas y nerviosas, sarpullidos, diarrea, problemas de visión y abortos espontáneos después de las fumigaciones. Los pobladores manifiestan que lé intensidad de algunas de estas enfermedades no eran comunes en la zona y que después de las fumigaciones hay una propensión a enfermarse con mayor frecuencia. Tres meses después de las fumigaciones la población más cercana mantiene síntomas de intoxicación crónica con señas de afección neurológica, problemas de piel y conjuntivas.

En este sentido, en 2007, el Relator Especial en el derecho a la salud de las Naciones Unidas afirmó "Hay evidencia creíble y confiable de que las fumigaciones aéreas de glifosato en la frontera entre Colombia y Ecuador perjudican a la salud física de la gente viviendo allá. También hay evidencie creíble y confiable que las fumigaciones aéreas perjudican a su salud mental. A veces helicópteroi militares acompañan a las fumigaciones y la experiencia entera es aterrorizante, especialmente parí los niños. "7 Comunidades que hacen parte de la Red han documentado oleadas sistemáticas de fumigaciones poejemplo de más de diez veces en un período promedio de dos meses. En cambio, sus propuestas paríprogramas voluntarios de erradicación manual no son tenidas en cuenta Esta fumigaciones causan e despojo y desplazamientos de comunidades indígenas, afro-descendientes y campesinos.8 Las fumigaciones aéreas siguen siendo aproximadamente tres veces más utilizadas que la erradicación manual.9 Además, la erradicación manual no se concerta con las comunidades; se hace ° En sentido contrario, las comunidades que hacen parte de la Red y el ERPAZ, han protegido, en los últimos 2 años cerca de 32.000 hectáreas de tierra, en su mayor parte baldíos, del despojo y el abandono de más de 1.200 familias campesinas; se ha apoyado la titulación colectiva de 70.000 hectáreas de tierras en territorios étnicos j se han preservado más de 28.000 hectáreas de ciénagas, sabanas y playones comunales.

7

'Human Rights and Drug Policy: Crop Eradication," Office of the High Commissioner for Human Rights. http://www2.ohchr.org/enqlish/bodies/cescr/docs/nqos/IHRA Colombia44.pdf

8

Denuncias reiteradas de indígenas del Cauca (CRIC), campesinos del macizo colombiano y comunidades afro del pacífico (Valle y Cauca).

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En 2011, 34.170 hectáreas de coca fueron erradicadas por medio de la erradicación manual forzada, mientras que 103.302 hectáreas fueron fumigadas desde el aire. Ver: "Colombia Coca Cultivation Survey 2011", United Nations Office on Drugs and Crime, June 2012 at 76 and 79.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base en el marco de la militarización incrementada de los territorios generando riesgos de seguridad cuando ;os erradicadores manuales entran a las comunidades y por su presencia ponen a los habitantes en oeligro de represalia de actores armados. Esta situación ha generado enfrentamientos y violencia oontra los habitantes, especialmente contra las mujeres, muchas de las cuales reportan acosos y violaciones sexuales durante campañas de erradicación forzada.

LOS programas de desarrollo alternativo ofreciendo substitutos para el cultivo de coca no han recibido -ecursos adecuados ni han sido implementados efectivamente. Mientras se invirtieron $1.2 mil millones USD en fumigaciones entre 2000 y 2005, solo invirtieron $213 millones USD en programas de sustitución y desarrollo alternativo10. Además no se ha cumplido con los compromisos hechos con grupos campesinos Aí comunidades sobre los programas de substitución.11 Del mismo modo, la política ha desplazamientos forzados de campesinos y otros habitantes del campo ,'Codhes, 2003), contrariando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones unidas. Al respecto, la Corte que "las actuaciones de las fuerzas militares o de policía y de ios organismos de seguridad del Estado cuando le hacen frente a las conductas delictivas realizadas por 'os grupos armados, o cuando se adelantan procesos de fumigación y erradicación de cultivos ilícitos 3n lugares donde habitan personas que se ven avocadas a desplazarse" (Corte Constitucional, 2005).

A esta conclusión llegó la Corte luego de analizar ios casos de desplazamientos en los departamentos j e Chocó, Nariño, Cauca, Meta, ¿aqueta y Putumayo, zonas en las que se han aplicado el Plan D atriota, Plan Consolidación y programas de fumigación y erradicación de cultivos.

En similar sentido, se manifestó el Relator de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos luego de su visita a Colombia: 'Vas actividades relacionadas con el narcotráfico son otro factor del desplazamiento forzado, toda vez que este tipo de delincuencia está vinculado a la obtención del control sobre territorios y personas, o contribuyen a crear un clima general de violencia.

La combinación de medidas de carácter militar y punitivo empleadas para erradicar el cultivo ¡lícito de oíanlas narcógenas, y las repercusiones negativas de ¡a fumigación aérea en la seguridad alimentaria de las zonas afectadas, podrían acentuar el sentimiento general de inseguridad e indefensión que, a su vez, propicia los desplazamientos individuales y en masa".

4. Propuestas para una solución integral al problema

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De acuerdo con el análisis planteado, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, las comunidades ;ampesinas, indígenas y afro descendientes que conforman la Red de Iniciativas y Comunidades de oaz desde la Base y el Espacio Regional de Paz del Cauca, presentan las siguientes propuestas, en la perspectiva de contribuir a la ampliación y al fortalecimiento de iniciativas que ya vienen realizando las

10

"Alternative development strategies in Colombia: The need to move beyond illicit crop spraying," Interamerican ¿\ssociation for Environmental Defense. 2006. En: http://www.aida-mericas.org/ !1

Denuncias de campesinos del Cauca.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base organizaciones de base en sus territorios y en cada una de las cadenas productivas; y, con la iníenciór de aportar a una solución real al problema que permita la consolidación de la paz con justicia social.

4.1 Las políticas de solución al problema de las drogas y los cultivos de uso ilícito deben construirse bajo un enfoque de respeto y garantía a los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones y comunidades vinculadas a la producción de la hoja de coca. En tal sentido, es prioritario descriminalizar el cultivo y reorientar la política de militarización y de operaciones represivas contra las comunidades y sus territorios. Esto pasa por desmontar el actual piar consolidación.

4.2 Parar de manera inmediata las fumigaciones. Esta es una condición necesaria para generar ur ambiente de confianza entre el Estado y las comunidades y poder así desarrollar acuerdos para le implementación de alternativas viables y sostenibles en el mediano y largo plazo a los cultivos ilícitos.

4.3 Fortalecer las iniciativas de economía propia, basada en semillas, tecnologías, procesos de transformación de alimentos autóctonos y mercadeo y comercialización colectivos que fortalezco los sistemas de producción que hoy se desarrollan en varias regiones del país y favorece! propuestas de etnodesarrollo y con enfoques Interétnico y e intercultural, en los que se incluya efectivamente, las propuestas productivas alternativas, impulsadas por los grupos de mujeres. Er este sentido, es necesario desarrollar una campaña nacional que reconozca la "dignificación de le hoja de coca y del desarrollo alternativo". Estos planes alternativos deben apuntar a garantizar lé autosuficiencia alimentaria y propiciar inversiones sobre aquellos cultivos que generen excedentes y tengan condiciones favorables para su comercialización. Para ello se debe partir de procesos de ordenamiento territorial y ambiental que determinen las condiciones biofísicas para la instalador de alternativas viables en el mediano y largo plazo.

4.4 Como alternativa frente a las fumigaciones químicas y biológicas se debe considerar el análisis de técnicas de erradicación manual siempre que ésta sea voluntaria, acordada con las comunidades de carácter gradual y condicionado a la sostenibilidad de inversiones económicas en lo social \ cultural. Se requieren acciones que contribuyan a generar tejido social, una ética fundada en e respeto por la vida y la dignidad humana y que promueva la creación de plenas garantías para ls aplicación de una pronta eficaz justicia.

4.5 Conociendo que la mayoría de los cultivos de uso ilícito se encuentran en zonas de alta fragilidac ambiental, y que además estos territorios cuentan con una gran diversidad étnica y cultural, las políticas alternativas que se propongan deberán garantizar: los derechos de los pueblos indígenas afro descendientes y campesinos de controlar y proteger sus recursos y conocimientos tradicionales; el derecho a la consulta y consentimiento previo e informado, sobre cualquier plan programa o proyecto que se piense desarrollar en sus territorios; garantizar que los beneficios obtenidos por los desarrollos investigativos y el uso sostenible de la biodiversidad sean revertidos sobre las comunidades que habitan los territorios ambientalmente frágiles, con el fin de general alternativas a las economías extractivas.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base 4.6 Es importante realizar una actualización desde las regiones de las dinámicas y cambios que han ocurrido en la cadena productiva de la producción de la hoja de coca, que permita identificar los cambios ocasionados y los impactos socio culturales, económicos y ambientales que se han producido en los últimos 10 años en el país; para ello se plantea la realización de estudios subregionales en zonas históricas de producción que hayan tenido referentes serios de desarrollo alternativo.

1.7 Fortalecer el proceso de organización de las comunidades en el nivel municipal y departamental de modo que contribuya a concertar respuestas locales incluyendo la erradicación manual, gradual y con inversiones económicas y sociales que reconozcan la diversidad social, política y cultural de las regiones, así como sus planes de vida, de etnodesarrollo y del "buen vivir". En el caso del desarrollo alternativo, este debe incorporar las perspectivas, intereses y cosmovisiones de las comunidades y sus formas de apropiación y manejo del entorno.

4.8 Cumplir de forma eficaz con la implementación de los Autos 02, 05 y 06, los cuales ayudarán a mitigar los efectos del conflicto armado, de la violencia y demás conflictos generados por las políticas antidrogas, contra mujeres, niños(as), pueblos indígenas y afro-descendientes.

4.9 Fomentar la creación de eco-aldeas que estimulen las condiciones rurales para el "buen vivir".

4.10 Reconocer y reparar a las comunidades, organizaciones, mujeres y niños/as, que han sido víctimas de las políticas antidrogas, especialmente a quienes han sido afectadas gravemente en sus derechos a la alimentación y a la salud, por las fumigaciones indiscriminadas.

atentamente, Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base Espacio Regional de Paz del Cauca Bogotá, Septiembre 24-26 de 2013

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FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS Bogotá, septiembre 24, 25 y 26 de 2013 "Las fumigaciones no sólo arrasan la coca, arrasan con todo, hasta las casas las fumigaron y eso queda un líquido blanco... fumigaron hasta los estanques... Yo como mujer me sentía culpable por haber cultivado coca y luego verlas montañas y todos los sembrados acabados, los árboles secos... Yo me preguntaba porque tenían que pagar los árboles por las cosas que uno hace... pero yo pensaba si el gobierno antes de las fumigaciones hubiera entrado a negociar con los campesinos, tal vez no hubiera sucedido eso... si el gobierno le hubiera preguntado a la gente qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan pues nos hubiéramos ahorrado todo eso..."

Testimonio de una mujer del Putumayo

Presentación La Ruta Pacífica de la Mujeres, es un movimiento de mujeres feminista, pacifista y antimilitarista que desde hace más de 16 años, con las casi 300 organizaciones que lo componen, se opone a la guerra y a la solución violenta de los conflictos. Dada nuestra presencia organizativa en diferentes regiones en donde los cultivos de uso ilícito son una alternativa de subsistencia para las comunidades, nos hemos dado a la tarea de avanzar en una reflexión alrededor de los impactos que la política antidrogas y los mismos cultivos, han generado en la vida y el cuerpo de las mujeres, así como el esbozo de algunas propuestas que las mujeres de estos territorios han planteado para avanzar en una propuesta integral de replanteamiento del problema y las soluciones que hasta ahora se han dado, y que aporte a la consolidación de la paz Nuestra preocupación frente a la Paz, se centra en la realidad que implican los cultivos de uso ilícito para el fortalecimiento de una economía para la guerra, promovida por los distintos actores armados cuyos intereses trascienden el marco de un proceso de negociación. Los cultivos de uso ilícito y la misma política antidrogas han sido en los últimos años, el motor del conflicto armado, con consecuencias nefastas no solo en términos de la militarización de los territorios, sino de cambios profundos en la institucionalidad colombiana que fue cooptada en muchas regiones por estructuras mafiosas, asociadas fundamentalmente al narcotráfico y al paramilitarismo. A través de la regulación del negocio de la coca, la administración de justicia y la intervención en la vida cotidiana de la población, los actores armados han logrado consolidarse en muchos territorios como autoridad y moldear un orden social a su albedrío.

No atender de manera inteligente este problema, puede socavar la construcción de la paz, la

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legitimidad del Estado en distintos territorios, además de los efectos que ya mencionaremos en las mujeres, en la sociedad y el medio ambiente.

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El problema y sus Impactos en la vida de las mujeres De acuerdo con Vargas (2008), mientras la principal fuente del valor agregado en la economía de las drogas se sitúa en el proceso de traslado de las drogas desde los lugares de producción a los sitios de comercialización y consiguientemente en los complejos y rápidos procesos de lavado de dineros, el mayor porcentaje de los esfuerzos antidrogas se sitúa en aquellas partes que se relacionan más con problemas socioeconómicos y de pobreza. Esta circunstancia ha hecho que se centren los esfuerzos de la política antidrogas y sus recursos económicos en el proceso de producción de los cultivos más que en el desmantelamiento de las estructuras de criminalidad organizada del narcotráfico, que han jugado un papel fundamental en la alianza con las élites políticas regionales para el manejo del Estado y de los territorios, afectando la autonomía de las comunidades.

La estrategia fundamental de la política antinarcóticos fue el Plan Colombia, ¡mplementada fundamentalmente en el sur del país, que contó con recursos de Estados Unidos por 1.3 millones de dólares, que convirtieron a Colombia en el tercer país en recibir mayor ayuda después de Israel y Egipto. El 74% de los recursos se asignó a! fortalecimiento del Ejército y la Policía, así como al financiamiento de uno de sus componentes, conocido como "Iniciativa contra el narcotráfico", que enfatizó la erradicación de cultivos de uso ilícito, especialmente forzosa, por tres razones: "el vínculo existente entre la guerrilla y el narcotráfico, su fortalecimiento, y el lento desarrollo de las conversaciones de paz".1 El vínculo de la política antidrogas con la política contrainsurgente contribuyó de manera sustancial a poner a los campesinos y campesinas, y a la población civil en el centro de las acciones militares del ejército y la policía.

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La situación de las mujeres que habitan en territorios de cultivo de uso ilícito no puede verse desligada de las condiciones históricas, su situación está atravesada por discriminaciones y subordinaciones ancestrales y por una cultura patriarcal que se agudiza en contextos de narcotráfico y guerra. La dinámica de los cultivos, asociada a la exacerbación del conflicto armado, el copamiento militar de los territorios por parte de todos los actores armados y las

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Mujeres, Coca y Guerra en el Bajo Putumayo. Grupo de Memoria Histórica. 2011

estrategias principales de la política antidroga que han girado en torno a ¡a erradicación manual forzada y las fumigaciones, han generado diversos efectos sobre la vida y el cuerpo de las mujeres que se pueden resumir de la siguiente manera: • Constante presión y tensión por los requerimientos del contexto: Las mujeres y la familia se han convertido en un escenario de expresión de las fuertes tensiones generadas por la dinámica del conflicto armado, expresado no solamente en la ruptura de vínculos familiares por resentimientos profundos que surgen ante lo que se está viviendo, aislamiento de la familia, situaciones de desplazamiento o duelo por el asesinato de alguno de los integrantes familiares-, sino también por su instrumentalización por parte de los actores armados, tanto al margen de la ley como los que están establecidos institucionalmente. Las políticas implementadas refuerzan la situación anterior.

• Efectos en la salud mental de las mujeres: Las estructuras de control social instauradas por los actores armados han agudizado las manifestaciones de violencia intrafamiliar, de manera física y psicológica, introduciendo la amenaza como estrategia de control y debilitando la capacidad que la familia tiene para manejar directamente sus conflictos. Así a través de las normas que imponen, reproducen las identidades de género más tradicionales. La dinámica que ha traído consigo los cultivos de uso ilícito ha implicado la desestructuración de las relaciones sociales y familiares, reflejada en maltrato, golpizas, violaciones, amenazas, tortura, intento de homicidio, abandono y persecuciones que se encuentran narradas en diversos testimonios de mujeres que habitan los territorios en guerra y con cultivos de uso ilícito. Las transformaciones culturales en las zonas, generadas por el dinero derivado de los cultivos de uso ilícito y el contexto de militarización, impulsan valores agresivos, el menosprecio de la vida del otro(a) y la venganza.2 Las familias y las mujeres aparecen como unidades estratégicas para ejercer el control en las comunidades, pues los actores armados buscan una legitimación como autoridad resolviendo conflictos y aplicando sanciones, teniendo una directa influencia sobre la vida privada, y por lo tanto, entablando un control social en la comunidad, que muchas veces pone en mayor estado de riesgo a las familias. Dicho control se ejerce a la vez por diferentes grupos armados, provocando mayores niveles de violencia y autoritarismo. Igualmente, ejercen un estricto control del cuerpo y la sexualidad femenina, en especial en las mujeres

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Algunos testimonios del horror vividos por las mujeres, se encuentra en el documento "el espejismo de esas hojas" CIFISAM, UNICEF (2000)

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jóvenes quienes son víctimas de múltiples manipulaciones socioeconómica y por su situación social de bajo estatus y poder.

por su vulnerabilidad

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• Efectos en el cuerpo de las mujeres: Es frecuente el asedio y abuso sexual al que son sometidas las mujeres jóvenes. Los actores armados ejercen control en la manera de vestir y comportarse de las mujeres. Igualmente, tienen injerencia en ia forma de vivir y de asumir la masculinidad en los hombres de la zona. Así mismo las fumigaciones han generado enfermedades en la piel, abortos y malformaciones en recién nacidos.

• Efectos en la soberanía alimentaria de las comunidades y en el medio ambiente: Los efectos ocasionados por las fumigaciones a los cultivos alimenticios y a la flora en general, están poniendo en peligro las condiciones de seguridad alimentaria de la población, limitando la disponibilidad y acceso de los alimentos. Al destruir también los cultivos agrícolas, se limita el acceso a unos mínimos requerimientos nutricionales de autoabastecimiento familiar, también se limita el suministro de alimentos suficientes para distribuir y comercializar, repercutiendo en los bajos o nulos ingresos de las unidades familiares campesinas. Las mujeres soportan la presión cotidiana del hambre y la escasez de alimentos.

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• Efectos en cuanto al desplazamiento. El desplazamiento incide en las mujeres de manera particular, ya sea por una acción forzada de los actores armados o por las condiciones en las que quedan sus parcelas después de la fumigación. Los impactos del desplazamiento se dan mayoritariamente en la población de mujeres rurales. El trauma y la crisis las obliga a cambiar su existencia estable por una serie de circunstancias que las pone en una situación vulnerable, abiertamente desesperada, ya que significa una destrucción de su identidad social, relacionada con un cambio brusco en la forma en cómo dirigen sus vidas, pues dentro de sus comunidades de origen es normal que ellas pertenezcan al ámbito de lo privado, mientras que al hombre ya se le ha configurado en un espacio social y geográfico más amplio.

Nuestra Propuesta Las partes en la Habana deben avanzar hacia una propuesta integral que disminuya los impactos mencionados anteriormente para las mujeres rurales que habitan en zonas de cultivos de uso ilícito y en el campesinado en general, enfatizando en la legitimidad del Estado

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a través de la presencia en inversión social y la profundización de la democracia. Para ello es necesario implementar planes específicos en los territorios afectados que tengan en cuenta:

1. La descriminalización de los campesinos/as y pequeños productores, pues son el eslabón más débil de la cadena3 y las decisiones de política deben estar más encaminadas al desarrollo alternativo que a la implementación de la fuerza. En el caso de los cultivadores de la coca y/o la amapola, el uso de la fuerza contra ellos/as, no se compadece con los orígenes y naturaleza del problema en este nivel de la cadena de producción, pues las decisiones de cultivar tienen una motivación de subsistencia y de carácter estructural. En este sentido, existe una compleja mezcla de condiciones socioeconómicas de los cultivadores, que no puede reducirse a una reflexión exclusivamente criminalizante. La militarización de la política antinarcóticos y su uso como estrategia contraguerrilla ubica al campesino/a como un enemigo interno, lo que contribuye a ampliar el paraguas de la ilegalidad y a minar la legitimidad del Estado.

Es responsabilidad del Estado asegurar y garantizar el derecho a la vida humana, animal y vegetal, a la integridad personal y a las condiciones de vida dignas de la población, por lo cual el Estado debe empezar a ejercer la soberanía sobre el planteamiento de las políticas, sobrepasar los intereses particulares y reconocer la naturaleza de la problemática, dando prioridad a! tratamiento social de las comunidades vinculadas con la pequeña producción de la coca. Promover políticas incluyentes para todos los sectores de la población, que aboguen por soluciones pacificas, que rescaten la defensa de la vida e integridad de las comunidades, fortaleciendo el tejido social, empoderando a las mujeres y a las comunidades y promoviendo procesos reales de desarrollo regional en aras de generar un desarrollo humano sostenible.

Vale la pena señalar que según Uprimmy (2012), si bien la mayoría de las personas detenidas por droga no son mujeres, la mayoría de las mujeres reclusas en Colombia han perdido su libertad por temas relacionados con la producción y el transporte de drogas. Este dato refuerza entonces la tesis de que parece existir una feminización de los delitos relacionados con drogas.

2. La No erradicación forzosa (Manual o por fumigaciones) que deberá ser sustituida por acuerdos y concertaciones con los productores/as de hoja de coca para la erradicación 3

Se calcula que el cultivo de la hoja de coca representa el 9% del valor agregado del total del negocio del narcotráfico; la transformación de la hoja de coca en pasta, representa el 5%; la transformación en cocaína el 15% del valor agregado del total del negocio y el tráfico de la cocaína el 71% .

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gradual y voluntaria bajo circunstancias específicas. Además de generar impactos visibles en la salud de las mujeres y en los procesos de soberanía alimentaria, las fumigaciones no han generado disminución efectiva de los cultivos, pues los mismos se han desplazado hacia otros territorios, multiplicando los daños ambientales. En esta erradicación concertada, deben tenerse en cuenta las expectativas y demandas de las mujeres en cuanto un desarrollo que incluya sus propuestas y las dignifique en un desarrollo humano junto con su entorno y familia.

3. Implementación de acciones de Desarrollo Alternativo con la participación de la comunidad y de las mujeres, haciendo énfasis en el impulso a la soberanía alimentaria como una actividad fundamentalmente en manos de las mujeres y en el acceso de las mujeres a la tierra, al crédito y a la tecnología para la producción. Las pequeñas productoras no han tenido un verdadero acceso a los procesos de capacitación, transferencia tecnológica y créditos como población beneficiaría de los proyectos de desarrollo alternativo; en razón de que las mujeres tienen menor acceso que los hombres a la posesión de tierras; la mayoría de parcelas en las que trabajan las mujeres están inscritas a nombre del esposo o compañero, considerados como jefes de familia y por ende beneficiarios en mayor grado de estos programas. A lo anterior se suma que. de acuerdo con Vargas (2002), los programas de desarrollo alternativo se han caracterizado por el esbozo de propósitos de corto plazo imposibles de cumplir, por una excesiva improvisación en su diseño y ejecución, la atomización y bajo impacto de los proyectos. La falta de rigor en el estudio del problema y la ausencia de planeación en su desarrollo, han terminado por degradar al desarrollo alternativo a la condición de subsidio complementario de las acciones de erradicación forzosa. Teniendo en cuenta lo anterior, los indicadores de evaluación de un programa de desarrollo alternativo, más que el número de hectáreas erradicadas, deben contemplar avances en indicadores sociales de bienestar para la comunidad y para las mujeres (acceso a la tierra, a educación, salud etc). Por supuesto, el desarrollo alternativo está ligado a profundas reformas en el sector rural que garanticen la sostenibilidad de las acciones de erradicación por la vía de mejores condiciones de vida para la población y para las mujeres campesinas.

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4. Desmilitarización de los territorios y de la vida civil en las zonas donde se adelanten las estrategias de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo. Las llamadas zonas de consolidación en las cuales se activa la presencia estatal en territorios de guerra y cultivos de uso ¡lícito, han sido convertidas en territorios de amplia presencia de las Fuerzas Armadas y policiales que realizan acciones que debería ejecutar la institucionalidad civil. La experiencia de las organizaciones de mujeres es que a mayor presencia de grupos armados (legales e ilegales), mayor inseguridad y violencia contra las mujeres. Estas manifestaciones de ¡a militarización, estas lógicas de guerra, tienen sus propias expresiones. Por eso, frente a la militarización del cuerpo, la vida y los territorios en los que viven las mujeres, se plantea la

J*%L\ desmilitarización de la vida civil. A la propuesta de desmilitarización, va ligada la propuesta de fortalecimiento tanto del Estado como de la sociedad civil en las llamadas zonas de consolidación como en todo el territorio nacional: Es necesaria una mayor y cualificada institucionalidad civil en los territorios y también es necesario el fortalecimiento de las organizaciones.

5. En las zonas urbanas, el Estado debe generar políticas que den un tratamiento integral a la proliferación del microtráfico y sus consecuencias en el incremento de la criminalidad y la delincuencia. Estas políticas deben tender a políticas de educación, salud, inversión social y desarrollo para los y las jóvenes no terminen en poder de las mafias urbanas.

6. Veeduría nacional e internacional que haga seguimiento a la efectividad de la política. Tal y como se ha demostrado a lo largo de este documento, la política antinarcóticos implementada en nuestro país no se corresponde con la complejidad de la problemática, mientras se fumigan los territorios y con ellos la vida de los/as pobladoras, los narcotraficantes cualifican sus sistemas de producción y distribución. Mientras la política antinarcóticos se aplica desde el componente militar y de fumigaciones dejando poblaciones enteras en la total miseria, los narcotraficantes trasladan los cultivos a otras zonas del país e incluso a otros países sin afectarse realmente el negocio. Es necesario un acompañamiento internacional latinoamericano que haga seguimiento a una nueva política antidrogas que centre sus esfuerzos en el origen del problema y atendiendo cada parte del circuito en la dimensión que corresponde.

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PROPUESTA NARCOTRÁFICO Y MICROTRÁFICOPROPUESTA COMPLEMENTARIA E INTEGRADA AL PROYECTO DE ERRADICACIÓN PRODUCTIVA "EL PAPEL DE LA COCA" LA LEGALIZACIóN CONTROLADA: CUESTIóN DE MéTODO PARA DESMANTELAR EL LUCRO CON LAS DROGAS:

INTRODUCCIÓN En los países occidentales existe actualmente un consenso creciente sobre las ventajas de descriminalizar el consumo y producción1 de la marihuana. Mientras en los Estados Unidos se consolida la legalización de la marihuana recreativa y se debaten fórmulas rentables para el fisco2 de su comercialización a nivel federal, las propuestas comerciales de producción a escala de marihuana medicinal e incluso de producción de marihuana sintética y hasta genéticamente modificada, se aprestany cotizan en la Bolsa de este país. En Europa la fórmula adoptada por aquellos países que se acogen a la descriminalización del consumo de marihuanagiran en torno de las características propias de su modelo agrícola basado en estructuras pequeñas e intensivas en mano de obra por oposición al modelo agrícola estadounidense compuesto por grandes agronegociostecnificados dedicados a la venta a gran escala de los productos básicoscomo cualquier mercancía (commodities). Consistente con las políticas de defensa de los pequeños productores agrícolas y del consumidorque prima en Europa, la fórmula pararegular el mercado de la marihuana es la del autocultivo. De tal forma, al eje de la despenalización del mercado de las drogas, está asimismo el debate sobre el modelo económico.

Los recientes llamados de algunos políticos y Estados latinoamericanos a un cambio de paradigma se logran no sólo gracias al desgaste de la guerra y ascenso al poder de otras visiones de la política sino al reconocimiento y poder público de quienes promueven estas propuestas.Lo desafortunado es queel modelo de "cambio de paradigma"propuesto y adoptado hasta ahorase ha centrado en la proyección de las necesidades de sociedades consumidoras. Con lo que los daños y riesgos que sufrenlos países de cultivos campesinos (no de invernadero o interior) siguen sin siquiera enfocarse.Una muestra de que este enfoque centrado prioritariamente en el consumo le queda corto a Colombia son aquellas propuestas de importar marihuana para los programas de consumo en un país condenado durante décadas a la guerra a cuenta de sus cultivos. En la actual coyuntura, Colombia no puede esperar a que las respuestas, o modelos, para enfocar su dilema interno de drogas le lleguen desde afuera, como le llegaron la Prohibición y sus secuelas. No puede no asumir un liderazgo en el tema mientras otros países sí lo hacen en consideración de sus necesidades nacionales. ^

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En Colombia, el aspecto de mayor impacto doméstico en el campo de las "drogas", que es el manejo de la coca, parece verse circunscrito a algunas iniciativas legislativas aisladas que terminan sin debatirse en el Congreso y a marchas campesinas de oposición que acaban estigmatizadas. Frente a la crítica situación del campo, la falta de medidas propias para enfrentar el dilema de la coca y su cocaína y la proximidad de la Ronda de discusión de tema de cultivos en los Diálogos para la Terminación del Conflicto, se hace necesario facilitar encuentros hacia la consolidaciónde una Mesa Social Nacional de Cultivadores de Coca que permita recoger y desarrollar propuestas variadas y adecuadas a la realidad de los cultivadores y sus regiones desde su propia óptica y con independencia de todos los actores en conflicto.

Colombia necesita asumir una posición consecuente con legislación y acciones concretas frente al cultivo campesino de marihuana, coca y amapola.

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El Gobierno de Juan Manuel Santos ha comisionado un estudio de escenarios de drogas a la OEA y, aunque aún no se ha pronunciado abiertamente sobre el cese de las fumigaciones, se muestra dispuesto a incorporar las experiencias, conocimientos y apreciaciones sociales en el Estatuto de Drogas que reemplazara la Ley 30 de 1986; ha promovido tratados de control de armas y emprendido el camino de la paz interna. Las FARC, por su parte, han puesto sobre la mesa una propuesta de legalización de la coca, marihuana y amapola con fines medicinales, científicos e industriales. Esta propuesta coincide con los debates y procesos que se están dando en la arena internacional, exige respuesta y merece una debida consideración y desarrollo por las partes en la Mesa de Cultivos y Drogas del Proceso de Diálogo. La consideración y desarrollo de la propuesta de legalización permite enfocar asimismo un escollo en la desmovilización cual es la caracterización de las FARC como organización narcotraficante o, como lo señalan estudios como los de Ferro Medina y Susan Norman, en calidad de actor regulatorio más que participativo en la economía ilícita. De cualquier forma, lo determinante son las condiciones y necesidades internas.

El régimen internacional vigente desde hace 100 años pretende penalizar todos los procesos relativos a las drogas. Sin embargo, lo que se da en los hechos es una falta absoluta de control sobre el mercado y mercadeo y la marginalización de amplios sectores de la sociedad. Colombia ha sido uno de los países más afectados en su desarrollo por este modelo prohibicionista; catalogado como país narcotraficante y productor, y ahora como gran consumidor, su legislación nacional está condicionada a y por las drogas. Este documento de aporte social busca proponer el marco de discusión de un modelo colombiano para ejercer controles reales sobre las drogas y, a través de la descriminalización de millones de colombianos, buscar el desmantelamiento del crimen organizado y sus redes de apoyo.

MARCOS TEÓRICOS: Frente a las sanciones penales o infracciones consideradas como prototipos de delitos creados artificialmente por el Derechopor vía de la legislación de drogas, existen dos marcos teóricoso escuelas de pensamiento:La Despenalización Total y/o Socialmente Integrada y La Legalización Controlada La Despenalización Total de todas las actividades agrícolas, industriales y comerciales de todas las drogas con base en la reivindicación del "derecho fundamental" a las drogas por oposición a lo que su proponentes consideran los abusos de la autoridad medical y farmacéutica y al dirigismo estatal es fruto del pensamiento libertarioque se acomoda perfectamente a la economía neo-liberal. Bajo este modelo, no es el Estado quien tiene el deber de satisfacer este 'derecho', prima la libertad individual sobre la social y el mercado libre de las drogas en manos de la industria privada por encima de lo público; por encima de la intervención estatal en lo que sería un negocio como cualquier otro. Básicamente, equivale a seguir el camino del tabaco y el alcohol y el paso del crimen organizado a la comercialización capitalista con reglas de juego similares como sería por ejemplo derecho a propaganda y el (evadido) deber de impuestos destinados a subsanar los daños sanitaros ocasionados.

La Teoría del Uso Socialmente Integradoque se desprende del pensamiento libertario se sustenta igualmente en la constatación de la incapacidad del sistema prohibicionista de brindar una solución válida al dilema de las drogas y sugiere que sean las sociedades ellas mismas las que libremente ejerzan un control sobre las drogas. A la base de este modelo de despenalización está la distinción entre el uso y el abuso y entre las virtudes y desventajas de la amplia gama de drogas en el mercado que serían en ultimas controladas por la libertad individual (erróneamente entendida como un "derecho fundamental") con conocimiento de causa y por las leyes del mercado. El único límite al consumo sería la violación o riesgo a la 2

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libertad ajena (i.e: incitación al consumo, incluso por propaganda;conducir o desarrollar actividades peligrosas bajo la influencia; o consumir en lugares públicos).

La Legalización Controladaparte, no de un derecho fundamental, sino de la libertad individual a la búsqueda del placer y el alivio del dolor. Francis Caballero la define como "un sistema que se dirige a remplazar la actual prohibición de las drogas por una reglamentación de su producción, su comercio y su uso con miras a limitar los abusos perjudícales a la sociedad." Sin embargo, bajo el régimen actual de las Convenciones de Drogas, esta fórmula sólo podría ser aplicada por un Estado firmante bajo la tipología de "modelo" y/o experimento a nombre de la ciencia, salvo que el Estado signatario optase por denunciar las Convenciones.

La Legalización Controlada-invocalja libertad de consumo personal {búsqueda del placer y escapismo), 2-el derecho de exigir al Estado que cumpla con la obligación de velar poruña reducción de riesgos y daños mediante un control real del mercado y 3- el deber del consumidor de ajustarse a fórmulas para que el abuso de dichas sustancias no repercuta de forma negativa sobre el entorno social y la seguridad de terceros y del Estado. La Legalización Controlada no es equivalente a la despenalización en cuanto se reserva el derecho de utilizar el derecho penal (de forma marginal y no central a diferencia de la Prohibición) para limitar los abusos que pudiesen perjudicar a terceros como son actos reprochables y agresivos en público relacionados con el uso "desmedido" de sustancias. En el régimen de Legalización Controladapriman el Derecho Administrativo, Comercial y Fiscalcon miras a la creación de una economía social. Se despenaliza el consumo privado y se establecen restricciones legales al consumo público y restricciones socio-económicas a la producción, venta y reventa de dichas sustancias.

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Sea cual sea el marco teórico bajo el cual se promueve la salida del Prohibicionismo, la única política eficaz contra el crimen organizado alrededor de las drogases aquella que despenalice o reglamente legalmente tanto el uso como el porte y producción y venta/consecución de drogas para el consumo personal. Por otra, la normalización no sería coherente con la convivencia social de no distinguir entre el uso privado y el uso público de dichas sustancias y no sería viable un sistema en el que se tiene la libertad de consumir sin que el Estado ejerza la obligación de controlar la producción y venta de estas sustancias. De igual forma, para que la "normalización" interna del uso de sustancias psicoactivas sea viable a la luz de las convenciones es necesario aplicar restricciones severas al tránsito transnacional/internacional de la drogas descriminalizadas a nivel doméstico.De ahí que la Despenalización o Legalización Controlada del consumo y porte con el objetivo de un interés general superior (sanitario y securitario) tiene que ir de la mano de la represión del tráfico privado a escala, sea empresarial o narcotraficante, nacional o internacional. Mientras la venta de sustancias psicoactivas siga siendo, o se convierta legalmente, en un negocio con ánimo de lucro, los daños sanitarios y sociales (, incitación al consumo,baja calidad y desarrollo de nuevas sustancias...) y riesgos a la seguridad (competencia leal y desleal y corrupción..) seguirán.

PARA SALIR DEL RÉGIMEN PROHIBICIONISTA El objetivo de base es enmarcar de forma legal el comercio y consumo de drogas. Las medidas/técnicasvarían en función de las categorías de las sustancias que, aunque no se prohíben,sin son objeto de controles a la medida. Esto implica un conocimiento de la amplia gama de sustancias que existen actualmente.Aunque existen numerosas clasificaciones de las drogas desde perspectivas científicas (farmacológicas y psiquiátricas), jurídicas (derecho internacional y legislaciones nacionales) y sanitarias (principalmente, por daños y riesgos de tolerancia), con la cantidad de sustancias que se están diseñando a diario, estos conocimientos 3

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sólo pueden desarrollarse gradualmente,en el terreno y a través de unaapertura frente al consumo de drogas. De tal forma, considerando que el Art 4 de la Convención Única de 1961 permite "la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos", para comenzar, Colombia podría proponer modelos experimentales de regulación a fines científicos con las tres drogas principales del modelo prohibicionista: los opiáceos, la coca y sus derivados y la marihuana y posiblemente extender este modelo a las drogas sintéticas cuyo consumo personal está previsto en el nuevo Estatuto de Drogas.4 IN EXTREMIS ni complot ni alarmismo, realismo La injerencia de grandes corporaciones en las políticas de drogas y agrícolas del Gobierno Obama está dando claros resultados, así el discurso de Prohibición persista hacia afuera. Son muy reales (y veloces) los riesgos de que, por la vía de los procesos en curso en Estados Unidos, la producción y venta de las drogas (comenzando por la marihuana y pasando por la precisión con intenciones cuestionables sobre la huella genética de la coca colombiana) pase soterradamente de manos del narcotráfico a manos de empresas farmacéuticas y/o multinacionales con apuestas de futuro.Colombia no puede ignorar los intereses comerciales subyacentes al discurso y exigencias de resistencia al cambio a la cual las rondas de Obama por América Latina y visita a Colombia del Vicepresidente Biden seguramente sirven de recordatorio. La coyuntura actual exige que se respalden loca I mente las acciones de base para el diseño y desarrollo práctico de las propuestas que dan origen a los análisis académicos y políticos (a veces ajenos) con el fin de que aquellas propuestas sociales ambientales y de drogas que podrían revelarse contrarias a los intereses de las multinacionales no se vean prosperar ingenuamente a la sombra de intereses que pueden ser ajenos a los de la Nación so riesgo de desaparecer.

EL CASO COLOMBIANO: El mercado de las drogas es, al igual que el de cualquier otra mercancía en la economía neoliberal, el lugar de encuentro entre la oferta y la demanda y el mecanismo global de regulación de los diferentes actores que participan en el comercio/tráfico. En el fenómeno de las drogas, por su ilegalidad, participan directamente los cooptados cultivadores campesinos y raspachines, químicos, proveedores de precursores, contrabandistas, intermediarios (chichipatos) y comerciantes (traquetos) además de narco y microtraficantes y jíbaros, pilotos, guardaespaldas y bandas criminales, testaferros y lavadores y lavanderías de activos y paraísos fiscales, a los que se suma toda una red de apoyo indirecta constituida por proveedores de productos legales de producción y corte, policías, militares y políticos, empleados públicos, abogados a sueldo, asesores de inversión y la banca nacional e internacional, multinacionales que pagan sobornos y extorsión y contribuyentes que pagan impuestos para las medidas de guerra de prohibición hasta que el producto llega al usuario o consumidor final. Aunque no todos estos actores son criminales, millones de ellos operan por fuera de la ley a cuenta de un sistema prohibicionista que afirma con argumentos moralistas la negación de la libertad individual y derecho a la salud y protección de 250,000,000 personas a nivel mundial.

Si de cantidades se trata, de número de participantes, se estima que, entre el 2005 (la primera medición oficial) y el 2011, el número de familias campesinas involucradas en el cultivo de coca pasó de 68,000 a 300,000 familias o sea unas 1,200,000 personas a las que se suman más de 12,000 raspachines. En cuanto al consumo, dadas las mediciones actuales que confunden uso de una sola vez con consumo, y consumo con uso compulsivo, además de la falta absoluta de conocimiento y distinción entre la enorme heterogeneidad de sustancias (unas ilegales y otras legales pero igualmente psicoactivas) y falta total de registro y control de 4

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las mismas, es casi imposible estimar el mercado de consumo en la clandestinidad. Las cifras oficiales estiman que en los últimos años el consumo de cocaína en Colombia ha aumentado hasta llegar a un nivel de 130% por encima del promedio mundial y el de las drogas sintéticas a un 50% por encima de la media mundial. En ese caso, si los consumidores de cocaína (estimados ambiguamente entre 13 y 19 millones a nivel mundial) constituyen el .2% de la población mundial, habría que especular, con las cuentas internacionales oficiales, que una cuarta parte de la población colombiana consume cocaína y que se dice que 70, de las 475 tm producidas en Colombia, se quedan en el mercado interno. ¡Tamaño mercado que se diría de más de lmillón de usuarios colombianoslHabría que tener en cuenta el altísimo grado de adulteración para hacer los cálculos reales de ventas. Lo cierto es que en Colombia estamos hablando de un enorme porcentaje de la población al margen de la ley por cuenta unas normas sin ciencia ni consciencia.

La Legalización Controlada tendría que proveer medidas diversas para enfocar no sólo el comercio y consumo, de las drogas autorizadas y de las drogas controladas, sino que además las técnicas de control tendrían que enfocar la reglamentación de los procesos y actores que participan actualmente de manera ilegal. Puesto que, a la base, se trata de distinguir entre uso y abuso y de regular las sustancias susceptibles de generar adicciones o comportamientos adversos a la sociedad, no se trata de descontrolar sino de "reglamentar" el mercado con base en las prácticas sociales y no en su contra.

El seguimiento de este marco de discusión acá esbozado serán unas ¡deas para modelar y reglamentar este proceso.

Los marcos legales existentes para desmantelar la

Prohibición giran alrededor del Estado y/o la industria privada. Lo deseable sería desarrollar fórmulas para un "monopolio social" a definirseMaría Mercedes Moreno Mayo 2013

APORTE SOCIAL A LAS MESAS DE CULTIVOS Y DROGAS EN LOS DIáLOGOS EN LA HABANA

Señal de ello son las patentes de loscannabinoides versión Sativex para el tratamiento de canceres y epilepsias. http://www,gwpharm.com/Sativex.aspx¿EI camino de la coca en manos de laboratorios privados con Colombia y lo social/público siempre un paso atrás?

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Para sólo el estado de Colorado se estima que el ahorro en represión y ganancias fiscales pueden ser del orden de unos USD$60m anuales. Mientras que la legalización dejaría a la Federación los USD$2 mil millones por cuenta de la importación de marihuana de México. Comparativamente, el comercio de cocaína en USA se estima a unos USD$2,3 mil millones anuales.

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. El Desarrollo Integral del Campo no es ajeno a las fumigaciones ni al apremiante tema de cultivos y la "Legalización Controlada" podría ser el punto de equilibrio entre la Despenalización vs Prohibición (criminalización) en el diálogo en las Mesas para la Terminación del Conflicto.

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Nótese que la metanfetamlna está excluida de la dosis personal. El "Ice" es una sustancia a tratar "con pinzas" por la facilidad de automanufactura y las alarmas sobre su grado de "intolerancia".

Su consumo creciente en Estados Unidos que ya supera las 250 tm y más de 51,000,000 de usuarios, no es de buen augurio para los colombianos.

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Foro sobre la solución al problema de las drogas ilícitas

1

Bogotá, 24 - 25 y 26 de septiembre de 2013, Centro de Convenciones Gis.

PONENCIA DE LA ANUC La presencia de cultivos ilícitos en Coíombia, es consecuencia de diversas causas, entre las que cabe mencionar algunas de ellas como la demanda masiva por parte de consumidores de muchas otras naciones, que poco o nada hacen por impedir su uso, lo cual se traduce en el mayor facilitador del narcotráfico que es el verdadero negocio de las drogas, pues la sola producción no es negocio, y tampoco causa el daño que si ocasiona el procesamiento y comercialización de los alcaloides de eüos derivados.

En los distintos departamentos de Colombia, entre ellos Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Huiia, etc. la producción de la coca, la marihuana y la amapola se empleaban corno cultivos tradicionales para múltiples fines tanto en la medicina como en el cultivo asociado y alelopático de las plantas.

La hoja de coca para los campesinos tiene distintos usos, puede ser un medicamento y hasta un alimento que muchas familias la utilizan por su gran potencia! vitamínico, pues se dice que tiene 305 calorías, 18,5 de proteína, 42,6 carbohidratos, calcio, hierro, fosforo etc.Los campesinostambién hacen de esta planta ungüentos, pomadas, vinos.galletas etc. Por eso, para muchos esta planta no es ilegal ya que se emplea en la medicina y en otros proyectoscientííicos.

El cultivo solo no se hace por voluntad aislada o con fines perversos, pues los campesinos empiezan a cultivar coca o marihuana porque ven en esta actividad una salida individual a sus necesidades o afujías económicas debido a la insolvencia que les ocasionan las demás actividades agropecuarias que solo producen pérdidas ante la inexistencia de políticas públicas pertinentes que garanticen rentabilidad. Por lo tanto la crisis del sector agropecuario y en particular la de la economía campesina, la pobreza rural y e! instinto de supervivencia de las familias constituyen el principal motivo de propagación de los denominados cultivos ilícitos.

Corno ya se anotó, la coca se vuelve ilegal cuando se procesa y aparece el narcotráfico, porque la hoja se transformaen alcaloide y se convierte en negocio para otros, más no para los campesinos.

Desde luego, el procesamiento, comerciaüzsción y consumo traen consigo unas consecuencias bien conocidas a nivei mundial y que hay que mitigarlas o

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*Destrucción del equilibrio ecológico.

'Abandono del territorio y la producción de alimentos por parte de los campesinos para migrar a otros sitios a cultivar coca por tener menos riesgo económico. *Es un acelerador de la pobreza y desempleo. ; *Es generador violencia armada, familiar, social y de todo tipo. *Afecta la salud y el bienestar humano. *Aumenta las pandillas y la violencia callejera. *Desestabiliza núcleos familiares.

'Disminuye el rendimiento económico, laboral y estudiantil.

'Deteriora gravemente la cohesión social.

'Muchos jóvenes adictos si no encuentran coca o sus derivados empiezan a consumir drogas sintéticas que m> se producen en efs otros PSis-er

Es innegable que muchas personas, especialmente jóvenes de las ciudades y cabeceras municipales han caído en el consumo de drogas estimulado por una sociedad mercantilista, que favorece la descomposición social y fragmenta la unidad familiar por la falta de comunicación, educación y afecto, que los induce a buscar ayuda y sosiego en las drogas.

Ante el triste panorama antes descrito, deben mencionarse algunas responsabilidades públicas que deben cumplirse para corregir el problema, entre ellas: *Es deber del estado velar por la salud física y moral de la sociedad colombiana. *EI gobierno debe acordar con los campesinos soluciones lícitasa través de proyectos productivos rentables con capacidad para sustituir ia siembra de coca.

'Destinar suficiente presupuesto para atender los requerimientos de infraestructura e inversión social en ef campo.

'Diseñar una ley agraria que permita el desarrollo justo, sostenible y equitativo en COLOMBIA. 'Hacer posible una reforma agraria integral y democrática.

Se asegura en diferentes escenarios que en Colombia no hay cultivo más rentable que la coca y la marihuana, lo cual es parcialmente cierto y para desvirtuar tal situación, el estado y la sociedad deben generar condiciones para que la producción de alimentos y los programas ambientales sean rentables y por ende atractivos para las familias campesinas, como el mayor estímulo para la sustitución de las plantaciones ilegales.

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A lo largo de la historia, la acción del estado ha atacado al campesino que por instinto de conservación y sobrevivencia se ve obligado a cultivar, pero el control sobre los traficantes que además son los proveedores de los recursos para la producción, no se nota, por lo menos con el mismo rigor.

Este es un problema mundial, no es únicamente colombiano, también lo es de los países consumidores, pero de la misma forma es responsabilidad de los países productores de drogas sintéticas que están invadiendo la población colombiana ante la falta de control del estado El productor de coca lo hace porque para eso tienen el suministro del capital, crédito y el mercado que le proporcionan las mismas mafias de narcotraficantes, mas no porque le sea rentable, porque apenas sale a ras y sobrevive. Lo hace

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porque aun así es en la actividad que menos pierde, pues quien realmente gana es el intermediario y narcotraficante.

Varios intentos con visiones extrajeras se han hecho para combatir la producción de hoja de coca, entre ellos el conocido Plan Colombia que fracasó y al contrario ha causado graves daños a la economía de las familias campesinas que a través de la fumigación acabaron con cultivos de alimentos, por tanto esos perjuicios deben valorarse e indemnizarse.

Algunos aportes en torno las múltiples soluciones posibles se consignan a continuación:

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Sustitución de cultivos ilícitos.

1. La sustitución debe partir de la reorientación delapolítica pública para producción de alimentos y rentabilidad de la economía campesina, lo que implica el rescate y rediseño de la institucionalidad pública y privada del sector agropecuario, es decir reingeniería de las entidades del estado y fortalecimiento de las organizaciones campesinas e instancias de participación y concertación 2. Es ineludible una política pública que subsidie la producción de alimentos de la economía campesina para hacerlos sostenibles y rentables por encima de los indicadores que se logran en cultivos ilícitos 3. Toda acción de sustitución debe comenzar por el análisis de las pariicuJarkJaíJes sociales, económicas y cuHuraies regionales para determinar el grado de dependencia de los cultivos ilícitos e identificación de los cultivos sustitutos con suficiente y adecuada asistencia técnica, capital de trabajo y un sistema de comercialización específico y adecuado a las condiciones de la economía campesina 4. Alcanzadas las anteriores condiciones, la sustitución debe implementarse de manera progresiva y gradual, previo acuerdo y consentimiento de las comunidades campesinas involucradas.

5. Establecer programas atractivos para el sustento de las familias campesinas, como las granjas integrales campesinas con inversión social del estado y encadenadas para asegurar su sostenibilidad y hacerlas rentables.

6. Reubicación de los campesinos productores a otras zonas geográficas previamente adecuadas para producción agropecuaria y forestal.

7. Fortalecer organizaciones y agremiaciones para los productos lícitos 8. Garantizar el mercado para la producción, comercialización y rentabilidad de los proyectos productivos campesinos que sustituyen los ilícitos 9. Legalización de los cultivos ilícitos. Porque siempre va a haber mercado para estos cultivos así toda Colombia los sustituya. La legalización implica pérdida de valor y lo convierte en un negocio no atractivo.

10. que el gobierno subsidie los productos y los compre en el sitio así como los compradores de los cultivos ilícitos lo hacen.

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11. promover los cultivos orgánicos de productos agrícolas de excelencia que compitan con los del exterior. Para ello es necesario garantizar la asistencia técnica, crédito y comercialización 12.1a sustitución de cultivos ¡lícitos viene de la presión internacional. Por esto los países consumidores deben aportar a la sustitución

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Prevención del consumo de cultivos ilícitos y salud 1. Diseño de un modelo de educación integral y pertinente con las labores campesinas de manera que se aumenten las competencias productivas.

2. Implementar en todos los establecimientos educativos la cátedra de vida digna y sin drogas 3. Educación en valores y autoestima por la dignidad humana dirigida a los jóvenes 4. Regular el papel de los medios de comunicación que al tocar el tema de drogas antes que educar y contrarrestan hacen apología que estimula el consumo,

ni.

Producción y comercialización de cultivos ilícitos.

1. Más allá de la penalización, que a la que no nos oponemos hay que atacar las causas que obligan a la producción de cultivos ilícitos, las cuales se han relacionado en este documento 2. La erradicación es una alternativa, pero esta debe hacerse de manera manual y voluntaria con la misma población inmersa en el problema.

3. Acabar con las fumigaciones que son depredadoras del ambiente, de cultivos de alimentos, afectan la calidad de los suelos que se traduce en menor productividad y quiebra de la producción de la economía campesina.

4. El país tiene que emprender un agresivo programa de Control al ingreso de drogas sintéticas provenientes de otros países y que causan mayor daño que los alucinógenos a base de coca o marihuana.

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5. Una alternativa que vale la pena explorar consiste en que el estado mismo en una estrategia de sustitución progresiva compre la producción existente, la industrialice en producción de medicinas, aromatizantesgaseosas, y otros productos científicamente probados como inocuos.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE ANUC Y DELEGADOS AL FORO

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1. COMO DEBE SER LA SOLUCIÓN POLÍTICA AL CONFLICTO SOCIAL Y COCALERO Uno de los temas que MUCAPOC coloca como propuesta de discusión a la mesa para contribuir a generar argumentos sólidos hacía una salida dialogada al conflicto social y armado que agobia a nuestro país- es el tema del conflicto social y cocalero, que desde hace casi 40 años padecemos una buena parte de los habitantes del campo colombiano.

En primera medida, al conflicto social y cocalero debe dársele una solución política, económica, social y ambiental, en el marco de los eventuales acuerdo entre el gobierno, la guerrilla y los habitantes del campo, involucrados directa e indirectamente en el conflicto social y cocalero.

Cuando hablamos del conflicto social y cocalero, es necesario comprender que su origen se remonta a los años 50s en que se presenta violencia y exterminio de más de 300 mil colombianos, así como desplazamientos masivos del campo hacía los poblados y ciudades. Ya en la década de 1970, hay un proceso de redesplazamiento de las ciudades y del interior del país hacia las zonas de colonización, este proceso de colonización cabe tener en cuenta ocasionado por los cordones de miseria que se vivían en el interior del país y en las grandes ciudades.

Frente a esta situación de abandono y olvido por parte del estado, las opciones de estas regiones marginadas fueron la alternativa que nos brindaron los ingeniosos norteamericanos y europeos, la cual fue la fórmula para convertir la planta de coca en clorhidrato de cocaína, sumándole a eso que los principales beneficiarios de este negocio, fueron y han sido los grandes narcotraficantes y los industríales nacionales y extranjeros, que producen todo lo necesario para el proceso y manutención de todos los involucrados directa o indirectamente en este modelo económico.

Al conflicto cocalero, que tiene causas sociales y que el estado en franca obediencia a las imposiciones norteamericanas, le ha dado un tratamiento de guerra en casi 40 años de existencia (sin que por esa vía lo haya resuelto), proponemos una formula de 14 puntos, para que sirvan de insumo en la mesa de discusión entre el Gobierno, la Guerrilla y nosotros las víctimas de este conflicto social y cocalero: 1. Que el método para superar este conflicto, obedezca a un Acuerdo entre el Estado, la guerrilla y el Campesinado involucrado directa o indirectamente en este modelo económico de subsistencia, sin la intromisión extranjera.

2. Que al generarse el Acuerdo entre las tres partes y se dé el cambio de la represión y la guerra por el acuerdo político, social y económico, se reflejen las considerables sumas de dinero invertidas para la guerra endémica, en la inversión de esos dineros en nuevos presupuestos que sirvan para financiar el gran proyecto de concertación para la sustitución del mencionado

modelo.

3. Que en lo relacionado con los dineros que deban canalizarse para la sustitución del modelo económico cocalero, el Estado elabore los planes de acción, en acuerdo con las comunidades objeto.

4. Que teniendo en cuenta que los alucinogenos y los narcóticos, perjudican a todos los países consumidores, que el Estado colombiano gestione ante los afectados recursos, ya no para la guerra en contra de este modelo, sino para ejecutarlos en los planes de solución pacífica del conflicto.

5. Que para evitar la presión Colonizadora de habitantes de las grandes ciudades y del interior del país, el estado propicie en el interior del País, una verdadera reforma agraria con justicia social.

6. Que concordante con las reformas sociales en el interior del país, para continuar evitando la presión colonizadora, el estado haga una reforma urbana en favor de los cientos de miles de destechados que existen en los poblados y ciudades del territorio colombiano.

7. Teniendo en cuenta que las regiones marginales están compuestas por la frontera agrícola, la reserva forestal y los parques naturales, proponemos que para la frontera agrícola y la reserva forestal, la inversión estatal sea equitativa y sin discriminación, mediante la elaboración de dos polos de desarrollo: Para la reserva forestal, dicho polo debe de ir dirigido a la agroforestación, reforestación y sostenimiento de las fincas de los colonos, en plena armonía con el medio ambiente.

Para la frontera agrícola, debe fomentarse la industria agropecuaria empleando las semillas nativas, en forma agro-tecnificada, en pequeña y mediana escala, en plena armonía con el medio ambiente, así como el fomento de talleres industriales, como complemento de la tecnología en las regiones involucradas. Solo así defenderemos la soberanía alimentaria 8. Apertura y garantía de distribución y mercadeo para que haya estímulo real a la producción agrícola, y que el estado garantice el mercadeo de estos, a precios de sustentación.

9. Que el Estado construya y garantice una verdadera malla vial, para que se desembotellen las regiones objeto de este programa, igual proceder con la red fluvial y el transporte aéreo desde todas las regiones objeto.

10. Que en materia educativa el Estado genere una cobertura presencial acorde con las necesidades del plan sustituiivo, con énfasis agro-industrial, agro-ecológico y agro-forestal y demás profesiones que estén acorde con las necesidades integrales de estas regiones y que los egresados, tengan sentido de pertenencia en estas apartadas regiones.

11. Que el Estado construya una verdadera infraestructura hospitalaria, lo suficientemente dotada y acorde con las endemias del trópico, fomentando para ello la salud preventiva, antes que la curativa.

12. Que para transitar de la guerra sucia a la limpia Paz, el estado garantice una real apertura democrática, para que los colombianos sin distingo podamos participar abierta y civilizadamente, en todas las formas de organización social y política, en igualdad de condiciones, poniéndole punto final a todo tipo de persecución de la que siempre hemos sido víctimas.

13. Que para más seguridad de los diálogos que se están dando entre la Guerrilla y el Gobierno, y arrojen éstos un acuerdo que garantice el punto final a este conflicto, proponemos que al pueblo organizado se le tenga en cuenta para ocupar la tercer silla, ya que nosotros somos las víctimas y en el caso de una salida política favorable, seremos los principales beneficiados.

14. A las personas objeto de este acuerdo, que se encuentren judicializadas o condenadas, sus investigaciones sean precluidas o en caso de condena se les indulte.

/iCCAPac PONENCIA SOBRE LA SOLUCIÓN AL CONFLICTO SOCIAL Y COCALERO DEL GUAVIARE Y SUR DEL META 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2013 FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS Años 50s violencia y exterminio de más de 300 mil colombianos, desplazamientos masivos del campo hacia los poblados y ciudades. Años 70s, re desplazamiento de las ciudades y del interior del País hacia las zonas de colonización, esto último ocasionado por los cordones de miseria que se viven en el interior del País y en las grandes ciudades. Con falta de opciones en estas regiones por parte del Estado, abandono y olvido en su mayoría solo encontramos la alternativa que nos brindaron los ingeniosos Gringos y Europeos, cual fue la fórmula para convertir la planta de coca en clorhidrato de cocaína, sumándole a eso que los principales beneficiarios de este negocio, han sido los grandes narcotraficantes, los industriales Nacionales y extranjeros, que producen todo lo necesario para el proceso y manutención de todos los involucrados directa o indirectamente en este modelo económico.

Con base en eso rechazamos las políticas de guerra que vienen implementando el gobierno nacional para la terminación del conflicto social y cocalero y que se remplace por políticas de inversión social buscando una salida política y negociada con el CAMPESINADO, como compatriotas, campesinos arraigados a la tierra como elemento fundamental para la producción y la generación de capital, reclamamos ante el estado y ante su gobierno, la sustitución gradual de los cultivos mal llamados ilícitos, mediante la generación de proyectos productivos que permitan garantizar la sostenibilidad socioeconómica de las familias campesinas del Guavíare y sur del Meta; por las razones anteriormente descritas, respetuosamente nos permitimos someter a su consideración las siguientes propuestas:

Para avanzar en este noble propósito y ante la voluntad campesina de involucrarse decididamente en los procesos de sustitución, es necesario precisar que el gobierno debe cubrir los costos de erradicación manual voluntaria mediante contratos otorgados a los poseedores de la tierra mediante acuerdos concertados con las organizaciones campesinas que los representan fijando garantías jurídicas y políticas que impidan el entorpecimiento de los procesos, (nuestro departamento posee una gran particularidad, de 55.550 Km2 de su territorio solo el 9.4% se encuentra sustraído de la zona de reserva forestal de la amazonia, creada mediante la ley 2a de 1959; esta situación ha con llevado a que hoy se encuentre ocupado más de 600.000 hectáreas en reserva forestal con alrededor de 9.000 familias que ante las dificultades y costos en los sistemas de producción tradicional, el mal estado de las vías y debilidad institucional han con llevado a fomentar los cultivos de hoja de coca en

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estas apartadas regiones del departamento como solución a un medio de subsistencia de las comunidades.

Proponemos al gobierno nacional, en virtud de su competencia y tal como quedara definido en su APP N° 85 del 15 de septiembre del año 2012 en la ciudad de San José del Guaviare, se avance de manera inmediata y urgente en el proceso de sustracción de la reserva Forestal y constituirla en Zona de Reserva Campesina, los procesos de titulación de predios, dentro de un programa denominado GUAVIARE Y SUR DEL META TIERRA DE PROPIETARIOS.

.De igual manera y de conformidad con la ocupación de resguardos y Parques Nacionales, solicitamos que se defina una política de creación de territorio multiculturales y la legalización de los asentamientos campesinos dentro de parques naturales mediante planes de vida sostenibles que obedezcan a ecoturismo para estas familias, contando con el acompañamiento institucional de las entidades QUE COMPETAN CON LO RELACIONADO AL DESARRROLLO agropecuario. Para la implementación de proyectos productivos acordes a las condiciones agroambientales de la región.

En términos generales se requiere de la voluntad decidida del gobierno central, para que permita la generación de un espacio para abordar los conflictos normativos que impiden a los campesinos del Guaviare y sur del Meta, el acceso a la formalización de la tenencia de la tierra y al goce efectivo de los derechos de los servicios del estado.

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La voluntad de contribuir la sustitución gradual de los cultivos de hoja de coca, por parte de la comunidad, surge de la decisión de los campesinos de diversas regiones del Guaviare, a raíz de la zozobra que viven los pequeños cultivadores y ante la visión de un país productivo y en paz, en el cual el Guaviare y el sur del Meta no pueden ser ajenos a esta clara intención y a la posibilidad de construir el país que soñamos; además que en nuestra impronta de Plan de Desarrollo, Guaviare y sur del Meta se genera una visión unificada de cambio y reorientación de la actividad económica, que implica en primera instancia el apoyo mediante programas de seguridad alimentaria y segundo lugar la ejecución de proyectos productivos que se ajustan a la agenda interna de productividad y competitividad del departamento.

En el tema de seguridad alimentaria se requiere de maquinaria comunitaria por núcleos veredales para la transformación de productos agropecuarios como (trapiches, trilladoras, desgranadoras, planta de concentrados y tanques de enfrentamiento de leche); procesadora de lácteos con centro de acopios, precios de sustentación comercialización y mercadeo es necesario además el apoyo con piscicultura, pie de cria de cerdos con ganadería

semiestaulada y Asistencia técnica en todo lo relacionado con el agro. Sistema ganadero sostenible doble propósito, de acuerdo a las características agroecológicas de cada predio y a la vocación del pequeño productor agropecuario.

¿Como proyectos productivos planteamos el establecimiento de cultivos de yuca, plátano maíz, cacao, maderables, turismo de acuerdo a la unidad Requerida para garantizar ia sostenibilidad del proyecto. Complementario al tema productivo, se requiere fortalecer los procesos

agroindustriales

como

planta

regional

de

sacrificio

animal,

planta

de

transformación de caucho y cacao J Es imprescindible también en este mismo sentido, que frente a la marginalidad por la presencia de cultivos de hoja de coca, la presencia de grupos al margen de la ley y la insuficiencia fiscal de los entes territoriales, se implemente una política diferencial para ampliar plazos y fortalecer capacidades para el acceso a estos recursos públicos que se ofertan mediante convocatorias nacionales, convirtiendo al Guaviare por su características particulares en un piloto ejemplo de la Orinoco amazonia.

*•

Es fundamental de igual manera en el área ambiental generar opciones para la vinculación a programas del orden internacional y nacional de servicios ambientales que estimulen la conservación y protección de los bosques atravesó de las organizaciones que representen los campesinos de cada una de las veredas.

En razón a la voluntad comunitaria y al deber institucional del estado, mientras se inicia la implementación de estos proyectos, se propone la suspensión inmediata de programas de aspersión y erradicación en las comunidades que se acogen al proyecto de sustitución gradual de los cultivos mal llamados ilícitos; en este sentido sugerimos que la inversión orientada a los procesos de erradicación y aspersión se inviertan en desarrollo alternativo.

Con el fin de anular las afectaciones por las continuas equivocaciones en la aspersión aérea de cultivos de pan coger y proyectos productivos.

Como garantía del proceso, se propone la creación de una mesa permanente de alto nivel que cuente con el acompañamiento de Naciones Unidas, veedurías internacionales que verifiquen el cumplimiento de los acuerdos pactados entre la comunidad y el gobierno nacional.

Esta propuesta busca que conjuntamente entre el estado y comunidad avancemos en la consolidación de un verdadero desarrollo rural integrado, mediante el mejoramiento de la calidad en los servicios de educación y salud, la oferta de una adecuada infraestructura vial y el servicio de expansión eléctrica

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I •

En este punto dada la afectación del producido y la riqueza Nacional, rechazamos la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos TLC y con cualquier otro país, exigimos respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, la soberanía y dignidad de la nación.

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las comunidades campesinas, indígenas y afrodescedientes del Guaviare, respaldamos de forma

categórica y decidida el proceso de paz emprendido en buena hora por su gobierno, por estos motivos le hacemos llegar lo que debe ser para nosotros el acuerdo de tierras y el desarrollo rural integral, concebimos el desarrollo rural integral como el desarrollo de todas las actividades que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones campesinas en sus territorios y contenidas en los siguientes 13 puntos:

1. Exigimos promover la participación permanente y de las comunidades en el diseño, gestión y Evaluación de la política agraria integral.

2. Exigimos Promover el bienestar, el mejoramiento de la calidad de vida y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población rural.

3. Exigimos crear las condiciones para que toda la población rural participe equitativa e integralmente en la distribución de los beneficios de la sociedad.

4. Exigimos realizar el ordenamiento social y cultural de la propiedad privada previniendo la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos afectando los grandes latifundios y grandes extensiones de tierra acumulada por los terratenientes, con el fin de aplicar sobre estos una equitativa distribución particular y social de la tierra, garantizado la función ecológica de la propiedad privada y el uso del suelo de acuerdo a sus características agrológicas, así como estableciendo instrumentos para que el estado promueva el acceso progresivo a la propiedad de la tierra dentro de la frontera agrícola para que las comunidades disfruten el derecho a la tierra, evitando éxodos masivos de población hacia reservas forestales, parques nacionales y demás áreas ecológicas protegidas.

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5. Exigimos proteger, fomentar y apoyar la producción nacional de alimentos para garantizar la soberanía alimentaria y generar independencia del mercado internacional, incrementando la participación campesina en el abastecimiento alimentario nacional, facilitando la construcción y sostenimiento de redes urbano-rurales y regionales que fortalezcan el tejido económico interno, permitiendo establecer las condiciones para el reconocimiento de la importancia de la economía campesina y de este modo defenderla y desarrollarla.

6. Exigimos promover el acceso de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas y de los trabajadores y productores rurales a los servicios de crédito, comercialización de productos, asistencia técnica y empresarial, comunicaciones, seguridad social, vivienda, educación y salud, así como el fomento de las cooperativas agropecuarias y de la economía solidaria en general, con el fin de mejorar su ingreso y calidad de vida.

7. Exigimos recuperar para el país plena y sustentablemente la producción agropecuaria, agroindustrial y forestal.

8. Exigimos generar programas de investigación y transferencia de tecnología para mejorar la producción agropecuaria, conservando el medio ambiente y garantizando el acceso democrático a los avances tecnológicos.

9. Exigimos establecer una política de créditos subsidiados y la financiación de la pequeña Agroindustria.

10. Exigimos defender y reconocer los derechos colectivos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescedientes.

11. Exigimos Aportar a la construcción de una paz duradera, con justicia social y al bienestar de la sociedad.

12. Exigimos proteger el medio ambiente y los recursos naturales desde una visión que defienda la soberanía nacional y popular, reconociendo el papel del campesinado para tal efecto.

13. Exigimos armonizar las relaciones entre el campo y la ciudad y entre las regiones.

: ASI MISMO SUGERIMOS COMO DEBE SER LA SOLUCIÓN POLÍTICA AL CONFLICTO SOCIAL Y COCALERO.* Uno de los temas que se colocan como propuesta de discusión a la mesa - para contribuir a generar argumentos sólidos hacía una salida dialogada al conflicto social y armado que agobia a nuestro país- es el tema del conflicto social y cocalero, que desde hace casi 40 años padecemos una buena parte de los habitantes del campo colombiano.

En primera medida, al conflicto social y cocalero debe dársele una solución política, económica, social y ambiental, en el marco de los eventuales acuerdo entre el gobierno, la guerrilla y los habitantes del campo, involucrados directos e indirectamente en el conflicto social y cocalero.

Cuando hablamos del conflicto social y cocalero, es necesario comprender que su origen se remonta a los años 50s en que se presenta violencia y exterminio de más de 300 mil colombianos, así como desplazamientos masivos del campo hacía los poblados y ciudades. Ya en la década de 1970, hay un proceso de re desplazamiento de las ciudades y del interior del país hacía las zonas de colonización, este proceso de colonización cabe tener en cuenta ocasionado por los cordones de miseria que se vivían en el interior del país y en las grandes ciudades.

Frente a esta situación de abandono y olvido por parte del estado, las opciones de estas regiones marginadas fueron la alternativa que nos brindaron los ingeniosos norteamericanos y europeos, la cual fue la fórmula para convertir la planta de coca en clorhidrato de cocaína, sumándole a eso que los principales beneficiarios de este negocio, fueron y han sido los grandes narcotraficantes y los industriales nacionales y extranjeros, que producen todo lo necesario para el proceso y manutención de todos los involucrados directa o indirectamente en este modelo económico.

Al conflicto cocalero, que tiene causas sociales y que el estado en franca obediencia a las imposiciones norteamericanas, le ha dado un tratamiento de guerra en casi 40 años de existencia (sin que por esa vía lo haya resuelto), proponemos una formula de 14 puntos, para que sirvan de

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insumo en la mesa de discusión entre el Gobierno, la Guerrilla y nosotros las víctimas de este conflicto social y cocalero: 1. Que el método para superar este conflicto, obedezca a un Acuerdo entre el Estado, la guerrilla y el Campesinado involucrado directa o indirectamente en este modelo económico de subsistencia, sin la intromisión extranjera.

2. Que al generarse el Acuerdo entre las tres partes y se dé el cambio de la represión y la guerra por el acuerdo político, social y económico, se reflejen las considerables sumas de dinero invertidas para la guerra endémica, en la inversión de esos dineros en nuevos presupuestos que sirvan para financiar el gran proyecto de concertación para la sustitución gradual del mencionado modelo.

3. Que en lo relacionado con los dineros que deban canalizarse para la sustitución del modelo económico cocalero, el Estado elabore los planes de acción, en acuerdo con las comunidades objeto y las asociaciones campesinas del sector.

4. Que teniendo en cuenta que los alucinógenos y los narcóticos, perjudican a todos los países consumidores, que el Estado colombiano gestione ante los afectados recursos, ya no para la guerra en contra de este modelo, sino para ejecutarlos en los planes de solución pacífica del conflicto.

5. Que para evitar la presión Colonizadora de habitantes de las grandes ciudades y del interior del país, el estado propicie en el interior del País, una verdadera reforma agraria con justicia social.

6. Que concordante con las reformas sociales en el interior del país, para continuar evitando la presión colonizadora, el estado haga una reforma urbana en favor de los cientos de miles de destechados que existen en los poblados y ciudades del territorio colombiano.

7. Teniendo en cuenta que las regiones marginales están compuestas por la frontera agrícola, la reserva forestal y los parques naturales, proponemos que para la frontera agrícola y la reserva forestal, la inversión estatal sea equitativa y sin discriminación, mediante la elaboración de dos polos de desarrollo: Para la reserva forestal, dicho polo debe de ir dirigido a la agro forestación, reforestación y sostenimiento de las fincas de los colonos, en plena armonía con el medio ambiente.

Para la frontera agrícola, debe fomentarse la industria agropecuaria empleando las semillas nativas, en forma agro-tecníficada, en pequeña y mediana escala, en plena armonía con el medio ambiente, así como el fomento de talleres industriales, como complemento de la tecnología en las regiones involucradas. Solo así defenderemos la soberanía alimentaria. ^ T O

8. Apertura y garantía de distribución y mercadeo para que haya estímulo real a la producción agrícola, y que el estado garantice el mercadeo de estos, a precios de sustentación.

9. Que el Estado construya y garantice una verdadera malla vial, para que se des embotellen las regiones objeto de este programa, igual proceder con la red fluvial y el transporte aéreo desde todas las regiones objeto.

10. Que en materia educativa el Estado genere una cobertura presencial acorde con las necesidades del plan sustitutivo, con énfasis agro-industrial, agro-ecológico y agro-forestal y demás

profesiones que estén acorde con las necesidades integrales de estas regiones y que los egresados tengan sentido de pertenencia en estas apartadas regiones.

11. Que el Estado construya una verdadera infraestructura hospitalaria, lo suficientemente dotada y acorde con las endemias del trópico, fomentando para ello la salud pública preventiva pero no privatizada.

12. Que para transitar de la guerra sucia a la limpia Paz, el estado garantice una real apertura democrática, para que los colombianos sin distingo podamos participar abierta y civilizadamente, en todas las formas de organización social y política, en igualdad de condiciones, poniéndole punto final a todo tipo de persecución de la que siempre hemos sido víctimas los campesinos colombianos.

13. Que para más seguridad de los diálogos que se están dando entre la Guerrilla y el Gobierno, y arrojen éstos un acuerdo que garantice el punto final a este conflicto, proponemos que al pueblo organizado se le tenga en cuenta para ocupar la tercer silla, ya que nosotros somos las víctimas y en el caso de una salida política favorable, seremos los principales beneficiados.

14. A las personas objeto de este acuerdo, que se encuentren judicializadas o condenadas, sus investigaciones sean prelucidas o en caso de condena se les indulte.

15. Las comunidades del departamento del Guaviare y sur del meta nos comprometemos al cuidado de los ecosistemas y medio ambiente, no tumba, no quema, no desforestación protegiendo el planeta para las nuevas generaciones por ello es necesario del apoyo decisivo del estado, de igual forma nos comprometemos con la sustitución gradual de cultivos ilícitos siempre y cuando se le dé una salida política y social no represiva ni militar al problema de cultivos producción, comercialización y consumo de los estupefacientes

involucrando las potencias consumidoras

afectadas por este flagelo, mejorando la calidad de vida del campesino de estas tierras, el cumplimiento de estas propuestas sería una buena manera de empezar a construir la paz, dándole una salida política al conflicto social y armado que vive el país.

Cordialmente

CAMPESINOS INDIGENASY AFRODECENDIENTES DEL GUAVIARE, Y SUR DEL META

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FORO NACIONAL- SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS LA COCA NO ES COCINA POSICIÓN DE ANUCUR:

Los diferentes gobiernos del Estado Colombiano, nunca han tenido una política de manejo integral del territorio nacional, ni tampoco del desarrollo rural en nuestros campos. Dentro de este marco, la política antidroga, diseñada e impuesta por los Estados Unidos, como por ejemplo el Plan Colombia de los últimos 12 años, ha sido un rotundo fracaso, que además ha causado profundos impactos negativos de tipo ambiental social, económico y sanitario, sobre los campesinos colombianos. El reciente acuerdo entre Colombia y Ecuador, en el que el gobierno de nuestro país reconoce los daños causados al medio ambiente y a pobladores campesinos del hermano país y se dispone a pagar una gruesa suma de dólares como indemnización a los campesinos ecuatorianos, es una prueba fehaciente del daño que producen las aspersiones indiscriminadas con glifosato, que no obstante se siguen utilizando a diario contra cultivos tanto lícitos como de uso ilícito en nuestro país. Queda en evidencia que el gobierno colombiano, se ve obligado a pagar por derechos violados a campesinos del vecino país, pero a sus propios campesinos, no solo no los indemniza, sino que por cumplirle a los intereses de los Estados Unidos, le sigue envenenando sus vidas diariamente. Las consecuencias ambientales y genéticas de esta tragedia van a ser desastrosas para el futuro de los campesinos, que ven conculcado por su propio gobierno su derecho inalienable a vivir en un ambiente sano.

PROPUESTA GENERAL DE SOLUCIÓN:.

Desde la ANUC-UR, proponemos en el corto plazo, la erradicación de los cultivos de hoja de coca de manera, manual, gradual, voluntaria, con inversión social y subsidiada por 5 años y en el mediano y largo plazo el desarrollo libre con fines alimentarios y medicinales de los cultivos de la hoja de coca, porque sencillamente: LA COCA NO ES COCAÍNA. PROPUESTAS ESPECÍFICAS: ^

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1-CIERRE DÉLA FRONTERA AGRÍCOLA. Y así evitar la expansión permanente

agrícola

bajo el fenómeno de la colonización indiscriminada y la repetición de los ciclos de producción de los cultivos de coca y amapola, que además auspiciada por los latifundistas.

2-Programas sostenibles de adjudicación de tierras a colonos campesinos con plenas garantías de acceso

a los factores

de producción -semillas, créditos oportunos

flexibles , asistencia técnica con la aplicación de tecnologías adecuadas programas

integrales socioeconómicos : Vivienda digna ,educación salud con aplicación de los principios de reconocimiento, valoración, respecto protección por el aporte que el campesino hace al fortalecimiento y defensa de la soberanía autonomía y seguridad alimentaria.

3- Hacer efectiva la implementación de los programas de desarrollo alternativos con la concertación directa de las comunidades con condiciones efectivas de participación fortalecimiento organizativo y equidad de género.

4- Aplicar los principios de respeto, valoración con garantías de protección a la cultura y autonomía territorial.

5- Aplicación efectiva y asignación e inversión

de presupuesto para el desarrollo de

proyectos de vida y programas socioculturales ambientales y políticos, propios de la cultura campesina en el territorio nacional.

6- Que se haga efectivo los subsidios a los campesinos y campesinas

por valores

acordes a los requerimientos socioeconómicos y ambientales , por un tiempo no inferior

a los 3 años

teniendo en cuenta

a las familias

afectadas por las

fumigaciones y que hagan la erradicación voluntaria.

7- Aplicación efectiva e inmediata de salvaguardas a la producción y comercialización de la agricultura campesina, como política de Estado dentro de losTLCs. 8- Garantías

efectivas DE PROTECCIÓN a las comunidades en sus territorios,

considerándolos como patrimonio nacional.

9- Garantías efectivas en la aplicación de los proyectos, programas de diversificación de la

producción ,con respeto de la autonomía

campesina

y extractiva

permitiendo

y protección de la

economía

la aplicación de prácticas ancestrales

fortaleciendo de la vocación del uso de los suelos.

ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA UNIDAD Y RECONSTRUCION -ANUCUR

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Ponencia Propuestas de la Marcha Patriótica para el tratamiento de la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola.

I.

INTRODUCCIÓN

El problema de la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola resulta de vital importancia en el debate nacional, a propósito del desarrollo de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno, así como en la búsqueda de soluciones de fondo a los problemas estructurales que han dado origen y alimentado el desarrollo del conflicto social, económico, político y armado en el país, Considerando los impactos altamente negativos que han tenido tanto el desarrollo del mercado de estupefacientes como la política antidrogas en la economía, el régimen político, el ambiente y la población, dése el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, presentamos al país y a la mesa de diálogo de La Habana, los siguientes elementos de análisis y propuesta, a manera de aporte desde los sectores populares al punto tres de la agenda.

Como punto de partida se recalca que este problema no puede verse de manera aislada, como sí se tratase de una suerte de mala práctica ejecutada por unos pocos dentro de una economía y un régimen político saludables. Por el contrarío, lo que se ha logrado evidenciar en múltiples investigaciones académicas y judiciales es que negocios ilegales como el tráfico de estupefacientes, con el consecuente aumento de la producción y el consumo, hacen parte de un conjunto de mercados que han sido necesarios para sustentar y darle vida al modelo neoliberal y sus lógicas de acumulación.

El régimen de acumulación vigente se sustenta en la continua mercantilización de los derechos sociales y de todas las esferas de la vida humana y natural, la reconfiguración en el papel del Estado -que se substrae de la producción y provisión directa de bienes y servicios-, la especialización de la economía en sectores extractrivistas y en la construcción de infraestructura para la más rápida y efectiva circulación de mercancías, así como la entronización de los mercados externos, el capital trasnacional y financiero como vías esenciales para el crecimiento económico, requiere de una visión de mundo coherente, centrada en el culto extremo al individualismo, el descreimiento de todo lo colectivo y la adopción del dogma relativo a que eí conjunto de la vida personal y social se reduce a lógica empresarial del "máximo beneficio con el menor costo".

El neolíberallsmo, en tanto que proyecto que ha buscado la reestructuración capitalista y la restauración del poder de clase, en riesgo tras la crisis de acumulación vivida durante los años setenta y ochenta, se ha edificado como un discurso que moviliza reformas y relaciones socioeconómicas y políticas, apalancado en una particular visión del significado de la libertad individual, según la cual, ésta sólo es posible si se ejecuta a través del mercado.

Son justamente estas circunstancias las más propicias para el surgimiento y expansión de negocios como del tráfico de armas, drogas y la trata de personas, generando las condiciones óptimas para la configuración tanto de la oferta como de la demanda. Lejos de ser una anomalía, las más diversas formas del "capitalismo criminal" -aquel en el que se aprovechan las ganancias extraordinarias surgidas de actividades ilegales-, son un rasgo característico y fundamental del orden neoliberal vigente.

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Las exorbitantes ganancias provenientes del mercado de drogas -calculadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delit© (UNODD) en 2011 en 2,1 billones de dólares a nivel mundial- provienen tanto de la exigencia del neoliberalismo de encontrar mercados en los que se logre con la mayor rapidez posible la maximización de la ganancia. En este caso, por la vía de mejores precios en mercados ilegales, así como ía de la liberalización de capitales, con la que se ha permitido ia entrada y saíida de los mismos sin la menor regulación.

El neoliberalismo crea las condiciones para que este tipo de negocios sea muy rentable, particularmente para quienes manejan el tráfico internacional y el rnicrotráfico del consumo. Mientras que aproximadamente el 1,5% de las utilidades quedan en los paises productores, el 98,5% van a parar en los circuitos de comercialización y distribución. En ese mismo sentido, los investigadores señalan que "el precio de venta al consumidor de un kilo de cocaína en territorio norteamericano es casi 40 veces mayor que el de su precio de exportación, mes de diez veces mayor que el precio de importación en el territorio de Miami y 250 veces mayor al precio que se le paga ai productor de las hojas de coca utilizadas en su elaboración'"1.

El desarrollo del modelo neoliberal ha creado también las condiciones para favorecer los cultivos de coca, marihuana y amapola en países como el nuestro, debido a las nefastas consecuencias que ha ienido este modelo en \a producción campesina, agravando los problemas de concentración de la tierra, apertura económica, pobreza y falta de garantías para la producción2. Sin otra alternativa para ¡a supervivencia, las y los campesinos se han visto obligados a participar del cultivo de coca, marihuana y amapola, sin que esto haya significado mejoras en sus condiciones de vida. Al contrario, han sido perseguidos y estigmatizados, tratados como criminales, sin recibir alternativas efectivas y realistas por parte del Estado colombiano.

Es fundamental que la mirada sobre este fenómeno sea en su conjunto, incluyendo el cultivo, procesamiento, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas, abandonando el tratamiento criminal de los cultivos, los campesinos, indígenas y afrodescendientes cultivadores, así como de los habitantes de fas regiones afectadas por el fenómeno y de los propios consumidores en centros urbanos. La política sobre el tema debe considerar de manera seria los usos culturales y tradicionales de las plantas en cuestión, así como su utilidad en campos como los medicinales, el alimentario, las fibras, entre otros.

Así mismo, la política antidrogas del país, amparada en la lógica de "tolerancia cero" y permanente criminalización, ha demostrado ser no efectiva, si se contrastan los resultados con los objetivos. La persecución a cultivadores se inscribe en la idea de reducir la oferta y así hacer que el precio de este tipo de drogas aumente y con esto reducir el tráfico, y pese a que las cifras oficiales muestran un descenso en el área cultivada, la tecnificación del proceso de transformación de la hoja de coca estaría generando una situación en la que con menor cantidad de la misma se estaría fabricando más alcaloide3.

Suárez-Salazar, Luis. (1989). "Conflictos sociales y políticos generados por la droga". Revista NUEVA SOCIEDAD NRO.102 JULIO- AGOSTO * Véase LA PAZ DE LOS CAMPESINOS ES LA JUSTICIA SOCIAL. Ponencia de Anzorc para el Foro Agrario convocado por el gobierno y las FARC-EP, diciembre 17 de2012.

"Pocos campesinos procesan coca: UNODC". En http://www.verdBdablerta.com/component/content/article/154-captura-de-ientas^ publicas/4719-poco-campesinos-procesan-coca-hoY-en-colombía-unodc/

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comercialización justa para las comunidades agrarias.

6. Garantizar la permanencia en el territorio de las comunidades mediante figuras establecidas en la Ley como resguardos indígenas, consejos comunitarios y zonas de reserva campesinas. Igualmente, que dentro de estas figuras exista financiación permanente que soporte el desarrollo de proyectos productivos a largo plazo, titulación de tierras y capacitación laboral. Igualmente, Que el inventario de tierra producto de la extinción y expropiación a narcotraficantes sean en prioridad para crear Zonas de Reserva Campesina, territorios colectivos y resguardos indígenas.

7. Política económica que coloque como pilar fundamental el fortalecimiento de la economía campesina, garantizando de manera agroecológica y sustentable la soberanía y la autonomía alimentaria de los territorios.

8. Implementar políticas públicas y protocolos de manejo ambiental de acuerdo con los usos, identidades territoriales y ancestrales de las comunidades.

9. Reivindicar el uso cultural y medicinal que los pueblos especialmente las comunidades indígenas que utilizan la hoja de coca para su Uso, tradiciones y costumbres.

10. Generar políticas públicas de desconcentración de la propiedad de la tierra y la redistribución de la misma 11. Priorizacíón de protección de las Zonas de reserva forestal, parques nacionales y áreas protegidas. Bajo lineamientos de impulso de agroforestacion y la reforestación con planes de manejo ambiental y conservación con planes que impulsen la convivencia en armonía con la naturaleza y el ambiente.

III.

FRENTE AL CONSUMO.

La necesidad de una perspectiva integral frente al tratamiento del fenómeno de producción y uso de sustancias psicoactivas, resalta aún más en el caso colombiano a! constatar el incremento constante en el consumo de las mismas. De acuerdo con los datos de UNDOC, la prevalencia en el consumo de cocaína en Colombia es superior al promedio mundial; nos hemos convertido en el país que reporta mayor consumo de drogas, lícitas e lícitas, entre universitarios en la reglón Andina, a la vez que se incrementa el consumo de sustancias no tradicionales, tales como el éxtasis.

^

^

La respuesta ante este fenómeno casi siempre se genera desde posturas moralistas, que uniforman los diferentes tipos de consumo y dan trato criminal a los consumidores. La política de "tolerancia cero", aplicada desde la perspectiva del consumo desconoce sus realidades y características, tanto desde la perspectiva socioeconómica, como cultural e individual. Condena y criminaliza, estigmatiza y niega elementos básicos del libre desarrollo de la personalidad.

La política de negación del fenómeno del consumo, que se propone como objetivo erradicarlo, ha demostrado ser altamente ineficaz, ya que sus herramientas fundamentales han sido la judicialízación y/o el manejo médico como enfermedad de carácter netamente individual. En ambos casos, se trata de ubicar a cualquier tipo de consumidor que individualmente ha cometido un delito o ha enfermado, convirtiéndose en una especie de anomalía frente a la que hay que actuar aplicando tratamientos jurídicos y/o médicos igualmente individuales, aislándolo de los factores y determinantes sociales, económicos y culturales.

M o r d í a Patriótica,.

Definitivo M.p.n.1.,

Se hace necesario darle cada vez mayor importancia a este tema, recalcando que se trata de un fenómeno multidimensional y multicausal, en el cual se precisa distinguir los tipos de consumo existentes, así como las diferencias entre sustancias psicoactivas, dadas sus características de acceso e intensidad en la adicción.

Es claro que las decisiones sobre el consumo son individuales, pero se encuentran determinadas por factores económicos, sociales, culturales y familiares. Un primer paso necesario para afrontar esta realidad social de manera efectiva es fa apertura y profundización del debate nacional sobre el tema, avanzando en la redefinición de los objetivos de la política, que más allá de plantear un escenario poco probable de erradicación del fenómeno del consumo, se proponga dar herramientas individuales y colectivas posibles para abordarlo como realidad integrante de la sociedad.

No se puede negar tampoco que el abuso de sustancias psicoactivas está fuertemente asociado con delitos de carácter social y variadas formas de violencia, bajo dinámicas de mutua retroalimentación.

Lo que no puede seguir ocurriendo es que la política sea uniforme frente ai consumo recreativo y ocasional, que de cara al abuso de sustancias psicoactivas. Es por esto fundamental rediseñar el horizonte para propender por regular el consumo y combatir el abuso.

Teniendo en cuenta los anteriores elementos, se presentan las siguientes propuestas básicas en lo relativo ai consumo: 1. Abordar el fenómeno desde la perspectiva de salud pública, antes que desde la óptica criminal, lo que no significa que sea un problema exclusivo del campo médico o del judicial Se trata de una dimensión transversal que debe discutirse y trabajarse desde todos los ámbitos de la sociedad y no aislándola de la misma. La perspectiva sociocultural del uso, consumo y abuso de sustancias psicoactivas debe dejar de ser una reflexión meramente académica, para traducirse en herramientas de política, con suficiente financiación por parte del Estado.

2. Despenalización, legalización y regulación. Existen diversos tipos de sustancias, cada una de las cuales tiene diferentes niveles de adicción, afectación sobre la salud y dificultades en el acceso. Todos estos elementos tienen que tenerse en cuenta para encarar el necesario debate sobre la despenalización, legalización y regulación. No se propone la legalización sin más, sino una reflexión profunda para ubicar cómo gradualmente se van aplicando medidas para cada una de fas sustancias psicoactivas.

Un paso importante es ¡a necesaria desmercantilización las sustancias, no permitir que se generen ganancia a privados a partir del uso y abuso, con la venta indiscriminada, ilegal, en precarias condiciones de salubridad y vinculada a altos niveles de delincuencia social.

En este mismo sentido, ¡a despenalización y regulación deben estar fuertemente acompañadas de una promoción amplia de la política de consumo responsable, contralado e informado, dirigido a evitar las intoxicaciones y el consumo de riesgo.

3. Diferenciar y caracterizar los diferentes tipos de consumo que se presentan en la sociedad colombiana, promoviendo acciones afectivas para respetar los consumos tradicionales y culturales, en términos de no crimínalización o usos propios de diversos tipos de comunidades. De igual manera, es esencial avanzar en diferenciar entre consumos recreativos ocasionales y los de riesgo, caracterizados por niveles de adicción letales; por lo tanto, es urgente ubicar de manera clara, cuáles son los factores de contexto que se convierten en factores de riesgo.

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Construcción de una política estatal de investigación sobre los diferentes tipos de consumos y usos, enfatizando en los de tipo medicinal y alimentario.

Construir política de tratamiento desde la perspectiva comunitaria y a nivel primario. El conjunto de la sociedad debe tener acceso a la información sobre las dinámicas de consumo y responsabilidad en la promoción del consumo contralado e informado. No es una tarea que deban abordar especialistas médicos ante escenarios de abuso, sino de cada sector y escenario social, propendiendo por un cambio de perspectiva.

Resolver las desigualdades sociales y económicas que son caído de cultivo para el abuso de sustancias sicoactivas, particularmente por el consumo de aquellas con mayor nivel de adicción, dada su composición química hecha para generar sustancias de muy bajo costo, pero altamente peligrosas como el bazuco.

IV.

FRENTE A LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN, EL IMPACTO EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA.

El negocio trasnacional de la cocaína, desarrollado en Colombia desde hace más de treinta años, ha sido un elemento clave en los procesos de acumulación de capital, en la configuración del régimen político y sociocultural, así como de la dinámica de violencia que ha padecido el país. Las complejas redes y relaciones que se han creado entre sectores económicos emergentes ligados al narcotráfico, partidos políticos, negocios legales, violencia y reconfiguración de poderes locales y regionales son una realidad, develada recientemente a través del proceso de la denominada "parapolitica".

Dado el carácter estructural del fenómeno del narcotráfico, vinculado a la esencia misma del neoliberalismo, ganar la batalla frente a este flagelo pasa por el desmonte del propio modelo neoliberal. Puntualizando algunos aspectos de esta necesaria tarea se propone: 4.1 Narcotráfico y régimen político: desmonte efectivo del paramilítarismo y reforma al sistema electoral

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Hoy resulta claro para el país que eí dinero deí narcotráfico ha sido financíador de primer orden de la guerra sucia en contra de las alternativas democratizadoras en el país. Así ha quedado evidenciado con la conformación, accionar y propósitos del MAS, Muerte a Secuestradores, en los años ochenta, o los hechos que de manera continua y contundente han demostrado la financiación de las estructuras paramilitares por parte del narcotráfico. El papel jugado por el empresariado de la cocaína en Colombia en la articulación entre economías legales e ilegales como estrategia en el proyecto paramilitar ha quedado al descubierto en casos como los de Enilse López, con el negocio de apuestas en la Costa Caribe. Frente a todos estos hechos, queda claro que el fenómeno del paramilítarismo, sus lógicas de financiación y su incidencia en la institucionalidad exige el desmonte efectivo del complejo dispositivo paramilitar, no sólo de las estructuras militares sino de sus fínanciadores en negocios legales e ilegales.

El impacto del narcotráfico en el régimen político a nivel local y nacional ha sido de igual manera contundente por la vía de amplia financiación de campañas electorales. Los innumerables casos de relación directa entre políticos de los partidos tradicionales, narcotraficantes y paramilitares, articulados entorno a proyectos políticos defensores del status quo y los privilegios de empresarios, terratenientes, y del capital trasnacional, son evidencia más que suficiente al respecto. Por lo tanto,

t a r d í a Patriótica,,

resulta absolutamente necesario, que de la mano con amplios procesos judiciales, se construya una reglamentación electoral que prohiba la financiación privada de las campañas, evitando feriar la democracia a la subasta del gran capital y ios dineros del narcotráfico, garantizando el apoyo estatal a todos los partidos políticos.

4.2 Narcotráfico y sistema financiero: reforma a la política monetaria y regulación a los mercados financieros (control de capitales) No es una mera coincidencia que el auge del narcotráfico, la violencia, así como del sistema financiero se den justamente en las últimas tres décadas. El telón de fondo para la aparición de tales fenómenos es ei desarrollo mismo del modelo neoliberal, en tanto que los cambios en las funciones del Estado y la búsqueda de nuevos espacios para la acumulación de capital -junto con los cambios tecnológicos observados en el periodo-, han generado condiciones óptimas para nuevas formas de acumulación con elevadas tasas de ganancia, entre las que se destaca el narcotráfico. Lejos de ser una anomalía o un proceso sin sentido, los procesos criminales de acumulación, como el narcotráfico, y la violencia asociada a estos, son parte fundamental en el proceso económico y político contemporáneo.

Claro de ejemplo de esto es la estrecha relación que existe entre lógicas especulativas en el mercado financiero y javaóo de activos, particularmente del dinero proveniente del narcotráfico. Los más de 17.000 millones de dólares que anualmente son blanqueados a través de y por el sistema financiero en Colombia, son producto de las condiciones mismas de funcionamiento de éste mercado en la actualidad. Los complejos dispositivos que permiten la obtención de ganancias extraordinarias vía especulación, como la comercialización de derivados financieros, son el vehículo ideal para el blanqueamiento de capitales, La compra y venta de títulos varias veces en un mismo día, la movilización de grandes sumas de dinero a través de pequeñas transacciones, asi como las amplias condiciones de movilidad de capital de manera transfronteriza, gracias la liberalización de la cuenta de capitales, han permitido la emergencia del fenómeno de lavado de activos. De esta manera, no sorprende que sea justamente el sector financiero uno de los que mayores tasas de crecimiento y nivel de ganancias haya tenido a lo largo de las últimas décadas; la de por sí perversa lógica especulativa se ha visto potenciada por el ingreso constante de capitales provenientes del narcotráfico.

Es por esto que resulta absolutamente necesario realizar una profunda reforma ai sistema financiero y a la política monetaria en Colombia, frenando la dinámica especulativa que crea incentivos para la entrada masiva de capitales en búsqueda de ganancias extraordinarias vía tasa de interés, combatiendo la explosión del mercado de derivados y ei control de capitales, recuperando la soberanía nacional sobre la entrada y salida de los mismos.

Los mecanismos de seguimiento a la propiedad de los capitales al interior del sistema financiero han resultado insuficientes frente a (as dimensiones del fenómeno, precisamente porque es fundamental erradicar el origen mismo de los incentivos para la especulación. La dimensión global de éste fenómeno y su efectividad frente al lavado de activos ha hecho que incluso eí Fondo Monetario Internacional haya reevaluado su postura con relación al control de capitales desde el año pasado.

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PONENCIA SOBRE UNA VISION NACIONAL Y TERRITORIAL DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS. PRESENTADO POR LA FEDERACIÓN NACIONAL SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA -FENSUAGRO-CUT. INTEGRANTE DE LA MESA NACIONAL DE UNIDAD AGRARIA. MESA NACIONAL AGROPECUARIA, POPULAR Y DE ACUERDO - MÍA. VIA CAMPESINA. CLOC. AL FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITASBogotá D.C 24 al 26 de septiembre del 2013. En el marco de los acuerdos de negociación entre el I gobierno Colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC-EP, que se llevan a cabo en la Habana Cuba.

1.

UN MODELO DE DESARROLLO QUE PRIVILEGIA LA GRAN AGRICULTURA COMERCIAL Y MINERA. Desde hace muchas décadas Colombia ha desarrollado una economía basada en la dependencia de) gran capital internacional. Su papel designada por el fondo monetario internacional,

el banco

mundial, el Banco interamericano de Desarrollo BID, está dirigido a la producción de materia prima, la explotación de sus recursos naturales renovables y no renovables en particular de carácter minero.

La ímplementación del modelo neoliberal y su profundizaclón a partir de los años 90, a acelerando el desmonte de la instltucionalidad publica, entre ellas las que apoyaban a la población rural Colombiana.

Al mismo tiempo este modelo ha declarado inviable al campesinado, a su vez ha fortalecido la reconcentración

de

la propiedad

de

la tierra, generando en combinación

con

la

violencia

narcoparamilltar de los más recientes años, grandes oleadas de desplazamientos sucesivos. El "nuevo" ^

^

modelo de desarrollo rural que impulsa el Estado Colombiano y su gobierno de turno giran alrededor de las alianzas estratégicas productivas que no son más que una estrategia de interrelación con el latifundio especulativo y mafioso y los grandes megaproyectos mineros, de plantaciones forestales, la producción de agro-combustibles, de agro-negocios, todos orientados a ia exportación de materia prima hacia los países desarrollados.

La aprobación de los tratadds de libre comercio con los EEUU, Canadá y la Unión Europea y su entrada en vigencia coloca en mayores desventajas a los pequeños y medianos productores agrícolas de nuestro país, lo que profundizará las brechas de desigualdad campo ciudad. Es de anotar que en este nuevo

escenario

los

únicos

precisamente los de uso ¡licito.

productos

agropecuarios

de

pequeña

escala

competitivos

son

2.

LOS CULTIVOS DE COCA, MARIHUANA Y AMAPOLA EN COLOMBIA. La presencia de estos cultivos de uso ilícito en Colombia tienen varias motivaciones entre las cuales podemos mencionar algunas: •

Aumento de consumo de drogas psicoactivas en los EE.UU y Europa en la década de los años 70 y que hoy continua con niveles de demanda que favorecen el comercio internacional de esta producción.

•

Desplazamiento de antiguos cultivos de marihuana en México, como efecto de los programas de erradicación y fumigación orientados desde los EE.UU, en la década de los años 60 y 70 del siglo pasado.

•

La Introducción de semillas y apoyo financiero por parte de empresarios ilegales a campesinos pobres del norte Colombiano que vieron una opción de supervivencia en la plantación de marihuana y otros cultivos como la coca o la amapola.

•

La creciente marginalidad de la población rural Colombiana y la carencia de políticas del Estado dirigidas a resolver el problema estructural que históricamente ha vivido el campo Colombiano.

•

La continuación y existencia del latifundio especulativo y mafioso, lo que ha conllevado a gran concentración de la propiedad de la tierra por antiguos capos narcoparamilitares y testaferros al servicio de grandes latifundistas.

•

El desarrollo de grandes megaproyectos y la penetración de transnacionales que han forzado al desplazamiento de comunidades, cuyo objetivo es despejar el camino para el saqueo de los bienes naturales.

•

El desarrollo de políticas anticampesinas y de violencia que han favorecido los planes de colonización del Estado, que a su vez han llevado a la marginalidad social de vastas poblaciones fuera de la frontera agrícola.

•

La falta de políticas de precios de sustentación y comercialización de la producción de economía campesina.

•

La no concreción de una política de reforma agraria de carácter estructural que permita la democratización de la propiedad rural al interior de la frontera agrícola, permitiendo a su vez el cierre de la exportación territorial agrícola del país.

Ahora bien la anterior se suma la apuesta en ejecución de las locomotoras del desarrollo y la entrada en vigencia de los tratados de Ubre comercio con los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

Todas estas políticas de privilegio al gran capital e inversionistas rurales se constituyen en el fondo en políticas antlcampesinas, que empujan a nuevas masas campesinas a la miseria y a nuevas colonizaciones, que en última favorecen y fortalecen los ciclos de la economía ¡lícita.

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3.

LA POLÍTICA ANTIDROGAS EN LOS EE.UU EN COLOMBIA, "SOLUCIÓN AL PROBLEMA" JUSTIFICACIÓN PARA EL INTERVENCIONISMO. Terminada la guerra fría, los EE.UU han continuado con el Intervencionismo y agresión militar contra los pueblos del mundo, que se oponen a la política global del imperio del norte y sus aliados europeos, orientadas al saqueo, la sumisión y la dependencia. En este sentido la supuesta lucha contra las drogas ilegales ha sido justificada en Colombia con un carácter intervencionista en sus asuntos internos, por ello la política antidrogas se conjuga con la guerra al terrorismo, que después del 11 se septiembre de 2002 se convirtió en la principal bandera de agresión imperialista. El desarrollo de estrategias regionales como: el plan panamá, la iniciativa plan dignidad, el plan Colombia, el plan patriota, la iniciativa regional andina ira, entre otros. Han fortalecido la militarización de ía región cuyo principal fin no es la erradicación del narcotráfico, sino la defensa de los intereses del país del norte en el corredor andino y particularmente en Colombia.

Según algunos datos extraoficiales en los últimos 30 años, EE.UU ha gastado más de 40 mil millones de dólares, principalmente en la llamada guerra antidrogas, política que está alejada de cualquier acción hacia un desarrollo sostenible regional, ni mucho menos para reducir la propia demanda de narcóticos en su territorio. Valga preguntarse ¿si la fuerte presencia militar en la región es solo por el problema de las drogas o es por el control estratégico que representa la región andina? Como procesadora de insumos, bienes naturales y una gran riqueza de biodiversldad principalmente en la selva amazónica.

4.

PROPUESTA PARA SUPERACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS; HACIA UNA POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN GRADUAL, DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO Y SALUD PUBLICA, QUE POSIBILITE LA SOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE NARCÓTICOS. 4.1. Reformulación integral de la política nacional sobre drogas tipificadas como ilícitas; con base en los principios de soberanía, corresponsabllldad, multilateralidad, transparencia, sentido social, respeto a los derechos humanos y campesinos (as) aprobados por las naciones unidas, la protección del medio ambiente. A partir de estos criterios Colombia redefinirá sus relaciones multi y bilaterales con los países centro de demanda y con los conjuntos de naciones que comparten una problemática similar de producción de cultivos de uso ilícito y tráfico de estupefacientes.

4.2. Nuevo diseño institucional que garantice desarrollar las políticas concertadas con las comunidades involucradas en la producción de cultivos de uso ilícito.

Creación del instituto de coordinación de programas para la prevención, sustitución y ejecución de los proyectos de desarrollo local, departamental y regional que incluye programas alternativos y

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de industrialización de la hoja de coca y otros cultivos de uso ilícito.

4.3. Reconocimiento de la legalidad del cultivo de la hoja de coca por parte de las comunidades indígenas, campesinas y afro-descendientes para usos ancestrales, de tipo religioso, curaciones tradicionales, comunitarias y medicinales.

4.4. Concertacion con el movimiento campesino y sus organizaciones de una iey de tierras, de reforma agraria y desarrollo rural, que garantice la democratización y distribución de la propiedad de la tierra rural. Esta ley tendría como prioridad la afectación del latifundio al interior de la frontera agrícola, bajo los criterios de fortalecimiento de la economía campesina, la recuperación de la soberanía alimentaria

de los colombianos, la participación democrática de los pequeños y

medianos productores agropecuarios en el diseño y ejecución de las políticas agropecuarias del país. .

4.5. Promoción de acuerdos ambientales multisectoriales, entre el Estado, las comunidades locales, para la protección, reestructuración y adecuada racionalidad en la intervención de los ecosistemas.

La conservación de cuencas hidrográficas y bosques altos andinos y la selva húmeda tropical, permitirá la aplicación efectiva del principio de corresponsabilidad por parte de los países industrializados y consumidores de alucinógenos, principales responsables de la destrucción de la capa de ozono, la aceleración del cambio climático y la extinción de miles de especies vegetales y animales.

4.6.Suspensión definitiva, al sistema de erradicación agroquímica, biológica o forzosa, que por su carácter invasivo, forzoso e indiscriminado

afecta la estabilidad de las comunidades, le

biodiversidad, las fuentes de agua, la economía lícita y la salud de la población.

4.7. Generación de un clima de confianza entre el Estado y las comunidades Involucradas en los cultivo: de uso ilícitos que permitan adelantar los proyectos de desarrollo alternativo y los planes de vldc en un contexto de participación, concertacion y corresponsabilidad.

La legitimidad estatal pasa por e! reconocimiento a los campesinos productores como sujeto; sociales válidos para interlocución con el Estado, y por el cumplimiento estricto de los acuerdo: que suscriban en materia de desarrollo regional y la solución a las causas que han originado e conflicto de los cultivos de uso ilícito.

4.8. Propiciar acuerdos locales de gobernabilidad que permitan reconstruir el tejido social, qu« garanticen una real participación de las comunidades en el diseño y ejecución de los programas dí sustitución, industrialización y comercialización de la producción de los cultivos de uso ilícito.

4.9. Desarrollo de una política de complementación así: reforma urbana, cobertura en salud gratuita \ universal para todos/as los colombianos/as, fomento en la cobertura de educación en los nivele: de preescolar, primarla, secundaría y universitaria, acceso al agua potable, a empleos dignos \ pensiones, recreación y apoyo a la iniciativa empresarial y micro-empresarial.

4.10.

Creación del fondo nacional para el fomento de la economía campesina, la sustitución y e

apoyo de programas de desarrollo de planes de vida e iniciativas alternativas y procesos dí industrialización de la hoja de coca y marihuana, el cual será financiado con la destinación del 10"/ anual del presupuesto total nacional y contará con la participación mayoritaria de deiegado representantes de las comunidades beneficiarías del programa de sustitución, industrialización ' comercialización de la hoja de coca y marihuana.

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4.11.

Control e impuestos a los capitales golondrinas, estos últimos serán destinados al fondo

nacional para la sustitución y e! fomento de programas de desarrollo de vida alternativa y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana.

4.12.

Apoyo a la organización autónoma de las comunidades campesinas, indígenas y afro-

descendientes. Cese de la estigrnatización, señalamientos y judicialización de los dirigentes y comunidades insertas en la producción de cultivos de uso ilícitos. En todo caso ningún productor en pequeña escala de hoja de coca o marihuana podrá ser señalado o considerado como narcotraficante.

4.13.

Mientras se implementan las diferentes políticas y programas concertadas con el estado y el

gobierno colombiano, este

último comprara la producción de hoja de coca y marihuana, u

otorgará un subsidio mensual equivalentes a dos sa/arios mínimos legales mensuales.

4.14.

Se pondrá fin a la actual política antidrogas impuesta por los EEUU y se formulará una política

de cooperación de mutua reciprocidad con todos aquellos países interesados ,que tenga como elementos de compromisos aquellos dirigidos a) lavado de activos, a desactivar los paraísos fiscales, al control y tratamiento de salud pública al consumo de drogas en los países consumidores, la expropiación de bienes a narcotraficantes los cuales serán traspasados al fondo nacional para el fomento de la economía campesina, la sustitución y el apoyo de programas de desarrollo de planes de vida e iniciativas alternativas y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana.

Por últimos queremos exponer que solo será posible poner fin a este conflicto social en que hoy se encuentrar miles de familias que subsisten de la producción de los cultivos de uso ilícito, si se erradican las causas que le dieron origen en Colombia a esta problemática social. Como vemos en nuestras propuestas no se trata de legalización y justificación del narcotráfico, que en última son grandes magnates nacionales e internacionales "que posiblemente jamás conoceremos" pero que tal vez muchas veces han sido los primeros en hablar de fumigaciones y lucha contra las drogas ilícitas.

Bogotá D.C.

^

^

Septiembre 24 de 2.013.

u^W W7w^\je£ Agrogüejar, nace legalmente en abril del año 2004, con el objetivo específico de crear condiciones de sustitución voluntario de cultivos de uso ilícito por alternativas de proyectos productivos orgánicos.

Desde su inicio se constituye a desarrollar ocho sistemas productivos sostenibles con recursos propios de la región, realizados en la Granja Kxperimental la Margarita. Esta iniciativa de investigación, es realizada por la asociación por a el cambio del cultivo tradicional al de uso ilícito, al principio inofensivo y de relativas ganancias en poco tiempo, fue a su vez trastocando valores y principios de organización y participación comunitaria, que posteriormente se evidencio con la presencia de grandes masas flotantes de población sin ningún arraigo con la comunidad y el territorio.

Los campesinos del Bajo Ariari no somos narcotraficantes, el estado de necesidad de los habitantes, por la falta de implementación de proyectos productivos sostenibles que nos garantice generar excedentes económicos de manera licita; es lo que nos ha obligado a sembrar el cultivo de coca y es el Estado quien no ha garantizado una vida digna, ya que el trabajo realizado en el campo no guarda la proporción del desgaste y sacrificio a que nos sometemos diariamente en estas zonas marginadas, en donde un día llegamos con la esperanza de darle un futuro mejor a nuestra familia, ante el desempleo y miseria en que se debaten las ciudades por esta crisis económica.

La bonanza de cultivos de usos ilícitos, propicio el consumismo, los antivalores, la individualidad y el desarraigo; el adagio "amigo cuanto tienes, cuanto vales". Ante el creciente valor del tener por encima del ser, se propicia la disposición a adquirir comportamientos atraídos a la consecución de dinero rápido que permita incrementar el volumen de consumo de objetos y satisfactores. En esta región emigran familias completas y más aquellas que se habitaron a conseguir dinero rápido. Son causas de esa situación también, la falta de oportunidades de empleo e ingresos dignos cerca de sus fincas, la escasa rentabilidad de sus parcelas y el desarraigo territorial ligado a la baja valoración.

La cooperación de la Unión Europea ha centrado su atención en el desarrollo alternativo, apoyando a los campesinos de las asociaciones Agrogüejar de 17 Juntas de Acción Comunal que decidieron erradicar manual y voluntariamente el cultivo de coca.

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Los primeros proyectos elaborados, gestionados y ejecutados los realizaron con la institución PNN de Sierra la Macarena. Unos de los proyectos fue la "Reconversión de la producción sostenible para el restablecimiento de la seguridad alimentaria en 15 veredas vinculadas a la asociación Agrogüejar en zona de influencia del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, sector Quejar-Cafre, municipio de Puerto Rico-Meta. Fase 1 y H" ejecutados en el año 2007 y 2008. Estos proyectos marcharon por la financiación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Presidencia de la República de Colombia, Oficina del alto comisionado para la paz y Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. En este proyecto participaron 480 familias campesinas, en donde erradicaron voluntariamente cerca de 2000 hectáreas con cultivos de coca, siendo verificadas por Naciones Unidas y la Dirección Nacional de estupefacientes.

A pesar de todos estos intentos de apoyo locales y foráneos, el gobierno con las fumigaciones indiscriminadas con glifosato viola ostensiblemente la propuesta presentada mediante una mesa de concertación en Puerto Rico Meta en el 2006, entre nuestra organización y el gobierno sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito de manera concertada y asistida, para el logro de un plan de vida concertado para la paz.

Estas fumigaciones indiscriminadas van en contravfa del deseo de los habitantes de esta región del Bajo Ariari de la erradicación manual y atenta contra el medio ambiente, la salud de sus habitantes y la recuperación de estas tierras degradadas por la deforestación sufrida por la siembra del cultivo de coca y que con espíritu patriótico nosotros los campesinos de esta región nos hemos empeñado, erradicando voluntariamente 2000 hectáreas de coca; aspecto que nuestra organización Agrogüejar, hemos cumplido en nuestra palabra empeñada como lo ^

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puede certificar Naciones Unidas, Parques Nacionales Naturales y la policía Nacional de narcóticos.

Va nuestra protesta a las políticas contradictorias del gobierno que no guardan proporción a lo enunciado en los medios de comunicación de protección al medio ambiente y el impulso de la agricultura, ya que al campesino se nos da palo porque boga y palo porque no boga.

Donde en su momento eximos un llamado a los Ministros del Medio Ambiente y de Agricultura, ¿Cómo pueden justificar que el gobierno invierta en la implementación de 655 colmenas, mediante acuerdo con la Unidad de Parque Nacionales Naturales de Colombia en proyectos de relocalización voluntaria de 45 familias que liberaron 500 hectáreas en el Parque la Macarena? ¿Qué pasara con las especies nativas de abejas meliponas, el pie de cría de la aphis melífera y con la cosecha de miel que se espera para el mes de enero? ¿Qué pasara con los reguladores naturales que sirven como polinizadores de los cultivos de pancoger y de la biodiversidad del PNN? ¿Cómo pretendemos que los campesinos sigan erradicando voluntariamente cultivos de uso ilícito, cuando se siguen contaminando Jas más de 3000 hectáreas que están en restauración pasiva dentro del parque y fuera del parque?

Igualmente las fumigaciones con venenos contaminan el ambiente; pero también repercute a la salud de los habitantes de las áreas fumigadas, produciendo síntomas agudos y crónicos, que afectan la genética de los seres humanos y de la flora y la fauna; hechos que están comprobados científicamente y traemos a colación los estudios realizados en peces por la Universidad del Llano.

Por tales razones, la asociación campesina para la agroecologica y el comercio justo plantea lo siguiente:

1. Una vez más reafirmamos nuestra propuesta y compromiso de proponer en la región de Agrogüejar como laboratorio de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, mediante la concertación de un plan de vida para la PAZ. 2. Deberá terminarse definitivamente las fumigaciones de glifosato, ya que están comprobados sus efectos nocivos contra la salud de las personas y el medio ambiente en su conjunto - fauna, flora, ríos, etc. •-.

3. Seguir creando comités veredales de ecología y medio ambiente, establecer normas de convivencia de respeto al medio ambiente y crear los comités veredales de la niñez y juventud ambientalista.

4. Nuestra organización ha abanderado las políticas nacionales e internacionales que invita a la sustitución de cultivos ilícitos por proyectos de vida productivos, en donde el campesino pueda elevar su producción agroalimentaria para el campesino interno y el excedente para las ciudades y/o exportación.

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5. La erradicación de cultivos de uso ilícito de nuestra organización es real y no es trasladada como sucede con las políticas de erradicación forzosa no concertada, lo que hace que los campesinos se trasladen a otra regiones del país y/o áreas de la región a continuar sembrando el cultivo ilícito, además afectando el medio ambiente, con la deforestación, la contaminación del aire, suelos, flora y fauna.

¡La preservación del planeta es responsabilidad de todos, incluyendo a las autoridades gubernamentales que no pueden escudarse en su investidura para evadir el cumplimiento de las ieyts ambientales!

Si al campo le va bien, a la ciudad también; porque los campesinos tendrán la capacidad de producir alimentos diversos, limpios y suficientes a los consumidores, inclusive para los más pobres de las ciudades.

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PROPUESTA PARA LA SUSTITUCIÓN REAL DE LOS CULTIVOS DE COCA EN LA REGIÓN SUR DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, BOTA CAUCANA Y SUCUMBIOS NARIÑO.

Los habitantes de la Región sur de Colombia, territorio Amazónico, hemos llegado unos y otros de distintos puntos de la geografía Nacional, producto del desplazamiento, las consecuencias del conflicto social, económico y armado que vive el país; falta de tierra, condiciones económicas y sociales, el abaratamiento de la mano de obra en la ciudades y los contingentes de familias del campo desplazadas que se resisten a la mendicidad en las calles de la urbe, huyen a los bordes de la frontera agrícola, rompiendo montaña y estableciendo nuevas unidades del trabajo agrícola familiar, de esta manera ha sido poblado nuestro territorio.

Adicionalmente todas las políticas agrarias emanadas de perspectivas desarrollistas que propone el Gobierno Nacional, tienden a privilegiar escenarios agrícolas a grandes empresarios y no a los pequeños productores rurales, los cuales se enfrentan en un mismo contexto al latifundio, la industrialización de segmentos de la agricultura, sistemas agrícolas de monocultivos, la ganadería extensiva y por otro lado medidas aperturistas del comercio internacional como los Tratados de Libre Comercio TLCs, que privilegian la importación de alimentos y las transformaciones en los patrones de consumo de alimentos en detrimento de la vocación agrícola, el trabajo y la cultura local y nacional, en donde la pequeña propiedad agraria no puede pensarse como vehículo de desarrollo rural.

Entrados los años 80's, el auge del cultivo de coca toca las puertas de la amazonia. Cultivo de manejo sencillo y con paquetes tecnológicos de fácil acceso, con cortos periodos de cosecha, de trabajo familiar y por sobre todo con un mercado asegurado, hicieron de este la única opción económica real en una zona donde la precariedad de la infraestructura vial y de comunicaciones, la escasa inversión social, así como la ausencia de centros de comercio para productos alimenticios, consolidó el escenario propicio para la emergencia de una economía ilícita, así denominada por el gobierno, Fue así como la coca y su cultivo extensivo promovió la apertura de claros en las selvas, introdujo los paquetes tecnológicos con base en agroquímicos que alteran la estabilidad ecosistemica y otra suerte de "extemalidades" que hoy se entienden como graves problemas socio - ambientales, lo mismo que las medidas adoptadas, por la política antidrogas nacional y estadounidense, acompañado de una explotación petrolera, sin las medidas suficientes que mitiguen los impactos ambientales, ponen en riesgo la biodiversidad y la vida de las generaciones futuras en el Departamento, desarrollándose una economía de carácter extractivita, beneficiando a una mínimo sector de la sociedad y dejando consecuencias socio- económicas y ambientales nefastas para la mayoría de los pobladores de la Región.

La política antidrogas adoptada por el país, se ha enfocado únicamente en las fumigaciones aéreas y la erradicación forzada como único método para la erradicación de los denominados cultivos de uso ilícito y por otro lado la

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militarización con estrategias como el Plan Colombia, Plan patriota y Plan Consolidación, que han generado una crisis humanitaria y ambiental sin precedentes en la Región. El gobierno pretende resolver esta problemática con programas asistencialistas impuestos sin ningún tipo de planificación y concertación con las comunidades, en lo cual han invertido miles de millones de pesos, lo cual no ha logrado acabar con los cultivos de coca, convirtiéndose en un total fracaso en esta Región y en el país, y por el contrario se ha incrementando a un mas el conflicto social, económico y armado en todo el territorio.

Es por eso que desde la MESA REGIONAL, de Organizaciones sociales y populares del Putumayo, Baja Bota Caucana y Sucumbíos Nariño, venimos trabajando en un proceso de unidad para planificar y buscar soluciones definitivas AL CONFLICTO SOCIAL Y COCALERO para lograr un desarrollo que este acorde a las necesidades de cada uno de los diferentes habitantes que integran este territorio; considerando que uno de los medios más urgentes que nos ayudan a generar la unidad y a construir un verdadero Desarrollo integral, se construyen con la participación directa de las comunidades, para tal fin proponemos la formulación y Ejecución del PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL AMAZÓNICO 2035, COMO UNA ALTERNATIVA A LOS CULTIVOS DE COCA, LA RECONVERSIÓN ECONÓMICA Y UNA PROPUESTA DE PAZ PARA ESTAS COMUNIDADES, en el cual una de sus prioridades es el establecimiento de sistemas productivos sostenibles para el fortalecimiento de la economía campesina, la soberanía Alimentaria, la generación de ingresos y la asociatividad para la transformación y comercialización de sus productos, implementando un modelo de economía campesina que nos permita ordenar el territorio con enfoque de Derechos y solucionar la inversión social requerida para que las comunidades logremos superar la crisis económica, social, ambiental, política y cultural para alcanzar un buen vivir para los pobladores de esta Región del sur del de Colombia, convirtiéndose en una política pública del país. pero esta propuesta no será viable si no se generan cambios en la política agraria y económica del país, con la participación directa de las comunidades, como también se debe frenar las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, la Suspensión inmediata y revisión de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, China y demás países,.

Finalmente concertar y firmar un acuerdo entre el gobierno y las comunidades, para la sustitución de los cultivos de coca, definiendo; compromisos de inversión, tiempos y porcentajes de disminución de los cultivos en un proceso que genere confianzas, democracia, respeto y cumplimiento a los compromisos pactados para lograr acabar con el uso ilícito de los cultivos de coca y superar las causas que llevaron a las comunidades a sembrarlos. Con una veeduría internacional y acompañamiento de países amigosMESA REGIONAL, de Organizaciones sociales y populares del Putumayo, Baja Bota Caucana y Sucumbíos Nariño, 25 de septiembre de 2013.

^H Para consultar el libro, acceder al siguiente enlace en internet http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/10032.pdf