Honorable Cámara de Diputados de la Nación 132º Período Ordinario de Sesiones Reunión 13º, 8º Sesión Ordinaria (Especial), 27 de agosto de 2014 Inserción Discurso Diputada Nacional María del Carmen Bianchi
Señor Presidente: La reconstrucción de nuestro sistema previsional, que se llevó a cabo en los últimos años, se basó en tres ejes fundamentales: que el sistema sea público, brinde ingresos jubilatorios dignos y tenga alcance universal. Estas tres características fueron la clave para recuperar aquel sistema de seguridad social que durante los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón fue un emblema del programa popular y del Justicialismo. La vuelta al sistema previsional público se materializó a través de la ley 26.425. Por su intermedio este Congreso estatizó los fondos de las AFJP, revirtiendo un grave error cometido en los años 90. Se eliminó así la intermediación del sector financiero que erosionaba por partida doble los aportes de los trabajadores: por un lado, cobrándoles comisiones en muchos casos desproporcionadas; por otro, invirtiendo sus fondos en actividades especulativas que en numerosas oportunidades resultaron ser rotundas estafas. La experiencia demostró que sólo el Estado es capaz de velar por los ingresos futuros de los trabajadores, es decir, de prestar ese servicio intergeneracional que asegura que los empleados actuales no sufran en su vejez por la merma de sus ingresos. Al leer balances políticos en los medios gráficos o asistir a la discusión pública en la radio o la televisión, se percibe con amargura que esta medida no es ponderada con justicia. Muchas veces los promotores del libre mercado o los fundamentalistas de la seguridad jurídica tienen el descaro de incluirla en su lista de catástrofes, señalándola como una de esas autopistas que nos conducen a la Venezuela que tanto los atemoriza. Sin embargo, miles de trabajadores -y sus familias- saben lo que esta reforma significó. Están más tranquilos hoy, con la certeza de una jubilación futura, que antes, cuando sus aportes naufragaban con los negocios de las grandes empresas. Hemos recuperado la jubilación pública. Pero de nada serviría un sistema público si otorgara beneficios miserables como ocurría justo antes de la incursión de las AFJP. Por eso otra decisión insoslayable de este Gobierno ha sido la de garantizar a los jubilados ingresos dignos. Desde el año 2009, con la aprobación de la ley de movilidad jubilatoria, los haberes percibidos por los jubilados aumentan dos veces por año, en marzo y septiembre. A través de esta ley, se recuperó un derecho que había sido suspendido en los noventa.
Con la aplicación efectiva de esta ley, todos los jubilados perciben mejoras regulares en sus haberes. Los aumentos gozan de previsibilidad y transparencia, ya que dependen de parámetros objetivos de la economía. Por eso es posible decir y celebrar que, desde el año 2009 a la fecha, la jubilación mínima se ha triplicado (pasando de $ 827 a $ 3.231). Asimismo, es importante señalar que los nuevos jubilados que se integren al sistema a partir de la moratoria que prevé el proyecto en debate, también percibirán los beneficios de la movilidad jubilatoria. Ahora, tampoco serviría contar con un sistema público, con haberes que se actualizan periódicamente, si éste cubriera un limitado porcentaje de los adultos mayores. En este sentido es preciso señalar que la inclusión, como característica del sistema previsional, es su rasgo más importante. Como ocurre con la AUPH, el semblante universal -de garantizar una prestación a la totalidad de la población inactiva- la afirma como una verdadera política pública social. La iniciativa que hoy estamos debatiendo, constituye la segunda etapa del plan de inclusión previsional, que comenzó a los dos años de que Néstor Kirchner asumiera como presidente de la Nación. La primera etapa del Plan tuvo como resultado la inclusión de 2.700.000 personas, siendo un 73% de los dichos beneficiarios mujeres, como las amas de casa, que por primera vez lograron acceder a un haber jubilatorio. Gracias al plan, 9 de cada 10 adultos mayores están hoy alcanzados por el sistema previsional. Este nivel de cobertura es el más alto de América Latina. Con la nueva moratoria se pretende llegar al total de la población adulta en edad jubilatoria. No debemos olvidar que en 2002, previo a estas políticas, la cobertura previsional era sólo del 63,6%. En los noventa, dado que la tasa de desocupación era significativa, un amplio sector de la sociedad fue privado de su derecho a jubilarse. La visión que regía en ese entonces era restrictiva: sólo aquellos trabajadores que a lo largo de su vida laboral hubieran realizado los aportes correspondientes, podrían conseguir el beneficio. El régimen de capitalización convertía a los jubilados en ahorristas a largo plazo, desechando el carácter solidario del sistema de reparto. El plan de inclusión previsional tuvo por objetivo subsanar esta situación, haciendo efectivo lo reglado por nuestra constitución: la posibilidad de los adultos mayores de acceder a una jubilación, aún cuando en el pasado hubieren tenido problemas para aportar. Es que, en definitiva, la tercera edad constituye un segmento de la población expuesto a numerosas vulnerabilidades, como también lo son la niñez y la adolescencia. De allí que el Estado tiene la responsabilidad de velar por su protección y que, de ninguna manera, esta función puede ser delegada al mercado de seguros o al mercado financiero. La primera moratoria fue tan trascendente que el 45% de los actuales jubilados consiguieron el beneficio por su intermedio. Sin esta medida, esas personas hubieran quedado afuera del sistema
jubilatorio. Y no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de un derecho fundamental, que impacta directamente en la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Es por ello que en el Senado de la Nación hubo un consenso unánime para acompañar el nuevo proyecto. Mediante la segunda etapa del plan de inclusión previsional se estima que otras 500 mil personas podrán jubilarse. Para poder acceder a esta segunda moratoria, las personas interesadas deberán estar inscriptas en la AFIP. Por su parte, y con la clave fiscal de los interesados, la ANSES analizará la situación patrimonial y socio-económica de los solicitantes. Esta es una novedad con respecto a la primera moratoria. A través de este análisis, se podrá determinar fehacientemente que las personas que no tengan capacidad contributiva puedan jubilarse. Respecto a algunas dudas que estuvieron circulando sobre quienes serían los destinatarios de esta moratoria -si los monotributistas, o los autónomos, o los trabajadores en relación de dependencia-, Diego Bossio, titular de ANSES, aclaró que “todos los trabajadores podrán acceder a ella.” Esta medida demuestra la vocación de nuestra Presidenta de fortalecer, con acciones concretas, las políticas de inclusión social que se pusieron en marcha hace más de una década, aun en momentos en los que se presentan ciertas dificultes internas y externas. Pese a las inclemencias, la reivindicación de nuestros mayores seguirá siendo una prioridad, por lo cual seguiremos trabajando para hacer efectivos sus derechos esenciales. Cuando se amplían derechos, se siembra dignidad. Mientras ello ocurra, este modelo de país demuestra su vigencia y todos nosotros nuestro apoyo incondicional.