LO QUE LA OECD NO DIJO Marta Lucía Ramírez1 Al igual que lo hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) a finales del año pasado, la reciente evaluación de la OECD para Colombia, deja en claro la postura de la Organización sobre el reconocimiento del avance realizado en el país, que le ha ayudado a consolidarse como un importante jugador internacional, con un panorama macroeconómico positivo y una agenda de cambios y reformas, que según ambas instituciones, han tomado un buen camino. Sin embargo, para asegurar la entrada de Colombia a la OECD, esta plantea una agenda que va de la mano con sus lineamientos como la eliminación de ventajas económicas -como subsidios, aranceles, salario mínimo elevado- para que el país compita en “igual” medida con las economías miembros. A razón, destaco dos puntos. Primero, es importante y estimulante el énfasis puesto por las organizaciones multilaterales en el país, debido a que se beneficia nuestra imagen en el exterior y nos permite contar con aliados estratégicos para la superación de barreras y problemas nacionales. Segundo, las recomendaciones de estos institutos dejan de lado los procesos intrínsecos de cada acontecimiento nacional, lo cual incide en las decisiones que tomamos actualmente. Por ejemplo, de acatar la recomendación de un salario mínimo preferencial para los jóvenes, mucho más bajo que el actual, se actuaría en dirección de las posturas de la Organización donde el estímulo para los empresarios se da a través de menores costos, pero elimina la posibilidad de inducir a los jóvenes a mejorar su situación económica y social, reduciendo su capacidad adquisitiva lo cual trasciende al desmejoramiento de la calidad de vida en ciudades como Bogotá, que quedó ubicada en el puesto 5 de las ciudades más caras de Latinoamérica, y en las regiones, donde se limita el acceso a algunos bienes por restricciones de entrada al mercado. Así, es de gran relevancia revisar las recomendaciones de la OECD para no caer en propuestas que puedan ir en contravía con los proyectos de un país en crecimiento, equitativo, justo y sostenible. En tal sentido, a las propuestas planteadas en el documento, les hace falta el eje central para el desarrollo del país, una agenda de política manufacturera y agrícola que consolide una base productiva eficiente, con los menores riesgos posibles por la estructura de la demanda internacional (como sucede con los minero-energéticos). Estos dos sectores generan beneficios al sector rural, que ha perdido su potencial a raíz del conflicto, y a las zonas urbanas, que han venido caracterizándose por el fortalecimiento de los servicios financieros y personales. De igual forma, permitirían reforzar la política de seguridad y soberanía alimentaria aliviando el encarecimiento y escasez de estos productos, recuperando el campo a los actores que les pertenece, agricultores con tradición social, económica y cultural; mientras que el fomento a la actividad fabril no solo emplea gran cantidad de personas, sino que permite reducir las brechas entre los ingresos, aumentando la diversidad de productos y ampliando la canasta de bienes disponibles para consumo. Mientras el boom minero-energético pareciera emprender su etapa final, debemos preocuparnos, más que nunca, si el país ha ganado de manera sustancial por la explotación de estos recursos. No podemos esperar a que las condiciones de demanda y oferta pongan el
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Con colaboración de Lucas Mateo Sánchez
punto final para la actividad minera, sin haber trazado antes una ruta adecuada para encausar recursos monetarios, físicos y humanos, a los dos sectores mencionados. Entrar a la OECD debe ser un motivo para que policymakers, el sector privado y la sociedad civil coordinen esfuerzos que le otorguen a Colombia un papel estratégico en la región, impulsando la producción nacional a través de cadenas productivas eficientes, que impliquen cooperación intrarregional hacia un estadio de desarrollo más elevado, con garantías de seguridad física, humana, económica y social.