Programagobiernomartalucia 310114 by Marta Lucía Ramírez

ANOTACIONES PARA UN PROGRAMA DE GOBIERNO 2014-2018 Marta Lucía Ramírez de Rincón Candidata Partido Conservador Colombiano Enero de 2014

"Con orden, instituciones, justicia, seguridad y trabajo que brinden bienestar a todos, tendremos el camino seguro hacia la PAZ"

CONTENIDO CON INSTITUCIONES QUE NOS DEN SEGURIDAD, JUSTICIA Y BIENESTAR, HABRÁ PAZ. ENTRE TODOS IMPULSAREMOS LA COLOMBIA QUE NOS MERECEMOS

INTRODUCCIÓN CUÁL ES NUESTRA ESENCIA Y EN QUÉ CREEMOS

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I. INGREDIENTES PARA LA PAZ

CON ESPERANZA Y DETERMINACIÓN HABRÁ PAZ CON GOBERNANZA HABRÁ PAZ UN CAMBIO PRODUCTIVO QUE CONTRIBUYA A LA PAZ UNA ECONOMÍA MÁS COMPETITIVA PARA LA PAZ

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II. ¿EN DÓNDE ENCONTRAR NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LA PAZ?

DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO POLÍTICA INDUSTRIAL DE NUEVA GENERACIÓN INDUSTRIA DE SERVICIOS PARA UNA ECONOMÍA MODERNA UN SECTOR MINERO ENERGÉTICO SOSTENIBLE Y RESPONSABLE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA PAZ EMPRENDIMIENTO COMO GENERADOR DE EMPLEO INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR A COLOMBIA UN MERCADO DE CAPITALES Y FINANZAS PARA LA COMPETITIVIDAD TRANSPORTE

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III. POR UNA VIDA DIGNA PARA CADA COLOMBIANO

EDUCACIÓN PARA LA PAZ CON EMPLEO HABRÁ PAZ SALUD PARA TODOS LOS COLOMBIANOS PENSIONES PARA PROTEGER A NUESTROS MAYORES OTROS TEMAS RELEVANTES PARA LA PAZ Y COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA Ciudades innovadoras con viviendas para todos Discapacidad Etnias y minorías

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IV. INSTITUCIONES PARA LA PAZ

SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA COMO PILARES PARA LA PAZ CON JUSTICIA HABRÁ PAZ POLÍTICA EXTERIOR DE COLOMBIA NEGOCIACIONES DE PAZ CON GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALEZA INSTITUCIONAL LOCAL PARA UN PAÍS DE REGIONES

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V. CALIDAD DE VIDA Y VALORES QUE CONTRIBUYAN A LA PAZ

FAMILIA COMO PILAR DE LA SOCIEDAD CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA PAZ UNA SOCIEDAD QUE INCLUYA A LA MUJER Y LOS JÓVENES OTROS TEMAS IMPORTANTES EN NUESTRO PROYECTO DE PAÍS Deporte para el desarrollo integral del ser humano Un medio ambiente para las generaciones presentes y futuras Formación desde la primera infancia Vejez con una vida digna Derechos humanos para la dignidad

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IV. NUESTRA INVITACIÓN

CON INSTITUCIONES QUE NOS DEN SEGURIDAD, JUSTICIA Y BIENESTAR Y TRABAJO HABRÁ PAZ. ENTRE TODOS IMPULSAREMOS LA COLOMBIA QUE NOS MERECEMOS

“La industria y el trabajo son las fuentes más puras y fecundas de felicidad y riqueza Y el hombre activo que cultiva el campo frutos de bendición en él cosecha”1

INTRODUCCIÓN Llevo muchos años trabajando en un programa de gobierno que fortalezca el enorme potencial de desarrollo que tiene Colombia. Estoy convencida de que el mayor reto para lograrlo es devolverle a los ciudadanos la credibilidad y confianza en las instituciones públicas gracias a un servicio eficaz y transparente con resultados. El futuro de los colombianos es promisorio, pero para que logremos llegar a ese futuro con el que soñamos, tenemos que liderar transformaciones clave en el Estado y en la sociedad colombiana, desarrollar una cultura de respeto a la dignidad de las personas, de respeto por la ley y promover el trabajo honesto, bien hecho y en función del bien común. Si logramos generar una actitud favorable hacia el trabajo y hacia la propiedad privada y el desarrollo empresarial, si logramos expandir la idea de que el emprendimiento no es algo exclusivo para unos pocos sino para todos los ciudadanos con ganas y capacidad de trabajo, si logramos hacer que todos sepamos que con nuestro conocimiento y trabajo podemos ser empresarios, vamos a poder generar empleos y riqueza sin depender de un asistencialismo condescendiente. Si logramos que en nuestra sociedad las personas valgan por sus méritos, su preparación y sus logros y no por palancas, privilegios y favores reservados a unos pocos, tendremos una sociedad que se siente capaz de lograr lo que desea. Si logramos una sociedad paritaria en la cual las mujeres y los hombres sean iguales en derechos y oportunidades, en la cual la formación y protección de nuestros hijos y los jóvenes constituya la prioridad de la sociedad, podremos seguir hacia adelante. 1

Gutiérrez de Piñeros, Germán,El Demócrata, No. 1, Mompox, mayo 15, 1850.. Fue un dirigente de de la Sociedad Democrática de Artesanos de Bogotá, una forma pionera de organización política y gremial de la Nación, fundada en el año 1847. Jaramillo Uribe, Jaime, Las Sociedades Democráticas de Artesanos y la Coyuntura Política y Social Colombiana de 1848. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Vol. 8. Universidad de los Andes, Bogotá. Pág. 13.

Si logramos esto, ya habremos sembrado las semillas para la transformación de nuestra sociedad. Por ello no me resigno a aceptar metas mediocres que llevan a desempeños mediocres, por eso quiero que como sociedad y como Nación libre, digna y soberana tengamos metas ambiciosas que nos coloquen en la vanguardia regional en términos de desarrollo y bienestar. Creo que la dignidad humana se valora cuando se estimulan los talentos y el potencial de la gente. Creo en el derecho a conocer, formase para el trabajo y a la oportunidad de un empleo o del apoyo necesario para crear un emprendimiento sostenible que asegure un ingreso estable y digno, como la única forma real de salir de la pobreza. Estos principios elementales de respeto a la dignidad humana forman parte del programa del partido Conservador en el que participamos activamente, y tienen como objetivo impulsar un desarrollo económico y social que promueva el pleno empleo en pocos años, tal como lo ha logrado Chile en los últimos tiempos. Tengo un compromiso con las generaciones presentes y con las que vendrán y por ello quiero luchar por la PAZ de Colombia, entendiendo que no será el resultado de un mero voluntarismo ni menos de la vanidad y el afán de reconocimiento. Por el contrario, esta PAZ será una consecuencia de un entendimiento comprensivo que garantice una vida digna, libre y con seguridad social para todos los colombianos. Quiero trabajar para garantizar un desarrollo económico que genere crecimiento, empleos y una mejor redistribución del ingreso que se traduzca en mayor bienestar para los colombianos. Creo que la PAZ vendrá de la mano de un país más educado que exija y valore la importancia de unas instituciones sólidas que acaben con la ilegalidad y la impunidad, que garanticen seguridad y justicia y en el cual la vida, la protección y la igualdad de oportunidades de las mujeres y los niños sean la prioridad de toda la sociedad. Finalmente, creo que la PAZ llegará el día en que cada colombiano acepte que sus derechos tienen límites en función de los derechos de los demás y que cada uno entienda que sus obligaciones deben cumplirse en función de ese bienestar común. En el presente documento, expondré los puntos clave de un programa de gobierno que recoge unas ideas fundamentales. En el primer capítulo presento mi visión general sobre el futuro del país, y en los siguientes capítulos expongo un diagnóstico y mis propuestas sobre algunos de los temas fundamentales que debe contemplar la hoja de ruta de un gobierno conservador. Por supuesto, se trata de un documento vivo que deberá enriquecerse con los aportes de todos ustedes para lograr trazar una hoja de ruta que nos lleve a la Colombia que queremos.

Cuál es nuestra esencia y en qué creemos Las sociedades requieren que quién esté al frente tenga un liderazgo que mantenga firme el timonel y no cambie bruscamente de dirección: que no se mueva al vaivén de la opinión sino que lidere a la opinión, que tenga una visión ambiciosa de futuro y de largo plazo para el país y esté 4

por encima de pequeñeces, que sepa que se logra un lugar en la historia cuando se hace la tarea bien hecha, con humildad sincera y verdadero propósito de servir. Hoy, Colombia requiere que se convoque a la sociedad entera para emprender unidos las tareas por hacer, asumiendo una actitud responsable frente a las generaciones futuras: que quien está al frente entienda que la confianza es resultado de que en el día a día, que desde el más humilde hasta el más ilustrado sienta que mejoran sus oportunidades y calidad de vida, independientemente de lo que diga la propaganda oficial. Requerimos que quien está al frente no pretenda zarpar del puerto antes de planear y ejecutar bien la ruta, pues sabe que solo así culminará exitosamente la travesía, porque entiende que los riesgos y el costo de encallar son muy altos. Un proyecto político legítimo, que genere esperanzas que efectivamente se materialicen en un futuro mejor, debe asentarse en valores fuertes, que tengan un trasfondo histórico: en principios que le den razón de ser y en una orientación clara hacia el bien común. Por eso creo que la fortaleza ideológica y los valores del Partido Conservador. En su compromiso con las instituciones por encima de los personas, con la justicia, la seguridad, el imperio de la ley y el estado de Derecho como los cimientos que necesitamos para avanzar con determinación. En su sentido humanista y la convicción de que el Estado y sus instituciones deben proteger la vida y las libertades de las personas buscando siempre la vida digna de cada ser humano. En su convicción de que la familia es el núcleo de la sociedad. Comparto su inclinación hacia el desarrollo, el conocimiento, la ciencia y la libre empresa. Creo en su vocación por el orden y el respeto a la autonomía responsable que tenga límites en el respeto al derecho de los demás. Lamentablemente, la doctrina de nuestro partido ha sido superior a la interpretación y aplicación de tantos gobiernos en los cuales el conservatismo tuvo injerencia bien por hacer parte de una determinada coalición, o bien por haber estado liderados por destacados conservadores. Creo que ha llegado el momento de reconocer la necesidad de hacer cambios profundos, para que nuestro país abra espacios ciertos de progreso para cada uno de los colombianos y garantice que la búsqueda de la dignidad humana, sea una constante evolutiva en el funcionamiento del sistema económico, jurídico y social. Si bien algunas estadísticas oficiales muestran una reducción en los indicadores de pobreza, sabemos que somos uno de los países más desiguales del mundo y ello jamás nos permitirá llegar a la PAZ que anhelamos. Vivimos un momento de incertidumbre y de desconcierto en el que estamos saturados de cifras, estadísticas, encuestas y noticias, en parte promovidas como parte de la propaganda oficial, pero muchas veces se trata tan sólo de cifras de coyuntura que no reflejan los cambios estructurales que nuestra sociedad reclama. La clase política tiene una deuda pendiente con el desarrollo y con una visión ambiciosa que nos permita tener grandes metas para Colombia. Ello supone contar con una hoja de ruta que incluya 5

tanto la reformas institucionales requeridas en el Estado y su manera de relacionarse con los ciudadanos, como también aquellas reformas que permitan niveles más altos de crecimiento, orientado a asegurar una mayor distribución del ingreso y sobretodo, el acceso al trabajo remunerado para todos los colombianos. Reconocer que la economía colombiana está reputada como una de las más sólidas de la región nos llena de satisfacción. Sin embargo, las cifras macroeconómicas no se traducen en el aumento del bienestar y el mejor nivel de vida de la mayoría de los colombianos y ni hablar de aquellos que se encuentran en las zonas más aisladas de Colombia. Para ellos, las cifras macroeconómicas no implican mejores servicios públicos ni infraestructura ni en la mayoría de los casos acceso a oportunidades de trabajo, como correspondería a unas comunidades que viven en el siglo XXI. Lastimosamente, muchos de los municipios, veredas y corregimientos de Colombia viven en el siglo XIX y su infraestructura e institucionalidad contrasta con el desarrollo que se percibe en Bogotá, Medellín o Barranquilla. Aunque muchas capitales del país tampoco ofrecen una calidad de vida excepcional, en comparación con éstas, la Colombia rural está particularmente lejos de garantizar estándares de calidad de vida adecuados para la gran mayoría de sus ciudadanos. Sin duda es el conservatismo civilista y democrático el que puede hacernos reencontrar con los valores necesarios para la solidez institucional, el orden y la estabilidad que hacen parte del alma de Colombia. Tenemos que recuperar la cultura del trabajo bien hecho, el mérito, el esfuerzo, el respeto a la dignidad del ser humano, las normas y la importancia de la familia. Con estos elementos, podremos construir una visión compartida que motive al compromiso de todos los colombianos. No me convencen quieren hacernos creer que no hay otro camino posible para salir adelante que mantener el status quo. Quienes pretenden que es necesario doblegar nuestra dignidad ante los violentos y criminales y esperan que para obtener la paz debamos renunciar a defender valores, a exigir el cumplimiento de la ley por parte de todos los ciudadanos y a luchar contra la impunidad. Tenemos que avanzar mucho más en reforzar nuestras fortalezas tradicionales, reconociendo las bondades de un mercado que se expande no solamente dentro del territorio nacional sino a nivel global. Pero esta vez, a diferencia del pasado, cuando hemos crecido por cuenta de fuerzas externas, tenemos que expandirnos con aumentos en productividad y competitividad que requieren políticas públicas eficaces, con enfoque sectorial, que minimicen las distorsiones pero que a la vez brinden las condiciones que induzcan a un desarrollo óptimo de cada uno de los sectores de la producción colombiana con potencial competitivo y amplíen el espacio para la generación de empleos y emprendimientos. Nuestras instituciones económicas y sociales deben estar alertas al nivel de intervención requerido y oportuno para asegurar un mejor desempeño de los factores de producción y en particular, de las fortalezas derivadas de nuestro potencial productivo diversificado en agricultura, manufactura, industrias de servicios y por supuesto, los derivados de las industrias extractivas. Una adecuada intervención del Estado requiere mejores instituciones y unos funcionarios públicos más 6

calificados, más profesionales, más comprometidos con una labor por resultados y una emulación permanente derivada del esfuerzo y del mérito. Los índices de libertad económica de Colombia y nuestra posición frente a los diferentes indicadores mundiales que miden el desempeño global, industrial, competitivo, comercial, financiero, de tecnología e innovación, de prosperidad y desarrollo humano, de riesgo y de ambiente de negocios 2 reflejan un rezago significativo frente a otros países que, como en el caso de Chile, Singapur y Corea del Sur lograron saltos significativos en los niveles de vida de sus nacionales, mientras Colombia se rezagó. Las reformas pendientes en varias de las instituciones del Estado deben estar orientadas a garantizar que la intervención del gobierno se limite a las actividades que por definición están bajo su órbita, y que frente a las actividades privadas su intervención sea reducida, transparente y eficaz. Deben promover aquellas actividades que brinden la oportunidad para que todos los colombianos tengan acceso al trabajo, al conocimiento, a los bienes públicos, a la propiedad privada y fundamentalmente, al emprendimiento. La política monetaria, la política fiscal, la política financiera, los niveles de precios y de salarios, los derechos de propiedad, las regulaciones para el desarrollo sectorial, el marco jurídico para un desarrollo sostenible, los planes de infraestructura física de telecomunicaciones e informática, deben estar todos ellos orientados a reducir la informalidad a su mínima expresión y optimizar el desarrollo educativo, productivo y social de cada uno de los colombianos. Sin embargo, debemos ponernos metas mucho más ambiciosas que cierren la brecha de desigualdad y exclusión social, étnica, regional, por género, o por cualquier otra naturaleza. Debemos entender que los valores sobre los que se asienta la Nación colombiana y la dignidad que queremos tener frente a la historia, deben reflejarse hoy más que nunca en el escenario político pues es desde donde se decidirá el futuro de Colombia como república. A continuación desarrollaremos estos principios básicos en cinco capítulos temáticos que recogen nuestras principales propuestas en cada uno de los ámbitos. Por supuesto, este es un programa preliminar que he venido desarrollando durante este año, para complementarlo con el programa que adopte el partido con los valiosos aportes de conservadores como el doctor Mariano Ospina , la Academia de Pensamiento y la Corporación Siglo XXI.

OCDE Economic Outlook; FORO ECONOMICO MUNDIAL Índice global de Competitividad Mundial ; ADEN Ranking de Competitividad Latinoamericano; Anuario Mundial de Competitividad; Reporte de la competitividad para Europa; ONUDI Informe sobre el Desarrollo Industrial; The Global Enabling Report, The Future Of manufacturing Report;; ERNEST AN YOUNG; Índice de Globalización; WORLD BANK, Doing Business; THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT Indicador de Ambiente de Negocios de Atlas de Prosperidad y Complejidad económica; INSEAD, Índice Global de Innovación; Informe Global de Tecnologías de la Información; FORO ECONOMICO MUNDIAL Índice de Desarrollo Financiero del Foro Económico Mundial; Informe sobre las Inversiones en el Mundo; Índice de Prosperidad legal Legatum; BANCO MUNDIAL Indicador de Desarrollo Humano (Informes 2012 y 2013)

Ingredientes para la PAZ

Con Esperanza y Determinación habrá PAZ Diferentes estudios internacionales y nacionales de opinión, dicen que Colombia es uno de los países más felices del mundo. ¡Que grandioso! Felices en medio de tanta adversidad. Por eso nos preguntamos si esta felicidad es real y si responde a unas condiciones óptimas de calidad de vida. La respuesta es desconcertante, se trata de una felicidad que se da a pesar de que los niveles de subsistencia son mínimos. Si a pesar de la adversidad logramos este indicador tan alentador, los pasos que tenemos que dar para trabajar la Esperanza con Determinación serán más fáciles de lograr. De igual manera, diferentes estudios señalan que hay motivos para que la región latinoamericana sea "razonablemente optimista” sobre su futuro. No obstante, hay espacio para trabajar visiones y consensos nacionales que comprometan a todos los actores en un propósito de largo plazo y que nos permita romper la inercia que describe Andrés Oppenheimer en Basta de Historias: no podemos seguir viviendo estancados en el pasado. El primer desafío a considerar es la necesidad de concentrar los esfuerzos institucionales y de política pública en construir una visión nacional de futuro compartida. Es difícil, pero posible, otros lo han logrado en medio de circunstancias críticas con la decisión de encontrar oportunidades para trabajar unidos con una visión pensada en función de las nuevas generaciones. 1) IRLANDA y su programa “Consenso Nacional” base del acuerdo Social que implicó un dialogo entre los agentes tradicionales públicos y privados (sector privado y sindicatos) e incorporó a las Universidades y Centros de Estudio. Se inició en 1980 y se renueva cada tres años. Como parte del consenso han priorizado la educación como la herramienta secreta del desarrollo. 2) FINLANDIA. Abocados a la más catastrófica crisis con la caída del bloque socialista a comienzos de los 90, crearon una “Comisión para el Futuro” con la mira de crear el consenso para una visión de largo plazo y contar con una estrategia incluyente de desarrollo. Lo anterior los ha llevado a ocupar los primeros lugares en educación y competitividad del mundo. 3) COREA DEL SUR. Acordaron el programa HAN en 1992 con el objetivo de fomentar la productividad y el desarrollo tecnológico. Para tal propósito la Comisión del sector privado, público y académico identificó las nuevas tendencias de la tecnología: semiconductores, televisión digital, industria automotriz, biología y producción agroquímica. Para ello definieron la educación y la calidad de la misma como una fortaleza estratégica lo cual explica los niveles sobresalientes de competitividad mundial de Corea en los sectores escogidos. 4) AUSTRALIA: “Comisión de la Productividad” estrategia a 40 años basada en altísima inversión en educación, y formación continua de la fuerza laboral. El gobierno estimula la innovación

tecnológica en cinco sectores donde Australia tiene la decisión de ser el líder de la integración en Asia. Nuestro objetivo es construir esa visión colectiva para contar con una Nación libre, segura, justa educada, emprendedora, incluyente y en PAZ y la haremos realidad garantizando oportunidades para todos mediante un Estado que se comprometa a desarrollar los ejes de una Seguridad Humana Integral y una sociedad cimentada en valores que procure la vida digna de todos los colombianos de hoy y de mañana.

Con Gobernanza habrá PAZ La acción del gobierno y nuestros primeros esfuerzos estarán dirigidos a la búsqueda de consensos políticos y de la sociedad colombiana para elevar y dignificar más la calidad de nuestra institucionalidad. Necesitamos un Estado ágil en interpretar las necesidades de progreso del país, en diagnosticar adecuadamente y en responder eficaz y oportunamente ante las circunstancias, dificultades y oportunidades. Durante los últimos años, los colombianos hemos perdido confianza en las instituciones tal como lo indican diferentes encuestas. Nuestro compromiso está en fortalecer las instituciones fundamentales para el buen funcionamiento y la mayor profundización democrática, empezando por nuestro propio partido. Ello implica tomar correctivos de fondo para que tanto el Gobierno como el Congreso, la justicia y los partidos políticos prioricen la recuperación de la confianza ciudadana y la legitimidad de todos ellos como instituciones. La acción del gobierno y nuestros primeros esfuerzos estarán dirigidos a la búsqueda de consensos políticos y de la sociedad colombiana para elevar y dignificar más la calidad de nuestra institucionalidad. Creemos por ello que para lograr un verdadero cambio en la manera de gobernar se requiere que la presidencia anticipe los problemas y simultáneamente desarrolle una hoja de ruta ambiciosa que nos garantice potenciar al máximo el crecimiento económico, el talento de los colombianos y nuestras capacidades productivas en la agricultura o la producción industrial de bienes y servicios, y de explotación sostenible de los recursos naturales, para lo cual las metas de crecimiento y prosperidad deben ser mucho más ambiciosas que los resultados obtenidos en la última década. Concentraremos buena parte de los esfuerzos del ejecutivo en lograr que todas las instituciones del gobierno tengan una organización menos jerarquizada, más funcional y efectiva y siempre articuladas entre sí, para lograr una visión multidimensional e inter-institucional de los diferentes desafíos que enfrenta nuestro país. Le daremos impulso a la creatividad y el emprendimiento de nuestros jóvenes, mujeres y ciudadanos del común, entendiendo que con ello lograremos 9

mayores posibilidades de crecimiento económico y generación de ingresos para cada uno. Sin embargo la creatividad y el emprendimiento deben hacer parte también de la cultura de lo público buscando sobretodo aumentos efectivos en la productividad y eficiencia del gobierno para responder mejor a las expectativas de los ciudadanos y, sobre todo, para evitar que el propio gobierno sea un cuello de botella que anule los esfuerzos de productividad del sector empresarial. Nuestro lema en el gobierno será "resultados, resultados y resultados". En efecto, se requiere que la cabeza del estado además de orientar y coordinar la labor del Ejecutivo, se remangue la camisa para participar en el trabajo metódico planeado e institucionalizado, orientado a producir resultados efectivos y medibles tanto en el campo de la infraestructura; como en el del crecimiento industrial y agrícola; en el de la seguridad ciudadana; en la lucha contra la corrupción; en el rediseño de la arquitectura institucional que garantice niveles óptimos de eficacia en la justicia que acabe la impunidad y garantice el imperio de la ley; en el desarrollo de un plan eficaz que asegure el progreso y fortalecimiento de la institucionalidad local y municipal para lograr mayores y mejores niveles de descentralización. Todos ellos, son temas en los cuales como Presidenta de la República asumiré un verdadero liderazgo. En el ejercicio del Gobierno, todo debe tener sentido de urgencia y para ello hay que planear, decidir y ejecutar. Asumiremos una lucha frontal contra la delincuencia y la corrupción que amenazan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático. Para ello lideraremos un gobierno que incorpore en la función pública a las personas más preparadas y capaces en cada uno de los campos, para lograr una gestión con resultados que avance simultáneamente en los diferentes caminos que deben llevarnos hacia el bienestar de nuestras gentes. La función pública no puede seguir siendo el fortín burocrático de las maquinarias, ni la fuente de riqueza de algunos miembros de la clase política en connivencia con particulares, sino por el contrario, debe ser el lugar exclusivo al que sólo llegan los ciudadanos más idóneos, independientemente de su proveniencia política, social, regional, étnica y por supuesto, de género. Nuestra gestión estará orientada siempre a lograr resultados que permitan el avance constante del país, sus regiones y el bienestar de sus gentes. Nuestra consigna será hacer las cosas bien, como debe ser, con sentido de urgencia y sin dejar para dentro de tres años, lo que se debe hacer en el primero. Tengo claro que el tiempo que transcurre inexorablemente, significa oportunidades y desafíos. Aprovecharemos todas y cada una de aquellas que surjan para el bien de Colombia y los colombianos y enfrentaremos estos últimos con sentido de prioridad, asumiendo el liderazgo, poniendo la cara y coordinando un equipo integrado, que interactúe en el cumplimiento de objetivos y que entienda que las metas comunes se logran con esfuerzo compartido y no con 10

agendas personales ni vanidades individuales.

Un Cambio Productivo que contribuya a la PAZ Colombia necesita un cambio Productivo. No podemos aspirar a lograr ese país de progreso y de PAZ ni a convertirnos en una potencia regional, si seguimos haciendo más de lo mismo. Por muchos años hemos debatido estérilmente y sin comprometernos a hacer grandes cambios, si los niveles inaceptables de pobreza y exclusión que registra Colombia son un sino fatal o si simplemente demuestran una indolencia vergonzosa ante el estado de cosas. Estoy segura que todos los colombianos queremos un país sin pobreza, pero creo que ha habido una gran indolencia y llegó la hora de transformaciones profundas que debemos hacer desde el Estado y desde la sociedad. Estoy consciente de que no basta la voluntad para cambiar las condiciones de pobreza de buena parte de nuestro pueblo y por ello debemos desarrollar una hoja de ruta que desarrolle una agenda de trabajo integral. Necesitamos de un gobierno y unas instituciones con una planeación adecuada para el mediano y el largo plazo, que lideren a la sociedad colombiana hacia una verdadera inclusión con oportunidades iguales para todos los individuos. Debemos acabar los cinturones de pobreza rural y urbana y lograr condiciones que permitan a todos nuestros ciudadanos, con su formación y trabajo, generar ingresos estables con los cuales tener una vida digna en lo material y en todo lo que conforma su esencia humana. Son cada vez más frecuentes los programas de subsidios con los que cada gobierno ha procurado reducir los niveles de pobreza. Estoy segura que todos aquellos beneficiarios de los mismos consideran hoy por hoy que su potencial de generar ingresos habría sido muy superior al valor de los subsidios recibidos, de haber podido contar con una educación y un trabajo digno y estable. Estoy segura también que todos ellos o al menos, la gran mayoría, habrían preferido esta última opción que simplemente recibir unos recursos regalados que seguro, son exiguos frente a sus necesidades y a las aspiraciones de su núcleo familiar. La manera de generar cambios profundos en el mensaje de que "el gobierno de turno se preocupa por los pobres aumentando estos u otros subsidios o el número de familias beneficiarias", sería generando transformaciones institucionales que permitan potenciar más la capacidad de producción económica de cada individuo. Es este el mejor método para acabar con la pobreza y dignificar a la persona que pasa de ser sujeto pasivo del asistencialismo estatal manejado con contraprestaciones políticas, a convertirse en sujeto activo de actividades de producción económica que lo hacen sentir útil y por las cuales recibe una remuneración. Se requiere una visión que trascienda de las estadísticas cortoplacistas que sirven para aplaudir la gestión de algunos de nuestros Ministros de Hacienda y se proyecten escenarios de más largo plazo en los cuales podamos llevar hasta su máximo potencial el desarrollo agrícola y agro11

industrial; el desarrollo de las distintas ramas de las manufacturas; el desarrollo de las industrias de servicios y, por supuesto, el de la infraestructura que requiere nuestro país y está como tarea pendiente hace décadas. El conservatismo cree en más libertad económica que garantice libertad de industria, de ocupación y más propiedad privada individual o colectiva que genere oportunidades para todos los colombianos y abra nuevos caminos para el emprendimiento de nuestros jóvenes y mujeres. Para ello requerimos una adecuada regulación acompañada de las normas pertinentes para asegurar mejor acceso a la financiación, más atractivo en la inversión nacional y extranjera, respeto a los derechos de propiedad y al óptimo aprovechamiento del mercado interno. El final de un gobierno y la proximidad de una nueva elección presidencial es una buena oportunidad para reflexionar sobre el cumplimiento de los fines del Estado y sobre cómo optimizar su funcionamiento. Las reformas institucionales adelantadas durante las tres últimas administraciones Pastrana, Uribe y Santos ciertamente han contribuido a la solución de problemas puntuales. Sin embargo, resulta evidente en esta última administración, un crecimiento elevado de los gastos de funcionamiento en gran cantidad de dependencias e instituciones públicas que funcionan con los recursos de los contribuyentes y cuya eficacia es bastante cuestionable. Por todo ello se requiere una revisión estructural de la administración pública con una reingeniería de mediano y largo plazo para el funcionamiento institucional efectivo y eficaz que a la vez promueva una gestión pública de excelencia, integrada por los mejores, los más capaces e idóneos. El servicio público como vocación ejercido en forma profesional e idónea debe contribuir a elevar la productividad nacional y dar a sus actores una verdadera realización y un compromiso de actuar con un gran sentido de responsabilidad civil. Para ello aplicaremos un proceso constante de formación, evaluación y estímulos que garanticen remuneraciones competitivas y condiciones de trabajo convenientes con indicadores que respondan al desempeño y los méritos en lugar de las "palancas" tan frecuentes como perversas para la excelencia en la gestión pública. Resulta vergonzoso que Colombia aparezca como uno de los países de mayor crecimiento del PIB en el continente, pero simultáneamente registre como una de las naciones con la peor distribución del ingreso. Sabemos que no es conveniente forzar una redistribución del ingreso populista como lo han procurado Cuba y más recientemente Venezuela, Bolivia y Argentina, pero sabemos que el Estado y la sociedad no pueden permanecer indiferentes ante los niveles de pobreza y pobreza extrema de nuestro país. También resulta increíble que a pesar de que el interés por afianzar la competitividad del país haya estado sobre la mesa desde que ejercí como Ministra de Comercio Exterior entre 1998-2002, sigamos ocupando una deshonrosa posición en el índice global de competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial. En los últimos años hemos visto como Chile escala posiciones, mientras nosotros no hemos logrado llegar al 50% superior en este ranking. Actualmente ocupamos el 12

puesto 69 de 144 países con el 52.1% de las naciones con condiciones más favorables que las nuestras. Y para empeorar el escenario, el pilar en el que obtenemos una peor calificación es en Instituciones, donde nuestros altos índices de corrupción y la ineficiencia del Estado nos pasan una cuenta de cobro más que onerosa, obstaculizando la posibilidad de obtener un crecimiento sostenible y equitativo. Si bien es cierto que en los últimos años se registra alguna disminución de la pobreza extrema y de la tasa de pobreza, es preciso hacer mayores esfuerzos en cuanto a las mejoras esenciales en la calidad de la educación pública, el acceso a los servicios básicos de salud y seguridad social, la mejor nutrición de las madres embarazadas y lactantes, la mejor nutrición de los niños, la educación sexual y reproductiva y sobre todo, una mejor planeación sobre el desarrollo rural, agrícola y agro industrial que revierta definitivamente las condiciones de pobreza del campesinado colombiano y de los millones de desplazados por el conflicto armado y el hambre. Sabemos que es esta una agenda social posible, necesaria y conveniente pues nadie discute ya la relación clara entre la pobreza del campo y el espacio que ella ha abierto al narcotráfico, el terrorismo de izquierda y derecha y a todo tipo de ilegalidad. Aumentar la clase media es también un reto para el país. Según un estudio sobre Movilidad social en Colombia dirigido por Alejandro Gaviria en el 2012, solo el 23% de la población en Colombia pertenece a la clase media, mientras que en Chile este porcentaje es del 53%, y en México es de 41,9%. Tener una industria y un sector agrícola más fuerte va a permitir la generación de empleo de calidad que dé paso al ascenso de más colombianos a una clase media con ingresos dignos.

Una Economía más Competitiva para la PAZ A partir de la crisis financiera internacional del 2007, la economía mundial no ha regresado a los ritmos de crecimiento de principios de siglo y en general, la recuperación ha sido lenta y con ritmos de crecimiento heterogéneos entre las distintas regiones y países. Esta coyuntura hace pensar en la posibilidad de un cambio en los ejes de poder económico global, pues Estados Unidos y los países de la Eurozona crecen mucho menos que China y los países de América Latina. Sin embargo, al menos en el corto plazo, dicha posibilidad es aún pequeña teniendo en cuenta que los países emergentes son altamente dependientes de la demanda, la situación financiera y el capital de los países desarrollados. Al panorama anteriormente descrito, se suma un elemento de vital importancia para las economías dotadas de productos básicos: el ciclo de expansión en la cotización de las materias primas. Desde el año 2009, cuando los efectos de la crisis mundial seguían prolongándose hacia las economías pequeñas, las señales de recuperación de la economía mundial y el buen desempeño de algunas economías asiáticas impulsaron el precio de las materias primas. La cotización del petróleo y los metales industriales empezó a aumentar a medida que se recuperó la producción de

manufacturas en China y Estados Unidos, junto con la construcción de grandes proyectos de infraestructura a escala mundial. Como consecuencia, la mayor parte de los países grandes de América Latina han experimentado un incremento en: i) los flujos de comercio, ii) la entrada de inversión, y iii) la acumulación de divisas. Todas estas variables han generado una dinámica de significativo crecimiento de la producción, buen desempeño de la demanda y mejores condiciones para acceder a créditos externos. En la misma línea se encuentra Colombia, un país caracterizado por una importante dotación de recursos naturales como petróleo, carbón y algunos minerales; un buen balance macroeconómico y una estratégica posición geográfica. No obstante, es también un país rezagado en términos de competitividad como lo resaltamos en aparte anterior, al referirnos al desempeño mediocre de Colombia en 19 indicadores mundiales y por ello mismo tenemos desafíos urgentes que asumir en materia de: i) pobreza (37.2%) y desigualdad (Gini de 0.56), ii) tasa de desempleo e informalidad laboral, iii) innovación, y, sobretodo, iv) diversificación de producción y exportaciones. En concreto, vale la pena preguntarse ¿qué perspectiva de desarrollo de mediano plazo tiene Colombia? ¿Cuáles son los aspectos cruciales en los que, tanto la esfera pública como la privada, deben concentrar y unir sus esfuerzos para logran avanzar en el complejo camino hacia el desarrollo? ¿Cómo superar una fuerza histórica que mantiene al país en una dinámica constante de reprimarización económica, sin que haya sido posible un cambio estructural? y, finalmente, ¿cómo partir de la buena dotación de recursos agrícolas y minero-energéticos, para crear una estructura productiva que responda por el país en momentos de volatilidad y caída de los precios de las materias primas? Nuestras ideas parten de reconocer la urgencia de revisar diagnósticos existentes a la luz de las circunstancias nacionales y globales actuales para diseñar una estrategia de largo plazo que asegure el mejoramiento de Colombia. Esta estrategia deberá convertirse en una guía en revisión permanente, conscientes de que el debate sobre la definición de qué somos y para dónde vamos como sociedad no está resuelto todavía. Colombia tiene un bagaje histórico complejo que ha marcado su evolución económica, política y social hasta el día de hoy. Definitivamente el país ha cambiado en mucho en la ocupación del espacio, la planeación del territorio, el papel y la organización del Estado y el funcionamiento de la economía, entre otros aspectos. Sin embargo, hoy seguimos siendo en gran medida lo que antes fuimos, un país con grandes desigualdades entre regiones e individuos, debilidad institucional, alta informalidad, niveles inaceptables de impunidad e ineficacia de la justicia, una visión política populista y de corto plazo, un mercado fragmentado, grandes dificultades de transporte y, sobretodo, una producción-exportación poco diversificada y de bajo valor agregado.

Pareciera que la mayoría de los avances de los que se ufanan nuestros políticos han estado más en el papel, en el plano de lo formal y lo legal, y no en la realidad. Los problemas que describen nuestros libros de historia parecen ser en gran medida los mismos de hoy . Si bien la globalización y, junto con ella, las tecnologías de la información y de las comunicaciones, han tenido un efecto importante en la vida de las personas, pareciera que el letargo de la dinámica estructural del país se conserva en muchos aspectos. La tradición y la conservación de ciertos elementos del pasado son indispensables para nuestra identidad cultural y para mantener la cohesión a nuestra sociedad y nos ayudan a asimilar los efectos del cambio científico y tecnológico; pero cuando llevamos siglos identificando problemas o falencias y hablando sobre ellos, sin que estas discusiones se tradujeran en decisiones de política pública para corregir los problemas con un proyecto integral y con políticas de largo plazo que trasciendan las veleidades políticas. El contexto mundial reciente y nuestro país La participación nacional en el mercado mundial sigue estando determinada por dos aspectos: en primer lugar, unas importaciones compuestas por manufacturas y bienes de alto valor agregado, y en segundo lugar, por unas exportaciones altamente concentradas en pocos productos primarios y algunos secundarios (hegemonía de un solo producto), que derivan su importancia de las altas cotizaciones internacionales y los ciclos comerciales. En palabras de Marco Palacios: “A partir de la segunda mitad del siglo XVI y desde territorios de la actual Colombia se han exportado metales preciosos, tabaco, café y drogas ilícitas. Es decir, que el país se incorpora al mundo proveyéndole oro, nicotina, cafeína, cocaína y heroína, productos que del Renacimiento a nuestros días han excitado los nervios del hombre occidental”3. El café, presente en nuestra economía desde finales del siglo XIX, a pesar de ser una muestra de un desempeño exportador basado en la venta de un sólo producto, es también un elemento fundamental para explicar la dinámica industrial llena de vicisitudes y conformada sobre la existencia de un mercado interno configurado a partir de la producción-exportación de café. A pesar de que por fortuna nuestro producto estrella nunca termina de perder importancia dentro de las ventas externas de Colombia, desde la segunda mitad del siglo XX entra en escena la alta participación de productos como el banano, el petróleo, el carbón y las flores. En este orden de ideas, se puede destacar que a través la historia del país, se ha observado un débil apoyo a la industria y al sector agropecuario (Ver tabla 1.1), es por ello que este programa economía hacia la Colombia del Futuro, se concentrará en crear una nueva política industrial para el país y fortalecer la política agropecuaria y agroindustrial. Lo anterior requiere tomar medidas 3

Palacios, Marco. El Café en Colombia, 1850-1970. Una Historia Económica, Social y Política. Editorial Planeta, Bogotá. 2002. Pág. 21. Al respecto, Emilio Pantoja realiza una analogía similar en el documento: De la Plantación al Resort: El Caribe en la Era de la Globalización”, con respecto a los productos de sobremesa, ocio y postrabajo para el caso de los países del Caribe. Revista de Ciencias Sociales No. 15 de 2006. Centro de Investigaciones Sociales, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

activas y salvaguardar a los sectores damnificados sin preferencias específicas en algunas ramas, pues Colombia buscara dignificar el empleo, la industria, la innovación, la competitividad por ende la sociedad. De esta manera, la dinámica comercial basada en ventajas comparativas y en un intercambio de carácter inter-industrial sigue latente en el siglo XXI. Esta vez los protagonistas son los recursos minero energéticos, productos caracterizados por su bajo valor agregado y contenido tecnológico. Como lo enuncia el Consejo Privado de Competitividad: “En 2006, las exportaciones colombianas con bajos niveles de innovación (productos primarios, basados en recursos naturales y de baja tecnología) ascendían a 83% del total de las exportaciones. Para 2010, esta cifra alcanzó el 88% del total de exportaciones, lo cual implica que, en vez de avanzar, ha habido un retroceso en el nivel de sofisticación de la canasta exportadora.”4 Colombia presenta un rezago en términos de la diversificación de nuestra economía y ello se encuentra ligado a un atraso igualmente significativo en términos sociales, que se hace evidente en múltiples variables como: la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la informalidad laboral y la educación. Guardadas las proporciones, la economía extractiva y poco productiva de la Colonia sigue presente en múltiples elementos de la actualidad económico y coexiste con los rasgos propios de la posmodernidad. Por más de que nos insertamos en la dinámica de la globalización y entran mayores flujos de inversión internacional, sobretodo, hacia sectores tradicionales, la debilidad estatal matiza las tendencias coloniales. Un cambio de enfoque: repensar el presente para abordar el futuro La historia, los hechos y los datos no han logrado promover la aplicación de una política explícita y real de desarrollo productivo que genere un cambio estructural, en su lugar, se han planteado gobierno tras gobierno- metas y objetivos ambiciosos en el ámbito socio-económico, pero la falta de continuidad y de visión estratégica los ha hecho inviables. No podemos pretender resultados diferentes haciendo más de lo mismo. Dos siglos de historia han servido poco para generar un gran cambio partiendo de un diagnóstico certero de nuestros problemas, la definición de lo que somos y el objetivo que buscamos alcanzar colectivamente. Si el objetivo consiste en un cambio estructural que genere empleos y reduzca la pobreza, la respuesta local debería ser una política integral de desarrollo productivo, basada en dos elementos. En primer lugar, un componente transversal centrado en favorecer la competitividad de toda la economía en general, incluyendo estrategias claves en aspectos como: educación, infraestructura logística y de transporte, ciencia, tecnología e innovación, estabilidad 4

Informe Nacional de Competitividad 2011-2012. “Ruta a la Prosperidad Colectiva”. Consejo Privado de Competitividad. Pág. 13.

macroeconómica, reglas justas de competencia nacional e internacional, amplia estructura financiera, acciones fiscales prudentes y medidas tributarias racionales. En segundo lugar, se encuentra el componente vertical, focalizado en potenciar el crecimiento de los sectores con más potencial y dinamismo en términos de inversiones, empleo, innovación, exportaciones y valor agregado a futuro (según patrones de demanda mundial). Los recursos de las regalías deberían ser enfocados en incrementar la productividad nacional mediante los componentes vertical y horizontal.

II.

¿En dónde encontrar nuevas oportunidades para la PAZ?

Desarrollo del Sector Agropecuario El principal problema del sector agropecuario ha sido la falta de voluntad política y de una política que redistribuya los recursos y fije metas económicas y sociales claras, así como de programas que den cuenta de la realidad local que permitan alcanzar estas metas. De igual forma, las dinámicas de violencia por las que ha atravesado el país desde hace más de medio siglo ha dificultado el proceso de desarrollo rural para lograr una producción agrícola diversificada, competitiva que genere riqueza y trabajo al campesino y al empresario agrícola, así como también que garantice la seguridad alimentaria de los colombianos. El sector agropecuario no se encuentra produciendo en su nivel potencial y ha disminuido su participación en la economía a pesar de su capacidad productiva. Así, desde 2003 el crecimiento del sector agropecuario ha estado por debajo del crecimiento del PIB. En el 2011, mientras el crecimiento de la economía fue de 6,6%, el del sector agropecuario fue de 2,4%; y en el 2012, mientras el crecimiento del PIB fue de 4%, el del sector agropecuario fue de 2,6%. Por otra parte, mientras en 2010, el agro representaba el 6,5% del PIB, en los siguientes años su participación se redujo llegando a un 6,2% en 2012. Una de las principales causas del bajo nivel de producción es la inadecuada distribución y uso del principal factor productivo: la tierra. Aunque la tierra destinada para la agricultura debería ser alrededor de 22,1 millones de hectáreas, actualmente solo se están usando 5,3 millones para dicho fin, es decir que solo está empleando el 24,1% del potencial. Cabe resaltar que para el 2010 se esperaba alcanzar un total de área cultivada de 5,4 millones de hectáreas y en el 2015 se espera tener 6,3 millones de hectáreas, con el fin de llegar finalmente a la meta de 7,6 millones de hectáreas en el 2020 planteada por el Gobierno. No obstante, el país aún se encuentra rezagado en el proceso de ampliación del área cultivada, si se tiene en cuenta que hasta la fecha tan solo hay 5,3 hectáreas sembradas. Lo avances en términos de área sembrada y producción son: de 23,9 millones de toneladas producidas en el 2010, en el 2012 se pasó a 25 millones de toneladas; en cuanto al área cultivada se incorporaron cerca de 300 mil hectáreas de tierras al pasar de 4,9 millones de hectáreas en 2010 a 5,2 millones de hectáreas en 2012. Por su parte, según el Atlas de Distribución de la Propiedad Rural en Colombia, en el 2011 el GINI de tierras en Colombia alcanzó un valor de 0,87 y el GINI de propietarios de 0,89. Estos índices de concentración de la tierra se encuentran entre los más latos del mundo. Como menciona Balcázar (2012), este problema de concentración junto con el débil funcionamiento de los mercados de tierras, no permite que la tierra sea transferida mediante el arrendamiento, por ejemplo, con

mínimos costos de transacción, en las cantidades que le permitan al productor optimizar la eficiencia y la productividad. Los otros problemas que aquejan al campo se pueden resumir en: 1) falta de una política de desarrollo agrícola que trace objetivos de largo plazo, y de una institucionalidad eficiente que permita llevar a la práctica las políticas, estrategias y proyectos de manera eficaz; 2) ausencia o precariedad de los bienes necesarios para que los productores puedan llevar a cabo sus actividades productivas en las mejores condiciones: educación y capacitación, investigación e innovación, sistemas de riego y drenaje, asistencia técnica, un sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias fuerte, información, e infraestructura vial; 3) limitado acceso a los factores de producción (tierra, crédito, insumos, tecnologías) y fallas en los mercados de los mismos. Propuestas para el fortalecimiento del sector agropecuario Nuestro Gobierno diseñará y ejecutará una Política Agropecuaria de largo plazo que sirva como hoja de ruta y marco legal para el desarrollo del sector rural con unos objetivos específicos: 1) duplicaremos el área sembrada y la cantidad de alimentos producidos en 5 años con el fin de convertir a Colombia en un exportador a gran escala de alimentos frescos y procesados, aprovechando la firma de los TLC y las dinámicas de demanda internacional; 2) incrementaremos la calidad de vida de la población que vive en las zonas rurales para evitar el desplazamiento y la migración a las ciudades de personas huyendo de la miseria rural. Para ello desarrollaremos programas regionales y departamentales de común acuerdo con las autoridades locales, para eliminar el hambre y la pobreza del campo colombiano, con un compromiso de asegurar la sostenibilidad ambiental. Por esto, la política agropecuaria debe ser incluyente, participativa, debe tener en cuenta las particularidades regionales y las necesidades de la población. La política agraria debe permitir aprovechar las potencialidades del sector rural en beneficio de su población y la totalidad del país. Ahora bien, la propuesta es actuar sobre tres aspectos fundamentales para el desarrollo productivo: 1. Institucionalidad y políticas: a) La política agropecuaria debe tener dentro de sus estrategias la identificación de los productos agropecuarios con mayor potencial productivo y de demanda internacional (como las frutas y las hortalizas), para enfocar los esfuerzos en promover la producción de dichos bienes en los diferentes departamentos del país; b) establecer una mayor coordinación entre las diversas entidades del Estado que llevan a cabo programas y políticas sectoriales, así como entre los diferentes Ministerios, con el fin diseñar y ejecutar la política con integralidad; c) se debe constituir efectivamente el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria con el fin de fortalecer la investigación científica y la generación de conocimiento aplicado y de nuevas tecnologías; d) fortalecer el sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; e) implementar un programa de promoción de dinámicas de asociatividad entre pequeños productores.

2. Capital básico: a) Las instituciones de educación superior deben diseñar e implementar programas integrales de formación y capacitación en temas rurales, que tengan en cuenta las necesidades, características y demandas específicas del sector; además, es importante incentivar el número de estudiantes de educación superior en áreas como la agronomía y la veterinaria; b) desarrollar e implementar agendas de investigación que lleven a solucionar problemas puntuales de los sistemas productivos, que permitan la transferencia de tecnología, mejoren la competitividad e incluyan temas sanitarios y fitosanitarios; c) establecer un sistema de apoyos directos a los pequeños productores para el desarrollo de proyectos de riego de carácter asociativo, así como constituir alianzas público-privadas para promover el diseño y construcción de dichos sistemas de riego; d) fomentar las dinámicas de enseñanza de campesino a campesino; e) constituir un sistema integral de información estadística y geográfica del sector agropecuario; f) lograr el desarrollo de las vías secundarias y terciarias del país, para lo cual se debe reafirmar la responsabilidad que sobre dichas vías tienen los departamentos y los municipios respectivamente, así como avanzar en el desarrollo de la infraestructura multimodal. 3. Factores de producción: a) Diseñar y ejecutar en el mediano plazo un programa que permita regularizar y formalizar los derechos de propiedad sobre la tierra; b) establecer como una prioridad la actualización del catastro del sector rural y el ajuste del impuesto predial; c) fortalecer los programas de subsidio integral de tierras para los productores sin tierra o con tierra insuficiente; d) implementar programas dirigidos a la reconversión de tierras con conflictos de uso; e) establecer una regulación clara y estricta para la inversión extranjera en la compra de tierras; f) reorganizar las entidades crediticias del sector rural para que brinden de una forma más especializada, eficiente y diferenciada los servicios financieros a los productores rurales (créditos, inversión en acumulación de capital, seguros, entre otros); g) fomentar la utilización de fertilizantes y pesticidas orgánicos producidos con los recursos de las mismas fincas, así como reducir los aranceles a la maquinaria y los equipos de riego. De acá en 5 años duplicaremos el área sembrada y la cantidad de alimentos producidos (10 millones de hectáreas y 50 millones de toneladas respectivamente) con el fin de convertir a Colombia en un exportador a gran escala de alimentos frescos y procesados. Incrementaremos la calidad de vida de la población que vive en las zonas rurales y evitaremos el desplazamiento y la migración a las ciudades buscando huir de la miseria rural.

De acá a 5 años duplicaremos el área sembrada y la cantidad de alimentos producidos (10 millones de hectáreas y 50 millones de toneladas respectivamente) con el fin de convertir a Colombia en un exportador a gran escala de alimentos frescos y procesados.

Incrementaremos la calidad de vida de la población que vive en las zonas rurales y evitaremos el desplazamiento y la migración a las ciudades buscando huir de la miseria rural.

Política Industrial de Nueva Generación Dentro de una política de desarrollo productivo es crucial el papel de la industria. Este ha sido uno de los grandes lunares de la administración Santos puesto que no incluyó en sus prioridades ni hizo mención en sus locomotoras una política industrial moderna, competitiva y exportadora que dé a la actividad manufacturera condiciones de expansión, diversificación y aprovechamiento del mercado interno e internacional. Esta actividad, como ninguna otra, permite la acumulación de capacidades tecnológicas, genera un amplio incremento en la productividad y tiene la cualidad de difundir el cambio técnico hacia los otros sectores, que funcionan como nodos de relaciones entre las amplias redes de producción local-mundial. En efecto, el impulso a la productividad y competitividad en el sector fabril es un elemento básico para impulsar la competitividad de la economía en el sector primario y terciario. El país debe conformar una estructura productiva más sólida para fundamentar un crecimiento sostenible, no necesariamente correlacionado con la parte expansiva en el ciclo de las materias primas. Es básico extender la gama de actividades que hace relativamente bien con su dotación de capital, recursos naturales y trabajo. En dicho sentido, el crecimiento económico de la última década permite, tanto al gobierno como a los industriales, un aprovechamiento del tamaño del mercado interno para ampliar la escala de producción y potenciar la participación en el mercado mundial. La meta de avanzar en la integración internacional, se basa en la búsqueda de una mayor variedad de productos para el consumo de los nacionales, y una apropiación más acelerada de conocimiento y nuevas tecnologías con el fin de desarrollar ventajas competitivas y bienes diferenciados pues estos productos conducen a un comercio menos distorsionante (entre las mismas industrias). El comercio intraindustrial, las economías de escala, el tema de la localización industrial, la densidad de los sectores manufactureros y el tamaño de las industrias es cada vez más discutido como un modelo deseable, puesto que los sectores geográfica y cuantitativamente más densos, tienden a ser más competitivos y la reducción de costos no siempre depende del tamaño de la empresa individual sino del tamaño de la industria, tal como se evidencia en los productos con alto contenido tecnológico e innovación. En la actualidad, hay empresas en cada una de las 48 actividades industriales, pero como lo señalé oportunamente al Gobierno Nacional y a la Andi a comienzos del 2011, la ausencia de una política industrial en el plan de desarrollo, ha generado un franco deterioro en producción, ventas, exportaciones y empleos por más de cuatro trimestres consecutivos en la mayoría de las ramas de las manufacturas. El énfasis de una nueva política para fomentar la industria y la economía, debe conseguir incrementos contantes de productividad y no moverse a favor de intereses clientelistas y burócratas, ni mucho menos a transferir rentas a ciertos sectores empresariales que no generan 21

competitividad ni una contribución adecuada a la economía nacional. No es deseable el ejemplo de la llamada periferia europea (Grecia, España e Irlanda) que muestra los efectos perversos que puede tener el fomento del gobierno y las políticas socioeconómicas que pierden de vista la sostenibilidad macroeconómica, el incremento de la productividad, los límites del endeudamiento público, la flexibilidad laboral y la visión de mercado. Si bien, la intervención del Estado en la economía debe ser prudente, esto no quiere decir que se le reste importancia a su papel como garante del orden y el bienestar social. El Estado debe dejar obrar la iniciativa privada y el mercado siempre que este funcione correctamente bajo reglas de juego claras e institucionalizadas pero, al mismo tiempo, está llamado a ser un líder con autoridad en el fomento al desarrollo económico, la defensa de los ciudadanos y la propiedad privada (confianza), y en el cumplimiento de la eficiencia de las instituciones públicas. No puede olvidarse que los países que han dado grandes y rápidos saltos en el camino al desarrollo, no lo han hecho en presencia de un Estado débil, por el contrario han logrado ser lo que son, impulsados y fomentados por el papel estratégico del Estado. En concreto, el momento que vive Colombia hace necesaria una política de desarrollo productivo agrícola, agroindustrial e industrial de bienes y servicios, dado que goza de una relativa estabilidad macroeconómica y posee un significativo margen de maniobra para generar incentivos a que los agentes privados (en línea con los públicos) se muevan en pro de mayor productividad (inversiónoptimización en procesos) y competitividad de la producción local hacia el mundo. Asimismo, la experiencia europea ilustra el hecho de que no debe esperarse a que sucedan eventos de crisis para emprender cambios en la economía, es mucho mejor hacerlos cuando se tienen las condiciones y no se generan grandes presiones. En este orden de ideas, la estrategia comercial del país debe ser coherente con sus objetivos de mediano plazo. Los nuevos socios comerciales deben ser estratégicos para dinamizar la producción nacional y sacar ventajas reales del comercio internacional y la integración mediante acuerdos. Según cifras del DANE, en lo corrido de 2013 hasta el mes de noviembre las exportaciones del país se redujeron en un 3%, pasando de 55.173 millones de dólares a 53.540 millones de dólares. Aunque esto se debió en buena medida a la reducción de las ventas de combustibles y productos de las industrias extractivas, y de otros sectores, también disminuyeron las exportaciones de las manufacturas y los productos agropecuarios, alimentos y bebidas. Ya habíamos advertido hace dos años que el riesgo de no tener locomotora industrial ni una verdadera política agrícola, era justamente el escenario de una caída en las exportaciones petroleas y mineras pues no solamente habríamos destruido muchos empleos para entonces sino podríamos caer en el escenario de un déficit en la balanza comercial. Es lamentable que mientras se han firmado diversos acuerdos comerciales en los últimos años, las ventas al exterior están disminuyendo. Además, la proporción de las exportaciones no tradicionales continúa descendiendo (29,3% hasta noviembre), es decir que no ha habido estrategia para diversificar las exportaciones. 22

Uno de los mayores retos de Colombia en materia comercial es el aprovechamiento de los acuerdos ya firmados y para esto es fundamental identificar y fortalecer las potencialidades de cada región de Colombia de acuerdo a los productos con mayor demanda a nivel internacional. Debemos tener en cuenta, además, que los tratados de libre comercio presentan cada vez más un sin número de retos que requieren una verdadera política de producción nacional de valor agregado que cumpla altos estándares internacionales. Por ejemplo, como lo han mencionado profesores de la Universidad Nacional respecto a la Alianza del Pacífico, para sacar un provecho real de este acuerdo, en primera medida, es necesario conectar al Pacífico colombiano tanto económicamente, como política, social y culturalmente, para luego conectar a Colombia con esta región y al país en su totalidad con el Asia-Pacífico. Y es que para integrar realmente a la nación en las dinámicas mundiales es fundamental desarrollar cadenas productivas y regionales que aprovechen el potencial productivo y la existencia de recursos naturales que contribuyan al desarrollo regional, aprovechen su potencial y generen polos que cierren las brechas regionales en empleo, exportaciones y bienestar. Es urgente la consolidación del aparato productivo para evitar la reprimarización del país, así como evitar que el “aprovechamiento” de los TLC se limite a la venta de materias primas y la extracción de los recursos naturales, por lo cual hace 3 años propusimos al Gobierno la adopción de una política industrial innovadora, competitiva y de nueva generación. Nos dedicaremos a fortalecer y diversificar la producción colombiana en función de la demanda mundial para poder aprovechar los acuerdos firmados con estrategias enfocadas en impulsar las exportaciones de aquellos sectores con mayor potencial de cada una de nuestras regiones y con políticas dirigidas a impulsar una estrategia nacional de emprendimiento tal como la concebimos en 1998 en nuestro Plan Estratégico Exportador. Es la mejor manera de generar riqueza, empleo e ingresos para nuestros jóvenes. Los acuerdos comerciales no son ni buenos ni malos en sí mismos. Lo bueno sería negociados contando con las estrategias que estimulen la producción de bienes y servicios competitivos y el aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas por el mercado internacional, porque de lo contrario seguiremos viendo disminuir las exportaciones colombianas mientras aumentan las importaciones sin dejar ningún beneficio económico y social para el país y aumentando la tendencia hacia un déficit estructural de la balanza comercial. Una estrategia para la inserción de las compañías colombianas en las cadenas globales y regionales de valor puede contribuir a aumentar y diversificar la producción de bienes y servicios producidos en Colombia. A veces no vemos las oportunidades que nos brinda el mercado internacional, hoy contamos con las muy destacadas empresas multilatinas con las cuales se pueden hacer joint-ventures en sectores novedosos como el aeroespacial, alimentación molecular, equipamientos médicos de alta resonancia y así desarrollar sectores que contribuyen a nivel de eslabones en dichas cadenas globales de valor.

El sector industrial ha cambiado y por ello mismo, no demanda las políticas del pasado, solicita políticas dinámicas y novedosas que respondan a la realidad actual en materia social, territorial, política y económica. El Estado debe poder integrar su política social con el mercado, haciendo que los individuos exploten sus capacidades humanas y satisfagan sus demandas sociales a través de su vinculación al mercado laboral. Como lo han dejado ver los países de la periferia europea, la moderación del gasto público, la estabilidad macroeconómica y el incremento de la productividad son condiciones básicas para mantener una equidad intergeneracional, menos tensiones sociales y un amplio margen para utilizar la política económica como estabilizador del ciclo. Propuestas para la Política Industrial de Nueva Generación 

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Colombia se debe transformar en una economía de exportación de bienes y servicios con alto valor agregado y contenido tecnológico. Impulsado por un clima fuerte de inversión que promueva la convergencia entre las regiones, el incremento del empleo formal y de calidad, y la reducción de la pobreza. Se requiere una normatividad que identifique a la política industrial como motor de productividad, competitividad, exportaciones y empleos. Es necesario que dentro de la agenda nacional esté explícitamente incorporada una política industrial estructurada, con visión a largo plazo que brinde reglas de juego claras y estables a los agentes económicos y con objetivos concretos y medibles. Colombia demanda una visión de largo plazo, específicamente concentrada en desarrollar a una Colombia innovadora que permita aprovechar los recursos (financieros, institucionales y capital humano) ya existentes y prepare el camino para entrar a las cadenas globales de valor que potenciaran el desarrollo del país. Se necesita desarrollar procesos de generación de valor agregado en todos los sectores de la industria (incluso el sector minero – energético), para lograr la reindustrialización del país. Si se aprovecha el boom minero energético y se desarrolla los sectores que se encuentran encadenados con esta rama, se abrirá un nuevo prospecto de negocio que permitirá estimular la innovación nacional. Es fundamental estimular las sinergias entre los diversos agentes del sistema, para lo que se debe mitigar las externalidades de información y coordinación. Lo cual se puede realizar si se da la importancia que requiere en la agenda política nacional, a la política industrial de nueva generación integrada con una política de innovación que involucre al sector productivo como elemento indispensable para el desarrollo económico. La nueva política industrial de Colombia debe ser una política de Estado pensada a largo plazo, que contribuya a (i) definir objetivos a corto, mediano y largo plazo para las industrias con alto potencial de desarrollo y aquellas a las que hay que conservar por sus perspectivas ante la demanda mundial, las cuales jalonaran el crecimiento económico del país; (ii) apoyar el emprendimiento industrial y el desarrollo de pymes de subcontratación industrial y con un enfoque dirigido a la innovación manufacturera, y (iii) promover fusiones y expansiones en sectores industriales que atraviesen dificultades, que requieran la debida masa crítica y elementos de economía de mercado para su crecimiento. 24

El país no debe esperar a que suceda una caída en la demanda de las materias primas y de las inversiones extranjeras que se dirigen hacia las actividades extractivas, para emprender acciones de cambio estructural. Debe hacerlo ahora que tiene significativas oportunidades y un margen de maniobra amplio. La estabilidad macroeconómica y el interés del sector privado, sobretodo industrial, para trabajar con el gobierno, son aspectos que no se deben desaprovechar. Si las cosas siguen dándose como lo han hecho hasta ahora, es seguro que la perspectiva de desarrollo económico del país en el mediano plazo será difícilmente realizable. Obviamente para lograr un desarrollo productivo óptimo, resulta fundamental mantener un manejo macroeconómico serio y responsable procurando estimular por todos los medios los sectores micro con mayor potencial competitivo máxime ahora que el país ha sobrepasado sus metas en materia de inflación. El asunto de la tasa de cambio merece un análisis aparte debido a su componente externo, pero en las acciones internas es fundamental reducir el déficit fiscal para moderar la necesidad de acudir al endeudamiento externo o a la colocación de TES a tasas de interés atractivas para los inversionistas extranjeros. Lo anterior debe ir de la mano de la generación de mayor ahorro interno que permita el desarrollo de los proyectos necesarios para el país sin acudir totalmente a los flujos externos. No obstante, debemos tener en cuenta la experiencia del Japón y las medidas que tanto EEUU como algunas economías desarrolladas empiezan a adoptar, reconociendo la necesidad de un mínimo de un cierto nivel de gasto público –así como de su ejecución ágil y eficiente– para hacer frente a las señales de estancamiento presentes en algunos sectores de la economía. No obstante, en el frente de la producción que genere riqueza nacional y empleos, nuestra prioridad será la adopción de medidas tendientes a incrementar la productividad y competitividad mediante infraestructura, innovación y educación –para lo cual se debe usar una parte de los ingresos provenientes de la bonanza–, flexibilizar más el mercado laboral, generar una mayor relación entre el ingreso de los trabajadores, su productividad y la rentabilidad de las empresas, la reducción de los costos de producción por la vía de la disminución de trámites y de los costos de la energía y el transporte, entre otros; así como el incentivo de la inversión nacional y extranjera en los sectores industriales que transfieran al país conocimiento y valor agregado. Construiremos una Política Industrial de Nueva Generación que permita reactivar la industria, generar empleo de calidad y aumentar las exportaciones no tradicionales a más del 50% como lo estuvieron durante la época de 1998-2002.

Industria de Servicios para una Economía Moderna

En el kilómetro cero de toda economía parten los servicios, base de toda actividad económica. A ellos voy a dedicar unas reflexiones dada su valiosa conectividad con otras actividades como la producción de bienes agrícolas o industriales, o como instrumentadores de otros sectores tales 25

como el turismo en donde intervienen la publicidad, el transporte en todas sus modalidades, la proveeduría de alimentos, la hostelería, la restauración entre otros. Es tan amplio el espectro de los servicios que salud y educación; infraestructura creada bien, por la construcción, las telecomunicaciones pero también los servicios financieros y energía electica hacen parte ellos. También estamos hablando de servicios cuando se mencionan las actividades profesionales como la contabilidad, asesoría legal, producción de software, atención medica entre otras. Pues bien, el sector de servicios representó alrededor del 78% del Producto Interno Bruto mundial en el año 2013 confirmando su capacidad de crecer más rápido que los sectores más tradicionales de la industria manufacturera y la agricultura. Igualmente el sector de servicios represento el 60% del empleo masculino y el 70% del empleo femenino. Su importancia en consecuencia es incuestionable. Colombia cuenta con una industria de servicios importante, más desatacada en algunos subsectores que otros, pero definitivamente pequeña en comparación con el tamaño y la dinámica de esta industria en los países industrializados. Las cuentas nacionales contabilizan el peso de los servicios en Colombia. En promedio en los últimos 10 años ellos representan el 70% de la economía colombiana. En materia de exportaciones, la única fuente de información es la Balanza de Pagos/ Balanza de Servicios que solo contabiliza algunos servicios de exportación entre ellos turismo, transporte aéreo internacional, sector financiero y seguros. Propuestas para una Industria de Servicios Moderna Mi gobierno pretende fortalecer el sector de servicios de exportación. Como indique en otros apartes vamos a potencializar la ciencia, innovación y tecnología trabajando con COLCIENCIAS y pretendo convencer al sector privado, tanto nacional como internacional, que vale la pena invertir en Colombia, no solo para crear las industrias exportadoras de servicios de talla mundial, sino para que inviertan en fortalecer el capital humano y tecnológico que estamos necesitando. Para ganar espacio en el comercio mundial de servicios vamos a tener que hacer más con menos recursos públicos por tanto me propongo apoyar alianzas entre el sector público, el privado y las Universidades/centros de estudios tecnológicos para contribuir a re direccionar a la tecnificación y sofisticación de nuestras empresas. Me propongo implementar modelos como el seguido por el Estado de Jalisco y la ciudad de Guadalajara, donde para combatir la crisis del sector automotor derivado de la crisis económica de los Estados Unidos se llegó a un consenso de todos los actores mencionados (Público, privado y academia) para convencer a la industria aeroespacial, que Jalisco era el mejor lugar para desarrollar partes y piezas demandadas en la producción de aviones y cohetes. La estrategia consistió, en primer lugar, en reenfocar la educación superior fomentando las ingenierías y los oficios, hasta que llegaron a especializarse en diseñar (servicio) partes que después fueron producidas en el estado. De la mano se trabajó el bilingüismo y se crearon programas para apoyar profesionales que salieran a especializarse en el exterior. 26

Considero que los modelos de inserción en las cadenas globales de valor son también una forma novedosa de promover la industria de servicios de valor agregado. En el vecindario, Colombia cuenta con países que han hecho una revolución en sus países como es el caso de Costa Rica que le apunto al sector de desarrollo de equipos médicos de alta gama, electrónicos y servicios offshore. La estrategia comenzó hace veinte años y se basó en crear una red global de investigadores de diversas disciplinas de la ingeniería que los ha llevado a posicionarse a nivel mundial en el desarrollo de alimentación nutricional molecular hasta las ciencias medioambientales. El secreto otra vez pasó por la formación de la mano de obra, la adquisición de tecnologías, los estándares y las regulaciones estables. ¿Dónde están entonces los retos en la industria de servicios? En primer lugar, en la creación de un clima de negocios seguro que atraiga la inversión nacional o extranjera que venga de la mano con las nuevas tecnologías. De esta manera será posible insertar la industria nacional en la hoy llamada “Economía Digital”. Seguridad al inversionista, implica entonces la dotación de un marco legal transparente, estable y con capacidad de proveer profesionales idóneos para afrontar los retos internacionales. En segundo lugar fomentar el sector a través de incentivos tributarios y fiscales cuando sea posible y trabajar el financiamiento para las PYMES. Continuar trabajando en certificar y acreditar instituciones como en el caso de la salud y desarrolladoras de software. Por ultimo en materia de servicios vamos a escuchar la Coalición de la industria de Servicios tanto en su capítulo internacional como en el recientemente creado en Colombia.

Fortaleceremos la industria de servicios para la exportación, con un alto componente de innovación, con el fin de lograr una mejor inserción en el mercado internacional y generar empleo de calidad.

Un sector Minero Energético Sostenible y Responsable Sin duda, el sector minero-energético tiene una amplia importancia en la economía colombiana. Durante los tres primeros trimestre de 2013 representó el 7,7% del PIB; el 67,5% del total de exportaciones hasta noviembre correspondieron a la venta de petróleo y sus derivados, carbón y ferroníquel (US$ 36,1 billones); y el 48,6% de inversión extranjera directa llegó al sector mineroenergético. Colombia tiene una importante riqueza en cuanto a recursos naturales y esto implica un reto fundamental para el país: hacer una explotación sostenible de los mismos y con el menor impacto posible sobre el medio ambiente y la sociedad. Esto con el fin de aprovechar los recursos con los 27

que cuenta Colombia y sus ventajas en cuanto a generación de ingresos y regalías, pero de una manera razonable y cuidadosa ambientalmente. En 2012, las regalías como porcentaje del PIB fueron 1,6%, que correspondieron a $8,5 billones provenientes del sector de hidrocarburos y $2,04 billones del sector minero. Adicionalmente, los impuestos pagados a la nación fueron cerca de 2% del PIB y los dividendos pagados por Ecopetrol fueron de más de 1% del PIB. Estas cifras son una muestra de la importancia del sector mineroenergético. No obstante, debido a la poca estabilidad de la actividad extractiva a causa de la escasez de los recursos naturales y la volatilidad de los precios en el mercado internacional, no podemos permitir que el sector minero sustituya, en vez de complementar, los ingresos que puedan generar otros sectores. Además, dado que la actividad minera es intensiva en capital, los empleos directos son muy bajos. Durante los tres primeros trimestres de 2013, el sector demandó en promedio 252 trabajadores, que solo correspondieron al 1,2% del empleo nacional. De aquí la importancia de generar encadenamientos con la industria manufacturera y de servicios para tener una diversificación en la fuente de ingresos y un impacto importante sobre el empleo. El sector minero energético también ha presentado diversas dificultades en la actividad de extracción, relacionadas con el incumplimiento de normas de tipo ambiental y social por parte de las compañías mineras (en especial de extracción de carbón). Una investigación publicada por la Contraloría General de la Nación en el 2013, puso en tela de juicio la preparación del país para el desarrollo de una industria minera sostenible ambientalmente, respetuosa de los derechos de las comunidades y que, por lo tanto, estuviera en concordancia con un desarrollo integral. La investigación destacó los problemas ambientales provenientes de la actividad minera, relacionados con la elevada cantidad de residuos, la contaminación de las aguas y el aire, y el deterioro de la biodiversidad y del suelo; así como también las falencias existentes en materia de reglamentación y control ambiental, el riesgo en la seguridad alimentaria al dedicar tierras fértiles para la explotación minera, el poco valor agregado del sector, y sobre todo, el impacto social, ya que el estudio destacaba la coincidencia existente entre las zonas donde ha ocurrido un elevado número de desplazamientos y violación de derechos humanos, y las áreas de explotación minera con altos niveles de pobreza. En cuanto al tema energético, una problemática importante es la cobertura y calidad de la energía en las Zonas No Interconectadas (ZNI), es decir, aquellos municipios, corregimientos, localidades y caseríos que no se encuentran conectados al Sistema Interconectado Nacional y que, por lo tanto, no cuentan con la misma provisión de energía que el resto del país. Algunos de estos lugares son: el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Leticia en el Amazonas, Capurganá en el Chocó, Puerto Carreño en el Vichada y Mitú en el Vaupés. Aunque en las ZNI la prestación del servicio se hace principalmente mediante plantas de generación diesel, paneles solares y pequeñas centrales hidroeléctricas, aún existen falencias. 28

Propuestas para un Sector Minero-Energético Sostenible y Responsable Debemos promover un desarrollo minero energético sostenible y responsable, con reglas claras. Para esto, proponemos realizar en el sector minero lo mismo que se hizo en el sector petrolero durante el gobierno de Andrés Pastrana, es decir, establecer un Contrato Minero que resulte atractivo para las empresas de explotación e incentive la inversión, pero que a su vez permita hacer un ajuste tributario con el fin de que los ingresos de la Nación y las regalías sean justos y haya un beneficio real para el país. El principal mecanismo para atraer la inversión al sector no deben ser las exenciones tributarias. Dado que debe primar la conservación de los recursos naturales y el bienestar de la población, proponemos establecer un sistema de regulación y control más riguroso en la aprobación de proyectos y/o licencias con el fin de que en ningún caso atenten contra alguno de los dos aspectos mencionados. Además, deben establecerse programas que incentiven las buenas prácticas en el sector como la transparencia en el manejo de los recursos, el respeto por la normatividad ambiental y la inclusión de los ciudadanos. Es importante fortalecer la institucionalidad, incluyendo a la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, así como también la reglamentación en materia ambiental y el control en los procesos de explotación con el fin de que la normatividad se cumpla efectivamente. Sumado a esto, proponemos establecer una reglamentación rigurosa sobre los procesos de consulta previa. Adicionalmente, es importante estimular la consolidación de empresas nacionales mixtas (públicas y privadas) de explotación minera, si se tiene en cuenta que la mayoría son de origen extranjero. Una propuesta fundamental es encadenar el sector extractivo a la industria y al sector servicios. La industria puede fortalecerse en la producción de una parte de los bienes de capital (maquinaria) necesarios para la extracción y también procesar los productos mineros resultantes. El sector de la educación, por su parte, puede concentrarse en la capacitación de los habitantes de las regiones donde se llevan a cabo las explotaciones para que sean absorbidos como mano de obra; también puede llevar a cabo la formación de personal altamente calificado para el sector minero energético. En cuanto al tema energético, proponemos diversificar la canasta energética. Se debe fortalecer el desarrollo de programas de energía renovables, como la energía solar y eólica, en las Zonas No Interconectadas. De igual forma, es fundamental invertir en investigación, desarrollo e innovación en el campo de las energías renovables con alto impacto en la sociedad: biocombustibles producidos a partir de biomasas y biocombustibles celulósicos.

Promoveremos un desarrollo minero energético sostenible y responsable, con reglas claras, mediante el establecimiento de un Contrato Minero que atraiga la inversión pero que garantice que la explotación dejará al país ingresos justos. Implementaremos un sistema de control más riguroso para garantizar el cumplimiento efectivo de las normas ambientales, y fomentaremos los encadenamientos del sector minero con la industria manufacturera y de servicios.

Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y la Paz Ahora bien, en cuanto a Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) se pueden destacar dos problemas principales. El primero de ellos es en términos presupuestales, ya que: 1) la inversión en CTI como porcentaje del PIB sigue siendo bastante baja, alcanzando un 0,45% en 2012 (frente a una meta de 0,7% para 2014), pero de esa cifra la inversión en investigación aún no llega al 0.3% y 2) el presupuesto asignado específicamente a Colciencias se está reduciendo, ya que después de aumentar 23,9% en 2012, solo creció 6,8% en 2013, y en el proyecto de presupuesto general de la nación para 2014 se redujo la asignación en un 11,8%. El segundo problema es en términos institucionales y de ejecución de los recursos disponibles. Primero, aunque hay recursos para CTI provenientes de las regalías, no se han utilizado efectivamente por los departamentos debido a la falta de claridad en el proceso para contratar los proyectos y a la falta de acompañamiento técnico a gobernaciones y ejecutores de proyectos. Sumado a esto, algunos de los proyectos presentados al fondo de CTI no son pertinentes, ni sostenibles en el tiempo, ni tienen impacto social, siendo estos tres los indicadores base de la política. Segundo, hay cuellos de botella y riesgos de politización en el sistema de innovación del país: la información generada por los agentes del sistema, así como las habilidades y experiencias ya adquiridas son desaprovechadas; hay muchas instituciones y poca coordinación entre ellas, las empresas no invierten lo suficiente en innovación; el recurso humano es insuficiente; persiste el rezago en infraestructura; no hay una articulación entre las agendas sectoriales y regionales de CTI y los OCADES tienen un sesgo hacia proyectos departamentales más que hacia proyectos regionales de alto impacto. Propuestas para la Ciencia, Tecnología e Innovación La Ciencia, la Tecnología y la Innovación deben ser una prioridad en la agenda pública y la base de la economía del país, por esta razón, es importante implementar una política de innovación que establezca objetivos comunes de largo plazo; que permita la coordinación entre las diferentes entidades pertenecientes al sistema, potenciando al mismo tiempo las sinergias y complementariedades; que diseñe un sistema de control y evaluación de los programas; y que articule las agendas departamentales y regionales en materia de innovación para que los recursos 30

provenientes de las regalías sean utilizados de una manera eficiente. Se deben fortalecer las capacidades institucionales de los departamentos para la presentación de proyectos y crear una estrategia de identificación de las potencialidades de cada región para guiar el tipo de proyectos en los que deben usarse los recursos. Aunque es importante aumentar los recursos públicos dirigidos a este sector, la propuesta es incentivar la innovación en el sector privado (solo el 44% de los recursos en I+D son del sector privado, 52% del sector público y 4% provienen del sector internacional), ya que el motor en los centros de innovación a nivel mundial, como Silicon Valley y Tel Aviv, ha sido la inversión e iniciativa privada, debido al riesgo de este tipo de actividades. Sumado a esto, es fundamental incentivar las alianzas entre sector público, privado y academia, tanto en el desarrollo de las dinámicas de innovación, mediante spin off por ejemplo, como en el diseño de los proyectos a los cuales se destinan los recursos de las regalías. Esto debe hacerse mediante incentivos tributarios y un marco legal que facilite este tipo de alianzas. Colciencias debe tener rango ministerial como se propuso en nuestro proyecto de ley de ciencia para ser la institución rectora de la política de innovación con el correspondiente fortalecimiento en términos de recursos financieros y de personal. Por último, es importante fortalecer el capital humano para la innovación, por lo que se debe atraer un mayor número de investigadores y profesionales en las ciencias naturales y exactas, así como en ingeniería, tecnologías y áreas creativas, que provengan del interior y del exterior del país, esto mediante incentivos tributarios o económicos. Asimismo, debe aumentarse el número de personas con maestrías y doctorados fortaleciendo los programas de becas, y establecer incentivos para que el sector privado contrate más profesionales dedicados a la investigación e innovación al interior de las empresas. Finalmente para hacer realidad a las mayores oportunidades, no solo impulsaremos el emprendimiento y apoyaremos a las personas que deciden correr riesgos, sino que haremos una reforma profunda que recupere el propósito que buscábamos al presentar en el Congreso la que luego se convirtió en la Ley 1286 del 2008 y lograr un ambiente productivo e institucional orientado a la innovación.

Recuperaremos el propósito de la Ley 1286 del 2008 para lograr un ambiente productivo e institucional orientado a la innovación. Además fortaleceremos las capacidades institucionales de los departamentos para la presentación de proyectos. Incentivaremos las alianzas entre sector público, privado y academia, y fortaleceremos el capital humano para la innovación, mediante una formación desde la infancia y más profesionales con maestría y doctorado.

Emprendimiento como generador de Empleo El emprendimiento constituye uno de los principales motores del empleo de los jóvenes y de la economía en general. Dado que en los últimos 3 años, en promedio se han creado 245.927 empresas anualmente, la meta es consolidar como mínimo 800.000 empresas sostenibles en 4 años en todas las regiones del país, que sean competitivas y rentables en el largo plazo, mediante el desarrollo de programas y políticas de emprendimiento, fortalecimiento empresarial, acompañamiento e innovación. De esta manera, si se asume que se crean microempresas con 5 trabajadores en promedio, se estarían generando 4 millones de nuevos empleos. Propuestas para incentivar el Emprendimiento En el objetivo de lograr un país emprendedor mejoraremos la ley 1014 del 2006 y aplicaremos en la educación de los niños y jóvenes el valor del espíritu innovador y emprendedor. Prepararemos currículos, profesores y programas con las Cámaras de Comercio que generen una verdadera Revolución del Emprendimiento. Eliminaremos las trabas que subsisten a la creación, formalización y sostenibilidad de empresas y crearemos el Instituto Nacional Mixto del Emprendimiento con las Cámaras de Comercio y el Gobierno, fortaleciendo la labor que adelanta Impulsa. Por último, apoyaremos la difusión de oportunidades para los emprendedores y apoyaremos la creación de redes de emprendedores y de inversionistas ángeles a nivel regional y sectorial.

Dado que en los últimos 3 años, en promedio se han creado 245.927 empresas anualmente,

consolidaremos como mínimo 800.000 empresas sostenibles en 4 años en todas las regiones del país, de esta manera se estarían generando aproximadamente 4 millones de nuevos empleos.

Infraestructura para conectar a Colombia Según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Colombia se ubica en la posición 92 entre 148 países en el pilar de infraestructura, es decir, está debajo de la mediana y de países de la región como Perú (91), Argentina (89), Ecuador (79), Brasil (71), México (64), Chile (46). El DANE reporta los siguientes resultados para el año 2012: Los desembolsos para obras de infraestructura registraron un aumento de 1,9% respecto al año 2011; las carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcciones subterráneas, registraron un crecimiento de 9,6% y fue la categoría que registró la principal contribución positiva (2,6 puntos 32

porcentuales) como consecuencia de los mayores desembolsos realizados en construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas. Además, el Indicador de Inversiones de Obras Civiles, que brinda información sobre el sector de obras civiles para la construcción de infraestructura de transporte en el país, indica que en el 2012 los pagos crecieron 1,9% respecto al año precedente, mucho más que en el 2011 que solo alcanzó un crecimiento de 0,2%. Estas cifras indican los esfuerzos que se están realizando para la eliminación del rezago en infraestructura, enfocándose la inversión en carreteras y en la construcción de obras, dejando relegados las necesidades de inversión en los sistemas fluvial y ferroviario que aliviarían los sobrecostos de las empresas en el proceso de comercialización y aumentarían las posibilidades de conectividad para aquellas poblaciones más alejadas de las vías terrestres principales y donde la geografía no permite el desarrollo de autopistas y redes viales. De igual forma, según estadísticas del Ministerio de Transporte, en los últimos dos años ha existido un aumento importante en las redes nacionales. No obstante, centros como Fedesarrollo ponen en duda el aumento de 57,6% entre los años 2009 y 2010, cuando entre los años 2000 y 2009 el promedio fue de 0,53%. Por su parte, según el Banco Mundial, la cantidad de vías pavimentadas (medido como km/100 Km2) en Colombia es de 1,2, resultado irrisorio frente al resto de América Latina con 2,5, a países de Ingresos medios-altos de 8,4 y Asia-Pacífico con 50,3. Colombia requiere de una fuerte inversión en proyectos que involucren la construcción, el mejoramiento y mantenimiento de vías secundarias (19% de vías en el país) y terciarias (67% de vías), apuntando directamente a la conectividad de cientos de municipios aislados. En cuanto al transporte fluvial, desde el año 1997 se han mantenido el mismo número de kilómetros navegables (18.225 Km), denotando la ineficiencia de los diferentes gobiernos para recuperar el espacio fluvial potencial. Por su parte, las vías férreas operadas por la nación han empezado un proceso de decrecimiento de kilómetros luego de estar estancado tres años consecutivos (2004-2006). En el indicador de vías férreas, Colombia contempla solo 0,2 Km/100Km2 operados, cifra por debajo del resultado para América Latina, de 0,5 Km, Países de Ingresos medios-altos 0,9 Km y de Asia-Pacífico con 0,7 Km. Básicamente pueden definirse tres elementos que han sido las causas del rezago en infraestructura del país, a saber: 1. Predios, en este tema se incluyen las dificultades de la generación de obras asociadas a la topografía montañosa del país y su tratamiento; y a las problemáticas en la adquisición de predios junto a aspectos ambientales y de consultas con comunidades ancestrales; 2. Baja inversión pública (1% del PIB) y problemas para la financiación de los proyectos, para la eliminación del rezago se necesita aproximadamente una inversión cercana a los $130 billones, durante 8 años seguidos. Colombia no ha contado con un plan de largo plazo que impulse la construcción de obras de alta calidad dada la visión cortoplacista de las políticas y la tendencia a recortar los rubros para infraestructura, 33

3. Se requiere continuar fortaleciendo la institucionalidad del sector de infraestructura, reconociendo la excelente reforma de la ANI para eliminar espacios para prácticas malsanas y corruptas, dar agilidad a los trámites, facilitar la interacción entre agentes públicos, privados y comunidades, y las normas adicionales apropiadas para el control y vigilancia. Propuestas para una Infraestructura que conecte Profundizar y reglamentar las reformas de la ley de infraestructura para acabar trabas a los proyectos: la revisión y designación de roles para los entidades públicas; una mejor definición de los contratos de los proyectos en cuanto a términos de Unidades Funcionales, equilibrio económico; compra de predios; creación de la Comisión de Regulación de Transporte, entre otras (Comisión de infraestructura; 2012). Es fundamental la administración separada de los procesos de licitación, como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y los procesos de financiación, como Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) y Financiera del Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER). De igual forma, es importante fortalecer las instituciones de control que velen por el cumplimiento de los contratos y de las obligaciones. Se propone establecer una alianza inter-administrativa entre el Ministerio de Transporte y las Gobernaciones, con el fin de promover el uso del transporte multimodal y propiciar la entrada al mercado de múltiples oferentes en cada una de las modalidades de transporte. De igual forma, es necesario crear un organismo descentralizado que se encargue de la rehabilitación y mantenimiento de las redes secundarias y terciarias, y que se articule con organismos de la administración central y con los planes de injerencia nacional. Debe fomentarse la implementación de un seguro de obras civiles antes de la intervención (en el estado en que se encuentren). Este seguro es un producto que la industria aseguradora está en mora de ofrecer y que las entidades contratantes deberían exigir a los contratistas. En cuanto a la financiación, cifras de ANIF señalan que el país requiere de una inversión de 3,3%,del PIB repartidos en un 1,7% por parte del Gobierno y un 1,6% por parte del sector privado. Se buscará abrir espacios en las entidades bancarias del país a través de figuras financieras con las que cuentan las entidades multilaterales de compra de cartera en el sector de infraestructura. Los bonos de infraestructura, que fueron de gran importancia para el avance chileno en esta materia, son un mecanismo confiable con el que se cuenta. Sumado a esto, deben aprovecharse otros mecanismos como las regalías, para solucionar al menos en parte la construcción de vías secundarias y terciarias en las regiones donde no hay grandes proyectos inmediatos. Habrá más premura en la promoción de los proyectos de 4G, para mayor ejecución de programas y continuar en el avance de la reducción de la brecha en infraestructura. También será prioridad los proyectos previstos en las diferentes modalidades de transporte y realizar una mejor campaña de las APP posibles, para que exista una mayor fuente de fondeo y se reduzcan los tiempos para la ejecución de las obras. 34

Le apostaremos al fortalecimiento del transporte multimodal (ferroviario, aéreo, vial, fluvial, marítimo) y aumentaremos la inversión como porcentaje del PIB para la infraestructura como determinante esencial de competitividad.

Un mercado de capitales y finanzas para la competitividad El mercado de capitales requiere, sin duda, una mayor regulación en Colombia. Por esto, nuestra principal propuesta es fortalecer la normatividad en este sentido. Este es aún un capítulo en construcción, pero no desconocemos la importancia de fortalecer el sector financiero como instrumentos para la competitividad y una adecuada inserción en la economía mundial. Colombia requiere un Estado Moderno Un Estado Moderno es fundamental para una Colombia competitiva y en paz, dada la importancia de la institucionalidad que no dudamos en defender. Las propuestas en este sentido se encuentran en construcción, pero no cabe duda de que Colombia merece un Estado con instituciones fortalecidas. Transporte La sociedad colombiana necesita un país interconectado y ciudades con mayor movilidad. Por esto, una de las principales propuestas, que se desarrolla en el capítulo de infraestructura, es la consolidación de un sistema multimodal. De igual forma, queremos que todas las ciudades principales, tengan sistemas integrados de transporte que estén acorde con las necesidades de movilidad de los habitantes. Este capítulo de nuestro programa de Gobierno se encuentra en construcción.

III.

Por una vida Digna para cada Colombiano

Educación para la PAZ A pesar de que la tasa de cobertura neta en educación ha tenido un aumento en los últimos años, sobre todo en primaria (87% en 2012), secundaria (71%), preocupan sobremanera la calidad educativa y la baja cobertura en preescolar (63%), media (41%) y educación superior (42%)5. Específicamente en esta última, aunque se alcance la meta planteada por el Gobierno (50%), Colombia quedaría rezagada frente a otros países de la región que tienen una importante cobertura en educación superior como Cuba 115%, Venezuela 78%, Argentina 71%, Uruguay 63% y Chile 59%. Cabe señalar también que solo el 17% de los bachilleres graduados en 2012 lograron acceder a la educación superior, así de los 450 mil bachilleres de 2012, el 10% ingresaron a la universidad y el 7% a la educación técnica y tecnológica, según cifras de la Confederación de Asociaciones de Padres de Familia. No obstante y teniendo en cuenta que uno de los principales problemas de la educación en Colombia está en la calidad, como quedó demostrado con los resultados de las pruebas internacionales PISA 2012, en las que el país ocupó el puesto 62 entre 65 países. En cuanto a educación superior, solo el 10% de las Instituciones del país (28) cuentan con acreditación de alta calidad6 y estas ni siquiera tienen un buen posicionamiento a nivel mundial, por lo que Colombia aún se encuentra detrás de países como Chile, Brasil, México y Argentina. La educación técnica y tecnológica también tiene deficiencias en términos de calidad, así en las pruebas Saber Pro, los estudiantes de este tipo de programas obtienen puntajes inferiores a los obtenidos por estudiantes de en programas universitarios en las competencias genéricas. Propuestas para la Educación La educación tendrá prioridad en la agenda pública y de manera similar a los ejemplos internacionales de Finlandia, Corea e Irlanda que hemos citado, convocaremos a un Gran Pacto Nacional por la Educación. No solo ningún niño de Colombia tendrá cerradas las puertas de la educación primaria y superior de calidad, ya que es un determinante fundamental para asegurarle una vida digna, así como asegurar la competitividad y el desarrollo del país, sino que vamos a buscar que los niños amen las matemáticas, aprendan por lo menos dos lenguas, entiendan el valor de la música (Vamos a ayudar a los docentes a educar en las ciencias sociales y las matemáticas abandonando el miedo por estas materias en los estudiantes. Promoveremos la producción de instrumentos musicales, la participación en conciertos, la música popular y la clásica).

COMPITE (2013). Informe Nacional de Competitividad 2013 – 2014. Estas 28 IES concentran 20% del total de la matrícula, lo que implica que el 80% restante, 1,5 millones de estudiantes, no accede a instituciones con garantías de alta calidad COMPITE (2013). 6

En cuanto a educación superior, donde hay más falencias en cobertura, aumentaremos el presupuesto progresivamente para la educación pública procurando la excelencia en la calidad y crearemos un Fondo financiero para la financiación de estudiantes en programas técnicos, tecnológicos y universitarios, con el fin de que puedan acceder a las Instituciones privadas de Educación Superior de alta calidad. En el corto plazo, como lo propone COMPITE, puede ser aprovechado el punto porcentual temporal del que dispone el nuevo impuesto sobre la renta para la equidad (CREE). Esto con el fin de aumentar el porcentaje de bachilleres que acceden a la educación superior. Respecto a la calidad de la educación elevaremos el reconocimiento de los profesores en la sociedad colombiana, vinculando al magisterio a los mejores y más preparados cuyas aptitudes humanas y su inteligencia emocional estén evaluadas para garantizar así que sean transmisores del interés por el conocimiento y la inquietud intelectual de nuestros hijos. Trabajaremos en desarrollar nuevas competencias y aptitudes en los profesores, atrayendo el mejor capital humano, mediante incentivos monetarios como una mejor remuneración salarial o bonos de desempeño y reconocimientos y ofreciendo becas nacionales e internacionales que fortalezcan su formación profesional. Continuaremos fomentando el uso de las TIC en la educación, mediante una estrategia concertada entre el Ministerio de la Educación y el Ministerio de las TIC. Retomaremos nuestro proyecto de ley para imponer una política de bilingüismo que permita un efectivo aprendizaje de un segundo idioma por parte de los estudiantes desde el colegio. De igual forma, es importante establecer estrategias que permitan articular el capital humano que se está formando, con el que demandan las apuestas productivas del país (PTP, clústeres departamentales, etc.), mediante estímulos como becas o programas publicitarios dirigidos a lograr que los jóvenes opten por las carreras que aportan al desarrollo del país. La educación tendrá prioridad en la agenda pública y convocaremos a un Gran Pacto Nacional por la Educación.

Aumentaremos el presupuesto progresivamente para la educación pública procurando la excelencia en la calidad y crearemos un Fondo financiero para la financiación de estudiantes en programas técnicos, tecnológicos y universitarios.

Estableceremos una política de bilingüismo para la competitividad.

Con Empleo habrá PAZ La tasa de desempleo pasó de un promedio de 11,8% en 2010 a 9,6% en 2012, y se redujo consecutivamente durante los tres primeros trimestres del año 2013 hasta llegar a 7,8% en octubre, la cifra de desempleo más baja desde que se lleva un registro mensual. No obstante, es

importante revisar las falencias que aún persisten en términos de nivel de empleo y sobre todo de la calidad del mismo, así como en sus determinantes. En primer lugar, a pesar de la significativa reducción de la tasa de desempleo, otros países de la región han logrado un mayor avance. Según un informe de la CEPAL y la OIT sobre coyuntura laboral7, Colombia permanece con la tasa más alta en América Latina, mientras el desempleo en la región disminuye. El informe menciona que mientras los desocupados en la región urbana colombiana durante el primer semestre de 2013 ascendieron al 11,6%, en Ecuador fueron de tan solo 4,8%, en Brasil de 5,7%, en Perú de 6,1%, y en Chile de 6,2%. Hay falencias también en la calidad del empleo, aunque la informalidad comenzó a reducirse en el segundo trimestre de 2013, aún alcanza una proporción muy alta, correspondiente al 49,1% para el trimestre agosto-octubre de 2013, lo que significa que 5.077 de los 10.331 ocupados en las trece áreas metropolitanas están en la informalidad. Es decir que una parte importante del empleo que se ha generado y que ha contribuido a la reducción de la tasa de desempleo aún no corresponde a empleo de calidad. Lo anterior puede estar relacionado con el hecho de que los sectores que están destruyendo una mayor cantidad de empleo son paradójicamente los que tienen la capacidad de generar más empleos de calidad: la industria y el sector agropecuario. Así, durante los tres primeros trimestres de 2013 la población ocupada en los sectores mencionados se redujo, siendo más pronunciado este comportamiento en la industria. CIFRAS DESEMPLEO Variable Tasa de desempleo trimestre 2013 Tasa de desempleo trimestre 2012 Variación población ocupada industria 2013 Variación población ocupada sector agropecuario 2013

Ene-Mar 11,40% 11,60% -8,10% -0,50%

Abr-Jun 9,60% 10,50% -2,90% -4,20%

Jul-Sep 9,40% 10,20% -2,70% -0,20%

Fuente: DANE-Gran Encuesta Integrada de Hogares

Por último, aunque el desempleo juvenil ha mostrado una reducción, pasando de una tasa promedio de 20% en 2010 a 17,7% en 2012, el desempleo en los jóvenes sigue siendo elevado; así, para el trimestre de agosto a octubre de 2013 registró un valor de 14,8%, es decir que estuvo 6,1 puntos por encima de la tasa de desempleo a nivel nacional (8,7%), y también es superior al regional, que bordea el 13%, según cifras de la OIT. Además, muchos de los jóvenes que encuentran un empleo al poco tiempo de graduarse lo hacen bajo condiciones de inestabilidad, ya que según cifras del Ministerio de Educación solo el 49% de los egresados están vinculados a través de contratos a término indefinido, y como ha sido la tendencia, las mujeres siguen ganando menos que sus colegas hombres, en este caso su sueldo se encuentra un 13% por debajo.

CEPAL, OIT (2013). Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe: Avances y desafíos en la medición del trabajo decente.

Propuestas para alcanzar el Pleno Empleo Para alcanzar el pleno empleo la propuesta es actuar sobre las fuentes del mismo, con el fin de generar un mayor nivel de ocupación con calidad e inclusión efectiva de los jóvenes y las mujeres. En primer lugar, se realizará un fuerte incentivo al emprendimiento tal como lo concebimos en 1998, como uno de los principales motores del empleo de los jóvenes y de la economía en general. Como se menciona en apartado anterior sobre emprendimiento, la meta es consolidar como mínimo 800.000 empresas sostenibles en 4 años en todas las regiones del país, que sean competitivas y rentables en el largo plazo, mediante el desarrollo de programas y políticas de emprendimiento, fortalecimiento empresarial, acompañamiento e innovación. De esta manera, si se asume que se crean microempresas con 5 trabajadores en promedio, se estarían generando 4 millones de nuevos empleos. En segundo lugar, es indispensable promover el fortalecimiento del sector industrial y su consolidación como el principal generador de empleo de calidad. Es claro el panorama de desindustrialización por el que atraviesa el país: En el 2012 la industria representaba el 12% del PIB y creció tan solo 0,5%; hasta septiembre de 2013, 18 de las 48 ramas industriales (el 37,5%) habían caído durante 4 trimestres consecutivos, es decir, estaban en recesión; para el trimestre agosto-octubre de 2013, solo el 11,4% de la población ocupada se encontraba en la industria. Por lo tanto, la propuesta es aumentar de nuevo la participación de la industria en la economía y su crecimiento, actuando sobre sus principales problemáticas de costos y demanda, para incrementar así la participación de la misma en la generación de empleo. Una manera de incrementar el emprendimiento y la industrialización es mediante el aprovechamiento de las oportunidades de los Tratados de Libre Comercio - TLC ya firmados, con la identificación de los productos sobre los que cada región tiene potencial y que por lo tanto la industria aproveche para aumentar las exportaciones no tradicionales que traerían ingresos importantes al sector industrial, agroindustrial y de servicios. Regresaremos al esfuerzo realizados durante el periodo 1998-2002 para aumentar las exportaciones no tradicionales, que llegaron a representar el 55,7% del total exportado; mientras que en lo corrido de este año hasta agosto solo representaron el 29,5%. Por último, se deben incentivar también las industrias de servicios, y sobre todo las industrias creativas (economía naranja), que pueden ser un motor importante de las exportaciones, la innovación y el empleo. Según el BID, la economía naranja aporta 20 billones al PIB y genera 1.160.000 empleos. La propuesta es incentivar centros de innovación e industrias creativas de música, tecnología, conocimiento, teatro, diseño, software, artesanías y producción de audiovisuales que tengan una fuerte inversión privada y aporten a la creación de empleo.

Incentivaremos el emprendimiento, el fortalecimiento del sector industrial y las

industrias de servicios como principales fuentes de empleo de calidad. Fortaleceremos las industrias creativas que en este momento generan 1.160.000 empleos.

Salud para todos los colombianos La comparación entre niveles de gasto público de diferentes países de América Latina, conocidos por ser las economías más grandes e importantes de la región. Con excepción de Brasil, Colombia invierte un grueso importante de recursos en el aseguramiento a salud, y sin embargo, la población colombiana continúa inconforme con los servicios existentes (la mortalidad infantil es de 19 por cada 100 habitantes, la segunda más alta de la muestra), pues la clase media y la clase baja han resultado perjudicadas de los a través excesos cometidos bajo el modelo de aseguramiento en salud de empresas privadas, que bajo un esquema teórico de competencia, y con la menor regulación posible, desbordaron los recursos hacia el beneficio personal. Antes de la ley 100 se cubría el 74,3% de la atención médica de para los más ricos, y solo el 16% de los más pobres accedía a servicios médicos. Con la entrada en vigencia, y para el año 2012 el 92% de la población se encuentra asegurada. Las empresas intermediadoras tienen una deuda con la red pública de hospitales de $2,5 billones, con la red privada $2 billones y al sistema bancario casi $1,5 billones (Isaza, 2011). En Colombia, el Ministerio de Salud le reconoce en promedio a cada EPS la suma de $1.665 mensuales por paciente, para que cada empresa realice promoción y prevención de salud. Pero en el país, las EPS se quedan con $1.525, transfiriéndole al paciente únicamente $140. La Contraloría General se encuentra en el proceso de identificación de 59 EPS que estarían involucradas por la manipulación de medicamentos, en un desfalco que le habría costado al Estado por lo menos $32 mil millones. A finales del 2012, la Superintendente de Salud anunció que 16 EPS están bajo vigilancia especial, 13 intervenidas y seis en proceso de liquidación y que casi de la tercera parte de estas están en manos del ente de control, mientras que tiene otras 360 investigaciones en curso contra estas entidades.   

La inversión en salud como porcentaje del PIB es del 7,6% en el país frente al 9% de Brasil, 11,6% de Alemania y 17,9% de Estados Unidos. Existen 72 EPS: 48 en el régimen subsidiado y 24 en el régimen contributivo. La deuda actual del sistema asciende a $2 billones del gobierno y la EPS con hospitales y clínicas.

Total nacional: en el 2012 el 90,6% de la población colombiana se encontraba afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), lo que representó un incremento de 0,5 puntos 40

porcentuales con respecto a la afiliación reportada en la Encuesta de Calidad de Vida 2011 (90,1%). En la cabecera se presentó una disminución de 0,4 pp., al pasar del 90,9% en el año 2011 al 90,5% en el año 2012 y en el resto se observó un aumento de 3,5 pp., al registrar 91,1% para el año 2012 frente a 87,6% para el año 2011. Regiones: el mayor incremento de la cobertura del SGSSS se registró en la región Central, en donde el porcentaje de afiliación en el año 2012 alcanzó el 92,7%, 2,2 puntos por encima de lo registrado en el 2011 (90,5%). La región Atlántica presentó la menor cobertura del sistema (88,5%) según la Encuesta de Calidad de Vida 2012. Reforma a la Salud – Ley Estatutaria: La Corte Constitucional con las sentencias T-760 y C-463, ambas de 2008, ratificaron el derecho a la salud como fundamental y, si bien, reconozco que unas finanzas públicas claras y sanas son necesarias para emprender una tarea gubernamental eficiente, lo anterior no implica ir en detrimento de los derechos fundamentales. La discusión en torno a este criterio parte de la necesidad que tiene el Estado de garantizar el derecho a la salud sin ningún tipo de barrera de acceso, económica, social, cultural, entre otras; para tal fin debe asegurarse la existencia de recursos suficientes para alcanzar las metas ambiciosas y pertinentes de la nueva ley sin poner en peligro los recursos de la nación en un saco imposible de llenar. Reforma a la Salud – Ley Ordinaria: Hay cuatro problemas importantes que hacen necesario plantear una reforma de fondo a la Ley 100 de 1993. El primero tiene que ver con las barreras de acceso a los servicios de salud, en especial en los momentos de enfermedad. El segundo, con la falta de pago oportuno a los prestadores de los servicios de salud. El tercero, con el desvío y uso inadecuado de los recursos. Y el cuarto, con la necesidad de un modelo distinto de atención en zonas dispersas. La reforma a la salud trata principalmente seis elementos: 1. Entidad única de recaudo y afiliación: Salud-mía. 2. Plan de beneficios: Mi Plan. 3. Papel de las EPS tendrán tres opciones: i) se vuelven Gestores de Servicio de Salud, ii) Si hay alta integración vertical puede volverse Prestadores de Servicio de Salud. iii) Desaparecer, si no están interesados en el nuevo sistema o problemas financiaos actuales. 4. División por regiones. 5. Entes territoriales. 6. Reforzamiento de las funciones de inspección, vigilancia y sanción. Propuestas para que todos los colombianos tengan salud • La Ley Estatutaria debe asegurar que se genere el marco apropiado para que se dé un modelo consecuente para la financiación y acceso a la salud. Definiendo la salud como un derecho fundamental, y por lo cual el Estado debe garantizar su goce efectivo en todo momento. • La sostenibilidad fiscal debe tenerse en el panorama de las leyes, teniendo en cuenta dos factores: i) derecho a la salud, por lo que el criterio de sostenibilidad fiscal quedaría relegado; ii) política de formalización de empleo, y por extensión, aumento en la cotización al sistema. • La institucionalidad debe aumentar en los procesos de control y veeduría tanto en el manejo de los recursos como en la calidad del servicio prestado.

• El modelo que debe proponerse dentro de la reforma ordinaria, debe estar basado en fondos no competitivos administrados por el Estado o una entidad especial. Este modelo se propone luego de la experiencia del país donde los intermediarios tomaron gran control de la calidad y recursos del sector salud sin que se tradujera en bienestar para la población. Este modelo funciona fuera de un esquema de competencia entre las empresas que provén los servicios de salud. • La creación de entidades prestadoras de servicio donde los beneficios económicos no sean su razón de ser sino que tengan una fuente de servicio público, con financiación del Estado y con un redireccionamiento de los cuantiosos recursos de fondos privados y de ahorro para extender los beneficios a la población más vulnerable. • La financiación del sistema se dará a través de dos vías: i) a través de aportes de trabajadores que coticen a un esquema de aseguramiento, para lo cual se requiere un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo para ampliar la población ocupada dentro de la formalidad y, a su vez, cuenten con un esquema de afiliación de acuerdo a sus ingresos garantizando los mismos servicios que el resto de trabajadores. • Un segundo punto, es a través de las finanzas públicas, es decir, mejorar la utilización y la disponibilidad de los recursos existentes del sector, a través de un marco jurídico más expedito (mejor aplicación de las leyes: 1393 de 2010, 1438 de 2011, 1607 de 2012, y 1608 de 2013. • Debe haber perfecta unificación del hoy llamado POS entre los regímenes. La salud pública no debe generar desincentivos para su no vinculación debido a problemas de calidad en el servicio de salud, falta de infraestructura y carente formación médica. • Los profesionales de la salud con las agremiaciones pertinentes, el gobierno y la sociedad civil deben formular un plan de desarrollo del sector salud con objetivos claros, de la mano de la ley estatutaria y que sea coherente con el modelo financiero y operativo propuesto. El plan debe contener un conjunto de metas de salud pública, que se encarguen de determinar cómo operar las acciones de salud física, salud mental, salud ambiental, en las modalidades de prevención, promoción, curación, especialización. • Consolidar el Plan Decenal de Salud Pública, adelantada ya por el Ministerio de Salud, y que tenga carácter de ley, para trascender en los diferentes gobiernos un conjunto de metas que permita la reducción de riesgos epidemiológicos, salubridad, uso de sustancias, salud mental, ambiente y desarrollo social. • El Plan Decenal debe ser construido en apoyo de organizaciones médicas, el gobierno, agrupaciones de pacientes y un panel internacional que sirva como agente guía para la construcción de los objetivos de acuerdo a los éxitos y fracasos de políticas en otros países. • Trabajar en campañas de promoción y prevención de enfermedades definidas dentro de un comité especializado encabezado por el Ministerio de Salud y realizado de forma regional que sirva para: i) identificar las enfermedades y riesgos a la salud y la vida en comunidad en los diferentes departamentos; ii) crear soluciones acordes a las regiones detectadas. • El enfoque de los territorios es válido si se parte de las diferencias existentes del territorio y de las necesidades que hay en cada región, para trasladar a las poblaciones al mismo estado en el acceso y goce de los servicios de salud y que todos avancen en el mismo grado a través de características como la igualdad, equidad y solidaridad. Es decir, las personas accedan al 42

sistema de acuerdo a su capacidad de pago de manera progresiva, para que aquellos que más pueden pagar por servicios de salud cooperen con recursos para los que no cuentan con los ingresos suficientes. • Se deben asegurar un porcentaje de los recursos recaudados para la cofinanciación de la red hospitalaria nacional, aumentando la inversión en clínicas, hospitales, CAMI y centros de investigación.

Pensiones para proteger a nuestros mayores El actual sistema pensional del país cuenta con 1,64 millones de pensionados, siendo que en la actualidad 5,3 millones de personas que deberían acceder a este derecho. Menos del 30% de la población en edad de trabajar está en el sistema pensional y el costo asciende a $24 billones anuales. La población ocupada es de 20 millones de trabajadores, de los cuales sólo 6,5 millones cotizan a pensión, además, hay una tasa de informalidad de 14 millones de personas y 35 millones de personas en edad de trabajar. El lado del gasto que hace el Estado colombiano como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en las pensiones, el nivel está de alrededor de 3,5%. El Estado necesitaría $700 billones para cubrir la deuda pensional, cifra que supera el PIB, que según el Dane en 2011 llegó a $615 billones corrientes (ASOFONDOS). • La inequidad del sistema se explica, en gran parte en la actualidad, en que todas las mesadas en el Régimen de Prima Media (manejado por Colpensiones) reciben subsidio. Las pensiones más altas reciben más subsidio que las más bajas. • Otro aspecto inequitativo entre el Régimen de Ahorro Individual (RAI) y el de Prima Media, es que los afiliados están recibiendo pensiones diferentes, a causa de las variadas montos y las participaciones. • La tercera inequidad es que el Estado está gastando muchos recursos para pagar pensiones, debilitando otros rubros que podrían orientarse a rendimientos sociales más altos, como la educación o la salud. Edad de jubilación • La edad de pensión para Colombia es de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, una de las más bajas de Latinoamérica y del mundo. • A partir de 2014 la edad de jubilación subirá a 57 años para mujeres y 62 para hombres. • La tasa en el mundo más baja es la de Turquía, con 44 años para mujeres y 47 para hombres. • Países como Argentina, Brasil y Chile, los hombres deben cumplir 65 años y las mujeres 60 años, para pensionarse. • Estados Unidos, con una edad de 67 tanto para hombres como para mujeres, mientras que en Reino Unido ambos géneros deben cumplir 68 años.

Cinco razones del fallo 1. Bomba pensional: En diez años el país tendrá que destinar $467,2 billones para el pago de las mesadas a cargo del Estado. Los aportes de todos los colombianos no cubren el 40% de ese monto. 2. Inequidad: Permitía que unos pocos se jubilaran a los 55 años de edad y con 20 años de trabajo. Los demás colombianos se pensionan a los 60 o 62 con el 75% del promedio de los últimos 10 años cotizados. 3. Escándalos: Desde hace más de 20 años, la justicia viene investigando todo tipo de trampas para conseguir o aumentar la pensión. Casos como el de Foncolpuertos le costaron al país cerca de $1 billón. 4. ‘Carrusel’: Funcionarios y exfuncionarios de la Rama Judicial, entre ellos 9 magistrados auxiliares, aumentaron sus pensiones de $3 a $12 millones, trabajando solo unos meses en la Judicatura. 5. Desigualdad: Mientras que cerca de un millón de personas reciben pensiones de menos de $1 millón y medio, en la norma que se cayó se permitía que mil personas se ganaran más de $17 millones. Reforma pensional Los dos pilares de la Reforma Pensional propuesta por el Ministerio de Trabajo son: i) Una redistribución en los subsidios, y ii) la ampliación del número de cotizantes. El 86% de las contribuciones del Gobierno van a quienes devengan las pensiones más altas en el RPM; en cambio, en el Régimen de Ahorro Individual, el total de las subvenciones son para las pensiones más bajas. Las modificaciones serían retroactivas, ya que lo prohíbe el artículo 48 de la Constitución, al estipular que no se afectarán los derechos adquiridos de los hoy pensionados, sino a partir de la aprobación de la reforma. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, ha dicho que las pensiones altas sacrifican la posibilidad de entregar subsidios a más de 50.000 ancianos indigentes. Las recomendaciones propuestas apuntan en dos sentidos: aumentar la cobertura; y aliviar las cargas sobre las finanzas públicas. Dentro de estos ítems se proponen una serie de medidas que integradas podrán atacar la crisis existentes para los siguientes 6 años. Propuestas para el sistema pensional • Bajo un esquema de formalización activa, se espera que el aumento al sistema de pensiones se dé a través del RAIS, ya que produce dos sinergias: i) una rentabilidad como porcentaje de las 44

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cotizaciones, lo que resultaría en un aumento del volumen de la cotización; ii) el RPM está saturado y paga montos exorbitantes sus afiliados, por lo que se eliminarían cargas fiscales. El RPM debe cambiar de estructura debido a que las pensiones que paga están dependiendo de los subsidios del gobierno, del orden del 5% del PIB y no contribuye a la equidad del sistema, pues las pensiones más altas toman gran parte de esa financiación. El cambio propuesto plantea una modificación del esquema de subsidios para que se de forma progresiva entre los afiliados. Prohibir la entrada a nuevos afiliados para evitar el crecimiento de subsidios y la falta del cumplimiento de pilares como la solidaridad. Fortalecer la presencia de los fondos privados a través de mecanismos de acceso a este servicio con cotizaciones diferentes al salario mínimo. Así, debe crearse figuras para aquellas personas que ganan menos de un salario mínimo con tasas de reemplazo de 40%-60% (Fedesarrollo, 2012) del SML. Teniendo en cuenta que el subsidio cubriría a las personas mayores de 65 años, pertenecientes al Sisben 1 y 2 (para un total de 1.586.128 personas en 2008) y que el beneficio promedio sería el 50% SMLV, el costo del pilar solidario equivaldría entre 3,8$ billones y $6,1 billones de pesos anuales. Adicionalmente, los recursos que hoy se emplean para pagar los beneficios que reciben las personas mediante el RPM, serían utilizados para pagar el pilar solidario (adicionalmente a lo que se encuentra hoy ahorrado en el FSP, descontando los compromisos ya adquiridos allí). (Fedesarrollo, 2012). Aunque ya se han hecho esfuerzos por parte del gobierno nacional, las prestaciones económicas por debajo de la pensión mínima y permitir cotizaciones de pensiones por períodos trabajados inferiores a un mes, debe reglamentarse la legislación apropiada para hacerlos funcionales, como el mecanismo de BEP. En cuanto a este último modelo, debe crearse una institucionalidad más adecuada a los BEP, reglamentados bajo el Conpes 156 de 2012. De igual forma, este mecanismo debe funcionar como un alivio para las personas mientras acceden a la formalidad y alcanzan ingresos iguales o superiores a 1 SLM, para no generar incentivos perversos de quedarse en un esquema de subsidios. Los esquemas del pilar de ahorro individual obligatorio tendría un componente de impuestos puros sobre el trabajo menor al actual para la financiación de subsidios cruzados: un porcentaje mayor del aporte iría a la cuenta personal. Y el pilar de Ahorro Individual Voluntario, igual al que existe actualmente, debe funcionar para aquellos que desean ahorrar más para la vejez. Aumentar la edad de pensiones a una edad de 65 para hombres y 60 para mujeres dentro de los 4 años siguientes, con un régimen de transición que proteja los criterios de aquellos que ya están cerca de la pensión, y con un esquema de diferenciación para los que ya están en el sistema en una fase avanzada para evitar malestares sociales. La edad de pensiones debe aumentarse en 6 meses cada 6 meses para alcanzar la meta, generando ahorros periódicos de 0.5% del PIB anual (Anif, 2013). Ajustar las tasas de remplazo de acuerdo a los regímenes: para el RPM se propone una reducción gradual de la tasa de reemplazo que otorga el régimen de tal forma que la pensión obtenida responda a las aportaciones realizadas durante la etapa activa y no implique un 45

subsidio estatal con los costes que acarrea el mismo sobre las finanzas públicas. La reducción sería en la tasa básica al disminuirla del 65% actual al 50% hacia el año 2025. La gradualidad debería ser de forma que las prestaciones cambien cada 5 años a partir de 2015 (BBVA, 2012). • Para el RAIS la tasa de remplazo debe ir de la mano con las decisiones de los agentes entre decidir si cotiza más años (20 – 25 - 30) y de sus aportes voluntarios en una cantidad superior al 11,5%. • El Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) debe permitir que aquellos que estén cercanos al umbral de 1SML cuenten con esquema de beneficios, pues en el tiempo aquellos que cotizan al sistema con menos de 1SML no pueden acceder a los retornos hechos al FGPM. Esta medida va de la mano con la mejora en los niveles de salario para cerrar la brecha entre los cotizantes. • En el RAIS, es necesaria una reforma paramétrica al esquema de cobro vigente en la prima de seguro así como a la definición técnica de la fecha del siniestro por invalidez. El cobro de la prima de seguro que en la actualidad se hace sobre las aportaciones mensuales debería realizarse sobre los saldos de la cuenta individual. Esto con el fin de no generar el desincentivo que existe para los cotizantes regulares cuando pagan una prima más alta para compensar las bajas densidades de cotización (BBVA, 2012).

Otros temas relevantes para la PAZ y Competitividad de Colombia

No cabe duda de que debemos pensar en soluciones para cada uno de los aspectos que afectan a la población colombiana, y en los que existe algún tipo de rezago. Por lo tanto, no queremos dejar de mencionar la importancia que revisten algunos de las áreas en las que nuestro proyecto se encuentra en construcción: Ciudades innovadoras con viviendas para todos Discapacidad Etnias y minorías

IV.

Instituciones para la PAZ

Seguridad ciudadana y defensa como pilares para la PAZ La seguridad de los colombianos es un asunto que compete al Estado de manera integral, no sólo al Ministerio de Defensa y a la fuerza pública, así lo escribí en el documento de presentación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática en mi calidad de Ministra de la Defensa Nacional en el año 2002. Esta premisa, que tenía particular importancia ese año, sigue teniendo vigencia. La seguridad es un concepto integral que no se limita exclusivamente al ejercicio del monopolio de la fuerza por parte del Estado. La responsabilidad que tenemos por la vida y las libertades de los colombianos de hoy y de mañana, nos hace entender el mandato ético de trabajar por una institucionalidad más eficaz que con verdaderas políticas de estado desarrolladas hacia el largo plazo y con una visión integral, complementaria y de colaboración armónica de las distintas ramas del poder, garantice la protección y libertades de todos los habitantes del territorio colombiano. Cuando hablamos de la protección de todos nuestros conciudadanos, nos referimos a un concepto amplio y ambicioso de la seguridad. Es la seguridad humana que garantice la seguridad física para la protección de la vida y libertad de todos los colombianos; que garantice la seguridad económica para el derecho al trabajo y un ingreso estable; la seguridad jurídica propia de un estado de derecho en el cual impere la ley y la justicia igual para todos; la seguridad social de los colombianos que les garantice salud y prevea su vejez y la garantía de una vida digna y la seguridad ambiental, que haga compatible el desarrollo económico y la explotación de nuestros recursos naturales con la sostenibilidad ambiental que garantice a las nuevas generaciones aire y agua puros y los elementos para vivir. Por ello no comparto una dirección exclusivamente militarista de la seguridad y por la misma razón, insistí siempre en que la visión integral del estado supone la presencia de la justicia, la salud, la educación, el desarrollo de la infraestructura y el desarrollo rural e industrial que garantice ese trabajo digno e ingresos para los colombianos que viven en todos los rincones de nuestro territorio. Los vacíos de presencia estatal en todos los rincones del territorio, siguen siendo parte del presente y motivo de la desesperanza de muchos de nuestros habitantes. El control eficaz del territorio no es suficiente con la presencia militar y de policía, sino sobre todo, con una sociedad civil empoderada que confía en sus instituciones democráticas porque percibe día a día, el mejoramiento de sus condiciones de vida. La adecuada protección del Estado contra los diferentes factores que amenazan la seguridad integral; es decir la protección contra la guerrilla, los reductos paramilitares, las bandas criminales, la delincuencia organizada, el narcotráfico, la pobreza, la corrupción, la ineficacia en la gestión del 47

estado, las tragedias ambientales por el cambio climático y cualquier riesgo que pueda haber en materia de defensa internacional ponen de presente la necesidad de que en nuestro país al hablar de seguridad tengamos presente también la noción de la defensa, en cuanto que una de las obligaciones fundamentales del estado de proteger la integridad del territorio y las instituciones democráticas. Nuestro compromiso con el fortalecimiento de las instituciones nos hace ver con preocupación más de 30 reformas constitucionales a partir de la constitución del 91 cuando supuestamente habíamos hecho un nuevo contrato social, integral y perdurable para el largo plazo. El permanente cambio constitucional no muestra precisamente un compromiso con el fortalecimiento de las instituciones sino un sello indeseable de personalismo que cada uno quiere dejar a su paso por el poder. Los que aprovechan el caos y la anarquía institucional como una ventaja estratégica para desplegar sus actividades ilegales a lo largo de todo el territorio, son los grupos terroristas que bien como reductos paramilitares o de guerrilla, en unidades pequeñas que hacen guerra de guerrillas o los grupos más amplios (que ya no las columnas móviles del pasado), pretenden enseñorearse en los lugares de su retaguardia tradicional y procuran conquistar otros nuevos lugares especialmente hacia el sur del país. Así mismo, la debilidad institucional y sobre todo la crisis de impunidad en la justicia, favorecen la actividad del narcotráfico y sus relaciones con el terrorismo y el crimen internacional, el hampa y la delincuencia común cada vez más organizadas y desafiantes de la convivencia segura en nuestros centros urbanos. Propuestas en temas de seguridad Por todo lo anterior, debemos hacer un compromiso hacia el verdadero rescate de nuestras instituciones de tal manera que la garantía de seguridad, justicia y desarrollo económico que genere trabajo digno para todos los colombianos sea el trípode en el cual debemos apoyar todo el engranaje para alcanzar la paz verdadera de Colombia. La sociedad colombiana por fortuna se identifica con sus militares y policías, pero sabemos que debe haber un proceso continuo de mejoramiento en la selección, en las escuelas de formación y sobre todo, en su compromiso con el respeto a los derechos humanos. La coordinación y operaciones conjuntas de las fuerzas militares y la policía que priorizamos en el diseño de nuestra seguridad democrática en el 2002 debe seguir siendo una de las ventajas estratégicas de nuestra fuerza pública. Por supuesto, ello implica una mejor calidad en los procesos de inteligencia humana y técnica y una mayor articulación con otras entidades del estado en especial la fiscalía y el poder judicial. No estoy de acuerdo con quienes salen a ofrecer como uno de los resultados positivos de las negociaciones en La Habana la reducción del presupuesto en defensa ni el gasto militar. Por supuesto debemos lograr transparencia y eficacia en el gasto, pero es necesario reconocer que el tamaño de la fuerza pública colombiana deberá mantenerse muy parecido a su tamaño actual así 48

termine el conflicto con las FARC, pues hay una tendencia muy grande a que la ubicación de nuestro país y la extensión y complejidad geográfica de su territorio siempre quieran aprovecharse por la ilegalidad. Habrá que efectuar por supuesto, una recomposición al interior de las fuerzas. Ello significa quizás aumentar el cuerpo de policías y ajustar el número de soldados especialmente porque ha llegado la hora de hacer un debate serio sobre el servicio militar obligatorio. No es ético que un país como Colombia, con una desigualdad social tan profunda, recargue la obligación de prestar servicio militar sobre las clases económicas menos pudientes. Son excepcionales los muchachos de estratos altos que cumplen con tal deber y debemos entender, la angustia que ello produce en las familias. Sin embargo, no se justifica esta diferencia que profundiza cada vez más la asimetría social y de oportunidades en nuestro país. Creo que debemos asumir con celeridad y determinación los cambios necesarios para la profesionalización de nuestra fuerza pública. Contar con más batallones que desarrollen un trabajo de cara a la comunidad y contribuyan a mejores resultados en materia de desarrollo. Ello quiere decir por ejemplo, más batallones de ingenieros militares, que a la vez que hacen presencia y control territorial, están contribuyendo al desarrollo y mayor generación de confianza en las comunidades más alejadas de los centros urbanos. Los ingenieros militares, las brigadas de comunicaciones, las de logística, el mantenimiento de ingenieros, los derechos humanos y tantas otras, son actividades de nuestras fuerzas que requieren un permanente contacto con la comunidad, legitiman más la actividad de la fuerza pública y generan un valor agregado importante para el desarrollo de esos núcleos poblacionales. El país tiene sin duda una deuda pendiente y muy grande con nuestros soldados y policías. Por ello estoy ansiosa de desarrollar los proyectos que dejé planteados como ministra de la defensa nacional para el bienestar y calidad de vida de la fuerza pública y brindar programas que permitan tener acceso a una vivienda digna, a la educación adecuada de sus familias Y el apoyo al desarrollo al familiar y económico de su núcleo. Debemos asumir temas tan complejos e importantes como el voto militar con el que cuentan los países más desarrollados en Europa, Norteamérica Y varios latinoamericanos. Ello no puede implicar la deliberación activa de la fuerza pública, pero si les reconocería la categoría de ciudadanos plenos con derechos plenos que puedan ejercer el sufragio e intervenir en las decisiones sobre cuál será el rumbo de la nación.

Con Justicia habrá PAZ No recuerdo ni un solo día de Colombia en PAZ. Como yo, millones de Colombianos tienen el mismo recuerdo. -Desde hace más de 50 años, Colombia ha vivido en un conflicto armado que además de lo prolongado, ha llevado al abandono de varias áreas de la justicia puesto que el 49

sistema está colapsado prácticamente con buena parte de los delitos derivados del conflicto y el narcotráfico. Pero también con la delincuencia común, la delincuencia de cuello blanco tanto en la contratación pública como en el sistema financiero. Todo esto quizás porque a la Justicia se llega para aplicar los efectos “correctivos” y hemos abandonado el modelo “preventivo”. Aunado a este problema, se encuentra la gran inoperancia de la justicia colombiana, cuyo nivel de impunidad según la Corporación Excelencia en la Justicia, puede llegar al 97%. Para la Comisión Colombiana de Juristas, los índices de impunidad son demasiado altos, señalando por ejemplo que en los casos de violencia contra sindicalistas, son investigados como delitos comunes y que la impunidad es del 97%, al igual que la violencia contra grupos minoritarios donde solo el 45% de los homicidios conocidos, están siendo investigados por las autoridades. Es grande la multiplicidad de actores entre infractores y víctimas (se calculan 5,5 millones de víctimas), lo que corresponde al 13% de la población, según cifras del Centro Internacional para la Justicia Transicional. A pesar de la existencia en 2011 de 70.134 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres y 130 mujeres asesinadas, solo se adelantan 8 investigaciones bajo la línea del feminicidio, generando una impunidad del 97,6% en esta clase de delitos. Hasta el año 2012, el ICBF había recuperado 5.052 niños desvinculados de grupos armados ilegales, pero solo existían a la fecha 2 sentencias judiciales que incluían el delito de reclutamiento ilícito. Al igual que en los casos de desaparición forzada donde el índice de impunidad está en el 98%. Siguiendo este panorama de impunidad en materia penal, en el que se evidencia que el problema de la denuncia pasa a un segundo plano y que cobra mayor importancia la capacidad investigativa de la justicia, a fin de poder esclarecer los crímenes por medio de una sentencia judicial, que lleve a la verdad de los hechos criminales. Muestra de la poca capacidad investigativa de las entidades encargadas de apoyar la justicia, es que a 2011 existían 23 fiscales de la Unidad de Fiscalías contra Desaparición y Desplazamiento, en el que cada fiscal lleva en promedio 1.356 casos, según cifras de la Comisión Colombiana de Juristas. Las unidades técnicas de apoyo a la fiscalía, son insuficientes para atender la demanda de denuncias penales que llegan diariamente a las unidades de la fiscalía, sin contar con la unidad de tutelas y acciones públicas que buscan el resarcimiento de un derecho fundamental. Todo esto, sin contar la multiplicidad de leyes sobre un mismo tema que incrementan el número de delitos y rebajan los beneficios jurídicos por colaboración con la justicia.

Propuestas para un mejor Sistema Judicial Fortalecimiento de los entes investigativos: queda claro con el diagnostico anterior que la capacidad de los entes investigativos y de la rama judicial, se ve desbordada, por lo cual es importante trabajar en el fortalecimiento de dichas instituciones, con la contratación, capacitación y efectivo mantenimiento de más fiscales e investigadores, que ayuden a desbordar el represamiento en la etapa de investigación. Control a la expedición de leyes: es importante que exista un control efectivo sobre la expedición de las leyes en materia penal, velando siempre por que se mejores los beneficios por colaboración, esto garantiza la reducción en el número de internos en las cárceles colombianas y se incentivaría la participación del implicado o indiciado dentro de la investigación a fin de bajar la impunidad y acortar los procesos investigativos y de juzgamiento. Dinamizar la etapa de juzgamiento: si bien es cierto la fiscalía y los entes investigadores pueden hacer un trabajo mejor ejecutado cuando se avance firmemente en su fortalecimiento, queda el problema fundamental de la etapa de juzgamiento a costa de la rama judicial. Es por ello, que es importante también evacuar rápidamente los despachos judiciales, incentivando la colaboración con la justicia, modificando las últimas normas penales que prácticamente eliminan los beneficios por aceptación de cargos y colaboración. Este incentivo se traduce en la rebaja de pena por información, al igual que premiar la reparación de las víctimas, lo que se traduciría en que menos procesos penales lleguen a Juicio, resolviendo los casos en menos de 6 meses. Creación de la Jurisdicción Constitucional: efectivamente uno de los pilares de la Constitución de 1991, es la oportunidad que se le da a cualquier persona de resarcir sus derechos, por intermedio de las acciones públicas, llámense tutela, acciones populares o de grupo, el problema fundamental de estas acciones, es que desbordan también la capacidad de los despachos judiciales, tribunales y de la misma Corte Constitucional. Es beneficioso para la ciudadanía que este tipo de acciones tengan un trámite sumario y preferente, pero es un retroceso para las demás jurisdicciones, cuando se impone que un juez tenga que fallar una acción en un tiempo muy corto, por encima de la resolución de los casos objeto de su jurisdicción que lleva a su cargo, es decir, el resolver estas acciones evita que los administradores de justicia hagan su trabajo efectivamente. Pero la solución no es restringir el uso de las acciones públicas como la tutela, pues es un mecanismo que garantiza el goce efectivo de los ciudadanos a sus derechos fundamentales; sino por el contrario, la solución se encuentra en la creación de los jueces y tribunales constitucionales, que se dediquen exclusivamente a fallar este tipo de acciones, con lo cual se descongestionan las otras jurisdicciones y se dinamizan la etapa de conocimiento por parte de los jueces, acortando notoriamente el tiempo en que se falla un proceso judicial, bajando los niveles de impunidad.

Política Exterior de Colombia

Me gustaría proponer al país la adopción e implementación de una política Exterior consensuada, de alto perfil y más comprehensiva. Quisiera que nuestra política exterior se base en los intereses de Colombia y en el respeto a los intereses de sus contrapartes. Por ello creo en el dialogo respetuoso y en el principio de la autodeterminación de los pueblos. Tengo la impresión que nuestra política exterior sigue tendencias y es reactiva adoleciendo del carácter estratégico que impone la política internacional y la economía con más de una centena de países, con más de una centena de organismos entre internacionales, regionales y subregionales y con las nuevas organizaciones no gubernamentales que marcan tendencias en el mundo globalizado de hoy, como el Foro Económico Mundial. De alguna manera Colombia ha invertido últimamente en dos frentes de la política exterior, en la política comercial y negociaciones internacionales de tratados de libre comercio y en la lucha contra el narcotráfico. No obstante, nuestra propia agenda interna nos obliga ampliar el espectro de la política exterior, incluyendo toda la política de cooperación internacional que no por ser de cooperación es automáticamente útil y bienvenida en el país. Por otra parte, en los últimos años, también hemos tenido una actitud defensiva, pero no por ello exitosa. El caso del fallo de la Haya sobre la reclamación de Nicaragua no dejo sino sinsabores. Este asunto, necesita ser atendido. Los colombianos reclaman acción y ofrezco actuar en este frente. Colombia necesita estar en el radar de las discusiones globales independientemente del Foro en donde estas se lleven a cabo, pero no para defenderse sino para expresar posiciones libres y buscar apoyos y consensos según sus intereses. Ante el sufrimiento del pueblo colombiano por cuenta de la política antinarcóticos, Colombia como país protagónico necesita estar presente en las discusiones sobre sustancias “ilícitas” y su comercio. Colombia tiene derecho a repensar este asunto e inclusive evaluar los resultados positivos o negativos del combate a la producción vs. el combate al consumo. Colombia tiene mucho que decir en todos los debates sobre preservación del medio ambiente, el cambio climático, la defensa de la amazonia y el conocimiento tradicional. La relación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es esencial en el devenir multilateral. De la ONU esperamos apoyo en temas fundamentales como el de derechos humanos en un plano de respeto a nuestra soberanía.

Negociaciones de paz con grupos al margen de la ley

No podemos aceptar el falso dilema de seguridad o paz, ni de justicia o paz. Un país que cuente con un proyecto de largo plazo para asegurar mejores condiciones de vida digna, libre y próspera para sus ciudadanos, sabe que se requieren instituciones que garanticen la vida, la seguridad y las libertades; así como un estado de derecho en el cual el imperio de la ley no esté en discusión sino que tenga una carácter universal e inequívoco en cuanto la ley es igual para todos y se debe acatar igual por todos. En la política de seguridad democrática, dejamos establecido que la eficacia de la misma permitiría el cierre político y definitivo del conflicto colombiano, de tal manera que dicha negociación brindara la garantía del monopolio del uso de las armas en cabeza del Estado y la terminación de la confrontación armada para abrirse espacios políticos o tener garantías de evolución socieconómica en nuestro país. La realidad de la confrontación armada que hemos sufrido, no se limita a la cuestión terrorista de las últimas décadas estimulada en parte por los dineros del narcotráfico,sino que debe reconocer que en algún momento tuvo un origen político. Es un deber moral con las futuras generaciones, dar terminación al conflicto colombiano, garantizando prioritariamente que no habrá de repetirse en el futuro la situación de desgarramiento y muertes que ha vivido nuestro país. La confrontación armada se puede solucionar, siempre y cuando exista verdadera voluntad política de la sociedad y verdadera decisión de los actores armados. Sin embargo debe asumirse esta decisión con realismo pues sería irresponsable desconocer el costo que significaría para el futuro de nuestra Nación, el llevar a cabo lo que queda del proceso de negociación -Ratificación con ingenuidad, ambigüedad o impunidad. Creo que el presidente Santos anticipó innecesariamente el inicio de conversaciones hace casi tres años y el de negociaciones hace un año y medio puesto que era fundamental continuar el debilitamiento de las FARC y ELN tanto por la vía militar, como por la vía judicial y especialmente cerrándoles las fuentes de ingresos económicos. No obstante, debemos aceptar que este proceso es ya una realidad y por ello, debemos procurar que concluya exitosamente. Por eso debe tener plazos y condiciones rigurosas. En cuanto al plazo, nada justifica que dicha negociación se prolongue más allá del inicio del próximo periodo presidencial a efectos de concentrar los esfuerzos del inicio de un nuevo gobierno en el análisis y debate de los textos concretos de lo que se ha negociado para proceder a su ratificación por el pueblo colombiano. Para continuar negociando, se debe exigir a las FARC suspender de inmediato el reclutamiento de niños; el uso de armas no convencionales y la ejecución en estado de indefensión, de los soldados heridos. Pedirle que entregue al gobierno los mapas de campos minados a efectos de hacer el desminado y evitar que día a día sigan cayendo colombianos mutilados en las zonas rurales. 53

Descentralización y fortaleza Institucional local para un país de regiones La descentralización permite, entre otras cosas, la especialización de las diferentes entidades territoriales en el eslabón del ordenamiento sobre el cual tienen una incidencia más directa, lo que, además de agilizar el proceso de planeación, permite tener en cuenta las especificidades de cada uno de los territorios. Aunque en Colombia la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial establece que “La Nación y las entidades territoriales ejercerán libremente sus funciones en materia de planificación con estricta sujeción a las atribuciones que a cada una de ellas se les haya específicamente asignado en la Constitución y la ley”, la descentralización en el territorio colombiano no ha sido establecida completamente, y no ha habido una construcción fuerte de municipalidad, es decir que todavía existen departamentos muy débiles (especialmente los pequeños y micros) con una frágil actividad productiva que no les permite obtener la capacidad financiera para pensar en procesos autónomos reales, o en otras palabras, para basar su desarrollo en estrategias locales que le permitan la generación de rentas propias y no en las transferencias. Queremos proponer que la descentralización no solo se piense como el traslado de funciones y competencias del nivel central hacia el nivel local sin tener en cuenta si estas realmente se adaptan a las necesidades locales. Debemos buscar ante todo la generación de dinámicas locales autonómicas, que los gobiernos locales tengan una incidencia real sobre su territorio, una mayor influencia sobre los procesos productivos y los recursos. Estos elementos pueden ayudar a conformar municipalidades más fuertes que realmente puedan aprovechar los beneficios de la descentralización. Debido a la importancia que reviste este capítulo para el desarrollo institucional colombiano, vale la pena mencionar que se encuentra en construcción en nuestro proyecto.

Calidad de vida y valores que contribuyan a la PAZ

Familia como pilar de la sociedad Se requiere que dejemos de usar a la familia como un comodín en el discurso y entendamos que todas nuestras políticas deben propender por apoyar a las familias colombianas. Sin embargo, esto debe hacerse con consciencia sobre la diversidad de familias que hay hoy en día: familias nucleares, familias extendidas, madres y padres solteros y sus hijos y parejas que tomaron la decisión de no tener hijos. La importancia de apostar por la familia está en el papel que cumple esta última en la sociedad, ya que es el mejor entorno de humanización, donde se cuida y valora la vida de cada ser humano; es donde se desarrolla la interioridad de la persona; se construyen y enseñan los verdaderos valores y virtudes; se aprenden los criterios y las normas de convivencia básicas para el desarrollo y bienestar de sus propios miembros y para la construcción de la sociedad; es donde se aprenden a armonizar los derechos individuales con las demás exigencias de la vida social, es decir, la familia es generadora de capital social; es además un apoyo fundamental en los momentos de crisis físicas, psicológicas y económicas de cada uno de sus miembros. Es así como la familia debe ser una preocupación permanente y presente en todos los ámbitos de definición de política pública. Los emprendimientos que cuentan con el soporte de una red amplia e involucran a la familia entera tienen probabilidades más altas de sobrevivir, tal como lo ha mostrado reiteradamente los datos del GEM. Los subsidios que se otorgan pensando en la familia y no solo en individuos, tienen más impacto en la disminución de la pobreza, tal como lo han demostrado los programas de subsidios dirigidos para la superación de la pobreza extrema en Brasil. Las familias fuertes y unidas son la barrera más poderosa que tenemos para evitar el reclutamiento por parte de los grupos armados al margen de la ley. Pensar en la familia como núcleo va a garantizar que nuestras políticas tengan un mayor impacto en construir una Colombia empoderada, productiva y preparada para el futuro. Propuestas para la familia como pilar Además de lo mencionado proponemos la creación del Ministerio de la Familia, dada la importancia que reviste el planteamiento de programas y estrategias para consolidar a la familia como núcleo de la sociedad. Se requiere además una Ley de Familia que proteja esta última y defina un marco de referencia para plantear e implementar políticas dirigidas hacia la familia en dos sentidos: i) políticas familiares estructurales, que tienen como objetivo crear un ambiente favorable para el desarrollo de las familias, tanto en lo socioeconómico, como en lo cultural y en el plano de la comunicación, integrando los distintos ámbitos de desarrollo laboral, familiar y personal, y ii) políticas 55

asistenciales por un tiempo limitado, con el objetivo de ayudar a las familias en momentos de crisis y corregir las desigualdades. Proponemos además la construcción de un Plan Integral de Apoyo a la Familia que permita la implementación de medidas de largo plazo para la protección y fortalecimiento de la misma, y que incluya programas de mediación para la resolución de conflictos al interior de las familias con el fin de evitar su ruptura. Planteamos también la formación en valores como la honestidad, la solidaridad, la lealtad, el respeto, la responsabilidad y la tolerancia, desde: i) las instituciones educativas, mediante la inclusión de espacios para este fin en los currículos; ii) los medios de comunicación, a través de programación educativa en los canales privados y públicos, iii) espacios de formación cultural para todos los ciudadanos con un enfoque hacía los valores; y iv) el núcleo familiar como principal constructor de valores.

Es importante que veamos a la mujer como elemento esencial de la familia, por lo que es esencial propender por la protección de sus derechos, otorgarle capacitación para actividades de emprendimiento y plantear programas de educación que permitan reducir drásticamente los embarazos adolescentes. Por último, la violencia intrafamiliar es inaceptable en cualquiera de sus formas, por lo tanto proponemos un mayor control sobre este flagelo que no permite que la familia cumpla con su función social de espacio de formación.

Cultura para la inclusión y la PAZ Desde 1991, Colombia identificó la necesidad de proteger la cultura material e inmaterial de todos los pueblos que habitan en el territorio, -no sólo uno- dando a entender que es en la diferencia lo que nos hace semejantes como nación y esa diversidad únicos ante el mundo. Desde está lógica se ha actuado en las últimas décadas en planes de salvaguardia de las culturas y se ha priorizado en rescatar, documentar y promocionar algunos grupos étnicos como las negritudes, los indígenas, y los raizales. Se ha fomentado además, el concepto de industria cultural pero con resultados negativos: una débil industria del cine, y el mismo panorama para la musical, la plástica, las artes vivas, etc. No obstante, la lógica de la planeación cultural ha olvidado fomentar la construcción paralela de ciudad y ciudadanía cultural. Proponemos invertir en investigación, documentación y socialización del patrimonio material e inmaterial cultural de todos los pueblos colombianos y fortalecer las actividades de divulgación, promoción y formación de público en todos los espacios públicos de las ciudades y entre las ciudadanías culturales de forma trasversal.

Entendemos que al momento de la construcción del plan nacional de cultura, que debemos propender por la recuperación de los valores nacionales; volver a sentir la capacidad de asombro por la Colombia que se vive en éste presente, la que se recuerda en retrospectiva y la que se sueña. Volver a pensarnos desde el concepto base de la sociedad: la familia. Reconocer en el vecino la consciencia de lo colectivo, lo que hace de todo ese conjunto de memoria, sueños, recuerdos, vivencias, vida; el patrimonio de lo que significa hoy Colombia para los colombianos. Una casa, un parque, un edificio, una calle, una fotografía, una historia, un personaje, una semilla, un destino, una escultura, una palabra, una aroma, un sabor, un paisaje, una textura, un sonido, un recuerdo, un álbum de familia, una receta, un concepto de familia, una idea de ciudad pueden hacer parte de ese universo desconocido que un día fue muy importante para el presente de Colombia (memoria), hoy es la historia de lo vivido, y es una mirada de lo que somos como colombianos. Es por eso que la propuesta de la planeación cultural debe tener como objetivo entender las relaciones sociales y culturales de miles de personas para luego evidenciar todos esos tópicos en la historia que los hacen únicos, semejantes y diversos en la misma diferencia con los otros: es el reto a la hora de planificar la promoción y la salvaguardia cultural de los pueblos e intenta formar un público sobre esto. Así, lucharemos por: 1. Un Estado que fomente y estimule las capacidades creativas de la población como base del diálogo, el intercambio, la participación y como expresión de libre pensamiento. 2. Una Nación que establezca mecanismos especiales para fomentar y estimular la creación cultural en sus diversas manifestaciones, incluyendo la artística y la científica. 3. Un país que estimula y fomenta la investigación de los procesos culturales según las siguientes consideraciones: • •

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Respaldar el estudio conceptual que enriquezca la motivación, la explicación y la potenciación de los procesos culturales endógenos. Fomentar el estudio del patrimonio, las tradiciones culturales, la historia, y las nuevas tendencias político-culturales como el postconflicto que se generen en el país, en Latinoamérica, y en el mundo en todos los niveles del conocimiento y los procesos destinados a formular proyectos de transformación sociocultural y a evaluar los aportes de los procesos de intervención cultural. Estimular la creación y el desarrollo de cooperativas y empresas culturales, que se orienten a la creación y el fortalecimiento de un mercado nacional de bienes y servicios culturales, así como efectuar las diligencias para su inserción en el mercado internacional en cumplimiento de los fines del Estado y garantizando la protección de la marca a los pueblos que le pertenece, eliminando el concepto de monopolio que maneja la industria cultural actualmente en el país.

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Fomentar y estimular diversos procesos educativos mediante la educación estética dirigida a los objetivos del enriquecimiento de la personalidad individual y colectiva, y de una mejor observación, apreciación y valoración del arte. En el proceso educativo el conocimiento de nuestras riquezas naturales, del proceso geopolítico y su incidencia en la integridad y soberanía nacionales.

Una sociedad que incluya a la mujer y los jóvenes La mujer aún tiene menor participación en el mercado laboral que los hombres, como lo muestran la Tasa Global de Participación y la Tasa de Ocupación para el trimestre agosto-octubre de 2013. Por su parte, la tasa de desempleo en el caso de las mujeres (11,3%) supera incluso la del nivel nacional (8,7%). Asimismo, es mayor el porcentaje de mujeres (8,2%) que tienen un trabajo familiar sin remuneración (los hombres 4%) y los hombres ocupan en una mayor proporción (5,8%) que las mujeres (2,9%) los cargos de patrón o empleador. Mercado laboral para hombres y mujeres (Agosto-Octubre de 2013) Hombres Mujeres Total Nacional Tasa Global de Participación 75,1% 54,9% 64,8% Tasa de Ocupación 70,1% 48,7% 59,2% Tasa de Desempleo 6,6% 11,3% 8,7% Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares Un informe del Dane para 2011 muestra que a pesar de que las mujeres presentan una carga laboral total de 67 horas en promedio, superior a la de los hombres en 10 horas, estos últimos trabajan más horas remuneradas (49) que las mujeres (39). Asimismo, el ingreso de los hombres se mantuvo por encima del de las mujeres durante casi todo el período 2007-2011, y en 2011 el ingreso de las mujeres como proporción del ingreso de los hombres fue cercano al 81%. Es decir, que en materia de ingresos persiste el desequilibrio. Ahora bien, al observar indicadores de emprendimiento publicados en el Global Entrepreneurship Monitor 2012 Women’s Report, es posible ver que en Colombia el 18% de las mujeres fueron emprendedoras (frente a un 23% de hombres), uno de los niveles más altos en América Latina, aunque el país es superado por Chile (19%) y Ecuador (27%). En materia política, para el período de gobierno 2010-2014 solo el 15,8% de los Senadores y el 9,4% de los Gobernadores son mujeres. A esto se suma, que la Ley de Cuotas que establece que al menos 30% de los cargos en niveles decisorios del Estado deben ser ocupados por mujeres, no está siendo cumplida por la totalidad de las entidades públicas8, de hecho el 30% que se supone que es un piso mínimo de mujeres en altos cargos ha pasado a ser un techo que rara vez es superado de manera importante. 8

De las 12 entidades analizadas por algunas ONG, tanto del nivel central como del descentralizado directo, solo 5 entidades cumplen con la cuota; de las restantes, 4 no cuentan con ninguna mujer y las otras tres se encuentran por debajo del 30%.

En cuanto a los jóvenes, la inclusión en materia económica está siendo limitada por la reducida demanda laboral, como lo demuestra la elevada tasa de desempleo juvenil que para el trimestre de agosto a octubre de 2013 registró un valor de 14,8%, es decir que estuvo 6,1 puntos por encima de la tasa de desempleo a nivel nacional (8,7%), y también es superior al regional, que bordea el 13% según cifras de la OIT. Además, muchos de los jóvenes que encuentran un empleo al poco tiempo de graduarse lo hacen bajo condiciones de inestabilidad, ya que según cifras del Ministerio de Educación solo el 49% de los egresados están vinculados a través de contratos a término indefinido. Otra de las formas en las que los jóvenes empiezan a tener dinámicas de inclusión en la economía y la sociedad es mediante la educación, no obstante, solo el 17% de los bachilleres graduados en 2012 lograron acceder a la educación superior. De igual forma, hay una baja participación política de los jóvenes, como lo demuestra la Encuesta de Cultura Política realizada por el Dane, ya que el 72,8% de los jóvenes (18 a 25 años) a los que se aplicó la encuesta afirmó no pertenecer a ninguna organización política, religiosa o social. Además, el 58,4% de los jóvenes encuestados consideran que Colombia es un país medianamente democrático, es decir que son escépticos ante la existencia de un verdadero sistema democrático en el país, y no votan en su mayoría porque no han inscrito la cédula o por la desconfianza en los candidatos y la política. Propuestas para la inclusión de la mujer y los jóvenes Según el Banco Mundial “Reducir las brechas de oportunidades entre hombres y mujeres permitirá reducir las diferencias de productividad entre el 33% y el 50%, y aumentará la producción por trabajador o trabajadora entre un 3% y un 25%”. De aquí la importancia de equilibrar las oportunidades e incluir a las mujeres en las dinámicas sociales y económicas. En términos de empleo, la propuesta es implementar políticas con énfasis en la flexibilidad laboral para las mujeres, tales como regulaciones sobre la licencia de maternidad y la prestación de servicios de cuidado infantil que faciliten a las mujeres el cuidado de sus hijos, o contratos de trabajo que permitan ausencias flexibles y el trabajo a tiempo parcial (medio tiempo) o teletrabajo (trabajo a distancia). Esto con el fin de ayudar a balancear las demandas impuestas por el trabajo y la vida familiar, y lograr una mayor participación de la mujer en el mercado laboral. De igual forma, se propone establecer programas de formación en las organizaciones para que en los procesos de contratación y promoción se eliminen los sesgos hacia los hombres y se aumente el número de mujeres en los cargos de dirección y liderazgo. Es importante garantizar un número mínimo de mujeres en las Juntas Directivas y en los comités ejecutivos de las empresas. Otra propuesta es establecer un programa de acompañamiento y de formación a las mujeres emprendedoras que se dirija a potencializar las capacidades de las mismas y a dar asesoría especialmente en las primeras etapas del negocio, que es donde se presenta una mayor dificultad.

Es indispensable promover un acceso igualitario a los partido políticos y el efectivo cumplimento de la ley de cuotas, pero también programas de formación y campañas que incentiven a las entidades públicas a valorar las diferencias de género e incluir a más mujeres en sus cargos. Por último, se propone establecer programas dirigidos especialmente a la mujer rural, a aumentar su nivel de escolaridad, controlar las tasas de fecundidad, aumentar su participación en los procesos productivos y las actividades remuneradas, e incrementar su acceso a los medios de producción como la tierra, el crédito y los servicios de extensión. En cuanto a los jóvenes, algunas propuestas para aumentar el nivel de empleo juvenil basadas en recomendaciones de la OIT son: implementar sitios digitalizados u oficinas eficientes que brinden a los jóvenes información sobre los empleos disponibles; promover los programas educativos que estén acordes con las demandas laborales del país para lograr una efectiva articulación de los jóvenes al mercado laboral; incrementar los sistemas de pasantías para consolidar la formación profesional de los jóvenes en las empresas y el sector público y facilitar la transición educacióntrabajo; apoyar el emprendimiento de los jóvenes a través de sistemas de micro crédito y programas de incubadoras de empresas. De igual forma, es importante aumentar las oportunidades de educación superior mediante el fortalecimiento financiero de las instituciones de educación superior públicas, programas de financiamiento para que los bachilleres puedan acceder con facilidad a educación superior de alta calidad y sistemas de becas. Por último, es indispensable fortalecer la educación política desde los niveles de primaria, así como la implementación de programas dirigidos a la formación política de los niños y jóvenes, mostrando la importancia de su participación en los debates y las dinámicas de la sociedad.

Otros temas importantes en nuestro proyecto de país

No podemos dejar de lado otros temas que revisten gran importancia para nuestro proyecto de país, y que incluyen el deporte como elemento necesario en el desarrollo integral del ser humano, un medio ambiente adecuado para las generaciones presentes y futuras, la primera infancia y la tercera edad como etapas que requieren de unas condiciones especiales, y la defensa de los derechos humanos como elemento esencial para una vida digna. Por lo tanto, se encuentran en construcción las propuestas en estos temas:

Deporte para el desarrollo integral del ser humano Un medio ambiente para las generaciones presentes y futuras FormaciĂłn desde la primera infancia Vejez con una vida digna Derechos humanos para la dignidad

Como seĂąalamos al inicio, los anteriores apuntes de nuestro programa de Gobierno se complementarĂĄn con el programa que apruebe el partido conservador y con el desarrollo posterior que se haga por parte del equipo de Programa de la campaĂąa.

IV. Nuestra invitación Este documento es sobre todo una invitación para que consturyamos una hoja de ruta que nos lleve a la construcción de un país de personas empoderadas, dueñas de su destino y con oportunidades reales para todos podamos emprender el camino con el que soñamos. Por favor envíen sus comentarios a programa@martaluciaramirez.com para que entre todos podamos convertir estas anotaciones en una realidad.