NUEVA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA Marta Lucía Ramírez1 A propósito del lanzamiento de la nueva política de seguridad del gobierno nacional, hay que reconocer que recoge en buena parte los elementos más destacados de la política de seguridad democrática del Gobierno anterior. Partiendo de importantes logros en materias como reducción del narcotráfico, cultivos ilícitos, secuestros, desmovilización de grupos ilegales, entre otros, la nueva política tiene la difícil tarea de mantener lo hecho en desarrollo de la política anterior y concretar lo que quedo pendiente, en un ambiente de inseguridad que le ha costado no pocos cuestionamientos al desempeño del gobierno y en especial del ministro de la defensa. Con metas tan ambiciosas como llevar a un mínimo histórico la producción nacional de narcóticos, desarticular los grupos armados ilegales, restaurar la seguridad ciudadana, avanzar hacia un sistema de capacidades disuasivas creíble y fortalecer la institucionalidad, entre otras, la tarea por delante es titánica, y más si se suma a los retos políticos que dejan hechos como los falsos positivos o la violación de los niños de Tame, que implican para las instituciones del sector la necesidad de un refuerzo institucional muy importante y enfocado en el respeto de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y buenas prácticas institucionales. Con la adopción de una serie de medidas tendientes a fortalecer a las instituciones de seguridad del estado, anunciadas por el ministro en el marco de la presentación de la política de seguridad, se espera una mejora en el tema de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y administración de justicia, a partir de la formación de instituciones e implementación de herramientas que permitan la agilización y optimización del aparato estatal en materia de la correcta realización de operativos militares y policiacos, seguimiento de quejas y acompañamiento de procesos
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Con la colaboración de Felipe Ramírez
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disciplinarios y penales por parte de garantes y tecnificación de los funcionarios que se desenvuelven en este ámbito. Como resultado de este esfuerzo se espera dar respuesta a los casos de atentados contra los derechos humanos por miembros de la fuerza pública, faltas al DIH, la deslegitimación de la jurisdicción penal militar y los demás casos de irregularidades que se han presentado. Con la implementación de estos ajustes a la política de seguridad del estado, esperamos que aunado al alcance de objetivos militares, podamos alcanzar las metas propuestas en fortalecimiento institucional y actuar en el marco del respeto por los derechos humanos que demanda la sociedad de sus fuerzas militares y de policía, como elemento fundamental para el desarrollo social del país y la superación definitiva de los flagelos asociados al conflicto armado.
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