“Un Gobierno responsable no hubiese permitido que el carbón afectara a veredas del Cesar”: Marta Lucía Ramírez La precandidata presidencial se refirió a la situación que afecta a las veredas de Boquerón, El Hatillo y Plan Bonito, de cuya problemática “el gobierno no se ha hecho cargo”, dijo. Bogotá, D.C., 27 de junio de 2013.- Actualmente hay 7 proyectos mineros y 5 empresas multinacionales desarrollando la labor de explotación en nombre del Cesar, lo más complejo del asunto es que, además de la invasión, dicha actividad ha afectado los terrenos, pues ya no es posible cultivar. Añadió que “mientras la misión de las empresas es generar riqueza, la obligación del Gobierno es hacer compatible el desarrollo económico con la vida de las personas. Hay que avanzar en un modelo de explotación minera sostenible, que conjugue crecimiento económico con respeto medioambiental, para lo cual es fundamental establecer criterios estrictos de responsabilidad ambiental. Tomarse en serio el desarrollo industrial del país requiere reducir los riesgos que puedan afectar las condiciones de vida de la gente.” Las industrias responsables de la explotación están en la obligación de reasentar a estas tres veredas, pero los resultados han sido infructuosos, entre otras cosas, “porque el Gobierno no ha hecho el seguimiento adecuado a los movimientos de tierra, lo cual ha dejado a estas comunidades totalmente expuestas”, señaló Marta Lucía Ramírez. “La situación en el Cesar demuestra que la ilusión de prosperidad de hace 20 años, cuando inició la explotación de carbón en la zona, es hoy un drama humano”, expresó la exministra de Defensa. Para Marta Lucía Ramírez es evidente que en ocasiones se deben tomar decisiones drásticas de hacer reasentamientos siempre y cuando se lleven a cabo procesos voluntarios, transparentes, sostenibles hacia el futuro, planeados y consensuados con la comunidad que se reasienta y con las comunidades receptoras. “Lo que no es claro es cómo el Gobierno piensa garantizar la reubicación de esas personas, cuando después de 3 años, no lo ha hecho con los habitantes de Gramalote”. “Un país que se respete a sí mismo –dijo- no puede permitir que los habitantes de El Hatillo, Boquerón y Plan Bonito sean desplazados de sus hogares para continuar la explotación del carbón, sin que se les ofrezcan soluciones dignas, pertinentes y realizables”. Por lo anterior, hizo un llamado a tener en cuenta los altos estándares ambientales que tanto EEUU como la UE exigen a sus compañías en sus propios territorios, así como los que exigirá a las exportaciones de carbón de Colombia y pidió a las instituciones la
identificación pronta de lugares vulnerables en todo el territorio nacional para la explotación minera, “de tal manera que se empiecen con anticipación los planes de reasentamiento necesarios porque se trata del proyecto de vida de muchas personas que merecen una respuesta”. Además, fue enfática en señalar que siempre ha creído en el fortalecimiento de la industria y en la conveniencia de la inversión extranjera para Colombia, porque genera crecimiento, empleo y desarrollo, “pero hay que salvaguardar la vida, la sostenibilidad ambiental, el futuro de los colombianos y la dignidad de las personas”, sostuvo. Finalmente, la precandidata presidencial remarcó que el Partido Conservador ha sido defensor del medio ambiente y por ello lo incluyó como derecho en la Constitución del 91. “Debemos encontrar el equilibrio entre desarrollo económico sostenible ambientalmente y condiciones de estabilidad para la inversión extranjera”, dijo