LA SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL Y EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA Sofía Ríos Fernando Giraldo Partido Comunista Colombiano Clandestino Frente Urbano y Rural Jacobo Arenas FURJA
El desarrollo de los diálogos entre FARC-EP y el gobierno nacional en La Habana (Cuba) para allanar una serie de respuestas a problemáticas de tipo social, económico, cultural y político que padece el país, ha despertado el interés por parte de múltiples actores sociales en Colombia y a nivel internacional, pues constituyen sin duda alguna, una nueva posibilidad de implementar una serie de transformaciones al Estado que permitan avanzar en el camino de la reconciliación y la reconstrucción nacional. Movimientos sociales, partidos de izquierda, expresiones progresistas y democráticas, sectores académicos y múltiples organizaciones sociales y populares que en la última década defendido las banderas de la paz con justicia social, han manifestado su apoyo a través de acciones concretas, como la movilización social del pasado 9 de abril. La cual constituye la expresión más reciente del clamor popular por la paz con justicia social. Este respaldo popular se acrecienta con optimismo en grupos sociales que han sido maltratados por la acción guerrerista y la intensidad del conflicto armado colombiano en las últimas décadas. Los presos políticos imputados o condenados en las cárceles del país; exiliados y refugiados en el exterior; los campesinos despojados por el accionar de grupos paramilitares y megaproyectos extractivistas; las familias de los desaparecidos y víctimas de las ejecuciones extrajudiciales; las poblaciones periféricas de la Colombia profunda así como la mayoría de colombianos, afirman su deseo e ilusión de vivir en un país, en un territorio de paz con justicia social en el que el interés colectivo y altruista prime sobre la acción de un Estado transformado. Sin embargo es necesario objetivar dicho anhelo y apreciar las condiciones actuales del campo político colombiano para develar como el actual gobierno nacional no está interesado en aplicar una serie de transformaciones necesarias en sus estructuras que garanticen el retorno del pueblo en armas al campo político institucional. En este artículo mencionaremos algunos elementos que dan cuenta de esta situación política actual de país. A la luz de aspectos sustanciales como son los megaproyectos, el paramilitarismo y la política internacional pretendemos poner al descubierto el talante del gobierno de Santos y su real interés en la mesa de conversaciones de la Habana.
Megaproyectos y extensión del extractivismo
Mina de explotación de oro. Marmato Caldas En el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera, suscrito entre las FARC EP y el Gobierno Nacional, se estableció como primer punto de discusiones la política de desarrollo agrario integral, para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país. El tema de la tierra y el desarrollo agrario, sumado a la violencia estatal y el cierre del juego político, ha sido una de las principales problemáticas que generó el alzamiento en armas en la década de 1950 por parte de los campesinos, así como la multiplicación y consolidación de grupos insurgentes desde la década de 1960. La aparición de las FARC-EP y su Programa Agrario Guerrillero de 1964 dan cuenta de esa lucha campesina que se ha ido consolidando como proyecto político y militar a nivel nacional. En Colombia actualmente la tierra continua un proceso ascendente de concentración con un índice de Gini de 0,875 (PNUND, 2011), ubicándose como uno de los países con mayor desigualdad en la tenencia de la tierra. Lo que pone de relieve la aguda situación del campo colombiano y a su vez, la legítima y justa resistencia del pueblo en armas por un país con tierra para el que la trabaja. A finales de mayo del presente año, desde La Habana se anunció que las delegaciones de las FARCEP y el Gobierno Nacional pasarían al segundo punto de la agenda pactada asociado al tema de la
participación política. Pero se reiteró por parte de las FARC-EP que aún quedaban asuntos pendientes del primer punto asociados principalmente con la minería y el latifundio. El impulso de la minería hace parte de las políticas centrales de desarrollo que ha definido el gobierno de Santos, dándole continuidad al proceso de flexibilidad normativa (Ley 685 de 2001; Ley 1382 de 2010), iniciado a comienzos de la década del 2000. Lo que implica mayores beneficios a la minería transnacional a gran escala a la vez que se ilegaliza la pequeña minería y/o minera artesanal. En el actual Plan de Desarrollo Minero se establece que “en el año 2019 la industria minera colombiana será una de las más importantes del continente y habrá ampliado significativamente su participación en la economía Nacional”. Solo entre 2002 y 2009 las concesiones en zonas de paramo pasaron de 77.000 a 122.000 hectáreas y el área titulada para la explotación minera pasó de 1 millón a 8.5 millones. La minería como eje de desarrollo para el gobierno de Santos se traduce en la prolongación de un modelo basado en la extracción de los recursos naturales no renovables que dejan fuertes impactos para la nación. Actualmente cerca del 40% del territorio nacional se encuentra solicitado por compañías para la explotación minera. Ello implica la ocupación del territorio; el desplazamiento forzado de comunidades; así como la construcción de infraestructura para el transporte de la minera (ferrocarriles, helipuertos, carretas privadas) que poco o nada le sirve a las comunidades. En materia económica esta actividad no genera ni el 1% de empleo, sumado a que las compañías pagan muy bajos impuestos y regalías. El caso de Cerro Matoso evidencia esta situación, a la cual el gobierno le acaba de renovar la licencia por 40 años más. Desplazamiento, rompimiento del tejido social, represión, criminalización, desterritorialización, aumento de la pobreza y del paramilitarismo son consecuencias generadas por la actividad minera desplegada en todo el territorio nacional. A esto se le suman un impacto ambiental que se expresa en la generación de conflictos por el agua, la afectación de los suelos, flora, fauna y clima, así como graves impactos en la salud de las comunidades. Esta situación de precariedad ambiental generada por la actividad minera no es ni controlada ni regulada por el Estado. Actualmente el gobierno facilita el impulso y desarrollo de proyectos mineros a gran escala en el país. El proyecto de explotación minera a cielo abierto en el municipio de Marmato Caldas o el de La Colosa en Cajamarca Tolima son algunos de los más emblemáticos en la actualidad. En Marmato, se estiman reservas de oro entre 7.5 a 9.7 millones de onzas y 57 millones de onzas de plata, que generaría la explotación a cielo abierto, y en consecuencia el desplazamiento forzado de más de 4.000 habitantes. Mientras que el proyecto de Cajamarca implicaría “una devastación ecológica y privaría de agua a 4 millones de colombianos que dependen de sus fuentes hídricas”, tal y como lo advirtió el Comandante de las FARC – EP Iván Márquez el 17 de octubre de 2012 en Oslo Noruega. Advertimos entonces como el tema del desarrollo minero definido por el actual gobierno, constituye la perpetuación del extractivismo como modelo de desarrollo para el país. Un modelo que se impuso desde la invasión de los españoles a América hace más de 500 años y que actualmente se prolonga y acentúa, generando el despojo; el desplazamiento forzado; la
represión; la desterritorialización y la corrupción. El mantenimiento de esta apuesta de desarrollo obliga al sostenimiento de la resistencia popular y armada que hacen las FARC EP quienes a través de su accionar político militar, han impedido que la “locomotora minera” se aplique a fondo en paramos, zonas protegidas y andes colombianos. Por esta razón la mesa de diálogos de La Habana al hablar de desarrollo rural integral y definir puntos para su reinvención, debe atender necesariamente la exigencia del pueblo colombiano a redefinir el modelo de desarrollo basado en el extractivismo. La minería, sus implicaciones y alternativas a este modelo deben estar sobre la mesa de negociaciones si se quiere atender realmente las causas que motivan el alzamiento en armas. Si se quiere definir una paz con justicia social que logre el desarrollo social y económico del campo colombiano, el replanteamiento del modelo extractivista es un asunto transversal.
Paramilitarismo y acentuación de la persecución política El proceso de desmovilización de los grupos paramilitares emprendido por Álvaro Uribe Vélez durante sus ocho (8) años de gobierno, cada vez se pone en entre dicho, advirtiendo que no hubo desmonte de sus estructuras militares ni políticas. Fue más bien un proceso que buscó generar un impacto mediático sobre la opinión pública y cierta sensación de seguridad y de pacificación que no tuvo el resultado esperado. Múltiples informes de organizaciones nacionales e internacionales han evidenciado como el accionar de dichos grupos sobre las poblaciones, organizaciones sociales y líderes políticos no solo continúa sino que se acentúa. Así lo evidenció recientemente el CINEP1 al revelar que en el 2011 se presentaron 85 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mientras que para 2012 fueron 52. (Verdad Abierta, 2013). La existencia de exterminio al opositor político y anulación de movimientos sociales a través de la deslegitimación y la represión legal se ha consolidado. Fosa Común 2011. Inti Maleywa 1
Centro de Investigación y Educación Popular
Esta consolidación del accionar paramilitar va de la mano con la relación estrecha e histórica que han tenido estos grupos con la policía nacional y las fuerzas militares. Muestra de ello son las recientes declaraciones del jefe paramilitar Henry López Londoño alias “Mi Sangre”, quien asevera que: “es imposible que en Colombia una iniciativa como la de las autodefensas surgiera si no estaba coordinada con la Fuerza Pública. Varias veces he dicho que lo que se dice del ex general Mauricio Santoyo (ex jefe de seguridad en la Casa de Nariño durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y condenado en Estados Unidos por sus nexos con el paramilitarismo) es un juego de muñecas en comparación con lo que sé de otros generales. La Policía ponía a nuestro servicio las zonas que ellos tenían bajo su control: eran permisivos con nosotros, nos brindaban seguridad, nos avisaban de algún operativo. Ellos estaban pendientes de todo lo que nos ponía en riesgo para alertarnos. Yo me senté con oficiales de la Policía de Medellín y Bogotá. Me senté con gente del Gaula, DIJIN y SIJIN. Varios de ellos ya me conocían del Bloque de Búsqueda en Medellín, cuando perseguíamos a Pablo Escobar. Se trabajó también con el RIME 5 del Ejército, pero lo mío siempre fue con la policía” (Verdad Abierta, 2013). Las violaciones a los DDHH, ejecuciones extrajudiciales y la agudización de la crisis humanitaria en general son el resultado de un alianza macabra entre paramilitares y fuerza pública diseñada para defender el establecimiento que les ha resultado bastante efectiva a las elites políticas y económicas colombianas. Más que desmovilización de grupos paramilitares a lo que asistimos en la actualidad es a una removilización o reorganización de los grupos paramilitares, que el gobierno insiste en denominar Bandas Criminales Emergentes (BACRIM) y de ese modo desactivar su carácter paraestatal. Ciudades como Medellín, Cali y Riohacha están asediadas en su totalidad por su accionar. En el 2012 se nota un incremento de estos grupos, que pasaron de tener presencia en 209 municipios a tenerla en 337 municipios (Rey Marcos & Pineda Ariza, 2013). Este proceso de dominación sobre las ciudades y parte del territorio nacional va de la mano con la intensificación de amenazas a periodistas (Ricardo Calderón y periodistas del Cesar), investigadores (León Valencia y Ariel Ávila), sindicalistas (Caso Educal y Sintraelecol en Caldas) entre otros, reiterando de esta manera un proceso de imposibilidad de participar libre y legalmente en el campo político colombiano. Esta apuesta removilización paramilitar aparece como un factor que debe abordarse en la mesa de conversaciones de La Habana. Su desmonte debe ser una condición sine qua non para cualquier proceso de reconstrucción nacional que pretenda garantizar los derechos para el ejercicio de la política de movimientos sociales y múltiples expresiones populares de la sociedad en general. Un escenario sin la resistencia armada de las FARC-EP sin desmontar las estructuras paramilitares, lo que provocaría seria la consolidación de estas estructuras paraestatales en todo el territorio
nacional. Muestra de ello fue la recién tregua unilateral de dos meses (diciembre - enero) declarada por las FARC-EP, en el que el accionar paramilitar se incrementó, generando el desplazamiento de 2.548 personas en este periodo, ocasionando un incremento del 281%, afectando a 5325 personas, comparado con el mismo periodo del año pasado (Rey Marcos & Pineda Ariza, 2013). Vemos entonces como la actividad de los grupos paramilitares, impulsada y mantenida hasta la actualidad por el Estado colombiano, representa un tema que se debe atender necesariamente en cualquier esfuerzo que pretenda cimentar y ampliar el escenario político institucional. El tema de la participación política y las garantías para el ejercicio de la oposición pasan necesariamente por el reconocimiento de la acción estatal y su compromiso al desmontar dichas estructuras. Incluso es importante advertir como esta apuesta tiene un vínculo estrecho con el primer punto de la agenda de La Habana asociado al Desarrollo Rural, pues solo el desmonte del paramilitarismo y la mano negra que cubre la acción estatal puede acabar con el despojo y garantizar el retorno de más de 5 millones de desplazados y más de 500 mil refugiados. Pero hoy en el país, aún no hay garantías para eso. Muestra de ello es que en tres años que tiene la ley de restitución de tierras han sido asesinados 53 líderes campesinos; para febrero de este año 683 reclamantes de tierra estaban altamente amenazados, especialmente en departamentos de influencia paramilitar como el Cesar, Córdoba, Antioquia y Choco. Adicional a ello 54 jueces y magistrados especializados en restitución de tierras han sido gravemente amenazados (Semana, febrero 2013). Una búsqueda de la paz en el que el Estado no garantice el respeto y bienestar del pueblo colombiano, tal y como lo pretende el gobierno actual, no será una paz estable, justa, ni mucho menos duradera.
Política internacional en detrimento de la paz El gobierno de Juan Manuel Santos recientemente ha realizado una serie de alianzas y acuerdos con grupos de países y agencias internacionales como la OCDE, la Alianza del Pacifico y la OTAN. Lo que da cuenta del mantenimiento de una política internacional de Estado que pretende hacer de Colombia la punta de lanza o puerta de entrada para mantener el intervencionismo político y económico en los países de América Latina y el caribe. A finales de mayo el vicepresidente de los Estados Unidos Joe Biden visitó el país, para reiterar este papel estratégico que Colombia tiene sobre la región. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE funge como el club de 34 de algunos de los países más poderosos del planeta en el campo económico (los BRICS 2 no participan allí), desde donde se diseñan políticas y estrategias de corte neoliberal que buscan estimular la inversión extrajera, el libre mercado y la reducción de la acción del Estado como institución estatal. Colombia al lado de Chile y México son los únicos países de América Latina que participan en dicho club. 2
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica
Precisamente Chile y México, además de Perú y Costa Rica también hacen parte de la recién reimpulsada Alianza del Pacifico. Esta alianza, es un bloque comercial que estimula la integración económica regional a partir de criterios como libre mercado, desgravación arancelaria e intensificación de los flujos comerciales, es decir, la continuación de las reglas del juego económico contempladas en los Tratados de Libre Comercio TLC. Esta Alianza tiene además por objeto hacerle contrapeso a los proyectos de integración latinoamericana guiada por principios como la solidaridad, la consolidación de mercados internos y autodeterminación como son MERCOSUR, UNASUR, ALBA3 y CELAC4. Lo que se traduce en un reimpulso al proyecto de integración regional bajo criterios del libre mercado diseñado por los Estados Unidos desde la década de 1990 conocido como el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas ALCA. En este contexto Colombia se reafirma como un agente estratégico para la apuesta de Estados Unidos de reforzar su influencia en América Latina y recuperar el control de las economías y los mercados internos de nuestros países. Esta consolidación de la relación de Colombia y los Estados Unidos trasciende el campo económico y se afianza en los campos militar y político. Así lo evidencia la suscripción del acuerdo entre Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN para intercambiar información clasificada y la búsqueda de un ingreso a dicha organización, que es la responsable de la invasión a Afganistán, Irak y más recientemente a Siria. Como puerta de entrada de los intereses estadounidenses en la región, Colombia asume nuevamente un papel provocador en la región, retornando de este modo a la política internacional del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La recién entrevista de Enrique Capriles y Juan Manuel Santos para provocar al Gobierno Bolivariano de Venezuela es solo la reafirmación de dicha estrategia. El afianzamiento del modelo neoliberal sugerido por las potencias económicas; la dependencia a los lineamientos de los Estados Unidos; así como su protagonismo para desestabilizar y fragmentar la región, son acciones que dan cuenta de una política internacional de Colombia que va en detrimento de su soberanía e intereses nacionales. Al asumir este protagonismo en el escenario regional, el gobierno de Santos da cuenta del desinterés en replantear su rol internacional que permita generar confianza y respaldo regional e internacional en el marco del proceso de conversaciones que se adelantan en La Habana. En este mismo sentido, en el pasado mes de mayo el Centro Noruego de Construcción de la Paz publicó un informe en el que se advierte una estrategia del gobierno nacional para cerrar el espacio a organismos internacionales de la ONU y ONGs especializadas en atención humanitaria que hacen presencia en el país (Rey Marcos & Pineda Ariza, 2013). Argumentado un eventual escenario de post acuerdo para la finalización del conflicto armado y la puesta en marcha de su estrategia de recuperación territorial, el gobierno ha venido cerrando progresivamente a las ONGs que han desarrollado actividades humanitarias. Haciendo eco de esta iniciativa, la ayuda económica proveniente del exterior para la atención humanitaria en el 2012, se redujo en un 16% 3 4
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra America Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe
en relación al 2011 (Rey Marcos & Pineda Ariza, 2013). De este modo el gobierno reduce la incidencia de organismos humanitarios internacionales, quienes muchas veces son la única posibilidad de asistencia y protección de comunidades en lugares apartados del país ante el abandono del Estado. Esto sucede a la vez que, se incrementan el desplazamiento forzado, el despojo, la persecución política y en general la agudización de la crisis humanitaria, tal y como lo hemos mencionado en este texto. Esto tampoco es un buen gesto que genere confianza en el proceso de paz.
Consideraciones finales Vemos entonces como la tenencia de la tierra, la defensa del territorio, la exclusión y persecución política y el afianzamiento de un modelo de desarrollo basando en el libre mercado y el extractivismo, no solo se mantienen sino que se acentúan como política de gobierno del Estado Colombiano. Estas son alguna de las razones que provocaron el alzamiento de la resistencia armada colombiana y la constitución y mantenimiento del proyecto político - militar de las FARCEP. Si un proceso de dialogo entre el gobierno nacional y las FARC-EP pretende allanar el camino de reconciliación y reconstrucción nacional hacia una Nueva Colombia es necesario abordar y replantear estos asuntos de manera integral. Al asumir un proceso de conversaciones con las FARC-EP sin intensión de replantear el modelo extractivista, la exclusión política y su dependencia a los Estados Unidos, queda en evidencia el real interés del gobierno de Santos en este proceso: desactivar el proyecto político y militar de las FARC-EP para profundizar su proyecto tecnócrata, neoliberal y desestabilizador de la región. Sin una eventual presencia y actividad de las estructuras de las FARC-EP en el territorio nacional, el gobierno de Santos podría jalonar a fondo su proyecto extractivista sin resistencia política, social ni armada. Sin una presencia de la FARC-EP en calles y montañas de la Colombia profunda, el gobierno nacional y sus estructuras mafiosas incrementarían su ánimo guerreristas así como su accionar paramilitar y mafioso y se extendería a todo el territorio nacional. Esto con un sólido respaldo internacional que representa Estados Unidos y demás alianzas (OTAN, OCDE Alianza del Pacifico) en detrimento de la observación y participación de agencias internacionales de carácter humanitario. El gobierno de Santos difunde a través de los medios de comunicación su confianza sobre el éxito del avance y cristalización exitosa del proceso de paz. Incluso ha establecido tiempos y plazos para este objetivo. En una reciente declaración en un foro en Londres denominado invertir en la nueva Colombia, que tenía por objetivo estimular la inversión extranjera en el país, afirmó: "tengo confianza en que vamos a llegar a un acuerdo, las guerrillas no tienen alternativa. Francamente, es ahora o nunca" (El Espectador, junio 2013). Se equivoca el presidente Santos en pensar que se puede lograr un proceso de paz donde no se pongan en consideración el modelo de desarrollo y la reinvención de nuestro territorio en aras de la Nueva Colombia. Las FARC-EP han resistido heroica
y dignamente y lo seguirán haciendo hasta que se implementen cambios reales en las estructuras sociales, económicas y políticas del país. La de las FARC-EP como pueblo en armas es una inquebrantable apuesta por la paz con justicia social que no conoce de tiempos, concesiones y desmovilizaciones. Mientras el gobierno socava las confianzas en la mesa de negociaciones sin intención de cimentar las bases de la reconciliación y la reconstrucción nacional, desde el Partido Comunista Colombiano Clandestino reafirmamos nuestra apuesta que ha sido y seguirá siendo la defensa de nuestro territorio, las banderas de la paz con justicia social y no la paz de los sepulcros como lo pretende el gobierno actual. Paz claro que sí!!, pero con justicia social y dignidad en nuestro territorio nacional.
¡Desde Marquetalia hasta la victoria! ¡Somos FARC Ejército del Pueblo! Frente Urbano y Rural Jacobo Arenas FURJA ¡Hemos jurado vencer y venceremos!
Bibliografía Rey Marcos, F., & Pineda Ariza, L. F. (2013). Colombia: entre la crisis humanitaria y la esperanza de la paz. Madrid. Mayo 2013 Semana, Febrero 2013. Verdad Abierta. (23 de mayo de 2013). www.verdadabierta.com.