Revista Conmemorativa Ciencias Jurídicas - UDA by CCJJ

PASARON LOS PRIMEROS

30 AÑOS Dr. José F. Chalco Quezada DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

Revista conmemorativa por los 30 años de la Facultad

EDITORIAL

n octubre de 1987, la iniciativa y la acción de distinguidos intelectuales y juristas con gran visión de futuro y conscientes de la necesidad de formar profesionales que ejerzan el Derecho con bases éticas, humanistas, renovados conocimientos y destrezas que la disciplina exigía para el desarrollo social, jurídico, económico y político del país dio lugar a la fundación de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Cuenca, ahora denominada Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Azuay. La Facultad desde ese entonces brinda profesionales formados con un abanico de posibilidades para el libre ejercicio en la empresa, la administración de justicia, la asesoría empresarial, la política, etc. Y las expectativas que antes se forjaron ahora constituyen una realidad. Ha formado a lo largo de estas tres décadas abogados, juristas, políticos y ejecutivos eficientes y honrados, que remozan y dan vigor al Estado de Derecho, lideran, preservan los derechos y asisten a la justicia con saberes y valores. La presencia de nuestros egresados en los diversos ámbitos de lo público y privado acredita esta realidad que enorgullece a Cuenca, al Azuay y al Ecuador.

Pero los afanes institucionales de superación y servicio de la Facultad no se detuvieron. En octubre de 2002, la carrera de Estudios Internacionales adscrita a la Facultad de Ciencia Jurídicas abrió sus puertas para acoger a la juventud ávida de encontrar la adecuada formación para desempeñarse como profesionales en las relaciones y negocios internacionales y aquellas disciplinas afines o complementarias que permitan insertar al Ecuador en un mundo globalizado, preservando sus intereses, cultura y fines propios. Profesionales de gran solvencia hoy son funcionarios en organismos de la comunidad internacional, ejercen su experticia en los ámbitos público y privado, en las complejas actividades del comercio interno e internacional, asesoran empresas, emprendimientos familiares o desarrollan investigaciones. Han transcurrido 30 años. Estamos ante una celebración institucional, per se, que constituye una muestra de satisfacciones y expectativas. Y es una oportunidad para renovar compromisos. Para quienes asumimos responsabilidades como autoridades académicas, profesores y administrativos es una satisfacción única ser parte de la historia institucional. Y es un momento también para expresar nuestra gratitud a los fundadores, a los maestros que han dejado y nos dejan cada día en las aulas sapiencia y experiencia, un legado de plenitud intelectual que enriquece el pensamiento universal, y para agradecer al señor Rector y más autoridades centrales de la Universidad del Azuay, soporte académico de nuestra gestión. La revista conmemorativa de nuestros primeros 30 años es un esfuerzo común, el testimonio de una auténtica vivencia universitaria. Dígnese, estimado lector, acogerla como una sentida expresión de retribución y nuevos compromisos.

CONTENIDO 2

EDITORIAL PASARON LOS PRIMEROS 30 AÑOS CONTENIDO

1. EL VALOR DE LA FILOSOFÍA EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO

2. VINCULACIÓN DEL DERECHO CON LA COLECTIVIDAD

3. LA RECONCILIACIÓN AMBIENTAL ¿UN MANDATO O UNA NECESIDAD?

4. LA MOTIVACIÓN COMO FUENTE DE LEGITIMIDAD EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURISDICCIONALES

5. LA MUTABILIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN UN RÉGIMEN ADMINISTRATIVO BENEFACTOR

6. CONTRA LA CORRUPCIÓN: CONCIENCIA DE HUMANIDAD, NO IMPUNIDAD

7. RELACIONES ECUADOR- ESTADOS UNIDOS EN EL MARCO DEL SGP

8. WHAT ARE INTERNATIONAL STUDIES?

9. EL ROL DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD

10. EL EQUIPO DE ARBITRAJE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

11. LAS RELACIONES INTERNACIONALES COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

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12. LA ESCUELA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GALERÍA

Revista Conmemorativa

Francisco Salgado Arteaga / RECTOR Martha Cobos Cali / VICERRECTORA ACADÉMICA Jacinto Guillén García / VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES José Chalco Quezada / DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Sebastián López Hidalgo / SUBDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Departamento de Comunicación y Publicaciones Octubre 2017 Impresión: Imprenta digital - Universidad del Azuay

EL VALOR DE LA

FILOSOFÍA EN LA ENSEÑANZA

DEL DERECHO Dra. Ana Isabel Malo

Revista conmemorativa por los 30 años de la Facultad

En la ley, un hombre es culpable cuando viola los derechos de los demás, en la ética es culpable si solo piensa en hacerlo. Immanuel Kant

l derecho es algo más que trámites, revisiones de ley, interpretaciones de normativa. El derecho es el constructo social organizador de la vida humana en sociedad. Por esa naturaleza involucra una cantidad de elementos como tradición, grupo social, lenguaje, realidad política. Una de las formas de efectuar un análisis profundo y adecuado de este campo del conocimiento, para comprenderlo mejor, es la aproximación que nos brinda la filosofía en general, y la filosofía jurídica en particular, pues nos ayuda a comprender mejor los valores, creencias y conceptos que el ser humano ha asumido para regular su convivencia. En efecto, desde tiempos pretéritos las diferentes corrientes jurídico-políticas han intentado establecer ciertas virtudes como indispensables para la sociedad y, por tanto, como dignas de conservarse y replicarse, entre ellas la justicia, la libertad, la honestidad, la igualdad, la seguridad. Dichos principios morales tienen una muy variada posibilidad de positivación en la norma. Es importante señalar, entonces, que la valoración que tiene el derecho en la sociedad no es igual que la que tiene la moral. Los dos convergen en el análisis de variados temas como el aborto, la clonación, la orientación sexual, la utilización de recursos naturales, la pena capital, entre otros, y lo hacen, evidentemente, desde sus propios campos de acción. Desde el enfoque kantiano de la moral y del derecho (Carvajal Cordón, 1999), la diferencia reside en que el motivo de la obligatoriedad en la moral es la norma en sí misma, en cambio, el motivo de la obligatoriedad

de la regla de derecho es el temor de la imposición de una sanción en caso de incumplirla. El cumplimiento de la norma legal, continuando con el filósofo germano, se enmarca dentro del orden de la heteronomía y de los imperativos hipotéticos, ya que obedece a razones de orden práctico: la utilidad que representa el acatamiento de la norma. Por su lado, en lo moral el cumplimiento está dentro de los imperativos categóricos y la autonomía de la voluntad, la adecuación de nuestra conducta ocurre porque es correcto cumplir con lo establecido. La filosofía, como podemos apreciar, constituye un medio fértil para estudiar a profundidad la moral y su relación con lo jurídico. No en vano está presente en las obras de grandes pensadores comenzando por los clásicos de la antigua Grecia, los santos de la Iglesia en el Medioevo, hasta autores más próximos a nuestros días como Jean Paul Sartre, Hans Kelsen y Jürgen Habermas. Por tanto, en la esfera académica no es suficiente formar abogados con conocimiento de leyes, hay que afanarse también en formar juristas, seres humanos proclives al análisis, eruditos dispuestos a desenmarañar los intereses y aspiraciones económicas, políticas, culturales de la sociedad en la que se desenvuelven, estudiosos de la temporalidad de la ley y de la importancia de su adecuación a la realidad actual, seres ávidos de conseguir alcanzar esa virtud esquiva pero indispensable: la justicia. Y una forma eficaz de conseguir esta formación consiste en retomar el estudio de la filosofía del derecho como hilo conductor en el proceso de elaboración, fundamento y formulación de los más altos y ambiciosos preceptos legales.

BIBLIOGRAFÍA Carvajal Cordón, J. (1999). Moral, Derecho y Política en Immanuel Kant, Cuenca, España: Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha.

VINCULACIÓN DEL DERECHO CON LA

COLECTIVIDAD Dr. Esteban Segarra Coello, Mst. DOCENTE COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

Revista conmemorativa por los 30 años de la Facultad

l Derecho constituye un medio necesario para la convivencia humana, pues permite regular las relaciones sociales, moldear la conducta del individuo, lo que lo ayuda a definir sus horizontes, al tiempo que fortalece sus relaciones interpersonales. El Derecho, por tanto, no puede concebirse sin la sociedad a la que está ligado el sujeto, por ello debe tomar en cuenta la cultura, los valores, los fenómenos del devenir histórico social hasta el tiempo y el lugar en el que transcurren las acciones sociales. El Derecho, en definitiva, adquiere real importancia en la medida en que le sirve a la sociedad para alcanzar el orden y la paz. Cuando existe un quebrantamiento del orden social, es el derecho el que permite enrumbar y calmar las turbulencias sociales porque constituye el instrumento llamado a satisfacer la justicia social. Esa íntima vinculación entre sociedad y derecho manifiesta la naturaleza del derecho como hecho social y manifiesta la verdadera importancia el derecho para la convivencia de los seres humanos. Con estos antecedentes, podemos comprender la real dimensión con que esta disciplina se vincula con la colectividad. Y puesto que en las instituciones de educación superior se considera importante la implementación de programas y proyectos de vinculación, que identifiquen una problemática en la población vulnerable, los proyectos nacidos en el seno del derecho coadyuvan en soluciones concretas que mejoran la calidad de vida y la armonía social. La vinculación del derecho con la sociedad ejerce, pues, un enorme impacto social, sobre todo en los grupos de atención prioritaria.

Desde hace algunos años atrás la Universidad del Azuay y la Facultad de Ciencias Jurídicas y sus Escuela de Derecho y Estudios Internacionales han desarrollado varios programas de vinculación con la colectividad. Los proyectos erigidos más destacados son la asesoría y patrocinio a personas y grupos de atención prioritaria en situación de vulnerabilidad proporcionada por el Consultorio Jurídico gratuito de la facultad. Además, realizan un acompañamiento jurídico al sector productivo en el programa de investigación de las PYMES en la ciudad de Cuenca. Asimismo, la Facultad ha llevado a cabo varios convenios con diferentes instituciones durante estos treinta años de vida. Resaltamos aquellos que se implementan con brigadas de asesoría jurídica y que permiten a la universidad, docentes y estudiantes vincularse directamente con la sociedad: los acuerdos con la Universidad del Adulto Mayor, Secretaria Técnica del Mar, Ministerio del Interior, Corte Nacional de Justicia, Consejo de Participación Ciudadana, Arquidócesis de Cuenca. Todos ellos han permitido que la Universidad del Azuay, y en especial nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas, cooperen en el desarrollo social de la región al tiempo que forjan una visión de la institución íntimamente vinculada con el contexto externo. Esta situación motiva a docentes y estudiantes puesto que, apropiados de los conocimientos de la carrera, generan mayores perspectivas académicas con implicación social.

3 LA RECONCILIACIÓN

AMBIENTAL:

¿UN MANDATO O UNA NECESIDAD? Abg. Ana María Bustos Cordero COORDINADORA DE LA ESCUELA DE DERECHO

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l reconocimiento que la Constitución Ecuatoriana de 2008, en sus artículos 71-74, hace a la naturaleza al elevarla a la categoría de sujeto de derecho, ha supuesto para el derecho ambiental nacional e internacional un hito histórico y un triunfo para la revolución ambientalista mundial. Este reconocimiento, al convertirse en un mandato constitucional, obliga a la ciencia del derecho y otras disciplinas científicas afines a adaptar y crear instituciones y figuras jurídicas capaces de responder y garantizar esos derechos de la naturaleza, de manera que se logre la preservación, conservación y protección medio ambiental. Sin embargo, lograr garantizar los derechos reconocidos de la naturaleza requiere no solo de instituciones e instrumentos jurídicos. Además, urge un cambio sustancial en la forma de concebir y desarrollar la relación ser humano-naturaleza. Debemos enfatizar que en las diferentes etapas de desarrollo de la humanidad esta relación no ha sido la misma. En cada momento, ha estado determinada por los valores sociales, las creencias, los dogmas, la cantidad y calidad de información, el conocimiento y sus formas de trasmisión y uso (Marten, 2001). Lo que no ha variado sustancialmente, incluso en los estadios primitivos, es aquella concepción que aprecia al medio ambiente como un elemento o factor a disposición y uso de los humanos; es decir, hemos venido privilegiando un modelo antropocéntrico en el que la naturaleza se supedita a las necesidades humanas, sirve para satisfacer necesidades básicas, suntuarias, ideadas (Iglesias Márquez, 2011). Esta concepción ha re-

matado en el desgaste ambiental generado especialmente en el último siglo. La intensidad y regularidad de las catástrofes naturales, las guerras geopolíticas por el dominio de los recursos naturales, la crisis social, humanitaria e incluso institucional que vivimos constituyen la muestra ostensible de hasta dónde hemos llegado. Este modelo ha llevado a que la relación comentada colapse y genere una crisis ambiental global, regional, nacional y local (Meadows, Meadows, Randers y Behrens, 1972). En efecto, los resultados de la actual crisis ambiental generalizada involucran aspectos que no pueden ser ocultados y que trastocan cada una de las actividades que las sociedades desarrollan. De esta crisis se evidencian problemas sociales, humanitarios, económicos, bélicos, políticos, institucionales y culturales, que con mayor o menor agudeza impactan en todos los rincones del planeta. “El reverso de la naturaleza socializada es la socialización de las destrucciones de la naturaleza” (Beck, 1998). En consecuencia, es indispensable que ante este estado de riesgo socio-ambiental que vive la humanidad, la comunidad internacional, los estados, los gobiernos seccionales y cada ciudadano, reconsideremos la dimensión de nuestros actos y su impacto en el medio de modo que seamos capaces de no alterar las condiciones sustanciales para la vida de las generaciones futuras. No podemos separarnos de lo que hacemos ni podemos dejar de reconocer que nuestros actos gene-

ran consecuencias ambientales para las cuales no tenemos tecnología ni conocimiento que revierta sus consecuencias. Existen diversas herramientas para que la comunidad internacional y los estados enfrenten la crisis ambiental. Algunas de estas medidas han sido desarrolladas y plasmadas en instrumentos internacionales como la Declaración de Río de Janeiro, 1992; Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992; Agenda 21, 1992; Protocolo de Kioto, 1997; Acuerdo de París, 2015, entre otros. En el caso ecuatoriano la Constitución de 2008, junto con otras normas, entre ellas el Código Orgánico del Ambiente de 2017, prevén algunas herramientas de gestión medio ambiental como una política medio ambiental, el ordenamiento territorial, la evaluación de impacto ambiental, la participación y educación ambiental. A estas herramientas se suman los también reconocidos principios ambientales de precaución, prevención, corrección en la fuente, quien contamina paga, la reparación integral del daño ambiental, la inversión de la carga de la prueba, la responsabilidad objetiva del daño, la internalización de los costos ambientales, entre otros. No obstante, a pesar de tener un mandato constitucional –la naturaleza como sujeto de derechos–el desarrollo de estos derechos en normas secundarias, orientadas y concebidas a la preservación, conservación y protección ambiental requiere tener claro que cualquier instrumento jurídico o técnico solo podrá cobrar sentido y cumplir su come-

tido en tanto que los operadores de justicia, la administración pública, los promotores de los proyectos y la ciudadanía, estén comprometidos con la reconciliación ambiental y comprendan que el ser humano es solo un elemento más del macro sistema VIDA, que dependemos de la naturaleza para existir y vivir con dignidad. Es decir, necesitamos desarrollar un modelo de vida donde el respeto y consideración a los límites biofísicos de la naturaleza sea una máxima, y donde las actividades que desarrollamos estén orientadas a mantener el equilibrio entre economía, ambiente y sociedad.

Referencias: Asamblea Constituyente (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito. Beck, U. (1998). La Sociedad del Riesgo. Vasa. Segunda Edición. Barcelona: Paidós. Recuperado de: https://doi.org/10.2307/2579937 Iglesias Márquez, D. (2011). Panorama general del derecho ambiental internacional. Evolución de una nueva rama del derecho. De Jure, 10 (7), 248–269. Marten, G. G. (2001). Ecología Humana: Conceptos Básicos para el Desarrollo Sustentable. Londres: Earthscan Publications. Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., y Behrens III, W. W. (1972). The Limits to Growth. The club of Rome’s Proyect on the Predicament of Mankind. Quinta edición. New York. Recuperado de: https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.1972.tb05230.x

LA MOTIVACIÓN

COMO FUENTE

DE LEGITIMIDAD

EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURISDICCIONALES Dr. Sebastián López Hidalgo, Ph.D SEBDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

o que interesa poner en evidencia en estas líneas es el carácter de la motivación como instrumento de justificación de las resoluciones judiciales, al margen del acto subjetivo, como auténtico derecho fundamental. El deber de motivación que deben aportar los jueces al resolver los casos concretos constituye un instrumento indispensable para evaluar el ejercicio de una praxis jurisdiccional racional y controlable. Por ello, aunque en la historia del Derecho la necesidad de motivación de las decisiones judiciales no ha sido una constante,1 se trata de una exigencia que no puede ser desatendida hoy en día si se desea alcanzar legitimidad de ejercicio de las funciones jurisdiccionales atribuidas a las Cortes y Tribunales. Ciertamente, la motivación no es una característica exclusiva de la actuación de los tribunales, pero la propia evolución histórica de la cuestión es significativa para entender su importancia en contextos en que los órganos que administran justicia despliegan una actividad interpretativa que se encuentra más allá de una simple concepción mecanicista, para asumir un papel más activo. Lo que caracterizaría al sentido de la motivación, en primera instancia, sería lo que Taruffo (cit. por Atienza,1996) ha denominado la concepción endoprocesal, es decir, el hacer posible que las partes de un proceso puedan to1. Sobre el origen de la motivación puede verse Ortells Ramos (1997). Un excurso sobre la coyuntura histórica de la motivación puede verse en Nieto (2000).

mar partido sobre la decisión emitida e impugnarla y cuestionarla ante los órganos superiores. En segunda instancia, a la función endoprocesal se le añadiría otra de carácter extraprocesal o político, esto es, la necesidad de controlar democráticamente el ejercicio del poder en manos de unos órganos jurisdiccionales que no cuentan con una legitimidad directa. En los sistemas del common law no ha existido nunca una obligación explícita de motivación, lo que no quiere decir que la motivación no haya estado presente. La práctica de la motivación en dichos sistemas no ocurre como consecuencia de una concepción democrática de la justicia, sino por exigencias del funcionamiento de ese sistema: el precedente solo puede funcionar si la razón en la que se basa la decisión se formula de manera explícita. En todo caso, la idea misma del Estado de Derecho parece implicar que las diferentes decisiones de los poderes públicos deben encontrarse debidamente motivadas. Esto implica que no pueden depender de la sola autoridad o del capricho, sino que deben estar fundamentadas en un razonamiento controlable y justificable en un marco jurídico predeterminado. De ahí que resulte importante lo afirmado por Atienza (1996), que justificar una decisión dentro de un ordenamiento democrático no es lo mismo que explicarla, y que el razonamiento jurídico es esencialmente justificativo. En efecto, hay muchas decisiones de los poderes públicos que pueden ser explicadas, aunque no parezcan justificadas; sin embargo, el razonamiento jurídico es de tipo práctico, es decir, no está dirigido a explicar, sino a justificar decisiones y, aunque ambas son operaciones que pueden relacionarse, no son coincidentes. Cuando un ordenamiento jurídico establece que el juez que dicta una decisión debe motivarla, lo que está exigiendo es que indique las razones o argumentos por los que considera que su decisión es conforme a Derecho. Esta conformidad determina su corrección y se constituye en fuente de legitimidad de

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la actuación judicial. Y la legitimidad del ejercicio de las funciones jurisdiccionales de los jueces descansa en su capacidad argumentativa que se expresa a través del deber de motivación que deben contener sus decisiones. En este sentido, lo que se estaría exigiendo a los órganos jurisdiccionales como parámetro de legitimidad es concretar su actuación en un discurso justificativo que permita responder a la pregunta central de por qué estos órganos han debido tomar tal o cual decisión a efectos de poder vincular el ejercicio de la función jurídica a un concepto funcional de legitimidad. Por ello, la obligación de motivación es el elemento que limita sin eliminar el margen de discrecionalidad de toda actividad judicial. Y es que motivar sobre la base de la Constitución o de la ley significa crear una vinculación de la decisión judicial con la disposición jurídica que la sustenta.

BIBLIOGRAFÍA Atienza, M. (1996). El sentido del derecho. Barcelona: Ariel. Naranjo, A. (2000). El arbitrio judicial. Barcelona: Ariel. Ortells Ramos, M. (1997). “Origen histórico del deber de motivar las sentencias” en Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, No. 4.

LA MUTABILIDAD DE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS EN UN RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

BENEFACTOR Abg. Guillermo Ochoa Rodríguez

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un concepto permeable y moldeado por las amplias necesidades de la sociedad occidental. Ciertamente, ciertos servicios o actividades de impacto social se generalizan, asimismo, la noción de servicio público recibe la influencia constitucional, lo que da lugar a que se moldeen estructuras orgánicas encargadas de realizar prestaciones bajo estándares de calidad, accesibilidad y a un costo adecuado.

os servicios públicos, como institución elemental del Derecho Administrativo, encuentran su justificación en la satisfacción de las necesidades colectivas y en la tutela del interés general. Su dinámica propia y afín al derecho público le ha valido ser parte indiscutible del entramado orgánico del Estado, ya que con su funcionamiento puedan ser ejecutados muchos de sus fines. Además, su mutabilidad y capacidad de adaptación les han permitido avanzar de acuerdo con las diferentes transformaciones que el Estado ha tenido que atravesar. Durante las últimas décadas, con la constitucionalización del Estado y del ordenamiento jurídico, la presencia de los servicios públicos ha recobrado especial vitalidad por ser responsables directos de la aplicación del orden constitucional y de derechos fundamentales y porque conciben al ciudadano como principal factor de satisfacción y tutela. Los servicios públicos –influenciados por las tendencias políticas, económicas y sociales– han contribuido a propiciar un escenario adecuado para que las relaciones del Estado y la sociedad sean dinámicas y colaborativas, lo que a su vez ha propiciado el desarrollo sistémico de la ciudad. Muchos factores inciden en la transformación y reinvención de los servicios públicos. Así, el contexto actual invita a pensar estos servicios como forma de atender los derechos fundamentales, las libertades públicas y, por qué no, los derechos del siglo XXI catalogados como emergentes. Nos encontramos así ante

La dinámica con la cual se desarrolla el concepto de los servicios públicos parte también de los vertiginosos avances en materia económica, reconocimiento y reivindicación de ciertos derechos en materia social y, desde luego, de las incesantes transformaciones en materia de comunicación fruto de nuevas tecnologías. Por ello podemos decir que la globalización o mundialización ha dado lugar a que los servicios públicos incorporen nuevos horizontes y sean apreciados desde renovadas posturas teóricas. Estos nuevos enfoques ya han sido abordados, de alguna manera, en la Unión Europea, por ejemplo en el proyecto de Carta Europea de Servicios Públicos o de Servicios de Interés Económico General que busca delimitar el papel que el mercado debe jugar para evitar que la solidaridad, la cohesión o la equidad sean vulnerados (Europeas, 1997). El tratamiento de los servicios públicos, en definitiva, responde a las exigencias del Estado y de la sociedad, su tradición e influencia francesa se mantendrán como sus bases jurídicas (Rebollo, 2017) y principios como la continuidad, la igualdad de acceso, la universalidad, la participación, calidad y la responsabilidad continuarán siendo referentes para que otras realidades legislativas como la de Ecuador desarrollen una visión más social y económica del Estado.

BIBLIOGRAFÍA Europeas, C. (1997). Parlamento Europeo. Recuperado el 9 de junio de 2017, de http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/ pdf/amst-es.pdf Rebollo, L. M. (29 de mayo de 2017). Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Recuperado el 29 de mayo de 2017, de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/ bjv/libros/6/2544/17.pdf

CONTRA LA CORRUPCIÓN:

CONCIENCIA DE

HUMANIDAD, NO IMPUNIDAD Dr. José F. Chalco Quezada

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Corrupción, sistema y ordenamiento jurídico

uienes asumimos responsabilidades institucionales nos preocupamos de identificar, analizar y aportar acciones para combatir la corrupción que se presenta en la administración pública, en las funciones del estado, la empresa privada y también en la educación. La corrupción es un mal que se extiende sin límites. Los mecanismos jurídicos para prevenir, sancionar y oponerse a este flagelo tienen su vigencia legal, pero las prácticas corruptas en lo público y privado se afinan, cual perversa disciplina asesorada para la impunidad. En consecuencia, los resultados y perjuicios cada vez son más cuantiosos, escandalosos, difíciles de indagar, imputar y contrarrestar con los instrumentos jurídicos y políticos corrientes. Esta realidad evidencia que los mecanismos y controles previstos en la Constitución de la República, en el Código Orgánico Integral Penal, en la Ley de Contratación Pública de la Contraloría General del Estado, las que regulan la administración de justicia y tantas otras de control, fiscalización o participación ciudadana han quedado rezagadas, en obsolescencia, ofrecen magros resultados y solo nos dejan expectativas, dilatados procedimientos que desvanecen los actos corruptos, cual sistema u ordenamiento jurídico pensado para la impunidad. La corrupción se extiende en relación directa con los niveles de discrecionalidad de funcionarios públicos, gestores políticos, parlamentarios, fiscales y juzgadores que, por permisibilidad de la misma ley, por injerencias o decisión de “controladas” o “descontroladas” mayorías en los cuerpos colegiados provocan los más vergonzosos escándalos.

Prácticas comunes para la corrupción son: considerables sumas de dinero público destinado a contratación de obra pública con participación monopólica de particulares; contratistas de obras públicas que se constituyen o asocian con empresas fantasmas sin capital proporcional y sin brindar garantías suficientes para ejecutarlas; contratación de obras públicas millonarias, pero innecesarias; prórrogas reiteradas para entrega de lo contratado; anticipos económicos que no sirven para iniciar o avanzar la obra, sino para pagar las comisiones a los corruptos con capacidad de decisión; un sistema financiero que adecua procedimientos para ofrecer opacidad en la contratación corrupta; utilización de las nuevas tecnologías no para transparentar, sino para torcer el proceso con un click; intereses políticos centralizados, con expectativas inmediatas de continuidad en la administración local o nacional, etc. Así se quebranta la confianza en la democracia e instituciones y se desvanece el sentido del bien común. Frente a este fatídico escenario debemos pensar y actuar para reestablecer y desarrollar institucionalidad de la lucha contra la corrupción como procedimientos eficientes que permitan ágiles resultados; responsabilidades confiadas a personas honestas y valientes. Sí, muy valientes para resistir a las diversas formas de presión o seducción que ofrece el poder y la corrupción. La corrupción no es la regla inherente a la persona o al funcionario, es la excepción. Como tal, por el grave efecto dañino también ha de ser tratada, investigada y sancionada con criterios, normativa y procedimientos de excepción. Parecería, en ciertos casos, que también las expectativas ideológicas con propuestas de cambios radicales de estructuras en la sociedad y el sistema económico de un país –quizá concebidas y ejecutadas en su origen con buenas intenciones– han dado lugar a la adecuación normativa y funcional de sistemas y ordenamientos jurídicos que, sumando improvisados liderazgos y oportunismos, crearon el ambiente y circunstancias apropiadas para acciones u omisiones corruptas. Ante la inacción de instituciones debilitadas y subordinadas al caudillo, se volvieron cómplices y sumisas, a pesar de ser las llamadas a prevenir y contrarrestar este flagelo de la humanidad. Las acciones y los discursos por la justicia y los derechos de los menos favorecidos no justifican tolerancia, no deben dejar que las corruptelas tomen fuerza y se generalicen. El infierno está empedrado de buenas intenciones dice el refrán popular.

Un proyecto político, cualquiera que sea su nombre y eslogan, no ha de servir como escudo para ignorar o dar la sensación de protección a los corruptos. Las responsabilidades sobrevivientes deben señalarse y asumirse, son de orden político, administrativo, civiles, penales o todas juntas. La arbitrariedad o el indebido entendimiento y ejercicio del poder de parte de las mayorías en los órganos administrativos, legislativos, judiciales, de control del Estado sin el necesario equilibrio y contrapesos dan como resultado en la misma proporción y prepotencia la cantidad y calidad de corrupción que impulsan.

Caracterizando la corrupción Al estudiar el tema de la corrupción lo común es encontrar cierta dificultad en definir este fenómeno. Es más fácil reconocerla que elucubrar en el análisis académico para fijar un marco teórico identificador de su origen, causas, sujetos y efectos. A la corrupción se la define como un intercambio clandestino que permite obtener un provecho ilícito o como la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios en provecho económico o de otra índole para sus gestores o a favor de terceros. Las diversas definiciones sobre la corrupción difieren entre sí en las perspectivas de los fines o en el impacto social en relación con los sujetos que participan en ella y los sectores donde se desarrollan. Se sabe que conmociona porque afecta la paz y organización social. Es también un sinónimo de corrupción administrativa porque se engendra en la contratación pública, especialmente por involucrar a los gestores más representativos de las funciones del Estado y a los particulares ya como empresas o individuos.

El vocablo corrupción conlleva una importante carga negativa y emotiva, es asimilada a decadencia y desintegración social, degeneración, envilecimiento, deshonra y humillación de los seres humanos. En todos los tiempos se consideró como un problema de gran magnitud, mayor en las sociedades contemporáneas. Las características, modalidades, sujetos activos y pasivos que adoptan las prácticas corruptas en una determinada cultura o tiempo hacen compleja e inacabada la conceptualización o definición de este fenómeno delictual. Para Joseph Nye, “la corrupción es aquella conducta que se desvía de los deberes normales de una función o cargo públicos a causa de ganancias personales, o de terceros; pecuniarias, o de status; o que conculca reglas orientadas a combatir ciertos tipos de influencia particular” (citado en Orrego, 2000). Nye limita la corrupción al sector público como propia de los servidores públicos, mas la corrupción es una práctica generalizada que se presenta en todos los sectores y estamentos sociales, aparece y se descubre en cualquier contexto y actividad humana, pública o privada. Como se ha referido, quizá el único elemento diferenciador sea el impacto social dañoso que pudiera generar, trascendiendo en todo servicio o responsabilidad en lo público, lo privado, la educación y la familia. Hagamos un breve glosario de las corruptelas más frecuentes: Cohecho. Soborno. Ofertas engañosas para captar posiciones políticas o sociales. Captación y desviación de fondos. Distracción de fondos. Malversación. Apropiación indebida de investigaciones, ideas, evaluaciones. Favoritismos. Fraude. Trabajadores o empleados fantasmas. Tráfico de influencias. Pagos indebidos en dinero, especie o servicios para obtener un favor. Inaplicación de normativa legal o interpretación

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contraria a su espíritu y finalidad, lo que podría devenir en prevaricato. Uso indebido de los recursos y bienes públicos. Apropiación de bienes públicos. Publicidad y promoción engañosa. Lavado de activos. Prioridad ilegal dada a una persona. Prácticas inmorales de cualquier tipo. Percepción de una remuneración sin merecer. Prelación ilegal por afinidades. Injerencia ilegal en las decisiones públicas mediante soborno, chantaje, ofertas o ejercicio del poder. Ocultamiento de hechos o actos ilegales propios o de terceros.

Corrupción en las aulas Se comenta e investiga también sobre la corrupción en las aulas, en todos los niveles de la educación que involucran directamente al alumno, al profesor y al personal administrativo. Esta forma de corrupción proyecta traumáticas y graves consecuencias en la niñez o juventud afectadas por los actos corruptos o fraudulentos por el contacto directo con las actividades ilegales y hasta implicaciones mutuas en sus ejecutorias como sujetos activos o pasivos, limita así oportunidades de vida hasta llevarlos a imaginar un mundo injusto, donde solo tendrían cabida la audacia y las conductas tramposas. Los actos corruptos en la educación podrían impedir el ingreso, promoción o reconocimiento de méritos propios, es decir, poseen un alto impacto social. La corrupción en las aulas propicia y avala la llamada “cultura de la corrupción”, consecuencia de su temprana exposición en la vida. Factores internos que invisibilizan o facilitan la corrupción en las aulas son: ausencia de normas y reglamentos actualizados, técnicos y claros, en especial, los relacionados con la planificación, las obligaciones de docentes, acreditación, contratación, presupuestos, procedimientos dependientes de la discrecionalidad o su inexistencia; la falta de supervisión y disciplina en el proceso enseñanza-aprendizaje; ausentismo injustificado de docentes; falta de compromiso con la institución, de competencia profesional y experiencia para ejercer funciones académicas o de administración, financieras, de gestión, etc. También incide, y en mucho, la ausencia de liderazgo y legitimidad en la selección y representación de las instituciones educativas, en las organizaciones clasistas internas de profesores, empleados, o estudiantes. Con el debido respeto a las personas y a la institucionalidad, debemos fomentar el derecho a la réplica para objetar o cuestionar las políticas de gestión. Los debates, las investigaciones, atender con oportunidad consultas y conflictos son elementos fundamentales para contrarrestar las tendencias monopolistas o de indiferencia que pudieran abrir caminos expeditos a

las distintas formas de corrupción educativa. La implementación de órganos independientes y neutrales encargados de la evaluación, selección, control, reglamentación, auditoría, etc., son esenciales para impedir corruptelas, además, de un efectivo ejercicio del derecho a la información, libertad de opinión, rendición de cuentas son fundamentales para la transparencia.

Educación contra la corrupción, ¡ahora! No solo tendremos en cuenta la ética en la educación, sino también la educación en la ética, con especial énfasis en países, sociedades u organizaciones sin tradición de transparencia para sensibilizar al ciudadano y concienciar al educador y educando, para fortalecer la intolerancia a las manifestaciones corruptas, dejando de ser indiferentes ante ellas. Hay que tener conciencia del peligro y las graves consecuencias de la corrupción en gobernantes, policía, jueces, aduanas, la salud y la educación para enseñar y facilitar reacciones y resistencias contra ella. Es importante incorporar en los diversos niveles de educación, desde inicial hasta el pregrado y posgrado, estrategias y contenidos adecuados al perfil con amplia formación cívica y los fundamentos

rigurosos de la honestidad como asignaturas integradas a la malla curricular. Así como exigimos al profesor y al estudiante destrezas en informática, conocimientos de un segundo y tercer idioma hemos de exigir fundamentos y actitudes que forman y denotan compromisos y conductas colectivas en la lucha anticorrupción. No solo invocaciones y conjuros. El profesor Leysser León, abogado y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) sostiene: “existe la equivocada idea de que tan delicado asunto se solucionaría incluyendo más cursos obligatorios de deontología forense en los planes de estudios universitarios o implantando un código deontológico compuesto por reglas y fragmentos de reglas tomadas, inorgánicamente, de la experiencia estadounidense, que en cuestión de valores, como es claro para todos, poco o nada tiene que enseñarnos. Facultades de Derecho, como las que pueblan nuestro país, pueden tener varios cursos de deontología forense, pero ello no nos asegura, en modo alguno, la forja de estudiantes honestos, con valores éticos bien arraigados” (Noticias Universia, 2010). Ciertamente, no asegura honestidad individual o social, pero es impostergable introducir y fortalecer en nuestros pensum de estudios materias con base deontológica. Lo pragmático en la enseñanza no se contrapone a lo ético y deontológico en la formación estudiantil. La corrupción en la educación es un alarmante indicador de la degradación del entretejido social. Los centros de educación en todos sus niveles deben ser modelos de buena conducta y transparencia. Las manifestaciones de la corrupción en este campo traerán mayores costos sociales que sus secuelas en otras instituciones. Si la academia se corrompe, se está perennizando la corrupción por generaciones. Que siempre podamos presumir haber sido formados en la ciencia y la decencia. Desde una perspectiva moral, la corrupción es contraria a los valores sociales. Su intensidad y propagación nos debe llegar como alerta roja para reparar sin demora, la crisis de valores, crisis en la ética, en el discurso, en la conducta de gobernantes y gobernados, en los servicios, en la educación, en la familia.

Asistimos a un relativismo moral del placer y el bienestar personal o social de los deberes, las obligaciones y los derechos, de la misma reflexión moral que deviene en ética. Un tiempo que nos enfrenta al individualismo en función del interés propio, el relativismo para definir lo que es bueno y lo que es malo. Es una tendencia malignamente hedónica, a la que debemos contrarrestar con más educación, no solo castigo.

Urgentes actividades de divulgación Herramienta portentosa a estos fines son las organizaciones de la sociedad civil, aquellas que surgen espontáneamente, sin dependencia del poder constituido cualquiera sea su matiz, discurso y gestión. Ahí está el mayor potencial e iniciativas para exigir transparencia a las instituciones y funcionarios públicos. Y son las organizaciones de jóvenes las llamadas a liderar la lucha; es su presente y futuro que se ponen en riesgo por las acciones u omisiones de los pillastres del patrimonio y la moral pública. El debate en los espacios escolares y universitarios, la promoción del pensamiento crítico, concienciación a profesores y estudiantes, más formalidad, activismo estudiantil y comunitario, interactuación de experiencias con servi-

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dores públicos, intercambio de experiencias en modos de lucha con los actores de otros países son algunas de las tantas maneras de enfrentarla. Y vamos a ganar porque somos más los honrados que los corruptos. Al respecto, se ha instituido el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción, para concienciar y trabajar extirpando del cuerpo social, tan angustiante y grave tumefacción. Desde nuestras trincheras, a preparar con entusiasmo esta jornada.

Justicia internacional contra la corrupción La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la Asamblea General el 31 de octubre de 2003, es un instrumento vinculante de la comunidad internacional tendiente a erradicar este mal. La Convención propone y compromete acciones para la prevención de la corrupción y la recuperación de activos que deben implementarse en el ordenamiento jurídico de los estados suscriptores ya como normas sustantivas o procedimentales que criminalizan y penalizan tipos de conducta como el soborno, la malversación, el tráfico de influencias y el blanqueo de dinero. Promueve la cooperación internacional y las acciones internas de los países suscriptores con el fin de asegurar el establecimiento de sistemas efectivos de asistencia judicial internacional recíproca contra aquella que trasciende las fronteras a través de sistemas e instituciones financieras corruptas. El Ecuador ha incorporado en su ordenamiento jurídico algunas de sus recomendaciones, normando su tratamiento legal y establecido pautas de transparencia, institucionalidad, rendición de cuentas, publicidad de la contratación pública, prácticas competitivas, auditorías, etc. En la práctica, se convierten en meras declaraciones si se restringen aspectos esenciales como la libertad de información y opinión, la integridad e independencia del poder judicial y la elección de los encargados del control cuando se persigue a los observatorios sociales antes que brindarles protec-

ción, cuando se dilata la judicialización de los hechos delictuosos develados gracias a la información proporcionada por la asistencia y colaboración internacional, cuando no se dictan medidas cautelares inmediatas para evitar la impunidad, cuando fiscales o legisladores exigen “pruebas” de los hechos denunciados para “valorarlas”, ignorando así elementales principios y reglas procesales, sin advertir que a ellos les corresponde actuar, indagar aún de oficio, allegar elementos de convicción, indicios, acusando con las pruebas obtenidas a partir en la noticia criminis. ¿Desconocimiento o corrupta protección? Se actualiza y concreta la iniciativa de crear un Tribunal Internacional para los Crímenes de Corrupción, que investigue, juzgue, sancione y lo condene en su grave dimensión cual flagelo de lesa humanidad. Corresponde a los juristas reinventar y concebir el nuevo Derecho basado en una Ética válida y útil para el siglo XXI. La simbiosis Derecho, Justicia y Ética se laceran porque desborda la corrupción y se torna poderosa, auspiciada, sistematizada. A pensar, entonces, en medidas de excepción. Formulemos un nuevo enfoque multidisciplinario de la seguridad jurídica. Concibamos medios prácticos y probatorios eficaces para erradicarla. Hemos de revisar, reajustar, dar vida o gestar nueva vida a las teorías filosóficas sobre el Derecho, el Estado, las relaciones internacionales públicas y privadas, la Criminología y la Criminalística. Fijemos procedimientos para facilitar y hacer efectiva la indagación, la prueba y la valoración de la prueba en estos delitos, sancionando sin atenuantes a quienes han sido llamados a indagar y condenar o tomar decisiones político-administrativas según sus competencias en contra de autores, cómplices, beneficiarios o encubridores, se abstienen de hacerlo en clara violación a las leyes, la seguridad jurídica y la confianza social.

Hora de la Poliética: la vivencia virtuosa del servicio público como valor La Poliética encierra una concepción moral: la ética y la política en vida simbiótica. Una nueva vía de pensamiento y gestión estatal. No es solo un neologismo para lo público. Es virtud, deber, responsabilidad, conocimiento para gobernar o administrar lo público y el interés común, en la casa grande que es la Patria, y la nuestra, la familia. La palabra política, en el imaginario social se ha transformado en un término peyorativo: que ofende y aleja, por obra y gracia de los improvisados y farsantes, del populismo y los extremismos, del corrupto que asalta y perjudica el patrimonio de sus congéneres: su credulidad, la esperanza y hasta su capacidad de rebeldía. La Poliética conlleva reflexión, responsabilidad, moral, ciencia de la administración de la polis (ciudad, estado), y aunque pudiera entenderse como una mera sutileza idiomática, coadyuva a recuperar la honestidad en el gobierno y administración de los bienes públicos. El término surge como consecuencia de las condiciones históricas de crueldad, desastre, guerra, derroche, corrupción y desprecio por la vida, la cultura y sociedad; por los fanatismos e insania de gobernantes de inicios y mediados del siglo XX en Europa (fundamentan y profundizan sobre el tema Karl Kraus, György Lukacs, Bertolt Brecht, Simone Weil, Hannah Arendt y Primo Levi, entre otros). En la actualidad, hemos llegado a asociar a la corrupción con lo político, casi como sinónimo o, al menos, como un componente de lo político y los políticos. Si vamos a combatir la corrupción debemos erradicar todo lo que se asocie con ella, con nuevos paradigmas, instrumentos, conceptos, instituciones y denominaciones; útiles estrategias para enfrentar el flagelo en todas sus manifestaciones. La corrupción pone en riesgo la democracia, estimula los populismos abriendo espacios de gobierno y administración a líderes y funcionarios improvisados, autoritarios y deshonestos. La

Poliética es incompatible con la vanidad, la improvisación, la inclinación a vivir a expensas de los demás, con la mentira, la demagogia, el populismo, el odio, las ansias de poder y el encariñarse con el poder. Así formaremos y elegiremos para el servicio público a poliéticos y no solo desprestigiados políticos. Las Escuelas de Derecho tenemos un grave compromiso. No podemos mantenernos inertes, con una visión tradicional de la Ciencia Política, de los principios y procedimientos que tuvieron su razón de existencia y concepción. Hemos de restablecer el nexo ética-derecho para alcanzar el nuevo Estado Ético de Derecho que no está implícito en la vana declaratoria de estado constitucional de derechos (así con minúscula) y justicia, como expone el artículo 1 de nuestra Constitución de la República, porque “constitución, justicia y derechos”, también es lo primero que “declaran” y “reconocen” los corruptos estados de facto, pero no por ello son ni es vivencial un Estado de Derecho. La no reelección de las autoridades políticas es una propuesta que debe discutirse e incorporarse en el ordenamiento jurídico para evitar la gestión, administración y finalmente utilización de los bienes públicos en función de su continuidad en el cargo. Introduce al funcionario o mandatario en los peores actos de corrupción, empezando por maquillar cifras de la economía y aprovecharse de dineros y bienes públicos hasta promocionar sin medida ni rubor los resultados de una cuestionada administración con publicidad engañosa. Aquel que hace gala de habilidades para confundir, perorar, tergiversar, maquillar, aprovechar las coyunturas de su liderazgo en beneficio propio o de grupo, que se mantiene a flote según las circunstancias con medias verdades, el de los acuerdos inmorales, ese no es un “buen político”, no es un “buen abogado”, no es un “buen ejecutivo”, es un timador, un corrupto. Como una estrategia más de lucha, aunque vista desde de la filosofía y ciencia política, haya aún mucho que discernir, empecemos a hablar de Poliética, y no solo de política, aunque pareciere simple eufemismo.

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Conciencia de humanidad; no a la impunidad El grupo de Análisis Político de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia basó las iniciativas de investigación para establecer las pautas que aseguren éxito en la lucha contra la corrupción política en España y otros países en tres factores: (1) la coyuntura crítica favorable para tomar acciones de concienciación y legislación, (2) reformas institucionales útiles para apalancar toda iniciativa efectiva, y (3) una coalición de fuerzas de la organización civil y política que consigan promover los cambios y su persecución (La Opinión de Murcia, 2017). La tolerancia o indiferencia social hacia actos corruptos preocupa. Apenas son receptados como una noticia más, y como tal, con riesgo de perder su actualidad. Se podría interpretar como una reacción social que denota algún rechazo al bajo nivel de confianza hacia los políticos, hacia ciertos sectores de las finanzas o la empresa, con cierta intensidad mayor cuando es consecuencia de los discursos políticos en épocas de campaña que destacan corruptelas presentes o pasadas, o pueden ser consideradass solo como estrategias temporales de la oposición. Para hacer realidad su persecución es importante un efectivo acceso a la información integral y rendición de cuentas como medios preventivos. Y se deben adoptar algunas medidas de acompañamiento: campañas de concienciación, capacitación basada no solo en la teoría sino también en la experiencia con la participación de las organizaciones sociales no comprometidas con el poder de turno; de las universidades y sus estudiantes, que no pueden perder de vista su rol histórico en esta lucha. ¿Cómo? liderando, denunciando, deliberando, cual segmento social no contaminado. La universidad también ha de propiciar eventos de concienciación y formación, realizará seguimientos a la gestión pública, denunciará las corruptelas y monitoreará la consecución de los procesos en los órganos de control y la función judicial.

El doctor Juan Carlos Forero, Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, a manera de exhorto y arenga propuso: “Hay que invitar a los jóvenes a que se capaciten y a los viejos a que recapaciten” (Nova-et-vetera, 2017). La universidad propiciará eventos de concienciación y formación, debe realizar seguimiento a la gestión pública, denunciar las corruptelas y monitorear la consecución de los procesos en los órganos de control y la administración de justicia. La gran batalla del siglo, el Armagedón contra la corrupción no puede ganarla un solo soldado. Exige amplia coalición con presencia definida y valiente de diversos actores para coadyuvar y fortalecer la dura empresa: los gobernantes honestos, legisladores, tribunales jurisdiccionales, universidades, sindicatos, la empresa privada, profesionales, emprendedores, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones de padres de familia, los movimientos, organizaciones juveniles y estudiantiles, el clero, los ateos, los medios de comunicación, los gestores culturales, los artistas. ¡Juntos avanzamos en férrea unidad! ¡Todos por la salud moral de todos!

BIBLIOGRAFÍA Orrego, C. (2000) “Corrupción y Modernización del Estado”. Banco Interamericano de Desarrollo Departamento de Desarrollo Sostenible. División de Estado, Gobernabilidad y Sociedad Civil. México: BID. Universia (07.09.2017). http://noticias.universia.edu.pe/ 2017. Universia. La Opinión de Murcia (11.09.2017). La UMU busca las claves para combatir la corrupción. Disponible en http://www. laopiniondemurcia.es. Nova et vetera. (06.09.2017). Desafíos de la lucha contra la corrupción y posconflicto. Disponible en http://www.urosario.edu. co.Periodico-Nova-Et- Vetera/Analisis/Desafiosdela luchacontralacorrupciónyposconficto.

RELACIONES

ECUADOR-

ESTADOS UNIDOS

EN EL MARCO DEL SGP Ing. Matías Abad Merchán, Mgs

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stados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador. Históricamente ha sido el destino de la mayoría de nuestras exportaciones, siempre con un saldo positivo para nuestro país en la balanza comercial. Y si bien hasta el momento Ecuador no dispone de un acuerdo comercial a largo plazo con dicho país, existen esquemas de preferencias unilaterales como el ATPDEA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga)–ya concluido– y el SPG (Sistema General de preferencias) –todavía vigente– que han permitido el crecimiento de nuestras exportaciones en el mercado estadounidense. Según los registros del año 2016, del total de exportaciones no petroleras del Ecuador, el 26% tuvo como destino los Estados Unidos. Este porcentaje, todavía muy importante, ha decrecido en los últimos años, especialmente por la terminación de ATPDEA, una concesión unilateral de los Estados Unidos hacia los países andinos que, entre 2002 y 2013, benefició al sector ecuatoriano al reducir aranceles a 6300 productos de exportación. Durante este lapso, el sector exportador experimentó un gran progreso a nivel de producción y comercialización. Al terminar la vigencia de estas preferencias países vecinos como Colombia y Perú suscribieron acuerdos comerciales a largo plazo. Ecuador se retiró en medio de las negociaciones. A la fecha, Ecuador todavía se beneficia del Sizstema General de Preferencias, SGP –que termina en diciembre de este año–, una concesión unilateral que beneficia a más de 120 países en desarrollo con la reducción o eliminación de aranceles. Bajo el SGP, en 2016 el país comercializó un monto de $400 millones en productos en el mercado estadounidense, los cuales no pagaron alrededor de $80 millones en aranceles.

Adicionalmente hay que considerar que Ecuador no cuenta con un acuerdo comercial a largo plazo con los Estados Unidos, lo que sumado al hecho de tener al dólar como moneda de curso legal (condición que impide las devaluaciones intencionales), da lugar a que muchos de nuestros productos de exportación dependan totalmente de estas preferencias para continuar en el mercado estadounidense. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de obtener una nueva renovación del SGP. La decisión está en manos del Congreso y Senado de los Estados Unidos, por lo que urge que los sectores público y privado, en conjunto, desarrollen una efectiva estrategia de cabildeo. Igualmente, será determinante el mensaje político que utilice el gobierno ecuatoriano respecto al futuro de las relaciones Ecuador-Estados Unidos en temas de cooperación, inversiones, comercio, combate al narcotráfico, entre otros. Sin exportaciones, la dolarización no es sostenible. El proceso de abrir y consolidar nuevos mercados para nuestros productos debe ir acompañado de políticas públicas y acciones concretas orientadas a mejorar la productividad, competitividad e innovación en nuestro país. Del desarrollo de nuevos productos y del acceso a nuevos mercados se desprenderán nuevas plazas de empleo, crecimiento económico y bienestar para todos los ecuatorianos.

WHAT ARE

INTERNATIONAL

STUDIES? Anne Carr, Ed.D

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o changing patterns of inequality affect patterns of power and how? If inequality is linked to power, and if inequality is changing rapidly, are patterns of power also changing? What is the relationship between economic inequality and political inequality? What are the implications for new forms of political and economic action? For many analysts, changing patterns of inequality are both a product of and contribute to changing patterns of global power. International Studies in this regard focus therefore on issues of global trade (Caselli, 2014), financial flows, international taxation and international relations. Powerful global institutions are able to influence the rules of the game at the global level thus reducing the power of the nation state authorities (Wood, 2002). While many nation states have been affected by similar global forces, some nations have been able to pass national policies that can curb economic inequality while others have failed to do so (Leach, 2016; Green, 2016). For instance, in the 2000s, Latin American countries have shown that it is still possible to reduce national inequality in a context of open economies adopting more progressive policies in the fields of taxation, public expenditure and labour markets (Cornia, 2016), recognising that pressure from below and political will from above are necessary for sustainable national change to occur (Leach, 2016).

There are tipping points â&#x20AC;&#x201C;the points at which internalized acceptance of the status quo in a country shifts to new forms and realizations of economic and political agency, and new forms of action begin to emerge simultaneously across spaces, forms and levels of change. Where these tipping points are, why and when they occur vary (Gaventa, 2016). During the 2000s, shifting patterns of global have power affected where, how and with who nations engage in political and economic processes. Rather than a linear process, this relationship takes place dynamically, affected by and in ever shifting spaces, levels and forms of power (Gaventa, 2016). For example, in Ecuador from 1979 until 1996, a string of governments attempted to stabilize the delicate Ecuadorian economy which swung dramatically backand-forth due to fluctuating oil prices and severe debt. By 1998, the situation worsened and Ecuador suffered its most severe economic crisis; the DGP shrank dramatically, inflation rose and banks collapsed and in 1999 the national currency the sucre, was replaced by the U.S. dol=-=-At the local level, the cost of living skyrocketed and poverty worsened. After years of being uninvited, the changing pattern of inequality finally led to the initiation of local and national spaces for action claimed and created by thousands of protesters backed by the military and representatives of the indigenous population. The economy slowly started to recover and several leadership transitions later, Rafael Correa became President of Ecuador in 2006. The following year, a constitutional convention was called and a new magna carta was adopted by popular elections in 2008.

Very quickly, the international political and economic policies of President Correa revealed a government that challenged and questioned orthodox traditional bodies, forums and regional blocs of the international system, integration based on trade, and institutions associated with liberal democracy. At the same time, he encouraged participation in alternative forums or regional political blocs, and sought to propose Ecuador’s own stances on issues such as human rights, the freedom of expression, integration and trade relations. Thus international relations are not just about national or international policy change alone or about shaping who participates in formal political processes. Rather, this relationship also shapes and is shaped by more hidden forms of power, which have defined the rules of the game, and in turn affected aspirations to engage in the first place. Strategies for countering inequality are also about changing international norms and values, challenging and exposing hidden power, and the creation of alternatives which help to expand and prefigure notions of what the possibilities of change might be. For fifteen years, in the School of International Studies, professors from diverse disciplines and cultural backgrounds have engaged with bilingual students in academic study and practical application for a fast-changing interconnected world. To participate in International Studies means professors who continually research, are knowledgeable about, and can teach and debate on such diverse national and global issues as refugees, natural disasters, terrorism, foreign investment, export-import complexities, from a constitutional and international legal perspective; from diversity perspectives of Latin and indigenous history and culture; from the effects of globalization and its predecessor, colonization; from the perspective of International organizations; from new heterodox political and economic relationships that are challenging hegemonic orthodoxy. This is what International Studies at UDA is all about.

BIBLIOGRAFÍA Caselli, M. (2014). ‘Trade, Skill-biased Technical Change and Wages in Mexican Manufacturing’, Applied Economics 46.3: 336–48. Cornia, G.A. (2016). ‘The Decline and Recent Uptick of Income Inequality in Latin America, 2002–13’, in ISSC, IDS and UNESCO, Challenging Inequalities: Pathways to a Just World, World Social Science Report 2016, Paris: UNESCO Publishing: 201–5. Gaventa, J. (2016). ‘Can Participation “Fix” Inequality? Unpacking the Relationship between Economic and Political Citizenship, Coady Innovations Series 5. Green, D. (2016). How do we Make Sure the Panama Papers Lead to Lasting Reforms on Tax Evasion? Oxfam Blogs. Leach, M. (2016). ‘Towards Equality: Transformative Pathways’, in ISSC, IDS and UNESCO, Challenging Inequalities: Pathways to a Just World, World Social Science Report 2016, Paris: UNESCO Publishing: 184–90. Wood, E.M. (2002). ‘Global Capital, National States’, in M. Rupert and H. Smith (eds.), Historical Materialism and Globalization. London: Routledge (1) Stewart (2011) (2) Caselli (2014) (3) Wood (2002) (4) Leach (2016) (5) Green (2016) (6) Cornia (2016) (7) Leach (2016) (8) Gaventa (2016) (9) Ibid.

EL ROL DE LOS

ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD

Juan Diego Alvarado Presidente Escuela de Derecho

No consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el maravilloso mundo del saber. Albert Einstein

esde sus inicios, la universidad apareció como respuesta a la necesidad que sentían las personas de especializar sus conocimientos, es decir, fueron los mismos estudiantes quienes propiciaron la formación de esta institución. Sin embargo, en la actualidad el sentido de la universidad ha variado significativamente, pues muchos estudiantes acuden a sus aulas solo por complacer a sus padres o eligen carreras que en realidad no les gustan, pero que son rentables. Por estas y otras causas, el joven universitario termina por desvincularse de la academia o se convierte en sujeto pasivo dentro de la institución, se limita tan solo a asistir a clases, a rendir lo suficiente para ser llamado universitario y no repetir un ciclo. La tarea de volver a convertir al estudiante en parte integral de la estructura de una Facultad no es fácil. Esta vinculación se torna esencial, pues estos no pueden estar alejados o exentos de asuntos primordiales que de una u otra forma son trascendentales para su for-

mación profesional. Los estudiantes debemos, pues, ser más críticos y ser más capaces de proponer nuestras ideas con firmeza y, por supuesto, debemos estar involucrados con todo lo que respecta a las actividades académicas, una de las principales tareas que tenemos en frente. Como representante estudiantil de la escuela de Derecho he vivido varias experiencias y siento que he aprendido muchas cosas. Involucrarme en la vida integral de la academia no solo me ha permitido ser copartícipe de diversos aspectos de mi formación, sino y, sobre todo, me ha permitido conocer a personas extraordinarias y muy capaces de lograr grandes cosas no solo en el ámbito académico. También por esa vinculación reconozco el esfuerzo y dedicación de muchos estudiantes quienes han permitido que la carrera de Derecho de la Universidad del Azuay gane renombre. Juntos, tanto alumnado como docentes, seguiremos en la incesante lucha por mantener nuestra facultad en lo más alto.

EL EQUIPO DE ARBITRAJE DE LA FACULTAD

DE CIENCIAS JURÍDICAS Gabriela Estefanía Ortega Abad Juan David Vicuña Matovelle ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

l presente artículo tiene por objetivo analizar la importancia del estudio del arbitraje como parte fundamental en la formación del abogado contemporáneo y la importancia de fomentar en las universidades actividades que permitan a los estudiantes de derecho adquirir destrezas que usualmente no se enseñan en las aulas, pero que son indispensables para el ejercicio profesional. 1. El arbitraje en el mundo globalizado Vivimos en un mundo globalizado y estas nuevas interrelaciones han provocado consecuencias en el mundo jurídico. Las transacciones comerciales y en general el tráfico jurídico internacional han traído consigo no solo la necesidad de encontrar pautas generales para encasillar las diversas relaciones jurídicas entre los seres humanos, sino también la búsqueda de mecanismos de solución de los conflictos que puedan suscitarse en el desarrollo de dichas relaciones. Uno de estos mecanismos de solución, el que posee mayor desarrollo y evolución jurídica, es el arbitraje instalado como medio alternativo de solución de controversias, tanto en los ordenamientos internos de cada Estado, como en el ámbito de las negociaciones internacionales. Chevron Texaco vs. Ecuador, Petrolera Burlington vs. Ecuador, Consorcio Cuatro Ríos de Cuenca vs. Municipalidad de Cuenca son algunos de los muchos casos emblemáticos –por su trascendencia jurídica y social– que se han sustanciado o que se encuentran actualmente sustanciándose vía arbitral en lugar de la justicia ordinaria. El arbitraje es un método alternativo de solución de conflictos en el cual las partes que deciden someter sus controversias a este mecanismo renuncian a la justicia ordinaria y someten las disputas que surjan de una determinada relación jurídica a la resolución de árbitros independientes. En los últimos tiempos, tal y como advertimos ya, esta manera de resolver los conflictos, sobre todo en

aquellas relaciones jurídicas donde al menos una de las partes es una persona jurídica privada, ha llegado a tener un amplio protagonismo y predilección debido a la gama de beneficios que puede ofrecer frente a la justicia ordinaria. 2. Las actividades extracurriculares como elemento esencial en la formación profesional No todo se aprende en el aula de clases. Si bien la adquisición teórica del conocimiento es trascendental para el desarrollo de un abogado, la aplicación y puesta en escena del conocimiento adquirido constituye un requisito sine qua non para lograr un buen desempeño profesional. Actualmente, el perfil de un abogado es multidisciplinario. Las universidades cuentan con mallas curriculares que permiten el estudio de una serie de disciplinas, de tal forma que en el ámbito profesional se encuentran abogados dedicados tanto a la asesoría jurídica como al patrocinio de causas. Sin embargo, los abogados que se dedican, por ejemplo, al patrocinio de causas, requieren destrezas particulares distintas de aquellas dedicados únicamente a la asesoría jurídica, por ejemplo, la estructuración de argumentos dentro de un litigio, habilidades relativas a las técnicas de litigación oral, capacidad de argumentación y exposición, hasta la facultad de improvisar y lidiar con situaciones difíciles. Estas habilidades que se requieren en la defensa de causas son las que no se pueden adquirir ni perfeccionar en el aula. Por eso es necesario complementar la formación de los estudiantes de derecho con una simulación del papel que desempeña el abogado litigante en su práctica profesional. Por eso mismo, las actividades extracurriculares que permiten desarrollar este tipo de destrezas desde el inicio de la formación de un abogado deben ser necesariamente inculcadas y apoyadas dentro de los objetivos y planificación de las facultades de Derecho. 3. Ventajas de participar en los concursos de arbitraje Los concursos de arbitraje instalados en el medio académico han servido para que los estudiantes desarrollemos conocimientos y destrezas que resultan indispensables dentro de nuestra formación como abogados. Principalmente, nos han permitido ponernos en el papel de verdaderos abogados patrocinadores y aplicar el conocimiento teórico a casos prácticos de laboratorio que están diseñados para que ninguna de las partes tenga la razón absoluta, puesto que tanto demandantes como demandados exhiben debilidades en sus teorías del caso, debilidades que deben ser identificadas y superadas por los participantes.

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Pero participar en estos concursos esto no es una tarea sencilla. Implica meses de preparación que incluyen la investigación de temas específicos y sofisticados que muchas veces no forman parte de la materia de las clases, tenemos así procesos de fusión entre empresas transnacionales, controversias surgidas en virtud de negocios internacionales, incumplimiento de contratos a causa de modificaciones normativas, entre otros. Y resulta más complejo aún si consideramos que el arbitraje se plantea desde las más variadas aristas: arbitraje comercial, arbitraje de inversiones, aplicación de teorías de partes no signatarias, cláusulas escalonadas, nulidad de laudos arbitrales e inclusive excepciones de incompetencia por existir convenios arbitrales. Por tanto, la preparación inicia con un profundo estudio de los temas que se tratan. Posteriormente, debe plasmarse toda esta investigación en memoriales de demanda y contestación puesto que las partes debemos defender ambas posiciones en todos los casos. Una vez superada la fase escrita del concurso, los participantes nos enfrentamos a uno de los mayores retos: la sustanciación oral de nuestros casos. La preparación para la litigación oral se volvió indispensable en el Ecuador desde la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos que establece que el sistema judicial será un proceso oral por audiencias. Sin embargo, muchas veces, por el tiempo y el número de estudiantes en las aulas, se torna complicado que todos los estudiantes de un curso podamos realmente disponer de extensos minutos de preparación durante el tiempo de las clases. Es aquí cuando el participar en concursos de arbitraje, más allá de los conocimientos sustantivos adquiridos, se convierte en una excelente vía para el desarrollo y práctica de las técnicas de litigación oral. Un valor agregado que otorga este tipo de actividades extracurriculares es el poder crear una red de contactos no solamente con otros estudiantes, sino también con profesionales del derecho ya formados, a los cuales no hubiésemos llegado siquiera a conocer de otra manera.

Los árbitros de las competencias, así como los entrenadores de los equipos, además de docentes universitarios, son distinguidos abogados de prestigiosos estudios jurídicos. El arbitraje ha dado lugar a que nos escuchen en audiencias de preparación o dentro de los concursos y que nos brinden su punto de vista sobre nuestras teorías del caso, pero, más importante aún, fomentan un vínculo que servirá a lo largo de nuestra práctica profesional e incluso abre la posibilidad de que miembros del equipo de la Universidad realicen pasantías o que trabajen en estudios líderes a nivel nacional. 4. Logros del equipo de arbitraje de la Universidad del Azuay La Universidad del Azuay ha participado y obtenido grandes logros en los concursos nacionales e internacionales de arbitraje. En el ámbito nacional, el equipo resultó campeón nacional en el II Concurso Nacional de Arbitraje organizado anualmente por la Universidad San Francisco de Quito. En el ámbito internacional, la Universidad del Azuay llegó el año pasado a semifinales de la IX Competencia Internacional de Arbitraje Comercial, coorganizada por la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad del Rosario (Colombia), donde se ubicó entre los cuatro mejores de más de cincuenta y dos participantes de toda Latinoamérica, universidades de la Florida (Estados Unidos de América), de España y de Francia. Actualmente, Ecuador y la Universidad del Azuay son reconocidos a nivel internacional en virtud de las reiteradas participaciones exitosas en estos concursos. 5. Conclusiones Desde una perspectiva personal, surgida por la experiencia vivida como miembros del Equipo de Arbitraje desde los primeros ciclos de la carrera, podemos decir sin temor a equivocarnos que estas actividades han transformado nuestra perspectiva del Derecho y nos han permitido vincularnos con el “mundo real” de la práctica jurídica, es decir, nos han ayudado a manejar casos complejos que requieren de destrezas que van más allá del conocimiento teórico-técnico de las normas jurídicas y nos han permitido adquirir invaluables habilidades y relaciones profesionales que de otra forman no hubiéramos conseguido. Es por ello que alentamos a todos los estudiantes de la Escuela de Derecho a participar en este tipo de actividades.

LAS RELACIONES

INTERNACIONALES

COMO HERRAMIENTA

DE DESARROLLO

DE LOS GOBIERNOS LOCALES Lcda. Ana Paulina Crespo GRADUADA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

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oy por hoy para los gobiernos locales constituye una gran responsabilidad desempeñar un papel activo en la formación ciudadana sobre políticas públicas globales. Por ello, los gobiernos locales y regionales debemos unir fuerzas para abordar todas aquellas brechas y necesidades de planificación urbana que enfrenta la ciudadanía en el día a día y debemos trabajar en una mayor comprensión de los desafíos y perspectivas de estos gobiernos. Gracias a la conformación de redes internacionales de cooperación, los gobiernos locales han ido poco a poco ganando voz y un voto en la elaboración y toma de decisiones de políticas públicas globales; sin embargo y a pesar del camino recorrido, el reto que nos queda en América Latina todavía es grande. En el Ecuador, en el año 2011 se descentralizó la competencia de cooperación internacional. Desde aquel momento los municipios de todo el país tuvieron que asumir, poco a poco, esa responsabilidad y ese compromiso para con el mundo, en pro del desarrollo de sus ciudades. En la realidad latinoamericana, este hecho constituye un reto que genera tensión e inseguridad, debido esencialmente a presupuestos insuficientes, carencia de profesionales en el área, o a la falta de voluntad política, producto de la escasa visión internacional de los líderes locales. Por tanto, es un desafío de los gobiernos locales instaurar el “chip” de la aldea globalizada y pensar la gobernabilidad como un espacio en el que los gobiernos locales pueden desempeñar un papel preponderante en la toma de decisiones de impacto mundial. Otro desafío es ser partícipe de las redes internacionales. En este sentido, ha sido fundamental el papel de redes como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), que ha logrado la interacción y trabajo mancomunado de ciudades de diversos continentes y ha generado una participación

más fuerte y libre para los gobiernos locales. Sin embargo, el trabajo con municipios de ciudades pequeñas e intermedias se constituye todavía en un reto. En nuestra región, de forma concreta, es importante fortalecer el rol de la ciudad y potencializarla a través de un mejor manejo de sus relaciones internacionales y mediante la cooperación para su desarrollo. A pesar de los restos pendientes, existen algunos avances. En Cuenca hemos fortalecido a nivel nacional la visión global en la que debemos trabajar los gobiernos locales, y a nivel internacional hemos trabajado de manera incansable en el fortalecimiento de nuestras relaciones internacionales mediante convenios con organismos de cooperación y hermanamientos con ciudades pares que buscan, de igual manera, una mayor internacionalización. Como ciudad proponemos una nueva agenda internacional, en la que las redes no estén formadas únicamente por ciudades capitales o grandes metrópolis, consideramos que el aporte de las ciudades intermedias es fundamental para un equilibrio y una mayor armonía en el panorama internacional. Apostamos por estas ciudades que tienen toda la fuerza, voluntad y predisposición de sumarse a la nueva agenda urbana y políticas globales. Dentro de esta visión de ciudad es fundamental el desarrollo de espacios claves, donde se formen líderes con una visión internacional y con miras a la construcción de nuevas políticas públicas y donde uno de los ejes transversales sea el desarrollo de sus ciudades a través de nuevos métodos de cooperación entre pares. Les invitamos a formar parte de este proyecto de valorización y fortalecimiento del panorama internacional de Cuenca y los procesos de cooperación que ello conlleva, como vías de transformación de nuestras ciudades en lugares más inclusivos, participativos y democráticos.

LA ESCUELA

DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

Lcda. Mónica Martínez Sojos, Mst COORDINADORA ESCUELA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

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ivimos con la esperanza de ser un buen recuerdo. La vida es una suerte de trayecto en el que caminamos entre las sombras y los claros del sendero. Anhelamos, soñamos, construimos. Vamos creciendo alimentándonos de nuestras experiencias y caídas, pero también con nuestros descubrimientos, logros y aplausos. Trascendemos en el otro y en la búsqueda de nosotros mismos. Hoy que la Escuela de Estudios Internacionales se apresta a celebrar 15 años de vida y en el marco de la celebración de los 30 años de la Facultad de Ciencias Jurídicas, nuestra casa, conviene hacer un alto en el camino para mirar hacia el sendero transitado. La Escuela de Estudios Internacionales cimienta su fortaleza sobre tres ejes principales. Para empezar, conviene recordar que nació y que se ha mantenido como una carrera de artes liberales, lo que le ha permitido explorar áreas relativas a disciplinas académicas tales como Historia Universal Contemporánea, Matemáticas Financieras, Ciencias Políticas, Pensamiento contemporáneo, Inglés, Antropología cultural, entre otras, todas ellas encaminadas a desarrollar habilidades que le permiten al estudiante aplicar la inteligente y oportuna resolución de problemas, el análisis crítico y reflexivo, la comunicación oral y escrita en ambas lenguas. Este carácter de artes liberales y el contacto con esta diversidad de disciplinas le confieren al estudiante de Estudios Internacionales una visión global del entorno local, nacional y planetario.

Por otro lado, la Escuela fomenta seriamente el estudio de materias relacionadas con el derecho empresarial y los negocios internacionales. Es así como, a través de las materias de Comercio Exterior, Emprendimiento, Legislación para el Comercio, Derecho de los Tratados, Administración Organizacional, Negociación Internacional, entre otras, el estudiante hace un recorrido por el campo de los negocios y la normativa internacional que lo regula. Esto le permite acceder a interesantes oportunidades laborales tanto en el país, como fuera de él. Para terminar, al fundamentarse en estos dos ejes troncales, las relaciones internacionales y los negocios internacionales, la Carrera promueve el diálogo interdisciplinario entre derecho y comercio. Viene de esta forma a presentarse como una carrera única en el Austro del país, pues amalgama la gran diversidad curricular que oferta directamente con las habilidades específicas y técnicas que se requieren para el éxito en la actividad profesional. Resulta interesante, desde otra perspectiva, el ver hasta dónde han llegado nuestros alumnos. Ellos, que un día vinieron cargados de esperanzas y miedos, hoy se encuentran dispuestos y solventes, ya sea en cargos gubernamentales y privados o en empresas nacionales e internacionales, ofreciendo su contingente en áreas tan diversas como las Cámaras de la Producción y de Comercio, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Ministerios de Relaciones Exteriores, Universidades, Empresas Exportadoras, entre otros. La Carrera, además, ha sido anfitriona de importantes eventos tales como los modelos de las Naciones Unidas, Congresos de Comercio Exterior y la Semana Europea en Cuenca que han acogido a centenares de participantes de todo el mundo. Y la Escuela cuenta también con dos interesantes y participativos clubes de estudiantes: el Club de Diplomacia y el Club de Comercio Exterior.

El día de hoy que celebramos los logros de la Facultad de Ciencias Jurídicas nos honra y enorgullece el mirar hacia el camino recorrido. Esta aventura llamada Escuela de Estudios Internacionales, que empezó hace 15 años como hermana menor de la Escuela de Derecho, nos ha colmado de buenas y gratificantes experiencias. Conviene ahora continuar con ahínco en esta tarea de hacer de nuestra Universidad un bastión de la razón, el saber y los principios éticos y morales. Conviene aferrarse a la utopía. Al sueño. A lo que imaginamos. Conviene creer que una nueva Universidad es posible; que puede ser luz que brillará en medio de las sombras; que será la abanderada de la ética, de la integridad, de la verdad; que no dejará de ser valiente, crítica, mordaz, cuestionadora y, por sobre todo, libre. Estamos llamados a poner orden en el caos. Sigamos haciéndolo. Sigamos caminando.

GALERĂ?A

Personal docente y administrativo de las Escuelas de Derecho y Estudios Internacionales

Casa abierta 2017 Escuela de Estudios Internacionales

Equipo de protocolo internacional de la Escuela de Estudio Internacionales

Celebración de la Primera Semana Europea en Cuenca - 2017

Suscripción de Convenio con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - 2017

Casa abierta de la Escuela de Derecho - 2017

Autoridades académicas de la Universidad y de la Facultad - 2017

Inauguración del Centro Académico Tutorial de la Facultades de Ciencias Jurídicas y Filosofía - 2017

Nominación del Auditorio ¨José Cordero Acosta¨

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Acto Solemne de la Facultad - 1988

Dr. Patricio Cordero, exdecano y Dr. José Serrano, docente

Una de las últimas promociones de la Escuela de Derecho

Equipo participante en el Concurso Internacional de Arbitraje Comercial (Bogotá)

Personal docente de la Facultad de CCJJ / 1999

Personal docente de la Facultad de CCJJ / 2008

Personal docente de la Facultad de CCJJ / 1999