TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Dos principios de política pública
El gobierno digital y el derecho de petición en el Perú David H. Chávez Huertas
Abogado Summa Cum Laude por la Universidad de Lima y egresado de la maestría en Derecho Administrativo Económico por la Universidad del Pacífico.
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n el Perú, como en el resto de países de Latinoamérica, el gobierno digital regresa remozado, con la eclosión de ventanillas y casillas electrónicas en distintas entidades públicas; regulaciones que ordenan, salvo excepciones, la digitalización de los procedimientos actuales y futuros; procedimientos netamente electrónicos de principio a fin (como el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal ante el Indecopi, creado por decreto legislativo 1511); nuevos Aplicativos Públicos Digitales (como "Perú en tus Manos" o “Facilito Balón de Gas”); entre otros. En definitiva, la prestación electrónica
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de servicios y trámites que hasta ahora eran un pequeño porcentaje de todos los que se efectuaban en el Estado, a raíz del confinamiento y el distanciamiento social obligatorio, por el covid-19, pasarán a desempeñar un papel principal en el relacionamiento del Estado con la ciudadanía; lo cual no es poca cosa si consideramos que, según reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, hasta hace poco en América Latina menos del 30% de los trámites se podían hacer enteramente online. En ese relacionamiento del Estado con la ciudadanía se debe considerar que el derecho de petición de los ciudadanos y empresas se encuentra en la base misma (matriz) de los diferentes tipos (especies autónomas) de peticiones, reclamos, denuncias, quejas, recursos, pliegos, solicitudes fundadas en derecho, peticiones de información, solicitudes de acceso a la información pública, sugerencias, demandas civiles, actividades de gestión de intereses, iniciativas legislativas ciudadanas y de cualquier otro medio de relacionamiento de los ciudadanos con sus autoridades y poderes públicos. Tanto así que incluso en el ámbito de la
inversión en activos, servicios públicos, infraestructura, innovación y demás aspectos de relevancia pública, el mismo aparece en su estado más puro (graciable) con la formulación de iniciativas privadas. El gobierno digital vendrá a potenciar todas y cada una de esas formas de relacionamiento de los ciudadanos y sus autoridades, a través de la implementación, desarrollo y aplicación de las herramientas informáticas, tales como las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el quehacer de la administración pública. Ello permitirá la racionalización de procedimientos, el uso más productivo de recursos, la reducción de costos de transacción, el ahorro de recursos energéticos, la materialización de las políticas de cero papel, mejorar la competitividad del país y, sobre todo, el recibimiento, atención y resolución debida y oportuna de las necesidades, demandas, sugerencias, cuestionamientos, propuestas, iniciativas y demás de estos condimentos, que se diligencian a través de las diferentes especies de petición. En ese relacionamiento con el ciudadano, el gobierno digital, además debería hacer
