El 18 de enero de 1989, cerca al corregimiento de La Rochela, en el municipio de Simacota, Santander, fue perpetrada por un grupo paramilitar una masacre en la que murieron 12 de un total de 15 funcionarios judiciales que investigaban varios delitos en la zona. El crimen fue el resultado de una alianza entre paramilitares, narcotraficantes y algunos miembros del Ejército, y se enmarca dentro de un contexto de violencia contra funcionarios judiciales.
En la época en que ocurrieron los hechos, se presentaron en Colombia numerosos ataques contra empleados de la administración de justicia. Entre 1979 y 1991, un promedio anual de 25 jueces y abogados fueron asesinados o sufrieron algún tipo de atentado. A partir de la masacre de la Rochela, como caso emblemático, se ilustrarán las múltiples formas de victimización de los operadores judiciales en Colombia.
