Revista ConVerGENTE, nº 5, vol1 by Mesas Convergencia

Revista colaborativa de Mesas de Convergencia, Promotora de C贸rdoba

gracias a todas las personas que han participado en este n煤mero

EDITA. Mesas de Convergencia y Acci贸n Ciudadana, Promotora de C贸rdoba

Los suministros básicos vitales como derechos humanos y como responsabilidad pública

Las instituciones públicas deben potenciar modelos alternativos de vivienda

Padecen pobreza energética el 18 % de los hogares españoles

Los servicios públicos, una herramienta imprescindible para la igualdad de género

La educación pública bajo la amenaza de los recortes. situación actual, perspectivas y propuestas

La sanidad pública en peligro

Javier Lucena Domínguez

Los suministros básicos vitales como derechos humanos y como responsabilidad pública

Miembro de la Plataforma Córdoba Pública y del colectivo Mesas de Convergencia y Acción Ciudadana de Córdoba

Los suministros básicos - vivienda, luz, agua, gas y alimentación – son fundamentales no sólo para una vida mínimamente digna, sino para el propio ejercicio de la ciudadanía, de la democracia en suma; de ahí su consideración como derechos humanos por Naciones Unidas. No obstante, la inhibición de los Gobiernos españoles al respecto viene siendo ostensible y ha terminado dando lugar a una serie de movimientos sociales que, además de reivindicativos, en muchas ocasiones terminan supliendo la pobre o nula acción pública al respecto.

Javier Lucena Domínguez Los suministros básicos vitales como derechos humanos y como responsabilidad pública

La duración y extensión de la crisis económica que comenzó en el 2008 con el estallido las burbujas financiera e inmobiliaria, junto a las políticas de recortes y ajustes emprendidas por los gobiernos de turno, han conllevado que la pobreza saltara del tradicional reducto en que estaba enquistada en nuestro país (ese 8 o 10% de población invisible que ya era pobre antes de ese año, en plena bonanza) y haya cobrado un nuevo protagonismo, tanto por su virulencia, como por su ampliación a las clases medias y por su afectación a aspectos esenciales de la vida humana, como la luz, el agua, la vivienda…Hoy, la pobreza, cada vez más poliédrica, tiene tantos adjetivos como facetas; se habla así de pobreza energética, de pobreza hídrica, de crisis habitacional o de insolvencia alimentaria.

Ante semejante situación de emergencia social, hay quienes plantean ya abiertamente que todas estas manifestaciones de la pobreza son incompatibles con la más elemental concepción de los derechos humanos, incluso con la democracia, toda vez que el ejercicio de la condición de ciudadanía exige unos mínimos vitales que lo hagan posible. Aunque los poderes públicos han optado en su mayor parte por permanecer del lado de los poderes económicos - esos, que recuérdese, no se eligen en las urnas – y se han mantenido impasibles ante el dolor de los sectores sociales más perjudicados por esta situación, cabe encontrar alguna llamada de atención incluso en sus aledaños.

“Hoy, la pobreza, cada vez más poliédrica, tiene tantos adjetivos como facetas; se habla así de pobreza energética, de pobreza hídrica, de crisis habitacional o de insolvencia alimentaria”

Sin ir más lejos, el pasado 3 de diciembre, en el marco de unas jornadas sobre “Personas vulnerables y suministros vitales. Pobreza energética, pobreza hídrica y garantía de suministros mínimos”, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, urgía al Gobierno andaluz a que no retrasara más su compromiso al respecto y garantizara por ley los suministros vitales. Maeztu informó que su Oficina ha recibido un alto número de quejas en esta materia de familias que "no pueden hacer frente al pago de las facturas". Se calcula que la pobreza energética, hídrica y de suministros mínimos la sufren 300.000 hogares andaluces, pobreza que afecta de manera especial a los colectivos más débiles:

Javier Lucena Domínguez Los suministros básicos vitales como derechos humanos y como responsabilidad pública

los menores y las mujeres con hijos a su cargo. Hasta ahora, la Junta de Andalucía se ha limitado a destinar 7,5 millones a los ayuntamientos para ayudas a las familias a las que les han cortado los suministros básicos o pueden verse en esta situación, cantidad insuficiente ante el importante aumento de la pobreza, como reconoció en su momento el propio Vicepresidente andaluz. Pero si a nivel andaluz se denunciaba la pasividad o la lentitud, del gobierno central no cabe esperar nada, como se deduce del hecho que la única iniciativa de moratoria por seis meses de cortes de suministros vitales, aprobada en Cataluña, haya sido recurrida por aquél al Tribunal Constitucional.

“Estas manifestaciones de la pobreza son incompatibles con la más elemental concepción de los derechos humanos, incluso con la democracia”

Otras comunidades, como la de Cantabria, sin embargo, sí han aprobado medidas en ámbitos que son claramente de su competencia, como el de aguas, para garantizar un mínimo vital de este suministro a las familias más desfavorecidas. En cualquier caso, en general cabe valorar como muy tímidas las limitadas respuestas que algunas administraciones han dado a la gravísima carencia de recursos vitales básicos que enfrentan cientos de miles de ciudadanos/as. Es por eso que, frente a esta situación de emergencia y la pobre respuesta de las administraciones, han ido surgiendo diversos movimientos en nuestro país que no sólo han plantado cara a los problemas, a veces supliendo el

propio papel protector que debería ofrecer el Estado, sino formulando también en muchas ocasiones claros planteamientos de defensa del carácter público de los suministros básicos o, alternativamente, la exigencia de unas políticas públicas que garanticen los mínimos vitales necesarios para el ejercicio de los derechos humanos más elementales. Entre tales movimientos, quizás el más conocido y reconocido públicamente, debido a la gran movilización que ha conseguido, sea la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca)/ Stop Desahucios, relacionada con el acceso a la vivienda.

Javier Lucena Domínguez Los suministros básicos vitales como derechos humanos y como responsabilidad pública

Pero también progresivamente han ido surgiendo otros movimientos en torno a la pobreza hídrica, la pobreza energética o la insolvencia alimentaria: Asociación de Ciencias Ambientales, Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, Nueva Cultura del Agua, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Alianza contra la Pobreza Energética o RIOS ( Red de Investigación y Observatorio de la Solidaridad) son sólo algunos ejemplos. Entre las organizaciones sociales que hoy se enfrentan a las distintas vertientes de la exclusión hay, evidentemente, diferencias. Por ejemplo:

– el grado de visibilidad de las distintas problemáticas es muy diferente, y va en proporción al nivel de organización y movilización logrado por los correspondientes movimientos sociales; – la forma en que cada uno de estos problemas se viven por los afectados varían, también en función de la organización y movilización. Así, mientras los desahucios son cada vez más un fenómeno colectivo, con importante repercusión social y mediática, los problemas de insolvencia alimentaria o las pobrezas energética e hídrica se siguen viviendo de forma fundamentalmente individual, vergonzante, muchas veces con gran invisibilidad pública.

“Cabe valorar como muy tímidas las limitadas respuestas que algunas administraciones han dado a la gravísima carencia de recursos vitales básicos que enfrentan cientos de miles de ciudadanos/as”

En la medida en que la movilización y la organización social avance, es de suponer que la situación de estos últimos se irá pareciendo cada vez más a la de los desahucios; – aunque suelen tener un carácter reivindicativo, sin embargo no siempre ocurre así, sobre todo en el caso de la pobreza relacionada con la comida o insolvencia alimentaria, que en su mayor parte está siguiendo un enfoque benéfico, de caridad, muy vinculado a la actuación de la Iglesia Católica, a través de Cáritas, y a la Federación Española de Bancos de Alimentos, cuyos recursos provienen en buena medida de fondos públicos.

Javier Lucena Domínguez Los suministros básicos vitales como derechos humanos y como responsabilidad pública

Pero más allá de estas y otras diferencias, sin embargo, la mayoría de estos movimientos vienen a compartir una serie de significativos rasgos comunes, cuando no confluyen directamente, como el caso de Stop Desahucios, que ya no sólo se centra en la lucha por el derecho a la vivienda, sino que también está emprendiendo acciones de banco de alimentos y en contra de los cortes de suministros básicos. Aspectos comunes a los movimientos sociales en defensa del acceso a los recursos básicos (energía, agua, alimentación, vivienda) Entre los rasgos comunes de la mayor parte de estos movimientos, destacaríamos:

“Son iniciativas sociales que surgen ante la indiferencia de los Gobiernos de turno hacia el daño causado por la crisis y las políticas de austeridad aplicadas”

– son iniciativas sociales que surgen ante la indiferencia de los Gobiernos de turno hacia el daño causado por la crisis y las políticas de austeridad aplicadas; es decir, es la propia sociedad civil quien termina prestando las ayudas (dentro de su precariedad de medios) que los Gobiernos han dejado de garantizar; – las problemáticas, por su carácter esencial, básico, terminan remitiendo a la Constitución, pero sobre todo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos como marco jurídiciopolítico y conceptual desde el que defender lo que se reivindica; huyen del partidismo o de la vinculación con una opción política concreta, pero denuncian la escasa o nula receptividad del bipartidismo (PP/PSOE) cuando están en el Gobierno; – son iniciativas que tienen mucho que ver con el cambio de ciclo sociopolítico. De hecho, el nombre de Stop Desahucios se une en determinadas localidades, como Córdoba, con el acróstico 15-M. Son luchas muy concretas, con una carga ideológica fuerte pero elemental, que van sirviendo como escuela de empoderamiento ciudadano, de formación de nuevos activistas, entre sectores ciudadanos que nunca habían participado políticamente ni se lo hubieran imaginado hace un tiempo;

Javier Lucena Domínguez Los suministros básicos vitales como derechos humanos y como responsabilidad pública

“Las problemáticas, por su carácter esencial, básico, terminan remitiendo a la Constitución, pero sobre todo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos”

– enfrentan, en general, una carencia de datos y de registros públicos que aporten información fehaciente del alcance real de las distintas problemáticas. De la única que se aportan datos de modo oficial, de la vivienda, a través del Consejo General del Poder Judicial, hasta muy recientemente no se han diferenciado los desahucios de primera vivienda de la de locales o segunda vivienda, pero además, sigue sin aportarse datos sobre la situación sociofamiliar, económica o laboral de las personas afectadas.

Existe, pues, una clara voluntad política de ocultamiento, de que no se conozca la verdad para poder formular declaraciones retóricas sin fundamento que intentan hacer creer que los Gobiernos actúan decididamente contra esas situaciones de emergencia social (“estamos solucionando el problema”, “estamos tomando medidas”...); – las iniciativas en defensa del acceso a los recursos básicos están en el fondo vinculadas en gran medida a la sostenibilidad; por ejemplo: contra la pobreza energética se reclaman, entre otras, medidas de mejora de la eficiencia y el ahorro energético de las viviendas; contra la pobreza hídrica se incluyen propuestas de fomento del ahorro del consumo; respecto a la vivienda,

se propugna también acabar con el despilfarro de recursos y el destrozo paisajístico y del medio ambiente que conlleva la especulación inmobiliaria; y en materia de carencia de alimentos, algunos movimientos alternativos también se vinculan a los existentes en pro de la soberanía alimentaria.

Javier Lucena Domínguez Los suministros básicos vitales como derechos humanos y como responsabilidad pública

En definitiva, son iniciativas que, en gran medida, ponen en cuestión las políticas neoliberales de austeridad y recortes de servicios y prestaciones y que exigen una intervención pública a partir de una traducción jurídica efectiva, garantista, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el fondo, por acción u omisión, lo público está al centro del debate, puesto que suelen plantear que es el Estado quien debiera ser garante de los recursos mínimos vitales que permitan el ejercicio de la ciudadanía.

“Las iniciativas en defensa del acceso a los recursos básicos están en el fondo vinculadas en gran medida a la sostenibilidad”

Aunque no siempre se define con rotundidad el modo de gestión, sí parece apuntarse a una gestión pública, hasta el punto que se habla de procesos de remunicipalización (caso del agua), de posible nacionalización (caso de las empresas de energía), de ampliación de la oferta pública de recursos (caso del parque de vivienda pública), etc. Un asunto vinculado de modo directo a las alternativas y soluciones efectivas a las dificultades de acceso a los recursos básicos es el de la Renta Básica, pero el mismo excede del alcance de este número de Con-ver-Gente.

“Son iniciativas que, en gran medida, ponen en cuestión las políticas neoliberales de austeridad y recortes de servicios y prestaciones y que exigen una intervención pública (…) En el fondo, por acción u omisión, lo público está al centro del debate”

Javier Lucena Domínguez Los suministros básicos vitales como derechos humanos y como responsabilidad pública

Enlaces de interés POBREZA HÍDRICA http://www.right2water.eu/es http://www.aeopas.org/ http://www.iniciativagua2015.org/ http://www.fnca.eu/ POBREZA ENERGÉTICA http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/cambio-climatico-y-sector-energetico/pobrezaenergetica.html http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/ http://pobresaenergetica.es/es/ INSOLVENCIA ALIMENTARIA https://esbozosrios.wordpress.com/ EMERGENCIA HABITACIONAL http://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2013/12/2013-EmergenciaHabitacional_Estado_Espanyoldef.pdf http://stopdesahucios.15mcordoba.net/

Entrevista a Rafael Carmona Muñoz

Las instituciones públicas deben potenciar modelos alternativos de vivienda

Miembro de la Plataforma Stop Desahucios Córdoba-15M

Conversamos con Rafa Carmona, miembro activo de la Plataforma Stop Desahucios Córdoba-15M, sobre el derecho a la vivienda y el papel que desempeña la Plataforma como defensora de este derecho, mediante la implicación y empoderamiento de la ciudadanía en esta lucha. Hablamos con Rafa sobre la actividad de la Plataforma, sobre las familias que la forman, sobre su carácter reivindicativo y su capacidad para crear conciencia colectiva; sobre sus logros y su trayectoria…

Entrevista a…Rafael

[ConVerGENTE, CVG] ¿Cómo se valora desde Stop Desahucios Córdoba el problema del acceso a la vivienda como derecho humano?

Carmona Muñoz

Las instituciones públicas deben potenciar modelos alternativos de vivienda

[Rafael Carmona Muñoz, RCM] Para nosotros es un tema fundamental, desde el principio entendimos que nuestro país estaba pasando por una situación muy difícil para las familias sin recursos, la vivienda se había convertido hacia ya mucho tiempo en una inversión, objeto de especulación, había diseñada toda una política para llevarnos a esa situación, en la que cayó gran parte de la población española, nos vendieron que era mejor por la misma cuota mensual, adquirir la vivienda en vez de alquilarla.

“Desde la Plataforma defendemos la vivienda digna (luz, agua y gas) colocando el derecho de uso por encima del de propiedad, , toda persona que viva en España tiene el derecho a un techo, este es un objetivo clave para nosotros”

Pero claro nunca hicieron nada por tener un parque de viviendas para el alquiler a precios asequibles.

[CVG] ¿ Cuántas familias ha atendido Stop Desahucios desde su creación?

Esto llevo a gran parte de la población, jóvenes, inmigrantes, etc.. a endeudarse con la compra de viviendas que ante la primera crisis financiera se arruinaron y no pudieron hacer frente a las cuotas hipotecarias. Desde la Plataforma defendemos la vivienda digna (luz, agua y gas) colocando el derecho de uso por encima del de propiedad, toda persona que viva en España tiene el derecho a un techo, este es un objetivo clave para nosotros.

[RCM] No llevamos la cuenta de todas las familias que han pasado por la plataforma, es a partir de mediados del año dos mil doce cuando empezamos a realizar las fichas de las familias que atendemos y desde esa fecha hasta el final del año pasado, han pasado más de mil doscientas familias por nuestros puntos de información.

Entrevista a…Rafael

[CVG] Por lo que se sabe, Stop Desahucios no funciona como una ONG de ayuda, sino que va más allá y no sólo tiene un carácter reivindicativo sino que trata de implicar en la lucha por el derecho a la vivienda a las propias personas afectadas. ¿Podrías decirnos cómo hacéis esto? [RCM] Desde que se acercan las familias a la plataforma tratamos de que se incorporen a la lucha por la defensa de la vivienda digna, de que ellas se conviertan en los actores fundamentales de la resolución de sus problemas, conjuntamente con la colaboración de la plataforma, pero dejándoles claro que este es un proceso conjunto y colaborativo, desde que entra en uno de los puntos

de información, su problema es el nuestro y el nuestro debe ser también el suyo. Intentamos incorporarlos en los grupos de afinidad y apoyo del territorio que mejor le venga a la familia, para mantener una relación más fluida y cercana. Esto no siempre sale como queremos y es verdad que hay familias que una vez resuelto su problema dejan de aparecer de forma continua en las actividades de la plataforma, asistiendo esporádicamente a algunas actividades. Nuestra organización es muy abierta, no existen los carnets ni la afiliación al uso de la mayoría de los colectivos. Pero si es verdad que durante los más de tres años que llevamos y teniendo en cuenta las salidas y entradas de familias a la plataforma, nunca dejamos de tener una asistencia a las asambleas que hacemos cada dos semanas de cerca

Carmona Muñoz

Las instituciones públicas deben potenciar modelos alternativos de vivienda

“Desde que se acercan las familias a la plataforma tratamos de que se incorporen a la lucha por la defensa de la vivienda digna, de que ellas se conviertan en los actores fundamentales de la resolución de sus problemas”

de cien personas. [CVG] ¿Cuáles son los principales logros de Stop Desahucios en estos años? [RCM] Hemos conseguido grandes cosas, la más importante que hemos conseguido transmitir a la sociedad la justicia de nuestra lucha, que gracias al apoyo de la mayoría hemos obligado a intervenir a los diferentes gobiernos en nuestro país, con modificaciones legislativas insuficientes, pero que han demostrado la fortaleza de la causa por la que estamos luchando. Hemos firmado muchas daciones en pago, alquileres sociales, paralizado desahucios, cuando nuestros gobernantes y los bancos decían que no era posible.

Entrevista a…Rafael

Estamos influyendo en toda la sociedad, y no hacemos distinción ninguna entre los que nunca han tenido una vivienda y los que la han perdido. Somos un colectivo formado por una mayoría de familias de todos los sectores sociales, mayores, jóvenes, trabajadoras, empresarias, autónomas, inmigrantes, que se reúnen, encierran, manifiestan, discuten y comparten un proyecto de lucha fundamental la defensa de los derechos humanos. [CVG] El derecho a una vivienda digna es algo por lo que deberían velar nuestras administraciones públicas ¿Qué plantearía Stop Desahucios a los próximos gobiernos andaluz y municipal en materia del acceso a la vivienda?

Carmona Muñoz

Las instituciones públicas deben potenciar modelos alternativos de vivienda

do en que todas las viviendas vacías se pongan a disposición del parque publico de vivienda, ya sea municipal o de la comunidad autónoma. Las instituciones publicas deben potenciar modelos alternativos de vivienda en colectividad y cooperativas, que permitan compartir, colaborar, participar a todas los agentes sociales, y nosotros queremos estar a partir de ahora en el diseño de las políticas de vivienda que las diferentes administraciones realicen, no vamos a permitir que se nos margine a la hora de elaborar los planes de vivienda sociales, creo que nos hemos ganado nuestra participación conjuntamente con otros colectivos sociales a la participación en el diseño de un nuevo modelo de vivienda que conforme una

[RCM] Tenemos que ir a un modelo de vivienda diferente, apostando de forma más importante por la vivienda de alquiler y social, seguimos insistienciudad más participativa y que comparta más los espacios comunes, en el fondo una ciudad más humana y cercana.

“Tenemos que ir a un modelo de vivienda diferente, apostando de forma más importante por la vivienda de alquiler y social”

[CVG] Últimamente Stop Desahucios Córdoba ha ampliado su campo de acción con una campaña denominada “¡Agua, Luz, Gas, Derecho Universal!, ¿cuál ha sido la razón de esa apertura a nuevas reivindicaciones?

[RCM] Como sabéis nos hemos encontrado con un problema muy serio en nuestros puntos de información, cada día venían familias que no podían pagar la luz, otras ocupando viviendas vacías a las que no les daban ni luz ni agua y no podíamos estar de brazos cruzados, ya que desde el

Entrevista a…Rafael

primer día nuestro movimiento venia defendiendo que la vivienda digna es aquella que ocupan personas y tiene garantizados sus suministros básicos. Hemos exigido a las diferentes administraciones que asumieran su responsabilidad y resolvieran el serio problema por el que estaban pasado las familias en Andalucía, pedimos la declaración de emergencia habitacional que evidentemente incluía los suministros, no podíamos seguir viendo como la luz había subido casi un 70% en los últimos años y cada día teníamos mas parados y familia sin ingresos. Y desde el día 9 de febrero tenemos abierto un nuevo punto informativo dedicado a las energías, que como el resto de puntos informativos estará en una asociación de vecinos, la de Cañero y se atenderá a todas las familias con problemas energéticos todos los lunes de 10,30 a 13 horas en los locales de la asociación.

Carmona Muñoz

Las instituciones públicas deben potenciar modelos alternativos de vivienda

Por último quiero hacer una especial mención al apoyo fundamental que desde el primer momento nos han prestado tanto la Federación de Asociaciones Alzahara y las asociaciones de vecinos de la Viñuela, Fátima, Valdeolleros, Axerquia, Guadalquivir, Al-Andalus, Santuario, Cañero, Virgen de Linares, etc.. sin cuya colaboración y ayuda no habríamos llegado tan lejos.

Entrevista a Guillermo Contreras Novoa

Padecen pobreza energética el 18 % de los hogares españoles

Miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

La pobreza energética como cruel expresión del sistema que nos gobierna; como manifestación, muchas veces oculta por miedo o vergüenza, del despojo de nuestros derechos, que a diario sufre una gran parte de la población; la pobreza energética como claro símbolo de que este modelo de sociedad nos está llevando al desastre, a la miseria y al abandono… De todo ello hablamos con Guillermo Contreras, veterano activista de mil causas, y que hoy conversa con nosotros como miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Entrevista a…Guillermo

[ConVerGENTE, CVG] ¿La Asociación de Ciencias Ambientales ha valorado el impacto de las muertes prematuras provocadas por la pobreza energética, sólo en relación al frío, en 7.200 personas al año. ¿Qué valoración hace de esto la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético? [Guillermo Contreras Novoa, GCN] Todas las políticas que conllevan la pérdida de un derecho fundamental como es el derecho a una vivienda digna, se pueden calificar de políticas criminales, como demuestra la información a la que aludes. El derecho a una vivienda digna supone derecho a techo y al bienestar asociado a una vivienda confortable dotada de suministro de agua y energía.

[CVG] ¿ Desde vuestra Plataforma, ¿qué análisis hacéis de la pobreza energética?

[GCN] Es una expresión más de la crueldad con la que el sistema arroja a la pobreza a una parte importante de la población para conseguir un mayor enriquecimiento de la oligarquía financiera.

Contreras Novoa

Padecen pobreza energética el 18 % de los hogares españoles

“[La pobreza energética] es una expresión más de la crueldad con la que el sistema arroja a la pobreza a una parte importante de la población, para conseguir un mayor enriquecimiento de la oligarquía financiera”

[CVG] ¿ Tiene la Plataforma idea del número de familias afectadas en Córdoba por la pobreza energética? [GCN] Los datos publicados para el conjunto del estado español son aplicables a la ciudad y a la provincia. Se calcula que padecen pobreza energética el 18% de los hogares españoles. En Andalucía la cifra bruta alcanza a un millón cuatrocientas mil personas.

Entrevista a…Guillermo

[CVG] Mensualmente, vuestra plataforma, en colaboración con otros colectivos como Stop Desahucios o la Federación de Asociaciones de Vecinos, convoca un acto público en la plaza de Las Tendillas contra la pobreza energética. ¿Qué pretendéis con ello? [GCN] Esta es una convocatoria estatal, se repite el tercer miércoles de cada mes en muchas poblaciones y pretende visibilizar el problema, denunciar esta lacra y expresar ante el poder político, que actúa a favor de los intereses del poder económico, que no vamos a consentir esta injusticia.

“Los datos publicados para el conjunto del estado español son aplicables a la ciudad y a la provincia. Se calcula que padecen pobreza energética el 18% de los hogares españoles. En Andalucía la cifra bruta alcanza a un millón cuatrocientas mil personas”

Contreras Novoa

Padecen pobreza energética el 18 % de los hogares españoles

[CVG] ¿Cuáles son, a grandes rasgos, las propuestas de vuestra plataforma contra la pobreza energética? [GCN] Con toda rotundidad y como ya ocurre en algunos países europeos, considerar el derecho al suministro de energía –electricidad y gas- y de agua como derechos universales que no se le pueden negar a ningún hogar.

“Desde las instituciones se deben tomar medidas contundentes que eviten este estado de cosas” [CVG] Con vistas a las próximas elecciones andaluzas y municipales, ¿qué le plantearíais a los próximos gobiernos de Andalucía y de Córdoba respecto a la pobreza energética? [GCN] Aquí no caben medias tintas, desde las instituciones se deben tomar medidas contundentes que eviten este estado de cosas. Y no vale ampararse en quién tiene las competencias sobre esta cuestión, la sociedad en su conjunto está obligada a garantizar a todas las personas los derechos fundamentales de vivienda, alimentación, salud y educación.

Fórum de Política Feminista Córdoba Fórum de Política Feminista de Córdoba

Los servicios públicos, una herramienta imprescindible para la igualdad de género

Existe una alianza objetiva entre la igualdad de género y los servicios públicos, no sólo porque en ellos el trabajo está muy feminizado, sino además porque son imprescindibles para elevar la labor de los cuidados en el hogar a responsabilidad pública y facilitar así la inserción laboral y sociopolítica de las mujeres. Las políticas de recortes y desmantelamiento del Estado de Bienestar son, pues, un ataque frontal a la igualdad, según el Fórum de Política Feminista de Córdoba.

Fórum de Política Feminista de Córdoba Los servicios públicos, una herramienta imprescindible para la igualdad de género

El feminismo viene repensando el mundo, reflexionando sobre las instituciones y la sociedad, y lo hace desde un punto de vista propio, desde las propias mujeres. A través de la reflexión, hemos concluido que queremos un modelo de estado que garantice los derechos de la ciudadanía, estableciendo medidas y garantizando servicios, para que las personas puedan ejercer y desarrollar los derechos que les corresponden. El empleo y las políticas sociales son dos pilares en los que se sustentan los avances en la igualdad entre mujeres y hombres.

El derecho al empleo, y las condiciones que lo facilitan para el conjunto de las mujeres, posibilitan la autonomía personal que permite la relación de igualdad. Los derechos sociales, las políticas sociales y los servicios públicos que las materializan, son fundamentales para nosotras. Estos derechos sociales tienen sus grandes ámbitos en la educación, la sanidad, la seguridad social (es decir el sistema de pensiones), la protección a la dependencia…

“Los derechos sociales, las políticas sociales y los servicios públicos que las materializan, son fundamentales para nosotras (…) Permiten a las mujeres liberarse de la cuasi-esclavitud que les impone la asunción secular de los trabajos que generan los cuidados…”

Permiten a las mujeres liberarse de la cuasiesclavitud que les impone la asunción secular de los trabajos que generan los cuidados imprescindibles para la vida humana, los cuidados que se ejercen en los hogares. Sin horas libres, sin salario, sin empleo, sin pensión: excluidas de un modelo social diseñado alrededor de un varónsustentador que protagoniza en superioridad lo exterior, lo público. Si se cercena el Estado del Bienestar, recortando presupuestos, eliminando o privatizando servicios públicos, las mujeres sufrimos de inmediato las consecuencias de esta falta de atención estatal sobre los cuidados:

Fórum de Política Feminista de Córdoba Los servicios públicos, una herramienta imprescindible para la igualdad de género

.- Pérdida del empleo público que generan los servicios sociales, la educación, la sanidad, donde el trabajo está muy feminizado. .- Pérdida de la disposición de tiempo para la presencia en la vida pública y pérdida de tiempo para el acceso a cualquier empleo en plenos derechos de jornada, sueldos y seguridad social. .- Pérdida del ejercicio de la ciudadanía a cambio de la reclusión en los hogares, a cargo de los cuidados de la personas. Cuidados que son asuntos públicos.

El feminismo y los servicios sociales mantienen una alianza. Desde el año 2.011 vienen trabajando en base a un documento, “Alianza para la defensa del sistema público de servicios sociales”, donde se implican organizaciones públicas y sociales, universidades, sindicatos…. El gobierno actual ha tomado las medidas pertinentes para recortar los derechos de la ciudadanía, para atender a mantener las arcas de los potentados, pero sobre todo ha excluido, ha agredido a las mujeres con especial ahínco. Porque existe una clara correlación entre la disponibilidad de servicios sociales de cuidados y la presencia de mujeres en el mercado de trabajo.

Los mercados necesitan que alguien se haga cargo de los cuidados que se demandan en el hogar.

“Si se cercena el Estado del Bienestar, recortando presupuestos, eliminando o privatizando servicios públicos, las mujeres sufrimos de inmediato las consecuencias de esta falta de atención estatal sobre los cuidados”

La austeridad que encubre los recortes, desde una perspectiva Feminista, nos permite analizar la situación actual a largo plazo y no como un accidente coyuntural e irremediable. La crisis se ha gestado en el seno de un modelo económico generador de desigualdades y su desarrollo conlleva efectos muy distintos sobre los hombres y las mujeres. Si no se tiene en cuenta esto, no se adoptarán soluciones que sean reparadoras. Es preciso que las políticas que tratan de hacerle frente a la crisis, tengan en cuenta la situación desigual.

Fórum de Política Feminista de Córdoba Los servicios públicos, una herramienta imprescindible para la igualdad de género

La Economía con perspectiva de género, feminista, ha criticado con solidez científica el fundamentalismo del mercado y las posiciones ideológicas conservadoras que han desatado la crisis. Más de 80 colectivos de mujeres elaboraron en el 2.009 un manifiesto común que ya señalaba que “la falta de recursos en las administraciones públicas ha afectado seriamente los servicios públicos, esto y los recortes de presupuesto en igualdad de género…” y se proponían una serie de medidas, un plan de acción, que recondujera la situación. La crisis ha sido el pretexto no solo para no paliar, sino para agravar las desigualdades.

Se necesita un sistema de organización social que apueste decididamente por la igualdad de género. Esto exigiría reorientar las prioridades del gasto público. Las mujeres organizadas necesitamos con urgencia alianzas estratégicas en la necesidad de inversión social en servicios públicos que creen empleo y posibiliten elevar el tema de los cuidados de los hogares a responsabilidad social colectiva. Estamos en ello.

“El gobierno actual ha tomado las medidas pertinentes para recortar los derechos de la ciudadanía, para atender a mantener las arcas de los potentados, pero sobre todo ha excluido, ha agredido a las mujeres con especial ahínco. Porque existe una clara correlación entre la disponibilidad de servicios sociales de cuidados y la presencia de mujeres en el mercado de trabajo”

Plataforma Educación Pública en Movimiento Plataforma Educación Pública en Movimiento

La educación pública bajo la amenaza de los recortes. Situación actual, perspectivas y propuestas La educación pública ha sufrido, como el resto de los servicios públicos, el ataque de las políticas neoliberales: mercantilización, privatización creciente, introducción de modelos organizativos cuasi empresariales, conceptualización y definición de la educación en función de las necesidades del mercado, etc. Todo lo cual ha tenido su reflejo en las sucesivas leyes educativas, la última de ellas y más agresiva, la LOMCE.

Pero frente a estos ataques, se han venido levantando diversos movimientos sociales, cada vez más unitarios, que luchan por un modelo educativo público al servicio de la ciudadanía.

Plataforma Educación Pública en Movimiento La educación pública bajo la amenaza de los recortes. Situación actual, perspectivas y propuestas

La ofensiva neoliberal que ha venido introduciendo criterios de mercantilización en el ámbito público tiene su origen en los años 80 del siglo pasado. Es en las últimas décadas del siglo XX cuando las grandes instituciones financieras internacionales y, en particular, diversas instancias de la Unión Europea, deciden iniciar un proceso de “adecuación” de los servicios públicos esenciales a las nuevas necesidades del capital y del mercado. Existe abundante literatura al respecto y, sobre todo, una importante cantidad de documentos emanados de esas mismas instituciones encargadas de gestionar el proceso (OCDE, Comisión Europea, European Round Table...) que nos permite comprender que, en caso en el caso de la

escuela pública, se apuesta por pasar de la llamada “era de la masificación” (característica de las décadas centrales del siglo pasado) a la “era de la mercantilización”. Este proceso supone, por una parte, una apuesta decidida por reducir las inversiones públicas estatales en los aparatos escolares y, por otra, una estrategia bien definida para brindar el sistema educativo a la empresa privada como nueva fuente de beneficios. En el caso español, es la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (la LODE), de 1985, la que inaugura el sistema de conciertos, dando carta de naturaleza a la red privadaconcertada como red paralela a la pública y que

“En el caso de la escuela pública, se apuesta por pasar de la llamada “era de la masificación” (característica de las décadas centrales del siglo pasado) a la «era de la mercantilización»”

pasa a ser sostenida, casi en su totalidad, con fondos públicos. La LOE y, naturalmente, la LOMCE profundizan aún más en este proceso. Puestas así las cosas, junto con esta estrategia por convertir la enseñanza en una mercancía más sometida a la lógica del mercado, se hace necesaria una reorganización del sistema público. Si bien existen peculiaridades regionales que justifican las diferencias entre modelos educativos en contextos cercanos, como el europeo, lo cierto es que la propia Unión lanza un conjunto de directrices en el último período que vienen a homologar los sistemas educativos de sus países miembro.

Plataforma Educación Pública en Movimiento La educación pública bajo la amenaza de los recortes. Situación actual, perspectivas y propuestas

Son ideas como la flexibilidad, la empleabilidad, la productividad, la desregulación, la adaptabilidad... las que impregnan esos documentos que, adaptados a sus sistemas nacionales, los Estados convierten en marco normativo y que, en el caso español, van dando lugar a las sucesivas reformas educativas tanto de la enseñanza infantil y primaria como secundaria, de régimen especial y superior. Por lo tanto, para el sistema educativo público, esta ofensiva neoliberal supone una reorganización tanto en el ámbito de los contenidos (que van abandonándose en favor del trabajo procedimental y por competencias – sirviéndose de los parámetros de las llamadas “competencias profesionales“-), como de lo metodológico (prácticas pedagógicas) y organizativo (esquemas de gestión y administración de los centros).

Con la crisis como marco y como excusa, este proceso se acelera. En los últimos tres o cuatro años se produce un salto cualitativo en lo relativo al deterioro de las condiciones de la red pública escolar y a los procesos de privatización del sistema educativo. Los recortes presupuestarios en el ámbito educativo y el RDL14/2012 de 20 de abril - llamado “de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”- son ejemplos paradigmáticos de esta ofensiva directa contra la educación pública en el ámbito estatal que tienen sus correlatos naturales en el nivel autonómico. La excusa para justificar los recortes y la falta de inversión estatal en el sistema educativo es la misma que para fundamentar los recortes en otros servicios públicos que garantizan derechos básicos esenciales: la excusa de la deuda. La reforma en el verano del 2011 del artículo 135 de la Constitución que prioriza el pago de ésta y sus intereses, así como la firma del Tratado de Estabilidad, Gobernanza y Coordinación de la UE en el 2012, que marca condiciones a la liquidación de la deuda y del déficit público con el horizonte del año 2020, condicionan y determinan la política presupuestaria de los gobiernos de este período. La política se muestra de forma descarnada al servicio de los intereses del capital. Los servicios públicos quedan sometidos, en este contexto, a la lógica del beneficio.

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El documento que normativamente cierra este proceso para dar carta de naturaleza a esta “nueva escuela del siglo XXI” en España es la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE – también conocida como “Ley Wert”-, cuya publicación en BOE se produjo el 10 de diciembre de 2013. En el documento de “Propuestas para el anteproyecto de Ley orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa” que se presenta en junio de 2012, ya se pueden leer propuestas como: “- Mejora del nivel educativo de los ciudadanos como apuesta por el crecimiento económico y la competitividad. - La calidad educativa debe medirse en función del “output” (resultados de los estudiantes), no del “input” (inversión, nº profesores/unidades)”.

“Este proceso supone, por una parte, una apuesta decidida por reducir las inversiones públicas estatales en los aparatos escolares y, por otra, una estrategia bien definida para brindar el sistema educativo a la empresa privada como nueva fuente de beneficios”

Ese mismo documento de Propuestas, junto con la reducción de las tasas de fracaso escolar y abandono educativo temprano o la mejora de los resultados PISA, sitúa como objetivos generales del sistema educativo mejorar la empleabilidad, mejorar la tasa comparativa de alumnos excelentes y la tramitación paralela de la Ley y el estatuto del profesorado docente no universitario. Es decir, la formación del alumnado se orienta de manera explícita a cubrir las exigencias del mercado laboral y se apuesta, al mismo tiempo, por una readecuación de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras del sistema educativo. El primer borrador de la LOMCE que se presentó en septiembre de 2012, recogía en el inicio de su exposición de motivos el siguiente párrafo: “La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país; su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”.

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Pocas veces una Ley ha sido tan explícita en cuanto a sus verdaderas intenciones. Y, aunque el texto ha ido sufriendo modificaciones importantes en el redactado de su fundamentación y articulado, palabras como “empleabilidad”, “emprendimiento”, “competitividad”, “estándares”, “capacidad de gestión”... impregnan el texto finalmente publicado en BOE y sancionado por la máxima autoridad del Estado. En la LOMCE, el Sistema Educativo Español se define como “el conjunto de Administraciones educativas, profesionales de la educación y otros agentes públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio público de la educación en España, y los titulares de este derecho, así como el conjunto de relaciones, es-

tructuras, medidas y acciones que se implementan para prestarlo”. Nótese el interés por situar “agentes públicos y privados” con funciones “de regulación, de financiación o de prestación del servicio público de la educación”. Barra libre, por lo tanto, para la entrada de capital privado en el sistema educativo. Por otro lado, y por lo que respecta a la red pública, la nueva Ley comporta un trasvase directo del modelo de gestión privada empresarial a los centros públicos. Olvidando por completo la etapa de infantil de 0 a 3 años – que sigue plenamente sometida a los dictados de los intereses privados para su prestación -, la gestión, organización y dirección de los centros de infantil, primaria y se-

“Los servicios públicos quedan sometidos, en este contexto, a la lógica del beneficio”

cundaria están inspiradas en el paradigma de la empresa privada.

La organización del currículum escolar y la organización de los itinerarios escolares se adecúan a las características de un mercado laboral en el que la flexibilidad, la necesidad del “aprendizaje a lo largo de toda la vida” y la formación continua se convierten en exigencias para la empleabilidad. Ideas que, por otro lado, ya se encuentran perfectamente instaladas en el discurso que en el ámbito universitario condujo a las reformas de las últimas décadas del siglo pasado (LRU y LOU) y a todos los procesos de ajuste al llamado “Espacio Europeo de Educación Superior”, definido por la Unión Europea en el conocido como “proceso de

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Bolonia”. Todo el entramado educativo queda ya perfectamente definido y delimitado por la lógica del mercado desde el primer ciclo de Infantil a la educación universitaria. Con este marco, y teniendo en cuenta las tendencias en el seno de la Unión Europea y los horizontes fijados a varios años vista, es más que razonable pensar que los ataques a la educación pública van a continuar. Ello, tanto en lo referido a los procesos de privatización – que, previsiblemente, se incrementarán de forma notable en el próximo período – como en lo relativo al deterioro de la red pública. De hecho, existen distintos ritmos en el ámbito autonómico al respecto que nos pueden servir de referencia y vemos que, hoy por hoy, determinadas comunidades han servido de “avanzadilla” en estos dos caminos que, más tarde o más temprano, todos los territorios están llamados a seguir.

“Todo el entramado educativo queda ya perfectamente definido y delimitado por la lógica del mercado desde el primer ciclo de Infantil a la educación universitaria”

Frente a estas agresiones neoliberales, de manera más organizada o menos, se han ido produciendo respuestas en defensa de la educación pública. Desde finales de los años 80 del siglo pasado hasta nuestros días, los colectivos estudiantiles, las organizaciones sindicales o autónomas del profesorado o del personal de administración y servicios de los centros, los Movimientos de Renovación Pedagógica, las asociaciones de madres y padres... han ido expresando su rechazo a los ataques en formatos diversos. En general, siempre de forma dispersa y muy localizada en el tiempo (por ejemplo, en el contexto de la aprobación de una nueva Ley o similar). Es decir, el de la lucha por la educación pública ha sido y es un movimiento discontinuo e irregular que, salvo en casos muy contados, ha tenido protagonismos diversos. Por citar algún ejemplo, es fácil recordar las movilizaciones estudiantiles de 1986 o las de profesorado interino en los años 90. En los últimos años, y en el marco de la actual crisis, las respuestas han vuelto a producirse. El movimiento en defensa de la educación pública (como el resto de movimientos y frentes de lucha) ha sufrido un repunte y, en cierto sentido, en él también se ha dado un salto cualitativo: al margen de las expresiones organizadas de los distintos sectores de la comunidad educativa, se han creado espacios unitarios de lucha, en los que han venido a confluir estudiantes, padres y madres, profesorado, personal de administración y servicios, ciudadanía en general...

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Han adoptado formatos como Plataformas, Mareas, Asambleas, Redes... De hecho, en el último período se han producido, por primera vez en la historia reciente, convocatorias masivas y unitarias dirigidas desde y dirigidas al conjunto de la comunidad educativa de todos los niveles. La huelga general educativa del 22 de mayo de 2012, convocada por organizaciones sindicales y estudiantiles, y apoyada por asociaciones de padres y madres, es un referente en este sentido. En estos movimientos con vocación unitaria – como es el nuestro, Educación Pública en Movimiento -, se trabaja en general con una doble perspectiva: la de la resistencia y lucha contra las

agresiones y la de la propuesta de modelos alternativos para la educación pública.

En este sentido, conjugan la lucha en defensa de lo público (en la que coinciden en aspectos nucleares con otros movimientos similares que defienden servicios básicos como la sanidad o los servicios sociales) con la articulación de un discurso sustentado en modelos metodológicos, pedagógicos y organizativos alternativos al modelo educativo hegemónico. En el momento actual, se corre el riesgo de que – del mismo modo que está sucediendo con otros frentes de lucha -, la defensa de la educación pública sufra un nuevo parón.

“los ataques a la educación pública van a continuar. Ello, tanto en lo referido a los procesos de privatización – que, previsiblemente, se incrementarán de forma notable en el próximo período – como en lo relativo al deterioro de la red pública”

Las dificultades para mantener movilizaciones sostenidas en el tiempo y la actual coyuntura política parece que están suponiendo un freno a un movimiento que ha tenido un ascenso notable en los cursos 2012/2013 y 2013/2014. Para conseguir que perduren parece necesario interiorizar el alcance de lo conseguido con la lucha (aunque no se haya parado la LOMCE porque no ha sido posible tumbar una mayoría absoluta parlamentaria, sí existen compromisos automáticos de derogación por parte de la gran mayoría del arco

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político de la oposición, por ejemplo), a la vez que poner en valor las luchas unitarias de los distintos sectores, así como la lucha unitaria, aún en un nivel superior, en defensa de “lo público”. En ese momento es en el que se encuentra nuestro proyecto, tratando de reforzar en este año la imprescindible lucha por la educación pública, una tarea de todos y todas.

“En estos movimientos con vocación unitaria – como es el nuestro, Educación Pública en Movimiento -, se trabaja en general con una doble perspectiva: la de la resistencia y lucha contra las agresiones y la de la propuesta de modelos alternativos para la educación pública”

Para más información educacion.publica.movimiento@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100008443687818&fref=ts

Marciano Sánchez Bayle

La sanidad pública en peligro

Portavoz de la FADSP, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Existe toda una estrategia de cambio del modelo sanitario en España, bajo el embate de las políticas neoliberales. Recortes económicos, so pretexto de la crisis, y cambios normativos no buscan sino acrecentar la reducción y privatización de servicios, llevando la sanidad hacia un modelo fundamentalmente mercantilizado, de seguros, más caro y con mayores desigualdades. Según el autor, Andalucía no es ajena a este proceso de desmantelamiento y deterioro de la sanidad pública, como cabe apreciar en los principales indicadores de gasto, personal, etc.

La Sanidad Pública en España sufre un proceso de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatizaciones que aunque proviene desde hace tiempo se ha agudizado en estos últimos tiempos con la excusa de la crisis Dos han sido las principales medidas en este proceso, la primera los recortes económicos a que se ha sometido a la sanidad como a otros servicios públicos y la segunda el Real Decreto Ley (RDL) 16/2012. El 24 de abril de 2012 el BOE publicaba el RDL 16/2012 que quizás irónicamente se denominaba “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.”

En el RD Ley se planteaban 6 aspectos fundamentales, que se han unido a otros dos que han ido funcionando en paralelo pero también con importantes repercusiones sobre la Sanidad Pública, y que se van a analizar brevemente a continuación: 1) Cambio del modelo sanitario El RDL plantea un cambio del modelo sanitario que de estar basado en la ciudadanía y tener carácter universal (Ley general de Sanidad y Ley General de Salud Pública), pasa a centrarse en la condición de asegurado.

Marciano Sánchez Bayle La sanidad pública en peligro

“La Sanidad Pública en España sufre un proceso de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatizaciones que aunque proviene desde hace tiempo se ha agudizado en estos últimos tiempos con la excusa de la crisis”

• Las personas con ingresos superiores a 100.000 € anuales • Los inmigrantes no regularizados • Los extranjeros con estancias temporales en España • Los mayores de 26 años que no han cotizado a la Seguridad Social; posteriormente mediante orden ministerial se les asegura cobertura como “sin recursos” si tienen rentas inferiores a 100.000 € anuales. • Más recientemente se ha añadido la exclusión de quienes vivan durante más de 90 días fuera de España.

• En teoría, para cubrir a las personas excluidas de la cobertura se establecieron unos convenios especiales (con precios prohibitivos para el colectivo más necesitado, es decir, los inmigrantes irregulares) que, como era de esperar, han tenido escasísimo éxito. Los resultados han sido especialmente graves en el colectivo de inmigrantes no regularizados (hay al menos dos muertes documentadas) y se desconoce el número real de personas que han visto agravada seriamente su salud. El número de personas con problemas por estancias prolongadas en el exterior (básicamente en busca de trabajo) no se conoce. La normativa referente a los extranjeros con obligación de pago existía previamente al Real Decreto Ley y los ingresos por este concepto no parece que hayan sido relevantes en comparación

“un cambio del modelo sanitario que de estar basado en la ciudadanía y tener carácter universal (…), pasa a centrarse en la condición de asegurado. De ello se derivan exclusiones de colectivos”

Marciano Sánchez Bayle La sanidad pública en peligro

con los que existían previamente, en todo caso se deben a una mayor diligencia de las Comunidades Autónomas en el cobro que no a los efectos de esta normativa. Es importante resaltar que, aunque se ha paralizado en sus aplicaciones más lesivas, es evidente que la intencionalidad de este cambio es avanzar progresivamente hacia un modelo de seguros, lo que supondría un aumento del gasto sanitario y de las desigualdades en el acceso, tal y como demuestra la experiencia internacional (el caso más reciente es el de Holanda). También que el Tribunal Constitucional ya ha avalado en 2 casos (recursos a la normativa del País Vasco y Navarra) la paralización de su aplicación en estos territorios

y que varias Comunidades Autónomas más han realizado normativas propias para garantizar en todo o en parte la atención sanitaria; en conclusión, se ha generado más desigualdad, ningún ahorro y problemas muy graves para algunas personas. 2) Revisión de la cartera de servicios Se fraccionó la cartera de servicios en 3 (básica, complementaria y suplementaria) quedando solo la primera como gratuita, estableciéndose copagos para las otras 2.

Marciano Sánchez Bayle

La sanidad pública en peligro

Hasta ahora el proceso de revisión de la cartera básica ha avanzado poco, pero como era de esperar se han producido recortes y además, con el entorno de la ideología ultracatólica, dejando fuera de la fecundación in vitro en el Sistema Nacional de Salud a las parejas homosexuales y a las mujeres solteras. De nuevo nulos resultados económicos y sí discriminación con motivaciones ideológicas. 3) Copagos generalizados: transporte, dietas, prótesis y órtesis

Farmacia,

“La intencionalidad de este cambio es avanzar progresivamente hacia un modelo de seguros, lo que supondría un aumento del gasto sanitario y de las desigualdades en el acceso”

Es uno de los aspectos que más ha avanzado. El nuevo copago en farmacia se instauró rápidamente

(aumento del porcentaje a pagar por los activos y establecimiento del 10% a los pensionistas, con topes según tramos de ingresos); los otros con menos rapidez: el de órtesis, prótesis y dietas tardó más y el del transporte sanitario se paralizó en su aplicación, porque sigue estando vigente según el BOE, después del Informe del Consejo de Estado, que lo desaconsejaba. Una situación aún más curiosa es la del copago de los medicamentos que se dispensaban en las farmacias hospitalarias, sobre el que existe una normativa de octubre de 2013 que obliga a cobrarlo a todas las Comunidades Autónomas, pero a día de hoy ninguna lo ha aplicado y que recientemente el Ministro de Sanidad ha señalado que no se aplicará.

4) Nuevo medicamentazo Se excluyeron más de 400 medicamentos de la financiación pública, medicamentos cuyo coste (PVP) se incrementó notablemente, en muchos casos más del 100%, que pasó a ser sufragado en su totalidad por los pacientes. El recorte en farmacia es según el Ministerio de Sanidad el principal éxito del Real Decreto Ley. Claro está que si vamos a los datos concretos las cosas son distintas, de manera que mientras el gasto farmacéutico de recetas ha disminuido en 3.305 millones € desde la entrada en vigor del Decreto hasta diciembre de 2013, el gasto farma-

céutico de recetas ha disminuido en 3.305 millones € desde la entrada en vigor del Decreto hasta diciembre de 2013, el gasto farmacéutico de los hospitales aumentó en 2.087 millones € en el mismo periodo, y se ha constatado un aumento del gasto en recetas mantenido en los 6 últimos meses respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado el ahorro del gasto farmacéutico es en un 60% debido a los medicamentos no financiados y en un 40% son aportaciones de los ciudadanos, es decir se ha trasladado gasto farmacéutico público a gasto privado.

Marciano Sánchez Bayle La sanidad pública en peligro

Como es habitual el Ministerio de Sanidad mira para otro lado y no ha hecho ningún tipo de seguimiento ni de estos casos, ni de los posibles problemas sanitarios resultantes de este no consumo de medicamentos prescritos, pero si tenemos en cuenta la literatura científica publicada al respecto es probable que se haya producido un empeoramiento de las enfermedades de estas personas y una sobreutilización de recursos sanitarios (ingresos, etc.), lo que ha podido comprobarse en algún caso en nuestro país. 5) Recortes presupuestarios

Finalmente existen encuestas que señalan que un porcentaje elevado de personas no retiran los medicamentos prescritos (el 14,76% del total, que se eleva al 20,39% de los pensionistas y el 25,92% de los parados).

“Existen encuestas que señalan que un porcentaje elevado de personas no retiran los medicamentos prescritos (el 14,76% del total, que se eleva al 20,39% de los pensionistas y el 25,92% de los parados)”

Los recortes presupuestarios no estaban directamente incluidos en el Real Decreto Ley aunque la justificación del mismo fue un supuesto exceso de gasto sanitario “insostenible”. No obstante se han producido drásticos recortes presupuestarios coincidiendo con su aplicación. El gasto sanitario público pasó de 70.464 millones € en 2009 (liquidación) a 67.626 millones en 2011 (liquidado) y en 2014 los presupuestos sanitarios públicos de las diferentes administraciones suman 57.632 millones €, es decir 12.832 millones € menos. Los resultados de estos recortes han sido cierres de camas hospitalarias, reducciones de personal (55.000 trabajadores menos en la Sanidad Pública en España en 2014 respecto a 2009), aumento de las demoras en atención primaria, incremento de

las listas de espera quirúrgicas y de consultas de especialistas y pruebas diagnósticas, saturaciones en las urgencias con incremento de las personas que esperan varios días para su ingreso, cierres de puntos de atención continuada, de horarios de tarde de centros de salud, de actividad de tarde en los hospitales y un larguísimo etc. 6) Agencia de compras La puesta en funcionamiento de un sistema centralizado de compras fue uno de los “argumentos” utilizados para el marketing del Real Decreto, pero al final quedó recogido como “Se fomentará la compra conjunta y centralizada” (Adicional cuarta), lo cual, como ya señalamos en

su momento, no garantizaba su aplicación. Por supuesto la compra centralizada del Sistema Nacional de Salud permitiría aplicar los beneficios de las economías de escala y ha sido una reivindicación de la FADSP desde hace tiempo. Hasta ahora tanto ruido se ha quedado limitado a la compra conjunta de vacunas por parte de algunas Comunidades Autónomas (lo que ya se había hecho antes del Decreto) y poco más, de manera que los supuestos ahorros se han quedado en casi nada, demostrándose una vez más que el Ministerio de Sanidad recorta a los indefensos, pero no a los más poderosos.

Marciano Sánchez Bayle La sanidad pública en peligro

“El gasto sanitario público pasó de 70.464 millones € en 2009… a 67.626 millones en 2011… y en 2014 los presupuestos sanitarios públicos de las diferentes administraciones suman 57.632 millones €, es decir 12.832 millones € menos”

7) Privatizaciones Paralelamente han continuado las privatizaciones de los servicios sanitarios públicos. Privatizaciones que han sido distintas en intensidad según las Comunidades Autónomas, más intensas en Cataluña, Madrid, Valencia, Baleares, Galicia, La Rioja y Castilla y León, pero que han existido en menor medida en todas las autonomías. Cinco hechos son relevantes. El primero es la utilización de una multitud de fórmulas concretas (concesiones administrativas, PFI – Private Finance Initiative o concesión de obra pública - , EBAs – Entidades de Base Asociativa-, conciertos,

subcontrataciones, etc.) sin que se haya producido ninguna evaluación de las mismas; el segundo es el sobrecoste que significa este proceso privatizador (en torno a 6-8 veces más de coste y con sistemas de actualizaciones automáticas de los mismos, lo que los hace cada vez mas gravosos); el tercero es la opacidad de todos los procesos y de los datos de la actividad de los centros privatizados; el cuarto es que no hay evidencia que demuestre que mejora la eficiencia del sistema sanitario (ver el último Informe del grupo de expertos de la Comisión Europea); y el quinto es el gran rechazo social y profesional que se ha producido contra las privatizaciones, de manera que el proceso está ralentizado y se buscan formulas menos visibles ante la opinión pública (derivaciones de actividades concretas, implantación de “unidades de gestión clínica”, etc.)

“Los resultados de estos recortes han sido cierres de camas hospitalarias, reducciones de personal, aumento de las demoras en atención primaria, incremento de las listas de espera quirúrgicas y de consultas de especialistas y pruebas diagnósticas…”

Marciano Sánchez Bayle La sanidad pública en peligro

8) Algunos resultados Aunque como ya se ha señalado la opacidad es la norma y no se ha realizado ninguna evaluación seria por parte del Ministerio de Sanidad, tenemos algunos datos que son relevantes y que merece la pena resaltar: El cambio de modelo sanitario ha tenido una repercusión muy negativa sobre la salud del colectivo de inmigrantes no regularizados, produciendo algunas muertes y muchos casos de desatención y empeoramiento de la salud de miembros de este colectivo. Aparte de las consideraciones humanitarias y de la posible vulne-

ración de derechos humanos básicos, no se ha logrado un ahorro significativo y si se han producido serios riesgos para la salud de este colectivo en concreto y de toda la población. Todavía está por ver las repercusiones que tendrá alguna otra exclusión (por ejemplo las personas con estancias superiores a 90 días en el extranjero), pero tampoco existe ningún mecanismo en marcha para evaluarlo. Las modificaciones en la cartera de servicios tienen un impacto económico irrelevante y en cambio plantea serios problemas de discriminación por motivos ideológicos.

Las medidas sobre la prestación farmacéutica han trasladado gasto sanitario público a gasto privado (de los bolsillos de los pacientes), generando desigualdades y creando entre los pensionistas grupos significativos que no retiran los medicamentos prescritos con los resultados que tendrá sobre su salud. Se ha producido un aumento muy importante de las listas de espera, tanto quirúrgicas como en consultas externas, pruebas diagnósticas y en citas en atención primaria. La opinión de la ciudadanía sobre el Servicio Nacional de Salud ha empeorado de manera que ha bajado la puntuación que le dan los ciudadanos y se ha incrementado el número de ciudadanos que

piensa que ha empeorado la atención primaria, la atención especializada y las listas de espera (datos del Barómetro Sanitario de 2012). La Sanidad ha pasado a ser el 5º problema del país y el 4º que más afecta personalmente a los ciudadanos (10,9%) según la última encuesta del CIS (marzo de 2014). La mortalidad se incrementó en 2012, ya lo había hecho en 2011, y la tasa de suicidios aumentó más de un 11% en 2012 (no existen datos más recientes). Incluso a nivel internacional existen varios informes que nos alertan de los graves problemas que estas medidas pueden producir sobre el sistema sanitario y la salud (OCDE Health a Glance 2013, FMI 2013)

Marciano Sánchez Bayle La sanidad pública en peligro

“Un aspecto especialmente negativo [en Andalucía] es su bajo presupuesto sanitario por habitante y año, el menor de todas las Comunidades Autónomas en 2015, que ha sufrido un recorte importante desde 2010 (en que ocupaba el penúltimo lugar entre las Comunidades Autónomas)” La situación en Andalucía El caso de Andalucía tiene algunas diferencias importantes con el resto del país, unas positivas y otras negativas, que merece la pena comentar. En primer lugar la situación de salud de la población de Andalucía está a la cola de las Comunidades Autónomas en los informes de la FADSP (puesto 12 en 2013), lo que probablemente está más ligado a su situación económica (hay una estrecha relación entre nivel económico y salud) que a su sistema sanitario (puesto 6 en 2014). Por otro lado su grado de privatización sanitaria es comparativamente bajo (puesto 13 en 2014).

Un aspecto especialmente negativo es su bajo presupuesto sanitario por habitante y año, el menor de todas las Comunidades Autónomas en 2015 (también lo fue en 2014), que ha sufrido un recorte importante desde 2010 (en que ocupaba el penúltimo lugar entre las Comunidades Autónomas). En cifras concretas, se ha pasado de un presupuesto per cápita de 1.180,09 € en 2010 a 1.004,32 € en 2015 (una disminución del 14,89%); en el mismo periodo, el promedio del presupuesto per cápita en las Comunidades Autónomas pasó de 1.343,95 € a 1.254,76 € (una disminución del 6,63%); por ello el presupuesto per cápita de Andalucía era en 2010 el 87,80% de la media de las Comunidades Autónomas y de 80,04% en 2015.

“Una política de reducción progresiva cada año de los presupuestos andaluces sanitarios, de recortes en los recursos humanos… originan un deterioro cada vez más acentuado de las calidades del Sistema Sanitario Público de Andalucía”

Marciano Sánchez Bayle La sanidad pública en peligro

Lógicamente y aunque Andalucía tiene un bajo gasto farmacéutico por habitante (viene ocupando el último o los últimos puestos en estos años), esta infrapresupuestación ha tenido efectos muy negativos, como señala la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía “No hay que realizar análisis técnicos muy complicados para deducir que una política de reducción progresiva cada año de los presupuestos andaluces sanitarios, de recortes en los recursos humanos, de precariedad laboral progresiva de las plantillas con porcentajes crecientes de eventuales, de cierre programado de los servicios asistenciales en períodos vacacionales cada vez más ampliados, de externalizaciones de sectores amplios y de permisividad con la compatibilidad de la actividad profesional entre los sectores privados y públicos, incluso afectando a responsables y directores de Unidades de Gestión clínica, originan un deterioro cada vez más acentuado de las calidades del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El mantenimiento de las carteras de servicios en muchos centros andaluces se consigue a base de la sobrecarga laboral de muchos profesionales, que no puede ni debe mantenerse más tiempo, por ser inviable, injusta e insoportable.” Otra peculiaridad de Andalucía es la generalización del modelo de unidades de gestión clínica, que aunque es cierto que hasta el presente no ha conllevado una privatización, la realidad es que los resultados para el conjunto del sistema sanitario

andaluz tampoco parecen muy boyantes (un ejemplo, Andalucía es la comunidad autónoma con más urgencias hospitalarias /1000 habitantes, lo que es un indicador de mal funcionamiento del conjunto del sistema) Por otro lado es una de las Autonomías que no ha aplicado la exclusión de los inmigrantes irregulares, lo cual es muy positivo aunque en la práctica rutinaria diaria siguen existiendo dificultades para que esa atención sanitaria no sea conflictiva. También hay que decir que aunque existe un aumento de las llamadas externalizaciones y los conciertos, como se ha señalado antes es una de las

Comunidades Autónomas con menos privatizaciones.

Por fin es una de las comunidades autónomas donde está presente algún mecanismo de participación ciudadana pero de manera confusa e incompleta; desde la FADSP abogamos por la reimplantación de los Consejos de Salud, en los que se debatan las estrategias prioritarias sobre la Salud de cada comunidad y se hagan corresponsables a la administración y a los profesionales del sistema sanitario con los ciudadanos en perseguir los mayores niveles posibles de bienestar sociosanitario.

Marciano Sánchez Bayle La sanidad pública en peligro

“La retirada o no aplicación de algunas medidas (…) son el efecto del amplio rechazo social que han producido las mismas y una evidencia más de que las movilizaciones si son unitarias, masivas y sostenidas en el tiempo, consiguen resultados”

Conclusiones El balance de estos años es profundamente negativo para el conjunto del sistema sanitario público. Ha empeorado su funcionamiento, se han incrementado las desigualdades, se ha privatizado no solo la financiación (los copagos) sino también la provisión de una parte importante de nuestro sistema sanitario. La eficiencia del sistema sanitario no ha mejorado, ha disminuido el gasto pero a costa de trasladar gasto público a los bolsillos de los enfermos, generando desigualdades, de disminuir las prestaciones en cantidad, y de deteriorar la calidad.

La retirada o no aplicación de algunas medidas (por ejemplo los copagos sobre transporte o los medicamentos dispensados en la farmacia hospitalaria) son el efecto del amplio rechazo social que han producido las mismas y una evidencia más de que las movilizaciones si son unitarias, masivas y sostenidas en el tiempo, consiguen resultados. Por supuesto estas actuaciones de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatizaciones de la Sanidad Pública han tenido intensidad diferente, y por lo tanto repercusiones distintas, según las Comunidades Autónomas, pero en todo caso habría que cambiar el rumbo globalmente, volver a una inversión sanitaria suficiente, al menos la que exis-

Marciano Sánchez Bayle La sanidad pública en peligro

tía antes de los recortes, detener las privatizaciones y recuperar lo privatizado, así como derogar el Real Decreto Ley 16/2012 porque es evidente que no ha mejorado la calidad ni la seguridad de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud (porque hay que tener en cuenta que aunque algunas de las medidas que contiene no se aplican, continua en vigor). También debemos ser conscientes que las administraciones sanitarias y los gobiernos no van a rectificar salvo que se vean obligados a hacerlo ante la presión política, social y profesional; está en peligro el mejor sistema sanitario que hemos tenido en este país.

Fotos de la última marea blanca Fotos. Agustín Millán

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