Revista ConVerGENTE, nº5, vol2

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Revista colaborativa de Mesas de Convergencia, Promotora de C贸rdoba


gracias a todas las personas que han participado en este n煤mero

EDITA. Mesas de Convergencia y Acci贸n Ciudadana, Promotora de C贸rdoba


Conversación sobre servicios públicos y participación ciudadana

Diario de abordo del buque caridad

Plataforma “a desalambrar”: en defensa de vías pecuarias, caminos públicos y cauces

Anatomía de un expolio: la mezquita y otras inmatriculaciones de la jerarquía católica en Córdoba

Servicios públicos municipales para la gente. propuestas para la ciudad de Córdoba

Manifiesto/decálogo de córdoba pública en defensa de los servicios públicos. elecciones autonómicas y municipales 2015

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Francisco Rosales

Antonio Moreno Mejías

Conversación sobre servicios públicos y participación ciudadana

Antonio Moreno Mejías, activista social y experto en Participación Ciudadana, y Francisco Rosales, miembro de la Plataforma Córdoba Pública

En esta interesante conversación entre dos profundos conocedores de la Participación Ciudadana se abordan, básicamente, las limitaciones actuales de la misma en las administraciones públicas frente a las enormes posibilidades por desarrollar que alumbran los nuevos planteamientos conceptuales, las nuevas tecnologías y el compromiso con una apertura decidida de las instituciones a la ciudadanía que sepa valorarla no como rémora, tal como se enfoca en muchas de ellas, sino como una garantía de éxito en la consecución de los objetivos.


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Francisco Rosales – Antonio Moreno Mejías

[Francisco Rosales, FR] Mi querido Antonio, dándole vueltas a la propuesta de escribir un artículo en la Revista RebelArte, que edita Mesas de Convergencia de Córdoba, sobre los Servicios Públicos y concretamente en relación a la Participación Ciudadana (así en mayúscula me gusta más), se me ocurría para ello mantener una entrevista, debate o diálogo contigo (que sabes mucho de teoría y práctica en esta materia) y esto sirviera como texto fundamental de ese artículo. La primera idea que se me viene a la cabeza es: la Participación Ciudadana es un derecho básico y fundamental recogido en la Constitución Española y en la Declaración de los Derechos Humanos.

Esta participación además es básica para el ejercicio real de una democracia, por tanto ¿Por qué o para qué las administraciones actuales no la promueven o bien lo que promueven nada tiene que ver con el desarrollo de la participación? [Antonio Moreno Mejías, AMM] Lo que me planteas tiene que ver con el papel de las diferentes Administraciones Públicas (AAPP) respecto a la participación, entendida como Derecho, pero igual tiene otro carácter si lo enfocamos como procedimiento y metodología.

Conversación sobre servicios públicos y participación ciudadana

“Entender desde las diferentes capas de las Administraciones Públicas que la ciudadanía es una aliada para la consecución de objetivos sociales, es el primer peldaño a subir”

Resulta que el Derecho a la Participación se garantiza en la medida en que se producen la elección de personas representantes mediante elecciones, la incorporación de la ciudadanía en determinados ámbitos de interlocución mediante la presencia en Consejos de carácter consultivo o similares; pero sabemos que con ello no es suficiente, algo que no todo el mundo comparte. Hay quienes consideran que los espacios de participación formales son reflejo del derecho de Participación, pero sabemos que en muchos casos no es más que papel mojado, pues limita la intervención ciudadana y sobre todas las cosas aburre a quienes forman parte de ello, promoviendo lógicas de delegación y no de corresponsabilidad de los asuntos públicos.


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Francisco Rosales – Antonio Moreno Mejías

Entender desde las diferentes capas de las AAPP que la ciudadanía es una aliada para la consecución de objetivos sociales, es el primer peldaño a subir. En ocasiones me molesta el término "servidores públicos", porque me consideran cliente desde las instituciones, con un rol limitado y sobre todo con un modelo de relación "clientelar". En muchas AAPP promover la Participación se ha convertido en salir del paso de obligaciones burocráticas en donde la ciudadanía es una condición del expediente ¿No hay entonces buenas prácticas en este sentido? ¿No hay posibilidad? Creo que ambos sabemos que no es así, porque nos hemos implicado en algunas experiencias que nos dicen lo contrario. La cuestión entonces es preguntarnos qué había en esas iniciativas que las hacía especiales.

“En muchas Administraciones Públicas promover la Participación se ha convertido en salir del paso de obligaciones burocráticas en donde la ciudadanía es una condición del expediente”

Conversación sobre servicios públicos y participación ciudadana

Pues bajo mi punto de vista, y más allá de cuestiones metodológicas de las que hablaremos, personas con honradez, compromiso y que con independencia de color político, han depositado su fidelidad en las personas a quienes representan, en el caso de quienes tienen responsabilidad política, o con quienes trabajan, desde la parte técnica. [FR] También se podría hacer la pregunta de esta forma ¿Cómo creemos que la administración local, más cercana a sus vecinos y vecinas, debería potenciar una verdadera participación de la sociedad en la construcción de su presente y futuro? [AMM] Creo que el papel de la Administración Local tiene que ver con algunos de los aspectos comentados con anterioridad, básicamente generar iniciativas sobre temas que sean de interés colectivo, garantizar los mecanismos de incidencia y participación de las personas afectadas por las diferentes políticas y que éstas se orienten desde la consulta y teniendo en cuenta la voz de la gente. Pero nada de esto será posible si no existen las capacidades, conocimientos, actitudes y valores necesarios para desarrollar tareas colectivas, para tomar parte decidida en cuanto nos sucede, para participar. Educar para y desde la participación es el principal argumento hoy para realizar una apuesta seria que garantice el Derecho que tenemos a implicarnos en la construcción colectiva del mundo que queremos.


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Francisco Rosales – Antonio Moreno Mejías

[FR] Totalmente de acuerdo y este es un punto en el que quisiera pararme. La participación se aprende y se aprende participando. La práctica es fundamental. En Córdoba, se hizo un amago de creación de una Escuela Municipal de Participación Ciudadana en la que una vez se inauguró, solo tardó unas semanas en desaparecer y de la que solo queda una placa en la puerta. Ante la situación actual, el movimiento vecinal no hemos sido capaz de recuperarla y por otra, hemos centrado las energías en cuestiones de supervivencia para nuestros vecinos y vecinas, apostando por proyectos con raíces más profundas como pudiera ser por ejemplo la experiencia de la Acampada Dignidad en el antiguo colegio del Rey Heredia.

Tampoco existe una inversión en relación a la práctica de la participación con la juventud en los Institutos o en los barrios. Sin embargo, como bien decías, existen experiencias que merecen la pena destacar por la metodología empleada, por lo innovador de sus planteamientos, por el nivel de implicación ciudadana conseguido, por la creatividad empleada, etc. Tú que viajas por todo el estado día sí día también, y desde la perspectiva de la Administración Local ¿podrías plantear alguna experiencia que pudiera alumbrarnos y de paso dejar algunos apuntes a modo de propuestas para que tomen nota los próximos gobiernos municipales?

Conversación sobre servicios públicos y participación ciudadana

“Educar para y desde la participación es el principal argumento hoy para realizar una apuesta seria que garantice el Derecho que tenemos a implicarnos en la construcción colectiva del mundo que queremos”

[AMM] Pues no resulta sencillo definir experiencias que cumplan todas las expectativas, pues esas están por crearse. Sí tengo especial debilidad por los espacios ciudadanos recuperados y de gestión colectiva, como pueden ser las experiencias del Ateneo Nou Barris y Can Batlló en Barcelona o La Casa del Pumarejo de Sevilla que combinan participación y gestión ciudadana. También son muy interesantes las iniciativas de educación para la participación de los movimientos de tiempo libre laicos y progresistas como los de Aragón y Valencia, que trabajan desde una óptica centrada en la dinamización de grupos con infancia y juventud; las experiencias del gobierno abierto de


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Francisco Rosales – Antonio Moreno Mejías

Euskadi son muy interesantes, así como los programas colaborativos generados desde la idea del procomún que desde MediaLab Prado dan un giro muy interesante al papel de las administraciones en los procesos participativos, sin olvidar algunas buenas prácticas desarrolladas en diversos municipios alrededor de los presupuestos participativos. Si pudiéramos combinar gestión ciudadana de espacios, educación para la participación desde y para la autonomía de diferentes colectivos, una apuesta por el gobierno abierto y la utilización de las tecnologías al servicio de una nueva relación entre administración y ciudadanía, en el marco de la idea del desarrollo y defensa colaborativa del común, estaríamos posiblemente anticipándonos a formas de vincular al conjunto de la población muy diferentes a las actuales.

“espacios ciudadanos recuperados y de gestión colectiva, como pueden ser las experiencias del Ateneo Nou Barris y Can Batlló en Barcelona o La Casa del Pumarejo de Sevilla que combinan participación y gestión ciudadana”

Conversación sobre servicios públicos y participación ciudadana

[FR] Es una lástima, pero debemos de ir echando el cierre a esta conversación-artículo, nos ha pillado el tiempo y quieren sacar ya la revista. Así que por último, no quería terminar sin darle una vuelta al llamado 'eje transversal' de la participación ciudadana dentro de la administración. A pesar de la existencia de Planes de Participación Ciudadana en diferentes niveles, asisto perplejo por ejemplo a la impotencia de vecinos y vecinas cuando comienzan obras en su plaza o en su calle y no saben ni cómo ni por dónde, nadie les informó, nadie les pidió opinión, opinión de quienes viven allí y conocen mejor que nadie las necesidades más acuciantes.

En esos momentos pienso en la necesidad de que cualquier actuación municipal deba de aparejar un informe o memoria participativa de dicha actuación sin la cual no se pueda dar el visto bueno para su ejecución. En mi resumen de cara a las futuras claves de trabajo municipal, serían: transversalidad, obligatoriedad de memorias participativas de cualquier proyecto municipal, aumento del personal cualificado para la dinamización de la participación ciudadana y fomento de la educación para la participación.


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Francisco Rosales – Antonio Moreno Mejías

[AMM] Pues la verdad que es una gran idea la de memoria participativa, pues garantiza en cualquier tramitación de expediente que se tengan en cuenta a las personas afectadas. Yo creo que en el caso de la administración local, las claves pasan por el cambio radical de concepción de la ciudadanía en los servicios públicos desde un rol más activo, un cambio en la mirada y acción de las personas que trabajan en las distintas áreas para que entiendan que la participación no es trabajo inútil, sino consustancial a cada servicio y por supuesto, unas personas con responsabilidad política que miren al presente desde una apuesta decidida por la transparencia y la participación. Ha sido un placer compartir contigo esta charla. Besos.

Conversación sobre servicios públicos y participación ciudadana

“Si pudiéramos combinar gestión ciudadana de espacios, educación para la participación desde y para la autonomía de diferentes colectivos, una apuesta por el gobierno abierto y la utilización de las tecnologías al servicio de una nueva relación entre administración y ciudadanía, en el marco de la idea del desarrollo y defensa colaborativa del común, estaríamos posiblemente anticipándonos a formas de vincular al conjunto de la población muy diferentes a las actuales”


Almudena Benito

Diario de abordo del buque caridad

Trabajadora Social. Miembro de la Plataforma Córdoba Pública.

Desde la práctica profesional cotidiana, pero también desde la reflexión necesaria, Almudena Benito nos muestra que la intervención social de primera línea tiene unos costes humanos tremendos, tanto para las familias en exclusión como para las propias trabajadoras sociales, quienes se encuentran día a día, cara a cara, en un contexto de crisis económica, recorte de derechos y merma de prestaciones sociales, contexto que no se intenta modificar desde la justicia social, sino desde la potenciación de la caridad y la vuelta a la beneficencia. Todo lo cual pone en evidencia la necesidad de un cambio de políticas y políticos, las que nos han traído a este estado de cosas tan lamentable.

A diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica de arriba hacia abajo, humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder: en el mejor de los casos, alguna vez habrá justicia, pero en el alto cielo. Aquí en la tierra, la caridad no perturba la injusticia. Sólo se propone disimularla

Eduardo Galeano


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Un día cualquiera, en un centro de Servicios Sociales Comunitarios Municipales cualquiera, una trabajadora social cualquiera. Yo, como tant@s, un día elegí trabajar por el cambio y la transformación social, nos formamos para conquistar la justicia social y potenciar la autonomía de las personas y las colectividades. Hoy nos hemos visto embarcad@s en un nuevo buque, cada vez más armado , “ EL BUQUE CARIDAD”; apenas sin tiempo para la reflexión, vemos como cada día se destruye un nuevo pilar sobre el que 30 años se fue forjando nuestra profesión, vemos como nuestro trabajo se va convirtiendo en estar al servicio de la perpetuación de las desigualdades, como cada vez son las listas

de espera más largas, a la vez que disminuyen los recursos y se esquilman aquellas de las funciones que tenían que ver con la promoción social, la prevención, la integración, la cooperación , en definitiva con la justicia social y la dignidad humana. En este buque se nos obliga a trabajar para y desde la caridad, a perder el tiempo entre papeles y formatos de derivación a entidades, a perder el espacio de encuentro humano con las personas y las familias, porque no queda tiempo más que para tramitar miserias. En este cajón desastre en el que nos hemos convertido, cabe todo, pero nada sale de ahí, es como un pozo sin fondo que no se airea, que se

Almudena Benito Diario de abordo del buque caridad

“Yo, como tant@s, un día elegí trabajar por el cambio y la transformación social, nos formamos para conquistar la justicia social y potenciar la autonomía de las personas y las colectividades. Hoy nos hemos visto embarcad@s en un nuevo buque, cada vez más armado , «EL BUQUE CARIDAD»” llena de relatos, de caras, de injusticias, de días sin luz, sin agua ni comida, de violencia, de abandono, para los que no tenemos respuestas, porque nos han dejado sin respuestas, sin recursos, sin tiempos, y ahí está nuestra cara y nuestro pecho descubierto para recibir la rabia, la impotencia, el llanto y la desesperanza, para sentir nuestra frustración e impotencia. Un día cualquiera que sucede lo que a continuación relato, con honestidad, con amargura; decir que esto no es más que un botón de muestra, una breve nota de un diario de lo que ocurre todos los días.


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Notas sobre el menú del día . Reflexión sobre la gestión de los bancos de alimentos. [3 de Enero de 2014] Chari y Miguel se acercan por primera vez al Centro de Servicios Sociales; llevan mucho tiempo pasándolo muy mal, pero les ha costado dar el paso de tener que "pedir" para poder comer, pagar la luz y saber qué hacer con el impago de su hipoteca. Piden cita sin apenas salirles la voz del cuerpo, sin saber lo que pueden solicitar, sin conocer sus derechos. [12 de Abril de 2014] Hoy he atendido a Chari y Miguel, hace 3 meses y medio que pidieron cita para contarme que llevan meses sin ingresos , comiendo patatas y huevos , deben 5 meses de cuota de su hipoteca, traen aviso de corte de luz y agua y sus 2 hijos acuden al cole sin merienda, con los zapatos rotos y sin materiales.

“Cada vez son las listas de espera más largas, a la vez que disminuyen los recursos y se esquilman aquellas de las funciones que tenían que ver con la promoción social (…) en definitiva con la justicia social y la dignidad humana”

Almudena Benito Diario de abordo del buque caridad

En 30 minutos les atiendo, me rindo ante sus miradas doloridas, me quiebro con sus voces; sé que son 30 minutos ( tengo otras 9 familias esperando fuera ), me entrego, poco más podré hacer que merezca la pena, escucharles y después... tenderles una mano de palo hacia el mundo de la caridad para que puedan comer. Les cuento los protocolos de ayudas (¿ QUE AYUDAS?, actualmente no hay recursos económicos para familias con su perfil, pareja con dos hijos ). Les derivo a STOP DESAHUCIOS para que atiendan desde el movimiento social lo que yo no

puedo defender desde aquí, el derecho a la protección de una vivienda. Les pido documentación para tramitar al BANCO DE ALIMENTOS. No me atrevo a mirarles a sus ojos. Me rompo por dentro, una y otra vez. [2 de Mayo de 2014] Chari y Miguel dejan en el Centro la documentación que les he pedido. [4 de Mayo de 2014] Accedo a su documentación. Elaboro el informe de derivación y se ponen en lista de espera en el orden nº 14. Solo puedo enviar 5 familias a la semana al banco de alimentos de una entidad social. Con suerte, para dentro de 30 días podrán ser admitidos.


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[10 de Mayo de 2014] Devuelven los informes del banco de alimentos; se han dotado de un nuevo modelo que añade en el formulario el género de los miembros de la unidad familiar. Hay que volver a elaborarlo. Hoy están los ordenadores rotos, llega el fin de semana. [25 de Mayo de 2014] Logro acceder al ordenador, lo celebro... descargo el nuevo formato de informe, vuelvo a rellenarlo. Se vuelve a mandar por correo electrónico, mientras cruzo los dedos y pido al universo que se alineen los planetas para que no se hayan acabado las existencias en el banco de alimentos. La última vez fueron 6 meses sin poder prescribir este recurso.

De ser así tendría una última posibilidad, para dentro de mes y medio. Sería hacer la propuesta para un segundo banco de alimentos. Cada mes puedo mandar a 4 familias para recibir un lote de alimentos. Este banco de carácter religioso está sufragado por la Corporación Municipal para que dediquen 65 euros al mes a comprar un lote de alimentos por familia, anulando la capacidad y la dignidad de cada familia para gestionar la compra en función de sus necesidades. [30 de Mayo de 2014] Me llama Chari, me dice que la acaban de llamar de la primera entidad. Parece que la semana que viene acudirá a por el lote de alimentos.

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“[10 de Mayo de 2014] Chari y Miguel y sus 2 hijos llevan ya 4 meses sin nada que comer” “Porque nos han dejado sin respuestas, sin recursos, sin tiempos, y ahí está nuestra cara y nuestro pecho descubierto para recibir la rabia, la impotencia, el llanto y la desesperanza” [6 de Junio de 2014] Chari acude con Miguel al banco de alimentos. Su marido y ella han tenido que coger dos autobuses, se han gastado 5 euros que no tienen en el viaje. Esperan que el esfuerzo merezca la pena. • Una caja de 6 brick de leche y otra de zumos. • 2 paquetes de galletas • 3 paquetes de arroz, 2 de judías blancas, 3 de garbanzos, 2 de macarrones y una de fideos. • Una botella de aceite Les comentan que si quieren recibir otro lote más, su trabajadora social tiene de nuevo que solicitarlo. Que solo lo podrán recibir 1 o 2 veces más.


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Chari y Miguel tras 6 meses de desesperación, de idas y venidas, de pérdidas de tiempo, consiguen acceder a un banco de alimentos que apenas les da la posibilidad de comer durante 7 días. Tras 2 o 3 lotes alimenticios, tendrán que esperar un año más para poder volver a iniciar el ciclo de la caridad alimenticia. Los bancos de alimentos se levantan como héroes de la solidaridad a través de los medios de comunicación, corporaciones.... nacieron para repartir los excedentes, no nacieron para cambiar la sociedad y defender derechos. Empresas colaboradoras, de las que me niego a hacer publicidad, con políticas muy agresivas de monopolio y de abuso en terceros países para producir sus productos, lavan su imagen donando las sobras.

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Las familias más ricas de España, las grandes corporaciones, Bancos, etc., que evaden impuestos, además se desgravan el 30% de las donaciones que hacen a los “pobres”. Pero lo más ofensivo es ver a Administraciones y Ayuntamientos como entidades colaboradoras. Ellas son responsables de que se vulneren los derechos de las personas con su política de recortes sociales, que hacen que miles de personas no puedan comprar los alimentos que crean convenientes y tengan que ponerse a la cola de la beneficencia a esperar a ver qué les dan hoy… En esta estafa revestida de solidaridad, las víctimas son las personas que acuden al banco de alimentos

y perjudicadas son quienes de manera altruista colaboran con el banco de alimentos.

“Les derivo a STOP DESAHUCIOS para que atiendan desde el movimiento social lo que yo no puedo defender desde aquí, el derecho a la protección de una vivienda…”

Las primeras porque se les niega un derecho a cambio de caridad y las segundas porque, creyendo que están ayudando a los demás, están colaborando a que se sigan recortando derechos. Las Administraciones ofrecen la imagen de que nadie pasa hambre, no gastan y además se evitan la rabia social ofertándoles por la puerta de atrás comida, domesticando a quienes olvidan exigir sus derechos, y se valoriza la actitud servil y caritativa del resto de la población. La clase política corrupta evita la denuncia de los responsables y las soluciones reales.


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Almudena Benito Diario de abordo del buque caridad

PERO NO OLVIDEMOS :SIN RECORTES Y CON JUSTICIA SOCIAL NO HACEN FALTA LOS BANCOS DE ALIMENTOS “Los bancos de alimentos se levantan como héroes de la solidaridad a través de los medios de comunicación, corporaciones.... nacieron para repartir los excedentes, no nacieron para cambiar la sociedad y defender derechos. Empresas colaboradoras, de las que me niego a hacer publicidad, con políticas muy agresivas de monopolio y de abuso en terceros países para producir sus productos, lavan su imagen donando las sobras” A modo ilustrativo, en los Presupuestos Generales del Estado se han reducido las partidas destinadas a servicios sociales, en plena situación de emergencia social, desde el año 2011 hasta el 2014, en 572 millones de euros, un 28 % menos, como cabe apreciar en la tabla que adjunto, confeccionada por el Consejo General del Trabajo Social.

Con el plan de reducción de costes, plan de ajuste o plan económico, se están reduciendo drásticamente los servicios sociales, que son la herramienta clave en la lucha contra la exclusión y marginación, para la cohesión y paz social, cuyos costes personales, sociales y económicos, si no se mantienen, son infinitamente mayores. Si se reducen los presupuestos, se reducen pues los servicios, el personal, las ayudas.


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Desde las Asociaciones y Plataformas Profesionales del sector de servicios sociales, Asociación de Gerentes y Directores de Servicios sociales, el Consejo Estatal de Trabajadores Sociales, Colegios Profesionales, Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, el Movimiento de la Marea Naranja....

Almudena Benito Diario de abordo del buque caridad

se denuncian a diario el retroceso en el fondo y en la forma en la concepción de las nuevas Políticas Sociales. Se nos devuelve al Asistencialismo. La concepción economicista de las nuevas leyes nos aleja a los servicios sociales de las concepciones garantistas del Estado del Bienestar que se habían conseguido alcanzar en España y regresan a formas benéficas y asistencialistas.


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A través de los movimientos profesionales y sociales reivindicamos la paralización de los recortes y de Leyes como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de Diciembre de 2013 y la modificación de la Ley que se produjo por Real Decreto-ley, en julio, en materia de Dependencia, reivindicamos una Ley Estatal de Servicios Sociales que establezca el nivel básico común para todos/as los/as ciudadanos/as, en cualquier lugar del Estado, en esta materia, que sea el Estado el encargado de garantizar un sistema público de Servicios Sociales, e incluso una reforma constitucional para que se reconozcan los Servicios Sociales como un derecho fundamental.

Como hace poco argumentaba Ana Lima, Presidenta del Consejo Estatal del Trabajadores Sociales, “la labor del tercer sector debe ser complementaria, nunca debe sustituir al Estado”, porque lo contrario sería volver a “un estado de beneficencia muy anterior a los años 70”.

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“Chari y Miguel tras 6 meses de desesperación, de idas y venidas, de pérdidas de tiempo, consiguen acceder a un banco de alimentos que apenas les da la posibilidad de comer durante 7 días. Tras 2 o 3 lotes alimenticios, tendrán que esperar un año más para poder volver a iniciar el ciclo de la caridad alimenticia” Si queremos recuperar la dignidad como ciudadanos y ciudadanas, como trabajadoras sociales, si queremos que Miguel, Chari y tanta gente con nombres y apellidos puedan vivir dignamente, necesitamos otras políticas, otros políticos. Porque otro mundo es posible, si lo construimos entre todos y todas, inclusivamente.


Francisco Paños Santiago Miembro de la Plataforma “A Desalambrar”

Plataforma “A desalambrar”: en defensa de vías pecuarias, caminos públicos y cauces La apropiación de caminos y cauces es otra de las maneras – la más directa, aunque no siempre la más visible – de expolio de los bienes públicos. La desidia que muchas veces manifiesta la administración pública para su defensa está detrás del surgimiento de movimientos como la asociación A Desalambrar, que nace en Córdoba en 2001. Todo un ejemplo de auténtico civismo.


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Francisco Paños Santiago Plataforma “A desalambrar”: en defensa de vías pecuarias, caminos públicos y cauces

Como si lo público picara, desde hace años, venimos padeciendo un tropel de privatizaciones. También los caminos, por los que libremente se transitaba, han sido objeto de esta usurpación. Por ello, en noviembre de 2001, un conjunto de asociaciones y ciudadanos se reunieron en el Círculo Juan XXIII alarmados por el progresivo cierre de los caminos de la Sierra de Córdoba y con la necesidad de organizarse para procurar su protección. A raíz de esta reunión nació la Plataforma “A Desalambrar”. En aquel Manifiesto primero se afirmaba: “A Desalambrar nace con un objetivo claro y prioritario: recuperación, difusión, señalización y

protección de las vías pecuarias, veredas y caminos públicos que atraviesan nuestra serranía y campiña”. Hacíamos un llamamiento a todos los ciudadanos, medios de comunicación, sectores empresariales y organismos oficiales para su conservación y se concluía apelando a la conciencia individual: “SI TE QUEJAS DE LO MAL QUE ESTÁ NUESTRA SIERRA, PIENSA EN CUAL PUEDE SER TU GRANITO DE ARENA PARA MEJORARLA”. En el año 2003, la Plataforma se constituyó como asociación, con el fin de tener personalidad jurídica.

“Concretando nuestras reivindicaciones en una serie de puntos: inventario, recuperación deslinde, conservación, señalización, mejora del estado de los arroyos, eliminar los focos de contaminación, detención de la urbanización de la Sierra…”

A los diez años de nuestra fundación, en 2011, en un nuevo Manifiesto, en este caso firmado por más de 50 asociaciones, hacíamos un balance de la situación, concretando nuestras reivindicaciones en una serie de puntos: inventario, recuperación deslinde, conservación, señalización, mejora del estado de los arroyos, eliminar los focos de contaminación, detención de la urbanización de la Sierra….” tanto para el bienestar de los cordobeses como para el desarrollo de un turismo equilibrado y respetuoso”.


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Francisco Paños Santiago Plataforma “A desalambrar”: en defensa de vías pecuarias, caminos públicos y cauces

La actividad más sostenida, y que cohesiona a la Plataforma, es nuestra salida al campo cada primer domingo de mes, salvo julio, agosto y septiembre. Quedamos en la Torre de la Malmuerta. En estas salidas recorremos caminos que es difícil andar solos, por estar cortados o porque los dueños de las fincas se oponen a que se recorran; o en otras ocasiones vamos por caminos poco conocidos para que cada vez más ciudadanos los usen, pues el uso es garantía de que no se perderán. Ante posibles conflictos, nuestra actitud siempre es pacífica, de acatamiento de la ley y colaboración con las autoridades; pero también de firmeza en la exigencia de nuestros derechos; por ello, a veces, hemos tenido que ir a los juzgados.

“Nuestra actitud siempre pacífica, de acatamiento de la y colaboración con autoridades; pero también firmeza en la exigencia nuestros derechos”

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Además de estas salidas, la Plataforma “ A Desalambrar” ha venido denunciando los cortes de los caminos públicos y vías pecuarias, estudiando los procedimientos necesarios para su defensa y recuperación, analizando los documentos que nos podían servir para probar cuales son los caminos públicos de Córdoba… Hemos realizado el seguimiento de los expedientes de deslinde de vías pecuarias, formulando alegaciones en interés de que el trazado fuera acorde al histórico y lo más beneficioso desde el punto de vista ecológico y para su uso público. Somos miembros fundadores de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, que nació en el año 2007.

Por otra parte colaboramos en multitud de actividades, tanto en Córdoba como en distintos puntos de España, siempre en defensa de los caminos públicos. Lo que va de este artículo, casi todo, podéis encontrarlo en nuestra página web: www.adesalambrar.com. Se actualiza de forma constante y tiene dos líneas de información:


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Francisco Paños Santiago Plataforma “A desalambrar”: en defensa de vías pecuarias, caminos públicos y cauces

• Por un lado ofrece la más completa información sobre la Sierra de Córdoba, sus caminos, vías pecuarias, actividades, senderos y reportajes de las salidas que realizamos. • Y por otro ofrece la más completa información sobre la defensa de caminos en toda España, con las noticias que nos llegan, la documentación que pueda ayudarnos; y enlaces de interés para cualquier interesado. En nuestra web hay un enlace con las reivindicaciones, tanto al Ayuntamiento, como a la Junta y a la Confederación Hidrográfica. De cara a las próximas elecciones municipales, ya tuvimos una reunión con la candidata del PSOE, y tenemos pendientes encuentros con el resto de grupos que se presentan. De manera sucinta las resumimos: • Aprobar definitivamente el inventario de caminos, si no lo está. • Comenzar la recuperación de los 5 caminos públicos incluidos en la petición con más de 5000 firmas. • Incluir en el inventario el resto de caminos que figuran como públicos en el estudio. • Solución a los problemas de suciedad y masificación de la zona de los Baños de Popea. • Aprobar el Plan Especial de la Sierra, sin reducirse en lo más mínimo los elementos de protección con respecto al aprobado inicialmente. • Entablar conversaciones con ADIF para conseguir la Vía Verde del Muriano.


Antonio Manuel Claudio Rodríguez

Anatomía de un expolio: la mezquita y otras inmatriculaciones de la jerarquía católica en Córdoba

Antonio Manuel y Claudio Rodríguez. Miembros de la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba: Patrimonio de tod@s

El saqueo de lo público no sólo tiene que ver con la corrupción económica. También hay todo un expolio de los bienes públicos, de los bienes comunes, permitido por los cambios legislativos introducidos en su día por Aznar – y mantenidos por los sucesivos Gobiernos – que equiparaban a los representantes de la jerarquía católica con notarios y les permite registrarlos a su nombre sin necesidad de demostrar su propiedad. Bajo la opacidad más absoluta de las autoridades y de la propia Iglesia, lo que se va sabiendo tiene que ver con todo un rosario de decenas de bienes de todo tipo que en Córdoba ha llegado hasta a incluir, además de la Mezquita, un kiosco o una plaza. Y esto no es más que la punta del iceberg.


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Antonio Manuel – Claudio Rodríguez Anatomía de un expolio: la mezquita y otras inmatriculaciones de la jerarquía católica en Córdoba

Lejos de transmitir una cierta sensación de indolencia, Córdoba es un ejemplo de concienciación y empoderamiento ciudadano en defensa de lo público. Aunque el expolio inmobiliario que ha llevado a cabo la jerarquía católica en los últimos años es una pandemia que afecta a todo el Estado, pocas ciudades como Córdoba han sido capaces de desvelar el escándalo en sus distintas dimensiones, sin duda a raíz de la reivindicación ciudadana de la Mezquita. Porque hablamos de un escándalo poliédrico y mayúsculo, tanto en el ámbito jurídico, como económico, democrático, social y cultural. De tal magnitud, que ha conseguido ser portada de los medios de comunicación más importantes del mundo, y conseguir el respaldo de casi 400.000 ciudadanos.

Hablamos de un escándalo jurídico intolerable e injustificable en el siglo XXI, porque la apropiación de bienes por parte de la Iglesia Católica se ha efectuado con arreglo a dos normas franquistas, propias de un Estado confesional y flagrantemente inconstitucionales: una equipara a la Iglesia Católica con una administración pública, y otra a los diocesanos con notarios. Valiéndose de ambas herramientas, la jerarquía católica ha inmatriculado miles de bienes de manera clandestina y sin acreditar título de propiedad, con especial codicia a partir de la reforma con la que Aznar abrió la puerta del Registro a los “templos de culto” en 1998.

“Aunque el expolio inmobiliario que ha llevado a cabo la jerarquía católica en los últimos años es una pandemia que afecta a todo el Estado, pocas ciudades como Córdoba han sido capaces de desvelar el escándalo en sus distintas dimensiones, sin duda a raíz de la reivindicación ciudadana de la Mezquita” Hasta entonces, nadie cuestionaba la naturaleza pública de estos bienes, como las calles o las plazas, sin perjuicio de los derechos al uso que en su caso pudieran corresponder a sus poseedores. La inmensa generalidad de los inmuebles con finalidad aparentemente religiosa, no habían sido construidos por ninguna estructura de la Iglesia, habían sido mantenidos por el pueblo y restaurados con dinero de todos y todas. De la misma manera que Miguel Hernández preguntaba en el alma quién levantó los olivos de Jaén, tampoco la Iglesia levantó el bosque de columnas de la Mezquita de Córdoba. Ni los bienes se adquieren por consagración.


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Antonio Manuel – Claudio Rodríguez Anatomía de un expolio: la mezquita y otras inmatriculaciones de la jerarquía católica en Córdoba

Ni se pueden apropiar por la posesión en el tiempo cuando su naturaleza es pública. En definitiva, podríamos calificarlo de un “robo jurídico e impune”, llevado a cabo con normas derogadas desde 1978 por la Constitución Española. Sin embargo, a nadie escapa que un escándalo de esta magnitud, con unas secuelas sociales y económicas incalculables e impredecibles en el futuro, representa una “cuestión de Estado” que no todas las fuerzas políticas se atreven a afrontar. De ahí la necesidad de divulgar y difundir lo ocurrido para evacuar en su momento las responsabilidades históricas que cada uno deba soportar: unos por perpetrarlo y otros por consentirlo. Desconocemos el número de bienes inmatriculados con arreglo a este procedimiento porque el Gobierno, el Ministe-

“la apropiación de bienes por parte de la Iglesia Católica se ha efectuado con arreglo a dos normas franquistas (…) una equipara a la Iglesia Católica con una administración pública, y otra a los diocesanos con notarios”

rio de Justicia o la Dirección General de los Registros y del Notariado, se han negado sistemáticamente a proporcionar estos datos con las excusas más peregrinas o con el silencio como respuesta. En primer lugar, dejemos claro que no por tratarse de una Iglesia o un bien con aparente finalidad religiosa pertenece a la Iglesia Católica, en sus distintas estructuras (Cabildo, Obispado, Diócesis…). No podemos confundir el destino de un bien con la propiedad del mismo, por la misma razón que los colegios no son de sus profesores. Y la prueba más evidente de ello es que las Iglesias o Conventos en ruinas siguen siendo públicos, hasta el extremo de exigir la propia jerarquía católica su restauración con nuestro dinero.

En Córdoba hemos podido comprobar que se apresuraron a registrarlas como propias tan pronto fueron arregladas con cargo a las arcas públicas. En segundo lugar, no sólo se han inmatriculado templos de culto o similares. Este hecho contrastado desmonta la coartada de la Iglesia Católica de limitarse a regularizar sus “posesiones” (que no sus propiedades), porque han inscrito bienes privados de otra índole, que no ha poseído o documentadamente públicos, hasta el extremo de ofrecer vergonzantemente su devolución. El caso de las plazas del Pocito, del Triunfo de San Rafael o del kiosco de San Hipólito, raya el esperpento y evidencia el uso torticero y la voracidad inmobiliaria de la jerarquía católica.


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Antonio Manuel – Claudio Rodríguez Anatomía de un expolio: la mezquita y otras inmatriculaciones de la jerarquía católica en Córdoba

Y en tercer lugar, por definición, los bienes de dominio público no acceden al Registro de la Propiedad “privada”. Las inmatriculaciones practicadas por la jerarquía católica han invertido la prueba de manera diabólica: ahora se presumen que son suyos. Y para colmo, han degradado su naturaleza jurídica al rango de un mero bien privado. Desde la Mezquita hasta la plaza del Pocito. Los poderes públicos no pueden permitir esta tropelía. Sin embargo, la actitud del Gobierno municipal ha sido como regla la de huir del problema: • En el caso del Triunfo de San Rafael, solicitando un informe jurídico que justifique la salida del inventario del bien “mueble” (no de la plaza), incluso contra la opinión fundada de dos informes técnicos y la rotundidad de los hechos.

“La jerarquía católica ha inmatriculado miles de bienes de manera clandestina y sin acreditar título de propiedad, con especial codicia a partir de la reforma con la que Aznar abrió la puerta del Registro a los “templos de culto” en 1998”

• En el caso de la plaza del Pocito, no ha tenido más remedio que reconocer el expolio, sin duda como consecuencia de la reclamación ciudadana que le permite accionar si el Ayuntamiento no lo hace. La jerarquía católica se mantiene callada al respecto, ante la posibilidad de ampararse en un simple error catastral, a pesar de haberla inscrito ocultando que se apropiaba de la Iglesia y de la plaza.

• Y en el caso del Cristo de los Faroles y de la plaza, acudiendo a inmatricularla. A nuestro juicio, un esperpento jurídico porque degrada su condición de bien público al de un solar privado. Y sobre todo, porque convierte el escándalo de las inmatriculaciones en una “carrera de pillos”, justificando el método utilizado por la Iglesia en lugar de impugnarlo y defender nuestro patrimonio público.

• En el caso del Kiosco de San Hipólito, la jerarquía católica se apresuró a declarar su devolución, lo que supone el reconocimiento expreso de la apropiación de un bien público.

Dejando aparte el caso más emblemático de la Mezquita, intentaremos diseccionar los diferentes supuestos de expolio que hemos sufrido en la ciudad de Córdoba:


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Antonio Manuel – Claudio Rodríguez Anatomía de un expolio: la mezquita y otras inmatriculaciones de la jerarquía católica en Córdoba

1.- Bienes que tuvieron finalidad religiosa pero que al hallarse actualmente en ruinas siguen siendo públicos: Campo Madre de Dios, Convento de Santa Clara, Regina… 2.- Bienes con aparente finalidad religiosa restaurados con dinero público que siguen siendo públicos: Iglesia de la Merced en el Palacio de la Merced. 3.- Bienes desacralizados que tras su restauración con dinero público han sido inmatriculados: Iglesia de la Magdalena. 4.- Bienes o espacios documentadamente públicos inmatriculados por la Iglesia: Plazas públicas del Pocito, Triunfo de San Rafael, Kiosco del Gran Capitán, camino público Castillo del Maimón, Compás de San Francisco… 5.- Bienes documentadamente públicos en inmuebles inmatriculados por la Iglesia: Fuentes de la Mezquita o Triunfo de San Rafael de la misma Mezquita.

“El caso de las plazas del Pocito, del Triunfo de San Rafael o del kiosco de San Hipólito, raya el esperpento y evidencia el uso torticero y la voracidad inmobiliaria de la jerarquía católica”

6.- Bienes de uso religioso construidos con dinero público o por suscripción popular que han sido inmatriculados por la Iglesia: Ermita del Socorro o Iglesia de San Rafael. 7.- Bienes de uso religioso que tras su restauración con dinero público han sido inmatriculados por la Iglesia: la inmensa mayoría, con especial gravedad, las Iglesias Fernandinas. 8.- Cesiones o permutas a la Iglesia por parte de la Administración de inmuebles públicos: Ermita del Cementerio de la Salud, Colegio de la Trinidad, Ermita de los Santos Mártires… 9.- Bienes pertenecientes a órdenes religiosas pero inmatriculados por la jerarquía católica: La Iglesia de San Pablo, ganada en el Tribunal Supremo por los claretianos al Obispado de Córdoba.

Como se puede comprobar, es compleja la anatomía del expolio conocido (quedan muchos más casos por descubrir), gracias al esfuerzo desinteresado de la ciudadanía comprometida y de medios de comunicación independientes con un enorme sentido de la responsabilidad. Para completar y aclarar aún más esta primera aproximación, acompañamos una tabla con algunos datos complementarios sobre algunos de los bienes citados:


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Antonio Manuel – Claudio Rodríguez Anatomía de un expolio: la mezquita y otras inmatriculaciones de la jerarquía católica en Córdoba


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1.- Apropiación de plazas públicas: El Triunfo de San Rafael y el Pocito de la Fuensanta Triunfo de San Rafael En abril del 2011 el Obispado inmatriculó la Plaza del Triunfo de San Rafael sin presentar ningún título de propiedad, fundamentando su dominio únicamente en la descripción histórica del monumento y en su dedicación al “culto católico”. La titularidad pública de la plaza es indiscutible. En el archivo constan datos precisos que prueban que desde el año 1850 la plaza es de propiedad pública, con el consentimiento expreso del Obispado de desprenderse de ella para no asumir su mantenimiento.

“La respuesta del Ayuntamiento siempre ha sido la misma, guardar silencio y continuar sufragando el mantenimiento de los templos”

Además, está documentado que todas las reparaciones realizadas hasta hoy han sido pagadas por el Ayuntamiento. Las últimas actuaciones fueron su inclusión en el inventario de bienes del Ayuntamiento en el año 1984, y su restauración en el año 2002 en el Plan de Excelencia Turística. Aún con esto, el obispado inmatriculó la plaza a su nombre en el 2011.

No es una mera dejación de su obligación de defender el patrimonio público, sino una verdadera colaboración activa en la apropiación privada del mismo.

La respuesta lógica hubiese sido reclamar su devolución inmediata, pero no fue así. El Ayuntamiento optó por borrarlo de su inventario de bienes y decir que si la Iglesia manifiesta que es suyo, será que es cierto, aunque choque frontalmente con los antecedentes documentados y con las propias actuaciones anteriores del Ayuntamiento.

La Plaza del Pocito de la Fuensanta En 1987 se inmatriculó la Plaza del Pocito de la Fuensanta, ocultando su carácter religioso y con una descripción oscura para ocultar su apropiación. La reforma de Aznar que permite registrar templos de culto no se produjo hasta 1998, por lo que el Obispado no declaró que se trataba de una iglesia para poder inscribirla en el Registro.


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Además el texto trata de esconder que se inscribe la plaza. Para ello se usó esta descripción: “Porción de terreno al pago de Nuestra Señora de la Fuensanta, de esta Capital, con superficie de cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro metros cuadrados, sobre la que existen edificaciones en su fondo, que ocupan mil ochocientos veintiocho metros cuadrados, y que consisten en la Casa del Capellán, con un pequeño jardín; Capilla y otras dependencias.” De la comparación del texto con los metros de superficie y el plano que consta en el catastro se extrae que cuando se dice “otras dependencias” se está refiriendo a la Iglesia, el pocito y la plaza pública en la que se encuentra.

“La actitud del Gobierno municipal ha sido como regla la de huir del problema”

Ante esta apropiación el Ayuntamiento de nuevo ha guardado silencio, siendo el consejo de Distrito Sureste, que representa a los vecinos de la Fuensanta, los que han actuado en contra. Lejos de acceder a la devolución, el Obispado parece dispuesto a discutir la propiedad de la plaza en los juzgados. 2.- Bienes públicos mantenidos administraciones públicas

por

las

Estas plazas no han sido los únicos bienes públicos de los que se ha apropiado la Iglesia frente a la pasividad de las Administraciones públicas. En el 2005, el Obispado inmatriculó la Iglesia de San Hipólito, y aprovechando que estaba en su esquina,

un kiosko municipal. Está perfectamente documentado que el kiosko, actualmente en desuso, fue construido por el Ayuntamiento. Encontrarse en una esquina de la iglesia y estar cerrado parecen motivos suficientes para inscribirse en el registro junto con el templo. Puede decirse que el Ayuntamiento no ha respondido ante estos hechos, limitándose a decir que estudiará la situación. Al hacerse público este “robo jurídico”, el Obispado ha decidido devolver por sí mismo el kiosko, con lo que podemos dar por hecho que no habrá ninguna consecuencia en su contra. Estará automáticamente libre de culpa. Tan sorprendente como injusto.


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Analizar todas las inmatriculaciones de Córdoba sería una labor demasiado extensa, por lo que sólo señalaremos unas de las más representativas, las iglesias fernandinas. Mandadas construir por Fernando III el Santo, son el ejemplo perfecto de templo de titularidad pública. Su construcción fue ordenada por la corona, se utilizaron como edificios administrativos en sus respectivos barrios y sus restauraciones han sido pagadas hasta hoy por el Estado. Así encontramos la Iglesia de San Agustín, restaurada con casi cuatro millones de euros por la Junta, o la Iglesia de la Magdalena, cuya reparación tras un incendio costó a la Junta más de 600.000 euros. Ambas iglesias fueron inmatriculadas por el Obispo poco después de su última restauración.

Especialmente grave es el caso de la Magdalena, al tratarse de un bien desacralizado.

Ya sabemos que este mismo procedimiento se usó con las Iglesias de San Pablo (ganada posteriormente en el Tribunal Supremo por sus legítimos propietarios), San Pedro, Santa Marina, la Ermita de los Santos Mártires, la Iglesia del Socorro, la Basílica del Juramento de San Rafael, etc. La respuesta del Ayuntamiento siempre ha sido la misma, guardar silencio y continuar sufragando el mantenimiento de los templos.

“Lejos de exigir a la Diócesis el cuidado de sus bienes, se restauran los públicos para regalarlos”

3.- La Iglesia no inmatricula ruinas. “La Iglesia no inmatricula ruinas.” Así de claro lo dijo el Arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián. La expresión más correcta sería que las ruinas son restauradas con dinero público para ser después inmatriculadas por la Iglesia. Ese es el procedimiento que se ha seguido con la inmensa mayoría de inmuebles, algunos ya citados. Córdoba se ha convertido en el ejemplo perfecto de este expolio monumental. Tenemos tres templos en ruinas: el convento de Regina, la Iglesia de Santa Clara y la de Campo Madre de Dios.


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Nunca se ha cuestionado su titularidad ni a quién corresponde su restauración, ambas en manos del Ayuntamiento. Está visto que cuando su estado de conservación es malo no choca que sean templos de titularidad pública. El Convento de Regina ya está siendo restaurado para albergar el museo cofrade, y el culmen de la mala actuación del Ayuntamiento llega con Campo Madre de Dios, pactando que se restaure con dinero público para cederlo después a la Iglesia. Lejos de exigir a la Diócesis el cuidado de sus bienes, se restauran los públicos para regalarlos. Y lamentablemente, no es la primera vez que ha ocurrido.

“esta “inmaculada corrupción” que para nada tiene que ver con la finalidad de la propia Iglesia y que está a enorme distancia del mensaje del propio Papa Francisco. En cualquier caso, no hablamos de un debate religioso, sino estrictamente patrimonial, jurídico y económico en defensa de lo público”

CONCLUSIÓN: Todos nos echamos las manos a la cabeza antes los casos de corrupción que suponen un robo a los ciudadanos. También hemos tomado conciencia del daño que supone a lo público la economía al margen de la fiscalidad. Sin embargo, aún desconocemos las consecuencias futuras de estas apropiaciones de bienes y ayudas que hemos pagado entre todos para el beneficio privado de unos pocos, que no declaran ni tributan. De ahí que de la misma manera que exigimos una auditoría de la deuda, se cuantifique el tamaño del expolio y la secuelas económicas que supone para las arcas públicas todo ese dinero que hemos perdido más el que dejamos de percibir.

Sólo así quizá empecemos a darnos cuenta de esta “inmaculada corrupción” que para nada tiene que ver con la finalidad de la propia Iglesia y que está a enorme distancia del mensaje del propio Papa Francisco. En cualquier caso, no hablamos de un debate religioso, sino estrictamente patrimonial, jurídico y económico en defensa de lo público.


Ángel B. Gómez Puerto Jurista. Miembro de la Plataforma Córdoba Pública

Servicios públicos municipales para la gente. Propuestas para la ciudad de Córdoba Obedeciendo al mandato constitucional de remover los obstáculos que impidan el ejercicio de la libertad y la igualdad, la ciudad de Córdoba fue desarrollando un modelo, una tupida red de servicios públicos, que en muchos casos fueron referente nacional e internacional. La llegada del PP al poder local en 2011 ha supuesto el comienzo de la liquidación de dicho modelo: cierre de servicios, privatizaciones, despidos, amortización de cientos de plazas… Según Ángel Gómez, hay alternativas y propuestas para otra forma de gobierno en materia de empleo, medio ambiente, etc., a partir del protagonismo de la propia ciudadanía.


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Ángel B. Gómez Puerto Servicios públicos municipales para la gente. propuestas para la ciudad de Córdoba

1. El principio de igualdad formal y material: los servicios públicos como elemento de garantía. Nuestra Constitución proclama en el artículo 14 el principio formal de igualdad con el siguiente tenor literal: “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Es esta una declaración formal, muy importante por la ubicación sistemática en la estructura del texto constitucional, pero que necesita para ser real y efectiva de políticas públicas comprometidas.

En este sentido, hay otro precepto clave en nuestra “carta magna” que establece el principio de igualdad material, una auténtica cláusula social de la Constitución Española de 1978, que es el artículo 9.2, que establece que “corresponden a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

“Es esta norma constitucional la que debemos invocar para seguir reclamando un sistema potente de servicios públicos que hagan posibles que todas y todos tengamos las mismas opciones en materia de educación, sanidad, servicios sociales, protección del medio ambiente, inserción laboral, vivienda, etc.” Es esta norma constitucional la que debemos invocar para seguir reclamando un sistema potente de servicios públicos que hagan posibles que todas y todos tengamos las mismas opciones en materia de educación, sanidad, servicios sociales, protección del medio ambiente, inserción laboral, vivienda, etc., etc. Y por este objetivo hemos de trabajar en todos los niveles y esencialmente en el local, tan atacado por las últimas reformas legales impulsadas por el gobierno actual de España y aprobadas por la mayoría absoluta que lo sustenta.


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2. El modelo de servicios públicos municipales en la ciudad de Córdoba desde 1979. Desde que en la primavera de 1979, en las primeras elecciones municipales del actual período constitucional, las fuerzas políticas de la izquierda acceden al gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba, se ha ido construyendo de manera paulatina un modelo público de servicios municipales en la ciudad de Córdoba, en materias tan estratégicas como la gestión del agua, el ciclo integral de los residuos, la limpieza viaria, la educación ambiental, la planificación urbanística, el fomento del deporte base, el apoyo y fomento de la creación de empleo y actividad económica, transporte público, promoción pública de vivienda, fomento de la actividad cultural, servicios sociales o servicio público de cementerios, entre otros.

“Desde que en la primavera de 1979 (…) las fuerzas políticas de la izquierda acceden al gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba, se ha ido construyendo de manera paula-tina un modelo público de servicios municipales en la ciudad ”

Desde el punto de vista administrativo, se apostó por la constitución de sociedades anónimas de capital íntegramente municipal como son los casos de las empresas municipales SADECO, EMACSA, AUCORSA, VIMCORSA o CECOSAM, o bien por organismos autónomos locales de carácter administrativo como el IMGEMA-Jardín Botánico, IMAE-Gran Teatro, Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (IMDEEC), Instituto Municipal de Deportes (IMDECO), o la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). Asimismo, el Ayuntamiento tiene participación mayoritaria en MERCACORDOBA (el 51%), así como en el Consorcio Local de Turismo junto al sector empresarial privado, y en la Orquesta de Córdoba con la Junta de Andalucía.

Se trata, como vemos, de una extensa red de servicios municipales, con un objetivo de hacer de Córdoba una ciudad que apostaba por lo público, por el medio ambiente, por la cultura, por la planificación urbanística, por el fomento del desarrollo local y por servicios de atención social que atajaran las desigualdades. Muchos de esos servicios han sido modelo nacional e internacional, como es el caso de la gestión del ciclo integral de los residuos, en los que Córdoba fue modelo.


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Tuve el gran honor y la oportunidad de estar muy implicado en este servicio municipal, como miembro del Consejo de Administración y Vicepresidente de SADECO durante cinco años y medio. A este importante y estratégico servicio municipal dedico un capítulo en mi libro “La protección constitucional del medio ambiente. Algunas consideraciones sobre Andalucía y la ciudad de Córdoba” (Don Folio, 2011), fruto de mi trabajo de investigación de fin de doctorado, y que actualmente sigue estando entre la bibliografía recomendada para estudiantes del Grado en Derecho de la UCO.

3. El ataque del Partido Popular (mandato 2011-2015) a los servicios públicos locales de Córdoba. En mayo de 2011 el Partido Popular consiguió una aplastante mayoría absoluta, y en noviembre de ese año, ese mismo partido consiguió también mayoría absoluta en las elecciones generales y accedió al gobierno de la nación en diciembre. Entre el año 2012 y 2013 ese ejecutivo nacional desarrolla toda una estrategia de impulso legislativo que tiene dos objetivos esenciales: reducir derechos sociales y laborales (reforma laboral brutal de febrero de 2012), así como atacar a los servicios públicos en general y a los municipales en particular, que se concreta en este último caso en la aprobación de la

“El actual gobierno local, amparado ya con todas esas reformas legales (…) ha llevado a cabo una serie de medidas privatizadoras, amortización de puestos de trabajo y despidos y eliminación de servicios públicos que se habían ido construyendo en anteriores mandatos municipales” “Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”, que se publicó en el BOE unos días después, el 30 de diciembre. En el caso de la ciudad de Córdoba, el actual gobierno local, amparado ya con todas esas reformas legales, con cambios de conceptos y valores jurídicos constitucionales, ha llevado a cabo una serie de medidas privatizadoras, amortización de puestos de trabajo y despidos y eliminación de servicios públicos que se habían ido construyendo en anteriores mandatos municipales.


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Podemos señalar los siguientes: • Ha despedido a treinta empleado/as municipales del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (5), y del Instituto Municipal de Deportes (25), que han tenido que ser readmitido/as por sentencias judiciales casi en su totalidad, al ser considerados los despidos/amortizaciones como decisiones injustificadas y arbitrarias. • Ha privatizado y/o suprimido diversos servicios municipales: Escuela Infantil, mantenimiento de Parques Jardines, Residencia Municipal de la Tercera Edad, Grúa Municipal, etc. • Ha anulado el convenio con el Consejo Local de la Juventud.

“La situación de la ciudad es de emergencia social. Son necesarias otras políticas mirando a la gente que sufre el desempleo y la exclusión social”

• Ha eliminado en el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (IMDEEC) el servicio de atención a las personas en desempleo que se puso en marcha en 2005 con recursos municipales propios. • Ha firmado un convenio con la Escuela de Negocios EOI para realizar algunos de los servicios en relación con la red de viveros de empresas del IMDEEC. • Ha reducido drásticamente las partidas de los programas de asistencia y emergencia social. • Ha reducido las actividades de la Casa de la Igualdad. • Ha eliminado la política municipal de solidaridad y cooperación.

• Ha eliminado la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Córdoba y de la empresa municipal SADECO. • Ha intentado privatizar la actividad de la empresa municipal CECOSAM, pero por la lucha de su plantilla y el apoyo de la plataforma ciudadana Córdoba Pública, ha parado el intento. • Prácticamente ha desaparecido la promoción de viviendas sociales en la empresa municipal VIMCORSA. • Se ha adjudicado a una empresa privada la regularización y actualización catastral y tributaria de inmuebles de naturaleza urbana y rústica del término municipal de Córdoba.


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• Tiene en estos momentos en proyecto privatizar el servicio público de alumbrado público, así como seguir privatizando el mantenimiento de jardines, que anteriormente eran gestionados por una entidad de inserción social. Además, prometió crear empleo en la ciudad de Córdoba. Inició su mandato en junio de 2011 con 39.212 personas en desempleo y actualmente son 43.800 las personas sin trabajo. En total 4.588 personas han supuesto el incremento del desempleo en este mando municipal del Partido Popular. Dijeron en campaña electoral que vendrían grupos industriales que crearían empleo, que su gobierno generaría esa confianza empresarial y no llegaron.

4. Propuestas para el período de gobierno local 2015-2019: reforzar la red de servicios municipales para la gente. Nos acercamos a un período nuevo. El 24 de mayo tenemos elecciones municipales. La situación de la ciudad es de emergencia social. Son necesarias otras políticas mirando a la gente que sufre el desempleo y la exclusión social. La creación de empleo y la dinamización de la actividad económica debería ser una de las prioridades de la nueva Corporación Municipal para el período 2015-2019

“Hemos de recuperar el gobierno local de la ciudad de Córdoba para la ciudadanía. Hemos de recuperar los servicios públicos eliminados o privatizados por el Partido Popular. Hemos de hacerlo desde la propia ciudadanía organizada”

En la última década la ciudad no ha construido colectivamente un modelo de desarrollo local diferenciado. No está apostando de manera estratégica por actividades nuevas y sostenibles, ni tampoco tiene acciones municipales de lograr inversiones que generen empleo e industrias auxiliares. Desde la institución local pueden facilitarse estos procesos, debe ser su papel, diseñar una estrategia colaborativa para un modelo de desarrollo local cohesionado socialmente, sostenible desde el punto de vista medioambiental, y culturalmente dinámico.


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Las casi 44.000 personas que sufren el drama del desempleo (el pasado año 2014 acabó exactamente con 43.800 personas en esa situación) en nuestra ciudad esperan soluciones y propuestas, es urgente, las consecuencias personales y familiares son realmente severas. Dada la grave situación de la que partimos, y que manera breve hemos reseñado, es urgente potenciar las acciones a desarrollar desde la institución municipal. El actual gobierno local no ha ofrecido respuesta, son razones suficientes para trabajar en otro sentido muy distinto al actual, mirando a la gente que está sufriendo el gran problema de la ciudad. A modo de propuesta, describo a título personal, someramente, algunas posibles medidas a adoptar a

partir del 24 de mayo desde el Ayuntamiento de Córdoba y sus organismos municipales, en especial dedico este apartado de propuestas a las que se pueden poner en marcha desde el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo, en el que he prestado servicios como técnico A2 de empleo y formación durante bastante años. Las expongo a continuación y en un último capítulo me refiero de manera muy esquemática a varias en relación al medio ambiente local, derivadas de experiencias que he tenido de gestión municipal y de investigaciones académicas universitarias.

• Ha eliminado en el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (IMDEEC) el servicio de atención a las personas en desempleo que se puso en marcha en 2005 con recursos municipales propios. • Ha firmado un convenio con la Escuela de Negocios EOI para realizar algunos de los servicios en relación con la red de viveros de empresas del IMDEEC. • Ha reducido drásticamente las partidas de los programas de asistencia y emergencia social. • Ha reducido las actividades de la Casa de la Igualdad. • Ha eliminado la política municipal de solidaridad y cooperación.

4.1 Propuestas en materia de empleo y desarrollo económico local. A) Potenciar la empleabilidad de las personas en desempleo, fomentar sus posibilidades de inserción laboral: • Acciones de orientación y apoyo técnico en el proceso de búsqueda de empleo, sobre todo dirigidas a las personas con menores recursos educativos.


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• Acciones formativas ajustadas a las demandas reales del tejido empresarial. Es fundamental para planificar planes de formación para personas en desempleo contar con estudios muy ajustados de las necesidades de las empresas locales. • Acciones de intermediación con empresas: garantizar con planes concretos de actuación la eficacia de la conexión entre las ofertas de empleo y las personas en desempleo. B) Dinamización de la economía local: apoyo a las personas emprendedoras.

• Acciones específicas de apoyo a las iniciativas emprendedoras del sector cultural, para contribuir a la promoción de Córdoba como ciudad cultural, apoyo al sector turístico relacionado con nuestro inmenso patrimonio: actividades de restauración y conservación de edificios y obras histórico-artísticos, creación o recuperación de centros culturales, promoción de la cultura local, investigación del patrimonio, organización de eventos culturales, o servicios especializados en turismo cultural. C) Recuperar servicios públicos locales

• Acciones de apoyo técnico y económico a las personas con ideas de emprendimiento. Se han de basar en la agilidad burocrática y en la rapidez, claves para el inicio real de la actividad.

Revertir a la institución local aquellos servicios que en el actual mandato municipal han sido privatizados (“externalizados” o “amortizados”), contribuyendo de esta manera a fomentar el empleo

• Creación de nuevos espacios para el desarrollo de actividades empresariales: viveros de empresas, espacios de encuentro entre personas emprendedoras, intercambio de experiencias para compartir estrategias, etc. • Acciones específicas de apoyo a las iniciativas emprendedoras que se enmarquen en la economía justa y solidaria. • Convenios con la banca ética para la concesión de créditos favorables a personas emprendedoras.

digno y garantizar para la ciudadanía que los servicios municipales estén realmente a su servicio y no del interés privado empresarial. D) Acciones de colaboración con la Universidad de Córdoba Es fundamental implicar a nuestra universidad en la definición del modelo de desarrollo local de Córdoba. Es una institución puntera en ámbito de investigación de sectores que se pueden traducir en actividad económica, como lo prueba la existencia ya del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3), o el Parque CientíficoTecnológico Rabanales 21.


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E) Acciones de apoyo y promoción del sector de la artesanía local Desde la institución local, y en colaboración con los planes autonómicos en el sector, se pueden implementar acciones de apoyo a las personas que mantienen oficios artesanos tradicionales en nuestra ciudad (repujado del cuero, construcción de guitarras, cerámica, etc.) F) Acciones industriales

de captación

de inversiones

Desde la institución local se desarrollará un programa de captación de inversiones para la instalación en Córdoba de nuevas actividades empresariales respetuosas con nuestro modelo de desarrollo local, que desarrollen procesos de producción industrial que también generen empleo indirecto para las pequeñas empresas locales. Se trataría de recuperar a Córdoba como espacio en el que se han desarrollado históricamente actividades industriales como la metalurgia, aprovechando que nuestra capital está situada de manera estratégica para el transporte de materias primas y distribución posterior de la producción. 4.2 Propuestas sobre política local de medio ambiente urbano. Por otro lado, en materia de medio ambiente urbano, una de las señas de identidad de esta ciudad, propongo los siguientes diez ejes estratégicos de una política local de medio ambien-

te que se podrían desarrollar en la ciudad de Córdoba en el período de gobierno local 20152019, y que debieran impulsarse desde una concejalía específica de medio ambiente: • Seguir mejorando y optimizando la gestión de los residuos urbanos con el objetivo de consolidar la consecución del ciclo integral de los residuos urbanos. • Gestión sostenible del agua: incidir en aspectos educativos en relación al consumo. • Fomento del transporte público colectivo: apuesta por la movilidad. • Plan municipal de fomento del uso de la bici: apuesta por hábitos saludables. • Contribución desde lo local a la aplicación de la normativa sobre calidad del aire: políticas de prevención y control. • Diseño de una política municipal de eficiencia energética: en la vía pública y edificios municipales. • Medidas serias contra la contaminación acústica: control de la aplicación de la normativa existente. • Líneas de actuación permanente de fomento de la información y educación ambiental: en materias como consumo responsable, reciclaje, movilidad sostenible o sobre los valores ambientales de Córdoba (Sierra, Río, etc.)


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Ángel B. Gómez Puerto Servicios públicos municipales para la gente. propuestas para la ciudad de Córdoba

• Participación efectiva de ciudadanía y colectivos en la definición de políticas medioambientales: consejo municipal de medio ambiente con competencias reales. • Instauración de la Defensoría Ambiental de la ciudadanía cordobesa, órgano independiente que recibiría quejas ciudadanas sobre las diferentes cuestiones relativas al medio ambiente local.

5. Reflexión final: hay esperanza, podemos ganar el futuro de la ciudad. A modo de conclusión, hemos de recuperar el gobierno local de la ciudad de Córdoba para la ciudadanía. Hemos de recuperar los servicios públicos eliminados o privatizados por el Partido Popular. Hemos de hacerlo desde la propia ciudadanía organizada, tenemos la oportunidad de ganar nuestro futuro y el de nuestras hijas e hijos. Es nuestro momento. Está en nuestras manos. Construyamos entre todas, imaginemos otro modelo, soñemos con otra ciudad, con futuro y esperanza.


Plataforma Córdoba Pública Plataforma Córdoba Pública

Manifiesto/decálogo de Córdoba Pública en defensa de los servicios públicos. Elecciones autonómicas y municipales 2015 El ataque a los servicios y bienes públicos es un destacado rasgo de las políticas neoliberales que se vienen aplicando en nuestro país y que en Córdoba ha tenido su máxima expresión en el actual equipo de gobierno del Partido Popular, con su alcalde Nieto al frente: cierre de servicios, como la Escuela Infantil; privatizaciones como la de la Residencia de Mayores o – tal como intentan en estos momentos – del Alumbrado Público; despidos y reducción de plantillas (sólo en la matriz, en el ayuntamiento, son más de 160 los puestos perdidos entre 2011 y finales de 2014; en SADECO se ha reducido la plantilla en 100 puestos, etc.); reducción de las partidas de Ayuda de Emergencia Social; inhibición ante el expolio que el Obispado está realizando del patrimonio de la ciudad… son sólo una muestra de la larga lista de ataques que han sufrido los servicios municipales y lo público a manos del PP. Ataques que, no se olvide, terminan repercutiendo negativamente en la ciudadanía, especialmente en la que se encuentra en situación de exclusión. Lamentablemente, también en los servicios públicos dependientes de la Junta de Andalucía, sobre todo en dos tan sensibles para el bienestar social como Educación y Sanidad, los recortes y la precarización son igualmente moneda común: reducción de plantillas, reducción de jornada laboral/salario a eventuales, privatización parcial de servicios, conciertos con empresas privadas; etc. Ante la cercanía de diferentes procesos electorales en el presente año, la Plataforma Córdoba Pública hace público el presente Manifiesto con las principales propuestas que planteamos a las fuerzas políticas que concurrirán a las elecciones. MANIFIESTO En definitiva, Córdoba Pública, convencida de que lo público, su fortaleza, es una garantía de derechos y de igualdad, de democracia en suma, propone la adopción de las siguientes medidas por los próximos gobiernos autonómico y municipal:


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Plataforma Córdoba Pública Manifiesto/decálogo de Córdoba Pública en defensa de los servicios públicos. Elecciones autonómicas y municipales 2015

1. Un claro posicionamiento en defensa de los servicios y los bienes públicos, incluida la iniciación de cuantas acciones sean necesarias en defensa de los mismos, con independencia de quien ostente la competencia en la materia. 2. La negativa explícita – y su consecuente traducción práctica – a privatizar ninguno de los servicios públicos existentes en este momento, ni a mercantilizar los bienes públicos (promover un parque público de viviendas de alquiler; eliminar la promoción para venta de viviendas; rechazo a introducir medidas de financiación a través de concesiones por canon; etc.) 3. La exploración de todas las opciones posibles para recuperar como servicios públicos aquellos servicios que han sido privatizados en los últimos años y para la reapertura de los que fueron cerrados. 4. La exploración de todas las opciones posibles para la recuperación de las plantillas de personal de los servicios públicos mermadas en este reciente periodo. 5. La apertura de mesas permanentes de trabajo y colaboración activa con todos los movimientos sociales y sindicales que promueven la defensa de lo público, incluida la preservación del espacio y de los lugares de convivencia ciudadana. 6. La introducción y defensa del enfoque de Derechos Humanos en la regulación normativa y la gestión de los servicios que afectan a los suministros básicos de la población: vivienda, agua, luz, gas y alimentación, promoviendo desde las administraciones públicas medidas de protección a las personas más vulnerables que, huyendo de cualquier consideración benéfica, respete al máximo su dignidad. 7. La utilización de la fuerza política, representativa, institucional, normativa y de poder (recursos, finanzas, etc.) del Gobierno correspondiente para presionar sobre las entidades o instituciones que vulneren en su actuación cotidiana los Derechos Humanos a los suministros básicos.

8. La puesta a disposición temporal de iniciativas ciudadanas sin ánimo de lucro y de interés general, para actuaciones que redunden en beneficio de la comunidad, de los edificios públicos vacíos y recursos ociosos, en tanto la administración pública los puede poner en valor directamente. 9. La separación estricta del poder político ostentado de cualquier actuación de carácter confesional, evitando toda colusión de intereses con organizaciones vinculadas a confesiones religiosas que pudiera perjudicar los intereses generales. 10.La inclusión transversal en todas estas acciones de los principios de sostenibilidad y de igualdad de género.


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