En respeto y libertad, por cambios de verdad Algunos aspectos sobre la reforma a la Educación Superior
Introducción El presente documento es parte de la contribución que el equipo del Movimiento Gremial de la Universidad Católica de Chile (MGUC) ha realizado en consonancia al debate nacional en torno a los problemas que afectan a nuestro sistema educacional, en el cual lo atingente a la Educación Superior ha ocupando un importante lugar dentro del debate. Ya durante el presente año, el gremialismo de la UC ha demostrado su interés estas materias participando de la manera más seria y responsable, dando a conocer al estudiantado y a la opinión pública los documentos “Sobre el proceso UC Reforma” y “Los Sí, los No y los Por qué. Una propuesta gremialista a la propuesta UC Reforma” como respuesta propositiva a las formulaciones planteadas por las últimas Federaciones de Estudiantes, que ya incluían diversos temas que superaban lo local y atendían a lo nacional. Hoy, el estado actual alcanzado por el devenir del actual movimiento estudiantil requiere de pronunciamientos razonados que otorguen a nuestra sociedad aquellas herramientas con las que en verdad supere la actual inmovilización producida por la intransigencia y la agitación social. Atendemos a la necesidad de nuestra Patria y nuestra Universidad de abocar nuestros esfuerzos en soluciones que venzan la apatía por consolidar acuerdos. Es por estas razones que como movimiento de representación estudiantil compartimos a nuestros compañeros el presente texto, que es un pronunciamiento frente a las medidas presentadas bajo el título Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena el día 1º de agosto por el ministro de Educación, Felipe Bulnes. Consideramos pertinente dar una contestación fundamentada a dicha proposición como un paso más en pos de los verdaderos cambios que el país requiere y que contribuyan al cese de todos los abusos y violencias que bajo la justificación de la justicia social se han alojado. Finalmente, reivindicamos los beneficios que aportan hoy en día a nuestra sociedad aquellos principios que son las columnas de nuestro ideario gremialista, tales como la dignidad de la persona humana y su anterioridad respecto al Estado, el principio de servicialidad de éste hacia las personas, el reconocimiento de los principios de autonomías sociales y de subsidiariedad así como la libertad de los cuerpos intermedios de toda injerencia político-‐partidista. Son el respeto a aquellos firmes cimientos, que hoy algunos pretenden socavar, los que pueden generar la estabilidad necesaria para generar un proyecto que involucre efectivamente al Estado y a la ciudadanía en bien de mejorar la calidad de nuestro sistema educacional, lo cual es una evidente necesidad.
Santiago, Agosto de 2011 Institucionalidad La propuesta del Ministerio de Educación aborda 3 puntos fundamentales en lo que respecta a cambios institucionales. Los puntos propuestos, sin embargo, no pueden significar mejoras inmediatas en la calidad de la educación, y requieren de una regulación que se adecue a las diferentes propuestas de los actores de la Educación Superior. Los diversos cambios que se proponen para la Educación Superior, requieren de un marco institucional que pueda, por un lado, aplicar los planes de desarrollo pertinentes, y por otro, tomar decisiones en conjunto con las autoridades correspondientes. En consonancia con lo anterior, se requiere de un organismo que agrupe a las instituciones de Educación Superior y que permita la participación en la deliberación de las políticas de Educación Superior que se propongan. Pensamos que es importante que existan dentro de la orgánica institucional tanto la Subsecretaría de Educación Superior como la Superintendencia, ambos incluidos en la propuesta que entregó el Ministerio de Educación hace unos días. La existencia de la Subsecretaría de Educación Superior cumplirá el rol de coordinación y estudio de las políticas educacionales, y permitirá perfeccionar el trabajo que hoy desarrolla la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. Por otro lado, la creación de la Superintendencia de Educación Superior, ayudará a fiscalizar las instituciones de Educación Superior, tanto en su patrimonio, como en los gastos en los que incurran. Más aún, debe ser capaz de fiscalizar que éstas se organicen sin fines de lucro. Pese a lo anterior, queremos agregar que es también primordial, hacer una modificación en los órganos que representan las instituciones de Educación Superior (hasta hoy, las universidades), para que incluyan en sus decisiones no sólo las universidades como instituciones asociadas a la Educación Superior, sino también los institutos profesionales y centros de formación técnica, relevantes en la discusión de hoy por su creciente desarrollo institucional. Las políticas de Educación Superior tal como se aplican hoy y la forma de participación de las instituciones de Educación Superior, responden a un modelo que excluye también a institutos profesionales y centros de formación técnica; siendo necesaria su inclusión por las razones antedichas. Nuevo Consejo de Educación Superior Creemos que los aspectos más fundamentales en los cambios del marco institucional requieren de un consejo de apoyo en el que estén representadas la pluralidad de instituciones de Educación Superior, tanto universidades como institutos profesionales y centros de formación técnica, que involucren sus visiones y logren acuerdos en torno a las políticas de Educación Superior. Otra función primordial del Nuevo Consejo de Educación Superior, es la reflexión en torno a todas las problemáticas de la educación superior, en todos sus niveles, perfilando distintas alternativas para el
desarrollo nacional; y por otra parte, el desarrollo local, en el que las universidades regionales deban focalizarse. La integración a dicha instancia debe ser totalmente libre de parte de las instituciones y siempre debe estar supeditada a las normas de funcionamiento interno del nuevo consejo. La principal razón de existencia de este consejo, es el encuentro de la realidad de las instituciones, sus programas académicos y sus visiones, con las políticas educacionales que al respecto se quiera implementar. Bajo este sistema, el CRUCH ya no tendrá la función de discriminar entre las instituciones que sean aptas para recibir los aportes basales de libre disposición. En tal situación, deberá establecer una coordinación y colaboración específica en los puntos fundamentales de la Educación Superior, además de establecer y delimitar aquellos aspectos que corresponden a la labor de una Superintendencia de Educación Superior. Financiamiento institucional Respecto a los anuncios hechos respecto a la inyección de recursos e implementación de nuevas formas de canalizar los recursos para financiar la educación superior, consideramos lo siguiente: En primer lugar, vemos como muy positivo que el Gobierno haya acogido uno de los grandes consensos que hay dentro de la discusión universitaria en general. En Chile urge realizar con convicción una inyección de recursos estatales en Educación Superior. Sin embargo, frente a los reiterados anuncios de mayor inversión de recursos del Estado en educación nos inquieta saber no tan solo hacia donde se focalizarán sino también de donde provendrán. En ese sentido, consideramos que hay una propuesta bastante clara en términos cualitativos respecto a cómo se quiere reformar la Educación Superior, pero falta ver una propuesta en términos cuantitativos que valorice el gasto fiscal y que nos pueda dar claridad respecto a la suficiencia o insuficiencia de la inversión, acorde a las magnitudes del problema educacional y a la capacidad económica de nuestro país. En cuanto a financiamiento institucional de la Educación Superior se refiere, reafirmamos nuestra convicción de redefinir los criterios bajo los cuales una institución pueda optar a financiamiento estatal. A nuestro parecer, resulta una vergüenza que hoy en día los criterios de asignación de fondos sean predominantemente históricos. No creemos que una universidad por el solo hecho de existir hace más de 30 años provea educación de mejor calidad. En ese sentido, entendemos como positivos los esfuerzos del Gobierno en cuanto a priorizar criterios de desempeño y transparencia a la hora de repartir el Aporte Fiscal Directo (AFD), pero lo que nos sigue pareciendo inaceptable es que aún estos fondos se repartan sólo entre las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH), dejando fuera a muchas universidades que hoy cumplen un rol publico en nuestro país. Es por esto que consideramos que el AFD se debiera repartir entre las universidades de un nuevo CRUCH reestructurado, el cual aglomere a instituciones de Educación Superior (tanto universidades como Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica) que cumplan con:
a) Acreditación como institución así como también por facultades (acorde a la acreditación correspondiente a su naturaleza), de modo de certificar estándares mínimos de calidad. b) Un sistema de transparencia mediante la rendición de cuentas públicas, evitando conflictos de interés. Así también debieran incorporar parámetros de desempeño y gestión que realicen seguimiento de la inversión de los fondos estatales. c) Un Rol Publico hacia el país, el cual para nosotros se define a partir del desarrollo de los programa de funcionamiento de las instituciones educacionales, que deben responder a criterios de excelencia académica, esto es, la debida acreditación (que establezca requisitos mínimos de calidad tanto de la universidad como de las facultades), el aporte a las necesidades del país y a su desarrollo (mediante la investigación, innovación y desarrollo, así como también mediante la creación de programas de desarrollo regional en caso de universidades de regiones), el requisito de la autonomía universitaria que asegura la libertad de cátedra, asociación y expresión respetando el proyecto institucional –misión y visión-‐ ; además de la transparencia en el uso de los recursos y el respeto a la ley vigente. Siendo estos los únicos criterios que consideramos pertinentes, pues son los que respetan la legítima libertad de enseñanza, esto es, un deseable desarrollo de diversos proyectos educativos. Cabe destacar que proponemos que todas las instituciones que califiquen para estar dentro de esta nueva institucionalidad puedan ser acreedoras de fondos públicos independiente de su propiedad, considerando de manera especial, un fondo de recursos destinados a las universidades estatales contra rendición de desempeño, administración transparente y cumplimiento de metas, concibiendo un estado garante pero a la vez también subsidiario en cuanto a la provisión del derecho a la educación. En relación a la explícita y legítima denuncia por parte del movimiento estudiantil de la existencia del lucro en la Educación Superior, apoyamos su actual condición de proscripción legal. En un Estado de Derecho se debe hacer cumplir la ley con el mayor rigor, y por ello, consideramos muy positiva la propuesta del Gobierno referente a la creación de la Superintendencia de Educación Superior, la cual fiscalizará que se cumplan las disposiciones legales que exigen a las universidades organizarse como instituciones sin fines de lucro, de modo de fiscalizar a universidades que hoy lo hacen, al margen de la ley. Sin embargo, debemos señalar que rechazamos la idea de atribuir primordialmente a la existencia del lucro per se la generación de situaciones abusivas en materia financiera. Precisamente, creemos que son estas prácticas las que trasgreden y desnaturalizan la idea original de este sistema, las que se ven impunes al carecerse de un tipo de regulación efectiva. Somos conscientes de la actual especulación que se hace en perjuicio de los estudiantes pertenecientes a muchas universidades de nuestro país, son condenables y se hace perentorio un pronto fin a la generación de nuevos situaciones que abusen de las libertades que el sistema otorga. Cabe agregar que nos abrimos a que se genere un debate académico y político analizando las verdaderas externalidades tanto positivas como negativas que tendría la
regulación del lucro, basándonos en principios como la transparencia y probidad ya que, a nuestro modo de ver, no existe evidencia suficiente para asegurar que el lucro regulado de manera apropiada, aumente la brecha de desigualdad. Es necesario, pues, contrapesar con las externalidades positivas en términos de aumento de cobertura, diversidad de proyectos educativos y calidad de la educación provista. Acceso y Financiamiento Estudiantil En referencia a las propuestas de corto plazo: A) Renegociación de 110.000 deudores y la generación de cambios normativos al CAE La renegociación de las deudas puede significar un alivio temporal para las familias, sin embargo, si no se logra una real capacidad de pago en el largo plazo, las renegociaciones sólo servirán para aplazar la problemática de endeudamiento. De esta manera, se plantea que esta renegociación implique una batería de alternativas atingentes a cada deudor, las cuales deberían ir desde la eliminación total de la deuda, hasta el aplazamiento de esta, basándose en las condiciones socioeconómicas y en el comportamiento de cada deudor. Asimismo, se requieren sistemas de pagos alternativos y más flexibles, que permitan disminuir la deuda y las cuotas mensuales (por ejemplo, el pago parcial o total del crédito con tesis enfocadas a temas de interés para el sector público). Por otra parte, la propuesta de renegociación es para el Crédito Solidario, y no se plantea nada con respecto a los morosos en el CAE. Es necesario que el Gobierno también se pronuncie sobre ellos. Los cambios normativos para reducir la tasa de interés pueden ser un alivio temporal, sin embargo, la reducción de estas tasas por medio de fondos públicos [1] no soluciona un problema poco discutido desde la perspectiva financiera. Actualmente la tasa del CAE es definida según una mezcla de “subsidios” estatales (a pesar de no ser estrictamente un subsidio, sino una compra de créditos) y definiciones de mercado. De esta manera, los subsidios sólo esconderán la realidad actual del mercado financiero, el cual considera arriesgado y poco confiable el prestar dinero al promedio de los estudiantes universitarios. Entonces, es imperioso disminuir los factores de riesgo que hacen que las tasas de interés sean tan altas. Dentro de este contexto, consideramos favorable la inclusión de nuevas instituciones, lo que hace más difícil las colusiones e incrementaría la competencia por las tasas más bajas. B) Aumento de becas para los dos primeros quintiles
Siempre vamos a apoyar el aumento de las ayudas socioeconómicas a los más desfavorecidos del país. También aplaudimos el aumento de las becas para los estudiantes de la Educación Técnico-‐Profesional. Se celebra especialmente el que se puedan entregar estas becas a estudiantes que accedan hasta 3 años después de haber egresado de la Enseñanza Media, ya que disminuye la presión de acceder a la Educación Superior sin tener vocaciones claras. Asimismo, nos parece buena la ampliación en cobertura de la Beca Juan Gómez Millas y la creación de Becas de Nivelación Académica para alumnos que ingresaron gracias al ranking, lo cual disminuiría la deserción de éstos de las universidades. Sin embargo, consideramos que es necesario transparentar aún más los plazos y mecanismos de implementación de estas propuestas. Asimismo, consideramos que faltan mecanismos de focalización y priorización de estas becas, por lo que se hace necesario que se consideren también el ingreso futuro y la valoración social de la carrera estudiada. En referencia a las propuestas de mediano o largo plazo: A) Comisión de expertos que diseñe un sistema único de financiamiento y fin de la discriminación según institución. Se valora el plazo concreto de seis meses. El diseño de un sistema único iniciaría el fin de la discriminación por el tipo de institución a la cual el estudiante ingresa. Si se consideran las variables afirmadas por la propuesta como “la verdadera capacidad de pago de las familias en función de sus ingresos y gastos; duración de las carreras; calidad de las instituciones; empleabilidad y sueldos futuros esperados, entre otros”, entonces se está tomando un buen camino. Sin embargo, se plantean tres temas que no son considerados explícitamente. Inicialmente, el diseño de este nuevo sistema debe ser transparente, especialmente los objetivos buscados de esta reforma, transparentando las prioridades y objetivos estratégicos. En segundo lugar, el nuevo sistema de financiamiento puede lograr la reducción de tasas, pero esto no debe dejar de lado la discusión de por qué el mercado considera que deben éstas deben ser tan altas. Como sociedad debemos descubrir y solucionar los problemas de fondo del verdadero costo y riesgo de educarse. Finalmente, es vital que se consideren dentro de las variables de este nuevo sistema, las necesidades y valoraciones sociales de las carreras, para subsidiar, si es necesario, a las más requeridas por la comunidad. B) Estudio internacional que revise el mecanismo de determinación de aranceles de referencia
La adquisición de información es buena para la sociedad, sin embargo, la propuesta no deja claro qué se hará con tal información. En este sentido, el Gobierno debería pronunciarse sobre qué función quiere que tengan los aranceles de referencia, y bajo qué condiciones se harían cambios. C) Perfeccionamiento del sistema de información Se reitera lo beneficioso que resulta la disponibilidad de mayor información, pero también es de vital importancia que ésta sea atingente a las necesidades de las personas, fácil de entender y que realmente pueda ser utilizada correctamente. Valga la siguiente ejemplificación: No nos servirían los promedios de sueldo de una carrera para tener una idea de los ingresos futuros, sino que requeriríamos saber acerca de las tendencias de estos sueldos y las tendencias de empleabilidad. Asimismo, para poder utilizar mejor la información, es necesario educar a la ciudadanía en su uso. D) Reforma a sistemas de acceso y selección Celebramos el uso del ranking para el acceso a la Educación Superior. Asimismo, consideramos que la medida de apoyar financieramente mecanismos de nivelación en las universidades es un gran paso (a pesar de que necesita entregarse más información). También es un gran paso el desarrollo de iniciativas a favor de los alumnos con necesidades especiales. Sin embargo, el gran problema es que no se entrega más información sobre los mecanismos de financiamiento (aunque sean tentativos), o las medidas concretas para los estudiantes con necesidades especiales. De esta misma manera, la propuesta necesita indicar explícitamente cuáles serían los méritos y habilidades a priorizar. Tampoco se plantea la posibilidad de que existan medidas alternativas de ingreso según cada casa de estudios. Finalmente, se celebra la evaluación externa que se realizará a la PSU. Se espera que los resultados sean públicos.
Movimiento Gremial UC 2011