Contralínea 503

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ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2016

Año 15 • Número 503 • $30




OPINIÓN NUESTROS LECTORES

RETROCESO DE LA SCJN: VALIDARÍA CONDENAS BASADAS EN TORTURA Externamos nuestro rechazo ante la tesis aislada CCV/2016 publicada el 19 de agosto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual plantea que no procede reponer procesos penales para investigar actos de tortura denunciados por la defensa, a no ser que exista confesión o “autoincriminación” de la persona acusada. En otras palabras, si la declaración bajo tortura de la persona acusada no es calificada como confesión; si una persona es torturada para que incrimine a otra; o si la tortura produce cualquier otra prueba distinta a la autoincriminación, podrían quedar intactas las condenas basadas en tales pruebas ilícitas, según la regla aprobada por los Ministros Pardo Rebolledo, Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea. Por esta razón, la tesis es violatoria de la prohibición absoluta de dar validez a cualquier prueba obtenida mediante tortura, reflejada en la Constitución (“Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”), el Código Nacional de Procedimientos Penales y numerosos tratados internacionales. El año pasado, el Relator Especial sobre Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó las obligaciones de las autoridades judiciales bajo diversos tratados ratificados por México, 4

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incluyendo la de excluir “cualquier prueba o declaración respecto de la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura”. La Corte Interamericana, misma que actualmente se encuentra en México a invitación de la propia SCJN, ha reiterado que “la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura… ostenta un carácter absoluto e inderogable”, observando además que “las declaraciones obtenidas mediante coacción no suelen ser veraces”. Recordamos que permitir que las condenas sigan basándose en declaraciones o pruebas fabricadas bajo tortura, significaría frenar desde el inicio el proyecto de transformación que debería representar el nuevo sistema penal. En tal escenario, en vez de mejorar la calidad de las investigaciones penales, el país seguiría en un ciclo vicioso, en el que la poca capacidad para investigar conlleva la falta de esclarecimiento y sanción de la gran mayoría de delitos cometidos, así como la fabricación de culpables mediante la tortura, entre otros, con tal de ocultar el tamaño de la impunidad. Por todo lo anterior, hacemos un enérgico llamado a la Primera Sala a modificar su criterio, aclarando que ninguna prueba obtenida mediante tortura es válida. Asistencia Legal por los Derechos Humanos; Asociadas por lo Justo; Asociación

de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste; Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha; Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social; Equis, Justicia para las Mujeres; Fundación para el Debido Proceso; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Indignación-Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Instituto de Justicia Procesal Penal; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Instituto para la Seguridad y la Democracia; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

Todos los Derechos Para Todas y Todos

Tanhuato y Nochixtlán, muestra del enfoque represivo de seguridad del Estado mexicano La grave crisis de derechos humanos que vive México corre el riesgo de escalar aún más, en el contexto de una estrategia deliberada de manipulación y encubrimiento de ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías federales. Es posible afirmar ello al observar la existencia de un claro patrón por parte de actores oficiales para distorsionar en sus declaraciones los hechos y responsabilizar de los mismos a las víctimas. De esta manera se hace evidente la incapacidad del Estado mexicano para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y a la sociedad y, por lo tanto, es urgente la necesidad de que instancias internacionales den certidumbre a las investigaciones de estos y otros casos graves de violaciones a los derechos humanos. Diversos hechos y declaraciones ocurridas en los días anteriores permiten concluir esto. Cabe destacar entre ellos la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los hechos de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán, por la documentación de hechos que habían sido denunciados desde


NUESTROS LECTORES

que ocurrieron. Pero también esta semana se presentaron ante legisladores “testimonios” de policías federales que forman parte de la estrategia ya señalada y reconocida por la CNDH, que en realidad pretenden negar su evidente responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales de Nochixtlan. En un contexto de gran confrontación social y de cuestionamientos a la legitimidad gubernamental por parte de importantes sectores de la población, la recomendación de la CNDH permite confirmar desde un organismo público autónomo una intencionalidad encubridora en el uso de la infraestructura de comunicación social de la Comisión Nacional de Seguridad, lo cual deriva en la recomendación 14 a dicho organismo: “Décima cuarta. Que los servidores públicos se abstengan de hacer declaraciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad en casos que puedan constituir un uso indebido de la fuerza, antes de contar con los resultados de una investigación, sin demérito del derecho a la información.” Estos hechos que por sí solos resultan sumamente graves, se ven magnificados por dos declaraciones oficiales realizadas esta misma semana. Por una parte, la respuesta del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Gutiérrez, ante la emisión de esta recomendación, no esperó a conocer a fondo la misma, sino que de inmediato declaró a la prensa que se habría tratado de un “uso de las armas (…) necesario y proporcional ante la agresión real e inmi-

nente y sin derecho, es decir, a nuestra consideración, se actuó en legítima defensa”, reincidiendo en lo señalado. Pero es importante recordar que unos días antes de esta recomendación, el lunes 15 de agosto, en una entrevista con Joaquín López Dóriga el presidente Peña Nieto afirmó: “El gobierno de la República no tendrá reparo alguno, no tendrá reserva alguna en recurrir al uso de la fuerza pública para poner orden y, sobre todo, para hacer valer el estado de derecho”. Se refería al conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), contexto de la represión en Nochixtlán. Resulta sumamente preocupante este contexto de violencia estatal por lo que hacemos un llamado al Estado mexicano a privilegiar el diálogo y a evitar el uso de la represión. También pedimos a las instancias internacionales de derechos humanos con presencia en México, como la ONU-DH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realicen un monitoreo cercano de la situación y ofrezcan alternativas al Estado mexicano para que no sea ésta quien se investigue a sí mismo. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todas y Todos

Impunidad y mentiras, a 2 años de la desaparición de normalistas rurales A 2 años de los hechos atroces de Iguala el 26 y 27 de

septiembre del 2014, las autoridades mexicanas se han empeñado en sembrar desconfianza entre los familiares de los normalistas desaparecidos y entre la misma sociedad, a consecuencia de las pésimas actuaciones de los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) comandados por Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría, artífice de la impresentable “verdad histórica”. Lo deleznable del caso es que buena parte de los funcionarios encargados de la investigación respaldan en los hechos esta versión, a pesar de que ha sido desmentida con bases científicas, tanto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). La misma titular de la Procuraduría, Arely Gómez, en lugar de resarcir el daño y remover al funcionario deshonesto, mantiene una postura pusilánime para no trastocar los intereses siniestros de los grupos de poder enquistados dentro de la PGR. Lo reprobable fue la arremetida que emprendió el mismo gobierno contra las y los representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por haber evidenciado las graves violaciones que se han multiplicado en nuestro país y que permanecen en la impunidad. En las altas esferas del gobierno es más importante cultivar la buena imagen de

OPINIÓN

México en el exterior que bajarse del pedestal y asumir un compromiso real con las víctimas, para llegar a la verdad y allanar el camino de la justicia. El trabajo impecable realizado por el GIEI puso en entredicho la buena reputación del gobierno, que en lugar de acatar sus recomendaciones y mantener una postura abierta y autocrítica, le cerró las puertas y se negó ampliar su estancia en México para contrarrestar la presión internacional. El acuerdo final que el Estado mexicano asumió con la CIDH, de implementar un mecanismo de seguimiento para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI, se ha estancado por las reticencias del gobierno a que Comisionadas y Comisionados de la CIDH y un equipo técnico que les apoyará en las investigaciones cuenten con una mayor presencia en nuestro país. Se obstinan en restringir el número de sus visitas, a reducir el ámbito de su intervención y le apuestan a que su trabajo no llegue tan lejos como lo hizo el GIEI. Ayotzinapa es el ejemplo de la colusión con el crimen organizado, el encubrimiento y el desdén de las autoridades, pero el total del Estado vive en una convulsión y las causas son estructurales, se remontan a los tiempos de la Guerra Sucia y a la consolidación de los poderes caciquiles, que han permitido que en Guerrero reine la impunidad. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan www.contralinea.com.mx

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CONTENIDO

PORTADA

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MOVIMIENTOS SOCIALES, “AMENAZA” PARA EL ESTADO: CISEN Maestros, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, sindicatos, campesinos, opositores a megaproyectos, normalistas… “atentan” contra la seguridad nacional, según la Agenda Nacional de Riesgos

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 15, número 503, del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2016– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certifi cado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 16651626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 26 de agosto de 2016. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión, SA de CV.

OPINIÓN 4 NUESTROS LECTORES 8 OFICIO DE PAPEL AMADO YÁÑEZ BURLA ACCIONES DE LA UIF Miguel Badillo 10 DEFENSOR DEL PERIODISTA EL ESTABLECIMIENTO DE UN GOBIERNO CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN Álvaro Cepeda Neri 12 ZONA CERO DE LA GUERRA FRÍA A LAS NARCOGUERRAS Zósimo Camacho 14 AGENDA DE LA CORRUPCIÓN SE DERRUMBA EL IMPERIO DEL CHAPO GUZMÁN Nancy Flores 16 IQ FINANCIERO ¿QUÉ CLASE DE EMPRESA ES OHL? Claudia Villegas ARTÍCULOS 18 TRASFONDO DE LA REFORMA PUNITIVA CONTRA EL MAGISTERIO José Enrique González Ruiz 20 MÉXICO Y SUS ETERNIZADOS FRACASOS OLÍMPICOS Martín Esparza Flores

Circulación certificada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

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22 UNA HUMANIDAD CON MILLONES DE NIÑAS Y NIÑOS TORTURADOS Y ABUSADOS Baher Kamal/IPS


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DIRECTOR Miguel Badillo oficiodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx EDICIÓN Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx WEB Gonzalo Monterrosa info@contralinea.com.mx ECONOMÍA Marcos Chávez marcos@contralinea.com.mx ARTE Cecilia Martínez cecilia@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Janett Alba janett@contralinea.com.mx

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REDACCIÓN Mauricio Romero mauricio@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR Jorge Melendez Preciado jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS

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INVESTIGACIÓN

Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Miguel Concha Malo educacion@derechoshumanos.org.mx Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa samuellaravilla@gmail.com Ariel Noyola noyolara@gmail.com Adrián Ramírez presidencia.limeddh@gmail.com

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PORTADA Movimientos sociales, “amenaza” para el Estado: Cisen Érika Ramírez

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SOCIEDAD El drama de los trabajadores de Oceanografía José Réyez

ASISTENTE WEB Armando Covarrubias

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CIUDAD DE MÉXICO Crecimiento descontrolado Emilio Godoy/IPS

ILUSTRADORES

ANÁLISIS 42

PETROLERO Los rusos explotarán Chicontepec Fabio Barbosa Cano

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ECONÓMICO México: macrodevaluación y caída de los flujos netos de capital Marcos Chávez

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EDUCATIVO Michuakani: el derecho testamentario a la educación superior Bertha Dimas Huacuz

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INTERNACIONAL Despliegue militar de Rusia en Irán Valentin Vasilescu/Red Voltaire

Miguel Galindo migalindop@gmail.com David Manrique manrique@contralinea.com.mx

Ilustración de portada: Cecilia Martínez

MISCELÁNEO 62

EX LIBRIS Indígena, mexicano, guerrerense: Ignacio Manuel Altamirano, nuestro escritor Álvaro Cepeda Neri

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SOCIEDAD BETA Aumentan en México las amenazas a teléfonos móviles Gonzalo Monterrosa

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PASO A DESNIVEL Par de burros Miguel Galindo

REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9193 SUSCRIPCIONES Y VENTA DE LIBROS 5554-9192 Av. Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF

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OPINIÓN OFICIO DE PAPEL

AMADO YÁÑEZ BURLA ACCIONES DE LA UIF MIGUEL BADILLO

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a Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había advertido que la crisis de Oceanografía – cuyo propietario, Amado Yáñez, sigue preso– generaría cuantiosas pérdidas a Petróleos Mexicanos (Pemex). El quebranto inicial por el incumplimiento de contratos de la naviera privada se había calculado en 100 millones de pesos, pero al final se elevó a 864 millones. Por los problemas que Pemex enfrentó para que los barcos de Oceanografía cumplieran en tiempo y forma con los contratos asignados, las recuperaciones probables se estimaron en 864 millones de pesos, según los resultados de las auditorías a diversas áreas de Pemex, practicadas por el órgano fiscalizador del Congreso de la Unión. Sin embargo, el problema se presentó ante el incumplimiento del pago de las fianzas que contrató Oceanografía con empresas como Afianzadora Sofimex. En medio del proceso de concurso mercantil de la naviera, se argumentó que las fianzas no podían proceder a pesar de que barcos como Caballo Azteca y Oso Goliath seguían en servicio para Pemex y que los incumplimientos y problemas asociados estaban respaldados por una garantía. Antes de que Pemex se transformara en una empresa productiva del Estado, la recomendación de la ASF fue que la petrolera debió blindar sus procesos ante situaciones de fraude, como las que generó Oceanografía y que detonaron en procesos de inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública. Fue precisamente el incumplimiento de una fianza la que inició la crisis en que cayó la empresa de Amado Yáñez al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde prisión, el empresario Yáñez ha defendido su participación en Oceanografía y ha adver-

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tido los miles de millones de pesos perdidos por la intervención del gobierno federal, lo que provocó además que Pemex perdiera recursos al no aplicar penas convencionales en el incumplimiento y fallas en los contratos; Banamex –el banco de cabecera de la naviera– también enfrentó pérdidas millonarias porque dejó de recibir los recursos de las cuentas por cobrar de Pemex; cientos de trabajadores de Oceanografía no fueron liquidados y aún exigen su finiquito; los arrendadores de barcos también tuvieron pérdidas por los fraudes cometidos por los accionistas Amado Yáñez y Martín Díaz, éste sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

El fraude de Yáñez y Martín Díaz Después de que se decretó la quiebra de Oceanografía y ahora se procede a la liquidación de bienes, Yáñez presentó ante el juez Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México un recurso para solicitar que se deje sin efecto el aseguramiento de los bienes de Oceanografía, involucrados en la averiguación UEIORPIFAM/ AP/065/2014, con fecha del 27 de febrero de 2014. Acostumbrado a la mentira, al chantaje y la simulación, Yáñez Osuna solicitó por conducto de sus abogados, que se retire el aseguramiento de documentos, contabilidad, recursos, bienes muebles e inmuebles de Oceanografía porque, según él, dicho fraude contra Banamex y Pemex “jamás se perpetró”. Entre los bienes de Oceanografía también se menciona un fideicomiso bajo la cus-


OFICIO DE PAPEL

OPINIÓN

Fuente: Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

todia de Deutsche Bank y en el que, aparentemente, también se resguardan bienes de Oceanografía. Mediante estrategias legaloides, en los alegatos ante instancias judiciales Yáñez Osuna sostiene que no se ha logrado acreditar que Banamex (filial de Citibank) sufrió un desfalco por 5 mil millones de pesos. La denuncia contra el empresario Amado Yáñez por fraude en contra de Banamex la inició Mauro Fernández Rodríguez León, director de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir lavado de dinero. El mismo día en que se presentó la acusación, también se inició el aseguramiento de bienes de Oceanografía. Yáñez refiere que la autoridad también externó que a su administración y a él mismo se le investigaban por el delito de delincuencia organizada. Durante el trabajo de la UIF –refieren documentos judiciales– se descubrió la existencia de una célula criminal organizada por Amado Óscar Yáñez Osuna y Martín Díaz Álvarez, este último cerebro y director financiero de Oceanografía, relacionado con funcionarios bancarios como Alfonso Gerardo Ortega Brehm, Emilio Gonzalo Granjagout y Erick Cervantes Murillo (empleados y directivos de Banamex). Las autoridades de la Secretaría de Hacienda atribuyeron que dicha “célula delincuencial”, entre

los meses de septiembre de 2013 y febrero de 2014, operó y se coludió con la finalidad de obtener créditos para Oceanografía, según el análisis judicial en poder del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. En los alegatos, los abogados de Yáñez sostienen que la Procuraduría General de la República –durante la integración de la indagatoria UEIORPIFAM/AP/115/2014– sólo recabó pruebas “ilícitas”. Estos procesos fueron promovidos por la defensa de los exfuncionarios de Banamex involucrados en el fraude, y ahora fueron retomados por Yáñez para tratar de demostrar que todo fue parte de una estrategia del gobierno federal para despojarlo de Oceanografía y de los contratos de Pemex. Hasta ahora, a 2 años de iniciada la investigación de la UIF, órgano especializado en perseguir blanqueo de capitales, parece infructuoso el proceso porque no han podido probar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Dichos ilícitos, según los abogados de Amado Yáñez, fueron conjeturados en una denuncia “sin relevancia probatoria”, mientras que los delitos financieros sometidos a conocimiento judicial “se han desvanecido contundentemente”, lo que podría provocar la salida de prisión de este empresario acostumbrado a realizar negocios mediante engaños, fraudes y sobornos a funcionarios petroleros y bancarios.

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OPINIÓN CONTRAPODER

EL ESTABLECIMIENTO DE UN GOBIERNO

CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN ÁLVARO CEPEDA NERI

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as políticas económicas públicas, con la 1973 con Nixon, quienes pusieron en circulación punta de lanza del neoliberalismo que pos- a los Chicago Boys para asesorar a los gobiernos de tula la privatización del sector público que América Latina. Y en México empezó el contase inició con Salinas de Gortari en 1988 y ha se- gio en 1982 con Miguel de la Madrid y Salinas. guido durante 28 años hasta rematar con Peña, Éste primero en la Secretaría de Programación y actualmente ataca a la educación pública para Presupuesto e inmediatamente después como preconvertirla de gratuita y laica, en otra empresa sidente con Zedillo y Pedro Aspe. Este proyecto privada para formar cuadros en servicios, lo que siguió con Fox y Calderón, para estar rematando con la quiebra intencional de Petróleos Mexicanos con Peña-Videgaray. En los últimos 28 años (1988-2016), los forma()Pemex y la venta de los yacimientos a inversionistas del monopolio de los energéticos, ha llevado ya dos en las universidades estadunidenses han ido al establecimiento de un gobierno contrario a los interrumpiendo a la Constitución, con contrarreprincipio fundamentales sancionados por la Cons- formas salidas del Congreso de la Unión, avaladas titución Política de los Estados Unidos Mexicanos. por la Suprema Corte como cúpula del Poder JuLa raíz de esta metamorfosis está cuando el avila- dicial. Y no sin reacciones políticas desde López camachismo traicionó las conquistas de la Revo- Mateos y Díaz Ordaz (1958-1970): estudiantiles, campesinas y obreras, lución de 1910-1917, estableciendo, pues, gofacilitando el triunfo El actual gobierno ratifica el neoli- biernos-administraelectorero del Cachorro Miguel Alemán que beralismo económico e impulsa la pri- ciones, fines políticos, fue amamantado por vatización de la educación pública para económicos, educativos y sociales, contrarios a la ubre empresarial. Y, la Constitución. Con el después, por los envia- ponerla al servicio de la economía peñismo, ese viraje posdos a estudiar en las rrevolucionario y hacia universidades estadunidenses, cuando en ellas se filtraban las enseñanzas la derecha en un escenario de elecciones controladel coloquio organizado por Walter Lippman en das y no pocas veces manipuladas, para afianzar 1938, donde participaron Friedrich A Hayek y la democracia representativa con partidos con todos los ismos que han estado, con un toma y daca Ludwing von Mises. Y 10 años después, en 1947, éstos crearon la por medio de la corrupción y la impunidad, ratifiSociedad Mont Pelerin, para reactivar al liberalis- cando el neoliberalismo económico, e impulsando mo económico por la vía del neoconservadurismo la privatización de la educación pública para poque se vistió de neoliberalismo económico. Esto nerla al servicio de esa economía y que “el Estado para postular que el “Estado era el problema” deje de entender la educación como un servicio y el “mercado la solución”; divisas célebres que público” (Pilar Carrera y Eduardo Luque, Nos hicieron Margaret Thatcher y Ronald Reagan y quieren más tontos: la escuela según la economía neoliberal, su hijo adoptivo-bastardo: Augusto Pinochet en edición El Viejo Topo, 2016).

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OPINIÓN

DAVID MANRIQUE

CONTRAPODER

Esto mientras Videgaray continúa dejándole todo el campo económico a los empresarios, financieros y enclaves de la globalización en lo que resta de Pemex que agoniza con el desmantelamiento peñista, la complicidad sindical y la venta-entrega de Coldwell de los yacimientos. La nación ha estado acusando el establecimiento de un gobierno contrario a la Constitución en lo que queda de sus principios fundamentales. Hay muchos problemas y conflictos contra esa política económica del neoliberalismo. La réplica de los maestros a Nuño y su encubierta privatización de la educación pública ha sido oportuna y radical, como respuesta a ese ataque nuñista, que ha salido con la “novedad” de su modelo educativo que es más y peor de lo mismo de la “reforma” laboral, para despedir maestros y tener en la mira la desaparición de las escuelas normales rurales. “Asistimos de esta forma al desarrollo de un nuevo modelo basado en tres principios: la competitividad, la eficacia y la rentabilidad económi-

ca… para la flexibilidad, es decir, la capacidad de despedir a los empleados, el incremento de la criminalidad y apuntar a un riesgo no sólo nacional para la incertidumbre… y despojar al gobierno de sus poderes en el ámbito de la educación”. Para conseguir lo anterior: “el sistema escolar público es uno de los objetivos básicos a destruir”. Los mexicanos estamos ante la alternativa de consentir el establecimiento de un gobierno contrario a la Constitución o ejercer, hasta sus últimas consecuencias, que: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo [que] todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste [y que] el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. O de rendirnos ante la embestida del neoliberalismo económico y de la derechización política. La alternativa es democracia representativa sin democracia directa o autoritarismo. Con la Constitución o contra ella.

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OPINIÓN ZONA CERO

DE LA GUERRA FRÍA

A LAS NARCOGUERRAS ZÓSIMO CAMACHO

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egún las estimaciones más conservadoras, desde 2006 más de 100 mil asesinatos en México han sido cometidos por los grupos armados de los cárteles del narcotráfico, las corporaciones policiacas de todo nivel y las Fuerzas Armadas. El número es exponencialmente superior a las 1 mil muertes en el campo de batalla con que se declaraba que en un país se libra una guerra civil. Y es que, ¿qué es lo que se vive en México? ¿Una guerra? ¿Cuáles son los bandos? El reciente informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acerca de la masacre que realizó la Policía Federal en Tanhuato, Michoacán, es contundente: los representantes del Estado mexicano ejecutaron al menos a 22 supuestos delincuentes, quemaron cuerpos (uno en vida), manipularon la escena del crimen y torturaron sobrevivientes. Como bien sabemos los mexicanos, no es un caso aislado. Las atrocidades que cometen fuerzas del orden y delincuentes son ahora lastimosamente parte de la cotidianidad. Ioan Grillo no tiene duda. “Hablamos de toda una época histórica de conflictos en la región”, dice, luego de un sorbo a su latte. Me encontré con el periodista británico en una librería de la Ciudad de México para platicar acerca de su más reciente libro: Caudillos del crimen. De la Guerra Fría a las narcoguerras. “La actual guerra tiene en común con la Guerra Fría que se trata de un conflicto largo, lleva ya más de 25 años y parece que durará más tiempo, e implica a muchos países”. El libro no sólo habla sobre México, pero este país es la principal referencia para entender el engranaje criminal trasnacional que atraviesa todo el Continente Americano y se desborda prácti-

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camente a todos los demás. Grillo se metió a las entrañas de los Caballeros Templarios, en Michoacán (México); el Comando Rojo (Comando Vermelho), en las favelas de Río de Janeiro (Brasil); la Shower Posse, de los Tivoli Gardens, en el Kingston occidental (Jamaica), y las clicas de la Mara Salvatrucha en los tres países del llamado Triángulo del Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala). A Grillo lo motivaban las mismas preguntas: ¿qué es lo que le pasa a Latinoamérica?; ¿está librando una guerra?; ¿quiénes la disputan?; ¿cuáles son los motivos? Lo que encontró fue una serie de terror y masacres en incontables escenarios de la geografía latinoamericana. No es que las brutalidades fueran ajenas a Latinoamérica y el Caribe. Basta recordar el periodo de la Guerra Fría en el que cientos de miles que trataron de hacer la Revolución murieron a manos de militares en México, todo el Cono Sur, América Central y los países caribeños. Pero entonces los bandos eran claros. La gente moría porque creía que estaba en el lugar moral correcto: el lado del bien. Unos a favor de la liberación y otros a favor del orden y la tranquilidad. Esa satisfacción no las dan las actuales guerras criminales. La gente muere masiva y absurdamente. Y por nada. Hoy Estados Unidos sigue atizando –con miles de millones de dólares, equipo y capacitación– una “guerra global” contra las drogas. Pero en los bares neoyorquinos, los prados estudiantiles de Berkeley en San Francisco o, incluso, en las tiendas de El Paso, tranquila y pulcramente se comercia y consume lo que al otro lado de la Frontera Sur genera caos y muerte.


ZONA CERO

De hecho, hasta la fecha, donde un movimiento armado con reivindicaciones políticas y sociales se desarrolla, aparecen las bandas de narcotraficantes que apoyan a los poderosos, actúan como paramilitares y acaban o someten al grupo guerrillero. La impunidad, el saber que no habrá repercusiones legales, para los sicarios representa una carta de permiso para matar. Observa Grillo que varios de los sicarios con los que habló no mataron dos o tres personas: “siguen matando, matando, matando; los nexos con la policía son claros también”. En la charla, Ioan Grillo expone quiénes serían los grandes beneficiarios de este conflicto: bancos, productores y vendedores de armamentos, políticos y burócratas nacionales e internacionales, como los de la agencia estadunidense antidrogas (DEA, por su sigla en inglés). El libro es una investigación periodística para intentar entender el desastre que hoy vive Latinoamérica y el Caribe: 588 millones de almas en el centro de una tormenta. Alimenta un negocio de, al menos, 300 mil millones de dólares al año. DAVID MANRIQUE

Los lugares de las matanzas que documenta Grillo (casi todas ocurridas en México) terminan por parecer más campos de exterminio que escenas de crimen. Sí, más que un asunto de seguridad pública, se trata de un asunto bélico-humanitario. Grillo ejemplifica con el caso de Irlanda del Norte: el conflicto entre el gobierno y los paramilitares contra el Ejército Republicano Irlandés cobró la vida de 3 mil 500 personas en 3 décadas. Mientras, apunta en su libro, “el choque entre cárteles en México reclamó más de 16 mil vidas sólo en 2011; Ciudad Juárez, que tiene un población menor que Irlanda del Norte, sufrió más de 3 mil homicidios en un sólo año”. A pesar de todo ello, estas guerras criminales no están consideradas como conflictos armados. Los políticos no aceptan que se les llame así. La clave podría estar en que al declararse un conflicto armado, el gobierno mexicano tendría que comportarse según los tratados internacionales sobre conflictos; los capos y las autoridades entrarían en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional; se declararían zonas de guerra; y la participación de Estados Unidos en estos conflictos dejaría de ser opaca: habría vigilancia de La Haya. Los desplazados de esta violencia podrían tener calidad de refugiados… Los especialistas consultados Ioan Grillo señalan que sí se trata de conflictos armados los que viven México y varias partes de América Latina y El Caribe; son más que violencia criminal pero no llegan a ser guerra civil. “Las milicias criminales usan armas de infantería ligera, incluyendo lanzagranadas, ametralladoras a cinta, granadas de fragmentación y rifles automáticos, pero carecen del objetivo guerrillero”.

OPINIÓN

Fragmentos Militares, cuatro de los cinco mexicanos ganadores de medalla en Río 2016: una integrante de la Armada y tres del Ejército. ¿Será porque están menos sujetos a los caprichos de las opacas federaciones deportivas? María Guadalupe González (plata en caminata, 20 kilómetros) es integrante de la Secretaría de Marina. Mientras, de la Secretaría de la Defensa Nacional son los medallistas María del Rosario Espinoza (plata en tae kwon do), Germán Saúl Sánchez (plata en clavados, plataforma de 10 metros) e Ismael Hernández (bronce en pentatlón moderno).

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

SE DERRUMBA EL IMPERIO DEL CHAPO GUZMÁN NANCY FLORES

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ás allá de las especulaciones respecto de sicarios del Cártel de Sinaloa hicieran el resto. Y el cártel del Chapo, en efecto, hizo el resto. si el Cártel Jalisco Nueva Generación secuestró –el pasado 15 de agosto– a uno o Creó incluso un grupo paramilitar denominado dos hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, Los Mata Zetas, cuyo único encargo era ejecutar a y de si éstos ya fueron liberados –7 días después–, todo individuo vinculado a Los Zetas, grupo que tras las negociaciones hechas presuntamente por el entonces era su principal enemigo. No sólo eso, también ayudó a limpiar las zonas capo Ismael Zambada (según el periódico Río Doce), de mayor conflictividad social. En Guerrero, por el hecho es que el Cártel del Pacífico se derrumba. La caída del imperio del Chapo Guzmán inició ejemplo, sus sicarios se enfrentaron a la guerrilla y hace tiempo, con las decisiones que éste tomó por la aterrorizaron al movimiento social organizado. A pesar de su colaboración en el sexenio pasalibre; es decir, sin consultar a quienes desde la esfera del poder político le daban protección y que son los do, el pacto con los políticos y funcionarios vinculados al actual gobierno federal, que se negoció en verdaderos jefes del narcotráfico. Estas decisiones se dieron luego de que el líder el tiempo que duró su primer encarcelamiento –de del Cártel de Sinaloa escapara el 11 de julio de febrero de 2014 a julio de 2015–, fracasó. Entre agosto de 2015 y enero de 2016, se rom2015 del penal de máxima seguridad del Altiplano, pieron los acuerdos con en el Estado de México, gracias a la cobertura El presunto levantón de Alfredo y Archi- el Chapo y éste incurrió brindada por esos fun- valdo Guzmán evidencia el declive del Cár- incluso en actos de vanidad, como las reuniones cionarios y políticos. tel del Chapo. El desplazamiento forzado que sostuvo y los negoPara entonces, el de su madre, otro indicio de la debacle cios que estructuró con líder del más poderoso los actores Sean Penn y cártel del narcotráfico Kate del Castillo, que le en México había pactado su “salida” de la cárcel con fines muy específicos. costaron muy caro. La primera gran repercusión fue su recaptura Ya antes había llegado a acuerdos similares, pero con el gobierno que encabezaba el panista Felipe en enero pasado. Luego, el saqueo a la casa de su madre, ubicada en la comunidad de La Tuna, SiCalderón Hinojosa. De ello dieron cuenta tres mandos de las Fuer- naloa, el 18 de junio, motivo por el cual Consuelo zas Armadas en su tesis de maestría en seguridad Loera fue desplazada de su residencia, al igual que nacional (Contralínea 296), titulada La estrategia na- decenas de familias. Este ataque, perpetrado por cional contra la delincuencia organizada y su impacto en la alrededor de 150 hombres armados, se atribuyó al Cártel de los Beltrán Leyva. Y finalmente el preseguridad nacional y publicada en 2012. En esa investigación, los mandos militares plan- sunto levantón de sus hijos Alfredo e Iván Archivaldo teaban que la función de las Fuerzas Armadas y la Guzmán Salazar. Otros factores que han contribuido a la crisis Policía Federal –en el sexenio calderonista– era sacar a la vista la fruta podrida de las plazas para que los que enfrenta la organización criminal son los cam-

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OPINIÓN

MIGUEL GALINDO

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

bios en su estructura, de los cuales incluso la Procuraduría General de la República ha dado cuenta. El más relevante fue el rompimiento con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que se “independizó” y se convirtió en una gran organización con presencia en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz, al grado de que ya es uno de los principales rivales del cártel que hasta hace poco comandaba el Chapo. A este cisma se suman las desapariciones de tres de sus aliados más importantes: Los Mata Zetas, que operaban en Veracruz y Jalisco; y La Barredora y el Comando del Diablo, en Guerrero. Hasta ahora, el Cártel de Sinaloa domina varios mercados de drogas ilícitas. Según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, trafica varias toneladas de cocaína desde América del Sur, a través de América Central, hacia México y Estados Unidos. Y produce, transporta y distribuye metanfetaminas y heroína en el ámbito internacional. Su presencia no se limita al territorio mexicano, sino que tiene negocios en más de 50 países de los cinco continentes. El 5 de agosto de 2015, la Agencia detalló que “además de sus células de distribución en Estados Unidos, el cártel transporta cargamentos de droga a Canadá, Australia, Europa, África y Asia”.

Los reacomodos El declive del más importante cártel del narcotráfico produce un nuevo escenario para el resto

de los grupos criminales, que luchan por asumir el control del negocio. En principio, se encuentran prácticamente a la deriva las 10 organizaciones satélite del Cártel del Pacífico –Gente Nueva (cuyas zonas de influencia son Chihuahua y Sinaloa), Los Cabrera (Durango y Chihuahua), el “Cártel del Poniente y/o de La Laguna y/o Los Bardales” (Durango y Coahuila), El Aquiles (Baja California), El Tigre (Baja California), Del 28 (Baja California Sur), Los Artistas Asesinos (Chihuahua), Los Mexicles (Chihuahua), Los Salazar (Sonora) y Los Memos (Sonora)–, motivo por el cual podrían negociar alianzas con grupos rivales. Al tiempo, los otros ocho grandes cárteles –La Familia Michoacana, Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, Los Zetas, Golfo, Los Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación y los Arellano Félix– buscarán hacerse de los territorios y los negocios del cártel del Chapo. Lo que disputan no es menor: entre enero de 2013 y junio de 2016, en conjunto, estas organizaciones criminales habrían lavado de 382 mil 200 millones a 2 billones 484 mil 300 millones de pesos producto del tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos, se desprende de las estimaciones hechas por el Departamento del Tesoro de ese país. En esta lucha son dos las organizaciones que, de entrada, están arrebatando el control territorial en México al Cártel de Sinaloa: Jalisco Nueva Generación y los Beltrán Leyva. En breve veremos cuál cártel se convierte en el nuevo favorito del poder político.

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¿QUÉ CLASE DE EMPRESA ES OHL? CLAUDIA VILLEGAS

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a filial española de OHL que dirige aquí Nacional y de la Revolución Democrática le han Sergio Hidalgo –el exdirector del Institu- dado concesiones. ¿Muy buenas relaciones polítito de Seguridad y Servicios Sociales de los cas? o ¿un buen modelo de negocios que garanTrabajadores del Estado y del Servicio de Admi- tizó para obras públicas más de 50 mil millones nistración y Enajenación de Bienes– tiene nuevos de pesos en inversiones para carreteras? Lo cierplanes para el mercado mexicano a pesar de los to es que OHL construyó vías de acceso cuando problemas que enfrentó con la Comisión Nacio- las compañías mexicanas no estaban en su mejor nal Bancaria y de Valores (CNBV) así como con momento después de la crisis devaluatoria y el gobierno destinaba recursos a rescatar autopistas de varias de sus concesiones. Antes de seguir con los planes y buenos deseos cuota concesionadas. Bueno, el punto es que OHL enfrentó una de OHL, quiero comentarles un dato relevante: OHL –la empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana crisis derivadas de las grabaciones que se filtraron de Valores que dirige José Oriol Bosch– no es una a la prensa en donde sus directivos analizan las compañía con un portafolios lleno de proyectos, variables en su modelo de negocio que –por cierto– contempla en todo tampoco es una consmomento la revisión tructora como ICA; es OHL tiene concesionados, entre otros, de tarifas en función de una empresa concesionaria de grandes obras la Autopista Urbana Poniente, el Aero- los ingresos y el tiempo de infraestructura que, puerto Internacional de Toluca y el se- del título de concesión. Es decir, los proyectos por cierto, representan concesionados a OHL puntos neurálgicos para gundo piso en la Ciudad de México todo el tiempo están sula conexión carretera jetos a revisión ¿Ilegal? del país. En otras palabras, tiene participación y control sobre el sistema Pues el título de concesión de sus proyectos bajo el circulatorio del país sin el cual –por cierto– varios modelo de rentabilidad garantizada así lo prevé. de los principales estados del país sufrirían esclerosis En otras palabras que se buscó corregir el error múltiple. Nada más, anote usted que OHL tiene que llevó a que el gobierno tuviera que rescatar concesionada, por ejemplo, la vía conocida como cientos de proyectos carreteros. Bueno, el punto fino es que OHL enfrentó una la Autopista Urbana Poniente conocida como Los Poetas; el Aeropuerto Internacional de Toluca; la crisis derivadas de las grabaciones que se filtraron Autopista Atizapán –Atlacomulco, la Autopista Ur- a la prensa en donde sus directivos analizan, prebana– Norte (que se conoce como el segundo piso cisamente, las variables en su modelo de negocio en la Ciudad de México); el Viaducto Elevado Bi- que –por cierto– contempla en todo momento la centenario (el llamado segundo piso del Estado de revisión de tarifas en función de los ingresos y el tiempo del título de concesión. Es decir, los proMéxico) y el Circuito Exterior Mexiquense. Otro dato interesante es que gobiernos de los yectos concesionados a OHL todo el tiempo están partidos Revolucionario Institucional, Acción sujetos a revisión ¿Ilegal? Pues el título de conce-

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IQ FINANCIERO

sión de sus proyectos bajo el modelo de rentabilidad garantizada así lo prevé. En otras palabras que se buscó corregir el error que llevó a que el gobierno tuviera que rescatar cientos de proyectos carreteros con un modelo en donde no se paga con recursos fiscales la desviación de un proyecto sino que son los usuarios quienes lo pagan. ¿Regresivo? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene la última palabra y OHL sólo opera By The Book.

OHL va por más concesiones Quizás la SCT tendría que corregir este modelo antes de pensar aplicarlo en las llamadas zonas económicas especiales (Zodes) porque se trataría del esquema que permitiría desarrollar infraestructura sin que los gobiernos estatales y municipales incurran en un endeudamiento excesivo. La Zodes sería un esquema que a OHL, a diferencia de las asociaciones público privadas, le interesaría para catapultar proyectos estratégicos como los que opera en la actualidad. A diferencia de ICA, OHL cuenta con recursos que le permitirían impulsar estos polos de desarrollo con infraestructura de primer nivel pero siempre que bajo el esquema de rentabilidad garantizada. El problema con OHL es que esta compañía cuenta en su equipo directivo y de asesores con expertos financieros que superan en año luz la experiencia de funcionarios públicos que, en el mejor de los casos, tendrán como responsabilidad revisar minuciosamente la información sobre aforo y duración de una concesión que entrega OHL Por estos aspectos técnicos –que por cierto OHL maneja a la perfección– es que a OHL se le considera una compañía compleja y hasta corrupta. La propia CNBV no termina de entender su contabilidad. ¿Infla OHL sus costos? ¿Está actuando en la ilegalidad? Lo cierto es que necesitamos funcionarios con capacidad técnica y financiera para controlar a este gigante de las concesiones que tiene como consigna en México defender hasta el último peso de las inversiones por 60 mil millones de pesos que ha realizado durante los últimos años.

OPINIÓN

Nuevo Aeropuerto para liberar gasto público No es casual que durante las últimas semanas las compañías constructoras comiencen a reactivar sus proyectos de inversión. La buena racha que, para algunos comienza a abrirse, tiene que ver con la decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Luis Videgaray, de liberar recursos públicos para obras de infraestructura con el propósito de impulsar las economías regionales. Es cierto que el Presupuesto de Egresos presenta recortes a partir de la caída en los precios del petróleo y de la inestabilidad que provocó, hace algunos meses, el proyecto de Gran Bretaña de dejar la Unión Europea. Sin embargo, la cercanía de las elecciones presidenciales y las amenazas como la inflación ante los incrementos en el precio de la gasolina impulsan la necesidad de generar nuevos motores para el crecimiento. Uno de los mejores, por supuesto, es la industria de la construcción que permitiría a muchas empresas recuperar sus ventas; saldar deudas con sus proveedores y hasta contratar nuevos trabajadores, con lo que se inyectarían recursos a la economía. Con un presupuesto inicial de 13 mil millones de dólares (nada más), el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a través de Federico Patiño, está cerrando una gran cantidad de compromisos y acuerdos para que las inversiones extranjeras y nacionales que apuntalarán el desarrollo de seis nuevas pistas y al menos dos nuevas terminales, sirvan para apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Con Nafin, por ejemplo, se firmó un acuerdo para que el banco de desarrollo apoye a las compañías que necesiten recursos para convertirse en proveedores de las obras del aeropuerto. Para el grupo ICA, que enarboló la defensa de la ubicación del nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco, esta terminal aérea representaría la posibilidad de regresar a las grandes ligas después de un periodo de sequía. ICA tuvo que dejar a OHL el campo libre en las grandes concesiones de autopistas y vías de altas especificaciones.

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TRASFONDO DE LA REFORMA

PUNITIVA CONTRA EL MAGISTERIO JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ, DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Ser profesor y no luchar es una contradicción pedagógica Consigna de la CNTE

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uando el gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó a aplicar el plan para imponer la que denominó “Reforma Educativa”, el Estado mexicano argumentó básicamente lo siguiente: ante el panorama de desastre del sistema educacional, demostrado por el fracaso en evaluaciones tipo PISA, resulta indispensable hacer cambios drásticos. Los culpables están perfectamente localizados: son los maestros y los estudiantes. Agregó que el interés superior del niño hace impostergable la elevación de la calidad, comprobada con parámetros mensurables por medio de evaluaciones. Éstas tienen que aplicarse -siguió diciendo- para el ingreso, la promoción y la permanencia de los maestros en el aula y ser aplicadas por expertos. De acuerdo con lo anterior, se creó el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, al que se encomendó el diseño y la aplicación de las pruebas a practicar a más de un millón de docentes en ejercicio de los niveles básico (primaria y secundaria) y medio superior. Conforme avanzó el proceso, se agregó que también se busca acabar con las corruptelas que llevan a cabo los maestros, sobre todo utilizando sus agrupaciones sindicales (venta y herencia de plazas, particularmente). Loables propósitos motivaron, según sus autores, la reforma de los artículos 3º y 73 de la Constitución de la República, lo mismo que a sus tres leyes reglamentarias. Y la Santa Cruzada de la reforma punitiva se echó a caminar en contra de los infieles maestros.

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Los efectos desatados Previo a la reforma de las leyes se accionó políticamente: un lector de noticias de Televisa produjo una cinta cinematográfica (“De Panzazo”) que se exhibió en todas las salas del país. En ella se sostiene que la educación es un fiasco en México y se induce a culpabilizar a los maestros. También se encarceló a la líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, a fin de amedrentar a los profesores “institucionales”. Más tarde fueron también encarcelados maestros democráticos, a quienes se trasladó a cárceles de máxima seguridad en lugares lejanos a su residencia, a diferencia de la señora Gordillo, quien guarda cárcel en la enfermería de un reclusorio capitalino. El despido de más de 3 mil docentes de enseñanza básica, por no asistir a las evaluaciones del INEE (que se practicaron en medio de fuertes despliegues policíacos), causó un impacto enorme. No se divulgó mucho que congelaron las cuentas bancarias de las secciones sindicales democráticas, ni la suspensión del pago de su salario a los comisionados sindicales, pero el efecto fue también devastador. La prensa orgánica del gobierno mantiene hasta hoy una campaña de demonización del magisterio en resistencia: los señalamientos van desde flojos que se oponen a ser evaluados, hasta corruptos e integrantes de grupos delincuenciales o guerrilleros. El asunto se complicó para el gobierno cuando se incrementó la resistencia de la CNTE, a la que, además, se fueron sumando maestros que no tiene relación con ésta. Mientras Aurelio Nuño se dedicaba a atacar a los disidentes, la Secretaría de Gobernación los llamó a dialogar.


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OPINIÓN

DAVID MANRIQUE

Pero el cálculo político del gobierno falló, pues la CNTE no estaba tan debilitada como para darle el golpe final y desarticular después al SNTE. Los charros se percataron de que también a ellos les alcanzan los daños de la evaluación y dieron señales de descontento. Nuño tuvo que armar una mesa para revisar con el sindicalismo orgánico y con los empresarios los resultados de la aplicación de las instrucciones de la OCDE. Y debieron aceptar que tienen que quitarle filo.

La profundización del conflicto Los primeros beneficiarios de la mal llamada Reforma Educativa (en realidad punitiva), son el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismos encargados por los países promotores de la Globalización Imperial –neoliberalismo- de diseñar el nuevo modelo educativo planetario. En el país, el encargado de aplicar ese modelo fue Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública, quien abrió su campaña para suceder a Enrique Peña Nieto mediante visitas a escuelas públicas, generosamente cubiertas por la prensa oficial. Fueron también beneficiados los empresarios que se aglutinan en “Mexicanos Primero”, quienes visualizaron un prometedor negocio, pues ya no solamente podrían vender sus productos chatarra en todas las escuelas de México, sino ahora podrán ser dueños de ellas, lo cual incluye la venta de los libros de texto y los útiles escolares. La perspectiva no podía ser mejor para los promotores de la reforma punitiva.

Las posibles salidas

La represión está más que anunciada. Hasta Renato Sales, quien había jugado a diferenciarse de las acciones más violentas del gobierno, amenazó a los maestros democráticos: o se someten o habrá “uso de la fuerza pública”. La Coparmex y demás organismos empresariales quieren que corra más sangre; no se conforman con la de Nochixtlán e Iguala-Ayotzinapa. Les importan sus ganancias sobre toda consideración de derechos laborales y humanos. La prensa gubernamental presiona para que se someta a los maestros democráticos. Los acusa de no tomar en cuenta a los niños y a los padres y madres de familia. Pero hasta ahora, la CNTE está rodeada de pueblo, lo que desautoriza las campañas de odio llevadas a cabo por los partidarios de la reforma punitiva. Lo deseable es que el gobierno respete los derechos del magisterio democrático, que ha dado sobradas muestras de capacidad en materia educativa. Sus foros (especialmente el que se realizó el martes 9 de agosto del año en curso) patentizan que su proyecto educativo para la nación es muy superior al que delineó la OCDE y que aplica el gobierno. Ya vimos que la represión no atemorizó a los maestros en lucha contra la reforma punitiva. Más agresiones y ataques profundizarán la crisis y agravarán la confrontación. Y esto sólo beneficiará a los enemigos de México.

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MÉXICO Y SUS ETERNIZADOS FRACASOS OLÍMPICOS

(PARTE I: EL DEPORTE EXCLUIDO DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO) MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

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l recurrente fracaso olímpico de nuestros deportistas no fue la excepción en Río de Janeiro; y como siempre, a la hora de repartir culpas, aparecen a escena las mil y un corruptelas e intereses creados que han hecho trizas el deporte de alto rendimiento en México, incubados desde hace décadas por la ausencia de políticas de Estado que busquen fomentar de manera seria y profesional la impartición de la materia de educación física, desde el nivel básico, en las escuelas públicas y privadas de todo el país. Desde hace décadas en que los gobiernos neoliberales iniciaron el paulatino desmantelamiento de los programas educativos, la materia de educación física fue perdiendo importancia al grado de que hoy se reduce en muchos casos a que los alumnos de primaria y secundaria den dos vueltas al patio para cumplir con esta relegada asignatura. Peor todavía, enterarse que los dirigentes del sindicalismo charro del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), en el marco de la cuestionada reforma educativa, se opongan a que diariamente los alumnos se ejerciten 30 minutos diarios, aduciendo que esto representa quitarle un “valioso tiempo” a la enseñanza. Recapitulando los orígenes de esta “tragedia” nacional, podemos señalar que tras la aparición en la escena oficial de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la promoción y el fortalecimiento al deporte de alto rendimiento se convirtió en una lucha de poder entre grupos políticos y

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dirigentes de las diversas federaciones que hasta hoy pervive y que ha terminado por estancar la formación de atletas mexicanos realmente competitivos a nivel internacional. Anunciada el 13 de diciembre de 1988 como la llave mágica que produciría a futuro deportistas de clase mundial en México, la Conade ha mantenido, desde su creación, un eternizado enfrentamiento no sólo con las federaciones deportivas sino con el Comité Olímpico Mexicano (COM), manejado hasta hace unos años por el empresario Mario Vázquez Raña (q.e.p.d), y ahora dirigido por Carlos Padilla Becerra, quien para revivir las añejas discrepancias, ha tenido un marcado enfrentamiento con Alfredo Castillo Cervantes desde la llegada de este último a la inoperante entidad. Prueba de que la Conade estaba destinada al fracaso lo representó el magro resultado obtenido en Barcelona 1992, cuando en su debut como cabeza del sector deportivo, y dirigida por el medallista Raúl González, apenas logró una presea de plata con el marchista Carlos Mercenario, tras enviar una delegación de 102 atletas. Desde entonces, los neoliberales no plantearon la necesidad de recomponer la cultura del deporte desde la enseñanza básica, utilizando como herramienta fundamental a la educación física, como ha sucedido en otros países del mundo; por el contrario, se optó por privilegiar el manejo del deporte a través de la manipulación mediática de los medios de comunicación, sobre todo de las televisoras, pese a que la Conade que-


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Este año, el presupuesto de la Conade fue de dó insertada en la administración pública como un organismo desconcentrado de la Secretaría 2 mil 800 millones de pesos, de los cuales nadie sabe a ciencia cierta dónde fueron a parar, pues de Educación Pública. Inmersos en esta tendencia mercantil, las fe- como lo han denunciado los participantes mexicaderaciones y sus directivos mostraron más interés nos, muchos de ellos no recibieron apoyo alguno. en buscar el jugoso patrocinio de firmas comer- Situación que pone en evidencia que no es la falta ciales y el manejo discrecional de los recursos pú- de recursos lo que impide el despegue del deporte blicos que les entregaba la Conade, que en buscar nacional, sino la ausencia total de una política de Estado que realmente lo impulse de manera muly apoyar a los talentos deportivos en el país. Cuando en febrero de 2003, en el gobierno tisectorial, transparentando su aplicación. En su informe de 2014, la Auditoría Superior de Vicente Fox, se cambió la denominación del organismo responsable de impulsar el deporte, de la Federación (ASF) señaló que la Conade gasestableciendo la Comisión Nacional de la Cul- tó ese año mil 353 millones de pesos de manera tura Física y el Deporte (Conade), se buscó am- “discrecional” y, sin control alguno, en apoyos pliar su injerencia mediante la instrumentación a asociaciones y federaciones deportivas para de acciones tales como: “Promover el desarrollo “eventos y proyectos especiales”. Tal opacidad y de los programas de formación, capacitación, marcada corrupción ha dado pauta a que arreactualización y los métodos de certificación en cien las acusaciones entre partidos políticos, y de materia de cultura física y deporte, promoviendo manera especial entre PAN y PRI, sobre todo y apoyando, la inducción de la cultura física y el luego de trascender que directivos de la Conade aprovecharon las olimdeporte en los planes piadas de Río de Janeiy programas educatiLa Conade no ha logrado ser el detoro para viajar con sus vos”. A 13 años, la insti- nante de una mejor cultura física no sólo parejas sentimentales tución no ha logrado en los planes educativos, sino en políticas en “luna de miel” pagada con los impuestos ser el detonante de públicas en beneficio de la población de todos los mexicanos, una mejor cultura físisin importarles la suerca no sólo en los planes educativos, sino en políticas públicas en benefi- te de los deportistas mexicanos. El asunto es que estos escándalos mediáticos cio de la población en general; datos del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) no van al fondo del problema y sólo sirven para señalan que actualmente el 56.2 por ciento de traer a la memoria abusos similares cometidos por la población adulta en México no hace ninguna quienes en su momento ejercieron cargos públicos actividad física. Y en el peor de los escenarios, en el sexenio de Felipe Calderón, como sucedió 18 por ciento de la misma manifiesta no haber en el evento olímpico de Beijing, China, en 2008, practicado nunca alguna actividad deportiva. Si cuando la entonces secretaria de Educación Púesto no constituye un fracaso y reflejo de lo que blica, Josefina Vázquez Mota, formó parte de la ahora acontece en Río de Janeiro, quiere decir abultada comitiva mexicana de 170 personas – que la tecnocracia neoliberal sigue obstinada en sólo 85 eran atletas- que viajó a ese país por dos semanas y con gastos endosados al erario nacional. cerrar los ojos a la abrumadora realidad. Al igual que ahora acontece, la exfuncionaria Lo patético es que estos vicios lejos de erradicarse, al paso de los años se han acrecentado; de se llevó a varios de sus colaboradores al periplo, hecho, miembros de la delegación mexicana que lo mismo que Carlos Hermosillo, titular de la Coacudió a Brasil debieron costearse sus entrena- nade, quien invitó a su esposa y tres hijos a la jusmientos, uniformes y hasta viajes en las elimina- ta deportiva en la que México sólo consiguió tres torias con recursos propios, de sus familias y has- medallas de las 24 que ha logrado en las últimas ta “boteando”, como fue el caso del boxeador siete olimpiada. Rutilantes fracasos deportivos engendrados por los gobiernos neoliberales. Misael Rodríguez.

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UNA HUMANIDAD CON MILLONES DE NIÑAS

Y NIÑOS TORTURADOS Y ABUSADOS BAHER KAMAL, INTER PRESS SERVICE

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oma, Italia. En la actualidad, nuestra humanidad se caracteriza por niñas y niños víctimas de redes de trata de personas, que sufren abusos sexuales, que son mutilados, asesinados para extraerles órganos y reclutados como soldados o esclavizados de alguna otra manera. Además, no sólo 69 millones de menores morirán por causas que, en gran parte, podrían prevenirse, sino que 167 millones serán pobres, 263 millones no irán a la escuela y 750 millones de niñas estarán casadas en 2030. Esos son algunos de los números terribles que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otras agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otras, divulgaron semanas antes del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se celebró el pasado 19 de agosto. “Los niños y las niñas siguen sufriendo torturas, mutilaciones, abusos sexuales, hambre y son asesinados en conflictos armados”, resumió el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. “En lugares como Irak, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen, los niños viven en un infierno”, subrayó en la apertura de un debate del Consejo de Seguridad de la ONU dedicado a niños y conflictos armados, el 2 de agosto pasado. El futuro de la humanidad seguirá siendo desolador “a menos que el mundo se concentre más en la difícil situación de sus niñas y niños más desfavorecidos”, alerta un informe de la ONU. “Negarle una oportunidad justa en la vida a cientos de millones de niños tiene consecuencias que exceden el riesgo para su futuro concreto, pues al avivar ciclos intergeneracionales de personas desfavorecidas se pone en peligro el futuro de sus sociedades”, señaló el 28 de junio el director ejecutivo de Unicef, Anthony Lake, en el marco

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de la presentación del Estado mundial de la infancia. “Podemos elegir invertir en esos niños ahora o permitir que nuestro mundo se vuelva todavía más desigual y dividido”, planteó. El informe de Unicef destaca algunos de los avances significativos, como salvar la vida de los niños, lograr que sigan en la escuela y sacar a muchas personas de la pobreza. Pero éstos no han sido parejos ni justos. “Los niños más pobres tienen el doble de probabilidades que los más ricos de morir antes de los 5 años y de sufrir malnutrición crónica”, detalla. En Asia meridional y África subsahariana, los niños cuyas madres no fueron escolarizadas tienen tres veces más probabilidades de morir antes de los 5 años que aquellos cuyas madres terminaron la enseñanza secundaria, añade el informe de Unicef. “Las niñas de los hogares más pobres tienen el doble de probabilidades de casarse siendo menores de edad que las de hogares más ricos”, indica.

Lo peor está en África subsahriana África subsahariana sufre la peor parte: por lo menos 247 millones de niñas y niños, dos de cada tres menores, viven en una pobreza multidimensional, privados de lo que necesitan para sobrevivir y desarrollarse, y casi 60 por ciento de los jóvenes de entre 20 y 24 años del quintil más pobre fueron menos de 4 años a la escuela, alerta el informe. De mantenerse la tendencia actual, la región concentrará casi la mitad de los 69 millones de


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niños que en 2030 morirán antes de los 5 años por causas que pueden prevenirse, más de la mitad de los 60 millones de escolares que no van a la escuela y nueve de cada 10 niños que viven en condiciones de extrema pobreza, precisa el informe de Unicef. Además, alerta que unos 124 millones de niñas y niños no cursan la enseñanza primaria ni los primeros años de secundaria, y que casi dos de cada cinco de los que sí terminaron la primaria no aprenden a leer ni a escribir ni a realizar cálculos aritméticos simples.

OPINIÓN

El principal objetivo del encuentro en Turquía fue que los gobernantes dieran su apoyo colectivo a la nueva Agenda para la Humanidad y que se comprometieran con medidas contundentes para reducir el sufrimiento y hacer más esfuerzos por las millones de personas que necesitan asistencia humanitaria. La cumbre logró atraer la atención mundial sobre la actual emergencia humanitaria, pero no pudo movilizar los tan necesarios fondos que urgen para aliviar el sufrimiento de las más de 160 millones de personas que viven en condiciones limite, apenas 21 mil millones de dólares, un monto razonable.

Jóvenes, la otra generación perdida

“Opciones imposibles”

“En la actualidad, alrededor de 70 millones de jóvenes buscan trabajo, y 160 millones trabajan, pero son pobres. Estos números representan una enorme pérdida de potencial y ponen en riesgo la cohesión social”, escribió el 12 de agosto Azita Berar Awad, directora del departamento de Políticas de Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “El desempleo de los jóvenes y la falta de trabajo decente devalúan el capital humano, y es significativa su influencia negativa sobre la salud, la felicidad, el comportamiento antisocial y la estabilidad sociopolítica. Tienen consecuencias sobre el bienestar actual y futuro de nuestras sociedades”, añadió. Además, las condiciones del mercado laboral para los jóvenes cambian con rapidez y de forma constante, así como el perfil y las aspiraciones de las mujeres y los hombres jóvenes que ingresan a diario al mercado laboral, subrayó Berar. “Para la mayoría, las expectativas de trabajo decente no se tratan solo de tener un ingreso y de ganarse la vida. Para los jóvenes es el pilar de su proyecto de vida, el catalizador de su integración a la sociedad y el camino para participar en ámbitos sociales y políticos más amplios”, explicó. El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria se celebró después de uno de los momentos más significativos de los últimos tiempos: la Cumbre Mundial Humanitaria, realizada el 23 y 24 de mayo en Estambul.

La campaña “opciones imposibles” se lanzó en abril de este año para que los gobernantes del mundo participaran en la cumbre y se “comprometan a la acción”. El lanzamiento de la etapa final de esa gran iniciativa digital de la ONU coincidió con el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria el 19 de agosto y continuará hasta septiembre, cuando el secretario general presente a la Asamblea General el informe de la Cumbre Mundial Humanitaria. Ese día también se lanzó otra campaña digital: “El mundo que preferiría”. De forma similar al popular juego “Usted qué preferiría”, esta campaña digital revelará los verdaderos contextos en que viven las personas en situación de crisis. Tras conocer las difíciles alternativas, los usuarios podrán compartir un gráfico personalizado en las redes sociales, tuitear a sus gobernantes al respecto y saber más sobre la Agenda para la Humanidad. A la ONU le cuesta mucho crear conciencia entre dirigentes políticos y movilizar a la humanidad, así como impulsar acciones contundentes para aliviar, terminar y, con suerte, prevenir el sufrimiento humano sin precedentes. Y sin embargo, las grandes potencias siguen gastando 1.7 billones de dólares al año en la fabricación y el comercio de armas. ¿Una humanidad? Sí. ¿Pero de quién y para quién? (Traducido por Verónica Firme)

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INVESTIGACIÓN PORTADA

MOVIMIENTOS SOCIALES

“AMENAZA” PARA EL ESTADO: CISEN

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PORTADA INVESTIGACIÓN

Maestros, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, sindicatos, campesinos, opositores a megaproyectos, normalistas… “atentan” contra la seguridad nacional, según la Agenda Nacional de Riesgos. Por ello son victimizados ÉRIKA RAMÍREZ,

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a Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Frente Amplio Social (FAS), el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA) y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) son considerados por el Estado mexicano como un riesgo para la seguridad nacional. Así lo revela la Agenda Nacional de Riesgos –elaborada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y reservada por 12 años–, con copia en poder de Contralínea. El saldo para todos y cada uno de estos movimientos –así como los opositores a la minería o a los proyectos de infraestructura; también para los que se encuentran en defensa del territorio y medio ambiente y las policías comunitarias– ha sido ser víctimas de represión, espionaje, acoso, abuso de poder, congelamiento de cuentas, detenciones, judicialización y criminalización de la protesta social, encarcelamiento, desaparición, asesinato.

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MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

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El acoso contra los movimientos sociales es histórico: dividen, criminalizan y reprimen: Martín Esparza, líder del SME

En la Agenda Nacional de Riesgos (ANR), uno de los documentos clasificados como confidenciales por el aparato de inteligencia del país, focaliza a los movimientos sociales como opositores a los cambios hechos a la Constitución, a través de las llamadas “reformas estructurales”, llevadas a cabo en los últimos años. La versión de este análisis, para el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, reconoce que las reformas educativa y laboral son de los ejes principales que han movilizado al país. Focaliza los movimientos desde 1999, con la toma de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por los estudiantes que se opusieron al cobro de cuotas en la universidad pública más importante del país. En 2013, el capítulo “Ingobernabilidad por movimientos sociales” se encontraba en el escaño sexto de la lista de temas revisados por el Cisen –bajo la dirección de Eugenio Ímaz Gispert–; sin embargo, el acceso a los escalafones de la Agenda de 2015 permite observar que la movilización social se ha convertido en el segundo tema de im26

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portancia para el gobierno de Peña Nieto, sólo por debajo de la “delincuencia organizada”. Martín Esparza Flores, secretario general del SME, dice en entrevista que el acoso en contra de los movimientos sociales es “histórico, hay antecedentes en el país de la forma en cómo buscan acabar con un movimiento: primero, se meten, lo dividen, criminalizan y cuando ven el momento ocupan la fuerza del Estado. Recientemente vimos Nochixtlán, vimos la desaparición de los 43 normalistas, mineros asesinados, electricistas golpeados; ¿cuántos dirigentes sociales indígenas en la cárcel o asesinados?” Riesgo para la seguridad nacional, “así nos han catalogado”, dice el líder de los electricistas, quien asegura que hay un seguimiento permanente del Cisen contra todos los dirigentes, los movimientos y organizaciones sociales. Esparza Flores expone: “En nuestro caso, hay un expediente grandísimo del Cisen, nos tienen identificados como un riesgo para la seguridad nacional de este país. Cada que se detenía a un compañero [después del decreto de extinción de


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Luz y Fuerza del Centro, en 2009], las primeras fotos que le pasaban en la cárcel era mía o de los otros compañeros del Comité; incluso, buscaban que los trabajadores dijeran que habíamos sido nosotros que los mandábamos a una movilización. Lo hacían para poder escalar en las averiguaciones contra del Comité Central del sindicato. A algunos les ofrecían trabajo en CFE [Comisión Federal de Electricidad], casas, bienestar para sus familias, con tal y que declararan en contra. Afortunadamente, los trabajadores muy conscientes decían categóricamente: no somos delincuentes, nos estamos manifestando y es un derecho que tenemos para exigir que nos regresen nuestro trabajo”.

Ingobernabilidad

Agenda Nacional de Riesgos 2013

por movilizaciones sociales

1 Diagnós(co general Conflic(vidad regional

Obstrucción a proyectos de infraestructura (hidroeléctricos, eólicos, termoeléctricos, aeropuerto y refinería), por el supuesto daño al entorno ecológico y la desatención a las necesidades de las comunidades. Rechazo a la explotación minera por afectaciones al medio ambiente y “saqueo de recursos naturales”. U(lización de la figura denominada como policía comunitaria para conformar grupos con intereses que alteran la armonía comunitaria. Aún cuando los medios de comunicación reflejan la proliferación de estas organizaciones en diversos estados del país, en los hechos su operación se concentra en Guerrero y Michoacán. Violencia derivada de las pugnas por (erras y recursos naturales (Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca). Débil capacidad de administración y ges(ón de gobiernos estatales y municipales para atender conflictos sociales y políMcos (Chiapas, Guerrero , Michoacán y Oaxaca).

El diagnóstico

Con un nivel de riesgo medio (3.6), el capítulo “Ingobernabilidad por movilizaciones” diagnostica de manera general que “existen organizaciones que adoptan tácticas de presión y motivaciones opuestas al interés colectivo con capacidad de reducir los márgenes de gobernabilidad en zonas específicas. “El comportamiento de algunas de ellas busca generar crisis recurrentes de gobernabilidad.” El documento de inteligencia hace una división en el tipo de “organizaciones sociales que alteran deliberadamente el orden social”. Las primeras, aquellas –según el documento– que tienen “oposición a políticas públicas que eliminan privilegios a grupos de interés, obtenidos mediante la presión política y social (reforma Laboral y Educativa)” (sic). Víctor Manuel Zavala Hurtado, secretario general de la sección XVII de la CNTE, hace una evaluación de lo que ha ocurrido en el sector educativo desde 2012: “ha habido un sin número de compañeros detenidos de la disidencia magisterial, manifestaciones que han llegado a la muerte en Chiapas y Oaxaca (Nochixtlán). Además, suma el conflicto “histórico” de las normales rurales [cada año, los alumnos de estas escuelas salen a las calles en reclamo de mayor presupuesto y mejoría en los espacios que ocupan y la ampliación de la matrícula] y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

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Para el gobierno, “existen organizaciones que adoptan tácticas de presión y motivaciones opuestas al interés colectivo con capacidad de reducir los márgenes de gobernabilidad en zonas específicas”

“Por defender la educación pública, 64 luchadores sociales han estado en la cárcel. México ya vive una condición difícil; demandamos que el gobierno federal cese la represión, que se busque una solución distinta a la agresión y se deje de golpear al movimiento social para que se pueda ver cómo se resuelve el conflicto”, comenta Zavala Hurtado. Desde el 15 de mayo pasado, el magisterio adherido a la CNTE se encuentra en paro de labores a nivel nacional. Líderes de la disidencia magisterial, como Rubén Núñez Ginez, secretario General de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –principal bastión de la CNTE–; Francisco Villalobos, de Organización; Aciel Sibaja, de Finanzas y Heriberto Margarito López, representante regional del Istmo de Tehuantepec, fueron llevados al Centro de Readaptación Social (Cefereso) de Hermosillo, Sonora, y luego trasladados a Cefereso de Mengolí, en Miahuatlán, Oaxaca. Entre los cargos que se les atribuía: lavado de dinero. De éstos, los últimos en ser liberados fueron Núñez Ginés y Villalobos, el pasado 12 de agosto.

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Ingobernabilidad

Agenda Nacional de Riesgos 2013

por movilizaciones sociales

1 Diagnós(co general Sonora Sonora

Michoacán (previo a la realización de esa Agenda, en octubre de 2012 se habían detenido a 176 estudiantes de las escuelas normales de Cherán, Arteaga y Tiripetío; la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de policías y delincuentes). El documento del Cisen incluye los “actos vandálicos” del 1 de diciembre de 2012 (cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de la República) y la toma de instalaciones de la UNAM.

Conflic(vidad regional Disidencia magisterial Estudiantes normalistas

Veracruz

Autodenominadas Policías comunitarias/ Grupos de autodefensa Oposición a proyectos de infraestructura

Morelos

Los grupos “opositores”

Nayarit Jalisco Michoacán

Guerrero

Oaxaca 2

La Agenda ubica los focos rojos en materia de movilizaciones sociales

La Agenda también menciona que supuestamente hay “injerencia de actores vinculados a la subversión o grupos anarquistas en movimientos sociales tradicionales como el magisterio disidente, colectivos estudiantiles, organizaciones de defensa de los derechos humanos, agrupaciones campesinas e indígenas, así como iniciativas frentistas multisectoriales”. Indica que existe una percepción social de ausencia de autoridad por la inacción gubernamental ante acciones radicales de movimientos sociales en determinadas zonas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, estos últimos gobernados por el perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero, el priísta Fausto Vallejo Figueroa y el aliancista Gabino Cué Monteagudo, respectivamente. Añade que ha habido una “provocación de la violencia como argumento para actualizar el discurso sobre la ‘regresión autoritaria’”. Además, de que hay una “tendencia creciente a transgredir el estado de Derecho como mecanismo de presión hacia las autoridades” (sic). Ejemplifica con el conflicto magisterial en Guerrero y Oaxaca; así como de normalistas, en 28

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Según el Cisen, los principales movimientos frentistas antigubernamentales son: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Frente Amplio Social (FAS), el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” (UPVA) y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Éste es uno de los pasajes que se pueden apreciar en la Agenda. Los líderes de cada uno de estos movimientos han sido criminalizados y judicializados. Leonel Rivero, abogado y coordinador general de la organización Defensa estratégica en derechos humanos, AC, dice que desde hace varios años ha llevado la defensa de algunos luchadores sociales, como los de la huelga de la UNAM (1999); luego, en el 2006, acompañando a Atenco, y ahora, con los líderes de la CNTE, se han percatado de que “el Estado ha venido perfeccionando sus métodos de contención de la protesta social: criminalizándola a partir de establecer acusaciones con base en delitos que en su momento han generado gran impacto social en toda la población, como la utilización de la imputación de secuestro. Acusar a un activista de secuestro lleva como objetivo el despertar o revivir en la sociedad experiencias que ha pasado y eso tiene un fuerte impacto de condena mediática”. En su análisis, dice que “esa situación es sumamente complicada, es grave la forma en cómo se


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ha utilizado el secuestro y la asociación delictuosa. A ello, se suma que los envíen a cárceles de alta seguridad y a lugares que están como mínimo a mil kilómetros de distancia, lo que implica sacarlos de su base social y desarraigarlos de su gente; por ejemplo, el encarcelamiento de los líderes de la CNTE”.

De Atenco a la CNTE

De la defensa del territorio a las reformas estructurales, comunidades y organizaciones se han manifestado y los intentos por desbaratar los movimientos sociales han dejado muertos, sangre y encarcelamiento. Sofía de Robina Castro, abogada del área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dice en entrevista que en defensa de los derechos humanos, podemos ver cómo las movilizaciones sociales son un reflejo de lo que vive el país, de la crisis en la que estamos, y cada vez más las calles se convierten en un espacio en donde se vierte todo ese descontento social. “Vemos, tristemente, la respuesta que hay de parte del Estado: una respuesta autoritaria. Lejos de permitir que se desahoguen y se ventilen todas las problemáticas, de atenderlas y de resolver, se generan mayores violaciones a través de detenciones arbitrarias, incluso muertes y ejecuciones, como en Nochixtlán [Oaxaca]. Se limita el espacio social. Nos preocupa que ante una situación de crisis la respuesta del Estado sea tan autoritaria”, comenta la defensora de derechos humanos. En 2006, la defensa del territorio en San Salvador Atenco, Estado de México, y la entrada de la policía a las tierras del poblado, provocó la muerte del estudiante de Economía de la UNAM Alexis Benhumea, y el encarcelamiento de los líderes del FPDT. Las sentencias impuestas a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo (opositores a la construcción del aeropuerto en sus tierras) llegaron a rebasar los 100 años. La lucha por la excarcelación duró 4 años y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El golpe a la población fue dado durante la administración de Enrique Peña Nieto, como gobernador del Estado de México.

Ingobernabilidad

Agenda Nacional de Riesgos 2013

por movilizaciones sociales

1 Diagnós(co general Ar(culación de proyectos fren(stas Decisiones de Estado que benefician a la colecMvidad, generan oposición de actores sociales que a parMr del impulso de proyectos mulMsectoriales (sociales o laborales), potencian su capacidad de presión hacia las insMtuciones. Liderazgos horizontales y sin estructura formal que complican la negociación gubernamental y la atención de los conflictos. Asesoría de líderes vinculados a la guerrilla, potencia la radicalidad de las acciones.

Unión Popular de Vendedores y Ambulantes “28 de Octubre” (UPVA) Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)

Movimiento de Liberación Nacional (MLN)

Principales organizaciones que promueven Movimientos Fren(stas An(gubernamentales Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Frente Popular Revolucionario (FPR)

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)

Frente Amplio Social (FAS)

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Entre las “organizaciones sociales que alteran deliberadamente el orden social” están las que se oponen a políticas públicas que “eliminan privilegios a grupos de interés”

El decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009, durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, impactó en 66 mil empleados de la compañía estatal. El sindicato, considerado uno de los más fuertes del país y con mayor tradición en la defensa de los derechos laborales, perdió a 27 mil 401 de sus agremiados, porque logaron dividirlos. La base fue reducida a 16 mil 599 trabajadores, ante el acoso permanente que se llevó a cabo a través de campañas mediáticas, el cierre de los empleos y amenazas de imposibilidad de reinsertarse en el campo laboral. La relación de las administraciones priístas y panistas en el gobierno con sindicatos o movimientos sociales es la misma, afirma Esparza Flores, porque mantienen la misma política económica, “el objetivo es el mismo: se ocupa la fuerza del Estado para reprimirte, hacerte a un lado, criminalizarte y administrar los conflictos”.

Conflictividad regional

La Agenda Nacional de Riesgos hace un análisis de lo que llama “conflictividad regional”, y

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Ingobernabilidad

por movilizaciones sociales

1 Diagnós(co general

Agenda Nacional de Riesgos 2013

INDICADORES POTENCIALES. Escenarios de ingobernabilidad

Reac(vación de movimientos de protesta por incumplimiento de acuerdos (disidencia magisterial, estudiantes normalistas, SME). Surgimiento de nuevas expresiones de inconformidad en el contexto de las reformas energéMca y fiscal, así como de las modificaciones a la Ley General de Educación y su posterior instrumentación. Convocatorias a acciones violentas bajo el anonimato de redes sociales que complica la actuación gubernamental.

Pérdida de legi(midad de las demandas de comunidades indígenas ante la cooptación d e l a s a u t o d e n o m i n a d a s p o l i c í a s comunitarias y grupos de autodefensa por la delincuencia organizada. Movilización social para promover escenarios de violencia (Acampada Revolución, Frente Popular Revolucionario) en fechas emblemáMcas (10/jun, 02/oct, 01-15-16/sep, 20/nov y 1/dic).

Consolidación de un frente mul(sectorial en contra de polí(cas públicas.

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La Agenda identifica seis escenarios de ingobernabilidad entre los indicadores potenciales de riesgo

explica que hay una obstrucción a proyectos de infraestructura (hidroeléctricos, eólicos, termoeléctricos, aeropuerto y refinería), bajo el argumento de “supuesto daño al entorno ecológico y la desatención a las necesidades de las comunidades”. Asimismo, manifiesta que en el país hay un rechazo a la explotación minera por afectaciones al medio ambiente y saqueo de los recursos naturales, lo que implica la focalización de estos grupos opositores a los procesos extractivos como de interés para la seguridad nacional. Hace énfasis en la utilización de la “figura denominada como policía comunitaria para conformar grupos con intereses que alteran la armonía comunitaria. Aun cuando los medios de comunicación reflejan la proliferación de estas organizaciones en diversos estados del país, en los hechos de su operación se concentra en Guerrero y Michoacán”. Nestora Salgado, líder y comandante de la policía comunitaria en Olinalá, Guerrero, fue encarcelada durante 2 años y 7 meses y declarada inocente el 18 de marzo de 2016, acusada de secuestro. 30

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En entrevista con Contralínea, dice que ha sido muy difícil pelear contra el Estado, que “es quien te acusa y fabrica delitos. Yo nunca debí pisar la cárcel, porque nunca cometí un delito, nunca estuve fuera de la ley. La policía comunitaria en Guerrero es reconocida y respaldada por la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero. “La policía comunitaria es algo que necesitamos en los estados y las comunidades. La delincuencia organizada está matando a nuestra gente y ha rebasado al Estado. No nos queda más que protegernos, buscar la forma de defender a nuestra gente y a nuestras familias.” Considera que México está atravesando una “terrible crisis”, y en todo el país se vive abuso de autoridad y violación a los derechos humanos. “El Ejército y el gobierno mismo están violando todas las leyes; nos está fallando el Estado, nos está matando, nos está reprimiendo por ejercer el derecho a la vida, a la educación, a la salud”, dice.

Los conflictos y el medio ambiente La Agenda Nacional de Riesgos también califica como tema de seguridad nacional la “violencia derivada de las pugnas por tierras y recursos naturales (Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca)”. Los conflictos socioambientales se han incrementado en los últimos años. Analistas han contabilizado más de 300 en todo el país; y aseguran que su detonante es la amenaza de despojo a la que se enfrentan comunidades indígenas, ejidos y espacios urbanos, principalmente. El investigados Víctor Toledo, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, indica que las causas de estos conflictos son las actividades industriales llevadas a cabo por empresas o corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, frente a las cuales la ciudadanía organizada o las comunidades rurales y urbanas se oponen y resisten. “Ante ello, los organismos estatales, por lo general se ponen del


RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO

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Según la Agenda, en los movimientos sociales hay injerencia de actores vinculados a la subversión y al anarquismo

lado de las corporaciones o se mantienen neutrales”. El investigador identifica que hasta el momento afectan a 180 municipios en todo el país. Los casos de conflictos socioambientales se pueden dividir de la siguiente forma: biotecnológico, nueve; energético, 35; hidráulico, 33; minero, 71; turístico, 12; y urbano, 17. Para el académico de la UNAM, “los conflictos socioambientales no sólo generan tensión social, sino víctimas: seres humanos privados de sus medios de subsistencia, sus hogares, tradiciones y hasta su vida. Aquellos que defienden in situ a la naturaleza, se enfrentan ineludiblemente a las fuerzas desbocadas del capital, grupos de talamontes locales o regionales, impulsores de megaproyectos, gigantescas empresas y consorcios”. Expone que el Estado actúa, casi siempre, de lado del empresariado bajo los “escudos” justificativos del progreso, la modernización y el desarrollo (Contralínea 493). El documento del Cisen indica que hay una débil capacidad de administración y gestión de gobiernos estatales y municipales para atender

conflictos sociales y políticos (Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca).

ONG, eslabón

Miguel Barrera Rocha, director de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, asegura que se ha intensificado la violación de derechos humanos en el país. “Es doblemente preocupante, la gente está reaccionando. Cuando vemos los bloqueos que están haciendo en Oaxaca, no solamente es por Oaxaca, hay que darle la lectura clara de que hay un ejercicio muy injusto de la distribución de la riqueza, del uso y el derecho para el disfrute de las garantías, nos queda claro que los vacíos van aumentando”. Con respecto de la participación de las organizaciones no gubernamentales en los movimientos sociales dice: “es claro que incomodamos, no sólo con el gobierno federal, también con el local. Si las cosas siguen así, todo este contexto de violencia nos va a rebasar. Como organizaciones somos útiles, pero estorbamos [al poder]. Las organizaciones somos el eslabón, la línea fronteriza de lo que está pasando”.

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INVESTIGACIÓN SOCIEDAD

EL DRAMA DE LOS TRABAJADORES DE OCEANOGRAFÍA

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Bajo la tutela del Sae, Oceanografía echó a la calle a cientos de trabajadores. Los afectados demandaron penalmente al titular de la dependencia, Héctor Orozco, por peculado y desvío de recursos. En duda, la liquidación de 4 mil obreros y profesionistas JOSÉ RÉYEZ,

@jose_contra

CECILIA MARTÍNEZ

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uego de que más de 200 trabajadores demandaron penalmente al director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), Héctor Orozco Fernández; a Norma Romero Mendoza, coordinadora Jurídica de Empresas Aseguradas y Concursos Mercantiles, y Alfonso Maza Uretra, administrador designado de Oceanografía, un juez de Distrito declaró en quiebra a la naviera proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ordenó al Sae nombrar al síndico que la administre y remate sus bienes. La demanda que los trabajadores presentaron ante la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, de la Procuraduría General de la República (PGR), por posible peculado –que involucra más de 8 millones de pesos de un fidecomiso destinado, por orden de un juez, a la liquidación de los trabajadores– señala que el dinero se desvió para otros fines. Los recursos del fideicomiso 1345 creado en agosto de 2013 por Oceanografía en Banco In-

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vex, por 8 millones 835 mil 658 pesos, fueron etiquetados por Pemex Exploración y Producción, y entregados por el juez Consuelo Soto al Sae para el pago de liquidaciones de los trabajadores; sin embargo, Alfonso Maza los habría destinado al pago de despachos jurídicos, préstamos a personal a su cargo, pago a trabajadores allegados a la administración del Sae y a un sindicato cetemista, denuncian los inconformes. Con ello, el director del Sae desacató la orden del juez Tercero de Distrito en Materia Civil, Felipe Consuelo Soto, responsable del concurso mercantil (el mismo que declaró en quiebra a la empresa, emitida en agosto de 2015) que ordenó pagar las liquidaciones de los trabajadores con los recursos del fideicomiso y que se puso a disposición del Sae mediante billete de depósito y de forma etiquetada. La orden del juez fue recurrida por el Sae mediante un amparo, sin embargo, mediante auto del 24 de mayo de 2016, el juez Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, notificó a los trabajadores que el amparo 823/2015 fue negado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil, quedando firme la sentencia del juez Tercero de Distrito de liquidar a los quejosos con el dinero del fideicomiso. Los servidores públicos del Sae demandados tampoco acataron la resolución del Tribunal Colegiado, por lo que fueron denunciados por la posible comisión de conductas delictivas. Ello porque al no acatar la orden del juez de primera instancia y promover el amparo, violaron flagrantemente los derechos laborales que el Sae debió proteger por ley, advierte Alejandro Donis Castro, abogado defensor de los trabajadores. En entrevista, explica que el delito de peculado en que habrían incurrido los funcionarios demandados, previsto en el artículo 223 del Código Penal Federal, establece que “todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de encargo los hubiese recibido en administración, en depósito o por otra causa”. Donis Castro dice que, precisamente, la Ley de Administración de Bienes faculta a los servidores 34

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públicos del Sae para administrar a Oceanografía durante el proceso de concurso mercantil, por lo que en su calidad de administradores distrajeron dinero de los trabajadores para un uso distinto al que el juez Felipe Soto instruyó, lo que constituye la probable comisión del delito de peculado que se les imputa. Ante los reclamos de los trabajadores, mediante escrito dirigido al juez Soto el Sae argumentó que, para pagar “a los extrabajadores de Oceanografía, se requiere realizar un análisis de cada uno de los quejosos, con el objeto de que los pagos que se lleguen a realizar sean con estricto apego a derecho y en su caso conforme a los laudos dictados por la autoridad laboral competente”. En el oficio del 3 de mayo de 2016, la coordinadora jurídica de Empresas Aseguradas y Concursos Mercantiles del Sae, Norma Romero Mendoza, señala que “el concurso mercantil no es la instancia para solicitar el pago de indemnizaciones por supuestos despidos ni para dirimir cualquier controversia de orden laboral, ya que no es competencia del juez concursal, por lo que los posibles afectados deben promover las demandas pertinentes ante las autoridades laborales”. Sin embargo, en seguida la funcionaria da cuenta al juez de que “desde el inicio de la administración de Oceanografía, este organismo [Sae] ha privilegiado los derechos laborales de los trabajadores, es así que del periodo de marzo de 2014 a febrero de 2015 se pagaron 2 mil 361 liquidaciones a trabajadores”. Entonces, cuestiona el abogado Donis Castro, ¿está o no facultado el Sae para ‘liquidar’ a los trabajadores? Romero Mendoza tardó 2 años y medio y que hubiera de por medio una demanda judicial en su contra para darse cuenta de que el Sae no es competente para liquidar a los trabajadores, pero sí tuvo facultades para contratar a despachos jurídicos para presionar a los quejosos y obligarlos a recibir cantidades menores a las que por ley les corresponde, abunda el defensor.

Sindicato a modo

Los trabajadores de Oceanografía Elías Marín Moguel, Joel Celaya León, Carlos Marín Palmeros, Rafael Serrano Rivas y Fabiel Chino


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Andrés señalan que a 40 años de no contar con una organización gremial, el Sae firmó el 18 de junio de 2014 un contrato colectivo de trabajo con un sindicato de la Confederación de Trabajadores de México para presionar a los trabajadores para que aceptaran pingües liquidaciones. Como apoderado legal de Oceanografía, estampó su firma en el contrato colectivo Humberto Cavazos Chena. A Cavazos Chena lo acusan de haber incurrido en un presunto conflicto de intereses, ya que a través de su despacho de abogados Cavazos Flores, SC, obtuvo contratos de Oceanografía en 2014 por más de 12 millones 500 mil pesos. Éstos fueron para “realizar trámites jurídicos procesales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje […] incluyendo conflictos colectivos”, así como “finiquitos y/o indemnizaciones; conveniencia de conformación sindical; revisión de contratos al personal outsurcing; dictamen jurídico para la terminación voluntaria de la relación laboral”, entre otras actividades. En entrevista, los trabajadores cuestionan que a 4 meses de que el Sae se hizo de la administración de Oceanografía, el 18 de junio de 2014, la dependencia y el Sindicato de Hidrocarburos y de la Industria de la Transformación de la República Mexicana –sección 15 de la CTM, con oficinas en Pitágoras 318, colonia Narvarte de la Ciudad de México– firmaron el contrato colectivo de trabajo, el cual fue notificado el mismo día a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por el secretario general del gremio Rubén Romo Martínez. “Se trata de un sindicato a modo y un contrato colectivo apócrifo que nunca ha defendido nuestros derechos laborales, pues no aparecen los nombres y las firmas de los trabajadores ni todas las categorías que desarrolla la empresa”, advierten los quejosos. El convenio entre el sindicato cetemista y el Sae posibilitó que algunos trabajadores recibieran sólo el 15 por ciento de su liquidación que por ley les corresponde, con el argumento de que la empresa estaba bajo concurso mercantil. Para colmo, el sindicato descontaba por comisión el 30 por ciento de sus liquidaciones a cada trabajador cesado.

Copia de uno de los contratos firmados por Cavazos Chena, en su carácter de apoderado legal de Oceanografía

En medio de la declaratoria de quiebra miles de trabajadores de Oceanografía no han cobrado sus percepciones, mientras que el administrador del Sae, Alfonso Maza Uretra, ha gastado millones de pesos en el pago de cuotas sindicales supuestamente atrasadas, con lo que queda en evidencia “el negocio que hacen el administrador y el sindicato a costa de los trabajadores con antigüedad de tres hasta cuarenta años”, señalan. “Durante el tiempo que duró la operación de Oceanografía siempre fueron pisoteados nuestros derechos laborales. Hubo retraso en el pago de salarios por quincenas y meses; nulo pago de cuotas al IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social], Infonavit [Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores] y SAR [Sistema de Ahorro para el Retiro], en perjuicio de nuestra salud y patrimonio familiar, al incurrir en violaciones a las leyes con pleno conocimiento del gobierno, de Pemex y de las autoridades laborales y fiscales responsables de salvaguardar su cumplimiento”, indican los trabajadores.

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El Sae no salvaguardó los intereses de cientos de trabajadores de Oceanografía, denuncian afectados

Hasta hace 2 años y medio, Oceanografía mantenía las actividades marítimas costa afuera de mantenimiento, construcción e instalación de plataformas para Pemex en el Golfo de México, con una flota de 70 embarcaciones en contratos formalizados de obra pública, que daba empleo a más de 11 mil trabajadores y proveedores. En febrero de 2014, el Sae tomó la administración de la empresa; la PGR arraigó y encarceló al director y socio principal de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, por un presunto fraude a Banamex. Seis meses después, la empresa fue declarada en concurso mercantil, para salvaguardar (dijo el entonces procurador Jesús Murillo Karam) “la fuente de empleo de miles de trabajadores, los acreedores y a Pemex, dada su vital importancia”. En marzo de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto declaró su “apoyo a los trabajadores de Oceanografía afectados por las acciones del gobierno federal” y en la Cámara de Senadores se formó la Comisión Especial de Seguimiento al Caso Oceanografía, “para evitar que el asegu36

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ramiento de la empresa afecte los derechos legal y humanos de los trabajadores”. Los trabajadores consideran que tanto las declaraciones del presidente de la República, como del exprocurador y las acciones emprendidas por la Comisión Especial del Senado han sido vanas, ya que “de manera cotidiana y sistemática, nuestros derechos humanos y laborales no han sido respetados por los administradores de Oceanografía ni por el Sae”, indican. A 2 años y medio de la intervención del gobierno, el administrador del Sae ha sido incapaz de mantener la relación comercial y laboral de la empresa con Pemex, ya que, por ejemplo, las oficinas del corporativo tienen más de 1 año sin energía eléctrica. Sorprende la designación de un profesionista que carece de total conocimiento y experiencia en la industria petrolera y un mínimo de lógica y criterio para dar continuidad a los contratos vigentes en el momento del aseguramiento y que generaban ingresos para mantener la operación de la empresa, advierten.


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Durante el proceso del concurso mercantil, el juez Felipe Consuelo Soto instruyó a Pemex para mantener y regresar a Oceanografía un determinado número de contratos y, de esa forma, conservar la planta laboral. Pero Maza Uretra no cumplió el mandato judicial para que la instrucción fuera desechada por Pemex, a pesar de que se trata de una entidad estratégica. Los trabajadores enfatizan que ahora se ha orquestado la quiebra de la empresa como una maniobra del gobierno federal, para obtener un resultado contrario al espíritu del concurso mercantil de salvaguardar los empleos, en una espiral de acciones en perjuicio de sus derechos laborales. La declaración de quiebra de la empresa no sorprende a nadie, indican, ya que el administrador del Sae determinó hace tiempo unilateralmente la suspensión de labores de cientos de trabajadores, supuestamente en tanto se les avisaba cuándo realizarían alguna actividad. Aunque se les informó que no estaban despedidos, el Sae les dejó de pagar sin explicación alguna. En febrero de 2015, por orden del juez Felipe Consuelo Soto, Pemex devolvió a Oceanografía 430 millones de pesos por concepto de recuperación de penas convencionales, para el pago de liquidaciones de los trabajadores. Sin embargo, sólo se utilizaron 215 millones 527 mil pesos para cubrir a 5 mil 201 trabajadores, quedando al margen 4 mil más. El resto del dinero se utilizó para el pago a despachos jurídicos contratados por el Sae, para negociar liquidaciones, juicios diversos y deudas con proveedores en agravio de los derechos de los trabajadores. Varios despachos recibieron más de 100 millones de pesos con cargo al patrimonio de Oceanografía, entre los que destacan: Cavazos Flores, SC, quien obtuvo más de 11 millones de pesos por concepto de “406 convenios que soportan pago de liquidaciones”; Murillo, Maldonado, Arredondo y Asociados, SC,

recibió 5 millones 185 mil 487 pesos por “atención de asuntos específicos”; Galicia Abogados, SC, obtuvo 20 millones 180 mil pesos, por “igualas de atención”; Ramírez Ornelas y Asociados, SC, obtuvo 13 millones 900 mil pesos, por “honorarios (e) igualas”; Rafael Lores Rodríguez y Cía, SC, recibió 20 millones 220 mil pesos, por “elaboración de nómina y cuentas por pagar”; Del Barrio y Cía, SC, ganó 4 millones 775 mil pesos, por concepto de “procedimientos previamente convenidos”; Negocios Inteligentes Prácticos, SA de CV, obtuvo más de 7 millones de pesos, sin especificar concepto. Además, el Sae contrató abogados para realizar trabajos que se supone la institución debía llevar a cabo con personal propio, como a Alejandro Cárdenas Camacho, quien recibió 419 mil 580 pesos de marzo a julio de 2015, por concepto de “honorarios por asesoría legal, financiera y administrativa en materia de empresas aseguradas”, y a José Antonio de Anda, quien cobró 15 millones 100 mil pesos por “honorarios de visita y conciliación”, entre otros. Hace 1 año, Oceanografía, representada por el Sae como patrón, dejó de pagar a los trabajadores sin explicación alguna, salvo las palabras que les dijo Alfonso Maza –“búsquenle en otro lado, aquí ya no hay chamba”–, refieren; bloqueó las tarjetas de acceso a la empresa, y ante las protestas por negarse a pagar sueldos, echó a la calle a cientos de trabajadores administrativos, sin notificarles la causa del despido, sin liquidación y los dio de baja ante el IMSS. Ahora, cientos de trabajadores deambulan en Ciudad del Carmen, Campeche, en busca de empleo para sobrevivir, después de meses de esperar su pago que por ley les corresponde. Para conocer la versión del Sae se solicitó entrevista con el director de la institución Héctor Orozco Fernández. Al cierre de la edición no hubo respuesta.

Con recursos de Oceanografía se pagó a Cavazos Flores, SC, más de 11 millones de pesos, por 406 convenios de liquidación

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Sin un proyecto urbano, el gobierno capitalino ha permitido y fomentado el crecimiento descontrolado de la Ciudad. La construcción de plazas comerciales y edificios residenciales arrasa con pueblos y áreas verdes EMILIO GODOY/Inter

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os habitantes de barrios a los que llega la expansión de la construcción urbana sufren “un doble desplazamiento” porque se les trastoca su hábitat y se encarece la zona, en un proceso “en que no se nos toma en cuenta”, cuestionó Natalia Lara, integrante de una asamblea vecinal del Sur de Ciudad de México. Esta estudiante de la maestría en políticas públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) aseguró a IPS que en su colonia (barrio) existe “enojo e indignación” porque “hay una cuestión irracional en la construcción” que llegó a la zona. A juicio de la integrante de la vecinal Asamblea de Santa Úrsula Coapa, una colonia de clase media baja, los responsables urbanos se enfocan en construir más viviendas y más edificios, pero “no se piensa en la dotación de servicios, hay cambios de uso de suelo arbitrario”. Lara vive cerca de la Planta de Asfalto de Ciudad de México, propiedad de la Secretaría de Obras de la capital, que opera desde 1956 y se ha convertido en

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Cuando se construye una ciudad altamente fragmentada, para unos cuantos, hay una participación parcial de la mayoría en las instituciones sociales (educación, salud)

foco de disputa entre los habitantes del Sur metropolitano y la administración del izquierdista Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno de la Ciudad. A mediados de 2014, el gobierno de Mancera anunció su intención de donar el terreno de la instalación asfáltica a la capitalina Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo de la Ciudad de México, para edificar allí la denominada Zona de Desarrollo Económico y Social (Zodes) de Coyoacán. Ante ello, los vecinos se organizaron y formaron en septiembre de aquel año la Coordinación de Asambleas de los Pedregales, que aglutina a vecinos de cinco colonias de la delegación Coyoacán, una de las 16 demarcaciones territoriales en que se divide la metrópoli de Ciudad de México. Pero la cesión del terreno se hizo efectiva en diciembre de 2014, para una zona de desarrollo que incluía la construcción de un parque industrial y torres de edificios residenciales y de oficinas. Para apaciguar el descontento, Mancera –del Partido de la Revolución Democrática, que gobierna la capital desde 1997– planteó modificar el plan inicial y convertir el área en un parque ecológico, a pesar de que el suelo está contaminado y tomará años sanearlo. En mayo de este año, el jefe de gobierno anunció el cierre definitivo de la planta asfáltica y su 40

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reconversión en sitio ambiental, aunque no se ha revocado el decreto de la donación del terreno a la agencia capitalina, ni existe un plan para la reconfiguración de su uso. Esta pugna atestigua las luchas por la Ciudad, por cómo se define y apropia el espacio público, uno de los temas centrales de la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), que acogerá la capital de Ecuador entre el 17 y el 20 de octubre. En esa cumbre organizada por ONU Hábitat, los Estados parte asumirán compromisos alrededor del derecho a la ciudad, el financiamiento a la Nueva Agenda Urbana que saldrá de Quito y el desarrollo sostenible urbano, entre otros temas. Ciudades como la capital mexicana, en cuya área metropolitana viven 21 millones de personas, están infestadas de problemas similares. Elías García, presidente de la no gubernamental Ecoactivistas, lo conoce bien, porque lleva 3 décadas de labor ambiental en la delegación de Iztacalco, en el Este de la capital. “Es evidente la falta de planeación y visión. Nos afecta ese modelo por hacer proyectos económicos nada más. Se manifiesta en que no vemos una mejor convivencia. Nos estamos aislando más, ya no se va a jugar a un parque, ahora se va a una plaza co-


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mercial, se fragmenta la comunidad. Son problemas graves”, enumera a IPS. El activista y sus vecinos han presenciado cómo en Iztacalco, en seguida, se erigieron una plaza de conciertos, un autódromo para la competencia internacional automovilística de Fórmula 1 y, recientemente, un estadio de béisbol. Para ello se talaron casi 3 mil árboles y desaparecieron tanto espacios verdes como canchas deportivas vecinales. La última medida fue la decisión de Mancera, en 2015, de anular la declaratoria de valor ambiental a la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca, que protegía esa instalación desde 9 años antes, para así hacer espacio para construir en el lugar un estadio de béisbol. Los vecinos presentaron un amparo, pero lo perdieron en junio último. Para Luisa Rodríguez, investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios Metropolitanos del estatal Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, la ubicación geográfica de los residentes repercute en el goce de derechos, como a la ciudad, al ambiente o a la vivienda. “El ejercicio de ciudadanía está vinculado a la idea de ciudad. Cuando se construye una ciudad altamente fragmentada, en un modelo para unos cuantos, hay una participación parcial en las instituciones sociales, como la educación y la salud. La ubicación determina el ejercicio de esos derechos, Están trazados por el lugar”, dice a IPS. Los frentes abiertos entre los vecinos organizados y el gobierno de la Ciudad de México son variados. Uno emblemático es que comenzó en 2015, cuando el gobierno capitalino intentó construir el Corredor Cultural Chapultepec, en el Oeste de la metrópoli y contiguo al bosque homónimo, el mayor pulmón que conserva el contaminado territorio. En diciembre último, los habitantes de la delegación Cuauhtémoc, donde se ubica Chapultepec, rechazaron en consulta pública el proyecto que pretendía, mediante una alianza público-privada, la construcción de un parque elevado que separaría el

tráfico vehicular y el peatonal y un centro comercial. En su reemplazo, el gobierno capitalino levanta el Centro de Transferencia Modal, a un costo de 300 millones de dólares y cuya primera etapa concluirá en 2018. Esa infraestructura albergará transporte público multimodal, un hotel de 50 pisos y un centro comercial. Las Zodes, cuyo número original era de cinco en varias zonas de la metrópoli, tampoco parecen impulsar un mejor destino urbano. “A pesar de los supuestos beneficios que ofrecen estas micro ciudades, no se han valorado los impactos negativos que tendrían este tipo de transformaciones al desalojar a la población, mismos que dejan de lado el concepto de sustentabilidad y la gestión estratégica que pretende generar el gobierno”, escribió la urbanista Daniela Jay en la revista especializada Arquine. El último borrador de la declaración final de Hábitat III, convenido en julio, no alude al proceso de construcción de la ciudad a partir de la inclusión y la participación activa de la ciudadanía, aunque se refiere al ejercicio del derecho a la ciudad y la importancia de dicha participación. Los activistas ven claroscuros en el enfoque de Hábitat III. La cumbre “va a reforzar leyes urbanas que dan preponderancia a la construcción de ciudades y se desplaza la visión de pueblos originarios y comunidades locales. No hay tendencia a la inclusión”, cuestiona Trejo. García pidió oír a las poblaciones locales. “Tienen que escuchar a las personas que están comprometidas con el ambiente. Tiene que haber resultados relevantes”, demanda. Para Rodríguez, Hábitat III ofrece la oportunidad de abordar las urgencias urbanas. “Hay muchas expectativas de que los gobiernos puedan poner la mira en ciudades que se construyan a partir de sus habitantes y no de edificios”, señala. Con o sin cumbre, las luchas por la ciudad en urbes como en la capital de México proseguirán.

El gobierno no ha valorado los impactos negativos de este tipo de transformaciones, que desalojan a la población y no son sustentables

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LOS RUSOS EXPLOTARÁN

CHICONTEPEC En total hermetismo y sin licitación de por medio, la petrolera rusa Lukoil entró al negocio petrolero en México. Con un Contrato Integral de Exploración y Producción –según la prensa internacional–, la trasnacional opera el bloque Amatitlán, en Veracruz, desde octubre de 2015

FABIO BARBOSA, INVESTIGADOR EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

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a noticia se dio a conocer en Londres: la gran petrolera rusa Lukoil al fin había logrado entrar al reparto de los bloques petroleros de México. Decimos “al fin”, porque los tovarich, como les decíamos hace medio siglo, ya habían hecho intentos infructuosos por ganar alguna área, tanto en la licitación 1 del 15 de julio, como en la subasta 2 del 30 de septiembre, ambas de 2015. Importantes funcionarios de la industria petrolera de México informaron que los rusos ya eran los nuevos operadores del bloque Amatitlán, en Veracruz, en un acto celebrado el 6 de octubre de 2015, en el que se ofrecieron las zonas petroleras de México en Europa, para buscar atraer inversión extranjera. A continuación la portada de la presentación. Como se puede ver en la gráfica, 1 mes posterior a dicho anuncio, la agencia de noticias Sputnik Nóvosti publicó una nota en donde informaba que Rusia ya estaba realizando actividades en Amatitlán. Varias preguntas sin respuesta: ¿cómo llegaron los rusos a Chicontepec? ¿Quién los metió y con qué procedimiento legal? ¿Cuándo se realizó la licitación? Según el anuncio en Londres, Lukoil hace esta primera incursión en México bajo un esquema contractual llamado Contrato Integral de Exploración y Producción (CIEP). Este tipo de acuerdo fue el principal resultado de la reforma energética de 2008. Una parte de las áreas de Chicontepec fueron licitadas entre 2013 y 2014. En Contralínea hemos explicado algunos aspectos de ese proceso, tal es el interés de empresas como Halliburton por posicionarse en el bloque Humapa, al ofrecer en la subasta casi el cien por ciento de las utilidades. Ahora, con la incorporación de los rusos, es necesario abundar sobre el bloque Amatitlán. Esta área inicialmente quedó desierta, pero en 2014 en una nueva subasta fue adjudicada a un consorcio encabezado por la petrolera “Andes Energía Argentina”, que formuló una oferta igual a la de Halliburton. Si Amatitlán ya había sido ganado por los

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argentinos ¿vendió sus derechos a los rusos? Si los argentinos no estaban como operadores, ¿los rusos pagaron para tener acceso al cuarto de datos? ciertamente Enrique Peña Nieto está cobrando una bicoca, pero son recursos de la nación. Por otro lado, ¿estos cambios de operador están contemplados en la legislación?, ¿recibe el gobierno de México algún nuevo pago? En la legislación gringa, cuando un operador devuelve un bloque, el gobierno lo licita nuevamente y recupera más ingresos. Todas son preguntas que hablan de la falta de transparencia. Debe aclararse que algo hemos podido entender del complicado y enorme paquete de la nueva legislación y no en la letra chiquita, sino en otras disposiciones en letra todavía más pequeña, encontramos disposiciones legislativas donde se establece que los CIEPS continúan vigentes, algunos creían que este modelo de contrato estaba abolido al surgir los nuevos contratos de utilidades y producción compartida y los de licencia, establecidos en la legislación secundaria de la reforma de Peña Nieto, pero no es cierto, ahí están funcionando para abrir espacios a este manejo opaco de los campos mexicanos. ¿Por qué Lukoil, la compañía petrolera más grande de Rusia y su mayor productora de aceite se interesa por Chicontepec?, varios analistas han explicado el tema. Peniley Ramírez, al día siguiente de la licitación de seis áreas de esa zona, explicó en Reporte Índigo que las tres empresas que hicie-

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ron las ofertas más elevadas (Halliburton, Watherford y Schlumberger) eran las mismas que habían tenido los contratos de los llamados laboratorios en Chicontepec, de tal manera que conocían los recursos en el subsuelo y las técnicas que permitían su explotación comercial. En esa misma publicación el ingeniero Garaicochea decía que en un pequeño puñado de pozos las nuevas tecnologías permitían tener tasas de retorno atractivas, y quien esto escribe comparó los resultados de los primeros pozos horizontales y los aumentos en producción con los multilaterales.

Chicontepec es muy heterogéneo Formalmente, Lukoil ya se ha instalado como nueva operadora en el bloque Amatitlán de Chicontepec. Aunque este es uno de los más desafiantes, por su dificultad y costo. En la ilustración dos se muestra la superficie

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de seis bloques y en los campos que contiene pueden verse los siguientes contrastes: en el bloque Soledad, toda la superficie queda cubierta por el campo del mismo nombre, con 492 pozos; en cambio en el bloque Amatitlán, apenas hay 23 pozos, el campo está casi “vacío” y todo está por hacerse. Lukoil tendrá que realizar inversiones de alto riesgo porque son de exploración; en cambio las actividades en Soledad pueden ser reentradas, operaciones de rehabilitación, ya se cuenta con más información, como las columnas geológicas, presiones, internas, etcétera. De los 23 pozos, sólo tres están en producción, pero de cada uno apenas se exprimen unos 12 barriles diarios, que se trasladan en camiones cisterna que pasan de vez en cuando para llevarlos a una batería a 40 kilómetros de distancia, donde se separan los hirocarburos. No hay infraestructura de proceso ni de transporte: ductos, caminos, buenos puentes. Por ello tenemos la hipótesis de que los rusos ni siquiera han realizado una visita a su reciente adquisición. Desde luego el bloque Amatitlán también tiene ventajas, es enorme, mide el doble de los otros, se extiende por tres municipios veracruzanos: el llamado precisamente Chicontepec, colindante con Hidalgo; Ixhuatlán, municipio donde fue originario el ingeniero Heberto Castillo, y al oriente Álamo. Otra ventaja es que los aceites de algunos de sus pozos son muy finos, más de 40 grados API, pero la gran incógnita es si los rusos podrán “pegarle” a un buen yacimiento en lutitas, de los que los gringos llaman un sweet spot (área óptima). Podríamos concluir que si los rusos aspiran a obtener ganancias rápidas se van a desilusionar, y pronto nos dirán adiós, pero si Lukoil se propone realizar ingentes inversiones y especialmente está dispuesto a esperar con mucha paciencia hasta que el mercado internacional se levante, su presencia podría prolongarse en este país.



CECILIA MARTÍNEZ

ANÁLISIS ECONÓMICO

MÉXICO: MACRODEVALUACIÓN Y CAÍDA DE LOS FLUJOS NETOS DE CAPITAL Fracasa la política económica de México, por devaluación e insuficiencia de capitales externos. Esto además ha derivado en la pérdida de reservas internacionales. La menor inversión extranjera directa, reflejo del fracaso de las reformas estructurales MARCOS CHÁVEZ, ANALISTA ECONÓMICO

@marcos_contra

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ienen razón Luis Videgaray y Agustín Carstens en mostrarse insistentemente preocupados ante las secuelas internas de la incertidumbre que priva alrededor de la economía mundial: la desaceleración del crecimiento económico y la reducción del intercambio comercial, así como las violentas convulsiones que periódicamente sufren los mercados financieros merced a los ataques de nervios de los paranoicos especuladores globales frente a cualquier anomalía que afecte sus ganancias, que, en conjunto, podrían alterar la continuidad de los flujos de capital foráneos considerados como necesarios para asegurar el éxito de las reformas estructurales neoliberales, compensar el crecimiento económico y su desequilibrio en las cuentas externas. La pérdida de la precaria estabilidad mundial ha sido catastrófica para un modelo económico como el mexicano y un gobierno como el actual que fincó su éxito en el flujo permanente y ascendente de capitales foráneos. Ello explica las contrarreformas constitucionales llevadas a cabo por los peñistas con el objeto de permitir su participación en las industrias petrolera, eléctrica y de telecomunicaciones, y ampliarla en la minera, obras públicas y otras actividades. Esa lógica reprivatizadora y trasnacionalizadora también explica la legalización del despojo de las propiedades de quienes tuvieran la desgracia de asentarse en zonas de interés para los grandes capitales, así como de la criminalización de las protestas en contra de sus tropelías ambientales y sociales. En esas reformas y en la inversión extranjera el gobierno fincó sus esperanzas de conjurar el maleficio neoliberal que ha condenado a México al estancamiento crónico (tasa media real anual de 2.4 por ciento, apenas un tercio de la alcanzada entre 19401982), y terminar el sexenio con un crecimiento de poco más de 5 por ciento. No sólo eso. En los flujos netos de capitales (el saldo favorable entre los ingresos de divisas por concepto de la inversión extranjera directa y financiera y el endeudamiento externo y las inversiones privadas y públicas en el exterior) descansaba la estabilidad de precios (3 por ciento anualmente,

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1+/- menos un punto porcentual) y del tipo de cambio que, en promedio, en 2013-2016, se fijó en un nivel ligeramente inferior a la inflación esperada (un atraso medio anual de 0.5 por ciento). Esto implicaba técnicamente una revaluación, atraso o sobrevaluación, la cual, paradójicamente, afectaba a la producción local al someterla a una competencia externa desventajosa, ya que abarataba artificialmente los precios de las importaciones en comparación con los internos. Además, ese pírrico crecimiento implicaba un costoso desequilibrio externo, el cual sólo podría ser financiado con dichos flujos de capitales netos, dada la incapacidad de la producción local para financiarlo. El déficit en cuenta corriente fue programado para elevarse de 9 mil millones de dólares corrientes (mmd) en 2012 a 31.6 mmd en 2016, el más alto desde el desastre salinista-zedillista de de 1994, cuando se ubicó en 29.7 mmd, el peor de la historia del país en ese momento, aunque actualmente es menor si se mide con el PIB. En 1994 equivalió a 5.6 por ciento y en 2016 será del orden de 3 por ciento. En 2013 llegó a 30.4 mmp, 2.4 por ciento del PIB, y en 2015 a 31.9 mmd, 2.8 por ciento del PIB. El déficit externo –y por añadidura la estabilidad de precios y el atraso cambiario– pudo financiarse mientras se mantuvo el ingreso neto de capitales, hecho que, incluso, permitió aumentar las reservas internacionales en poder del banco central, las cuales pasaron de 163.1 mmd al inicio del peñismo a su máximo de 196 mmd al cierre de enero de 2015. Sin embargo, a partir de ese momento empezaron a declinar y a finales de julio de 2016 cayeron a 177.4 mmd, lo que representa una pérdida de 18.6 mmd, el 10 por ciento. La baja de las reservas se debe a varios factores: 1) La decisión del banco central de reducir su acumulación y de subastar una parte, dentro de su estrategia monetaria fallida por tratar de contrarrestar la escasez de divisas, desalentar la cíclica especulación cambiaria, iniciada a partir del segundo semestre de 2014, y tratar de abatir y estabilizar el precio del dólar estadunidense, situación fundamental para estabilizar la moneda y evitar sus efec-

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tos nocivos sobre la inflación, el crecimiento y las cuentas externas. 2) El anuncio gubernamental de que a partir de mayo pasado reduciría la emisión de títulos de deuda pública en el mercado interno en cuando menos 64 mil millones de pesos (mmp) y que recompraría parte de esos papeles por un monto de 103 mmp. Ello gracias a la transferencia a la hacienda pública del remanente de operación del Banco de México de 2015, que fue de 239.1 mmp (son sus “ganancias”, dice el propio banco, pero como éste no tiene “propósito de lucro, tras constituir reservas, está obligado a entregar al gobierno federal el importe de su remanente de operación si es que lo hay”). Al menos el 70 por ciento de ese dinero será empleado para abatir los débitos del Estado. Ello explica parcialmente la reducción de la participación de los inversionistas extranjeros en el mercado de dinero mexicano. La emisión de esos papales de deuda le permite al gobierno federal obtener recursos y regular la oferta del circulante. Como instrumento de política monetaria, su compra-venta inyecta o retira liquidez de la economía. 3) La caída de las divisas captadas con las exportaciones debido al desplome de los precios internacionales de las materias primas, entre ellos los del petróleo, como resultado de la declinación del crecimiento y el comercio internacionales. Su menor disposición se complica por el creciente déficit en el intercambio de mercancías y servicios durante el peñismo. 4) El menor ingreso y la fuga de capitales debido al cambio de la política monetaria de la Reserva Federal estadunidense (alza de sus tasas de referencia), el cual reorientó los flujos de los mercados subdesarrollados a los industrializados. Ese escenario adverso no es exclusivo de México. Lo padece América Latina y otras regiones del mundo.

En su Estudio económico de América Latina y el Caribe 2016, dado a conocer el 26 de julion pasado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) confirma ese panorama. El deterioro comercial debido a la caída de los precios de exportación de productos básicos en 29 por ciento en 2015 (los de los energéticos en 42 por ciento, los de los metales y minerales en 23 por ciento y los de los bienes agropecuarios en 16 por ciento). Para 2016, la Cepal estima que si bien aumentaría el volumen de las exportaciones en un 3 por ciento, los precios serían menores en 6 por ciento con relación a los precios medios de 2015. El del petróleo crudo, por ejemplo, caería un 21 por ciento. Entre 2014 y 2015 las exportaciones bajaron de 1.1 billón de dólares a 988 mmd, en 15 por ciento o 165 mmd. En el primer semestre de 2016 sumaron 306 mmd contra los 461 mmd del mismo lapso de 2015; fueron menores en 34 por ciento o 155 mmd. La menor disponibilidad de flujos financieros que se ubicaron en su nivel más bajo desde 2009. La incertidumbre y la volatilidad predominantes en los mercados financieros, observados en 2015 y 2016, han afectado la entrada neta de la inversión extranjera directa (IED) y de cartera. En 2015 los flujos totales cayeron en 34 por ciento o 76 mmd, al pasar de 224 mmd a 148 mmd; la IED retrocedió 7 por ciento o 10 mmd, al pasar de 141.5 mmd a 131.3 mmd; los otros capitales se desplomaron en 80 por ciento o 66 mmd, al pasar de 82 mmd a 16 mmd. Para 2016, la Cepal espera una ligera reducción en los flujos financieros. En el caso de la IED aventura que ésta podría caer en 8 por ciento. Las otras inversiones financieras han mostrado nobles caídas en lo que va de 2016. Los flujos totales (148 mmd) fueron insuficientes para cubrir el déficit en cuenta corriente latinoamericano de 2015, que fue de 178 mmd. La diferencia

Para 2016, la Cepal espera una ligera reducción en los flujos financieros. En el caso de la inversión extranjera directa aventura que ésta podría caer en 8 por ciento

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fue cubierta con las reservas internacionales, por lo que éstas declinaron en 46 mmd; pasaron de 857 mmd a 812 mmd. No sería extrño que la historia vuelva a repetirse este año. Las emisiones internacionales de bonos latinoamericanos se contrajeron en 41 por ciento, de 133 mmd a 79 mmd, aunque en la primera mitad de 2016 mostraron una mejoría con relación al mismo lapso de 2015, al aumentar de 62 mmd a 75 mmd. El ambiente de incertidumbre encareció el llamado “riesgo-país” (el costo ante la posibilidad de que un Estado no pueda cumplir con sus obligaciones crediticias foráneas). Medido por el “riesgo soberano regional” (bonos de mercados emergentes, EMBIG), la sobretasa (spread) media regional pagada fue de 312 puntos básicos en 2012 (100 equivalen a un punto porcentual adicional). En enero de 2016 subió a casi 700 puntos básicos. Si bien en junio se ubicó en 514 puntos básicos, aún es 65 por ciento más alto que su nivel de 2012. La escasez de capitales ha depreciado las monedas de la región, propiciado el alza de los rédi-

tos internos y comprometido las finanzas públicas. También ha provocado la pérdida del ritmo de crecimiento económico latinoamericano: en de 2011 su tasa fue de 4.5 por ciento, en 2014 se estancó (0.9 por ciento) y en 2015 entró en recesión (-0.5 por ciento). La Cepal estima que en 2016 se contraerá 0.8 por ciento, su peor desempeño desde 2009. Consecuentemente, el desempleo aumentó junto con los problemas fiscales de los países. Todos esos síntomas de la crisis señalados por la Cepal son registrados por México. El tipo de cambio, sobre el que descansan otras variables, como la inflación, el crecimiento o las cuentas externas, es un termómetro de esa situación. En la lógica ideal oficial, la variación de la tasa de cambio debió ser similar a la de la inflación. En ese sentido, el precio del dólar sería actualmente de alrededor de 14.50 pesos. Pero el atraso cambiario programado sólo funcionó en 2013, mientras se mantuvo el flujo favorable entre los ingresos y salidas de capitales.

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La inversión extranjera directa neta (diferencia entre la externa en país y la de mexicanos en el exterior) cayó de 32.7 mil millones de dólares en 2013 a 18.2 mmd en 2014 y 18.2 mmd en 2015

Pero cuando el saldo neto se redujo y los flujos se convirtieron en negativos –debido al desplome petrolero, la nueva política monetaria estadunidense, el Brixt y otros factores– la paridad se desfondó y, con ella, todo el programa económico sexenal. En 2014, 2015 y en lo que va de 2016 el peso frente al dólar se depreció nominalmente en 4 por ciento, 19 por ciento y 15 por ciento, en promedio, respectivamente. De manera acumulada, la devaluación cambiaria desde 2014 es de 39 por ciento El deterioro en el saldo neto de capitales se combinó con el déficit ascendente de la cuenta corriente de la balanza de pagos, por lo que ya se resienten problemas para financiarlo, lo que ha afectado a las reservas internacionales. De acuerdo con datos del Banco de México, en 2013 y 2014 el flujo neto de capitales fue 67.6 mmd y 60.1 mmd. En esos años el déficit corriente fue de 30.4 mmd y 24.9 mmd. Si a este último se le agrega la salida de divisas registradas en el renglón de errores y omisiones, 19.7 mmd y 17.6 mmd, el total del saldo negativo se eleva a 50.1 mmd, 42.5 mmd en cada año citado. Pese a ello, la entrada de capitales pudo financiarlos y aún quedó un remanente favorable que redundó en un amento neto de las reservas internacionales: 13 mmd en 2013 y 16.7 mmd en 2014. Pero la historia cambió en 2015. Los flujos netos de capitales cayeron casi a la mitad con relación a 2013 y 2014: 33 mmd, y fueron insuficientes para compensar el déficit corriente (31.9 mmd) y los errores y omisiones (-15.3 mmd) que sumaron 47.2 mmd, por lo que se arrojó una pérdida neta de las reservas internacionales por 16.5 mmd. Ese fenómeno se observó desde el segundo trimestre del año: los ingresos sumaron 15.3 mmd y el déficit de los renglones citados de 17.7 mmd; en el tercero de 1.4 mmd y -13 mmd y en el cuarto de 11.3 mmd y -14 mmd. Lo anterior se repitió en los 3 primeros meses de 2016: ingresos por 7.4 mmd y un déficit por 8.2

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mmd. Y se espera que continúe en lo que resta del año ante la reducción de los títulos de deuda pública y de la inversión bursátil, según datos del banco central. La inversión extranjera directa neta (diferencia entre la externa en país y la de mexicanos en el exterior) cayó de 32.7 mmd en 2013 a 18.2 mmd en 2014 y 18.2 mmd en 2015. La inversión extranjera en México pasó de 45.9 mmd a 25.7 mmd y 30.3 mmd En esos años la inversión bursátil pasó de 49 mmd a 46.3 mmd y 28 mmd. El endeudamiento neto público pasó de 33 mmd a 36 mmd y 16.9 mmd. En especial, la deuda pública en el mercado de dinero pasó de 22 mmd a 23 mmd y 1.3 mmd. Lo mismo ocurrió con el sector privado, cuyo endeudamiento neto declinó de 18 mmd en 2013 a 11 mmd en 2014 y 3.5 mmd en 2015. Los valores emitidos por el gobierno federal en el exterior pasaron de 13 mmd a 15.7 mmd entre 2014 y 2015, mientras que los del sector privado pasaron de un endeudamiento por 6 mmd a un desendeudamiento por 147 millones de dólares. No deja de ser llamativa esa decisión estatal, porque la sobretasa de los bonos soberanos se elevó de 126 puntos básicos en 2012 a 247 puntos en septiembre de 2015. En junio de 2016 bajó a 213 puntos. De cualquier manera, lo anterior repercute onerosamente en los intereses pagados. Entre el primer trimestre de 2015 y 2016 se observó una reducción de la inversión extranjera directa en México (de 9.3 mmd a 7.9 mmd) y una mejoría en la de cartera (de 8.4 mmd a 12.3 mmd). Los valores del sector público retrocedieron (de -326 millones de dólares a -4.4 mmd). En cualquier caso, esos signos positivos y negativos son peores a los registrados en el mismo lapso de 2013 o 2014. En lo que resta del año difícilmente los flujos de capital serán los necesarios para financiar el desequilibrio externo.



MICHUAKANI

EL DERECHO TESTAMENTARIO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán debe ser entendida como un “bien comunal” antes que un “bien público”, en el contexto de una economía solidaria y los procesos autonómicos de accióninvestigación, enseñanza-aprendizaje y libre discusión de las ideas BERTHA DIMAS HUACUZ, MÉDICA P’URHÉPECHA POR LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO; ESTUDIÓ SALUD PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD DE HARVARD (MPH); DIRECTORA FUNDADORA DE LA ESCUELA PREPARATORIA INDÍGENA INTERCULTURAL DE SANTA FE DE LA LAGUNA; INTEGRANTE DEL CONSEJO ESTATAL DE ECOLOGÍA Y DEL PRIMER CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE MICHOACÁN

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E

l Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado cada 9 de agosto por iniciativa de las Naciones Unidas desde 1994, estuvo dedicado este año al tema distintivo del derecho de los pueblos indígenas a la educación, resguardado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A pesar de los preceptos de este instrumento internacional cardinal, y de la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el “derecho a la educación” no ha favorecido totalmente –como debería–, a los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Esto es innegable, lamentablemente, por la existencia de amplias brechas en el acceso a las escuelas, en todos los niveles, aunado a la escasa calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes indígenas. Además de que el analfabetismo entre la población indígena no ha sido eliminado, severa es en sí misma la secuela de rezago educativo que se presenta entre el total de los indígenas que acceden al sistema educativo nacional. Mientras que en México un joven, hablante de alguna lengua indígena, alcanza solamente 5.7 años de escolaridad (en promedio), la educación de un joven no indígena es de 9.4 años. En este mismo sentido, el 60 por ciento de la población de hablantes indígenas de México, en general, no terminó su educación primaria, en tanto que apenas 33 por ciento cuenta con la primaria completa. Por su parte, sólo el 5 por ciento de este mismo universo poblacional terminó la secundaria; y, aproximadamente, sólo el 2 por ciento alcanzó estudios completos de educación superior. Esta situación no es nada alentadora, especialmente si se piensa que la educación debería ser el detonador del desarrollo del país en general; y de nuestras comunidades indígenas y rurales, en particular.

nacional, es el elevado número de personas que año con año emigran a los Estados Unidos de América en busca del mínimo sustento y bienestar familiar. Este fenómeno afecta directamente a los habitantes de las diversas regiones indígenas de nuestro estado, a consecuencia de las precarias condiciones en que se encuentran nuestras comunidades, incluyendo la falta de fuentes de empleo y de oportunidades de acceso a la salud, educación y vivienda. Otra característica de Michoacán es el alto porcentaje de jóvenes rurales e indígenas que por múltiples razones –incluyendo principalmente carencia de recursos económicos y los elementos educativos fundamentales–, no fueron aceptados en alguna escuela, y se quedaron sin acceder a la educación preparatoria. Este porcentaje es también muy alto para los jóvenes que se quedan sin ingreso a cualquier carrera o institución de educación superior, aun contando con la intención, motivación, inteligencia y capacidad. Muchos de estos jóvenes, recurrentemente, ni siquiera alcanzan “ficha” para presentar examen de admisión a las diversas carreras universitarias, en tanto que la proporción de mujeres rurales e indígenas que tienen acceso a las aulas universitarias, es todavía mucho menor como consecuencia de las desfavorables barreras sociales y culturales existentes. De la misma manera, apenas una proporción muy baja de jóvenes indígenas y de origen humilde y campesino que tienen acceso a la educación preparatoria y universitaria, finalmente completan una educación de nivel superior en Michoacán. En resumen, muchos de nuestros jóvenes indígenas inician el ciclo vital de adolescentes como rezagados escolares, lo continúan como rechazados universitarios y, en consecuencia, engrosan forzadamente las filas del desempleo y la emigración.

Rezago social en Michoacán

Educación superior y el Colegio de San Nicolás

Una característica socioeconómica que hace resaltar a Michoacán en el ámbito nacional e inter-

Por lo que corresponde específicamente a Michoacán, la cobertura estatal de educación su-

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perior es del orden del 24 por ciento, mientras que ésta alcanza aproximadamente al 34 por ciento de los jóvenes a nivel nacional. Y se debe enfatizar que sólo entre el 1 y el 2 por ciento de los indígenas de la entidad llegan a estudiar una carrera profesional. Esta situación no debería de ser así. No en el pasado, menos ahora. La educación superior en Michoacán fue concebida a través de la semilla intelectual plantada en el Colegio original de San Nicolás Obispo, creado por Vasco de Quiroga en Pátzcuaro en 1540; colegio construido, físicamente, con la mano de obra de nuestros antecesores de las comunidades de la región. Está escrito y enunciado claramente en el testamento del Obispo Vasco de Quiroga, que los indígenas del lago de Pátzcuaro, y los hijos de sus hijos, podrían ser educados gratuitamente en dicho colegio perpetuamente, como recompensa y satisfacción en tanto “dichos indios”…“trabajaron en los edificios del colegio y aposentos y capillas”. Para esto, Tata Vasco hace entrega de una gran parte de sus bienes al Colegio de San Nicolás, institución pilar fundamental sobre la que

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se edifica institucionalmente, a partir de 1917, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). El testamento de Don Vasco literalmente expresa: “…con cargo que en recompensa y satisfacción de lo que allí los indios de esta dicha ciudad de Michoacán y barrios de la laguna trabajaron, pues ellos lo hicieron y a su costa, sean perpetuamente en él gratis enseñados todos los hijos de los indios vecinos y moradores de esta dicha ciudad de Michoacán y de los dichos barrios de la laguna, que también ayudaron en los dichos edificios, que quisieren y sus padres enviaren allí a estudiar y ser allí enseñados en todo lo que allí se enseñare y leyere, y esto gratis, como es dicho, sin que para ello den ni paguen ni se les pida ni lleve cosa alguna, mayormente en la dicha doctrina cristiana y moral que le dejo impresa para ello en el dicho colegio, en que han de ser así enseñados gratis, como es dicho, en satisfacción y recompensa de lo que allí y en otra cualquier parte y obras hubieren trabajado los dichos indios, pues otra mejor ni mayor satisfacción al presente no se les puede hacer, atenta su mane-


EDUCATIVO

ANÁLISIS

Urgente, materializar el derecho a una educación básica, media-superior y superior de calidad, enteramente gratuita, dotada con la infraestructura y el equipamiento necesarios

ra, calidad y condición, porque ésta es y ha sido la intención del fundador que nos habemos sido…”

Legado Quiroguiano Las dimensiones sociales, económicas, y sobre todo ideológicas y de gobernabilidad del “modelo quiroguiano” de acción social comunitaria están reflejadas en las Ordenanzas que elaboró Vasco de Quiroga para los Indios de Santa Fe de México, y en las prácticas de trabajo, educación y cooperación establecidas por él mismo en los hospitales-pueblo de Santa Fe de México y de Santa Fe de la Laguna (Michoacán). Don Vasco anhelaba que el trabajo comunal solidario de hombres y mujeres, jóvenes y mayores, así como la utilización de los recursos productivos de los territorios de la comunidad cubrieran ampliamente las necesidades para el cuidado de la salud, la alimentación además de la atención respetuosa –digna–, de los enfermos, los pobres, los necesitados, los indios que habitaban en los montes huyendo de los españoles, los visitantes de otros pueblos y comarcas, la gente con capacidades diferentes (“tullidos”, “ciegos”), los niños con malformaciones, los huérfanos, los viudos, las mujeres solas, los damnificados, y los ancianos. Don Vasco sabía que tenía que existir planeación (sin olvidar la tranquilidad social) para que su deseo se convirtiera en realidad, tanto en las épocas de buena cosecha como en aquellos años de crisis productiva o catástrofe natural. Y se procuraba la limpieza e higiene; y que los edificios destinados a cumplir funciones de hospitalidad fueran amplios y debidamente organizados (“para los enfermos de males contagiosos y para los de enfermedades no contagiosas”); y mantenidos y reparados con oportunidad y bajo una racionalidad económica práctica. Las Ordenanzas fomentaban, para que esto ocurriera, que los jóvenes fueran educados y pre-

staran servicios a la sociedad, dentro y fuera de las comunidades de origen; y que los médicos fueran debidamente remunerados. Aunque las Ordenanzas se enmarcan históricamente en un contexto de conquista benevolente y conversión religiosa forzada, dichos preceptos constituyeron una cabal y congruente legislación para la convivencia, el trabajo comunal, la salud, la seguridad social, la moral y la educación además del bien de toda la comunidad. Si bien es cierto que los resultados no fueron extensos y que la viabilidad de la expansión física y material del modelo estaba constreñida por el sistema dominante español, este experimento social merece tomarse en cuenta, sobre todo si lo revisamos de manera crítica y creativa ante nuestra situación actual. Este legado quiroguiano es parte de nuestros activos tangibles e intangibles, como capital histórico-cultural. Este patrimonio heredado es dual: (a.) es material —i.e., el Colegio de San Nicolás de Pátzcuaro; los Hospitales-Pueblo de Santa Fe; y (b.) es del pensamiento —i.e., el modelo humanista reflejado prácticamente en las Ordenanzas de Santa Fe. La herencia de Vasco de Quiroga, aunada a los elementos de capital social y humano con los que contamos –incluyendo nuestra organización social comunal; las prácticas y saberes tradicionales sobre la naturaleza; y los activos materiales (tierras, bosques, aguas) del entorno territorial medioambiental–, constituyen los componentes físicos y principios normativos que han sustentado los sistemas organizacionales, propios de nuestra sociedad hasta nuestros días.

Educación intercultural en Michoacán Es así que bajo los principios fundamentales de

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equidad social, autodeterminación, y respeto de los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas, la educación intercultural, bilingüe, debe expandirse –en todos los niveles– y consolidarse en nuestro país tanto para el provecho intelectual como la realización profesional de los jóvenes indígenas, hombres y mujeres de México y Michoacán. Ésta es una condición necesaria, irrenunciable, para el ejercicio de su derecho, igualmente consagrado, de acceso igualitario a los nuevos conocimientos, científicos y tecnológicos del siglo XXI. Concretamente, se debe materializar, en la práctica, el derecho a una educación básica, media-superior y superior de calidad, enteramente gratuita, dotada con la infraestructura y el equipamiento necesarios, que sea además cultural y lingüísticamente relevante. Consideración se hace, por lo tanto, de que la educación media-superior es el eslabón más débil de la cadena escolar y educativa en el estado de Michoacán. Esto por lo que corresponde a la calidad y relevancia educativa y la eficiencia terminal. Los “telebachilleratos”, intrínsecamente de baja calidad pedagógica, no podrán responder efectivamente a la reducción del rezago y la deserción al no contar con el abanico de instrumentos potenciales de la educación presencial. En este contexto, la educación superior intercultural debe valorarse, ante todo, como lo que es: un instrumento de integración social, multicultural, reconquista (recuperación) de los pueblos indígenas; elemento cardinal de equidad étnica, de género e intergeneracional. No se trata de un gueto colorido o un “subsistema” más, burocrático-educativo de segunda clase, orientado a la simple expansión rural de cobertura. Los enfoques distintivos de esta educación indígena intercultural bilingüe –entre los que se encuentran el fomento activo de la riqueza biocultural

del país, la promoción del desarrollo comunitario, y la conservación de la biodiversidad– son determinantes, en su conjunto, tanto para el mantenimiento de la seguridad y soberanía agroalimentarias como para la eliminación de la discriminación, la violencia y la injusticia en todos los aspectos y ámbitos de nuestra sociedad nacional. Finalmente, se debe garantizar el respeto a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), institución que debe ser entendida como un “bien comunal”, antes que un “bien público”, en el contexto de una economía solidaria y los procesos autonómicos fundamentales de acción-investigación, enseñanza-aprendizaje, creación-difusión de la cultura y libre discusión de las ideas. La UIIM, entidad que debe ahora renovarse de manera integral, en sus aspectos académicos y de gestión orgánica interna, no puede seguir siendo considerada como una “unidad administrativa” adicional de la estructura gubernamental, como se ha manejado, discrecionalmente, por el Ejecutivo estatal. En su carácter universitario y escolástico superior, la UIIM debe consolidarse como una institución autónoma del pensar y del hacer; generadora de nuevo conocimiento y de la mayor relevancia para nuestra sociedad. Auténtica impulsora de la movilidad social comprometida, el avance profesional responsable y la realización ciudadana comunal de los jóvenes indígenas de la entidad, en beneficio del desarrollo de nuestros pueblos y comunidades. (Ponencia presentada en el acto de celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, bajo el título “El derecho testamentario de los jóvenes de Michuakani a la educación superior”. Morelia, 9 de agosto de 2016. Este trabajo es componente del estudio Transformación estructural incluyente en México: El papel estratégico de la educación superior indígena intercultural).

Necesario, garantizar el respeto a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, institución que debe ser entendida como un “bien comunal” antes que como un “bien público”

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ANÁLISIS INTERNACIONAL

DESPLIEGUE MILITAR DE RUSIA

EN IRÁN

La instalación de una base militar rusa en Irán sorprende a Occidente. Aunque no se trata de una implantación permanente, es una expresión del cambio de estatus internacional de Rusia, ahora presente más allá de su tradicional zona de influencia

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VALENTIN VASILESCU/RED VOLTAIRE

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ucarest, Rumania. El 30 de septiembre de 2015, Rusia desplegó un grupo de bombarderos de combate en la base aérea siria de Hmeymim, para iniciar la campaña de bombardeos contra los yihadistas en Siria. El 23 de noviembre de ese mismo año, el presidente ruso Vladimir Putin visitó Irán. Se supone que fue en el marco de esa visita cuando solicitó la autorización para utilizar la base aérea iraní de Hamadan, desplegando allí al menos una escuadrilla de bombarderos pesados Tu-22M3 que operarían en Siria. Las condiciones de entrega de los misiles antiaéreos rusos S-300 a Irán incluían la autorización iraní para la utilización de esa base aérea por parte de los rusos. Putin quería que esos sistemas S-300 garantizaran la protección de los bombarderos pesados rusos desplegados en Irán. La versión de los S-300 entregada a Irán es la más poderosa (la S-300 PMU2), cuyas resultados están muy cerca de los resultados de los S-400. Hasta el momento de la Revolución Islámica de 1979, Estados Unidos había creado en Irán infraestructuras de aeródromos ultramodernos dotadas de grupos técnicos protegidos en bunkers para garantizar el funcionamiento, así como armar y garantizar el mantenimiento técnico de sus bombarderos pesados B-52 y de sus bombarderos supersónicos B-58 en caso de conflicto con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por consiguiente, los bombarderos pesados Tu-22M3, con alas de geometría variable, disponen en Irán de instalaciones muy superiores a las que existen en Siria. Lo mismo sucede en materia de almacenamiento y manejo de las municiones, y Rusia posee más de 70 bombarderos de ese tipo. En la plataforma de la base aérea siria de Hmeymim es técnicamente posible ensamblar y verificar electrónicamente el funcionamiento de dos bombas instaladas en los bombarderos ligeros Su-24, Su-25 y Su-

34. Pero cuando se trata de 40 o 90 bombas instaladas en la barriga de un bombardero Tu-22M3, hay que contar con la presencia de un grupo técnico especial, de numerosos especialistas en armamento y disponer de medios técnicos especializados. A finales de julio de 2016, el Ejército Árabe Sirio logró cortar la carretera de acceso de Castello, que conecta Alepo con la provincia de Idlib, en el Noroeste de Siria, territorio parcialmente ocupado por los yihadistas. Ese logro del Ejército Árabe Sirio dejó aislado a un grupo de 10 mil combatientes en el Este de Alepo. En una noche, los mercenarios lograron trasladar a Idlib alrededor de otros 10 mil combatientes que iniciaron dos contraataques en el Noroeste y el Sur de Alepo, en un intento de romper el cerco desde el exterior. Aunque varios drones rusos de reconocimiento detectaron con mucha antelación la formación de varias columnas que transportaban grandes cantidades de hombres, municiones y blindados, los pocos bombarderos rusos [presentes en Siria] sólo podían actuar sobre una de aquellas columnas a la vez. Se inició entonces una carrera a lo largo de los 55 kilómetros que separan Idlib de Alepo, distancia que los camiones y blindados de los yihadistas podían recorrer en 1 hora y 15 minutos. Luego de que los rusos fracasaran en su intento de imponer un cese de las hostilidades –el 27 de febrero de 2015–, los bombarderos rusos (Su-24 y Su-25) restantes en la base aérea de Hmeymim pueden realizar dos o tres incursiones diarias, ya que cada avión necesita un mínimo de 3 horas para realizar las operaciones de reabastecimiento y rearme y volver sobre el blanco que debe neutralizar. Cada uno de estos aviones llevan entre dos y cuatro bombas inteligentes de gran precisión (KAB-250 S/ LG de 250 kilogramos, KAB-500 L/Kr de 500 kilogramos y KAB-1500 L, guiada esta última por un sistema de televisión). Cada

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Los bombarderos buscan destruir las infraestructuras de los yihadistas, incluyendo los alijos de armas y municiones en Idlib y el Norte de Alepo

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avión puede ser equipado además con misiles aire-tierra teledirigidos del tipo Kh-29 L/T y T Kh-25 T (guiados por láser o por una cámara de televisión), que pueden ser lanzados a 10 o 12 kilómetros del blanco. Se sabe que si los yihadistas siguen oponiendo feroz resistencia a las fuerzas terrestres sirias es gracias a la protección que les ofrecen los túneles subterráneos que ya habían cavado anteriormente, gracias a la fragmentación del territorio en el Noroeste de Siria y al moderno armamento antitanque estadunidense con el cual se entrenaron. En un análisis publicado el 2 de diciembre de 2015 en el sitio web Réseau International, nosotros señalábamos que Rusia había cometido un gran error al vacilar en desplegar al menos 30 bombarderos pesados Tu-22M3, Tu-95MS e incluso Tu-160 en un país vecino, desde donde esos aviones podrían ejecutar vuelos cotidianos, con tres incursiones cada uno. La acción de los bombarderos consiste en garantizar la destrucción de las infraestructuras de los yihadistas, incluyendo los alijos de armas y municiones en la provincia de Idlib y en el Norte de la provincia de Alepo, al igual que la destrucción de los yihadistas. Los objetivos de los bombarderos pesados rusos se hallan en una franja de 70 a 80 kilómetros de largo y de 20 a 30 kilómetros de ancho, a lo largo de la frontera, entre las gobernaciones de Alepo, Idlib y Latakia. Sólo después de haberse limpiado mediante bombardeos esa banda fronteriza, el Ejército Árabe Sirio podrá garantizar el control de esa franja de territorio y la aviación rusa podrá extender sus bombardeos a otras regiones. A diferencia de los bombarderos tácticos Su-24, Su-25 y Su-34 que los rusos utilizan en Siria, un bombardero pesado Tu-22M3 cubre con sus bombas un área equivalente a varios terrenos de futbol en una sola misión. Por ejemplo, durante la invasión de Irak, en 2003, la coalición encabezada por Estados Unidos utilizó al-

Los objetivos de los bombarderos rusos se hallan en la frontera entre las gobern

rededor de 1 mil 400 aviones de combate y, en los primeros días de la operación, utilizó más de 100 bombarderos pesados estadunidenses B-2, B-52 y B-1B. El 15 de agosto de 2016, Al-Masdar News publicó fotografías de los tres primeros bombarderos pesados rusos Tu-22M3 desplegados en la base aérea de Hamadan, en el Oeste de Irán. Al día siguiente, varios Tu-22M3 y cuatro bombarderos ligeros Su34 atacaron objetivos del Estado Islámico (Daesh) y del Frente al-Nusra (ahora rebautizado como Frente Fatah al-Sham) en Seraquib (5 kilómetros al Este de Idlib), en al-


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ntre las gobernaciones de Alepo, Idlib y Latakia

Bab (Noreste de la gobernación de Alepo) y en Deir ezz-Zor. Anteriormente, formaciones de aviones rusos Tu-22M3 (con un alcance de 2 mil 500 kilómetros a plena capacidad de carga) habían realizado varios golpes aéreos en Siria, despegando desde la base aérea de Mozdok (en Osetia del Norte) y sobrevolando el Mar Caspio, Irán e Irak. Por tener que operar muy cerca del límite de su alcance táctico, fue necesario reducir la cantidad de bombas (entre 9 mil y 12 mil kilogramos) a la tercera parte de ese volumen, para poder embarcar una reserva más importante de

combustible. Los blancos bombardeados en Siria se hallan a más de 2 mil 300 kilómetros de la base aérea de Mozdok y esa distancia se recorre en unas 3 horas. Con el uso de la base aérea de Hamadan, la distancia se reduce a la tercera parte, es decir a 700 kilómetros. Al despegar desde Rusia, el trayecto de los aviones era frecuentemente descubierto por los satélites de una gran potencia mundial que avisaba a los grupos yihadistas sobre la inminencia de un ataque aéreo ruso, dándoles así tiempo a meterse en sus túneles subterráneos. El 23 de noviembre de 2015, un bombardero ruso Su-34 efectuaba fácilmente un aterrizaje en la base aérea iraní de Hamadan. Aquel avión, muy probablemente en camino hacia Siria, tuvo al parecer un fallo técnico y prefirió aterrizar en Hamadan. Allí esperó al equipo técnico, que llegó al día siguiente en un avión de transporte IL-76 para reparar el fallo. Los dos aviones abandonaron de inmediato la base aérea de Hamadan. Posiblemente, el despliegue de los bombarderos pesados rusos en la base aérea de Hamadan se pospuso en espera de que los cinco batallones de misiles antiaéreos rusos de largo alcance, entregados a Irán a partir del 15 de abril de 2015, estuviesen en disposición combativa y de que sus operadores terminaran su entrenamiento en condiciones de tiro real. Uno de los cinco batallones de S-300 fue instalado al Sur de Teherán, es decir a menos de 100 kilómetros de la base aérea de Hamadan. Los bombarderos allí desplegados se hallan por tanto bajo la protección de los misiles S-300 vendidos a Irán. El sistema antiaéreo ruso S-300 se compone de ocho lanzadores montados en el chasis de un vehículo de transporte, cada uno con cuatro misiles sobre la rampa. Es capaz de seguir simultáneamente 100 objetivos aéreos y de disparar contra 12 o 36 de esos objetivos a una distancia de más de 200 kilómetros.

El sistema antiaéreo ruso es capaz de seguir en forma simultánea 100 objetivos aéreos y de disparar contra 12 o 36 de esos objetivos a más de 200 km

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MISCELÁNEO

EX LIBRIS

INDÍGENA, MEXICANO, GUERRERENSE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, NUESTRO ESCRITOR ÁLVARO CEPEDA NERI

Para Cornelio M Castelo

I.

construcción de nuestro país, como A las páginas del narrador, aparece en la compilación de José orador que imparte cátedra Antonio Aguilar Rivera, La espada y de historia mexicana, poeta, la pluma: libertad y liberalismo en México: costumbrista, historiador, cronista, educador, abogado, periodista, nove- 1821-2005; FCE). II. El autor nos pone al frente de lista y biógrafo Ignacio Manuel Allos escritos de Altamirano, en el contamirano Basilio, debemos regresar texto de su cronología. Qué atinada una y otra vez. Y nada mejor que manera de entresacar la poesía, la hacerlo directamente en sus obras: El Zarco, Clemencia, Navidad en las mon- narración novelística, la literatura de este guerrerense premiado con una tañas, Julia, Cuentos de invierno. Orgubeca a los 14 años, para ingresar al lloso indígena con su idioma nativo Instituto Científico y Literario de de Tixtla, Guerrero (1843-1893). Toluca. Y aprende español con Discípulo, amigo y compañero las bases de su lengua indel Voltaire mexicano: Igdígena, para llegar a ser nacio Ramírez. Comprouno de los recreadores metido con la GeneraAutor: Ignacio Manuel Altamirano del idioma español ción de la Reforma, la Título: Selección por Vicente divorciado del peConstitución de 1857, Quirarte ninsular europeo. Su las Leyes para la sepaEditorial: Cal y Arena correspondencia con ración de la Iglesia y el Los imprescindibles Juárez, pero sobre todo Estado y del gobierno. con Ignacio Ramírez, es Todas esas facetas son muy literatura desde sus andanzas bien analizadas y expuestas por Mazatlán, Manzanillo, etcétera. por Vicente Quirarte en el libro: ¡Qué patriota! ¡Y qué gran escritor! Ignacio Manuel Altamirano. Un texto Debemos celebrar a ese doble mexibiográfico con una selección de entre las páginas dejadas por ese ilustre cano: indígena y nacionalista que supo ilustrarse con férrea voluntad soldado por las libertades demopara enriquecer su conocimiento cráticas del liberalismo político que de la historia patria; y sembrar litellegaba de España –que más que madre patria fue madrastra de nues- ratura en varias modalidades, que cosechamos al leerlo. En la década tra cenicienta nación–; de Inglatede 1990, la Secretaría de Educación rra, de Francia, de Italia (donde en Pública (SEP) editó su obra compleSan Remo, muere físicamente quien ta en 20 tomos; y esta compilación con la pluma y la espada defendió la

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de Quirarte es, como se deduce de la obra en general, apenas una introducción por la que vale el gusto empezar. III. Altamirano es una de nuestras glorias literarias que resume, desde la perspectiva mexicana-indígena-nacionalista, el sentir y querer de su época proyectados a nuestro tiempo. Testigo del amanecer cultural es, simultáneamente, un actor. Y dan testimonio de ello su prosa, sus versos y su palabra hablada, como que fue orador con una cultura universal. Invocaba a Pericles en su discurso: Democracia y libertad. Cita a Voltaire, a los griegos y los romanos. Juarista, no dudó en criticar a Juárez y hasta demandó su renuncia, pero los diputados ratificaron al oaxaqueño. Y nunca se perdió la relación de mutuo respeto por ese suceso del 17 de agosto de 1865. Esta magnífica selección con su obra completa, es para tener un panorama integral de este escritor que es honra de los maestros que, de entonces a la fecha, han enseñado a leer y escribir en todo el país, con la mística del educador que todavía es Altamirano, al leer lo que nos heredó quien participó en lo que fue nuestra gloriosa Revolución de Ayutla de 1854 con Juan Álvarez y Juárez. También fue fundador de la escuela Normal de Maestros y autor de la biografía de Ignacio Ramírez.



MISCELÁNEO

SOCIEDAD BETA

AUMENTAN EN MÉXICO LAS AMENAZAS A TELÉFONOS MÓVILES GONZALO MONTERROSA

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l rechazo a la innovación está lleno de miedos y prejuicios que en algunos casos resultan ciertos. Aun con eso, hay cambios que no se pueden detener y debemos entenderlos y protegernos. El comercio electrónico crece en todos los países a ritmos distintos, pero es algo que no se detendrá. Mucha gente se preocupa de ello y por eso prefiere mantener sus transacciones bancarias totalmente offline o sin intervención directa del internet. Prefiere enfrentar los riesgos físicos (como, por ejemplo, los asaltantes) a los cibercriminales utilizando alguna computadora. Es impensable aún para muchos hacer pagos utilizando el teléfono celular. Si el pago tiene fecha límite, se desconoce si pasará el mismo día, si llegará tarde o si un virus está esperando en el aparato para que digitemos las claves para despojarnos de nuestro capital y enfrentarnos después al banco y que nos digan que es nuestra culpa y fue nuestra responsabilidad. Evitar al máximo el uso de la tecnología para realizar pagos no suena tan retrógrada: es hasta inteligente evitarlo si no se entienden ni dominan las aplicaciones electrónicas desarrolladas para esas funciones.

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Otro riesgo es sin duda el malware, mérica; e incluye a México en su lista de países con más ciberataques. los programas informáticos diseñaDentro del malware el más pelidos para robar esa información que groso es el troyano, un pequeño proda acceso a las cuentas bancarias. grama que una vez instalado puede Según la compañía de software cerrar programas antivirus y descarantivirus Kaspersky Lab, durante el gar e instalar programas más segundo trimestre del 2016 sofisticados para acceder a realizó más de 1 millón la información o tomar 132 mil bloqueos conPor los riesgos, evitar control del equipo. tra ataques de malwaal máximo el uso de la De acuerdo con re financiero. tecnología para realizar la empresa PSafe, Estos ataques se pagos no es tan retrógrada. simplemente de han incrementado Si no se entienden ni dominan las aplicaciones febrero a marzo de un 15.6 por ciento electrónicas desarrolladas 2016 se detectaron en comparación para esas funciones es 645 mil tentativas con el primer semesmejor no usarlas de amenazas, un intre del año pasado. cremento de un 50 por La idea tradicional ciento en comparación con es que son problemas que enero. atañen sólo a las empresas; sin Y la situación es agravada porembargo, al generalizarse el uso de que, por un lado, los nuevos usuarios dispositivos móviles entre la poblano conocen los riesgos y fácilmente ción, todos quedamos expuestos. Así son engañados por páginas que que, para empeorar el escenario, terminan instalando malware en sus Kaspersky también indica que en equipos haciéndolos caer en trampas este segundo trimestre del 2016 han como el pishing, que simulan ser un aumentado las amenazas a los dissitio real cuando se trata de un sitio positivos móviles de 31.6 a 45.1 por falso. Por el otro, también influyen ciento. El informe del primer trimestre de los retrasos con los que las empresas tardan en actualizar sus plataformas 2016 de la empresa antivirus Panda con los parches de seguridad actuaLabs indica que las zonas más afectalizados. das por ataques son Asia y Latinoa-


En México cada vez más gente navega por internet utilizando sus teléfonos inteligentes: son más baratos que una computadora, los pueden llevar a todas partes y pueden llamar o enviar mensajes de texto, voz y fotos. Además, después del rechazo inicial a las redes sociales a las que las personas mayores no les encontraban sentido, son ellas ahora quienes rápidamente se incorporan y se reconectan con amistades perdidas de la infancia. Aunados a los jóvenes, representan un incremento permanente en el uso de dispositivos móviles. Quizá por ello encontramos en datos de la firma Trend Micro que, al terminar el segundo trimestre del año, México ocupaba ya la cuarta posición en el índice global de propagación de virus en smartphones. Entre las recomendaciones para utilizar el teléfono móvil y evitar riesgos están: Bajar únicamente aplicaciones desde Google Play, no instalar aplicaciones fuera de la plataforma si es Android o no hacer jailbreak al Iphone. Probablemente pueda parecer una camisa de fuerza, pero al desconocer el mundo de las apps es mejor iniciar poco a poco y con seguridad. Después, si hay la necesidad, investigar sobre los riesgos y beneficios que existen al modificar el teléfono para poder instalar aplicaciones externas y saber cómo disminuir los riesgos. Recuerda que nadie nace sabiendo todo. En caso de que realices regularmente transferencias de dinero entre bancos, proveedores y clientes desde tu teléfono, sería buena idea instalar una solución de seguridad en los dispositivos móviles. Hay muchas empresas, además de las que aquí se han mencionado, que pueden brindar un mínimo de seguridad. Consulta las ventajas y desventajas así como costos.

MISCELÁNEO

123RF

SOCIEDAD BETA

Sin embargo, si no quieres gastar en un antivirus para tu teléfono, aún puedes protegerte, cuidando el uso y los sitios que navegas. Evita páginas web sospechosas y no hagas clic en enlaces que no indiquen claramente a dónde te enviarán. Si te aparece un botón de aceptar y no habías hecho clic en ningún lado, presiona el botón de “regresar” de tu teléfono

para cancelarlo. Esas páginas regularmente usan el morbo para atraer a los visitantes. Las reconocerás poco a poco pues son muy distintas a las páginas que tienen un mínimo de seriedad. Verás también muchos banners colocados por todas partes o con mensajes que buscan confundirte para que hagas clic y sigas leyendo la información.

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OPINIÓN PASO A DESNIVEL

PAR DE BURROS

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MIGUEL GALINDO



ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2016

Año 15 • Número 503 • $30


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