Contralínea 527

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 20 al 26 de febrero de 2017

Año 15 • Número 527 • $30

OPINIÓN NUESTROS LECTORES

DIRECTOR Miguel Badillo oficiodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES

LAS BATALLAS

POR LA LIBERTAD DE ARTURO

INFORMACIÓN Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx EDICIÓN Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx WEB Gonzalo Monterrosa info@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR Jorge Melendez Preciado jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Miguel Concha Malo educacion@derechoshumanos.org.mx Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa samuellaravilla@gmail.com Ariel Noyola noyolara@gmail.com Adrián Ramírez presidencia.limeddh@gmail.com ASISTENTE WEB Armando Covarrubias ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 SUSCRIPCIONES Y VENTA DE LIBROS 5554-9192 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF 4

febrerodede2017 2017 20 de enero

En el camino hacia la búsqueda de justicia que emprendió Arturo Campos en contra de los procesos penales que injustamente le fueron iniciados, se ha dado un paso más para demostrar no sólo su inocencia sino también las técnicas del Estado para criminalizar el modelo de justicia comunitario de la Coordinadora Regional Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), donde sin pruebas ni elementos suficientes se sostienen acusaciones que han privado de la libertad a varios líderes indígenas que han buscado defender sus comunidades de la ola de violencia que azota su territorio.

El pasado 14 de febrero se llevó a cabo un careo entre Arturo Campos y las personas señaladas como agraviadas en uno de los procesos penales seguidos en su contra. En sus declaraciones, cada una de las personas no sólo no hicieron ningún señalamiento en su contra sino que además puntualizaron que en ningún momento se les exigió dinero a cambio de su liberación, siendo que la privación de su libertad se debía a infracciones que cometieron dentro de sus comunidades. Además el Ministerio Público que inició la acusación no estuvo presente en la diligencia, lo que en un principio deja duda en su actuar.

Tal diligencia, visibiliza las fallas estructurales en el sistema de justicia penal, así como su uso faccioso y discrecional, en el cual acusacio-

nes sin fundamentos logran sustentarse durante años. En el presente caso, no existen elementos que permitan complementar el tipo penal de secuestro ni una actuación ilegal por parte del sistema de justicia comunitaria; lo que es prueba fehaciente de un intento de criminalización de la CRAC-PC. Ante el contundente derrumbe de la imputación que le hacen en contra de Arturo Campos Herrera, en estricto apego a los principios de legalidad y justicia el juez de la causa está obligado a emitir la libertad inmediata de Arturo Campos Herrera toda vez que han quedado totalmente desvanecidas las imputaciones que realizan en su contra.

Por ello como Centro de Derechos Humanos exhortamos al Juez de Primera Instancia en materia Penal y al Poder Judicial del Estado (PJEG) para que se apegue a la legalidad. Se ha demostrado que Arturo Campos Herrera pertenece a un sistema de justicia comunitario bajo el amparo de la ley 701, de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero, convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el Articulo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre su derecho a la autodeterminación.

Tlapa de Comonfort, Guerrero.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Organizaciones y académicos exigen detener Ley de seguridad interior En el marco de las iniciativas presentadas para dar un marco legal que regule la presencia de las Fuerzas Armadas en el país y la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior, organizaciones de la sociedad civil, así como integrantes de la academia dieron a conocer hoy en conferencia de prensa las preocupantes consecuencias que puede tener la aprobación de dicha Ley. Las víctimas de la militarización de la seguridad pública, organizaciones cívicas e integrantes de la academia, urgimos al Congreso de la Unión a detener de manera inmediata la aprobación de la Ley, ya que al legalizar el uso de las Fuerzas federales, especialmente militares, en tareas de seguridad pública reduce y desincentiva el fortalecimiento y la profesionalización de las corporaciones policiales, quienes constitucionalmente debieran asumir dichas tareas.

La Ley de Seguridad Interior representa una afrenta a las recomendaciones que diversos organismos internacionales han dado a México. Resulta apremiante que las y los legisladores tomen en cuenta las manifestaciones en contra de la aprobación de esta Ley tanto de organizaciones nacionales, como organismos internacionales por considerarla riesgosa para la

NUESTROS LECTORES

población y poco efectiva para lograr la reducción de la violencia desencadenada desde la implementación de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico en 2006.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de su visita in loco en 2015, mostró su preocupación debido al incremento de violencia y de las violaciones a derechos humanos en México, en el marco de la estrategia de seguridad militarizada. La CIDH consideró indispensable que el gobierno mexicano presente un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

De la misma manera, el señor Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como parte de sus 14 recomendaciones emitidas a México, expuso la necesidad de promover un enfoque de seguridad pública en línea con los derechos humanos.

Tal y como hemos señalado con insistencia, legislar en materia de seguridad interior es inconstitucional y contraria al derecho internacional de los derechos humanos. Ninguna ley puede militarizar la seguridad pública ni restringir o suspender ningún derecho para garantizar la seguridad de la ciudadanía salvo que se trate de decretos emitidos en el marco del Artículo 29 constitucional.

Ante la falta de un análisis o estudio basado en evidencia empírica que constate, en el contexto actual de México, que la actuación militar es la vía adecuada para garantizar la prevención, investigación y sanción de delitos, urgimos al Congreso de la Unión detenga la aprobación de la Ley. Toda ley o estrategia aprobada en materia de seguridad debe disponer de bases constitucionales que permitan una efectiva rendición de cuentas, protección de los derechos fundamentales y la

creación de recursos efectivos en caso de que se presenten abusos y violaciones.

La evidencia hoy disponible muestra graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones, y ejecuciones a manos de militares. Estos casos tendrían que ser tomados en cuenta por las y los legisladores para evidenciar la urgencia de adoptar una Ley que regule el uso de la fuerza, restrinja las tareas de inteligencia, obligue a la transparencia y dote de seguridad a las y los ciudadanos frente a la actuación de las fuerzas armadas, antes de aprobar una iniciativa que legalice que el Ejército realice tareas de seguridad pública como son la detención, la prevención e investigación del delito, como pretende la mencionada Ley. Las organizaciones e integrantes de la academia insistimos en la necesidad latente que las y los legisladores escuchen a las víctimas de la política de seguridad militarizada y realicen un diagnóstico, documentado y debidamente sustentado en evidencia, de los resultados y consecuencias que ha tenido la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública durante los últimos 10 años.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Centro de Derecho Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Condenan represión al movimiento social de Baja California Al pueblo de Baja California; al pueblo mexicano; a los medios de comunicación: Los abajo firmantes rechazamos la violencia del Estado y la detención de nuestros compañeros y compañeras durante los sucesos acaecidos alrededor de las 8:00 de la mañana del

pasado lunes 13 de febrero en Mexicali, Baja California.

El día lunes 13 de febrero alrededor de las 8:00 horas cientos de elementos policiacos se apersonaron en las instalaciones del palacio municipal de Mexicali y con lujo de violencia retiraron a los compañeros y las compañeras que mantenían tomadas las instalaciones en exigencia de que les sean cumplidas sus demandas. Fueron detenidas arbitrariamente y puestas en libertad hasta en la noche: Jorge Benites; Jorge Brambila; Ignacio Gastelum, diabético de la tercera edad; Filberto Sánchez, de la tercera edad; José Guadalupe Montoya; Lupita Mora Santa Cecilia; Benjamín Gutiérrez; Mario Sotelo Jiménez Orta y dos compañeros más no identificados.

El aumento a la gasolina el 1de enero de 2017 aunado a la aprobación, el 21 de diciembre de 2016, de la Ley Estatal del Agua de Baja California detono una serie de movilizaciones históricas en los 5 municipios de la entidad, en esta serie de movilizaciones han sido liberadas en su totalidad las casetas de peaje del estado, las garitas entre México y Estados Unidos, la toma de la central de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Rosarito, en este último producto indirecto del desalojo pierde la vida una persona de la tercera edad y la toma de las instalaciones del gobierno y Congreso del estado. Resultado de lo anterior, el sábado 11 de febrero en reunión plenaria en la ciudad de Mexicali, representantes de colectivos y organizaciones de los cinco municipios de la entidad decidimos conformarnos como Asamblea Estatal Baja California Resiste.

La actitud de quienes legítimamente mantenían cerradas las instalaciones municipales en Mexicali fue en todo momento pacífica. Por lo tanto, no hay ningún elemento que justifique la represión y detención de

OPINIÓN

compañeros y compañeras.

Ante estos estos repudiables sucesos exigimos: 1. El cese inmediato de cualquier intento de intimidación, provocación y/o hostigamiento de cualquier corporación policial o castrense, de cualquiera de los tres niveles de gobierno, contra las y los compañeros manifestantes.

2. Se abra un proceso en contra de los autores intelectuales y materiales de las lesiones que pudieran sufrir las compañeras y compañeros detenidos.

3. Se respeten de manera íntegra los derechos de manifestación y expresión consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nos oponemos tajantemente a cualquier intento de criminalizar la protesta social.

Si el pueblo de Baja California se ha visto en la necesidad de salir a las calles, cerrar las oficinas gubernamentales, y exigir sus derechos, se debe a la falta de capacidad, sensibilidad y atención que han tenido los tres niveles de gobierno.

Exigimos que sea mediante el diálogo que se diriman las demandas y exigencias que el pueblo de Baja California.

Ensenada, Baja California.

Atentamente, Colectivo Estudiantil Cimarrones; Colectivo Marcha de las Putas; Concejo para la Protección de los Derechos de la Diversidad Sexual; Frente Musical Orquestatario

Impunidad en ejecución extrajudicial de Gumaro Amaro Al pueblo en general; a los medios de comunicación, nacionales e internacionales; a los medios de comunicación independientes; a las organizaciones democráticas e independientes: El 17 de febrero de 1989, como parte del terrorismo de www.contralinea.com.mx

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Estado y siendo gobernador de Puebla Mariano Piña Olaya, se ejecutó extrajudicialmente con al menos nueve disparos al luchador social Gumaro Amaro Ramírez, de apenas 37 años de edad, frente a su domicilio ubicado en la colonia San Manuel.

Cabe destacar que nuestro compañero tuvo una sólida formación científica, artística, humanista y deportiva; como parte de ésta, estudió antropología social, derecho, economía y artes plásticas, y practicó futbol americano y natación.

Esta formación estuvo siempre regida bajo principios ético-morales firmes que lo condujeron a desarrollar una consciencia de clase y a llevarla a la práctica de manera consecuente en la lucha por la liberación del pueblo.

Como parte de su práctica política, movilizó, politizó y organizó diversos sectores populares, al igual que desempeñó el cargo de consejero universitario independiente en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP). En la década de 1970, fue el principal dirigente del Consejo General Campesino (CGC), que llegó a movilizar a 20 mil campesinos de la comarca del riego de Valsequillo. En Tehuacán, consiguió el registro del Sindicato Único de Trabajadoras de la Industria de la Confección (SUTIC), e impulsó la organización en las granjas avícolas de la región. Formó la Unión de Trabajadores del Campo en la Sierra Norte del estado y asesoró a sus integrantes política y jurídicamente para que éstos lograran demandas tales como tarifas bajas del servicio de la energía eléctrica.

Hacia 1981, fundó la Unión por la Organización de los Estudiantes (Upoe), organización que defendió el derecho a la educación crítica, científica y popular, y que dio origen a diversas casas de estudiantes para que jóvenes de escasos recursos pudieran terminar sus estudios universitarios (de las cuales to6

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das, salvo la Casa de Estudiantes “Emiliano Zapata”, fueron violentamente desalojadas en la década de 1990 por el Estado mexicano y la rectoría de la universidad). Asimismo, fundó la Unión de Ejidatarios y Colonos de Cholula, organización que dio vida a la colonia popular 2 de octubre, y la Unión de Amas de Casa de Puebla, organización que llegó a aglutinar hasta 25 mil colonos, cuyas demandas comprenden la implementación de tarifas bajas para servicios básicos y la oferta de la canasta básica a un precio accesible.

La vida laboral del compañero en la UAP se desarrolló desde 1981, y hasta su ejecución extrajudicial se desempeñó como técnico mimeografista en la Preparatoria Benito Juárez.

Su trabajo político-organizativo en el movimiento popular independiente trascendió a nivel nacional, lo que representó un inconveniente para el Estado, motivo por el cual el compañero vivió bajo constante represión. En 1988, como parte de una escalada represiva, el compañero fue detenido-desaparecido, torturado y amenazado de muerte en los sótanos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

La persistencia del compañero Gumaro Amaro en el trabajo político hizo evidente su convicción inquebrantable; de ahí, que el Estado tomara la medida extrema de su ejecución extrajudicial, mediante la cual se buscó desarticular y sembrar el terror en las organizaciones que el compañero impulsó y en todo el pueblo que se organizara.

Inmediatamente después de su ejecución, durante varios días, se realizaron acciones políticas de masas exigiendo el esclarecimiento y castigo a los culpables materiales e intelectuales del crimen de lesa humanidad cometido. Hasta el momento, continuamos exigiendo el esclarecimiento del

caso, así como el juicio y castigo a los responsables, a lo cual el Estado se niega.

En 2012, organizaciones populares solicitamos al Congreso del Estado que coadyuvara para el juicio y castigo a los culpables de la ejecución extrajudicial de los compañeros Gumaro Amaro Ramírez y Fermín Mariano Matías (luchador social detenido-desaparecido y ejecutado extrajudicialmente en 2009); también se presentó en ese año una solicitud para la legislación de una Ley contra la Desaparición Forzada. La negativa del Estado a cumplir estas solicitudes muestra que la justicia en estos casos afectaría intereses de sus integrantes.

La ejecución extrajudicial del compañero Gumaro Amaro no marcó el final de la represión contra su trabajo organizativo: nuestra familia ha recibido constantemente acoso de parte del Estado y del rapaz gobierno universitario que sucedió a Malpica Uribe. Especialmente yo, María de Lourdes Ayometzi Rojas, viuda del compañero Amaro Ramírez, he sido víctima de acoso por parte de las autoridades de nuestra máxima casa de estudios.

Tres meses después de la ejecución extrajudicial del compañero Gumaro, en un acto legítimo y legal, se me otorgó la plaza de técnico mimeografista que mi compañero tenía en la Preparatoria Benito Juárez y que me correspondía por derecho, de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo de la UAP de ese entonces. Dado que el Contrato Colectivo establecía el derecho de jubilación tras laborar 25 años y que mi compañero comenzó en 1981, yo debí haberme jubilado desde 2006. En 1992, siendo rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) José Doger Corte, como parte de una ola de represión política, me hostigaron y me obligaron a firmar mi renuncia (esto por

una cuestión meramente política).

En 2001, como respuesta a una solicitud de trabajo que realicé en la BUAP, se me aceptó nuevamente; no obstante, se me asignó la categoría más baja del tabulador: Auxiliar de Servicios, cargo que desempeño en la Facultad de Economía; asimismo, la recontratación se realizó sin el reconocimiento de mi antigüedad laboral. Todas estas violaciones a mis derechos laborales fueron promovidas y auspiciadas por el rector en turno Enrique Doger Guerrero, como parte de la campaña represiva en contra de mi familia.

Desde 2014 se ha solicitado de manera constante a los miembros del honorable Consejo Universitario de la BUAP que se pronuncien por el esclarecimiento de la ejecución extrajudicial del compañero universitario, luchador social y revolucionario Gumaro Amaro Ramírez, por el reconocimiento de mis derechos laborales y por la reparación de los daños causados por la rectoría de la universidad en contra de mi persona; sin embargo, existe una feroz resistencia a todo esto por parte de la administración central de la universidad, representada por el actual rector Alfonso Esparza Ortiz, guardián de los intereses de la burguesía en nuestra máxima casa de estudios. Lo anterior pone de manifiesto que el actual rector realiza un acto demagógico al anunciar que promueve el diálogo como camino a la justicia y a la pacificación.

Esto es una muestra clara de que el terrorismo de Estado es una política generalizada del Estado burgués contra las clases oprimidas con el objetivo principal de desarticular el movimiento popular mediante el terror y aniquilamiento de sus integrantes, el caso del compañero Gumaro Amaro Ramírez se suma a la larga lista de crímenes de lesa humanidad que

laceran a nuestro pueblo. ¡Presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos! ¡Liberación inmediata de todos los presos por motivos políticos en nuestro país!

Puebla de Zaragoza a 13 de febrero de 2017.

Fraternal y combativamente, por la unidad obrero, campesina, indígena y popular, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

Por una verdadera Comisión que busque a los desaparecidos Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada queremos dar a conocer nuestras preocupaciones respecto a la propuesta del Ejecutivo de crear una Comisión Nacional de Búsqueda que no cumple con los estándares internacionales en derechos humanos ni con las exigencias de las familiares víctimas de desaparición forzada.

A pesar de que como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada entregamos en 2015 en el Senado y 2016 en la Cámara de Diputados una Iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada de personas y desaparición de personas cometida por particulares que contempla mecanismos efectivos de búsqueda e investigación en materia de desaparición forzada, el Ejecutivo no sólo no ha tomado en cuenta ésta propuesta y otras que se han elaborado desde la sociedad sino que incumple con su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos.

Resultado de lo anterior: el incremento de las desapariciones forzadas en el país y la falta de voluntad política para erradicar y sancionar esta grave violación a los derechos humanos.

Como Campaña considera-

mos que la discusión de la Ley General contra la Desaparición Forzada debe darse de cara a la sociedad, con transparencia y rendición de cuentas. En este sentido hacemos del conocimiento público nuestras preocupaciones respecto a la propuesta del Ejecutivo.

1. Una Comisión Nacional de Búsqueda que no busca El Ejecutivo propone conformar una Comisión que no realizará acciones operativas de búsqueda en campo, ni tendrá facultades para poder incidir directamente en la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

La cual es una propuesta completamente distinta a la realizada por los familiares y organizaciones que durante meses hemos estado trabajando en la propuesta de Ley. Propone crear una Comisión Nacional de Búsqueda que no contempla la participación real de familiares ni organizaciones de la sociedad en las acciones de coordinación ni desarrollo de ésta, que no contempla presupuesto propio, ni independencia para su actuación.

Una Comisión Nacional de Búsqueda que no contempla la creación de una fuerza especializada para la búsqueda e investigación de casos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares y que carece de una propuesta real por parte del Estado de cómo o quién se encargará de buscar e investigar las desapariciones forzadas de las décadas de 1960, 1970 y 1980.

2. Una Comisión Nacional de Búsqueda que encubre la falta de voluntad política para erradicar las desapariciones forzadas El Estado mexicano sigue insistiendo que no cuenta con recursos materiales ni humanos para implementar ninguna instancia especializada para la búsqueda, investigación o iden-

tificación, por lo que de antemano tira a la basura la exigencia de las familias y organizaciones de derechos humanos de crear una instancia autónoma que se encargue de resguardar el banco de ADN, y realice la investigación forense. Es decir, no hay voluntad política para crear el Instituto Nacional Autónomo de Antropología Forense.

El Estado mexicano reiteradamente ha hecho caso omiso de las exigencias de cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos con el pretexto de poner en funcionamiento de manera inmediata, después de promulgada la Ley, los “mecanismos” propuestos por el Estado, los cuales a todas luces son insuficientes para atender la gravedad de las desapariciones forzadas en el país.

El Ejecutivo argumenta que sólo existe un problema de coordinación entre autoridades y que no se necesitan crear instancias nuevas para investigar y sancionar las desapariciones forzadas, con lo cual no sólo evade su responsabilidad en las miles de desapariciones forzadas en el país sino que no se propone crear políticas e instituciones eficaces que permitan la búsqueda, investigación y sanción de los responsables.

Por todo lo anterior, como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, exigimos como lo hemos hecho al Estado mexicano desde hace 7 años, la promulgación de una Ley General contra la Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares que cumpla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y con las exigencias de las familias, organizaciones de derechos humanos, populares e indígenas.

Los derechos a la verdad, a la memoria, a la justicia, a la reparación integral y a las medidas de no repetición no son negociables. Son exigencias que el Estado está obligado a

cumplir y son la garantía de que no se vuelva a cometer está grave violación a los derechos humanos.

Presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, el indígena chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos Rene Román Salazar, los activistas Teódulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 30 mil víctimas de desaparición forzada en México.

Por una Ley contra la desaparición forzada elaborada por las víctimas, organizaciones de derechos humanos, populares e indígenas.

Por el castigo a los autores materiales e intelectuales de este crimen contra la humanidad.

Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.

Atentamente, Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México: Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental, Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero,Taller de Desarrollo Comunitario, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Brigada Multidisciplinaria, Ajusco Radio y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos www.contralinea.com.mx

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CONTENIDO

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PORTADA

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TRUMP Y GASOLINAZO DERRUMBAN ECONOMÍA MEXICANA El efecto Trump y el gasolinazo agudizan la crisis económica de México

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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 15, número 527, del 20 al 26 de febrero de 2017– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea. com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certifi cado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 17 de febrero de 2017. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91.

CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente refl ejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión, SA de CV.

OPINIÓN 10 OFICIO DE PAPEL EU PROPONDRÁ “FUERZAS DE TAREA” PARA INTERVENIR MÉXICO Miguel Badillo 12 ZONA CERO RADIOGRAFÍA DE UN SISTEMA POLÍTICO CORRUPTO Zósimo Camacho 14 AGENDA DE LA CORRUPCIÓN A LA DERIVA, LA SEGURIDAD NACIONAL DE MÉXICO Nancy Flores 16 DEFENSOR DEL PERIODISTA EL REGRESO DE CARMEN ARISTEGUI A LA INFORMACIÓN Y LA CRÍTICA Álvaro Cepeda Neri ARTÍCULOS 18 TRUMP: AMENAZA Y OPORTUNIDAD Andrés Mora Ramírez/PL 20 ¿SACARÁ TRUMP A ESTADOS UNIDOS DE LA ONU? Baher Kamal/IPS 22 MUJERES: AÚN UNA LARGA LUCHA EN EL MERCADO LABORAL Clara Presman/CCS

Circulación certificada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

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24 CAMBIA AGRICULTURA O ADIÓS A DOS TERCIOS DE LAS ESPECIES DEL PLANETA Silvia Martínez/Prensa Latina

CONTENIDO

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INVESTIGACIÓN 26

PORTADA Trump y gasolinazo derrumban economía mexicana Nancy Flores

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SOCIEDAD Víctimas del delito, rehenes del gobierno José Réyez

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LÍNEA GLOBAL Argentina critica a Trump, pero se endurece contra los migrantes Daniel Gutman/IPS

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LÍNEA GLOBAL Nigeria: niñas y mujeres usadas como armas de guerra Antonio Paneque Brizuela/PL

ANÁLISIS 50

INTERNACIONAL América Latina y el pueblo estadunidense, una alianza impensada Juan J Paz y Miño-Cepeda/PL

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INTERNACIONAL Trump: los negocios y la guerra Thierry Meyssan/Red Voltaire

ESPECIALES 60

OCHO COLUMNAS “Decomisos”, arreglados con la maña Ramón Eduardo Ortiz León

Imagen de portada: 123RF

MISCELÁNEO

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SOCIEDAD BETA La importancia de los usuarios para las redes sociales Gonzalo Monterrosa

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EX LIBRIS Jean Tulard: la enésima biografía de Napoleón Bonaparte (1769-1821) Álvaro Cepeda Neri www.contralinea.com.mx

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OPINIÓN OFICIO DE PAPEL

EU PROPONDRÁ “FUERZAS DE TAREA” PARA INTERVENIR MÉXICO MIGUEL BADILLO

L

a violencia verbal y física que en los pocos políticas que le impidieron gobernar con independías al frente del gobierno estadunidense ha dencia y mantener control del país.

Ese riesgo de intervención a México por parhecho Donald Trump en contra de México (considerando a migrantes e indocumentados que te de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se trabajan y viven en aquel país y que son arrestados repite ahora con mayor intensidad, ante un presipara deportarlos o procesarlos penalmente) no es dente mexicano agobiado y desconcertado y un nueva por parte de las autoridades gubernamen- gabinete sumamente débil que no sabe qué hacer ante los embates diarios de Trump. tales de ese país.

La advertencia del presidente de Estados UniEn el gobierno de Barack Obama, las tropas de Estados Unidos –también bajo el argumento dos en la llamada telefónica de hace unas semanas del narcotráfico y la violencia, igual como ahora lo al presidente Enrique Peña Nieto, de que enviaría hace rabiosamente Trump– generaron un clima tropas a México para ir en contra los “bad homintervencionista mediante declaraciones constan- bres”, abre con mayor intensidad una posible intervención militar directes de funcionarios y ta en contra de México militares, sin descontar Desde 2011, Estados Unidos manifestó o disfrazada de “fuerzas que Organización de las Naciones (ONU) su intención de enviar tropas a México de tarea militar” para Unidas también se –las fuerzas de tarea– para combatir al “cooperar” con las Fuerzas Armadas mexisumó a la crítica con- narcotráfico. La ONU respaldó la idea canas. tra México y, mediante Este clímax sobre un pronunciamiento una posible intervención militar también fue revelaen aquel momento, preparó el camino para que “fuerzas de tarea” estadunidenses ingresaran a te- do en su momento por WikiLeaks, que dio a conorritorio nacional, al asegurar que las bandas del cer las críticas del gobierno de Estados Unidos en narcotráfico que operan en el país son una “su- contra del Ejército Mexicano, de los cuerpos policiales y contra el mismo presidente de la República, perpotencia”.

Recordamos ahora que hace 6 años, en 2011, a quienes la diplomacia estadunidense considera hicieron declaraciones jefes policiales y funciona- incapaces de hacerle frente al crimen organizado, rios del Departamento de Estado, incluida Hillary el cual mantiene en jaque al país y ha desatado la Clinton; después se sumaron militares y represen- peor violencia de que se tenga memoria, con cerca tantes de agencias de inteligencia estadunidenses, de 200 mil muertos en 10 años, cifra muy superior para quienes la debilidad del entonces presidente a todas las víctimas de las guerras ocurridas en Irak Felipe Calderón se tradujo en fuertes presiones y Libia, países a los que invadió Estados Unidos.

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OPINIÓN

123RF

OFICIO DE PAPEL

Ante ese preocupante panorama intervencionista, se confirma que el próximo jueves 23 de febrero arribarán a México los secretarios de Estado y de Seguridad Interna de Estados Unidos, Rex Tillerson, y Jhon F Kelly, respectivamente, y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que vienen a dialogar con funcionarios de alto nivel sobre temas bilaterales para continuar los acercamientos y el diálogo “en favor de una relación respetuosa, cercana y constructiva entre ambos países”.

Por supuesto que hasta hoy no ha habido una sola acción de respeto por parte de Trump y su equipo, así que la próxima llegada de ambos funcionarios estadunidenses ha puesto en alerta a todo el gabinete de Peña, pues sin duda el tema principal que abordarán será la seguridad interna de Estados Unidos y el trabajo que pedirán a México hacer en contra del crimen organizado y el tráfico de drogas, a fin de evitar que éstas crucen la frontera hacia el vecino país.

Como tema principal en la agenda de los fun-

cionarios estadunidenses, será que México permita a militares y miembros de las agencias policiales e inteligencia de Estados Unidos que “colaboren” directamente con las Fuerzas Armadas mexicanas para combatir al narcotráfico, igual como sucedió en Colombia, en donde los militares estadunidenses tomaron el control del país. Esto representa una abierta intervención y violación a la soberanía nacional.

La duda es qué posición asumirá el gobierno mexicano ante esta presión de Estados Unidos, y sí el gobierno de Peña se atreverá a autorizar públicamente esa intervención disfrazada de “colaboración” en el combate contra el narcotráfico.

Un problema más es la comunicación que salga de los acuerdos alcanzados por los dos países, pues en los últimos días hemos visto como Estados Unidos da versiones distintas a las que informa el gobierno mexicano, lo cual se ha traducido en una aguda crisis en México, que revela la sumisión del gobierno ante su homólogo estadunidense.

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OPINIÓN ZONA CERO

RADIOGRAFÍA DE UN SISTEMA POLÍTICO CORRUPTO ZÓSIMO CAMACHO

A

Lorenzo Meyer le preocupa el juicio de la Historia. Se siente avergonzado por el desastre que hoy es México y quiere dejar constancia de que no todos los mexicanos de hoy somos responsables de la tragedia que ya vivimos y que, todo parece indicar, se profundizará.

Quiere que, en 100 años, cuando los historiadores se asomen al derrumbe del México de principios del Siglo XXI, haya constancia de que los mexicanos “no estábamos hechos unos idiotas”. Si se quiere, “estábamos sin capacidad para transformar nuestra realidad, pero que no nos tomen por imbéciles”.

Por ello, escribió un libro. Y lo tituló Distopía mexicana. Perspectivas para una nueva transición.

Serio, pero sin dejar de ser afable, insiste: “Que cuando se nos juzgue, se vea que hay testimonios como este libro en los que queda claro que no nos creíamos lo que los poderes formales y fácticos nos quieren hacer creer. No. Había una visión crítica”.

El resultado, una apretada radiografía del país en 12 capítulos y 367 páginas: un retrato del convulso México en los umbrales de la era Trump, la reconfiguración de los bloques geopolíticos, la crisis de credibilidad y viabilidad de la “clase política” y los medios de comunicación, la violencia, el petróleo y la economía.

Agudo, preciso, el discurso de Meyer no pretende, sin embargo, arengar a nadie.

Tampoco está dedicado estrictamente al público académico. Y sabe que aunque está hecho principalmente con el cerebro, lleva

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también entrañas. Y es que cómo no tomar una posición ante lo que sucede. Cómo no indignarse. Y transformar esa indignación en nuevos derroteros de investigación.

Desde una cálida cabaña por los rumbos del Surponiente de la Ciudad de México, cauto, sonriente, ataja: “No puedo reclamar objetividad; ni yo ni nadie. La objetividad es un enfoque. El lector podrá sacar de él lo que quiera. Lo que ponga en duda, lo que no le convenza, pues que lo haga a un lado. Hice lo mejor que pude”.

Así, habrá enfoques en los que los lectores podrían discrepar; pero el libro tiene la virtud de presentar un diagnóstico de un sistema político disfuncional; desnuda a la casta política en su principal característica: la corrupción.

Todos los capítulos cuentan con información precisa, desde la que se construyen los análisis y las conclusiones de cada apartado. Pero el que dedica a los vínculos de México con Estados Unidos es acaso el de mayor urgente lectura.

Como el resto del libro, “La relación con la gran potencia” fue escrito antes de que Trump ganara las elecciones. Incluso, nos confía Meyer, cuando “ni siquiera se vislumbraba como posible candidato viable”. Sin embargo, ya está ahí la explicación de la actual postración mexicana ante los estadunidenses, cómo las elites gobernantes entregaron al país a cambio de cierta estabilidad para ellas. Incluso, ofrece datos y reflexiones que trascienden los últimos sexenios. Queda claro cómo desde los tratados de Guadalupe, con los que México cedió la mitad de su territorio, siguen rigiendo el corazón

ZONA CERO

de una relación abismalmente asimétrica e intensa.

Hoy, nos informa Meyer en su libro, Estados Unidos cuenta con una población de 50.5 millones que se define “hispana”, una sexta parte del total de habitantes de ese país. Y del total de hispanos, casi 32 millones son de origen mexicano. Cabe señalar que 12.7 millones de

estos mexicanos nacieron en México y más de 7 millones se encuentra de aquel lado de la Frontera de manera irregular (sin papeles).

Pero no es todo. En la parte de la relación política, en el libro sobresale que gracias a la tecnología “y a una enorme inversión en estructuras de espionaje, el aparato de inteligencia norteamericano está en posibilidad

OPINIÓN

de saber mucho más de lo que los ciudadanos mexicanos saben en relación, por ejemplo, con los intríngulis de la reforma petrolera”.

No en balde, recuerda, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) opera en México desde 1951 y el Buró Federal de Inteligencia (FBI, también por su sigla en inglés), desde 1939. El Pacto por México, paso a paso, fue seguido por los estadunidenses hasta en sus más nimios detalles. Ellos saben quién de los actores políticos mexicanos propuso exactamente qué de todo el conglomerado de reformas en materia de petróleo y energía, por ejemplo. Cómo fueron las negociaciones. A cambio de qué se tomaron la foto y qué objetivos políticos acordaron.

Como decíamos, el libro también repasa a los políticos y partidos de todo el espectro electoral. Se detiene, por afinidad política e ideológica del autor, con la izquierda de Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en todo en un capítulo.

Al final, Meyer está por esa izquierda “responsable” que aspira a gobernar.

Contrario a los que él considera utopistas y que son prácticamente la totalidad de la izquierda social, los movimientos que en las calles y con propuestas han cimbrado al país pero cuyos ecos no llegan a los medios de comunicación ni a los cubículos académicos. Probablemente Meyer pudo haberse asomado más a esa izquierda mayoritaria que no cree en ningún partido (incluido, por supuesto, Morena).

No para que cambie de posición políticoideológica, sino para entablar un diálogo con un vasto sector que genera también discusiones serias a propósito de qué proyecto debe construirse para qué país.

Como advirtió Meyer, lo que se ponga en duda o se critique, puede “hacerse a un lado”; pero es un ensayo hecho desde la honestidad intelectual, con rigurosidad y, al mismo tiempo, desde la indignación ante la rapiña de las castas dominantes y la corrupción que las cobija.

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

A LA DERIVA LA SEGURIDAD NACIONAL DE MÉXICO NANCY FLORES

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n la supuesta estrategia de austeridad, una de las peores decisiones del gobierno federal fue proponer un recorte, para este 2017, de más de 5 mil millones de pesos al presupuesto destinado a preservar la seguridad nacional. Decremento que fue aprobado por el Cámara de Diputados al cierre del año pasado.

Esta decisión ya afecta la defensa de la integridad, la independencia y la soberanía del territorio nacional; rubro fundamental, ahora que hemos sido amenazados por el titular de una de las potencias bélicas más importantes del mundo, Donald Trump.

Según el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –encargado de realizar el trabajo de inteligencia civil para el Estado mexicano–, por amenazas a la seguridad nacional se entienden “los fenómenos intencionados generados por el poder de otro Estado o por agentes no estatales, cuya voluntad hostil y deliberada pone en peligro los intereses permanentes tutelados por la seguridad nacional, en parte o en todo el país, y cuestionan la existencia del mismo Estado”.

Respecto de los riesgos, indica que “se trata de una condición interna o externa generada por situaciones políticas, económicas, sociales o agentes no estatales, así como por desastres naturales, de origen humano o epidemias, que sin tener carácter de amenazas pudieran poner en entredicho el desarrollo nacional”.

Y aunque el objetivo de la seguridad nacional es “mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”, el gobierno federal optó por reducir el gasto en este rubro, y no en las

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insultantes prestaciones de los servidores públicos de alto rango, incluidos los cínicos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se han negado a bajarse sus multimillonarios sueldos.

Así, y a pesar de que era un hecho la llegada de Trump a la Presidencia de Estados Unidos, el recorte al gasto en seguridad nacional es, en total, de 5 mil 594 millones 640 mil pesos. Y es que mientras en 2016 fue de 89 mil 45 millones 970 mil, este año ascenderá a 83 mil 451 millones 330 mil, en el contexto del “ahorro” en el presupuesto público.

Esta afectación se resintió en las cuatro instituciones involucradas en la salvaguarda de esta materia –las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina Armada de México, la Presidencia de la República y el Cisen–, revela el análisis El presupuesto público federal aprobado para la función seguridad nacional, 2016-2017.

En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, el recorte en este capítulo asciende a 3 mil 545 millones 520 mil pesos, pues de un presupuesto de 60 mil 245.46 millones en 2016, pasó a 56 mil 699.94 millones en este ejercicio.

Para Marina, el decremento suma 1 mil 438.43 millones, al pasar de una bolsa de 24 mil 649.45 millones de pesos el año pasado a 23 mil 211.02 millones en 2017.

Y en el caso de la “inteligencia para la preservación de la seguridad nacional” –que realizan el Cisen y, en menor medida, la Presidencia–, fue de 610.7 millones de pesos: de un presupuesto en 2016 de 4 mil 151.07 millones cayó a 3 mil 540.37 millones.

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

Los programas prioritarios La función de seguridad nacional incluye 10 programas presupuestarios: de la Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional, al que se le asignaron 36 mil 127.59 millones de pesos; para Emplear el Poder Naval de la Federación para Salvaguardar la Soberanía y Seguridad Nacionales, con 18 mil 832.58 millones; para la Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana, con 8 mil 47.4 millones; para las Actividades de Apoyo Administrativo, con 7 mil 641.08 millones.

Además, los programas para la Adquisición, Construcción, Reparación y Mantenimiento de Unidades Navales, con 3 mil 260.65 millones; para los Servicios de Inteligencia para la Seguri-

dad Nacional, con 2 mil 823.45 millones; para el Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Militar y Maquinaria Pesada y Administración Inmobiliaria, con 2 mil 359.05 millones; para la Investigación y Desarrollo Tecnológico, Producción y Mantenimiento de Armamento, Municiones, Explosivos, Vehículos y Equipos Militares y Sus Accesorios, con 1 mil 274.86 millones.

Así como los programas para Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social, con 947.72 millones; y para Investigación, Desarrollo y Producción de Vestuario y Equipo Militar y Mantenimiento de Infraestructura, con 769.7 millones.

Y, de acuerdo con el análisis de la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, son ocho las unidades responsables de ejercer los recursos: Para la Comandancia I Región Militar, 14 mil 185.17 millones de pesos; para las Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales, 13 mil 87.39 millones; para la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, 8 mil 47.4 millones; para la Dirección General de Administración, 6 mil 860.48 millones; para la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, 3 mil 400.07 millones; para el Cisen, 2 mil 823.45 millones; para la Dirección General de Ingenieros, 2 mil 812.67 millones; para la Dirección General de Servicios, 2 mil 753.99 millones; para la Comandancia VI Región Militar, 2 mil 545.14 millones; y para la Comandancia VII Región Militar, 2 mil 281.75 millones.

Esperemos que la “austeridad” en este rubro no repercuta en la defensa de nuestra nación frente al gobierno de Trump.

123RF

De ese último monto, la Secretaría de Gobernación –por conducto del Cisen– gastará 2 mil 823.45 millones; y la Presidencia de la República, 716.92 millones.

Del análisis –elaborado por la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados– se desprende que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional redujo su presupuesto en 449.75 millones de pesos.

Pero la afectación al sector no acaba ahí. El análisis del maestro en economía Reyes Tépach observa que el presupuesto 2017 aprobado para esta función presenta “un marcado predominio del gasto corriente sobre el gasto de capital”. Y es que el 90.64 por ciento corresponde al gasto corriente y sólo el 9.36 por ciento, al gasto de capital.

OPINIÓN

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OPINIÓN DEFENSOR DEL PERIODISTA

EL REGRESO DE CARMEN ARISTEGUI

A LA INFORMACIÓN Y LA CRÍTICA

ÁLVARO CEPEDA NERI

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ontra viento y marea del gobierno peñista y la sas y comentarios, para que la escuchen y la vean censura empresarial, el noticiario de Car- por radio y televisión abiertas, para continuar sienmen Aristegui, por radiovideo en línea, re- do “una prensa fastidiosa, una prensa obstinada, gresa para continuar su trabajo periodístico matuti- una prensa agresiva es algo que debe ser soportado no que interrumpieron los funcionarios y cómplices por aquellos que ejercen la autoridad, precisamenconcesionarios de la radio y televisión. Con el lema te con el fin de preservar nuestros mayores valores: “ni me doblo ni me quiebro”, Aristegui ha vuelto a la libertad de expresión y el derecho de la gente a la radio y televisión abiertas e internet, para cum- estar informada… el libre flujo de información que plir con su derecho constitucional a buscar y dar permite estar al tanto de las acciones (y omisiones) información, veraz y contrastada, enmarcada en del gobierno. No hay mayor válvula de seguridad la crítica constitucional de enfrentar inquisiciones ante el descontento y el cinismo con respecto a los administrativas y judiciales, para difundir opinio- gobernantes que la libertad de expresión en cualquiera de sus formas” nes, información e ideas (Pedro J Ramírez: Prensa para el también consAristegui se ha reintegrado en su clásiy Libertad). titucional “libre exaSu noticiario, comen y discusión” de los co horario matutino de las 8 de la mañana, para completar la necesaria variedad mentarios y crítica son asuntos públicos y los referencia obligada privados que inciden de ofertas noticiosas y comentarios para tener, en la pluraen los intereses nacionalidad de esas manifestales para su debate; con ciones, otro punto de apoyo para la información. réplicas y contrarréplicas. Y para ejercer el “libre acceso a la información plural y oportuna, para di- Así que su reintegración sistemática al trabajo periodístico, completa el variado panorama que refundirla a través de cualquier medio”.

Ha regresado con “el derecho de acceso a las quiere la audiencia individualizada colectivamente. tecnologías de la información y comunicación”. No quita el dedo del renglón a la Emilio Zola, en su No es que Aristegui se haya retirado, perseguida modalidad de Yo Informo, a practicar su periodismo por MVS-Vargas-Peña-Eduardo Sánchez, ya que de investigación, con la finalidad de hacernos saestuvo, con su periodismo escrito y oral sin haberse ber los actos y omisiones, más lo que ocultan, sobre rendido, como una profesional que no ha dejado de todo los funcionarios. Y lo que hacen en público serlo. Se ha reintegrado en su clásico horario matu- los protagonistas de la vida privada que traspasan tino de las 8 de la mañana de lunes a viernes, para esa frontera y que, también sus actos y omisiones, completar la necesaria variedad de ofertas noticio- deben ser del conocimiento de la opinión pública.

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OPINIÓN

ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO

DEFENSOR DEL PERIODISTA

Periodismo de contrapoder político y económico, para comunicar y exhibir cuantos hechos tienen lugar, mayormente si sus autores quisieran que pasaran desapercibidos, donde casi siempre, hay corrupción para dañar a la sociedad. Robos presentados como peculados, conflictos de intereses que son complicidades y triangulaciones empresariales como pago de favores a cambio de contratos. El ojo avizor de la reportera Carmen Aristegui coordinando a sus reporteros, ha hecho de su trabajo indispensable fuente de conocimientos informativos, para analizar la realidad del país.

Por eso es que saludamos el empeño de la periodista en ejercer, a voz en cuello, la búsqueda del secretismo e impunidad y abortarlo con todos los riesgos del autoritarismo, que ha dado más de un manotazo a la periodista. Pero, ésta se ha mantenido impecable e implacable. De eso debe tratarse el oficio y Aristegui ha sabido, pues, mantener a toda asta las libertades para buscar y dar información, sustentada en hechos y sus fronteras señaladas en el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así como ha retornado la pe-

riodista, sus reporteros y demás trabajadores de su empresa noticiosa. En el concierto de las opciones orales, Aristegui ha conquistado su audiencia, con los derechos de ésta y sus obligaciones para con ella.

Y frente a los gobernantes que abusan del poder para censurar y llegar hasta cancelar su actividad, como le sucedió a Carmen Aristegui, sólo quedan los recursos legales y la lucha pacífica para rescatar lo arrebatado violentamente, para salir adelante escudándose en sus derechos y garantías.

El principio de publicidad, ahora llamado de información, para dar a conocer a los ciudadanos cuanto hacen los gobernantes y funcionarios de la administración pública, como de todos aquellos que entran a la escena de lo público, es el factor común de los derechos humanos. La prensa, en todas sus manifestaciones hasta los nuevos medios de comunicación digital, tiene en el principio: publicidad-información, su centro de gravedad para atraer y difundir esos actos y omisiones, para conocimiento de las individualidades de la opinión pública. Y Carmen Aristegui toma eso como condición fundamental de su periodismo.

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OPINIÓN ARTÍCULO

TRUMP AMENAZA Y OPORTUNIDAD ANDRÉS MORA RAMÍREZ, INVESTIGADOR, ANALISTA Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA/PRENSA LATINA

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adie ha permanecido indiferente a los de- tendrán profundas implicaciones económicas, socretos de estos primeros días del gobierno ciales, políticas y, en definitiva, humanas. Lo mismo ocurre con el golpe de timón en materia comercial, de Donald Trump en Estados Unidos.

En un claro intento por desmarcarse de las con la estocada a la política de tratados de libre coambigüedades de su antecesor (que durante 8 lar- mercio –como el Tratado de Libre Comercio de gos años no fue capaz de cumplir su promesa de América del Norte (TLCAN) o el llamado Acuerdo campaña y hacer efectivo el cierre de la cárcel de de Asociación Transpacífico (TTP, por su sigla en Guantánamo), y afirmando su pretendida imagen inglés)–, que desde los días de la administración de de hombre de acción –y no de político tradicional–, Bill Clinton, a mediados de la década de 1990, las el nuevo presidente posicionó su agenda conser- derechas vernáculas asumieron como dogma de fe vadora, proteccionista, xenófoba y negacionista y tradujeron en programas de gobierno y reformas del cambio climático más pronto de lo que habían legales, incluso constitucionales, que apuntalaron la dominación estaduestimado distintos ananidense sobre la región. listas.

La fuerza militar y la política de arrinEstamos, pues, ante Confrontativo y socarrón, Trump parece conamiento, como la que sufre México, una situación que, si decidido a no perder será el camino a seguir por Trump, y ahí bien se barajaba como una posibilidad, se adtiempo y a llevar las ten- radica uno de los más graves peligros vertía remota y resulsiones al punto máxitaba difícil de imaginar mo, para probar los hace apenas unas semanas, toda vez que representa límites de su poder.

Más allá del efectismo político, estas acciones un punto de inflexión en el rumbo de la globaliejecutivas de la administración Trump van configu- zación neoliberal, y un cambio en las posturas de rando escenarios complejos para América Latina, Washington que, junto a la crisis en la que ya naen tanto auguran una transformación radical del vegaba el gobierno de Barack Obama, acaba por estado de cosas y de no pocas certidumbres ideoló- proyectar una imagen de fractura y debilitamiento gicas sobre las cuales se había asentado el proyecto de su liderazgo en el mundo.

En estas circunstancias, la fuerza militar y la neoliberal en las últimas tres décadas y que, en primera instancia, amenazan con más fuerza a la re- política de arrinconamiento, como la que ya sufre gión mesoamericana –México y Centroamérica–, México, se vislumbran como el camino a seguir por donde la condición de dependencia y subordina- Trump, y ahí radica uno de los más graves peligros. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cuáles son nuestras ción a los Estados Unidos ha llegado más lejos.

Aquí, por ejemplo, cambios en la política mi- alternativas?

Paradójicamente, las puertas que cierra Trump gratoria, como los anunciados por la Casa Blanca,

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DAVID MANRIQUE

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en sus relaciones con la comunidad internacional, y de manera particular con América Latina, podrían abrir un abanico de oportunidades inéditas para nuestros pueblos, en el camino mayor de construcción del proyecto de unidad, integración y emancipación latinoamericana y caribeña.

Para ello, es necesario que las izquierdas se rearticulen y forjen nuevos arcos de alianzas sociales y actúen con audacia frente al desconcierto de las derechas, que ven derrumbarse súbitamente el castillo de naipes del neoliberalismo. En su decadencia, el imperio levanta muros y se cierra sobre sí mismo,

y acaso esto constituya una bocanada de oxígeno para que las fuerzas antineoliberales, progresistas y nacional-populares latinoamericanas reconquisten los espacios perdidos en la lucha política.

Una vez más, la historia coloca frente a nuestros ojos verdades evidentes: las respuestas están en nosotros mismos, en nuestra marcha unida “en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes” –al decir de José Martí–, y en la capacidad de superar prejuicios y falsos dilemas para forjar un futuro común para nuestra América, a pesar del “desdén del vecino formidable, que no la conoce”.

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OPINIÓN ARTÍCULO

¿TRUMP SACARÁ A ESTADOS UNIDOS

DE LA ONU? BAHER KAMAL/INTER PRESS SERVICE

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De hecho, bastaría con que Washington se oma, Italia. Apenas 48 horas después de que Donald Trump asumiera la Presiden- abstuviera de pagar su parte del presupuesto del cia de Estados Unidos se supo que a prin- foro mundial –o incluso retrasar el pago– para que cipios de este mes ingresó al Congreso estaduni- colapse toda la estructura de la Organización. dense un proyecto de ley para retirar a ese país de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La ONU, en bancarrota Según el sitio en internet del Congreso, el proyecto H.R.193 –conocido como la Ley de RestauEsto ocurriría en uno de los peores momenración de la Soberanía Estadunidense– se presen- tos de las finanzas de la Organización con sede tó a la Cámara de Representantes el 3 de enero y en Nueva York que, de hecho, está en bancarrota. se remitió a la Comisión de Asuntos Exteriores.

Día tras día, sus agencias –desde el Fondo de las Aunque su título oficial indica que pretende ce- Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hasta sar la membresía de Estados Unidos en la ONU, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la iniciativa legislativa también propone revocar el los Refugiados– lanzan desesperados pedidos de acuerdo de 1947 que fondos para hacer frenpermite que la sede te a una crisis humaniIndependientemente de si el proyecto del foro mundial se taria sin precedentes. encuentre en territorio es aprobado o no, la intención del goAdemás, el eventual estadunidense, poner bierno del presidente Trump de retirarse retiro de Estados Unifin a las operaciones de de la ONU sería de fácil aplicación dos dejaría a la ONU mantenimiento de la en manos de grandes paz, acabar con la inempresas privadas. En munidad diplomática y dejar de participar en la los últimos años, varias trasnacionales han sido las Organización Mundial de la Salud. principales donantes de las operaciones humaniSi el proyecto es aprobado, la ley entrará en tarias del foro mundial. vigor 2 años después de su firma. No obstante, la Este escenario conduciría a este sistema multiiniciativa legislativa “sólo tiene seis patrocinadores lateral único a ser dirigido por grandes empresas. en este punto –un puñado de republicanos de ex- Este riesgo no debe descartarse, ya que en este caso trema derecha y libertarios–, por lo que dudo que la ONU les proporcionaría una cobertura “legal” llegue muy lejos”, opinó un profesor de política necesaria a sus acciones, cualesquiera que sean. estadunidense.

Independientemente del número de patroci- ¿La ONU? ¡Sólo es un club! nadores y si el proyecto finalmente es aprobado o no, el hecho es que la intención del gobierno El presidente Trump resumió su pensar acerde Trump de retirarse de la ONU sería de fácil ca de la organización internacional en uno de sus aplicación. mensajes por la red social Twitter, cuando escri-

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ARTÍCULO

a 5 millones de niñas y niños europeos en ese entonces.

¿Quién sería el anfitrión del foro mundial?

En caso de que el proyecto de ley revocara el acuerdo de 1947 que permite que la sede se encuentre en Estados Unidos, ¿qué país hospedaría a la ONU? ¿Y quién podría reemplazar la contribución estadunidense a su presupuesto?

De acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos aporta 22 por ciento de su presupuesto a cambio de un pacto no escrito de que un porcentaje equivalente del personal clave para la toma de decisiones en el foro mundial sea nombrado por Washington.

A Estados Unidos le sigue Japón, con una cuota de 9.68 por ciento; seguido por China (7.921 por ciento); Alemania (6.389 por ciento); Francia (4.859 por ciento), y Gran Bretaña (4.463 por ciento).

En el sexto lugar de la lista está Brasil, que aporta 3.823 por ciento del presupuesto.

Ninguno de los principales contribuyentes al presupuesto de la ONU podría reemplazar la cuota estadunidense, además de la suya propia. Además, las potencias europeas siguen enfrentándose a las consecuencias de la crisis financiera generada en 2007 por las grandes corporaciones financieras privadas con sede en Estados Unidos y Europa.

A esto se añade el hecho de que Europa está presenciando el surgimiento de partidos derechistas, ultraconservadores, xenófobos, nacionalistas y populistas que animan el ascenso de Trump al poder. (Traducido por Álvaro Queiruga) DAVID MANRIQUE

bió “la ONU tiene un gran potencial, pero en este momento es sólo un club para que la gente se reúna, converse y se divierta”. Ése no es ciertamente el caso de los millones de mujeres y niñas que conforman 71 por ciento de las víctimas de la trata de personas, como denunció en diciembre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Menos aún el hecho de que los niños constituyen casi un tercio de todas las víctimas de la trata de seres humanos en todo el mundo.

Tampoco es el caso de la tercera parte de las mujeres de 20 a 24 años que fueron esposas siendo menores de edad, ni que cada 10 minutos, en algún lugar del mundo, una adolescente muere como resultado de la violencia, como indica Unicef en su informe Estadísticas y monitoreo, publicado en julio de 2016.

Por no hablar de los 2 mil 400 millones de personas sin acceso a servicios de saneamiento mejorados , incluidos los 946 millones que se ven obligados a defecar a la intemperie por falta de otras opciones, y que 16 mil niñas y niños mueren cada día, la mayoría por causas prevenibles o tratables.

Todas estas víctimas de violaciones de los derechos humanos –que a menudo fueron perpetradas por alianzas militares dirigidas por Estados Unidos y otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU– y que sufrieron directamente las consecuencias de intervenciones bélicas masivas, dependen de la ayuda del foro mundial.

Muchas entidades claves de la ONU fueron creadas hace 7 décadas principalmente para brindar asistencia humanitaria a millones de víctimas del conflicto que se convirtió en la Segunda Guerra Mundial. La Unicef, por ejemplo, ayudó

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MUJERES AÚN UNA LARGA LUCHA EN EL MERCADO LABORAL CLARA PRESMAN/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS

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a palabra feminismo es tan polémica como sus concepciones. En diferentes ámbitos se habla del feminismo y sus variadas interpretaciones y connotaciones. Resulta interesante ver la simpleza con la que define el término el diccionario de la Real Academia Española: “Ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres”. Tan simple y concreto que pareciera algo obvio. Hablar de feminismo es hablar de igualdad. Sin embargo aún hoy, en el Siglo XXI es necesario de-construir algunas ideas sobre lo obvio y lo que creemos resuelto en el seno de nuestra sociedad. Debates urgentes para la construcción de un tejido social formado por vínculos entre iguales.

Se estima que 52 por ciento del trabajo en el mundo es contribuido por mujeres, sin embargo ellas reciben menos remuneración, ganan 24 por ciento menos que los hombres. La brecha salarial es sólo justificada por la discriminación sexista. En términos generales las personas que accedieron a mayores niveles de educación reciben mejores salarios, pero esto no se refleja de igual manera en hombres y mujeres. Según las estadísticas del departamento de trabajo de los Estados Unidos, una médica cirujana gana el 64 por ciento de lo que gana un médico cirujano con igual formación y experiencia. Una cajera de supermercado gana sólo el 86 por ciento de lo que ganan sus pares varones por realizar la misma tarea. Está claro que no es una cuestión de formación o academicismo, la discusión está

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atravesada por la injusticia.

En Argentina esta diferencia en los salarios es de las más altas en Latinoamérica: “La brecha salarial entre varones y mujeres en Argentina es del 27.2 por ciento, de los cuales sólo un 12.6 por ciento puede ser explicada por elementos que corresponden al mercado de trabajo (factores como educación, experiencia laboral, sector económico, región, intensidad laboral y ocupación)”, explica Violeta Guitart, economista y autora del blog “Economía Feminista.”

La segregación ocupacional son los estudios sobre la composición por sexo de los mercados de trabajo occidentales. Referentes de este campo de investigación de la economía postulan que existen dos tipos de segregación una horizontal y otra vertical. La primera hace referencia a la segregación entre hombres y mujeres en diferentes áreas de la estructura productiva. Existen grandes dificultades para acceder a determinadas disciplinas y profesiones que parecieran solo ser para mujeres y otras solo para varones, y a su vez las profesiones feminizadas son menos pagas que las consideradas masculinas.

La segunda, la segregación vertical, explica la dificultad de las mujeres para acceder a puestos jerárquicos de mayor responsabilidad y toma de decisiones. En todo el mundo, menos del 25 por ciento de mujeres ocupa posiciones administrativas y gerenciales, revela un informe realizado por el programa de las naciones unidas para el desarrollo y agrega que, para el año 2015 sólo el 22 por ciento de los miembros de parlamentos

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ama de casa” es una frase común y no cuestionada, que oculta la idea de que las tareas realizadas en el ámbito doméstico son un “no- trabajo” y pertenecen a las mujeres como si fuera algo natural. Desde los años 60 y hasta la actualidad la incorporación de las mujeres al mercado laboral va en aumento pero no se han alterado sus responsabilidades en el área reproductiva, por lo que su trabajo es doble: dentro y fuera del hogar.

Resulta necesario repensar aquellos marcos que reproducen la asimetría entre géneros para visibilizar y cuestionar lugares asignados, roles y estereotipos. Abordar la Economía desde el feminismo es hacerlo desde la igualdad.

DAVID MANRIQUE

en el mundo eran mujeres. Las mujeres, mitad de la población mundial, hoy son minoría en todos los ámbitos en donde se toman decisiones y se piensa nuestra época: parlamentos, gobiernos, ciencia, medios de comunicación, literatura, universidades. Disputar el acceso a estos lugares implica re pensar el rol de la mujer en la historia y el futuro de la sociedad.

No sólo los datos objetivos alarman y levantan el velo a una situación de injusticia y desigualdad aceptada y avalada en la mayoría de los países, sino también desde la construcción de la subjetividad en los discursos que circulan de manera cotidiana. “Mi mamá no trabaja, es

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CAMBIA AGRICULTURA O ADIÓS A DOS TERCIOS DE LAS ESPECIES DEL PLANETA SILVIA MARTÍNEZ/PRENSA LATINA

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oma, Italia. La biodiversidad retrocede por la irresponsable actividad humana y la extinción de las especies marcha a un ritmo tal que de mantenerse esa tendencia al final del actual milenio habrán desaparecido dos tercios de las especies de la tierra.

Pérdidas progresivas provocadas por tres causas principales, todas asociadas con la intervención del hombre: La agricultura industrial, dígase intensiva, uso masivo de fertilizantes y pesticidas; la destrucción de los hábitats naturales, léase tala indiscriminada de bosques tropicales; más la llamada fragmentación de la propia hábitats, por campos de cultivo, áreas urbanas, carreteras y autopistas, consideradas fuertes barreras de especies y seres vivos.

Expertos señalan que durante el último siglo, la agricultura moderna intensiva, como consecuencia de los altos insumos de plaguicidas y fertilizantes sintéticos y de los monocultivo, tuvo un impacto nocivo sobre la diversidad de los recursos genéticos de las variedades de cultivos y de razas de animales, sobre la diversidad de las especies silvestres de la flora y la fauna y sobre los ecosistemas.

Ello explica las advertencias de organismos como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su siga e inglés): “La futura provisión de alimentos podría verse amenazada ante cualquier acontecimiento que suponga un fallo funcional de las variedades y razas de alto rendimiento de las que dependemos en la actualidad. No es necesario esperar al futuro para saber qué es lo que podría suceder”.

Tiempo hace que la FAO en su informe sobre el Estado de los Recursos Fitogenéticos en el Mundo llamó la atención sobre los efectos perjudiciales para la bio-

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diversidad agrícola: “la generalización de la agricultura comercial moderna”.

Hoy día la alimentación de los seres humanos depende de menos especies y de diversidades más homogéneas, lo que la hace más vulnerable y muy difícil de sostener.

En términos numéricos la proteína animal utilizada para el consumo humano proviene de apenas 10 especies y el 70 por ciento de la alimentación en general se realizan básicamente de 12 tipos de vegetales; sólo arroz, maíz, trigo y patatas proporcionan la mitad de todas las calorías.

La FAO, califica esa situación como “una cuestión de supervivencia”. La alimentación humana no sólo depende de un reducido número de especies, sino que de éstas no se conservan suficientes variedades y razas.

El llamados de alerta desde Cancún En la pasada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP13), celebrada en Cancún, México, gobiernos de 167 países otorgaron un apoyo a la urgencia de proteger la biodiversidad en los sectores agrícola, pesquero, forestal y turístico.

En su declaración final incluyó que la protección de la biodiversidad como las miles de especies interconectadas que conforman la red de servicios ecosistémicos de lo que depende la producción mundial de alimentos, no sólo compete a los ministerios de Medio Ambiente, sin que involucra a todos los sectores gubernamentales y económicos.

Para María Helena Semedo, directora general adjunta de la FAO, tal como lo expresó en esa Conferencia, “se trata de un momento crucial”.

ARTÍCULO

“Los sectores agrícolas y la biodiversidad, argumentó, han sido considerados habitualmente como cuestiones independientes e incluso contrapuestas, pero lo cierto es que están estrechamente relacionados. La agricultura es, por su naturaleza, una usuaria fundamental de la biodiversidad, pero también tiene el potencial de contribuir a su protección.”

Añadió que con el apoyo de la comunidad internacional demostrado en la Conferencia se puede empezar a tender puentes, romper barreras y afrontar los desafíos globales de forma más concertada y coherente.

Es sabido que la sociedad humana depende de la producción agropecuaria, al igual que muchos otros ecosistemas terrestres y acuáticos funcionan en gran medida gracias a la agricultura, la cual con la biodiversidad establece una relación simbiótica y será beneficiosa o perjudicial según se administre esa correlación.

Expertos señalan que el desarrollo de la agricultura intensiva, caracterizada por la concentración parcelaria, expansión de monocultivos, mecanización de prácticas agrícolas, utilización de agrotóxicos y la estandarización de la producción agrícola por la promoción casi única de algunas variedades por sus elevados rendimientos provocan una alarmante pérdida de la biodiversidad en el planeta.

Impactos negativos provocados también por los cambios no sostenibles en el uso de la tierra, sobreexplotación de recursos naturales, captura y comercio ilegal de especies, contaminación del aire, el suelo, las aguas continentales y los océanos, cambio climático y desertificación.

Proyectos para frenar lo más a tiempo posible el problema existen muchos, incluso en la reunión realizada en la isla mexicana los gobiernos acogieron con satisfacción los marcos normativos pertinentes, las directrices y las herramientas desarrolladas por la FAO, y animaron a los países a recibir asesoramiento de su parte sobre la diversidad biológica y los sectores agrícolas.

Acciones de ese organismo de ONU que tienen en cuenta retos principales como el elevado y creciente número de personas subalimentadas y malnutridas en el mundo; las dificultades para tener acceso a los alimentos, la pérdida de recursos naturales y la incertidumbre asociada con el cambio climático.

OPINIÓN

Para la FAO la seguridad alimentaria está intrínsecamente vinculada al mantenimiento de la biodiversidad. En el camino de que las personas, no sólo tengan acceso a los alimentos como el más elementa derecho humano, sino que además estén bien nutridas ese ente insiste en tener en cuenta la “diversidad genética de las plantas que cultivamos y nos sirven de alimento” y a sus “parientes silvestres” que podría perderse para siempre, amenazando la seguridad alimentaria futura, a menos que se redoblen los esfuerzos, no sólo para conservarlas sino también por utilizarlas, en especial en los países en desarrollo.

Incrementar el uso sostenible de la diversidad vegetal podría ser la clave para hacer frente a las dificultades de los recursos genéticos en la agricultura, señaló José Graziano Da Silvia, director general de la FAO. La biodiversidad cultivada tiene un especial papel en la nueva agricultura agroecológica, ya que ésta se fundamenta, entre otros aspectos, en incrementar la biodiversidad de los agroecosistemas.

Datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) indican que alrededor de 795 millones de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos para llevar una vida sana y activa, la mayoría de ellas viven en países en desarrollo, donde el 12,9 por ciento de la población presenta desnutrición.

Además del hambre, entre las mayores dificultades del mundo, la malnutrición ocupa un fatídico primer lugar, mal que padece una de cada cinco personas en los países en desarrollo.

Malnutrición proteico-energética, carencia de vitamina A, trastornos por falta de yodo y anemias nutricionales, sobre todo insuficiencia o pérdida de hierro, son los problemas nutricionales más serios y de mayor prevalencia en casi todos los países de Asia, África, América Latina y el Cercano Oriente.

Los ecosistemas saludables son esenciales para aumentar la resiliencia y la producción agrícola frente a los cambios, la cual debe ser sostenible, es decir, capitalizar los procesos biológicos y explotar los recursos sin comprometer la biodiversidad, que en síntesis quiere decir contribuir a preservar la vida en el planeta Tierra, para lo cual se precisa vivir en armonía con la naturaleza.

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TRUMP Y GASOLINAZO

DERRUMBAN ECONOMÍA MEXICANA

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El efecto Trump y el gasolinazo agudizan la crisis económica. El gobierno tiene dos rutas: profundizar el neoliberalismo al tiempo que reprime las protestas o cambiar el modelo para incentivar el mercado interno. La balanza se inclina a la primera opción NANCY FLORES

123RF

E

n medio del estancamiento, dos factores vuelven casi inviable la economía mexicana para lo que resta del gobierno de Enrique Peña Nieto: el llamado gasolinazo –impulsado por la administración federal– y las políticas en contra de México que promueve Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Ambos factores se insertan en un contexto nacional de deterioro de las condiciones económicas, explica a Contralínea la doctora en economía María de la Luz Arriaga Lemus. También, condicionan los próximos 2 años a una crisis que resentirán los bolsillos de las mayorías.

“Realmente no hay crecimiento económico: estamos en alrededor de un 2 por ciento, cuando la población crece más; tenemos un gran desempleo; una pérdida del poder adquisitivo no sólo en términos del salario directo, sino del salario social, con restricciones en los gastos en salud, educación, etcétera; además de una creciente concentración de la riqueza y una gran desigualdad.”

La tendencia regresiva en México es preocu-

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pante, pues se conduce hacia niveles de desigualdad e inequidad similares a los de 1935, “cuando alrededor del 75 por ciento del ingreso nacional le correspondía a los ingresos por capital, mientras que el restante 25 por ciento era repartido entre la población trabajadora”, indica el Informe anual del Observatorio de Salarios 2016. Los salarios y la desigualdad en México, de la Universidad Iberoamericana campus Puebla.

Según el análisis, de 1976 a la fecha el salario mínimo ha perdido el 80 por ciento de su poder de compra impactando a toda la estructura de trabajadores. Además, de 2005 a 2016, la población asalariada mostró una tendencia a adquirir menos canastas alimentarias.

La doctora Arriaga Lemus explica que la actual crisis se debe a que quienes han gobernado el país promueven políticas para que la economía sea más vulnerable y dependiente de la de Estados Unidos.

Para la investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, “la

apertura de la economía ha sido intencional: darle facilidades al capital trasnacional para que entre irrestrictamente en cualquier rama de la industria, en cualquier servicio e incluso en la educación y la salud. Eso es intencional”.

Así es como se explica la tendencia a profundizar el modelo neoliberal con políticas públicas dañinas para la mayoría de los mexicanos, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las llamadas reformas estructurales, en particular la energética.

Juan José Dávalos, académico de la Facultad de Economía, explica a Contralínea que la subordinación de México a Estados Unidos es resultado de un proceso que se inició a fines del siglo XX: “una integración subordinada que terminó convirtiéndose en una dependencia increíble: hemos perdido la capacidad de ser autosuficientes en elementos muy importantes para cualquier país, como en los alimentos (el campo está devastado; los únicos que han ganado son pequeños núcleos de agroexportadores, en los cuales están metidas las corporaciones extranjeras), la energía, el mercado laboral (bajos salarios y una expulsión enorme de fuerza de trabajo al extranjero) y el sector financiero”.

De este último punto, advierte que los destinos del uso de los flujos de capital están determinados casi en 90 por ciento por bancos extranjeros, que cobran altas utilidades porque aseguran que tienen un gran riesgo, a pesar de que están subsidiados. “La banca se extranjerizó, se remató y, con todo y eso, se sigue pagando el famoso rescate”.

ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCUO

El gasolinazo

“Trump podría provocar un serio quebranto en el funcionamiento del neoliberalismo mexicano”

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A este deterioro de las condiciones económicas se suman los efectos negativos del alza al precio de los combustibles –producto de la anticipada liberalización– y de las políticas de Trump.

“El gasolinazo es la gota que derrama el vaso. Es el ejemplo claro de cómo deprimieron la producción de gasolinas: las refinerías están funcionando al 40 por ciento de su capacidad en un momento en el cual estamos importando [la mayoría del consumo]. Eso es carísimo”, señala en entrevista la doctora Arriaga Lemus.

En su ensayo El gasolinazo: atraco al pueblo en plena luz del día, el doctor en economía Alejandro

CUARTOSCURO

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“La salida totalmente autoritaria se daría en un contexto en el cual aumenta la protesta social. Esta vía podría propiciar una reactivación de la política neoliberal mucho más agresiva”

Álvarez Béjar señala que el adelanto de la liberalización del precio de los energéticos es el primer paso para la apertura al capital privado, nacional y extranjero, del mercado interno de petrolíferos. El negocio ronda los 70 mil millones de dólares anuales.

Para el investigador y académico de la UNAM, con este nuevo esquema de alza de precios, el gobierno recaudará –a través de los impuestos especial a la producción y los servicios y al valor agregado– casi 300 mil millones de pesos, además de beneficiar a grandes grupos monopólicos privados, nacionales y extranjeros.

El alza de los precios de los combustibles afecta directamente el mercado interno, al alterar los precios de productos –en especial los de primera necesidad: canasta básica y medicamentos– y servicios.

La afectación es para los consumidores finales, que además tienen un salario pulverizado.

A la par de la liberalización del mercado de combustibles, el académico Juan José Dávalos observa que hay una problemática vinculada a los créditos que propició la reforma energética. “El mayor error estuvo en que auguraron que ese modelo de reforma energética, además de darles ingresos a los privados, daría recursos al gobierno y, optimistamente, se pusieron a contratar deuda e inflaron las expectativas. Y la realidad es que ese modelo fracasó”.

Trump quebrará el neoliberalismo mexicano Vigente desde 1982, el modelo neoliberal aplicado en el país –que sólo ha beneficiado entre el 3 y el 5 por ciento de la población– tiene efectos desastrosos, como el hecho de que el trabajo informal se acerca a un 60 por ciento del total de la población económicamente activa, observa el doctor en estu-

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GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

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“Lo que nos espera en los próximos 2 años va a ser un periodo muy difícil: va a prevalecer la incertidumbre”

dios sociales José Valenzuela Feijóo, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En su ensayo Unidad nacional: ¿para qué y entre quiénes?, advierte que “las perspectivas [económicas] para los próximos 2 años [los últimos del gobierno de Peña Nieto] son aún peores”.

Ello, porque a partir de la política proteccionista y de reestructuración del TLCAN, el triunfo de Trump en Estados Unidos podría provocar un serio quebranto en el funcionamiento del neoliberalismo mexicano. Para el académico de la UAM, la política económica del presidente estadunidense dañará seriamente ese modelo económico que tanto ha beneficiado a la cúpula neoliberal mexicana.

En lo que resta de este gobierno, “no vamos a crecer, no va a haber más riqueza, no va a haber mejores pensiones ni mayor intervención del Estado, a menos que los mexicanos peleemos y tomemos en nuestras manos la defensa de nuestra economía, en una integración respetable para México y un replanteamiento del desarrollo en América del Norte”, dice en entrevista, el economista Juan José Dávalos.

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“Lo que viene es una situación de abuso: es la precariedad de dos terceras partes de la población mexicana”. Para los próximos meses se espera un empeoramiento de la economía, advierte. “Eso ya lo estamos viendo con el ahorcamiento presupuestal del gasto del Estado para el presupuesto 2017, que tiene que ver en gran medida con el pago de deudas al extranjero”.

La doctora María de la Luz Arriaga considera que “lo que nos espera en los próximos 2 años va a ser un periodo muy difícil: va a prevalecer la incertidumbre de hasta dónde Trump quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio, que ya era adverso para México y que ahora va a ser peor”.

Y es que, explica, en vez de crear muchos empleos, el Tratado “nos hizo más dependientes. Muchas de las empresas productoras se convirtieron en comercializadoras: ya no hay fábricas y eso nos hace más dependientes. El campo mexicano está igual: dependemos mucho de la compra de alimentos”.

Actualmente, el gobierno admite que el 94 por ciento de las semillas que se consumen en México son importadas.

“El TLCAN abrió totalmente nuestra economía buscando que hubiera mayor exportación de manufacturas a Estados Unidos pero, por las asimetrías que hay entre la economía mexicana, estadunidense y canadiense, lo que hizo fue que las pocas empresas mexicanas que fabricaban con niveles de alta productividad empezaran a quebrar, y lo que hubo fue fusiones con las grandes empresas trasnacionales. ¿Quiénes fueron los beneficiados? Las trasnacionales, como la industria automotriz”.

Profundización del abuso, ruta que escoge el gobierno Ante este panorama crítico, el gobierno federal tendría dos salidas: la primera de ellas, que es hacia la cual se está inclinando, desfavorece al pueblo al profundizar el neoliberalismo por la vía autoritaria; la segunda, es abandonar el actual modelo económico para incentivar el mercado interno.

Para la doctora Arriaga Lemus, la salida totalmente autoritaria se daría en un contexto en el cual aumenta la protesta social. Esta vía podría propiciar una reactivación de la política neoliberal mucho más agresiva. “Es decir, que nos deje en peores condiciones

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de dominio sobre nuestros recursos frente a economías como Estados Unidos. Y hacia eso están caminando [los representantes del gobierno federal]”.

La académica advierte que la nueva Ley de Seguridad Interior –que aún se discute en el Congreso–, que busca justificar que el Ejército esté en las calles, es parte de esa ruta autoritaria.

“Si siguen apostando a un mayor despojo, pues la gente ya no está en condiciones de soportarlo. Las protestas frente al gasolinazo fueron una llamada de atención fuerte. Porque ni siquiera con las protestas

de los maestros los últimos 3 años se vieron tan preocupados. Ahora sí era la población en general y en todo el país.”

Para México, la otra salida –que está siendo ignorada por el gobierno– consiste en una reformulación del modelo que apueste al mercado interno en el desarrollo económico, y debe estar empujada desde los sectores populares, indica la doctora en economía.

“Tiene que cambiar el modelo económico. No es fácil: modificar la estructura productiva que se tenía para hacernos más vulnerables, hoy dependien-

GOBIERNO RECORTA 118 MIL MILLONES A PROGRAMAS PRIORITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL Los programas de desarrollo social sujetos a reglas de operación y otros subsidios destinados a los mexicanos más pobres sufrieron un severo recorte en el Presupuesto de Egresos 2017. Entre éstos, destaca el Seguro Popular, que tiene como principal objetivo dar cobertura en salud a los millones de personas en situación de miseria.

Pese a ser considerado como fuertemente prioritario por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a dicho programa se le destinará un presupuesto 6 mil 734.7 millones de pesos menor al de 2016, revela el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

También catalogados como prioritarios, otros programas afectados por la “austeridad” gubernamental son: Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, al que se le aprobaron 6 mil 567.7 millones menos que el año pasado; Tratamiento de Aguas Residuales, al que definitivamente no se le asig-

naron recursos directos para 2017, pues fue fusionado con el primero.

A la lista de programas altamente prioritarios que registran reducciones en sus asignaciones presupuestales se suman los programas de Infraestructura, con 5 mil 300 millones de pesos; Seguro Médico Siglo XXI, con una reducción de 729.9 millones de pesos; de Apoyo a la Vivienda, con un presupuesto menor en 500 millones; Pensión para Adultos Mayores, con un déficit de 486 millones; PROSPERA Programa de Inclusión Social, con un recorte de 143.2 millones; y Comedores Comunitarios, con una merma de 91 millones de pesos.

Para el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, destaca la reducción al Programa de Infraestructura Indígena –catalogado por Coneval como ligeramente prioritario–, al que se le recortaron 5 mil 326.5 millones de pesos. La importante contracción presupuestal se da a pesar de su contribución a la creación de in-

fraestructura básica, considera el análisis, “pues su objetivo es brindar apoyos para la construcción de obras de infraestructura, principalmente de agua potable, drenaje y saneamiento en comunidades indígenas”.

De acuerdo con el análisis, los recursos de 2017 para desarrollo social prácticamente se mantuvieron igual que los de 2016, “pues el monto aprobado se redujo sólo en 0.1 por ciento en términos reales”.

No obstante, los recursos aprobados para pensiones y jubilaciones aumentaron a tasa real 16.1 por ciento y los recursos para los programas sujetos a reglas de operación y otros subsidios cayeron, en términos reales, 18.1 y 35.6 por ciento, respectivamente.

Estos últimos pasaron de un presupuesto de 478 mil 735.9 millones de pesos en 2016, a uno de 360 mil 602.4 millones en 2017, esto es que se redujeron sus recursos en 118 mil 133.5 millones, lo que en términos reales significa una caída del 27.1 por ciento.

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“La inversión privada no genera empleos ni hace más productiva la economía mexicana: llega nada más a fusionar, a comerse a las empresas que ya están establecidas”. En la imagen, huelga de trabajadores de la empresa Volkswagen

tes, tomó 25 años. Regresar o mover el modelo para que haya una producción para el mercado interno, pues va a tardar; no es una solución de corto, sino de mediano plazo. Puede ser menos de 25-30 años, y hay medidas inmediatas que ayudarían a cambiar el modelo, como invertir en la industria de la refinación de petróleo.”

La doctora Arriaga Lemus indica que la inversión debe ser pública, porque la privada no genera empleos ni hace más productiva la economía mexicana: “llega nada más a fusionar, a comerse a las empresas que ya están establecidas. No crea nuevas empresas”. Además, recorta personal.

“El mercado interno no quiere decir sólo que haya más producción, sino que para que el mercado interno funcione tiene que haber consumo y para eso debe haber poder adquisitivo: aumentos salariales, empleo. Y para que haya empleo tiene que haber inversión: es un círculo y no va a venir del 32

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sector privado, tiene que venir del público.”

Para que eso pase, dice, “tienen que dejar de mentir, dejar de decir que no hay dinero, porque sí hay: México genera mucha riqueza. Pero, dónde está: tenemos una deuda pública externa e interna que se lleva la riqueza al extranjero o a la especulación financiera. Quienes han ganado son precisamente los capitalistas que están en esos sectores; esto es muy importante, porque sí hay dinero”.

Ante la crisis que se avecina, la preocupación que muchos tienen es qué hacer, detalla la doctora Arriaga Lemus. “Hay que luchar. No hay de otra.

Hay que organizarse, porque en lo individual puedes encontrar algunas salidas –no endeudarte en dólares, no aceptar créditos en dólares o con tasas movibles de interés; comprar dólares o divisas; invertir en bienes raíces por la volatilidad–, pero estas soluciones tienen un límite muy acotado y no son suficientes porque este problema nos rebasa”.

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VÍCTIMAS DEL DELITO

REHENES DEL GOBIERNO 34

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En lugar de reparar el daño a miles de agraviados por la violencia, la Comisión de Atención a Víctimas subejerce recursos. Un informe interno revela que lo poco que ha ejercido se ha destinado a víctimas del delito (94 por ciento). Al caso Ayotzinapa y otros desaparecidos habría destinado 2 por ciento JOSÉ RÉYEZ

PAULINA NEGRETE/CUARTOSCURO

A

3 años de su creación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha sido incapaz de atender a las personas agraviadas por delitos cometidos por servidores de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal: no sólo no ha reparado el daño, sino tampoco ha brindado atención especializada y asesoría jurídica acorde a las necesidades de las víctimas, advierten especialistas y defensores de derechos humanos.

“Lejos de resultar beneficiadas, las víctimas terminaron siendo rehenes de malas decisiones políticas al interior de la Comisión Ejecutiva y de su interpretación de la ley”, advierte Nancy López, directora del área de Defensa de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

A pesar del enorme presupuesto con que ha contado, la CEAV ha sido omisa en atender a las miles de víctimas de violación a sus derechos humanos. Basta señalar los más de 20 mil casos de

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ción integral a víctimas directas e indirectas y 1.5 millones en el Fondo de Emergencias para pago de ayudas por el caso Ayotzinapa.

La cifra contrasta con el número de víctimas atendidas, ya que, a marzo de 2016, de las 7 mil 640 personas que solicitaron ser consideradas como víctimas directas e indirectas, sólo 3 mil 875 obtuvieron respuesta y fueron admitidas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi). Pero aun estando en dicho padrón no se garantiza dicho apoyo, ya que sólo el 3.5 por ciento de los registrados pudieron acceder a los recursos del fondo.

Por ejemplo, entre enero de 2015 y el 30 de noviembre de 2016 en el rubro de atención a víctimas por delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por autoridades del gobierno federal, sólo se ejercieron recursos por 137.7 millones de pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, en beneficio de 579 víctimas, de las cuales 330 son hombres y 249 mujeres.

La abogada Nancy López dice que a pesar de contar con un presupuesto considerable, la CEAV

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desaparecidos que hay en México para medir la magnitud del problema, advierte la especialista.

Entre finales de 2014 y enero de 2016, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la CEAV contó con un presupuesto de 1 mil 536 millones de pesos, pero sólo usó el 3 por ciento. Ese recurso se destinó a la reparación integral de víctimas de violencia (94 por ciento), para las víctimas del caso Ayotzinapa –los 43 normalistas rurales desaparecidos en septiembre de 2014– y otras personas desaparecidas (2 por ciento), y para gastos funerarios, médicos y de alimentación (2.6 por ciento), de acuerdo con un informe de la institución al que tuvo acceso Contralínea.

Para julio de 2016, la CEAV contaba con 1 mil 28.2 millones de pesos para medidas de Ayuda Inmediata a Víctimas y Compensación como parte de la Reparación del Daño. Sin embargo, gastó sólo 33 millones de pesos, de los cuales destinó 1.1 millones al pago de honorarios a fiduciaria; 0.6 millones a reembolso de gastos funerarios y de alimentación a víctimas; 29.7 millones por repara-

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¹/ Cifras al 30 de noviembre de 2016. El Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se autorizó el 24 de noviembre de 2014

Fuente: Cavi

no sabe cómo utilizarlo, como consecuencia de la pésima administración de los funcionarios que han estado a cargo de la institución. “Resaltan en los últimos años los escándalos entre los comisionados que formaban parte de la CEAV que carecían de formación en derechos humanos que les permitiera tomar decisiones acordes a las necesidades de las víctimas”.

Queda patente también en la CEAV el subejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el escaso personal asignado para la asesoría jurídica, la falta de capacitación y los bajos salarios que éstos devengan, subraya.

Hasta septiembre de 2016, había 3 mil 34 víctimas registradas ante la CEAV, de las que el 88 por ciento eran consideradas como víctimas de delitos y el 12 por ciento son por violaciones a derechos humanos. Se encuentran pendientes de registro 2 mil 717 víctimas, debido a las dificultades que enfrentan las personas para comprobar su condición de víctima ante la institución.

Adicionalmente, la CEAV sólo cuenta con 21 asesores jurídicos para las 32 entidades federativas, lo cual resulta completamente desproporcional con el número de víctimas que acuden a la misma para la defensa y protección de sus derechos.

Las cifras revelan que la Comisión ha sido rebasada por la realidad del país, pues tan sólo basta señalar los más de 20 mil casos de desapariciones que hay en México, y que la mayoría no han sido

resueltos, ya que se requiere del involucramiento de todas las instituciones públicas que tienen que asumir su responsabilidad frente a la atención de las víctimas, considera la abogada Nancy López.

Se trata de un fenómeno de los más difíciles de resolver en materia de derechos humanos, agrega, si se suma la cifra indeterminada de casos de tortura que hay en el país evidenciada por la PGR y las fiscalías locales. “Estamos hablando que hay miles de personas que necesitan atención urgente”.

Explica que la asesoría jurídica que ofrece a las víctimas la CEAV está rebasada, no hay claridad de cómo se vincula con otras instituciones federales que tendrían que adoptar una visión de atención de manera transversal e integral, para buscar acuerdos –por ejemplo con el sector salud–, que permita que haya una atención inmediata a la víctima que solicita atención médica como consecuencia de un hecho delictivo.

“Han llegado muchas víctimas a la Comisión de muchos estados y la burocratización de los procesos ha hecho que estas no puedan beneficiarse con los derechos que otorga la Ley General de Víctimas, ya desde el primer acercamiento hay una serie de documentos y requisitos que tienen que cubrir y que no necesariamente son sensibles y sencillos de atender por parte de las víctimas”, subraya.

Señala que la CEAV ha sido omisa y no hay logrado ofrecer una solución a las víctimas más

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allá de pedirles que exijan a los gobiernos en sus estados de procedencia que generen un sistema de atención a víctimas. “Es muy limitada esta visión de atención a víctimas agraviadas por instituciones federales, que es un problema generalizado en el país, y las personas no pueden quedar supeditadas a que haya voluntad política en los estados para ser atendidos”.

De las 7 mil 640 personas que solicitaron ser consideradas como víctimas directas e indirectas, sólo 3 mil 875 obtuvieron respuesta Sobre todo porque los victimarios son personas que laboran en la Sedena, la Marina, PGR, PFP, instituciones encargadas de la prevención del delito o autoridades involucradas en seguridad pública aun cuando no les corresponde esta tarea como la Sedena y la Marina, que han sido ampliamente señaladas en recomendaciones por violaciones a derechos humanos por la CNDH. Nancy López destaca que a las víctimas la CEAV les pide documentación que no tienen, ante lo cual la institución tendría que asumir su papel como abogado defensor y obtener la información que requiere, sin embargo la carga de recuperación de documentos y de probar de la víctima recae en la propia víctima, antes de que la CEAV sea en gran asesor para resolver los problemas para que las víctimas puedan acceder a la reparación integral.

El Estado, omiso ante reclamo de víctimas La CMPDYPDH ha representado a víctimas ante la CEAV y ha comprobado lo engorroso que resulta llevar un proceso que lleva mucho tiempo, sólo para contar con el número ante el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), para lo cual pue38

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den transcurrir hasta 6 meses sin que logren tener contacto con la institución. Peor aún, si la víctima requiere de atención médica urgente debe esperar a que cuente con su número en el Renavi para ser atendida.

Las personas que ingresan al Renavi, dice la abogada, generalmente observan deficiencia de capacitación y sensibilización de los funcionarios públicos, lo cual culmina en hechos revictimizantes. Se observan procedimientos ineficaces, complicados, lentos, discrecionales y burocráticos, que obstaculizan el reconocimiento de su calidad de víctimas, así como su acceso al reembolso de los gastos más inmediatos.

A más de 3 años de aprobarse la Ley General de Víctimas, el Estado no ha logrado asumir su responsabilidad frente a las miles de víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos.

Agraviados y organizaciones de la sociedad civil que se han acercado a la CEAV, han identificado falta de voluntad política del Estado, tanto a nivel federal como en los estados, para cumplir con los derechos de las víctimas consagrados en la ley.

Resalta la dificultad para las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos para ingresar al Renavi, al condicionarles su ingreso a la presentación de una denuncia penal o la emisión de una recomendación por parte de una comisión de derechos humanos, lo cual en muchos casos acentúa la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

Deficiencias Víctimas y familiares, así como organizaciones defensores de los derechos humanos y de la sociedad civil identificaron serias deficiencias en los procedimientos para el reembolso de viáticos, traslados, gastos funerarios, repatriación de restos, medidas de alojamiento y alimentación, atención médica y psicológica de emergencia, medidas de protección, así como de asesoría jurídica, previstas en la Ley General de Víctimas.

Veinte organizaciones de derechos humanos y 12 colectivos de familiares de víctimas de 16 estados del país participaron en el encuentro Derechos de las víctimas en México (agosto 2016), concluyeron que a más de tres años de aprobarse la Ley General de Víctimas, el Estado no ha lo-

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Las víctimas pueden ingresar al Renavi sólo si presentan denuncia penal u obtienen una recomendación de comisiones de derechos humanos

grado asumir su responsabilidad frente a las miles de personas víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos.

Entre las organizaciones participantes figuran Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México; Comité de Familiares de Personas Detenidas, Desaparecidas en México ¡Alzando Voces!; Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos; Familias de Acapulco en Busca de sus familiares; Familiares en Búsqueda; Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos; Por amor por ellos; Los otros desaparecidos de Iguala; Red Eslabones por los Derechos Humanos; Solecito de Veracruz.

En el encuentro, en el que participaron más de 120 expertos y víctimas directas e indirectas quedó patente la falta de voluntad política del gobierno federal y de los estados, para cumplir con los de-

rechos de las víctimas consagrados en la Ley, dice Juan Carlos Gutiérrez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Los expertos subrayaron la dificultad para las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos de ingresar al Renavi, al condicionarles su ingreso a la presentación de una denuncia penal o a la emisión de una recomendación por parte de una comisión de derechos humanos, lo cual acentúa la situación de vulnerabilidad.

Así como la carencia de un enfoque diferencial para la atención de víctimas migrantes, mujeres, niñas, niños, adolescentes o de pueblos o comunidades indígenas y lo más grave, que las disposiciones reglamentarias a la Ley condicionen la atención y reparación integral de las víctimas, y que los procedimientos burocráticos incidan en el desistimiento de las víctimas de su búsqueda de verdad y justicia, agravándose la impunidad.

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MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO

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Víctimas de abusos de agentes del Estado, en el desamparo

Juan Carlos Gutiérrez enumera algunas de las demandas y propuestas de los participantes en el conversatorio, que exigieron fueran incluidas en las reformas a la Ley general de Víctimas, aprobadas por el Congreso el 3 de enero de 2017: Garantizar la independencia de la CEAV como órgano descentralizado a fin de que los funcionarios no se asuman al servicio de la Secretaría de Gobernación, sino de las víctimas; Asegurar procedimientos ágiles para el reconocimiento de la calidad de víctimas en el Renavi, independientemente si la persona solicitante haya interpuesto una denuncia penal, o si proviene o no de una entidad federativa. Asegurar la atención inmediata a víctimas en situación de riesgo, aun cuando no estén registradas en el Renavi.

Incluir procedimientos especializados en la atención de grupos de población en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, pre40

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ferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad. Reconocer a las víctimas de desplazamiento interno forzado como personas que se han visto obligadas a huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos.

Impulsar un programa de formación sicosocial para quienes atienden a las víctimas, dirigido a funcionarios de la CEAV, PGR, CNDH, y sus homólogos en los estados con mecanismos de seguimiento para garantizar la calidad de la atención y evitar las frecuentes formas de victimización secundaria en estos procesos, concluye Juan Carlos Gutiérrez.

“Hay una omisión por parte de los estados de asumir su responsabilidad en la defensoría de las víctimas de delitos que establece la ley general, de

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tal suerte que sólo hay 15 entidades que cuentan con leyes de víctimas, significa que la mitad del país deja en total indefensión a las víctimas que acuden a la CEAV, donde les dicen que no pueden ser atendidos sino por los estados o alguna institución local, lo cual es un absurdo”, señala por su parte Nancy López.

La designación del comisionado Luego de las reformas a la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián publicó en el Diario oficial de la Federación la convocatoria para la designación del Comisionado Ejecutivo de la CEAV, dirigida a “los colectivos de las víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializados en la materia”.

Es bueno que haya habido reformas a la ley en la materia y pareciera que el sistema va a ser más sencillo para destrabar decisiones burocráticas con las que se topaban las víctimas para recibir no sólo reparación sino atención de primer contacto, dice la abogada Nancy López, pero arguye que la CEAV tiene que repensarse y reanalizarse desde las bases, es decir, “desde la forma en que le está prestando atención a víctimas de reparaciones y también para que alcance atención de primer contacto”.

Existe una enorme experiencia en materia de atención a víctimas entre las organizaciones de la sociedad civil que debían de servir para nutrir la labor de la Comisión Ejecutiva, lo que se necesita es funcionarios comprometidos, con visión de atención victimal, con perspectiva de derechos humanos y que tengan claro que construyan una institución con base en las víctimas, lo cual ya deberían de tener más que diagnosticada a más de tres años de su creación, destaca.

Respecto a la designación del comisionado ejecutivo de la CEAV, la abogada dice que es un proceso en el que las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos han estado involucrados, para determinar cómo debe funcionar la CEAV, “pero también vemos que ha habido poca apertura a grupos de familia-

res de víctimas que tienen necesidades y reclamos muy específicos y que han tenido que manifestarse frente a la sede de la institución para hacerse escuchar”.

“Es claro que la CEAV no puede funcionar sin el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil con grupos de víctimas que tienen necesidades específicas que requieren ser atendidas en el marco

Quien encabece la Comisión debe ser sensible, con conocimiento de derechos humanos y capacidad de dirigir una institución compleja de la Ley, que establece que sólo puede atender a víctimas reconocidas como tales por la CNDH o como víctimas del delito por la Procuraduría General de la República.

“Quien encabece la CEAV debe ser una persona sensible, con conocimiento de derechos humanos y capacidad de dirigir una institución compleja, con una enorme carga de trabajo, de tal suerte que urge que concluya el proceso de elección para que pueda empezar el proceso de restructuración e iniciar los trabajos que fueron detenidos por las modificaciones a la Ley General de Victimas”, considera la abogada Nancy López.

De acuerdo con un reporte de El Universal del 2 de febrero, entre las propuestas para la designación del nuevo Comisionado Ejecutivo de la CEAV, se encuentran funcionarios de la CNDH, Segob, Indesol y de la propia Cavi, entre los que menciona a Jaime Rochin (Cavi); María de los Ángeles Fromow (PGR); Rubén Vasconcelos Méndez, actual encargado de la CE; Julieta Morales Sánchez, directora del Centro Nacional de Derechos Humanos; María Antonio González del Castillo, de Indesol; y Patricia Colchero Aragonés, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob.

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ARGENTINA CRITICA A TRUMP

PERO SE ENDURECE CONTRA LOS MIGRANTES

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Como Trump, el gobierno argentino de Mauricio Macri decretó –a fines de enero pasado– su “derecho” a expulsar en trámite sumario a cualquier extranjero acusado en una investigación penal o a quienes hayan ingresado al país de manera irregular DANIEL GUTMAN/INTER PRESS SERVICE

DAVID MANRIQUE

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uenos Aires, Argentina. La medida del gobierno argentino de endurecer la política para los inmigrantes y establecer la expulsión exprés para acusados de delitos o en situación irregular recibe críticas por criminalizar a extranjeros y romper una política para el sector aplaudida internacionalmente.

Argentina es considerado, precisamente, un país de inmigrantes, porque la mayor parte de la población desciende de los extranjeros que masivamente llegaron a fines del siglo XIX y principios del XX. Además, mucho más recientemente, a fines de 2003, se sancionó una Ley de Migraciones que fue calificada como “un ejemplo mundial” por el entonces director de la Organización Internacional para las Migraciones, Brunson Mc Kinley.

Esa norma, entre otras cosas, garantiza el derecho a la atención sanitaria y a la asistencia social a todos los extranjeros, sin importar su situación migratoria. Sin embargo, muchos

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creen que esa realidad ha cambiado abruptamente el 30 de enero, a partir de una decisión del gobierno.

Ese día, se dio a conocer un decreto del presidente Mauricio Macri que permite expulsar en trámite sumario a cualquier extranjero acusado en una investigación penal o quienes hayan ingresado al país de manera irregular.

En enero, Macri decretó expulsar en trámite sumario a cualquier extranjero indocumentado o acusado penalmente El gobierno de centro derecha sostiene que estas medidas eran necesarias –según se lee en los fundamentos del decreto– para hacer frente a “fenómenos actuales como la globalización, la internacionalización del turismo y el crecimiento del crimen organizado internacional”.

Sin embargo, organizaciones humanitarias y de migrantes sostienen que se busca asociar a los inmigrantes con el delito, que sólo se perjudicará a los vulnerables, sin afectar a los poderosos, y que se estimula la xenofobia.

Desde hace años, las encuestas muestran que la inseguridad ciudadana es la primera o segunda preocupación de los argentinos. Un sondeo de la Universidad Católica Argentina, difundido en noviembre, arroja que nueve de cada 10 entrevistados teme ser víctima de un delito.

“Hasta ahora, solo se podía expulsar del país al extranjero que cometiera un delito grave, por el que le quepa una condena superior a tres años de cárcel, como lavado de dinero o un robo violento”, recordó Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos creada durante la última dictadura militar (1976-1983).

“Este nuevo decreto, en cambio, prevé la expulsión para todos los delitos que tengan pena de 44

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prisión, por ejemplo lesiones leves o resistencia a la autoridad”, explicó a IPS. “Incluso está previsto que se le retire la radicación definitiva en el país a aquellos que ya la obtuvieron por el solo hecho de estar procesado por un delito, lo que afecta derechos adquiridos”, agregó Morales.

El gobierno niega que se le quiera cerrar la puerta a los extranjeros, y en estos días difundió el dato de que, durante 2016, su primer año de gestión, se otorgó la residencia definitiva en el país a 215 mil personas.

Se trata de “ser hospitalarios y abiertos con todos los ciudadanos del mundo que quieran venir a sumar al esfuerzo diario de los argentinos y ser profundamente restrictivos con los que vienen a delinquir o delinquen en el país”, dijo el director nacional de Migraciones, Horacio García.

La duración de los procesos de expulsión de extranjeros que cometieron delitos graves es una de las principales preocupaciones del gobierno.

Según el decreto hoy pueden llevar hasta siete años.

Desde el gobierno citaron el caso de Marco Antonio Estrada González, un peruano con varias condenas por narcotráfico, que estaba bajo libertad condicional y, según la justicia, seguía manejando la venta de drogas en uno de los asentamientos precarios más poblados de Buenos Aires.

Pero entre quienes desconfían de las verdaderas intenciones de Macri está el presidente boliviano, Evo Morales, quien exhortó a sus colegas latinoamericanos a “no seguir las políticas migratorias del Norte”, en referencia a las medidas contra colectivos de extranjeros del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, el lunes 6 una delegación boliviana llegó a Buenos Aires para sostener encuentros con la cancillería argentina y otras autoridades, para evaluar el impacto del decreto en la comunidad boliviana en el país.

De acuerdo con los datos del último censo de 2010, Argentina tiene una población de 40 millones de habitantes, de los cuales 1.8 millones son extranjeros, aunque se sabe que las dos cifras crecieron desde entonces.

La mayoría de los inmigrantes provienen de Paraguay, Bolivia y Perú: entre estos tres países

aportan las tres cuartas partes de los extranjeros del país.

La medida del gobierno se tomó luego de la conmoción que generó, el 24 de diciembre, la muerte en Buenos Aires de un adolescente de 14 años, quien iba en el automóvil con su abuelo y fue baleado en la cabeza por dos ladrones que intentaban robar a dos mujeres.

Uno de los detenidos como presuntos autores de ese crimen resultó un adolescente peruano de 15 años, quien fue declarado inimputable por su edad y fue deportado a su país.

Pero si la pregunta es cuál es la participación real de los inmigrantes en los hechos de inseguridad, la cuestión no está en los números sino en su interpretación.

“La población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21.35 por ciento de la población carcelaria total”, dice el decreto que modifica la Ley de Migraciones de 2003.

Jennifer Wolf, jefa del área de extranjeros en prisión de la Procuración Penitenciaria, órgano que protege los derechos humanos de los detenidos, explicó a IPS que “la gran mayoría de las personas extranjeras presas en cárceles federales han estado involucradas en delitos no violentos. Son, principalmente, el último eslabón en la cadena de narcotráfico, no son narcotraficantes”.

“Por otro lado, en las cárceles federales el porcentaje de extranjeros osciló entre un 19 y un 21 por ciento entre 2006 y 2014, subió al 23 por ciento en 2015 y descendió a 21 por ciento en 2016.

Paralelamente el número total de presos ha ido en aumento constante en los últimos años”, planteó.

De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia, para fines de 2016, de los 3 mil 804 detenidos en cárceles federales por la ley de drogas, 1 mil 284 (casi 34 por ciento) son extranjeros. Entre ellos hay 428 paraguayos, 326 peruanos y 273 bolivianos.

Pero para Wolf, “lo que hay que mirar son las estadísticas de detenidos en todo el país, que incluyen a las cárceles provinciales: el año pasado terminó con 4 mil 449 presos extranjeros, que es aproximadamente el 6 por ciento de la población carcelaria total de la Argentina”.

Más de 130 organizaciones que defienden los

DAVID MANRIQUE

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derechos de los migrantes pidieron una audiencia con el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña, para plantearle su “preocupación y desconcierto” por la decisión oficial.

También reclamaron que la cuestión se debata eventualmente en el legislativo Congreso de la Nación, ya que el gobierno decidió hacerlo por decreto, durante el receso parlamentario de verano austral, con el argumento de que “existe una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes”.

Este decreto habilita la persecución de los extranjeros por parte de la policía. Se corría el rumor hace tiempo que una medida de este tipo venía.

Pero nunca imaginamos que podía ser algo tan fuerte, dijo a IPS un hijo y nieto de chilenos, Alfonso Rojas, quien integra la conducción de la Red Nacional de Líderes Migrantes, que agrupa a organizaciones de todo el país.

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NIGERIA: NIÑAS Y MUJERES USADAS COMO ARMAS DE GUERRA

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Aumentan los ataques de mujeres y niñas suicidas en Nigeria, atribuidos a Boko Haram. Las víctimas, primero secuestradas y violadas sexualmente, perecen cuando las fajas cargadas de explosivos son accionadas a distancia por los terroristas ANTONIO PANEQUE BRIZUELA/PRENSA LATINA

DAVID MANRIQUE

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l empleo en atentados de mujeres y niñas secuestradas –que explotan como virtuales bombas humanas en medio de grupos de civiles o militares– por parte de islamistas nigerianos, deviene una de las más crueles formas de guerra de la historia.

Esos métodos –comparables a las guerras del gran mongol Gengis Kan (1162-1227) que obligaba a prisioneros enemigos a marchar al frente de la tropa para combatir contra sus propios pueblos– ensombrecen hoy día la tranquilidad de aquel país de África occidental.

Lo que al principio fueron noticias aisladas sobre personas, sobre todo hombres, inmolados en un acto terrorista o de guerra contra objetivos militares o civiles, fue evolucionando hacia un recurso cada vez más frecuente contra las mujeres, incluidas las niñas.

En la Nigeria actual son cada vez más frecuentes las llamadas “mujeres suicidas” de cualquier edad, que estallan en medio de un concurrido mercado al detonar sus fajas de explosivos ceñidas al cuerpo.

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El crimen incluso es doble, si se considera que la mayoría de ellas son secuestradas y sometidas quién sabe a qué “técnicas” de preparación antes de materializarse la acción bélica dentro de la realidad homicida que vive el país.

Así, muchos especulan ahora sobre la buena suerte que tuvieron en días pasados las 1 mil 880 mujeres y menores que el Ejército rescató luego de ser raptadas por la secta Boko Haram en el norteño bosque de Sambisa, muchas de las cuales quizás se salvaron de la deflagración viviente en medio de cualquier muchedumbre.

Inmolación femenina La diversidad de modos en que transcurren los hechos y su reflejo equivalente en los correspondientes estilos y tendencias periodísticas asumió ya en el presente año una cruel integralidad con una noticiosa replicada por decenas de agencias 48

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cablegráficas y otros medios de prensa, más o menos de la forma siguiente: “Abuja, 13 ene: Un triple atentado suicida ejecutado por igual cantidad de mujeres, una de ellas con un bebé cargado a su espalda, causó hoy nueve muertos y 14 heridos en el Noroeste de Nigeria, informó la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias (ANME)”.

Según la fuente, el estallido de los artefactos portados por la mujer con su hijo cargado a la espalda, únicos muertos entre los atacantes, fue uno de los peores capítulos de la escalada criminal surgida meses atrás mediante muchachas con explosivos fijados al cuerpo y detonados a distancia.

Niñas de Chibok, ensayos para matar Esa forma de hacer la guerra a través del sa-

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crificio de inocentes, que mata a ciegas, sin identificar a quién ni determinar si es o no enemigo, cobró fuerza en especial durante estos 2 años transcurridos, después del secuestro en abril de 2014 de 276 niñas escolares de una secundaria en la localidad nororiental de Chibok.

Una cifra aún por fijar de aquel grupo fue objeto de ese tipo de atentados tras su rapto, reivindicado por Boko Haram, que despertó gran conmoción dentro y fuera del país y todavía acapara la atención de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Africana y otros organismos internacionales.

El Ejército, y también el gobierno mediante negociaciones con los captores, recuperaron hasta ahora a decenas de esas chicas del campamento madre islamista en el bosque nororiental de Sambisa, un área de 60 mil kilómetros cuadrados donde se supone que fueron escondidas tras el secuestro, pero aún quedan unas 200 cautivas de esos extremistas.

Los soldados continúan la búsqueda y hace poco encontraron a otra de ellas, Rakiya Abubkar, junto a su bebé de 6 meses, pues se estima que muchas fueron también violadas u obligadas a casarse con algunos de sus captores.

El inusual secuestro en masa de niñas, muchas de ellas ya convertidas en mujeres durante los 3 años de raptadas, conmovió tanto a la sociedad nigeriana que fundó un grupo con una campaña de protesta en las redes sociales bajo el nombre de Bring Back Our Girls (Devuélvannos a Nuestras Chicas).

¿Cómo convencen a las suicidas?

Instituciones benéficas, medios de prensa y estudiosos desconocen aún cuáles son los “argumentos” de la secta fundamentalista para persuadir a las víctimas a colocarse los letales cinturones, trasladarse a lugares de mucho público, con o sin soldados, y permitir su explosión como virtuales petardos humanos.

Algunos de los investigadores aceptan que los miembros del grupo islamista, a quienes se atribuyen unos 20 mil muertos y 2.6 millones de desplazados en sólo 7 años de acciones, usan amenazas de muerte contra familiares de las sui-

cidas y argumentos religiosos, como la entrega ante Alá mediante ese postrero acto de sacrificio.

Otros consideran que los captores también se valen de la ignorancia de las víctimas, entre otras cosas por desconocer estas que quienes las prepararon detonan sus explosivos mediante control remoto, quién sabe desde dónde.

También es otro diseño letal de los extre-

En Nigeria son cada vez más frecuentes las mujeres suicidas de cualquier edad, que estallan al detonar sus fajas de explosivos ceñidas al cuerpo mistas combinar los atentados entre personas de los dos sexos, como ocurrió días atrás en la explosiva localidad noroccidental nigeriana de Maiduguri, centro de operaciones de Boko Haram, en una secuencia de acciones que causó ocho muertos.

El primer ataque fue protagonizado por tres hombres que murieron al detonar sus cinturones de explosivos en un puesto militar y ultimar también a un civil que trabajaba como voluntario, pero el segundo fue ejecutado por dos mujeres suicidas que perecieron y se llevaron consigo a otras dos personas.

Sin embargo, en estos tiempos de agresiones nigerianas parece imponerse la utilización de féminas en esos actos, y el 16 de enero pasado ocurrió otro siniestro capítulo con el protagonismo de una niña en la universidad nigeriana de Maiduguri.

El ataque, que provocó cuatro muertos y 17 heridos, comenzó cuando una adolescente de alrededor de 12 años llegó al centro con su carga mortal, según el superintendente de la Policía, Víctor Isuku, pero esta vez el modus operandi fue aún más macabro, pues el detonante fue un disparo. “Su cuerpo explotó al instante de recibir el tiro”, subrayó el oficial.

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AMÉRICA LATINA Y EL PUEBLO ESTADUNIDENSE UNA ALIANZA IMPENSADA Con Trump retornan los antivalores que requiere el imperialismo para volver a imponerse: hiperconcentración de la riqueza, desigualdad, racismo, xenofobia, prepotencia, violencia, guerra, colonialismo, explotación humana. Para repelerlo, los pueblos necesitan hermanarse: América Latina puede caminar ahora con el pueblo estadunidense

GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

JUAN J PAZ Y MIÑO-CEPEDA/PRENSA LATINA

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e acuerdo con The Washington Post, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien asumió el cargo el 20 de enero de 2017, hizo más de 280 promesas durante su campaña; pero el 22 de octubre las concentró en 60 en el documento “Contractwiththe American Voter”. El periódico decidió seguir el cumplimiento de cada promesa.

Según RT, además, en sus dos primeras semanas de mandato, Trump cumplió 13 de las 28 promesas que hizo para sus primeros 100 días de gobierno.

Entre ellas cabe destacar la renegociación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que mantiene con México y Canadá y que entró en funcionamiento en 1994); retiro del TPP (Acuerdo Transpacífico, suscrito en 2015, que involucra a 11 países); permitir la infraestructura energética como el oleoducto Keystone Pipeline; cancelar el financiamiento a las “ciudades santuario” de inmigrantes; suspender la inmigración desde varios países musulmanes, revocar el sistema de salud –conocida como ObamaCare– y definir la construcción de un muro fronterizo con México.

Habría que sumar las prohibiciones para los lobbistas (cabilderos), la cancelación de millones de dólares para pagos de diversos programas sobre el cambio climático; la revisión del sistema de visados; y aún restan por llegar los cambios económicos destinados a potenciar las empresas estadunidenses bajo un esquema proteccionista.

Asimismo las rebajas de impuestos, las reformas al comercio externo que ofrecen restablecer el predomino estadunidense y, desde luego, el reforzamiento de la seguridad interna, conjuntamente con la atención a las Fuerzas Armadas, incluso iniciada con el memorándum sobre la organización del Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo de Seguridad de la

Patria (Homeland Security), que altera el sistema existente desde 1947.

Trump lo manifestó claramente: “Desde hoy en adelante, una nueva visión se impondrá: primero Estados Unidos, primero Estados Unidos... Ganaremos de nuevo, ganaremos como nunca antes”.

En las primeras semanas del mandato de Trump, ese país se ha visto convulsionado: miles de manifestantes furiosos irrumpieron en las más grandes ciudades; reacción de mujeres, ambientalistas y grupos LGBT [lesbianas, gays, bisexuales y transexuales]; marchas y pronunciamientos de científicos de diversas áreas; protestas de inmigrantes; arrepentimientos de sectores que votaron por él (según Gallup, Trump acumuló más del 50 por ciento de desaprobación en 8 días; Barack Obama registró esa cifra tras 936 días después de su asunción, y el primer Bush, 1 mil 336 días después).

En medio de ello, alcaldes de ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Filadelfia, Seattle, Minneapolis o Providence se aprestan a desacatar las normas inmigratorias. Al respecto, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, afirmó: “Somos una ciudad de inmigrantes […].

Protegeremos a todo el mundo independientemente de donde venga e independientemente de su estatus migratorio”.

Por su parte, abogados demandan los decretos presidenciales; hay plantones en los aeropuertos internacionales, en defensa de los migrantes y refugiados; y hasta las universidades de Harvard, Yale, Stanford y el MIT claman contra la política inmigratoria del flamante presidente, que estiman “causará un daño irreparable a la educación”.

Las reacciones mundiales también se han puesto en marcha. En México, emergió el coraje contra la pretensión de Trump de construir un muro fronterizo; ante la revisión del TLCAN y, sobre todo, por los insultos a la dignidad nacional,

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mientras Europa se lanza contra las reglas migratorias, a tal punto que Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, cataloga a Trump como una “amenaza”.

Por su parte, el presidente francés François Hollande pide una “respuesta con firmeza”, y la canciller alemana Angela Merkel endurece el tono: “Los europeos decidimos sobre nuestros desafíos”. El diario español El País sale a la defensa radical de México; y empresas como Nike, Apple y Amazon cuestionan al mandatario estadunidense, y hasta el Vaticano se pronuncia contra su política de inmigración.

En nuestra América Latina, las primeras reacciones provinieron, como era de esperarse, de México, y específicamente de sus pobladores y los sectores sociales y académicos más representativos, porque el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto se movió débilmente y bajo el vaivén de dialogar, o no, con Trump.

La indignación social se ha generalizado en diversos países, aun cuando las reacciones de la mayoría de sus gobernantes todavía no cobra la contundencia y radicalidad que los pueblos esperan. En todo caso, la V Cumbre de la CELAC [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños], el pasado 25 de enero en República Dominicana, rechazó “todas las formas de racismo, xenofobia y discriminación contra los migrantes y reconoció las contribuciones de éstos en los países de origen y destino”; además, alentó la unidad latinoamericana.

Los gobiernos progresistas de América Latina están muy claros en cuanto a los temas de dignidad, soberanía y el antiimperialismo. El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha sido tajante: “vienen tiempos duros”, dijo, y ha propuesto “un discurso consolidado y frontal” de América Latina, para “defender los derechos humanos y el principio de la movilidad”.

Desde enero de 2017, de la mano de Estados Unidos y de su presidente Donald Trump, el mundo ha iniciado un giro cu-

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yas nuevas lógicas todavía están en desarrollo, pero van quedando en claro ciertas tendencias.

Ante todo, el triunfo de Trump es un auto-reconocimiento a la pérdida progresiva de la primacía internacional que tuvo ese país después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y que, paradójicamente, se agotó con la globalización trasnacional, pese al triunfalismo histórico con el que se anunciaba frente al derrumbe de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el bloque comunista. Trump reivindica el retorno a la hegemonía mundial estadunidense a toda costa y, sobre todo, sin miramientos y aún por encima de los valores e instituciones edificados desde la postguerra.

El intento de recuperar la hegemonía perdida se topa con el mundo que la propia globalización engendró: una multipolaridad de potencias que compiten; una geopolítica internacional que forma bloques y un pueblo estadunidense que explota contra los antivalores que el ansia hegemónica originó.

La nueva reconstrucción de la hegemonía estadunidense es, hasta el momento, escandalosa ante buena parte del mundo “sensato”, que ve en la personalidad del nuevo presidente rasgos que provocan asombro, pero el asunto no es sólo un tema de sicología individual.

En realidad, se ha producido un giro imprevisto de la historia en los últimos 70 años: la debacle del “fin de la historia” que anunciaba Francis Fukuyama en sus antiguos trabajos, cuando creía que la humanidad se encaminaba al paraíso de la economía liberal y la democracia liberal de tipo occidental, y que hoy el mismo Fukuyama reconoce como meta alterada por el triunfo electoral de Trump.

La reconstrucción de la hegemonía perdida se lanza al mundo desde la perspectiva del “capitalismo de los accionistas”, la certera frase de Nancy Pelosi, líder de la minoría Demócrata de la Cámara

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“En América Latina, las primeras

de Representantes. Según “Forbes”, los 10 estadunidenses más ricos incrementaron en casi 16 mil millones de dólares su patrimonio desde que Trump asumió la Presidencia.

Es el retorno de los antivalores que el imperialismo requiere para volver a imponerse contra todo y contra todos: hiperconcentración de la riqueza, desigualdad, racismo, xenofobia, desprecio al otro, prepotencia, violencia, guerra, colonialismo, explotación humana, atropello a los pueblos, intervencionismo.

Sólo que la recuperación de la hegemonía perdida se topa ahora con el mundo que la propia globalización engendró: una multipolaridad de potencias que compiten, entre las que destacan Europa, Chi-

na y Rusia; una geopolítica internacional que forma bloques (América Latina, uno de ellos) y cuestiona todo afán de hegemonía unilateral; y sobre todo, los pueblos que, como se ha visto en Estados Unidos, tienen una cultura aparentemente escondida, sin mayor notoriedad, que explota contra los mismos antivalores originados por el ansia de la hegemonía sin contemplaciones.

De repente, nuestra América Latina tiene un aliado poderoso con el que es preciso encontrar los canales de convergencia, unidad y acción: el pueblo estadunidense, que despertó a la movilización de valores y principios humanos que todos entendimos habían avanzado precisamente para validar la democracia.

reacciones provinieron del pueblo mexicano, porque el gobierno de Enrique Peña se movió débilmente”

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TRUMP

LOS NEGOCIOS Y LA GUERRA El plan de Trump para la reactivación del comercio mundial es muy distinto al de su antecesor. De entrada rechaza la actual globalización basada en las grandes trasnacionales. Más allá de los desplantes y los exabruptos del nuevo ocupante de la Casa Blanca, lo cierto es que se enfrenta a un poder que se rehúsa a salir de los ámbitos financieros y políticos en los que se encaramó desde hace 30 años

123RF

THIERRY MEYSSAN/RED VOLTAIRE

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amasco, Siria. Tratando de echar por tierra el poder que le precedió y que se aferra al control en contra suya, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no puede conformar su administración apoyándose en la clase política actual de ese país ni en altos funcionarios. Por eso está recurriendo a nuevas “personalidades”, a empresarios como él, a pesar de los riesgos que eso implica.

Según la ideología puritana en boga desde la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es un crimen mezclar la política de un Estado con los negocios personales, razón por la cual se instauró una estricta separación entre ambas cosas. En siglos anteriores, por el contrario, la política no se abordaba bajo una perspectiva moral sino siguiendo el principio de la eficacia. En esos tiempos se consideraba normal asociar los empresarios a la política. El enriquecimiento personal de estos últimos se calificaba de “corrupción” sólo si se enriquecían en detrimento de la nación, no cuando la desarrollaban.

En lo que concierne a sus relaciones con los llamados Dos Grandes (Rusia y China), el presidente Trump aborda el tema de Rusia en el plano político y el tema de China en el plano comercial. Por eso recurre a Rex Tillerson –el expatrón de Exxon-Mobil–, amigo personal de Vladimir Putin, como secretario de Estado; y a Stephen Schwarzman –el mandamás de la firma de inversiones y capital Blackstone–, amigo personal del presidente Xi Jinping, nombrándolo presidente del nuevo órgano consultativo encargado de proponer la nueva política comercial estadounidense: el Foro Estratégico y Político (Strategy and Policy Forum), inaugurado personalmente por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, el 3 de febrero [1]. Ese Foro reúne a 19 empresarios

de muy alto nivel. Contrariamente a las prácticas anteriores, esos consejeros no fueron designados teniendo en cuenta si apoyaron o no al actual presidente en su campaña electoral, ni tampoco en función de las empresas que dirigen, del tamaño de estas o de su influencia. Sólo se tuvo en cuenta la capacidad personal de dirección de los seleccionados.

Rex Tillerson Como director de ExxonMobil, Rex Tillerson concibió una forma de asociación con sus homólogos rusos. Gazprom y, posteriormente, Rosneft autorizaron a los estadunidenses a trabajar en Rusia, a condición de que los estadunidenses hicieran lo mismo autorizando esos consorcios a trabajar con ellos en otras partes del mundo. Los rusos cubrieron así un tercio de las operaciones de ExxonMobil en el Golfo de México, mientras que la transnacional estadunidense participó en el descubrimiento de un gigantesco campo de hidrocarburos en el Mar de Kara [2].

Fue ese éxito lo que le valió a Rex Tillerson recibir la Medalla de la Amistad de manos del presidente Vladimir Putin.

Pero la prensa prefiere resaltar los vínculos personales que Tillerson estableció con el presidente ruso y con Igor Sechin, hombre de confianza de Putin.

A la cabeza de ExxonMobil, Tillerson se enfrentó a la familia Rockefeller, fundadora del emporio. Pero logró hacer valer su punto de vista y los Rockefeller comenzaron a vender sus acciones para abandonar la compañía [3].

Según los Rockefeller, el petróleo y el gas son recursos finitos, o sea limitados, que están a punto de agotarse –conforme a la teoría divulgada en los años 1970 por el Club de Roma. El uso de esos recursos provoca emisiones de carbono hacia la atmósfera y así da lugar al calentamiento cli-

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El presidente Trump incomodó a China al hablar por teléfono con la presidenta de Taiwán, a pesar del principio de: Una China, dos sistemas

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mático del planeta –teoría difundida en los años 2000 por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIEC) y el exvicepresidente demócrata estadunidense Al Gore [4]. Y es hora de pasar a fuentes renovables de energía.

Por el contrario, para Rex Tillerson, nada permite validar la idea de que los hidrocarburos son una especie de compost de detritus biológicos. Constantemente siguen apareciendo nuevos yacimientos en zonas donde no parecía que pudiese haber yacimientos y a profundidades cada vez mayores. Nada demuestra que los hidrocarburos vayan a agotarse en los próximos siglos. Nada prueba tampoco que el carbono proveniente de las actividades humanas sea la causa del cambio climático. Los dos bandos inmersos en ese debate han financiado un intenso cabildeo para convencer a los políticos que toman las decisiones porque ninguna de las dos partes dispone de un argumento determinante [5].

Pero los dos bandos también defienden, por otro lado, posiciones diametralmente opuestas en materia de política exterior. Es por eso que la lucha entre los Rockefeller y Tillerson tuvo un impacto en la política internacional. Veamos: En 2005, los Rockefeller aconsejeron a Qatar –cuyos ingresos provienen de ExxonMobil– que apoyara a la Hermandad Musulmana. Después, en 2011, aconsejaron a Qatar que se implicara en la guerra contra Siria. Y Qatar dilapidó decenas de miles de millones de dólares en apoyo a los grupos yihadistas.

Tillerson, por el contrario, consideró que la guerra clandestina es buena para la política imperial, pero no hace avanzar los negocios. Desde la derrota de los Rockefeller, Qatar ha venido retirándose paulatinamente de la guerra y dedica sus gastos a los preparativos de la Copa Mundial de futbol.

En todo caso, la administración Trump no ha tomado, hasta ahora, ninguna decisión sobre Rusia, exceptuando la abrogación de las sanciones adoptadas en reacción a una injerencia en la campaña electoral estadunidense, injerencia supuestamente observada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su silga en inglés).

Stephen Schwarzman El presidente Donald Trump inicialmente incomodó a China al aceptar una llamada telefónica de la presidenta de Taiwán, a pesar del principio de “Una China, dos sistemas”. Recientemente ofreció excusas al presidente Xi Jinping, deseándole calurosamente un “Feliz año del Gallo de Fuego”.

Pero antes le hizo un regalo de lujo al anular la participación de Estados Unidos en el Tratado Transpacífico. Ese acuerdo, que ni siquiera estaba firmado aún, estaba concebido –como todo el conjunto de la globalización de los 15 últimos años– para excluir a China del poder de decisión.

El presidente Trump ha abierto un canal de negociación con las principales autoridades comerciales y financieras chinas, a través de los miembros de su Foro Estratégico y Político. Un 9.3 por ciento de la empresa de Stephen Schwarzman, Blackstone, pertenece desde 2007 al fondo soberano chino China Investment Corp [6], cuyo director de aquella época, Lou Jiwei, es el actual ministro de Finanzas de la República Popular China.

Schwarzman es miembro del Consejo Consultativo de la Escuela de Economía y Gestión de la Universidad Tsinghua [7]. Y ese Consejo, bajo la presidencia del exprimer ministro Zhu Rongji, reúne en su seno a importantísimas personalidades chinas y occidentales. Basta con citar a Mary Barra, de General Motors; Jamie Dimon, de JPMorgan Chase; Doug McMillon, de WalMart Stores; Elon Musk, de Tesla Motors;

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e Indra K Nooyi, de PepsiCo; quienes además son ahora miembros del nuevo Foro Estratégico y Político de la Casa Blanca.

En un artículo anterior, indiqué que desde su encuentro con Jack Ma –de Alibaba e igualmente miembro del Consejo Consultativo de la Universidad Tsinghua–, Donald Trump se plantea la posibilidad de que Estados Unidos se incorpore al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (Asian Infraestructure Investment Bank o AIIB). Si esa posibilidad se concretara, Estados Unidos estaría iniciando una verdadera cooperación para desarrollar las “rutas de la seda”, lo cual haría inútiles los conflictos en Ucrania y en Siria [8].

La cooperación a través del comercio Desde la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la polí-

tica de Estados Unidos se trazaba según la “doctrina Wolfowitz”. Para garantizar que Estados Unidos fuese “el primero”, las sucesivas administraciones no vacilaron en librar de manera consciente toda una serie de guerras que empobrecieron el país [9].

Por supuesto, ese empobrecimiento no fue para todos. Por eso se vio un conflicto intestino del capitalismo entre las empresas que se beneficiaban con la guerra – actualmente BAE, Caterpillar, KKR, LafargeHolcim, Lockeed Martin, Raytheon, etcétera– y las que sabían que podían beneficiarse con la paz.

La administración Trump pretende reactivar el desarrollo de Estados Unidos rompiendo con el ideal de ser “el primero” y fijando como objetivo ser “el mejor”. Para eso hay que actuar rápido. Se necesitarán años para abrir las “rutas de la seda”, aunque su construcción ya está

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ampliamente iniciada. Por consiguiente, Estados Unidos no tiene tiempo para ponerse a renegociar los grandes tratados comerciales multilaterales ya existentes.

Tiene que concluir sin demora acuerdos bilaterales para que los contratos se apliquen de inmediato.

Consciente de que es extremadamente difícil convertir una economía de guerra en economía de paz, Donald Trump asoció a su Foro Estratégico y Político un empresario proveniente de una de las grandes firmas que podrían desarrollarse tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra:: Jim McNerney, de Boeing.

Notas [1] “Remarks by President Trump in Strategy and Policy Forum”, The White House, 3 de febrero de 2017.

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[2] “Rosneft exploitera le pétrole du Golfe du Mexique”, por Juliana Gortinskaïa, Оdnako (Rusia), Réseau Voltaire, 8 de marzo de 2013.

[3] “The Rockefeller Family Fund vs Exxon”, David Kaiser y Lee Wasserman, The New York Review of Books, 8 de diciembre de 2016.

[4] “1997-2010: La ecología financiera”, por Thierry Meyssan, Оdnako (Rusia), Red Voltaire, 28 de abril de 2010.

[5] “Exxon Mobil Accuses the Rockefellers of a Climate Conspiracy”, John Schwartz, The New York Times, 21 de noviembre de 2016. “Rockefeller Foundations Enlist Journalism in ‘Moral’ Crusade Against ExxonMobil”, Ken Silverstein, The Observer, 16 de enero de 2017.

[6] Annual Report 2008, p 40 y 56, The Blackstone Group.

[7] “The Advisory Board of Tsinghua University School of Economics and Management (2016-2017)”, Tsinghua University.

[8] “The Geopolitics of American Global Decline”, Alfred McCoy, Tom Dispatch (Estados Unidos), Voltaire Network, 22 de junio de 2015.

[9] La doctrina Wolfowitz se elaboró en el marco de la Defense Policy Guidance for the Fiscal Years 1994-1999. Aunque ese documento no ha sido desclasificado, su contenido fue revelado en el artículo “US Strategy Plan Calls For Insuring No Rivals Develop”, por Patrick E Tyler, The New York Times, el 8 de marzo de 1992. Ese mismo diario publica largos pasajes del informe en la página 14: “Excerpts from Pentagon’s Plan: ‘Prevent the Re-Emergence of a New Rival’”. Informaciones adicionales aparecen en “Keeping the US First; Pentagon Would Preclude a Rival Superpower”, por Barton Gellman, The Washington Post, 11 de marzo de 1992.

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RAMÓN EDUARDO ORTIZ LEÓN

Cunden los decomisos de droga en la frontera sonorense. Los anuncios se magnifican y, por política de gobierno, se busca que alcancen resonancia nacional. Lo cierto es que son insignificantes para una industria que trasiega miles de toneladas de estupefacientes. Nunca hay personas detenidas. En plena “temporada” alta de tráfico, policías y delincuentes aseguran que “todo está tranquilo”

“Decomisos”, arreglados con la maña

ESPECIALES A OCHO COLUMNAS

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aborca, Sonora. Las historias de “arreglos” entre las policías municipales, estatales y federales –e, incluso, las Fuerzas Armadas– siguen documentándose a lo largo del desierto sonorense.

Más evidencias, pruebas e investigaciones –periodísticas y académicas– parecen provocar ya poco asombro entre los lectores de ambos lados de la Frontera internacional México-Estados Unidos. Algunos relatos concluyen con “final feliz”: de castigo a los culpables… Pero en la mayoría de los casos, los protagonistas sólo permanecen en la polémica por unas cuantas semanas y, cuando surge un nuevo escándalo, son olvidados. Así siguen con sus actividades cotidianas de traslado de cargas en coches oficiales o privados hasta que son pillados de nuevo y desaparecen por unos días del escenario público. La historia se repite.

La impunidad es la norma.

Los propios diarios de la región reportan a decenas de agentes y comandantes que han caído por traslado de droga. El caso más sonado en el sexenio pasado fue el de Lázaro González Cruz, jefe de escoltas del propio gobernador, y el de Ramón Tacho Verdugo, jefe de grupo de la Policía Estatal, asesinado también después, entre otros de menor relevancia.

Específicamente en Caborca se encuentra el caso del expolicía, madrina y guarura Humberto Cantón Pradel, detenido y llevado directo

caló del narco se llama al periodo más activo de trasiego de drogas, inicia a finales de noviembre. Llega a la Frontera proveniente de los altos de Sinaloa, la sierra tarahumara de Chihuahua y la sierra alta de Sonora, principalmente.

En esta ciudad de Caborca se distribuye una cantidad ínfima.

Aquí en realidad se almacena y desde aquí se introduce a Estados Unidos. Apenas pasando la línea internacional, su precio puede alcanzar los 1 mil dólares la libra, según su calidad. Para consumo local sólo dejan el guarumo o mota vieja, restos de la temporada pasada, que termina en agosto y abril respectiva-

Fotografía. Caborca, el paso de la droga a Estados Unidos

hasta el penal de Almoloya, quien ya anda libre pero el Semanario Zeta aseguró que es jefe de un grupo de narcotraficantes. En realidad, según la información recabada, es quien hacia arreglos con la representación del Ministerio Público Federal en Caborca y los jefes policiacos. También se le ha acusado de distribuir entre los tirantes cocaína para comercializarla en el municipio.

El final de 2016 y lo que va de 2017 en Caborca ocurrieron decomisos de droga, inclusive la información ha tenido impacto a nivel “nacional”… pero “no hay detenidos” en ninguno de los casos.

La “temporada”, como en el

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mente.

Claro que la droga pasa todo el año, pero es en esos periodos que se intensifica su trasiego, pues tienen que pagar a los que les soltaron la mota para que vuelvan a sembrar.

Hasta en eso los esquilmados de esta industria son los últimos eslabones de la cadena, pues quienes la siembran deben darla “fiado” a los jefes distribuidores. A veces ellos mismos roban a los burreros (quienes la pasan caminando por el desierto) para justificar no pagarles a los campesinos.

A principios de año en esta ciudad de Caborca, en Sonoyta y en Saric ocurrieron sendos decomisos de marihuana que la Policía Estatal anunció con bombos y platillo, mencio-

“LOS DECOMISOS DE FINES DE 2016 Y PRINCIPIOS DE 2017, EN LA CIUDAD DE CABORCA, NO ARROJARON DETENIDOS. AQUÍ SE DISTRIBUYE UNA CANTIDAD ÍNFIMA DE DROGA, PUES AQUÍ SE ALMACENA”

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con el señuelo de riqueza fácil, se vayan con la finta y reciban sólo pequeñas cantidades de dinero y no las ganancias soñadas.

Muchos de los campesinos ya no se dedican sólo a atender su siembra, sino que también siembra en otras tierras donde le indica el patrón. Se contratan como “jornaleros” acasillados, tal y como antes de la Revolución. Muchos terminan convirtiéndose en parte de fuerzas de choquen, un ejército privado.

Para que luego se anden alquilando como sicarios –sobre todos los jóvenes– sólo falta un paso. La mayoría lo da. Cientos de muchachos son capaces de todo por droga, armas o carros: secuestrar, levantar, asaltar y ejecutar a quien le estorba a los jefes.

La propia información pública de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) de Sonora da cuenta de la colusión entre delincuentes y autoridades.

El pasado 21 de enero, oficiales de la PESP aseguraron 11 paquetes con droga dentro de un vehículo impactado en el municipio de Caborca. El conductor “se dio a la fuga”.

La droga arrojó un peso aproximado a los 13.7 kilogramos. De haber sido distribuida en el narcomenudeo equivaldría a más de 27 mil dosis con valor superior a los 500 mil pesos.

Sin más, informan que el con-

Fotografía superior. Cártel de Sinaloa domina Caborca Fotografía inferior. Coludidos, autoridades y delincuentes

nando la colaboración que hay con el Ejército Mexicano para realizar operativos. Los decomisos fueron apenas significantes, pues no sobrepasan entre los tres ni los 200 kilos de mota. Ni un pelo al gato, cuando el trasiego en la zona rebasa los cientos de toneladas por cada “temporada”.

Un kilo de mota en las calles de Sonora apenas rebasaría los 4 mil pesos. Las ganancias para los narcomenudistas apenas llegarían a los 1 mil pesos.

El cártel de Sinaloa es quien domina este territorio, según productores consultados; pagan precios abusivos por la mota cosechada en el Triángulo Dorado: no más de 300 pesos por kilo a los campesinos que se arriesgan a sembrar y vivir de ello.

El dinero casi nunca lo ven, pues para sembrar siempre se endeudan, ya que los jefes de zona del cártel generalmente les pagan en especie, víveres, fertilizantes, bebidas alcohólicas; y droga (cocaína y cristal), vehículos y también armas.

Esto ha permitido que en pueblos de la sierra la drogadicción repunte a cifras alarmantes, un fenómeno que antes no ocurría, pues toda la mercancía tenía como destino Estados Unidos. Y el monopolio de un sólo grupo (el cártel de Sinaloa) ha hecho que los sembradores, CUARTOSCURO CUARTOSCURO

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Sasabe, municipio de Saric, escondidos entre el monte fueron encontrados 130 kilos en el primero y 43 en el segundo. En ninguno de los casos hubo detenidos.

Estos insignificantes decomisos “sin detenidos” sirvieron para justificar y ensalzar el trabajo de los policías de la región.

No son los únicos hechos extraños que involucran a las autoridades. Hace algunas semanas en Caborca se cometió un crimen en una reyerta entre burreros. Ellos vivían en una casa donde se guardaba droga, curiosamente no acudió la Policía Estatal Investigadora como es su

Fotografía. Aseguramientos de droga han alcanzado a Sáric y a la región fronteriza del desierto

ductor se les fugó, cuando los oficiales supuestamente están entrenados para persecuciones de alta velocidad; y si el conductor se estrelló, ¿no pudieron seguir su rastro luego de que se bajó del vehículo?

En otros hechos ocurridos dos día antes, elementos de la PESP y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron operativos conjuntos en Sáric, Sonora.

En la región fronteriza del desierto lograron el aseguramiento de 97.3 kilogramos de droga. Por supuesto tampoco hubo detenidos.

En Sonoyta también se realizó un decomiso similar. Igualmente, en

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deber, sino la municipal a dar fe del hecho como ayudantes del Ministerio Publico y preservar la escena del crimen.

En esa casa se guardaba droga y era alojamiento de burreros. Las autoridades no aseguraron la casa ni revisaron nada. Sólo dieron fe del crimen y se retiraron, algo nunca visto cuando se comete un crimen.

Mientras, sigue la sospechosa cifra de encuentros “casuales” de costales y paquetes con droga, “sin detenidos”. Y todos ellos, en pequeñas cantidades. También los jefes policiacos sifuen adquiriendo caso-

LOS INSIGNIFICANTES DECOMISOS SIRVIERON PARA JUSTIFICAR Y ENSALZAR EL TRABAJO DE LOS POLICÍAS DE LA REGIÓN. PERO LOS HECHOS EXTRAÑOS ABUNDAN, COMO LA REYERTA ENTRE BURREROS

nas y carros de lujo.

En las entrevistas realizadas para este trabajo, se habla de que el “costo de la plaza” en Caborca es de aproximadamente 50 mil dólares cada mes.

El encargado de despacho de la Comisaria Municipal de Caborca comandante Moisés Ramos Meza y su personal operativo, cerraron y al mismo tiempo iniciaron el año con gran actividad en el tema del narcomenudeo, realizando importantes aseguramientos de droga tanto de marihuana como de cristal, según informaron el pasado 17 de enero los medios locales.

La primera de las acciones se realizó por la carretera las calabazas cuando, a través de una “denuncia anónima”, el Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando alertó a las unidades en servicio de unas personas que cargaban unos bultos en sus espaldas, los cuales fueron localizados caminando en forma paralela a las vías del ferrocarril. Al verse descubiertos emprendieron la huida entre el monte dejando abandonados los bultos, los cuales arrojaron un peso de 75 kilogramos de una hierba verde y seca con las características de la marihuana. Por supuesto, “no hubo detenidos”.

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LA IMPORTANCIA DE LOS USUARIOS PARA LAS REDES SOCIALES GONZALO MONTERROSA

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witter busca mejorar la experiencia de sus usuarios, pues muchos de ellos consideraban molesto o por lo menos no le encontraban sentido a las notificaciones de que su cuenta había sido agregada a una lista. Es habitual que si la cuenta se trata de una revista, las alertas muestren que intentó eliminar dichos avisos y regularmente la lista tendrá un nombre como revistas o noticias.

Mediante la cuenta @TwitterSafety, la empresa avisó el 13 de febrero a las 3 de la tarde que los usuarios dejarían de recibir esos avisos. Ese mismo día, 2 horas después, a través de la misma cuenta anunciaba que, haciendo caso a los comentarios de los usuarios, regresaban la misma configuración.

Fueron más quienes querían saber si alguien los agregaba a una lista y sobre todo enterarse del

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cuenta con más de 50 millones senombre de dicha lista, pues con guidores o suscriptores a su canal, el puro nombre podrían saber si tuvo la “ocurrencia” de subir nueve alguna persona peligrosa o perteneciente a algún grupo peligroso de videos con chistes antisemitas y a favor del racismo. A pesar de ser personas los está siguiendo. famoso por ser irreverente, No es lo mismo que te sus acciones además de siga una persona que Hay redes sociales críticas le han costase dice amante de los que escuchas a sus do que la empresa animales a que te usuarios, como Twitter Disney (que también siga un grupo que que recientemente arrastra la imagen odia a los latinos y modificó sus protocolos. de un fundador con que su lista se llame Otras, como Facebook, sólo atienden a sus ideas antisemitas) latinos en Arizona, anunciantes cancelara su contraen estos momentos to; además, Youtube de redadas antiinmilo sacó de Youtube Red y grantes, sólo por dar un del programa Google Preferred, ejemplo. que ofrece más ganancias que a los Otras empresas tecnológicas usuarios normales. que tratan de protegerse ante la Los videos se realizaron utilireacción de los usuarios son Disney zando a su vez el sitio web Fivver y Alphabet, poseedora de las mar(establecido en Israel), en el que los cas Google y Youtube. La semana usuarios pueden conseguir trabajos pasada, el youtuber Félix Kjellberg, aleatorios y temporales. El trabajo conocido como PewDiePie, quien

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solicitado era mostrar en videos algunos letreros como: “muerte a todos los judíos”. Se justificó diciendo que se trataba de una broma que salió mal. Pocos le creyeron, entre ellos las empresas que le daban ganancias. Sin embargo, Youtube no lo sacó completamente de su plataforma, sólo lo eliminó del programa preferencial, lo que aún no genera incomodidad. Algunos grupos que cuentan con espacio en sitios web dicen que Félix es uno de ellos y se declaran como sus “seguidores”.

A diferencia de éstas, una empresa que ha escuchado más a los anunciantes que a sus usuarios es

Facebook. Seguro has notado que nuevamente los videos se reproducen automáticamente. Pensabas que ya habíamos superado la situación, fueron muchas las quejas de los usuarios porque los videos comenzaban a reproducirse de forma automática sin hacer clic, sobre todo porque significaba que el fragmento inicial del video se descargó sin haberlo solicitado. Si sucedía en un teléfono significaba un gasto no considerado y los videos son de lo que más datos consume.

Facebook hizo caso y dio instrucciones para desactivarlo, pero no trabaja para los usuarios, por si es lo que pensabas: los usuarios

trabajan para la red social, subiendo contenido en todo momento y permaneciendo y navegando en sus líneas de tiempo, interactuando, comentando o compartiendo publicaciones y sobre todo viendo publicidad. La publicidad es la jefa del negocio y si dice que los videos publicitarios sin sonido no tienen sentido y pide que se vuelvan a activar, es lo que pasará.

Obviamente habrá ciertos pasos a seguir para lograr desactivarlos, sin embargo la gran mayoría de los usuarios no saben hacerlo y no los desactivarán. Algunas empresas escuchan a los usuarios, otras a los anunciantes.

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EX LIBRIS

JEAN TULARD LA ENÉSIMA BIOGRAFÍA DE NAPOLEÓN BONAPARTE (1769-1821) ÁLVARO CEPEDA NERI

I.

Históricamente, Napoleón es breve noticia bibliográfica del Napoleón un personaje imán. “Atrae y es de Jean Tulard quien, además, ha difícil deshacerse de él… y den- escrito: Napoleón: el porvenir, la Nación, la tro de 50 años, será necesario rehacer leyenda, entre muchos otros. cada año la historia de Napoleón”, esII. Gilbert Keih Chesterton (1874cribió Henry Beyle, alias Stendhal en: 1936) decía: “si no logras desarrollar Napoleón; traducción, prólogo y notas toda tu inteligencia te queda la opción de Consuelo Berges (Aguilar de edide hacerte político”. No que éste caciones); y cuya novela Rojo y Negro es rezca de inteligencia, sino que cultipermanente novedad, continuación, vando la cualidad de pensar o sobre acaso, de Ana Karenina del inmortal la marcha del aprendizaje pragmáLeón Tolstoi, vasos comunicantes de tico, un individuo, mujer u hombre, la eterna búsqueda de amor y eropuede hacerse políticamente hasta tismo. Stendhal ni lo adivinó un estadista. Y el Napoleón de ni lo predijo; simplemente la Revolución Francesa de supo tener perspectiva 1789, roza la dimensión histórica, del pasado al del estadista, descabeAutor: Jean Tulard presente con su futuro zando las monarquías Título: Napoleón (traducinmediato. Un sólo Napreconstitucionales y ción de Jordi Terré) poleón en la larga lista decretando el Código Editorial: Grijalbo, de Napoleones, incluso Civil de 1804. Tulard 2012 en una bibliografía selecnos guía por entre 25 cionada como la que nos capítulos que dan como ofrece Philip Dwyer en Napoleón, resultado una monumental bioel camino hacia el poder: 1789-1799 (La grafía. Del “yo soy la Revolución” de Esfera de los Libros). En otra nota me quien iba a llevar, si no al mundo, a ocuparé del Napoleón de Stendhal, Europa y Francia a la contrarrevoquien casi la escribió en vida del más lución después de aquel 5 de agosto político que militar, y es un ensayo de 1789 cuando se fijó el final de esa inconcluso del ilustre novelista que Revolución, “pronto apaciguada por comparó a Napoleón con Julio Célos decretos que abolieron el feudalissar: dos autócratas popularmente mo, la venta de los bienes de la iglesia, aceptados en las repúblicas de Roma el aumento de los salarios”, mientras y Francia, que transformaron en moNapoleón seguía ascendiendo con narquías singulares. Ahora daré una una nueva estrategia, modera, despó-

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tica, cesarista y monárquica.

III. “Lo que profetiza Mozart, unos años antes de su muerte, cuando al final de La Flauta Mágica, las tropas de Soroastro derrotan a las legiones de la Reina de la Noche en el templo del Sol… ¿cuántos espectadores reconocieron en Soroastro el rostro del general Napoleón convertido en el Primer Cónsul de la República y el último baluarte de las conquistas revolucionarias?”. Así arranca esta biografía apoyada en más de 100 páginas de notas; y narra el secuestro y homicidio de Luis de Borbón Condé, duque de Enghien por órdenes de Napoleón, y sobre el cual cayó la fulminante frase de Fouché: “No fue un crimen político, fue una estupidez”; que Stefan Zweig bien retrata en: Fouché: retrato de un hombre político (Acantilado). Bonaparte imita –dice Tulard– a Alejandro y César, sirviéndose incluso, de su físico extraño y su carácter autoritario, “fascina, irrita, subyuga y, en suma, no deja a nadie indiferente”.

Así nos deja esta biografía del autócrata, creador del despotismo moderno, que tuvo imitadores: caricaturas políticas (Hitler, Stalin, Mussolini) más o menos iguales en su abuso del poder para sabotear todo intento democrático, hasta los napoleoncitos presidentes que ocultan su raíz monárquica-napoleónica.

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 20 al 26 de febrero de 2017

Año 15 • Número 527 • $30