Contralínea 542 by Miguel Minero

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 5 al 11 de junio de 2017

Año 16 • Número 542 • $30

CONTENIDO

PORTADA

SIN FACULTAD LEGAL, SEDENA GASTA 18 MIL MILLONES EN SEGURIDAD PÚBLICA Pese a carecer de facultades legales en materia de seguridad pública, la Sedena habrá gastado más de 18 mil millones de pesos en ese rubro entre 2013 y 2017

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 16, número 542, del 5 al 11 de junio de 2017– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea. com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certiﬁ cado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 2 de junio de 2017. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reﬂ ejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión, SA de CV.

OPINIÓN 6 OFICIO DE PAPEL TÚ ESPÍAS, ÉL ESPÍA, TODOS ESPÍAN Miguel Badillo 8 ZONA CERO “NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS”… O NO HABRÁ MÉXICO Zósimo Camacho 10 AGENDA DE LA CORRUPCIÓN ZETAS Y CABALLEROS TEMPLARIOS, DETRÁS DE AGRESIONES CONTRA LÍDERES RELIGIOSOS Nancy Flores 12 DEFENSOR DEL PERIODISTA ¿EMBARRÓ DUARTE CON SU CORRUPCIÓN AL PEÑISMO? Álvaro Cepeda Neri ARTÍCULOS 14 EL GENERAL CIENFUEGOS: ¿TAMBIÉN EN PRECAMPAÑA? José E González Ruiz 16 MÁS PODER A GRUPOS DE PRESIÓN EN LA ONU Rabiya Shabeeh/IPS 18 LA ONU DEBE HACER DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD DE LA POBREZA POR INJUSTA E INHUMANA José Carlos García Fajardo/CCS 20 JUVENTUD Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA Fran Araújo/CCS

Circulación certificada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

22 LA UE USA FONDOS DE LA LUCHA CONTRA LA POBREZA PARA FRENAR LA LLEGADA DE MIGRANTES Ludovica Jona/CCS 24 EL ÉXODO GLOBAL SUPERA LOS 60 MILLONES DE DESPLAZADOS María Ángeles Siemens/IPS

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CONTENIDO

INVESTIGACIÓN 26

PORTADA Sin facultad legal, Sedena gasta 18 mil millones en seguridad pública Nancy Flores

SEGURIDAD Los Zetas, cártel terrorista trasnacional José Réyez

LÍNEA GLOBAL América Latina, sin políticas para afrontar el tráfico humano Daniela Pastrana/Inter Press Service

ANÁLISIS 50

PETROLERO Convergencias y divergencias de políticas petroleras de Trump y Peña Fabio Barbosa

ENERGÉTICO Calderón y Lula se reunieron el día que Odebrecht y Pemex se asociaron Omar R Escamilla Haro, Mónica Mojon Lugo, Claudia Ocaranza y Eduard Martín-Borregón/PODER

INTERNACIONAL Desastres climáticos abren debate socioambiental en América Latina Fabiana Frayssinet/Inter Press Service

MISCELÁNEO

Imagen de portada: 123RF

SOCIEDAD BETA Twitter no sirve para medir la popularidad de un presidente Gonzalo Monterrosa

EX LIBRIS Si la política se derrumba es que no hay interés en los asuntos comunes Álvaro Cepeda Neri www.contralinea.com.mx

OPINIÓN OFICIO DE PAPEL

TÚ ESPÍAS, ÉL ESPÍA TODOS ESPÍAN MIGUEL BADILLO

l espionaje en México ya no es una actividad privativa de los órganos de inteligencia del Estado, como sucedía hasta hace varios años, cuando éstos intervenían las líneas telefónicas para grabar conversaciones entre políticos, empresarios, líderes sociales y periodistas a fin de controlar los hilos del poder y utilizar la información con fines políticos. En los últimos sexenios se aprobaron leyes y reglamentos para convertir al espionaje en una actividad lícita para ciertos órganos de poder, mientras que aquellos que no cuentan con autorización judicial también pueden hacerlo con facilidad gracias a los avances tecnológicos y al desarrollo del internet y las redes sociales, por lo que el espionaje se ha convertido en una práctica cotidiana de la cual nadie se salva. Acostumbrados entonces a ser intervenidos en nuestras conversaciones privadas y, en consecuencia, a ser víctimas de violaciones a los derechos humanos, hace unos días el tema del espionaje volvió a las primeras planas de los periódicos, cuando varias organizaciones de la social civil, abocadas a la transparencia y la lucha contra la corrupción, denunciaron violaciones a sus derechos de privacidad y anunciaron su ruptura con el secretariado técnico tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Los quejosos advirtieron que funcionarios del gobierno federal ignoraron sus quejas y evitaron investigar las denuncias por el espionaje que han sufrido algunos colaboradores en materia de salud. Concretamente acusaron de ser omisos a la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Arely Gómez, y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

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Protección de Datos Personales, cuya presidenta es Ximena Puente, pues señalaron que hay evidencias de que desde oficinas gubernamentales realizan una “vigilancia digital” en su contra, lo que vulnera la confianza para el trabajo en equipo. A pesar de que el espionaje se ha convertido en un deporte al que muchos juegan, con o sin autorización legal, lo cierto es que se deben denunciar esos abusos de interferir las comunicaciones privadas, sin importar que se trate de llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes directos entre particulares, pues la privacidad es un derecho y un bien humano consagrado en nuestra Constitución y en leyes internacionales. Y como todos quieren espiar, hace unos días nos enteramos por una información de los reporteros Aurora Zepeda, Tania Rosas y Leticia Robles de la Rosa, publicada en Excélsior, que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) busca atribuciones que le permitan “intervenir comunicaciones privadas”. La justificación de la Fepade para tratar de entrometerse en conversaciones privadas es que “investiga el uso de dinero sucio” por parte de políticos que participan en los procesos electorales. Siempre hemos sabido que la Procuraduría General de la República mantiene muy mala relación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque, si hubiera buena comunicación, los fiscales de la Fepade deberían saber que hay una Unidad de Inteligencia Financiera que depende de Hacienda e investiga precisamente las finanzas, cuentas y movimientos ban-

carios de todas aquellas personas políticamente expuestas (PPE), es decir, de quienes buscan cargos públicos a través de procesos electorales. Pero lo que en realidad quiere la Fepade es tener todo el poder de la impunidad para intervenir las comunicaciones privadas entre políticos y particulares, y por supuesto enfilar sus baterías sólo en contra de la oposición, porque nadie va a creer que también grabarán e investigarán a los políticos integrantes del partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional, y a los miembros del gabinete. El director general adjunto de Averiguaciones Previas de la Fepade, Javier Humberto Domínguez, le dijo a los reporteros que si bien el Poder Legislativo decidió castigar el uso de dinero ilícito, no les dio herramientas para ello, por lo que “la intervención telefónica permitirá establecer los vínculos de ciertos actores políticos y saber el origen y destino de ese dinero”, según él. Por supuesto que el espionaje telefónico o digital siempre se ha utilizado para conocer la vida privada de las personas y esa información, que debe ser reservada y lo más discreta posible, utilizarla para presionar e intimidar a los distintos actores que son víctimas de espionaje ante la amenaza de hacerla pública. Así que la Fepade debe irse olvidando de que el Congreso le autorice atribuciones que sólo son una violación a los derechos humanos de las personas en lo más sagrado y que debe ser protegido por el Estado, como es el derecho a la intimidad y a la privacidad. Además las autoridades cuentan con muchas herramientas para investigar a políticos y servidores públicos que se enriquecen ilícitamente o que utilizan recursos mal habidos para promoción política (y una vez que llegan al poder están obligados a pagar los favores con contratos y privilegios a sus benefactores, lo que los convierte en cómplices de la corrupción), por lo que, para cumplir con sus funciones, la vía no es violar la privacidad como quieren. Puntos suspensivos… Como cada año en el aniversario del asesinato del periodista Manuel Buendía, los reporteros volvimos a ocupar la plaza Francisco Zarco de la Ciudad

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de México en demanda de justicia, pues aunque ese crimen se cometió hace 31 años, se ha convertido en un símbolo de injusticia e impunidad. Los autores intelectuales del asesinato, gestado desde el poder, nunca enfrentaron la justicia, igual como ha pasado con decenas de colegas periodistas en las últimas 3 décadas, quienes perdieron la vida ante la indiferencia y omisión del gobierno, y como una consecuencia por investigar a los grupos de poder político y del crimen organizado, que muchas veces son los mismos.

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OPINIÓN ZONA CERO

“NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS”… O NO HABRÁ MÉXICO ZÓSIMO CAMACHO

os pueblos indígenas se levantan. El país se y que responda a los siete principios del mandar remueve en sus entrañas. Como siempre, obedeciendo como nuestra garantía moral”. Son algunas de las palabras con las que el Conno habrá información en los grandes medios. Los corporativos colgarán apenas algunas greso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zaanécdotas que buscarán hacer parecer a los pue- patista de Liberación Nacional (EZLN) dieron a blos originarios un accesorio más, casi folclórico, conocer el pasado 28 de mayo la instauración de del sistema (¿debemos decir “mercado”?) político un Concejo Indígena de Gobierno, con 71 concejales –hombres y mujeres– provenientes de todas mexicano. La soberbia y el desprecio de los medios de colas geografías del país, entre ellos una vocera, la municación hacia las naciones, pueblos, tribus y nahua María de Jesús Patricio Martínez, quien a comunidades del México profundo son extensio- nombre de este Concejo participará en las elecciones de esas mismas soberbia y desprecio que por nes de 2018 como candidata independiente. Los siete principios siglos han gastado polídel mandar obedecienticos, empresarios, latiLos siete principios del mandar obedo que han hecho suyos fundistas, dominadores, capitalistas, hacia los deciendo que han hecho suyos el CNI y el CNI y el EZLN viehabitantes originarios el EZLN vienen rigiendo la vida de mi- nen rigiendo la vida de miles de comunidades de este país. les de comunidades en México en México de generaHoy los indígenas ción en generación, por han hablado entre ellos y se han puesto de acuerdo. Bajan de las montañas siglos: servir y no servirse, construir y no destruir, y las sierras. Suben de las cañadas y laderas. Vie- obedecer y no mandar, proponer y no imponer, nen de las selvas abigarradas; de los remolinos del convencer y no vencer, bajar y no subir, represendesierto; de los bosques de ocote, oyamel y neblina; tar y no suplantar. María de Jesús, Marichuy, nahua de Tuxpan, de las costas saladas, remojadas por milenios. Las “únicas alternativas de lucha de nuestros Jalisco, médica tradicional encarna la mujer que pueblos están en las geografías indígenas de todo el CNI y el EZLN buscaban como vocera y que nuestro México y juntos somos el Congreso Na- anunciaron desde enero pasado: “una mujer indícional Indígena, que decidimos no esperar el de- gena que hable lengua, porque es guardiana de la sastre que indudablemente nos traen los sicarios sabiduría de su cultura, del cuidado de su familia, capitalistas que gobiernan, sino pasar a la ofensiva del cuidado de su pueblo. Guardiana y dadora de y hacer esa esperanza un Concejo Indígena de Go- la vida y de nuestra madre naturaleza. La hija de bierno para México, que apueste a la vida desde corazón de colores, la que siembra esperanza paso abajo y a la izquierda anticapitalista, que sea laico a paso, la que construye vida con otras con otros, la

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ZONA CERO

que limpia y sana los corazones del odio y del poder. La que trenza en su cabello la memoria del pueblo”. Es una oportunidad para la paz que lanzan los indígenas de México. Probablemente será la última para algunos de ellos. Vilipendiados, saqueados, despojados, los pueblos, naciones, tribus y comunidades de este país emprenden una ofensiva pacífica pero clara: defenderán su cultura, derechos, territorios y recursos hasta las últimas consecuencias frente a un despojo peor que el de tiempos de la Colonia. Se enfrentan al genocidio. Es la última oportunidad para varias etnias y lenguas. Si fracasan, las opciones de lucha pacífica se reducirán drásticamente. El Concejo Indígena de Gobierno quedó constituido con la participación de los pueblos: Apache, Amuzgo, Akimel O’otham, Binniza, Chatino, Chichimeca, Chinanteco, Chol, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Coca, Comkaac, Cuicateco, Mestizo, Hñähñü, Ñathö, Ñuhhü, Ikoots, Kumiai, Lakota, Mam, Matlazinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Me’phaa, Mixe, Mixe-Popoluca, Mixteco, Mochó, Nahua o Mexicano, Nayeri, Popoluca, Purépecha, Q’anjob’al, Rarámuri, Tének, Tepehua, Tlahuica, Tohono Odham, Tojolabal, Totonaco, Triqui, Tseltal, Tsotsil, Wixárika, Xi’iuy, Yaqui y Zoque. No empiezan de cero. La actual fase de resistencia indígena se ha construido silenciosamente durante las últimas 2 décadas, desde que a instancias del EZLN se constituyó el CNI en 1996. Silenciosamente, no porque así lo hayan preparado los pueblos, sino por el silencio que se les ha impuesto a sus demandas, sus defensas, sus voces. Porque la geografía del despojo es también, muchas veces, la geografía de la resistencia. En 29 “espejos” el CNI documenta la lucha y la organización ante los “megaproyectos” que padecen las comunidades. La mayoría de estos saqueos son retratados en los medios de comunicación como “oportunidades”, “inversiones”, “generadores de empleos”. Nunca se dice a quién van a desterrar; qué lengua van a matar; qué cultura van a exterminar; cuántos miserables van a generar. Los 29 “espejos” son 29 casos de resistencia indígena en puntos que atraviesan toda la geografía

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mexicana y que pueden consultarse en la siguiente liga: https://www.congresonacionalindigena.org/espejos/: la costa nahua michoacana, el Totonacapan, el territorio wixárika, los bosques sagrados de la Sierra de Manantlán, el istmo de Tehuantepec, la isla de los cocas de Mezcala, el Cerro Grande de Colima y, entre muchos otros, los territorio kiliwa y kumiai del Norte de la República. Se juntan los de color de la tierra. Traen sus cuitas, arrastran su pobreza; pero también juntan su sabiduría, sus palabras y sus flechas. Retiembla la Tierra. Sus hijos comienzan a andar.

Fragmentos El próximo sábado se conmemoran 46 años del Halconazo. Como el 2 de octubre de 1968, tampo-

co se olvida el 10 de junio de 1971. Los halcones – grupos de asesinos con entrenamiento paramilitar que masacraron estudiantes en la Rivera de San Cosme, en la Ciudad de México– sirvieron hasta entrados los años de 1990. Estuvieron al servicio de políticos, hoy todavía algunos encumbrados y otros caídos en desgracia. Sirvieron a dirigentes de los sindicatos oficiales casi llegando al año 2000. Algunos, hoy andan dando tumbos en cárceles o en calles, contratándose al mejor postor para hacer lo único que les enseñaron: matar. Los halcones, resabios de las cloacas que intentaron apagar las voces de los estudiantes que buscaban construir un mundo más justo hicieron su aparición hace más de 9 lustros. Sus jefes siguen moviendo hilos y gozando de impunidad.

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

ZETAS Y CABALLEROS TEMPLARIOS DETRÁS DE AGRESIONES CONTRA LÍDERES RELIGIOSOS NANCY FLORES

n los últimos meses se han incrementado los las ejecuciones registradas en 2016: “en una misma ataques del crimen organizado contra sacer- semana de septiembre de 2016, tres sacerdotes fuedotes de la Iglesia Católica. Por la impunidad ron encontrados muertos: los padres Alejo Nabor que priva y la inseguridad que enfrenta, en ese círcu- Jiménez Juárez, José Alfredo Suárez de la Cruz y José Alfredo López Guillén. Los dirigentes religiolo social la desesperación también va en aumento. Algo que quedó de manifiesto el fin de semana sos son blanco porque hablan en contra de las panpasado, cuando el obispo Salvador Rangel –de la dillas y/o porque se niegan a incluir la mitología Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Guerrero– dio espiritual en sus sermones”. una conferencia de prensa para denunciar que, en Tlapa, el crimen organizado le exigió al obispo Da- Minorías religiosas, presas de la ira goberto Sosa un pago por “derecho de piso” (Jesús Guerrero, Reforma, 29 de mayo de 2017). Para el caso mexicano, el informe de la UniAsí, esa especie de impuesto que cobran los cri- ted States Commission on International Religious minales a empresas y negocios llegó a los recintos Freedom refiere otro grave problema que pocas de culto. Pero no sólo veces se visibiliza: los eso, el clérigo también extremadaLos servicios de inteligencia de Es- ataques señaló que al obispo mente violentos contra tados Unidos señalan que detrás de las de Ciudad Altamirano, minorías religiosas, que Maximino Miranda, lo agresiones contra los sacerdotes se en- han derivado en el desasaltaron y le quitaron cuentran Los Zetas y los Templarios plazamiento forzoso de una camioneta “en un unas 35 mil personas en retén de un grupo criMéxico. minal”. Al respecto, refiere que el marco normativo de A decir de los servicios de inteligencia de Esta- los usos y costumbres ha dado lugar a violaciones dos Unidos, detrás de las agresiones se encuentran de la libertad religiosa dirigidas contra minorías, principalmente dos cárteles del narcotráfico. “Las “en diferentes municipios de Chiapas, Guerrero, organizaciones criminales, como Los Zetas y Los Hidalgo, Jalisco, Oaxaca y Puebla, donde residen Caballeros Templarios, siguen atacando a los sacer- muchas comunidades predominantemente indígedotes católicos y a otros líderes religiosos con ame- nas”. nazas de muerte, extorsión e intimidación. En alguEl reporte indica que en la mayoría de esas nos casos, estos objetivos son asesinados”, señala el agresiones el problema radica en la interpretación Informe anual 2017 de la United States Commission y aplicación de la ley. “Los municipios interpretan on International Religious Freedom. el catolicismo como la cultura indígena mayoritaria Refiere que entre los casos más extremos de vio- a ser protegida, y las autoridades locales –incluyenlencia contra integrantes de la Iglesia Católica están do algunos líderes católicos– han perseguido a los

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AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

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les reportan organizaciones de defensa de la libertad religiosa. La Commission on International Religious Freedom destaca que este tipo de agresiones relacionadas con la aplicación del marco normativo relacionado con los usos y costumbres ha ido en aumento, según lo documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También informa que actualmente hay 35 mil personas desplazadas en México debido a estas violaciones. “Las oficinas de asuntos religiosos y las instituciones del Estado no pueden responsabilizar a los funcionarios gubernamentales o miembros de la sociedad que hayan cometido actos de violencia, desplazamiento, acoso o discriminación contra las minorías religiosas. En los pocos casos de intervención y mediación gubernamental, los funcionarios no realizan un seguimiento para asegurar que se apliquen los acuerdos”. El informe enlista, además, casos de violencia contra minorías religiosas. “En la primera mitad de 2016 hubo varios reportes de violaciones a la libertad religiosa: el 4 de enero de 2016, las autoridades destruyeron propiedades y expulsaron a la fuerza a nueve familias pertenecientes a la iglesia Renovación en Cristo en Chiapas. El 29 de enero, las autoridades expulsaron a la fuerza bajo la amenaza de linchar 20 familias bautistas en Jalisco. En febrero, una iglesia protestante en Chiapas fue incendiada. El 24 de abril, funcionarios cortaron el agua de cinco familias evangélicas en Chiapas. En mayo, funcionarios estatales expulsaron con fuerza a 86 familias protestantes y cortaron el agua y la electricidad de otras 15 familias protestantes en Chiapas. En junio, una familia protestante en Chiapas que se negó a contribuir financieramente a las fiestas católicas fue encarcelada y multada, y un hijo fue golpeado antes de huir”. Y pese a que son miles los afectados, sea del narcotráfico o de reaccionarios religiosos, los casos se encuentran impunes.

que se niegan a convertirse, a pagar ‘impuestos’ por eventos y operaciones católicas o participar en actividades religiosas católicas”. Agrega que los ataques no son exclusivos de quienes profesan el catolicismo. “También hay casos en donde los municipios predominantemente protestantes han participado en violaciones de la libertad religiosa contra los católicos y/o otros protestantes. En estas áreas, las minorías religiosas que no desean participar o contribuir financieramente a fiestas religiosas, o que desean practicar una fe diferente o ninguna fe, han experimentado violencia, desplazamiento forzado, detención arbitraria y destrucción de bienes personales e inmuebles destinados al culto. Otras medidas de represalia incluyen cortar el agua y la electricidad, prohibir los entierros en los cementerios comunitarios, negarles el acceso a las escuelas, prohibir la participación en la actividad política y cívica de la comunidad y negar el empleo”. Según el documento, en México se han registrado recientemente al menos 150 casos de violaciones de la libertad religiosa que no han sido resueltos ni por las autoridades locales ni por las federales, según

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OPINIÓN CONTRAPODER

¿EMBARRÓ DUARTE CON SU CORRUPCIÓN AL PEÑISMO? ÁLVARO CEPEDA NERI

arl Bernstein y Bob Woodward fueron los reporteros estadunidenses que rindieron honores con su trabajo periodístico a la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América (edición bilingüe Luciana y Andrés Botas), y que tras los resultados de su periodismo de investigación para exhibir la corrupción política antidemocrática de Nixon que provocó su renuncia ante la advertencia del Congreso de llevarlo a juicio político, escribieron su fabuloso libro: Los hombres del presidente (editorial Euros, 1974). Luego, para mostrarnos la corrupción política durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los investigadores Adriana Amezcua y Juan E Pardiñas publicaron su libro Todos los gobernadores del presidente: cuando el dedo de uno aplasta el voto popular (Grijalbo, 1997); y que fueron los precursores de los Duartes, Padrés, Flavino Ríos, Granier, Jesús Reyna, Juan Sabines, Luis Armando Reynoso, Jorge Torres y etcétera. Al respecto hay que consultar el reportaje de Jacobo García: “La corrupción de los gobernadores golpea a México y cerca a Peña Nieto” (El País, 12 de abril de 2017). De entonces para acá, la corrupción política y económica se ha enraizado en el sistema-régimen presidencialista que abandonó el liberalismo económico para sentar las bases del neoliberalismo económico y su radicalismo depredador que ha empobrecido, como nunca antes, a los mexicanos (¡más de 60 millones, desde la hambruna a todas las modalidades de la pobreza!). Y aumentando el autoritarismo político. O sea, disminuyendo el liberalismo político, hasta llegar a un golpismo militar con el pretexto de combatir la sangrienta inseguri-

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dad que sigue aumentando; y donde el desafío del narcotráfico a los gobiernos ha pasado a competir por el poder del Estado al infiltrarse como narcopoder, donde funcionarios y delincuentes son la nueva delincuencia organizada a la sombra de la impunidad, cuyas complicidades llegan hasta la presidencia de la República. Los desgobernadores del calderonismo como del peñismo se han caracterizado por su corrupción política, y sobre todo económica. Todos o casi todos contribuyeron a la campaña electoral de Peña, como socios-cómplices; y hay funcionarios directamente involucrados en los sobornos de Petrobras y Odebrecht, por haber recibido más de 10 millones de dólares. Los hombres-funcionarios del peñismo, encabezados por sus desgobernadores (rateros), han llevado las corrupciones económicas y políticas a tal grado, que el malestar social tendrá resultados más allá de la próxima elección-presidencial. Por lo que con Víctor Hugo, se escucha el “ronco son de las revueltas” que se perfilan como un choque popular y la consecuente represión militar, donde el pueblo puede romper el sitio del autoritarismo y los candados de la corrupción. Ninguna duda hay de que al Duarte más ratero (salvo que al esculcar al Duarte chihuahuense resulte peor), le permitieron huir; y hasta le prestaron un helicóptero para hacerlo y por más de seis meses anduvo de aquí para allá en uno de los aviones de la empresa de los Mansur veracruzanos, en su triángulo-pantano de corrupción: Chiapas-Belice-Guatemala y en las narices de la Procuraduría General de la República (PGR), hasta que la Interpol entró en acción policiaca. En ese medio año Duarte la

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CUARTOSCURO

CONTRAPODER

siguió gozando de lo lindo como lo hizo cuando fue desgobernador veracruzano; y que según cuentan las malas lenguas es el millonario número uno del priismo-peñista con 80 mil millones de pesos. ¿Embarró Duarte con el excremento de su corrupción a la élite peñista que lo protegió aun sabiendo que robaba a manos llenas y sin antifaz, cumpliendo con aquello de que “el alumno supera al maestro”, como discípulo que fue de Herrera y quien también está en la mira. Parece que Duarte de Ochoa es ya el más ratero del poder público desde Alemán a la fecha (19462017), donde presidentes municipales, gobernadores y presidentes de la República se han enriquecido junto con sus grupos-pandillas, haciendo de la divisa de Hank González: “un político pobre es un pobre político”, la vía para robar el dinero del pueblo. Y hasta crearon capos como Yarrington, para consolidar la narcopolítica; donde los funcionarios –sobre todo federales– sin exculpar a los de las 32 entidades, se han enriquecido. Pero, al parecer, Duarte, su familia, su pandilla y sus cómplices-socios, llevaron a cabo como realidad el cuento aquel de los “40 ladrones”; que si es investigado de acuerdo a la ley y suelta lengua, comprobaremos que di-

señó y ejecutó la más lograda red de delincuencia organizada desde el gobierno, para acumular una fortuna de más de 200 mil millones de pesos entre todos ellos. Los mexicanos nos preguntamos si ese excremento duartista embarró al peñismo, como indican los datos y rumores, desde que se supo de las contribuciones de Duarte a la campaña electoral de Peña y desde que éste estuvo involucrado con Yarrington, Humberto Moreira y los desgobernadores del PRI, PAN, Panal y PVEM. Y como “el que parte y comparte, se queda con la mayor parte”, Duarte embarró de corrupción al gobierno federal a tal grado que lo dejaron robar como nunca antes lo hizo un desgobernador; aprovechándose del cargo para echarse a la bolsa las partidas federales y los ingresos estatales. Con ellos compró ranchos, mansiones, casas en México y el extranjero y atesoró efectivo en pesos, dólares y euros; creando empresas fantasma con dinero público. Por esta razón, Duarte es una fosa séptica de excremento de corrupción; un delincuente que debe purgar cadena perpetua en la cárcel y su ficha ingresar al Diccionario de los asesinos de René Reouven, y al Diccionario del crimen de Oliver Cyriax.

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EL GENERAL CIENFUEGOS ¿TAMBIÉN EN PRECAMPAÑA? JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ, DOCTOR EN CIENCIA POLÍTICA Y EN DERECHO CONSTITUCIONAL; EXRECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

Están atrás/van para atrás/piensan atrás/son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír/nos ven luchar/nos ven amar/nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. “Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”

interrogaran a los miembros del Ejército que intervinieron en los hechos de Iguala-Ayotzinapa del 26 y 27 de septiembre del 2014. Fue después de esto que se dio la práctica expulsión de los miembros de ese Grupo y el anulamiento de su investigación, que por cierto no comulga con la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam. Otro hecho de la mayor importancia fue la ejecución extrajudicial, que vimos a través de os dicen que las Fuerzas Armadas son las redes, de un civil desarmado a manos de un obedientes y no deliberantes. Con eso, soldado, con motivo del combate a los llamaquieren que creamos que los estamen- dos huachicoleros. Cienfuegos salió a minimizar el tos militares no participan activamente en políti- suceso diciendo que el autor del crimen se enca sino que se sujetan a las órdenes que les dé su contraba en situación “de estrés”, sin considerar que se trata de uno de comandante supremo, los delitos que el Estaque es el presidente El secretario de la Defensa Naciotuto de la Corte Penal de la República. Si tal cosa fuera cierta, esta- nal, general Salvador Cienfuegos Ze- Internacional cataloga ríamos ante un Esta- peda, es cada vez más abiertamente como de lesa humanidad. Omitió decir, do donde los poderes un actor político del sistema como en el caso de la castrenses estarían sodesaparición forzada metidos a la autoridad civil. Pero los hechos, siempre los hechos, dicen de Los 43, quién dio las órdenes. Y ahora nos dice el general secretario que, otra cosa. La Constitución sigue siendo utilizada como un marco de ornato para la actuación de en su concepto, la reforma educativa es la “más los órganos de poder y para que luzcan los dis- importante y trascendente” de las que se han aplicado en este sexenio. Y recibió la respuesta cursos de sus depositarios. El secretario de la Defensa Nacional, Sal- a su halago, nada menos que del titular de la vador Cienfuegos Zepeda, es cada vez más Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio abiertamente un actor político del sistema. Una Nuño Mayer, quien aseguró que gracias a los llamada de alerta se dio cuando salió a la pa- uniformados México ha tenido 80 años de una lestra a decir que por ninguna razón permitiría estabilidad política que muy pocos países pueque los integrantes del GIEI (Grupo Interdisci- den presumir, “de cambios sexenales respetando plinario de Expertos Internacionales) de la Co- la Constitución con elecciones”. Y remató Juan misión Interamericana de Derechos Humanos Díaz de la Torre, secretario general del Sindi-

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OPINIÓN

MARIO JASSO/CUARTOSCURO

ARTÍCULO

cato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), opinando que los castrenses y los docentes “son de los sectores más importantes del país... de antes, de hoy y, seguramente, de mañana” (La Jornada, 20 de mayo de 2017, página 10). En ninguno de los tres casos podemos pensar en la ingenuidad de Cienfuegos, pues se trata de un avezado político que se mueve conforme a las circunstancias, siempre sobre la base de que dirige al estrato de fuerza más importante del Estado.

Cada día son menos los derechos humanos reales En la difícil coyuntura que vive la patria, dar más atribuciones al Ejército es reducir el ámbito de los derechos de la persona. La ecuación no falla: a mayor poder de los soldados, menos derechos humanos para la población. Ahora tenemos la urgencia de que sean organismos internacionales los que indaguen acerca

de las violaciones al derecho de libre manifestación de las ideas, debido a los asesinatos de periodistas independientes. Varias organizaciones no gubernamentales han pedido al gobierno que invite a los relatores de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No podemos pasar por alto que el derecho a la verdad está siendo severamente afectado, al callar a quienes diariamente se dedican a propalarla. La negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional a permitir que los reporteros de La Jornada cumplan su tarea, se inscribe en esa peligrosa política. Los constantes discursos del general Cienfuegos dan la impresión de otro candidato en precampaña. Y tanto el marco jurídico mexicano como el internacional no permiten que los soldados participen en las contiendas políticas, pues tienen en sus manos las armas de la población y eso hace que deban servir al conjunto de quienes habitan en el territorio. Tenemos que buscar los caminos idóneos para detener la militarización de la vida nacional.

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MÁS PODER A GRUPOS DE PRESIÓN EN LA ONU RABIYA SHABEEH/INTER PRESS SERVICE

La CMNUCC permite a las organizaciones bu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. ¿Es necesaria la presencia de la industria de con “estado de observador”, como la Asociación combustibles fósiles en las negociacio- Nacional de Minería de Estados Unidos, Fuelnes internacionales sobre el cambio climático? sEurope, la Asociación Mundial del Carbón y el ¿O su participación en las conversaciones de la Consejo Empresarial de Australia –que incluye Organización de las Naciones Unidas (ONU) a las petroleras Shell, ExxonMobil y BP, entre representa un conflicto de intereses y socava el otras–, estar presentes en reuniones donde los delegados discuten opciones políticas para evitar progreso mundial? Los países en desarrollo que pretenden que desastres climáticos. Estas organizaciones representan a corpolos grupos de presión de los combustibles fósiles que participan de las negociaciones de la 23 raciones que han negado sistemáticamente el Conferencia de las Partes (Cop23) de la Con- cambio climático y que tienen una cartera que vención Marco de las Naciones Unidas sobre incluye décadas de lucrar a expensas del planeta. El Acuerdo de París contra el cambio climáel Cambio Climático (CMNUCC) declaren sus tico comprometió a los conflictos de interés Estados a mantener el ganaron una imporRepresentantes de las industrias de calentamiento global tante batalla durante un acuerdo firmado combustibles fósiles, inmiscuidos en las “muy por debajo de en una sesión prelimi- asociaciones que participan en conver- los 2 grados celsius”, pero también a “pronar celebrada a prin- saciones climáticas de la ONU seguir los esfuerzos” cipios de este mayo en para limitar ese auBonn, Alemania. Un informe de Corporate Accountability In- mento de temperatura a 1.5 grados para 2018. “Una política transparente y claramente deternational (CAI), una organización sin fines de lucro de Estados Unidos que se dedica a denun- finida es esencial si queremos proteger realmenciar los abusos de las empresas, reveló que los te el espíritu y los objetivos del Acuerdo de París, representantes de las industrias de combustibles y si hemos de tener la oportunidad de luchar fósiles tienen una fuerte representación en las para limitar el cambio climático a menos de 2 asociaciones que participan en las conversacio- grados”, escribió Mrinalini Shine, investigadora de Derecho Ambiental de la alemana Universines climáticas de la ONU. Aunque las empresas no pueden participar dad de Colonia. Muchos países del Sur en desarrollo –que reen las negociaciones directamente, las asociaciones empresariales e industriales emplean tácticas presentan colectivamente casi 70 por ciento de la encubiertas para frenar políticas climáticas cla- población mundial– han luchado para incorporar una política de conflicto de intereses en la convenve, sostiene el informe.

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también instaló al exdirector ejecutivo de la petrolera, Rex Tillerson, como secretario de Estado. “Con tantos incendiarios en el departamento de bomberos no es de extrañar que no hayamos podido apagar el fuego”, comentó Tamar Lawrence Samuels, directora de políticas internacionales de CAI, en un comunicado. Esto, sin embargo, no implica que las industrias de los combustibles fósiles no tengan papel alguno en la desaceleración del calentamiento global, según el informe. El informe de la CAI recomienda que la industria transforme sus prácticas empresariales para alinearse con los compromisos asumidos por la comunidad global para frenar la crisis, adoptar las soluciones creadas por la comunidad científica para minimizar la devastación y esforzarse por alcanzar el progreso social y económico mundial. El nuevo acuerdo negociado de la CMNUCC se compromete a mejorar la “apertura, transparencia e inclusión” y pide a los interesados –cualquier persona o grupo afectado por el cambio climático o política climática– que presenten sus opiniones sobre cómo se podría lograr. “Como comunidad global, tenemos la oportunidad sin precedentes para resolver la crisis climática de forma directa en el preciso momento en que todo –la gente, la justicia y el planeta– están en peligro”, destacó un portavoz de la CAI. Los activistas, los grupos de presión e incluso los organismos gubernamentales de los países en desarrollo que buscan la justicia para el planeta y su población deben seguir presionando por las soluciones que la convención acordó. La convención está aceptando sugerencias sobre cómo abordar la cuestión de las naciones miembros, y tiene la intención de considerarlas en 2018. (Traducido por Álvaro Queiruga) 123RF

ción, por la cual estos grupos estarán legalmente obligados a declarar todos sus conflictos. Por ejemplo, este mes en una reunión en Bonn, el delegado de Venezuela declaró que el Acuerdo de París es un “instrumento entre Estados” e hizo una “solicitud moral” para que los grupos de presión declararan sus conflictos de intereses. Sin embargo, este pedido fue recibido con feroz resistencia por los países más ricos, con Estados Unidos, la Unión Europea, Noruega y Australia a la cabeza. En Bonn, el delegado de Noruega declaró que excluir a las empresas según sus intereses sería “contraproducente”, mientras que la delegación de Australia añadió que el sector privado era una parte clave para financiar la transición a una economía baja en emisiones de dióxido de carbono. “Algunas de las empresas a las que se alude como las contaminadoras de la política serán las proveedoras de las mayores y mejores soluciones”, sostuvo el delegado australiano. “Y puede fijarse en algunas de las declaraciones procedentes de ExxonMobil y Shell recientemente para subrayar ese punto”, añadió. Una investigación realizada en 2015 por Inside Climate News, una organización de noticias sin fines de lucro, denunció que ExxonMobil sabía del cambio climático desde 1981, pero en los años siguientes la empresa multinacional gastó millones de dólares para promover la negación del fenómeno. El informe de la CAI, además, reveló que la Cámara de Comercio de Estados Unidos recibe millones de dólares de ExxonMobil a cambio de “campañas de información pública”. Para colmo, el gobierno de Donald Trump, en su ataque a la política ambiental estadunidense que incluye el desmantelamiento del Plan de Energía Limpia,

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LA ONU DEBE HACER DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD

DE LA POBREZA POR INJUSTA E INHUMANA JOSÉ CARLOS GARCÍA FAJARDO, PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID; DIRECTOR DEL CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS/CCS

n 2002 Kofi Annan, secretario general de dicar esa plaga que anula todos los derechos y la ONU, declaraba con firmeza: “No es posibilidades de una vida digna no sólo para los posible que la comunidad internacional to- más pobres, sino para el resto de una humanidad lere que prácticamente la mitad de la humanidad cada vez más interconectada. Oxfam reveló que tenga que subsistir con dos dólares diarios o me- ocho personas con nombres y datos contrastados nos, en un mundo con una riqueza sin preceden- poseen una riqueza equivalente a la de 3 mil 600 millones de personas. Es decir, cerca de la mitad tes”. Los datos son estremecedores. Oxfam, ONG especializada en estudiar nive- de la humanidad vive en situación de penuria, al les de desigualdad en el mundo, presentó en enero lado de la más degradante y ofensiva riqueza. Si leemos afectivamente tales datos, denuncia sus resultados, cada vez más aterradores. Uno de los puntos clave será analizar los datos y medios Boff, nos damos cuenta del océano de sufrimiento, eficaces para evitar la explosión demográfica y lu- de enfermedades, de muerte de niños o de muerte de millones de adultos, char contra ella como estrictamente a conseel arma más letal de Cerca de la mitad de la humanidad cuencia del hambre. destrucción masiva. El sentido más pro- vive en situación de penuria, al lado de ¿Dónde ha ido a parar fundo e imprescindible la más degradante y ofensiva riqueza. la solidaridad mínima? ¿No somos crueles y sin de esa Declaración de La miseria es ilegítima, injusta e ilegal misericordia con nuesla ilegitimidad de la potros semejantes, ante breza es poder crear en aquellos que son humanos como nosotros, que delas distintas instituciones, países, municipios, en las calles de las ciudades, en escuelas, movilizaciones sean un mínimo de alimentación saludable como para identificar a las personas, sea en situación de nosotros? Se les remueven las entrañas viendo a pobreza extrema o simplemente de pobreza, que sus hijos e hijas que no pueden dormir porque sobreviven con poco más de dos dólares diarios y tienen hambre, y ellos mismos subsistiendo con con acceso limitado a la infraestructura, vivienda, restos de comida recogidos en los grandes basuescuela y otros servicios mínimos humanitarios. Y reros de las ciudades, o recibidos de la caridad de organizar acciones solidarias que los ayuden a sala gente y de algunas instituciones que les ofrecen lir de esta urgencia, con la participación de ellos algo que les permite sobrevivir. La pobreza generadora de hambre es asesina, mismos. Es urgente movilizar a la ciudadanía de todos una de las formas más violentas de humillar a las los países en buscar proyectos eficaces para erra- personas, arruinarles el cuerpo y herirles el alma.

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El hambre puede llevar al delirio, a la desesperación y a la violencia. Aquí cabe recordar la doctrina antigua: “la extrema necesidad no conoce ley y el robo en función de la supervivencia no puede ser considerado crimen, porque la vida vale más que cualquier otro bien material”. Y en la actualidad, el hambre es sistémica. Thomas Piketty, autor de El Capitalismo en el siglo XXI, mostró como está presente y escondida en Estados Unidos: 50 millones de pobres. En los últimos 30 años la renta de los más pobres permaneció inalterada, mientras que en el 1 por ciento más rico creció 300 por ciento. Y concluye Piketty: “Si no se hace nada para superar esta desigualdad, podrá desintegrar toda la sociedad. Aumentará la criminalidad y la inseguridad. Las personas vivirán con más miedo que esperanza”. Costaron muchos años de esfuerzos abolir la esclavitud, como el racismo, la discriminación de la mujer en muchos países, la opresión de monarquías hereditarias y de religiones impuestas, reconocer las libertades fundamentales para todos

los seres a la vida, a la libertad de conciencia y de toma de decisiones, a vivir con dignidad, los derechos de las parejas y uniones de personas del mismo sexo, el divorcio, las parejas de hecho con independencia de injerencias religiosas por respetables que sean para sus adeptos pero sin derecho alguno a imponerlas al resto de la humanidad que ya ha avanzado en el reconocimiento de su derecho a una vida y a una muerte dignas, así como al respeto, cooperación y ayuda en la conservación del medio ambiente. ¿Para cuándo la abolición del hambre, de la ignorancia, de los desahucios, de la plaga del desempleo forzado por intereses, de la falta de atención médica a todos los seres con independencia de su origen, condición, circunstancias, de la injusta e imperdonable falta de la atención debida a las personas mayores y dependientes? Vale la pena vivir, luchar y rebelarse en esta lucha por la dignidad de todas las personas y la conservación del medio en el que vivimos, nos movemos y somos.

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JUVENTUD Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA FRAN ARAÚJO, PERIODISTA Y DIRECTOR DE CINE /CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS

Las estructuras familiares rotas y un contexto mérica Latina presenta los índices más elevados de violencia después de algu- hostil, unidas a una etapa marcada por el camnos países de África. La violencia se ha bio y la necesidad de referentes, generan una transformado en uno de los principales proble- falta de pertenencia que suplen las “bandas”. El mas que obstaculizan el desarrollo y afecta cada joven es una persona por hacer, que necesita ser integrada y desempeñar una actividad. vez más a los estratos jóvenes de la sociedad. La juventud es la etapa que debe dedicarse al La ecuación violencia y juventud no debe verse como problema inherente a la edad. Sus aprendizaje de conocimientos y actitudes que se raíces están ancladas en la pobreza, la desigual- desarrollarán a lo largo de la vida. El problema dad y unos sistemas educativos obsoletos y faltos es que a veces estos aprendizajes se convierten en maestrías callejeras de vandalismo y reglas de del financiamiento necesario. Un tercio de los hogares urbanos y la mitad robo e intimidación. Hacerse adulto a golpe de de los rurales se encuentran en situación de po- machete. Estas desigualdades acaban afectando a tobreza, según datos de 2002. Si a los focos de podos porque es imposibreza y desempleo de ble mantener el equilas grandes ciudades Para los jóvenes, las bandas y pan- librio por el uso de la sumamos la creciente emigración de la po- dillas suplen las estructuras familiares fuerza. La segmentablación joven desde el rotas y la falta de pertenencia. El am- ción y el aislamiento impiden un intercamámbito rural, encon- biente hostil atiza el problema bio cultural enriquetramos un contexto cedor y limitan la calide superpoblación y pobreza que es el humus perfecto para el creci- dad de vida de la totalidad de los ciudadanos. La mayor desintegración social consolida bolsas de miento de todo tipo de vandalismo y violencia. Otros factores determinantes son la elevada pobreza estructural, con discriminación étnica, natalidad, especialmente en mujeres demasiado de género y ecológica. Casi la mitad de la población de Latinoaméjóvenes que no tienen la madurez para proporcionar una educación adecuada a sus hijos; la rica tiene menos de 24 años. La juventud es el separación de espacios públicos de relación so- motor de desarrollo de un país, perder a la jucial y la segmentación de los servicios básicos. ventud es una manera de castrar los niveles de Se gesta así un aislamiento social en el que los desarrollo. Por otra parte, tenerla inactiva consadolescentes quedan relegados a las inﬂuencias tituye una fuente de disturbios, al igual que lo que germinan en la interacción cotidiana de las fue en su momento la inactividad del ejército calles del vecindario, con jóvenes que compar- romano o de cualquier otro agente enérgico necesitado de actividad para ganarse la vida. ten las mismas carencias.

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países desangrados por el número de pandilleros ha descendido en los últimos años gracias a los programas de Ayuda en Acción y Tierra de Niños. El cambio debe apoyarse en medidas políticas específicas para la juventud. Aumentar la inversión en educación de calidad y fomentar la preparación para entrar en el mercado de trabajo. Políticas destinadas a la mujer y a la educación reproductiva. Medidas de integración social que acaben con los guetos en las ciudades. La seguridad no se alcanza cercando el problema, como está sucediendo en Brasil con el muro proyectado para cerrar las favelas. En los últimos años se han realizado avances, pero la apuesta ha de ser mayor. Si la juventud es el futuro, Latinoamérica se merece un futuro mejor.

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La violencia urbana supone casi el 15 por ciento del producto interno bruto (PIB) de los países de Latinoamérica. Encabeza la lista El Salvador. En el pequeño país centroamericano, el costo de la violencia se lleva el 25 por ciento del PIB. Colombia, con un PIB mucho más elevado, pierde el 24 por ciento a causa del delito. En Honduras, no menos de una docena de empresas de Corea y Taiwán decidieron abandonar ese país. En el istmo centroamericano, las autoridades policiales tienen “registradas” cerca de 2 mil “bandas” con casi de 400 mil miembros. Muchos de estos grupos nacen en torno al narcotráfico y en él encuentran un sistema de vida y unos ingresos que la sociedad no les proporciona. Pero también existen ejemplos positivos. En

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LA UE USA FONDOS DE LA LUCHA CONTRA LA POBREZA PARA FRENAR LA LLEGADA DE MIGRANTES LUDOVICA JONA/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS

utriéndose de fondos europeos de cooperación al desarrollo, en países africanos la Unión Europea (UE) financia equipos militares, formación de policías, centros para migrantes repatriados y sistemas para la recogida de datos que garantizarán en Europa el reconocimiento del país de origen, lo que facilitará las expulsiones. Los objetivos: controlar las migraciones desde África, así como fortalecer los gobiernos del país de origen y de tránsito de las rutas migratorias para frenar a quienes aspiran cruzar el Mediterráneo. El Fondo Fiduciario de Emergencia para África ha asignado alrededor de 600 millones de euros a esta finalidad. Dicho fondo ha sido criticado por financiar proyectos en Estados con regímenes acusados de crímenes contra la humanidad, como Sudán y Eritrea, así como por utilizar dinero del presupuesto destinado a la lucha contra la pobreza. En octubre de 2015, los líderes de los Estados europeos dieron vida al Fondo Fiduciario de Emergencia para África, un instrumento fuera del control del Parlamento Europeo que tiene como objetivo financiar iniciativas para afrontar las causas de las migraciones irregulares. Hoy, el Trust Fund cuenta con 2 mil 820 millones de euros, de los cuales el 95 por ciento proviene de instrumentos de la UE dedicados a la cooperación y a la ayuda humanitaria. El informe del Trust Fund de 2016 enumera 106 proyectos aprobados hasta el momento por un total de casi 1 mil 600 millones de euros. En Mali, la riqueza está tan vinculada a las remesas de los

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migrantes –800 millones de dólares sólo a través de canales oficiales en 2016– que cuenta con un ministerio para los malienses en el extranjero. El fondo fiduciario ha aprobado un proyecto de 25 millones de euros para consolidar el registro civil en el país africano. Con él, se pretende crear un archivo informático de huellas digitales y otras características fisiológicas para identificar a los inmigrantes malienses en situación irregular en el extranjero y, con ello, favorecer las repatriaciones. El mismo proyecto se desarrollará en Senegal, con un costo de 28 millones de euros. En ambos países los fondos serán gestionados por la cooperación belga y por la empresa francesa Civipol. El Parlamento Europeo ha denunciado que el Trust Fund “viola las reglas financieras y compromete los éxitos de las estrategias a largo plazo” de cooperación al desarrollo de la UE a través de varias resoluciones. “Existe el riesgo de que se concentren las ayudas en los países interesados en las rutas hacia Europa y nos olvidemos de los países más pobres”, afirma. “El objetivo de la cooperación al desarrollo es solo uno: la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades”, añade Schelein, quien lidera un grupo de trabajo sobre migrantes y refugiados en la Comisión de Desarrollo del Europarlamento. “Me gustaría entender cómo los proyectos de formación y gestión de fronteras pueden reducir la pobreza y la desigualdad, porque me parece que hacen lo contrario. Existe el riesgo de que los aumenten aún más”.

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Las afirmaciones de Schlein son compartidas por el Parlamento Europeo, que ha criticado a la Comisión en varias resoluciones por haber “desviado créditos de los objetivos y principios establecidos para canalizarlos a través del Fondo Fiduciario de la UE para África”, lo que representa “una violación de las reglas financieras y compromete el éxito de las estrategias a largo plazo de la Unión”. Desde la Comisión Europea defienden que la “Unión Europea reconoce una relación entre la seguridad y el desarrollo”, lo que se materializa en diferentes iniciativas, como la formación de las fuerzas del orden y su equipamiento. En cuanto al cambio de dirección de los fondos, objeta: “la operación Trust Fund se encuentra en la línea con nuestros procedimientos” y reivindica la transparencia del fondo. La Agencia Francesa de Cooperación (AFC) gestiona con Civipol en Níger el proyecto Apoyo a la Justicia, a la Seguridad y a la Gestión de las Fronteras por un importe de 30 millones de euros. El director de la AFC, subraya que la agencia “se ocupa del reforzamiento de la agencia nacional para la lu-

cha contra las migraciones irregulares mientras que Civipol apoya a la policía y a las fuerzas del orden”. Este proyecto destina 20 millones de euros al gobierno nigerino como “apoyo a su presupuesto”. Su objetivo es la aplicación de la ley contra el tráfico de personas. Esta normativa, promulgada por el gobierno de Níger tras presiones europeas, ha influido en la reducción de las salidas hacia Libia desde la región nigerina de Agadez y en el establecimiento de caminos alternativos por Mali y Chad. Las rutas alternativas nacidas después del cierre de los pasos tradicionales evitan los centros urbanos, lo que las hace más peligrosas; y la misión de la Comisión Europea es asistir y apoyar a las fuerzas de seguridad del país. Se destinan 28 millones de euros al equipamiento de las fuerzas de seguridad. EUCAP Sahel Níger también ha coordinado el inicio del proyecto –financiado por el Trust Fund con 6 millones–, en el que las fuerzas de la policía francesa y española, colaboraron en la creación de un equipo de policía especializado en las investigaciones sobre redes de inmigración irregular en Níger.

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EL ÉXODO GLOBAL SUPERA LOS 60 MILLONES DE DESPLAZADOS MARÍA ÁNGELES SIEMENS, DIRECTORA DEL COMITÉ ESPAÑOL DE ACNUR/INTER PRESS SERVICE

l sistema mundial de protección de los refugiados fue creado en 1950, junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur, por su acrónimo en inglés) y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para responder a los grandes desplazamientos de gente que se derivaron de la Segunda Guerra Mundial y para defender los derechos de estos refugiados y apoyar a los países que los acogían. Por desgracia, el número de personas refugiadas y desplazadas en el mundo se ha ido multiplicando desde entonces y las tendencias actuales de desplazamiento forzado están poniendo a prueba el sistema internacional en un grado que no tiene precedentes. Las cifras son demoledoras: a finales de 2014, cerca de 60 millones de personas habían sido forzadas a huir de sus casas; 60 millones de mujeres, hombres, niñas y niños que si conformaran un país sería el vigésimo cuarto más grande del mundo, con una población semejante a la de Reino Unido o Italia. Acnur asiste y protege a 46 millones 700 mil de ellas. En la actualidad, hay más emergencias humanitarias que nunca: Siria, Sudán del Sur, Yemen, República Centroafricana, Burundi… Por ello, hoy es aún más necesario el fortalecimiento de la solidaridad internacional para hacer frente a los retos globales del desplazamiento forzado. Tanto la responsabilidad de los Estados como la solidaridad internacional son esenciales para que la protección internacional funcione con eficacia y se puedan abordar los problemas crecientes de desplazamiento en el mundo.

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Hace falta la solidaridad de las principales partes interesadas, en especial la solidaridad de los Estados, que deben actuar de manera responsable para proteger los derechos de todas las personas que están en sus territorios. Pero también hace falta la solidaridad de la comunidad internacional para apoyar a los Estados de acogida a la hora de asumir responsabilidades de manera efectiva. También hace falta la solidaridad de las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades y los ciudadanos para mejorar la situación de los refugiados del mundo. Y es aquí donde cabe poner en valor la solidaridad de los ciudadanos españoles en un entorno de grave crisis económica. Los países tradicionalmente donantes en épocas de dificultades tienden a centrarse, comprensiblemente, en el bienestar de sus propias poblaciones, pero los españoles hemos demostrado una vez más que no nos olvidamos de las personas más vulnerables del planeta. Los retos a los que nos enfrentamos son enormes. Las tendencias sociales y económicas mundiales indican que el desplazamiento seguirá aumentando en la próxima década, adoptando nuevas formas. Los patrones de desplazamiento se verán afectados por el aumento de la población, que pasará de los 7 mil millones de habitantes en 2015 a los 10 mil millones en 2100; la urbanización y el aumento de la migración de zonas rurales a urbanas; el cambio climático y los desastres naturales; el encarecimiento de los alimentos y la disminución de la producción agrícola en África y Asia; y el aumento de los conflictos por la escasez de recursos.

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SIN FACULTAD LEGAL

SEDENA GASTA 18 MIL MILLONES EN SEGURIDAD PÚBLICA

5 de junio de 2017

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Pese a carecer de facultades legales, la Sedena habrá gastado más de 18 mil millones de pesos en seguridad pública entre 2013 y 2017. La militarización del país sólo ha recrudecido la violencia, señalan defensores NANCY FLORES

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n 2017, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuenta con un presupuesto de 3 mil 982 millones 370 mil pesos etiquetados específicamente para funciones de seguridad pública, a pesar de que recientemente la institución ha reconocido que carece de facultades legales en esa materia. Del monto total, 3 mil 145 millones 410 mil pesos se destinarán a su Programa de Seguridad Pública; 759 millones 30 mil a su Programa de Justicia Militar; 61 millones 910 mil a derechos humanos (sic), y a su Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres 16 millones 10 mil pesos. En total, la dependencia que encabeza el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda habrá gastado 18 mil 26 millones 490 mil pesos para esa función, en lo que va del actual gobierno: 3 mil 445.74 millones en el primer año de Enrique Peña; 3 mil 528.42 millones en 2014; 3 mil 426.79 millones en 2015; 3 mil 643.17 millones en 2016, y los casi 4 mil millones de este año. Para el antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tla-

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chinollan, “en esta nueva oleada de militarización, con la estrategia de guerra y de oposiciones contra el narcotráfico, vemos un acrecentamiento de la violencia, de la inseguridad y la multiplicación de los grupos de la delincuencia organizada”. Entrevistado por separado, el abogado Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, coincide: “los diagnósticos revelan que las violaciones a los derechos humanos están aumentando [por la militarización del país]”. Agrega que “no se puede decir que, a 10 años de que el Ejército está afuera [de sus cuarteles], haya disminuido la violencia en los territorios donde han detenido criminales. Pese a todos los capos que han capturado y a los que han ejecutado en lo que llaman la letalidad perfecta, pareciera que [el crimen] es interminable: el enemigo que ha marcado el Estado mexicano, como tal, es inacabable. Cuando lo combaten se reproduce”. Datos oficiales de la Sedena refieren que su principal “contribución” a la seguridad pública consiste en la “coordinación permanente con los gobiernos de las entidades federativas, a través de 32 grupos” –uno por entidad– destinados a atender “problemas de seguridad pública, incidencia delictiva, delincuencia organizada, movimientos sociales, procesos electorales,

grupos transgresores armados y el Plan DN-III-E” (para emergencias). Para ello, la Sedena cuenta con 142 bases de operaciones mixtas en 22 entidades, consideradas zonas de alto riesgo por inseguridad pública. En éstas participan hasta 3 mil 300 militares y hasta 1 mil 300 civiles por estado. La inversión en el campo de la seguridad y en la participación del Ejército en esas tareas no ha derivado en mejorías para la sociedad, señala en entrevista con Contralínea el antropólogo Abel Barrera. Ejemplifica con el caso de Guerrero: “Somos el estado menos pacífico, como lo señaló el informe del Índice de paz 2016, donde los costos de la violencia son muy altos y el estado es muy pobre. Así, pobreza y violencia es el binomio trágico de Guerrero, con casos graves como las desapariciones forzadas, como el de los 43 jóvenes desaparecidos de la Normal [Rural de Ayotzinapa], y las ejecuciones que en algunas colonias ha cometido el mismo Ejército”. Para el defensor, las violaciones graves a los derechos humanos “hablan de la falta de controles internos dentro del mismo Ejército, pero también de lo que ha significado que un instituto castrense se coloque por encima del marco legal y que no haya autoridad civil que le pida cuentas”.

LA DEUDA DE LA GUERRA SUCIA En Guerrero, la militarización es un tema de décadas. Abel Barrera, antropólogo y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, explica que “existe la militarización de la década de 1970 con una lógica de contrainsurgencia: el Ejército se posicionó de algunas regiones para contener el movimiento social, sobre todo la organización de grupos armados guerrilleros, y para poder también tener el control de ciertas regiones. Éste es el antecedente que se dio en Guerrero y del que

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también es necesario decir sus resultados: lamentablemente, en términos de los saldos, más de 600 fueron desaparecidos durante la Guerra Sucia, centenas de familias desplazadas por la misma militarización que se dio con la estrategia de ir a arrasar con algunas comunidades y pues también casos de ejecuciones y tortura. El defensor Abel Barrera critica que de esos crímenes nunca se ha rendido cuentas. “Esta justicia del pasado en Guerrero, a pesar de que se creó

la Comisión de la Verdad, no tuvo ninguna repercusión legal más que un informe que lamentablemente el mismo gobierno invisibilizó. No ha habido cuentas claras de los saldos de esta militarización. Seguimos arrastrando esta cauda de dolor, que es la herida abierta aquí entre las familias de desaparecidos que siguen buscando a sus hijos, como es el caso de Tita Radilla, que sigue peleando por la presentación de su padre Rosendo Radilla, y cuyo caso llegó a la Corte Interamericana”.

CUARTOSCURO

PORTADA INVESTIGACIÓN

Cada mes, la Sedena realiza un promedio de 180 mil patrullajes terrestres y 2 mil 300 aéreos en el territorio nacional. En éstos participan más de 120 mil soldados

El gasto en seguridad interior Cada año, los legisladores han autorizado el multimillonario gasto de la Sedena en labores de seguridad pública o interior, revelan cinco estudios elaborados por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. Las investigaciones El presupuesto público federal para la función seguridad pública –para los ejercicios de 2013 a 2017– refieren que los más de 18 mil millones de pesos se han ejercido a través de cinco unidades responsables: la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Dirección General de Justicia Militar, la Presidencia del Supremo Tribunal Militar y la Dirección General de Derechos Humanos. De ésas destaca la Jefatura del Estado Mayor, a la que se le ha destinado la mayor parte del recurso público. Así, entre 2013 y 2017, ésta ha concentra-

do el 79 por ciento del gasto: 14 mil 281 millones 80 mil pesos. Según el reglamento de la Sedena, el Estado Mayor de la Defensa Nacional es un “órgano técnico operativo, colaborador inmediato del general secretario, a quien auxilia en la planeación, desarrollo, seguimiento y desahogo de los asuntos de la competencia de la Secretaría, coordinando las actividades de los diversos órganos administrativos”.

Las funciones de seguridad pública En forma oficial, la Sedena indica que su función se reduce a “coadyuvar en el mantenimiento de la seguridad interior y el orden constitucional”. No obstante, la debilidad de las corporaciones policiales le ha dado un papel protagónico en la seguridad pública. Esto se refleja en sus propias estadísticas: para las labores de seguridad pública actualmente man-

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MARIO JASSO/CUARTOSCURO

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El secretario Cienfuegos, impulsor de la Ley de Seguridad Interior

Año

Asunto

2017

Caso de la detención arbitraria, retención ilegal y cateo ilegal en agravio de tres personas; cateo ilegal en agravio de cuatro personas, así como tortura en agravio de una persona, en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

2016

Violaciones a derechos humanos ocurridas el 19 de julio de 2015 en la comunidad de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán de Ocampo. Cateo ilegal, detención arbitraria de dos menores de edad, así como de otras cuatro personas en Tecpan de Galeana, Guerrero. Caso de violación a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, a la seguridad jurídica e integridad personal de una persona; por allanamiento del domicilio y actos de tortura en agravio de dos personas, así como al de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en San Luis Potosí. Agresión sexual a una persona por parte de militares en instalaciones castrenses en Nuevo Laredo,Tamaulipas. Caso de la violación al derecho humano a la integridad personal, relacionado con la violencia física y sexual en agravio de una persona en la Escuela Médico Militar.

2015

Detención arbitraria, retención ilegal y tortura en agravio de cuatro personas en Baja California.

2014

Sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de ese año en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.

2013

Caso de privación de la vida de una persona, e indebida procuración de justicia y trato indigno en agravio de cuatro personas, incluida la víctima mortal. Cateo ilegal en el domicilio de un agraviado, en Tijuana, Baja California. Caso del cateo ilegal en el domicilio de dos personas, privación ilegal de la libertad y tortura en agravio de una persona, tratos inhumanos en agravio de ocho personas, y actos intimidatorios en contra de cinco personas integrantes de la comunidad indígena Kumiai, en Baja California.

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tiene no sólo las 142 bases de operaciones mixtas en 22 entidades del país, sino también despliega permanentemente 182 unidades con sector militar asignado, en todo el territorio nacional. Aunque los datos abiertos de la Secretaría de la Defensa Nacional no detallan en qué consiste su Programa de Seguridad Pública, sí revelan sus tareas de vigilancia del territorio y el espacio aéreo, a través de lo que llama “acciones de disuasión”. Éstas se refieren a los “reconocimientos terrestres y aéreos en todo el territorio nacional, a fin de disuadir alguna pretensión de querer desestabilizar la paz social, respetando en todo momento los derechos humanos de las personas”. La información oficial refiere que esas acciones incluyen patrullajes (mensualmente se realizan más de 180 mil terrestres y 2 mil 300 aéreos), en los que participan más de 120 mil efectivos. Una de las entidades en las que más participación ha tenido el Ejército en el ámbito de la seguridad pública es Guerrero. Ahí, la Sedena en coordinación con el gobierno estatal, cuenta con 28 bases de operaciones mixtas. Respecto de la presencia militar, el antropólogo Abel Barrera considera que “a mayor militarización, mayor violencia y también mayor presencia de grupos de la delincuencia en las diferentes regiones del estado. Hoy podemos decir que después de esa militarización, y a pesar de los operativos que se han instrumentado, Acapulco, Tierra Caliente, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala, Coyuca de Benítez y Chilapa siguen siendo las regiones más violentas, que forman parte de la lista del horror”. Desde Tlachinollan –con sede en Tlapa–, Barrera ha sido testigo de las secuelas de la participación del Ejército: “No ha habido resultados positivos. La militarización ha alentado el uso de la fuerza y la violencia, ha generado mayores casos de violaciones a derechos humanos. Porque hoy ya no sólo tenemos a las familias de desaparecidos en la Guerra Sucia, sino también a las familias de Chilapa que reclaman la presentación con vida de más de 100 personas; en la región de Iguala se habla de más de 60 desaparecidos. Tenemos a los familiares de Chilpancingo; al movimiento de familias de Acapulco, que está reclamando a sus familiares. Estamos hablando de cuatro lugares emblemáti-

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LOS SALDOS DE LA MILITARIZACIÓN EN CHIAPAS

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cos de la violencia y la inseguridad. Y no digamos de la Tierra Caliente, porque ahí las familias están silenciadas, no se animan a romper el silencio y a exigir la presentación de sus familiares y castigo a los responsables”. Como parte de sus “labores policiales”, el Ejército realiza cinco tipos de operativos: para reducir la violencia, regionales, de erradicación intensiva, de intercepción y de apoyo a la seguridad pública. En 2016, por ejemplo, participó en 14 operaciones coordinadas con otras instituciones federales “para reducir la violencia en las regiones del país donde existen altos índices de violencia, con el fin de generar así un ambiente de paz y tranquilidad para la población”. Pero en el tema de seguridad interior la Sedena no sólo colabora con instituciones nacionales de carácter federal, estatal y municipal, sino también con extranjeras, aunque no revela identidad ni nacionalidad de las mismas. Tal es el caso de las misiones de vigilancia y reconocimiento aéreo del territorio nacional, donde habrían participado “instituciones internacionales”. De éstas, realiza un promedio anual de 330, para las cuales se emplean plataformas de vigilancia aérea Embraer 145 y aviones King Air BE-350 ER, de la Fuerza Aérea Mexicana. El resultado de estas misiones en 2016, indica la dependencia, fue la intercepción de 20 aeronaves no identificadas que derivaron en el aseguramiento de ocho de ellas, así como de 5

Chiapas es otra de las entidades donde se ha apostado el Ejército para combatir a la guerrilla. Al respecto, el abogado Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, indica que como defensores han documentado el aumento de la violencia por esa presencia militar. “A partir de 1994 se instalaron más de 90 campamentos militares que se desplegaron para cercar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en las tierras recuperadas por los pueblos originarios. A partir de eso vimos que esos campamentos militares persisten en una lógica de guerra. En la década de 1990 se hablaba, porque nunca dieron un dato oficial, de entre 50 mil y 70 mil efectivos en Chiapas que estaban cercando sobre todo la zona gris para detener al EZLN.” El defensor de los derechos humanos recuerda que en la zona de expansión fue donde ocurrió la ma-

sacre de Acteal, los desplazamientos masivos, las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. “Éstas son las consecuencias de la militarización. A partir de la ocupación militar en este escenario del conflicto armado interno en Chiapas, lo que se generaron fueron violaciones a los derechos humanos y las víctimas principales fueron de la población civil.” Para el abogado Pedro Faro, ahora la militarización en Chiapas ha cambiado su lógica, aunque no abandona del todo el combate hacia el EZLN. “Ahora los campamentos que se están construyendo son para detener la migración de los países hermanos de Centroamérica. “El muro real [de Estados Unidos] se traslada a los límites de Chiapas y Guatemala. Ahí se están construyendo una serie de campamentos militares para la seguridad nacional en esta lógica de detención de migrantes”.

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mil 254.85 kilogramos de mariguana, 207.04 kilogramos de cocaína, 21.38 kilogramos de heroína, 2 mil 123.30 kilogramos de metanfetaminas, 17 vehículos terrestres, cuatro armas y 1 mil 500 litros de gas avión. Y es justamente el combate al narcotráfico el tema con el que se ha justificado la actual militarización del país. Bajo ese pretexto, la Sedena también mantiene 75 puestos militares de seguridad fijos y móviles, conocidos como retenes, “que cuentan con equipos tecnológicos de inspección y revisión no intrusiva”; emplea plataformas aéreas de la Fuerza Aérea Mexicana para la intercepción y seguimiento de vuelos ilícitos, y actúa coordinadamente con el Sistema de Administración Tributaria en las aduanas mexicanas.

El costo social

DISEÑO: MIGUEL MINERO

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Para México, esta militarización ha traído consigo un alto costo social. Entre 2013 y lo que va de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 11 recomendaciones contra la Sedena por diversas violaciones a las garantías individuales. No obstante, los atropellos en los que incurre el personal militar son muchos más. Al respecto, los datos abiertos de la Sedena revelan que, en 2016, la Unidad de Vinculación Ciudadana atendió “15 casos en los que resultaron víctimas directas e indirectas, cuya afectación resultó de la presencia militar en las calles”. Según la dependencia, en esos 15 casos se logró conciliar “con los legítimos beneficiarios”. Es decir, la Secretaría pagó indemnizaciones “de manera solidaria, como parte de la reparación del daño y ofreciendo atención médica y sicológica de acuerdo con el daño sufrido”. La Sedena reconoce que estas acciones “coadyuvan a mantener la imagen institucional y evitar quejas y recomendaciones ante esta Secretaría de Estado por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”. Pero la imagen institucional de la Sedena no está a salvo. En este año se ha presentado uno de los casos más graves de violación a los derechos humanos, que a decir de la organización Amnistía Internacional ha implicado una ejecución ex-

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Entre 2013 y lo que va de este año, la CNDH ha emitido 11 recomendaciones contra la Sedena por diversas violaciones a las garantías individuales

trajudicial. Se trata del caso de Palmarito, Puebla, ocurrido el 4 de mayo pasado, y del que posteriormente se dio a conocer un video donde se aprecia el momento en el que un militar dispara a un presunto delincuente ya sometido. “Se debe apostar por la política de invertir en las fuerzas de seguridad ciudadana y no en fuerzas de seguridad militar: los militares se forman para matar, no para defender, para proteger, como lo harían las fuerzas de seguridad ciudadana. Por eso vemos que la seguridad pública en México es un total fracaso, porque está coludida con el crimen organizado”, señala en entrevista con Contralínea el abogado Pedro Faro. Agrega que se puede cambiar esta lógica de guerra a partir de atacar al crimen organizado desde sus finanzas: “desde los bancos que lavan ese dinero, que sigue siendo utilizado para enriquecer tanto al crimen como a quienes colaboran con éste, incluyendo a funcionarios municipales, estatales y federales. Es un negocio redondo que está

implicando una situación terrible, y el gobierno no está tocando como punto neurálgico”.

Ausencia de marco normativo La ausencia de un marco normativo que regule la participación del Ejército en labores de seguridad pública ha sido un severo señalamiento por parte de defensores de derechos humanos en la última década. Pero ahora también es una bandera política de la Sedena. En fechas recientes, el propio secretario Cienfuegos ha impulsado ante el Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para regular la actividad que les fue encomendada a las Fuerzas Armadas en diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la supuesta “guerra” contra el narcotráfico. Dicha ley facultaría a los militares estar en las calles, para “garantizar la seguridad pública y la paz social”. Sobre este tema, el 19 de febrero pasado el gene-

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ral Cienfuegos Zepeda admitió públicamente: “Los militares reconocemos la voluntad y los esfuerzos que realiza el Congreso de la Unión para dotar al Estado mexicano de una Ley de Seguridad Interior: instrumento jurídico que delimitará obligaciones y atribuciones para cada una de las autoridades del país en esta materia, incluyendo como última instancia la participación de las Fuerzas Armadas, bajo un principio de gradualidad.” Para Pedro Faro, director del Centro Fray Bartolomé de las Casas, resulta preocupante el debate de la Ley de Seguridad Interior, “que inéditamente está exigiendo el Ejército Mexicano como una acción para legalizar su estancia en los territorios, así como sus acciones y operaciones en todo el país”.

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Entidad federativa

Número de bases

Guerrero

Estado de México

Oaxaca

Puebla

Tabasco

Tamaulipas

Sonora

Veracruz

Colima

Chiapas

Quintana Roo

Michoacán

Yucatán

Baja California

Coahuila

Hidalgo

Ciudad México

San Luis Potosí

Aguascalientes

Tlaxcala

Jalisco

Guanajuato

Nuevo León

Zacatecas

En entrevista, el defensor señala que, con esa exigencia, la Sedena reconoce “que ha estado [en las calles] de manera ilegal, violando constantemente los derechos humanos de los mexicanos. A 10 años de la permanencia del Ejército fuera de sus cuarteles, eso es evidente con las ejecuciones extrajudiciales, los desplazamientos, las desapariciones forzadas. Tanto, que se le ha denominado como una epidemia de violencia equiparable a una situación de guerra, como lo que sucede actualmente en Siria”. Para el abogado, la Ley de Seguridad Interior apuesta “a mantener este estatus que no ha dado ningún resultado. Un estatus de guerra donde el paradigma de la violencia lo que está generando y va a seguir generando en caso de que se apruebe esta ley son más violaciones a los derechos humanos en nuestro territorio”. Problema que, además, no sólo se reduce a la violencia, sino que abarca la impunidad. “El Ejército sigue gozando de la protección de las mismas autoridades civiles, que se supeditan al poder militar. Es decir, pesa mucho el instituto castrense por encima de lo que pueda resolver un juez civil. Entonces todavía no hay esa garantía a las víctimas de que se va a juzgar, se va a atender la gravedad de los casos con todo el rigor de la ley y, sobre todo, como lo marcan los principios internacionales que protegen a las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, explica el antropólogo Abel Barrera. Agrega que “este ambiente de impunidad hace que los mismos elementos castrenses tengan campo libre para actuar como policías, como ministerios públicos. [El Ejército] actúa con toda esa protección, y hace todo como si estuviera por encima de las instituciones civiles. Lo que va en detrimento del estado de derecho y del fortalecimiento de las instituciones de justicia en el ámbito civil, y robustece más la presencia del Ejército no sólo como una fuerza represiva, sino también como un actor político que tiene poder, que tiene presencia y que obviamente impone su ley y que hace que siga imperando la impunidad”. Para la elaboración de este trabajo se solicitó la versión de la Sedena, a través del general brigadier Marco Antonio Álvarez, director general de Comunicación Social. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

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LOS ZETAS

CÁRTEL TERRORISTA TRASNACIONAL 36

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Los Zetas, una de las organizaciones criminales trasnacionales que usan el terror como método para enfrentar al Estado, gobierno y grupos rivales, similar al de terroristas de otras latitudes, consideran expertos JOSÉ RÉYEZ

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os cárteles mexicanos –particularmente Los Zetas– usan tácticas terroristas semejantes a las de grupos extremistas de África, India y Colombia y representan una amenaza para la seguridad nacional, dañan la legitimidad del Estado y la gobernabilidad en México, asegura el capitán Martín Enrique Barney Montalvo.. En su análisis “Organizaciones criminales trasnacionales: causas de terror, diferencias y similitudes con grupos terroristas” –contenido en el libro El terrorismo global y sus implicaciones en el ámbito de la defensa y seguridad nacional de México–, refiere que “las organizaciones criminales trasnacionales, específicamente el cártel de los Zetas, afectan no sólo la seguridad interior sino que representan una amenaza a la seguridad nacional de México, al generar una ola de violencia cuya tendencia va en aumento mediante actos criminales brutales de carácter terrorista”. Precisa que el cártel de Los Zetas utiliza el terror como método criminal, similar al de grupos terroristas como el Ejército de Resistencia del Se-

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ñor, de Uganda, los Tigres de Liberación del Tamil Eelam, de la India (LRA y LTTE, por sus siglas en inglés), y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Establece que la similitud entre Los Zetas y estos grupos terroristas es el uso de extrema violencia de manera implícita como herramienta poderosa e intangible para causar miedo en la gente,

Los Zetas buscan obtener el poder como objetivo; no entienden que el poder es un conjunto de medios y el terror, un medio más ejercer control de la organización y disuadir tanto a rivales como a las autoridades renuentes a cooperar. “Los Zetas y sus similares en otras latitudes buscan obtener el poder como objetivo; no entienden que el poder es un conjunto de medios y el terror un medio más, al tiempo que mientras generan terror o cometen terrorismo socavan la legitimidad del gobierno”, añade. Para el exjefe de las subsecciones de Narcotráfico del Estado Mayor General, Los Zetas y estos grupos terroristas sostienen ideas y creencias religiosas similares que alimentan y dan identidad al grupo, que los vinculan, a través del espiritismo, la veneración o cultos caracterizados por el uso de violencia extrema. Señala que la trasnacionalidad de Los Zetas se consolidó desde 2012, cuando se convirtió en una amenaza en Estados Unidos, donde se extendieron en más de 270 ciudades de manera directa y a través de pandillas locales. Para 2016 ya tenía presencia en 1 mil ciudades del vecino país y en 405 municipios de México. Barney Montalvo indica que Los Zetas buscan obtener la mayor ganancia económica y no siguen ninguna ideología. Se enfocan en controlar el mercado de drogas a través de ganar y expandir 38

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su territorio, mantener el control de sus áreas de influencia y rutas de tráfico de drogas; atacar y eliminar a quienes obstaculizan la expansión de sus actividades ilícitas. “Como grupo armado paramilitar y criminal que opera a través del uso de violencia, corrupción y terror, Los Zetas promueven ideas y creencias que exaltan el cumplimiento de su misión bajo el riesgo de perder la vida; inculcan el uso de la violencia como algo natural y como parte del negocio, por lo que nulifican sentimientos de compasión y misericordia; seducen a sus miembros con elegir un excéntrico estilo de vida; al tiempo que instigan al desorden civil como táctica para deslegitimar la autoridad del gobierno”, agrega. En su análisis incluido en el libro El terrorismo global y sus implicaciones en el ámbito de la defensa y seguridad nacional de México, publicado por el Cesnav (enero de 2017), Barney Montalvo explica la estructura y forma de operar y uso del terror del cártel de Los Zetas. Dice que a pesar de que en México existe una tendencia a evitar el uso del término terrorismo, desde 2006 la enorme cantidad de víctimas y la percepción de temor muestran claramente que los actos de terror han sido perpetrados por miembros de los cárteles mexicanos, generando miedo en el pensamiento colectivo de la población y en los adversarios. El cártel de Los Zetas genera miedo potencialmente, primero a priori, a través de amenazas; segundo, de facto a través de tácticas terroristas como secuestros, detonación de explosivos, sabotajes, asesinatos selectivos o indiscriminados; y finalmente, a posteriori, cuando toman ventaja del crédito por haber atemorizado a un público objetivo. Emplea tácticas terroristas a bajos niveles para evitar la atención no deseada; pero, una importante excepción de este fenómeno ocurre cuando la autoridad legítima se debilita a tal grado que la organización criminal trasnacional obtiene el control de un territorio específico o de todo un sector de la economía local. Es el caso del cártel de Los Zetas que usa métodos terroristas. El cártel envía mensajes y articula el terror que genera, mediante el uso de narco-mantas, clasificando el contenido del mensaje: de reclu-

ADOLFO VLADIMIR/CUARTOSCURO

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“Los Zetas copiaron ejercicios de terror del exterior para aplicarlos desde 2001 en México”. En la imagen, presentación del libro La guerra de Los Zetas

tamiento de personal militar; de amenazas en contra de autoridades, militares o policiales y dirigidos a la población con el fin de ganar su apoyo y respaldo, y para justificar sus acciones criminales y confrontar a ese sector con el cártel rival. Además, dependiendo si el mensaje se relaciona con un crimen, existen tres niveles en la modalidad del uso del terror: el primero, cuando el mensaje es solo amenaza de uso de violencia; el segundo cuando es acompañado de un crimen; y por último, cuando el crimen es cometido usando violencia extrema que genera terror. En efecto, coincide Martín Barrón Cruz, maestro en ciencias penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), quien afirma que las tácticas de operación que usan los grupos del narcotráfico en México como Los Zetas, como las ejecuciones, son similares a las

que usan los terroristas de otras latitudes. “Entre los cárteles mexicanos podría haber una similitud con estas operaciones de terror y precisamente los primeros que las utilizaron fueron Los Zetas que contaban con entrenamiento militar, quienes revisaron muchos materiales de cuáles eran las prácticas de grupos terroristas en otros países de donde tomaron esas ideas para sus operaciones criminales”, enfatiza. Doctorante en ciencias penales y política criminal por el Inacipe, Martín Barrón asegura que Los Zetas copiaron ejercicios de terror del exterior para aplicarlos desde 2001 en México, como degollar, desmembrar, grabar las ejecuciones y aplicar una violencia brutal que ha saturado las redes sociales. El especialista distingue tres grandes escenarios que explican esas prácticas de terror de Los Zetas: “delincuentes contra delincuentes por la

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Autoridades presentan a presuntos integrantes del crimen organizado

lucha de plazas del mercado de drogas a quienes traicionan o a sus enemigos; segundo, delincuentes contra autoridades a las que matan por vínculos con grupos rivales o por realizar su trabajo y tercero, desde el 2011, el de autoridades contra delincuentes y de éstos contra la sociedad en general, lo cual sí es preocupante porque estamos viendo ataques en forma discriminada que causa terror entre la población”. Ejemplo claro de esto último, dice, fue el ataque con granada que hicieron estallar en Morelia, Michoacán, durante los festejos patrios de 2008 sin que hubiera un destinatario específico, sino contra la sociedad en general. Precisa sin embargo que no es que hayan escalado hacia tácticas terroristas, pues hay que diferenciar ya que hay más de cien definiciones de lo que es el terror, sino que son prácticas de terror, no de terrorismo, en el sentido de generar terror, pues basta ver el informe 2016 sobre terrorismo en México y no hubo un sólo acto con esa connotación en 2015. 40

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Estructura del cártel Barney Montalvo indica por su parte que el cártel posee una estructura jerárquica en la que los capos y jefes de plazas definen territorios de control, y los líderes tienen su propia seguridad, policías, abogados y empresarios a sueldo y bajo su influencia. Cuenta con células para búsqueda y eliminación de rivales, así como de quienes han robado, perdido o apropiado de dinero o cargamentos del cártel, Secuestran a quienes no pagan o adeudan al cártel o a personas con fines de extorsión. Otro elemento clave del cártel, dice, son las células de recolección de información –halcones– de operativos y movimientos de las autoridades y de cárteles rivales. “Esta estructura de inteligencia criminal incluye miles de individuos que actúan como espías, la mayoría son taxistas, prostitutas, desempleados que se turnan a las afueras de establecimientos militares y policíacos, termi-

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TERROR DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES TRASNACIONALES LUIS CARBAYO/CUARTOSCURO

nales de autobuses y aeropuertos, barrios y villas; y personal de la policía o militares”. También cuenta con red de comunicaciones, armamento de largo y corto alcance, automático de asalto, vehículos blindados, camionetas todo terreno, de trasporte de carga y vehículos similares a los de cuerpos policiales y de unidades militares. Emplea el culto religioso para ejercer control social y económico, a través de reglas y conductas basadas en la criminalidad y la veneración, la violencia simbólica e instrumental; los narcocorridos y operaciones sicológicas; la corrupción y cooptación de autoridades, y una estructura jerárquica, estilo de vida, estatus y bandolerismo social. Los Zetas veneran a la Santa Muerte –similar al Cártel del Golfo y a la Mara Salvatrucha, de El Salvador–, a la que invocan en situaciones de desesperación; la veneran como justificación espiritual de las culpas y el temor de perder la vida; de hecho, le ruegan para tener una buena muerte. Sin embargo, de manera similar usa al terror para controlar autoridades y población, y la violencia simbólica a través de formas brutales de matar. A diferencia de Los Zetas, el Cártel de Sinaloa venera a Jesús Malverde, los Caballeros Templarios es un cártel seudoreligioso narco-evangélica. Los cárteles del Golfo y de Sinaloa usan la violencia simbólica pero no frecuentemente. Estos prefieren la violencia instrumental, que incluye ataques a periodistas, policías, militares y autoridades. A diferencia de otros cárteles, Los Zetas tienen una estructura jerárquica, doctrina y entrenamiento paramilitar, mientras que los cárteles de Sinaloa y Cártel del Golfo esperan alcanzar el estilo de vida del capo, Los Zetas buscan aventura, acción, prestigio y gloria dentro de la organización para ser promovidos, por lo que toman en cuenta los rangos y antigüedad. El capitán Barney Montalvo señala que los líderes de los cárteles aprovechan las creencias supernaturales ante la necesidad de mantener la cohesión del grupo, justificar el uso de la violencia, manipular a sus miembros y adquirir legitimidad, ya que “cuando el líder gana legitimidad también obtiene la voluntad de los miembros del grupo”.

Las organizaciones criminales trasnacionales (OCT) hacen uso del terror limitado para mantener poder económico a través de ganancias de actividades ilícitas. Utilizan la violencia de forma más selectiva que los insurgentes. Usan el terror ocasionalmente para doblegar a rivales de otras OCT o escarmentar a traidores de su organización. Por lo tanto, emplean tácticas terroristas a bajos niveles para evitar la atención no deseada. Una importante excepción de este fenómeno ocurre cuando la autoridad legítima se debilita a tal grado que la OCT obtiene el control de un territorio específico o de todo un sector de la economía local. Los terroristas y cárteles envían mensajes y articulan el terror que generan. Los cárteles usan narcomantas, clasificando el contenido del mensaje: de reclutamiento de personal militar; de amenazas en contra de autoridades o comandantes militares o policiales (requiriendo que no se proteja a un cártel en específico incluso delatando a criminales rivales), y dirigidos a la población con el fin de ganar su apoyo y respaldo, comunicando la justificación de sus acciones criminales y para confrontar a ese sector con el cártel rival. Además, dependiendo si el mensaje se relaciona con un crimen, se puede catalogar en tres niveles diferentes la modalidad del uso del terror: el primero, cuando el mensaje es solo amenaza de uso de violencia; el segundo cuando es acompañado de un crimen; y por último, cuando el crimen es cometido usando violencia extrema que genera terror. Fuente: Barney Montalvo, El terrorismo global y sus implicaciones en el ámbito de la defensa y seguridad nacional de México, Cesnav, enero de 2017

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Imposible, acabar con el narcotráfico Experto en narcotráfico, José Ignacio Montero Vieira coincide con Barney Montalvo en que el narcotráfico es un problema trasnacional, por lo cual asegura que “México nunca podrá acabar con él por sí mismo”. Hoy más que nunca, dice, se echa de menos una estrategia transnacional, que implique a todos los países afectados. Se requiere de políticas coordinadas, mayor colaboración e intercambio de información entre estados. Asimismo, considera que la estructura financiera de los cárteles sigue intacta. “Es un error pensar en estos grupos solo como cárteles del nar-

cotráfico, dado que se asemejan más a multinacionales del crimen. Por ende, se requiere atacar sus finanzas, más que a sus líderes, ya que el despliegue que realiza día a día el crimen organizado se financia de otras fuentes”. El investigador del Instituto de Estudios Estratégicos de España considera que la estrategia de descabezar a las organizaciones ha provocado una tendencia a su fragmentación. Lejos de ser una ventaja, ahora las fuerzas de seguridad tienen que estar pendientes de un mayor número de grupos, pero a la vez más pequeños, más difícil de investigar. Refiere que esta tendencia de los cárteles conlleva que apenas haya lealtad en las alianzas que se van estableciendo, produciéndose traiciones entre

TERROR DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES TRASNACIONALES El Ejército de Resistencia del Señor nació en el Norte de Uganda en 1986 e inicialmente estaba formado mayoritariamente por miembros del grupo étnico acholi, el cual siempre se había sentido discriminado por el gobierno de Kampala. Desde un principio contó con el apoyo, la financiación y la protección del gobierno de Sudán donde durante años estuvieron sus principales bases. Una vez que el grupo rebelde, tras años de destrucción, matanzas y secuestros, fue expulsado de la zona, hace más de una década, ha estado desplazándose por República Democrática del Congo, República Centroafricana y Sudán. Esta milicia se ha caracterizado desde sus inicios, además de por las matanzas y la destrucción, por el continuo secuestro de personas, especialmente niños y niñas para ser utilizados como soldados y esclavas sexuales (El País, 1 de febrero de 2016). Los Tigres de Liberación del Eelam Tamil, también conocidos como Tigres Tamiles, era una organización fundada en 1976 en Sri Lanka (antigua Ceilán). Hasta 2009 se constituyó en el principal grupo separatista tamil pues luchó contra el gobierno en una guerra civil que duró 26 años (1983-2009). Además de la lucha de guerrillas, los Tigres Tamiles cometieron varios atentados desde su creación, algunos de ellos especialmente sangrientos, como el del 31 de enero de 1996, cuando

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la explosión de un camión bomba en Colombo acabó con la vida de más de 200 civiles y provocó heridas a 1400. La guerrilla tamil perfeccionó y aplicó en masa el terrorismo suicida, utilizando a más de 160 fanáticos, entre ellos numerosas mujeres que se inmolaban bajo las órdenes directas de Prabhakaran. En una de estas acciones, una militante suicida del LTTE asesinó en 1991 a Rajiv Gandhi, exprimer ministro de la India y cabeza del Partido del Congreso (Wikipedia). Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo o FARC-EP fue un grupo guerrillero de extrema izquierda que se autoproclamó marxista-leninista. Fueron consideradas un grupo terrorista tanto en Colombia como en otras naciones. Participó en el conflicto armado colombiano desde su conformación oficial en 1964 y eran dirigidas por un secretariado de siete miembros hasta el 26 de septiembre de 2016, día de la firma de los Acuerdos de La Habana, que buscó terminar el conflicto de esta guerrilla con el Estado colombiano y que esperaba fuesen ratificados por el pueblo colombiano mediante un plebiscito que se celebró el 2 de octubre de 2016. El grupo está involucrado en negocios considerados ilegales como el robo, la extorsión, el secuestro y tráfico de armas y droga (Wikipedia).

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grupos aliados y en el seno de los mismos; degenerando la situación cada día más y llevando al país a una espiral sin fin de violencia. Y ejemplifica que en estados como Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas cuentan con una presencia muy activa de organizaciones criminales, disparándose los homicidios y de violencia a niveles récord, igual que la corrupción institucional y el grado de impunidad, donde las investigaciones fracasan y la justicia no juzga de manera correcta los casos. Montero Vieira destaca un factor básico que no se está atendiendo correctamente en el país: la precaria situación socioeconómica de millones de mexicanos, que, ante la falta de oportunidades para salir adelante, muchas personas ven como atractiva o única opción el narcotráfico.

Evolución de los cárteles Por su parte, Enrique Barney Montalvo refiere cómo los cárteles en México han roto y traspasado la barrera entre la noción del terrorismo y la delincuencia organizada. “Cuando los cárteles en el país acumularon suficiente poder para confrontar directamente a las instituciones del Estado, también vieron la oportunidad de convertirse en un actor político-social dentro de un enclave”. Así, la debilidad institucional que ya existía en algunas áreas del país, principalmente aquellas fronterizas con los Estados Unidos, se debilitaron aún más por la corrupción e impunidad de los gobiernos locales y se creó un vacío de poder en los que éstos intrínsecamente cedieron parte del poder del Estado a las organizaciones criminales. En ese sentido, los capos y sus lugartenientes –jefes de plaza– llegan a tener niveles de dominio político, económico, social y coercitivo que socavan la autoridad de los gobiernos y se convierten en un actor político real con capacidad de influir en el sector económico y social. En este caso el capo socava la legitimidad del Estado al mismo tiempo que gana impunidad para imponer su propia autoridad para influir en la vida de los ciudadanos quienes perciben la debilidad y la pérdida de legitimidad de un gobierno corrupto e injusto. La raíz del problema llega a ser aún más profunda, cuando los cárteles buscan influir en cam-

Mensaje del Cártel del Golfo contra Los Zetas

pañas políticas electorales al proveer de recursos económicos a algún candidato y su campaña; en consecuencia, el capo se convierte en líder político de facto con la capacidad de presionar a las autoridades. La consecuencia más desafortunada es que la gobernabilidad es debilitada, y la capacidad del Estado para proteger a la gente y desarrollar prosperidad es obstruida. El resultado es la más seria amenaza interna para el gobierno mexicano, su debilitamiento y daño a su legitimidad. Actualmente los gobiernos están lidiando no solo con las enormes capacidades económicas de las organizaciones criminales trasnacionales, sino también contra las condiciones creadas por la falta de confianza y autoridad. Al usar la violencia brutal para generar terror al corromper autoridades para ganar impunidad, las organizaciones criminales trasnacionales afectan la seguridad de los ciudadanos, usurpan funciones exclusivas del Estado, y terminan por socavar la legitimidad del Estado, por lo que se consideran un problema de seguridad nacional.

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AMÉRICA LATINA SIN POLÍTICAS

PARA AFRONTAR EL TRÁFICO HUMANO

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LÍNEA GLOBAL INVESTIGACIÓN

México y los demás países de Latinoamérica expulsan cada vez más personas. Sin embargo, las naciones no tienen un solo acuerdo que busque mitigar el fenómeno social. Su estrategia se reduce a reprimir y criminalizar DANIELA PASTRANA/INTER PRESS SERVICE

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ada año, unos 3 millones de personas que emigran de sus países entran ilegalmente a Estados Unidos y la mitad lo hace con la guía de algún traficante, en un negocio de casi 7 mil millones de dólares, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés). Aunque México sigue siendo el origen principal de los migrantes hacia Estados Unidos, en las últimas décadas se ha registrado un aumento del flujo proveniente de América Central y América del Sur, y más recientemente de países del Caribe, Asia y África. Tres cuartas partes de estos nuevos migrantes deben cruzar el territorio mexicano y muchos de ellos son víctimas de redes criminales. Se trata de una de las violaciones escondidas de los derechos humanos para decenas de miles de personas. Pero aunque el tráfico ilícito de migrantes es un delito transnacional, en los países involucrados en este fenómeno no existe una política transnacional para enfrentar el problema.

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“Los acuerdos que hay entre los países son para reprimir a la gente, para no dejarla pasar. Pero no hay un solo acuerdo bilateral o trilateral que realmente busque resolver el problema integralmente”, dice a Inter Press Service (IPS) en una entrevista Martha Sánchez Soler, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM). El MMM organiza cada año la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en México y que ha impulsado un esfuerzo para tender puentes entre los países para la localización de los ausentes. “Nosotros hemos denunciado mil veces a coyotes (traficantes de seres humanos, también conocidos como polleros) y nos les hacen nada porque no hay un intento serio de parar el problema. Los coyotes son un buen negocio para los gobiernos”, explicó la activista. La trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes son delitos que en los últimos años han prendido focos rojos en América Latina, al igual que los organismos multilaterales. La UNODC y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur, por su acrónimo en inglés) advierten que es un fenómeno que obedece a “las difíciles condiciones de vida en los países menos desarrollados, al endurecimiento de las políticas migratorias en los países industrializados y al hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos no fueron considerados como un problema estructural sino como una serie de episodios aislados”. En noviembre de 2000, la respuesta mundial frente al crecimiento de este tipo de criminalidad, considerada una forma moderna de esclavitud, fue la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional firmada en la ciudad italiana de Palermo. La Convención se reforzó con dos acuerdos operativos complementarios: el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. Aunque muchos confunden trata y tráfico y los manejan como sinónimos, se trata de delitos que pueden estar vinculados, pero que en realidad se refieren a dos actividades distintas: el objetivo de la 46

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trata es la explotación de la persona y ha sido considerada una forma de esclavitud moderna, pero no es necesario que las víctimas crucen fronteras. En cambio, el tráfico es un delito totalmente trasnacional, porque implica la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado para obtener un beneficio económico; suele realizarse en condiciones peligrosas o degradantes; las víctimas dan su consentimiento, y generalmente termina con la llegada de los migrantes a su destino, o incluso antes. Sin embargo, en México, el tráfico de personas se ha mezclado con otras formas de criminalidad y muchos migrantes caen en redes de trata para la explotación sexual o para el trabajo forzado con cárteles de la droga. De acuerdo con UNODC, el tráfico de migrantes desde México a Estados Unidos deja casi 7 mil millones de dólares al año, lo que lo convierte en uno de los delitos más rentables en el crimen organizado trasnacional, pues es menos arriesgado que el trasiego de drogas. Felipe de la Torre, de la oficina de UNODC en México, advierte que se trata de una cifra “conservadora”, en un delito “necesariamente asociado a la corrupción, que ha proliferado” hasta las más altas esferas de gobiernos y organismos públicos involucrados, sin olvidar sectores privados como las compañías ferroviarias. “Las rutas de los migrantes comenzaron a coincidir con las de la droga, haciendo los cruces aún más violentos y transformando a los polleros en coyotes, animales más agresivos. Se volvió pues un negocio con desmesuradas ganancias para el crimen, en el cual se pierden muchas vidas y se expone la salud física y sicológica de muchas otras”, afirma De la Torre. La abogada mexicana Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, explica a IPS que “la convención de Palermo es la llave para estos temas y hay acuerdos binacionales más generales, pero son más bien para investigaciones y de coordinación entre instituciones de justicia”. Pero también aclara: “Aunque tengamos legislaciones suficientes no existen realmente políticas regionales que establezcan medidas de atención alrededor de todo el fenómeno”.

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En México, muchos migrantes caen en redes de trata para la explotación sexual o para el trabajo forzado con cárteles de la droga. En la imagen, “rescate” de indocumentados

“Cuando Estados Unidos habla de políticas trasnacionales quiere decir que no entren los migrantes a su país y que van a perseguir a los coyotes, pero no de políticas que atiendan los problemas alrededor de todo el fenómeno y mucho menos a las víctimas”, pone como ejemplo.

El especial caso cubano Un ejemplo de esta falta de políticas se ha visto desde 2015 con la migración cubana. En noviembre de ese año, el gobierno de Costa Rica desarticuló una red de tráfico humano y se desató una crisis con varios miles de migrantes cubanos varados en distintos países de la región, que cerraron sus fronteras al tránsito de los indocumentados. En Cuba, la mayoría de las personas estafadas por traficantes humanos sufren los daños en silencio. Los casos más dramáticos, con lamentables pérdidas de vidas humanas, suelen conocerse en se-

riales policiacos de factura nacional, basados en la vida real. El delito golpea a Cuba desde que en la década de 1960 la emigración quedó atrapada en el conflicto con Estados Unidos. En materia penal, el contrabando de migrantes es castigado con severas condenas que incluyen la prisión perpetua en casos agravados. Pero no hay datos ciertos del costo humano. “Los riesgos son enormes, porque quedas a merced de estas mafias. Con ellos no hay ley ni derechos humanos que valgan”, dice a IPS un cubano residente en Estados Unidos, quien recordó que antes los traficantes sacaban del país a los viajeros fundamentalmente en balsas o lanchas rápidas procedentes desde territorio estadunidense. En los últimos años, los emigrantes han salido de Cuba de manera legal, para embarcarse luego desde Sudamérica o América Central en la peligrosa travesía que ofrecen los traficantes rumbo al país norteño, a un costo de 7 mil a 13 mil dólares por persona.

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Protesta contra las políticas antimigratorias de Donald Trump

Cuba asegura que esa emigración irregular se articula al amparo de la Ley de Ajuste Cubano de 1966 y a través de redes de tráfico de personas, responsables de actos de violencia, extorsión, vejaciones y otros delitos de que son víctimas los cubanos en su intento por llegar a Estados Unidos, después de un peligroso recorrido de no menos de 7 mil 700 kilómetros y de cruzar ilegalmente ocho fronteras. “Una de mis mejores amigas pagó 4 mil dólares a un hombre que le tramitaría su salida. Su familia gastó otro tanto en Estados Unidos. Pasado un año, no le quedó más remedio que reconocer que había sido estafada. Era una operación ilegal, así que no hizo la denuncia”, cuenta a IPS la profesional de 40 años Idalmis Guerrero. Su historia es anterior a la reforma migratoria vigente desde enero de 2013, que amplió los derechos de viaje para la ciudadanía cubana, eliminó el permiso de salida del país y dejó sin efecto la carta de invitación del exterior, engorros documentos que 48

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encarecían cualquier viaje por razones personales. Pero obtener visa de ingreso a Estados Unidos u otro país continuó siendo dificultoso. El 12 de enero de 2017, una semana antes de entregar el mando a Donald Trump, el presidente Barack Obama firmó la eliminación de la Política de Pies Secos-Pies Mojados, que garantizaba residencia a los cubanos que tocasen tierra estadunidense, así como el Programa de Parole (acceso preferencial) para Profesionales Médicos Cubanos, que Washington aplicaba en terceros países. Aunque México y Cuba tienen varios acuerdos de colaboración para enfrentar el tráfico de personas, el 21 de enero comenzó la deportación de cubanos detenidos en su tránsito hacia Estados Unidos, a los que las autoridades mexicanas les negaron el “pase de salida”, un documento que permite a los extranjeros circular 20 días por el territorio nacional. (Con aporte de Patricia Grogg desde La Habana).

CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS

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DE POLÍTICAS PETROLERAS DE TRUMP Y PEÑA Con distancia de unos días, y mediante decretos o simples acuerdos administrativos, los gobiernos de Estados Unidos y de México han promulgado disposiciones en materia petrolera. Algunas coinciden en suavizar las regulaciones y facilitar la actividad de las empresas para acelerar la extracción petrolera FABIO BARBOSA, ECONOMISTA Y MAESTRO EN HISTORIA DE MÉXICO; ESPECIALISTA EN INDUSTRIA ENERGÉTICA; INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

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os jefes del Ejecutivo de México y de Estados Unidos desafían a amplios sectores de sus poblaciones afectadas por problemas ambientales, y ambos actúan en el contexto de una crisis mundial de sobreproducción petrolera, que amenaza con mantener los precios en un nivel que no garantiza suficientes retornos. Acaso es una paradoja que, en el contexto actual, el triunfo de uno implica el debilitamiento del otro, es decir: si la producción shale se incrementa en Estados Unidos, el eventual desarrollo de esa misma producción en shales, al sur del Río Bravo, se verá imposibilitada para desplegarse. Desde luego podría ser que ya tienen considerado que, agotados los recursos gringos, trasladen los equipos a este país para continuar aquí la fiesta.

Pretende Trump perforar en el Atlántico, el Pacífico y en Alaska El hombre de la peluca color naranja, deslizándose por una pendiente demencial, en el marco de los 100 primeros días de su gobierno, ha girado una serie de “órdenes ejecutivas” que instruyen a su secretario del Interior, Ryan Zinke, a levantar las moratorias establecidas, algunas desde la presidencia de Clinton y otras por Obama, a fin de eliminar las restricciones y permitir extender la perforación de pozos petroleros al Círculo Polar del océano Ártico, el norte de Alaska y frente a las costas estadounidenses de los océanos Atlántico y Pacífico. Todavía no han definido si abrirán también todas o una parte de las aguas que rodean la península de Florida, en las zonas Central y Oriental del Golfo de México, un vasto espacio marino en moratoria y en cuyas costas se ha desarrollado una vigorosa zona de pesca, turismo y deportes acuáticos, acompañada de fabricación de instrumentos de navegación de veleros, que ha sido defendida no sólo por la población y los hoteleros, sino por los propios gobiernos locales, y finalmente respetada incluso por la petrocracia de los Bush (para ampliar la información sobre las zonas central y oriental del Golfo de México profundo, véase: “Presionan en EE.UU. por perforaciones en el este del golfo de

México (http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=82571&SEO=presionan-en-ee.uu.-por-perforaciones-en-el-este-del-golfo-de-mexico) Washington, 1 may (PL).

Suavizan regulaciones sobre seguridad industrial Con el planteamiento de impulsar la creación de empleo, Donald Trump ha instruido a Zinke para considerar la posibilidad de derogar o modificar, con el propósito de hacerlas más sencillas y ágiles, las normas de seguridad establecidas como consecuencia de la explosión, hundimiento y alarmante derrame de petróleo por parte de la plataforma de la British Petroleum “Deepwater Horizon” en 2010, en el Golfo de México, considerada la mayor catástrofe ecológica en la historia de Estados Unidos. Las nuevas disposiciones también ordenan al secretario del Interior que instrumente un enfoque de permisos simplificados para la recolección de datos sísmicos con fondos privados para determinar el potencial de recursos energéticos en alta mar. Todo lo anterior supone un contratiempo para el movimiento internacional que reclama mayores protecciones al medio ambiente por parte de Estados Unidos, país considerado como uno de los principales contaminadores y responsable de más del 25 por ciento de las emisiones de gases con efecto invernadero en el planeta.

EU se reinserta en modelo extrativista de nuevo tipo Parece una locura que ante la caída de la tasa de ganancia industrial, Trump empuja una reconversión de su país al extrativismo basado, en tierra, en la masificación del fracking y, costa afuera, en sus recursos en aguas profundas. Desde luego, el neo extractivismo de Trump es distinto al de Peña, que se limita a entregar espacios marinos y terrestres. En el discurso gringo hay una insistencia en la recuperación del empleo. Por ejemplo, citan el caso de Alaska, donde un segmen-

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La política petrolera del gobierno de Peña se limita a entregar espacios marinos y terrestres

to de su plataforma marina ha estado en moratoria, con la consecuencia, dicen, que ahora esa entidad tiene el segundo mayor desempleo del país… las restricciones a la perforación han ocasionado pérdida de miles de empleos, lamenta Zinke. Argumenta el gobierno de EU que dispone de un total de mil 700 millones de acres en sus aguas territoriales, pero, de ellos, apenas el 94 por ciento, sólo 16 millones, están bajo arrendamiento para el desarrollo de petróleo y gas. Conviene recordar que ello se debe a que los bloques que Estados Unidos subasta son de apenas 5 por 4 cinco kilómetros, en total 20 kilómetros cuadrados, en tanto Peña licita bloques 100 veces mayores.

Trump quiere incrementar ingresos del gobierno federal Aduce Trump que en 2008, los ingresos que el gobierno federal obtenía por los arrendamientos en su zona marítima ascendían a casi 18 mil millones de dólares y que para 2016, este mismo renglón

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había caído, aproximadamente, a 2.8 millones. Es también muy interesante que Trump ha iniciado una disputa con los estados que cuentan con petróleo en sus costas, en busca de redefinir las participaciones en las regalías para el gobierno federal. En la etapa presente de la industria petrolera se desarrolla un debate sobre sus impactos ambientales y la necesidad de limitar su expansión, incluso apurar el abandono del “modelo fósil” por razones de salud pública, conservación del agua y otros recursos naturales. En contraste, en el nuevo gobierno de Estados Unidos hay una oleada de políticos que pregonan sus amplias bases sociales de apoyo, como el propio Zinke, exgobernador de Montana, un estado productor importante de shale oil, en la cuenca Bakken, sostiene que los recursos fósiles son una bendición.

“Los hidrocarburos fósiles son una bendición” La producción de energía es una “bendición absoluta para la economía”, dice el secretario del Interior, y enumera las razones: 1) apoya la creación de más de 9 millones de puestos de trabajo, 2) suministra energía para la industria manufacturera 3) permite la calefacción doméstica y 4) apoya el transporte. Pregona el propio Trump: “voy a levantar las restricciones sobre la energía estadounidense y permitir que esta riqueza se derrame en nuestras comunidades”, pero esta derrama requiere acentuar tendencias en curso: 1) el consumo doméstico de hidrocarburos está disminuyendo, 2) las exportaciones de gasolinas aumentando, 3) se ha iniciado una reconversión de plantas de gas licuado para exportación. En una situación nueva, por lo menos en el corto plazo, consideran a México como mercado de consumidores de sus derivados. Veamos cómo lo explica Zinke: “En primer lugar, es mejor para el medio ambiente que los Estados Unidos produzcan energía; he pasado mucho tiempo en países de todo el mundo y puedo decirles, con el 100 por ciento de certeza, que es mejor desarrollar nuestra energía aquí, bajo regulaciones razonables, en lugar de tener la producida en el extranjero bajo poca o ninguna

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regulación” (“First, it’s better for the environment that the U.S. produces energy. I’ve spent a lot of time in countries across the world, and I can tell you with 100 percent certainty it is better to develop our energy here under reasonable regulations, rather than have it produced overseas under little or no regulations”. SOURCE: U.S. Department Of The Interior, https://www.doi.gov/press releases)

En lo que va del sexenio, Peña Nieto prácticamente ha sacado de operación la mayor parte del sistema de refinación (su antecesor Felipe Calderón ya había comprometido la petroquímica) y ha virtualmente detenido la perforación. Su tarea ha consistido sólo en entregar bloques, ahora lo llaman “la cuadrícula” del territorio petrolífero nacional. En 2017 se difundió una nueva versión del Plan Quinquenal de Licitaciones, que detalla la expectativa de entregar todo lo que queda antes de culminar este gobierno. La más reciente expresión de este empeño por acelerar la entrada de capital privado, es el primer reglamento mexicano para la exploración y extracción de lutitas en este país. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente (Asea) publicó el pasado 16 de marzo unas breves “disposiciones administrativas” en materia de seguridad industrial, para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en tierra (disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar actividades de exploración y extracción en yacimientos no convencionales en tierra”, Diario Oficial de la Federación, 16 de marzo de 2017) Desde luego no lo consideramos un aviso de la inminencia de la exploración y menos desarrollo de las lutitas, sino un incentivo más a las empresas contratistas de que aprovechen los meses que le quedan a este gobierno para que inicien actividades, ofreciéndoles facilidades que no van a encontrar en ningún otro país. Si hoy un contratista pretende realizar fracking, los requisitos y el procedimiento que establece la

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La política petrolera de Peña

Trump empuja una reconversión de su país al extrativismo basado en fracking y aguas profundas

Asea, es el siguiente: 1. Los contratistas (la Asea los llama los regulados) deberán presentar a las oficinas de la Agencia, 45 días antes de iniciar actividades (deliberadamente omiten la noción fracking), una “evaluación y un “dictamen técnico” (Artículo 23, del Capítulo V, de las “Disposiciones…” citadas). 2. La evaluación y el dictamen certificará que el programa del contratista para la realización del fracking ha sido diseñado ajustándose a la normatividad aplicable y a las mejores prácticas internacionales y, si lo desea, incluso puede mejorarlas. Pero esa evaluación y dictamen no los formulará personal de la Asea, sino un llamado “tercero autorizado”, como a la fecha la Asea no cuenta con un listado de esos peritos, “el mismo contratista podrá buscar a su dicatminador”. Los dictaminadores podrán acreditar su capacidad de diversas maneras, incluyendo simples constancias de cursos de actualización. 3. “En tanto no se cuente con Terceros Autorizados para realizar los Dictámenes Técnicos… los regulados podrán someter a la consideración

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El gobierno de Estados Unidos pregona sus amplias bases sociales de apoyo a los combustibles fósiles

de la Agencia… la documentación que demuestre la experiencia de una persona física o moral, con reconocimiento nacional o internacional para que emitan una opinión en materia de seguridad y protección al medio ambiente respecto al proyecto…. “Para demostrar su experiencia se deberán incluir al menos acreditaciones profesionales, certificaciones, reconocimientos y cursos de actualización…” La Asea queda reducida a una oficinita que se limita a acusar de recibido un llamado “dictamen” que, en los hechos, sería una simple opinión favorable de un ingeniero aprobando los planes de trabajo.

Finalicemos comentando que, como señalamos al principio, los problemas ambientales y la crisis mundial de sobreproducción pueden convertirse en el límite del expansionismo fósil y frustrar las ambiciones de los petroadictos enloquecidos, aunque lograran algunos avances más aparentes que reales, y a la postre veremos desmoronarse sus ilusiones, pero tenemos que librar una lucha cotidiana para evitar las funestas consecuencias para el conjunto de la población que intensificará la oposición, a uno y otro lado de la frontera, en la medida que mejore la información y la organización social.

Los problemas ambientales y la crisis mundial de sobreproducción pueden convertirse en el límite del expansionismo fósil y frustrar las ambiciones de los petroadictos enloquecidos

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CALDERÓN Y LULA SE REUNIERON

EL DÍA QUE ODEBRECHT Y PEMEX SE ASOCIARON El escándalo de corrupción de Odebrecht sigue alcanzando al expresidente Felipe Calderón. El mismo día que la ﬁlial Braskem e Idesa anunciaron que construirían en conjunto Etileno XXI, el panista y Luiz Inácio da Silva se congratularon por la inversión OMAR R ESCAMILLA HARO, MÓNICA MOJON LUGO, CLAUDIA OCARANZA Y EDUARD MARTÍN-BORREGÓN, PROYECTO SOBRE ORGANIZACIÓN, DESARROLLO, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN (PODER)*

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os Ramones y Etileno XXI son dos obras emblemáticas resultado de la relación entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Odebrecht. Los Ramones inició bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin, director de Pemex entre 2012 y 2015; mientras que Etileno XXI, que había empezado antes, continuó su construcción bajo su mandato. Ahora mismo, el exfuncionario es investigado por el escándalo de corrupción que protagoniza a nivel internacional la empresa brasileña (www.contralinea. com.mx/archivo-revista/index.php/2017/05/30/odebrecht-en-mexico-y-su-cercania-con-el-poder/). Hasta ahora, no se ha hecho público el destino de los 10.5 millones de dólares que Odebrecht admite haber pagado a funcionarios mexicanos a cambio de contratos en obra pública. Tanto la Procuraría General de la República como Pemex han blindado los expedientes de la investigación contra la empresa brasileña por un periodo de 5 años. El 23 de febrero de 2010, la brasileña Braskem (filial de Odebrecht) y la mexicana Idesa anunciaron que construirían en conjunto Etileno XXI (1). Ese mismo día y después de una reunión bilateral en la Cumbre de la Unidad de las Américas y el Caribe, Felipe Calderón y Luiz Inácio Lula da Silva “se congratularon por el anuncio de una inversión conjunta de 2 mil 500 millones de dólares que realizará el grupo mexicano Idesa y la empresa brasileña Braskem, para la construcción de un complejo petroquímico en Coatzacoalcos, Veracruz”. La reunión fue promovida en diciembre de 2009 por Prisco Ramos, presidente de Braskem, condenado a 10 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y corrupción pasiva (2). Ante las autoridades brasileñas encargadas de investigar el caso Lava Jato, el empresario Odebrecht ha declarado que pagó 4 millones de dólares a Lula en 2012 y 2013. En el comunicado presidencial posterior a la reunión se enfatiza “la necesidad de continuar impulsando alianzas estratégicas entre ambos países” (3). Braskem lidera Etileno XXI, infraestructura clave en el esquema de PEMEX, junto con el Grupo Idesa. El corporativo mexicano fue fundado por Pascual Gutiérrez Roldán, director de Pemex en la década de 1960, tiene a Iván del Mazo Múzquiz –

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familia Del Mazo, emparentada con Enrique Peña Nieto (4)– en la junta directiva y al Grupo Inbursa, de Carlos Slim, en el accionariado. La obra fue parcialmente financiada con 350 millones de dólares por 17 bancos internacionales (entre ellos BNDES, Banco de Desarrollo de Brasil, accionista de Braskem) (5) y recibió un préstamo del gobierno federal por 120 millones de dólares a través del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) (6). Etileno XXI se inauguró el 22 de junio de 2016, 1 año después de lo planeado, y con un costo final de 5 mil 200 millones de dólares, también mayor al estimado. En medio de acusaciones que ya enfrentaba Odebrecht en Brasil, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía; José Antonio González Anaya, director general de Pemex, y Roberto Bischoff, director general de Braskem-Idesa, entre otras autoridades, asistieron a la apertura del complejo petroquímico (7). El contrato para la construcción de Etileno XXI fue publicado en abril de 2017 a raíz de la declaración de un ejecutivo de Odebrecht sobre los supuestos sobornos a Lozoya Austin. Pero la falta de transparencia es notable: los nombres de los funcionarios firmantes de Pemex y Odebrecht estaban tachados, varios artículos fueron omitidos, y no se entregaron los anexos técnicos de los acuerdos.

Los movimientos de directivos con el gasoducto Los Ramones El consorcio AOT (Arendal-Odebrecht-Techint) ganó en julio de 2014 el contrato de 1 mil 200 millones de dólares para construir la fase Norte de Los Ramones II. El gasoducto forma parte de una estrategia de importación de gas, pues se interconecta en la frontera de Texas con el ducto Agua Dulce-Frontera para importar la sobreproducción de las cuencas de gas de lutitas de Estados Unidos (8). La obra terminó en 2016, pero en este escaso tiempo los movimientos entre cúpulas fueron constantes. Tres meses después de que AOT obtuviera el contrato, el exdirector de negocios de Grupo Aren-

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El expresidente de Brasil, Lula da Silva

dal, Octavio Francisco Pastrana, se convirtió en Consejero Independiente de Pemex (9); Alejandro Martínez Sibaja y José Luis Vitagliano tomaron el camino inverso: ambos eran altos directivos de importantes subsidiarias de Pemex, estuvieron directamente involucrados en la firma del contrato con AOT, y al dejar la petrolera pasaron a trabajar para Arendal (10). Por su parte, Adrián Lajous Vargas, director general de Pemex entre 1989 y 1994; y Jaime Serra Puche, exsecretario de Comercio y Fomento Industrial de 1988 a 1994, están respectivamente en las juntas de Ternium (11) y Tenaris (12), dos de las principales subsidiarias de Grupo Techint. La conexión de Odebrecht con Los Ramones la están investigando Pemex, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y otras dependencias gubernamentales. Más allá de las investigaciones, es inadmisible que el gobierno mexicano no haya presentado todos los contratos firmados con Odebrecht. Su actitud de opacidad dispara las sospechas de corrupción y fraude en varios estamentos, que parecen más preocupados en tapar sus culpas que en querer aclarar malentendidos y depurar responsabilidades.

Referencias: (1) http://eleconomista.com.mx/industrias/2010/

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GUILLERMO PEREA/CUARTOSCURO

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El expresidente de México, Felipe Calderón

02/23/braskem-e-idesa-firman-contrato-pemex (2) Raúl Olmos y Daniel Lizárraga, “La conexión Odebrecht-Los Pinos en tiempos de Calderón”, Animal Político, 2 de mazo de 2017, http:// www.animalpolitico.com/2017/03/odebrecht-calderon-sobornos/ (3) http://calderon.presidencia.gob.mx/2010/02/ reunion-de-trabajo-entre-el-presidente-calderon-y-el-presidente-de-la-republica-federativa-de-brasil-luiz-inacio-lula-da-silva/ (4) Zacarías Ramírez Tamayo, “Grupo Idesa, tras un mercado energético de 2,500 MDD”, Forbes México, 20 de octubre de 2016, https://www. forbes.com.mx/grupo-idesa-tras-un-mercadoenergetico-de-2500-mdd/. Accedido el 17 de abril de 2017. (5) BNDES, “Consulta a operações do BNDS”, 2017, http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/ home/transparencia/. Accedido 29 marzo 2017. (6) Jesusa Cervantes, “Caso Odebrecht, Proceso revela nombres de subordinados de Calderón involucrados en corrupción”, Proceso, 9 de abril de 2017. (7) http://petroquimex.com/PDF/JulAgo16/ Complejo_Etileno%20XXI.pdf (8) Pemex, “Sesión informativa del proyecto Los Ramones fase II”, accedido el 25 de mayo de 2015, http://www.gas.pemex.com/portalpublico/GNPopUp/Presentaci%C3%B3n%20

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La PGR, la Secretaría de la Función Pública y otras dependencias están investigando la conexión Odebrecht -Pemex en el proyecto Los Ramones

(11) Web oficial de Ternium, “Board of directors”, accedido el 25 de mayo de 2017, http://www. ternium.com/en/investor-center/corporate/ board-of-directors/ (12) Web oficial de Tenaris “Board of Directors”, accedido el 25 de mayo de 2017, http://ir.tenaris.com/directors.cfm *www.projectpoder.org,@ProjectPODER/ https:// www.rindecuentas.org/reportajes/2017/05/31/ calderon-y-lula-se-reunieron-el-dia-que-se-formalizo-el-contrato-entre-odebrecht-y-pemex

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Los%20Ramones%20Fase%20II%2030%20 abril%202013.pdf (9) Pemex, Reporte anual 2015 (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), http://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/20151231_ra_e.pdf. Accedido el 14 de abril de 2017. Página 239. (10) Atzayaelh Torres, “Una pista más de Odebrecht en Pemex”, El Financiero, 22 de marzo de 2017, http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/una-pista-mas-de-odebrecht-en-pemex. html. Accedido el 17 de abril de 2017.

El complejo Etileno XXI, del que Odebrecht, a través de su ﬁlial Braskem, es socio

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DESASTRES CLIMÁTICOS ABREN DEBATE SOCIOAMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA En América Latina el 70 por ciento de las emergencias se deben a desastres climáticos. No obstante, investigadores apuntan que más que una crisis ambiental se trata de una crisis ecopolítica, porque los Estados no toman en cuenta las demandas sociales ni las condiciones medioambientales relacionadas

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ima, Perú. El aumento de los desastres climáticos en América Latina, que según organismos internacionales representan 70 por ciento de sus emergencias, impulsa un debate socioambiental en la región que busca profundizar sobre las causas y respuestas ante estos eventos extremos. La advertencia de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras instituciones multilaterales es que la variabilidad climática incrementará la frecuencia y magnitud de los eventos extremos. Según el Índice de Riesgo Climático Global, durante el periodo 1996-2015 cuatro de los 10 países más afectados en el mundo son de América Latina y el Caribe: Honduras (primero de todos), Haití (tercero), Nicaragua (cuarto) y Guatemala (noveno). Perú sufrió entre marzo y abril inundaciones y deslizamientos debido al fenómeno de “El Niño costero”, generado por el calentamiento de las aguas del litoral, con un saldo de más de 100 muertos, 1 millón de personas afectadas, 7 mil productores rurales damnificados (80 por ciento pequeños agricultores) e incalculables daños de infraestructura. Las lluvias también dañaron más de 60 mil hectáreas e inutilizaron 18 mil. “Los cambios en patrones en precipitaciones y de temperatura continuarán. No necesariamente habrá efectos de desastres naturales evidentes, pero si cambio en el crecimiento de los cultivos, en el comportamiento de alguna plaga o enfermedades que podrían llegar a surgir o cambios en la productividad”, señaló Fernando Castro Verastegui, coordinador de Políticas de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria de FAO en Perú. “Tenemos que desarrollar bastante investigación para el desarrollo de nuevas variedades de cultivos que se adapten, tenemos que desarrollar prácticas que generen resi-

liencia en el productor, y adaptación a este cambio climático”, apuntó. Entre 2003 y 2013, la FAO estima que 22 por ciento de las pérdidas y daños causados por desastres de mediana y alta intensidad en países del Sur en desarrollo afectaron al sector agrícola. Esta situación cobra especial importancia en esta región, que es una gran productora mundial de alimentos. Ese sector, del que depende prácticamente un tercio de la población latinoamericana activa, sufrió 13 por ciento de los daños causados por desastres. La FAO y la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres ayudan a la región a desarrollar una Estrategia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres en el sector agrícola y la seguridad alimentaria y nutricional, a solicitud de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. “Es un proceso irreversible, pero tenemos oportunidades de desarrollar nuevas tecnologías. Básicamente a partir de semillas que permitan una mejor adaptación y buenas prácticas agrícolas que nos permitan hacer un mejor manejo del cultivo y podamos hacer frente a este cambio climático”, explicó Castro Verastegui. “El cambio climático no solamente es negativo, también genera oportunidades”, afirmó. Como ejemplo, dijo que zonas alto-andinas de Perú no eran aptas para cultivar algunas hortalizas y tubérculos y las alteraciones climáticas generan oportunidades de hacerlo. Castro Verastegui también apuesta al rescate de las tradiciones de la agricultura familiar y a su fortalecimiento para enfrentar estos problemas. Augusto Castro Carpio, director del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la Pontificia Universidad Católica del Perú, consideró que en su país y en otros de la región el Es-

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tado no está en capacidad de enfrentar estos eventos climáticos. “Creo que tenemos que pensarlo con mucho cuidado en toda América Latina,

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porque fenómenos de este tipo se van a repetir por todas partes y los Estados tienen que prepararse”, dijo a IPS. “El Estado peruano ha perdido un punto y medio del PIB con esto. Esto nos vuelve a sumir en la pobreza y genera problemas. Esperemos que el gobierno lo utilice para hacer una reconstrucción del país, pero tomando en cuenta las normas para cuestiones ambientales”, advirtió como una de las situaciones que se repiten en la región. Como consecuencia del calentamiento global, crece el interés de las ciencias sociales en el impacto del fenómeno desde hace 1 década. Gabriela Merlinsky, del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, lo atribuyó “al interés legítimo que tenemos las ciencias sociales en esos temas” y a que los cambios ambientales globales “son producto de la intervención humana”. También al llamado del sector científico de que las ciencias sociales intervengan. “La relación sociedad-naturaleza es la que está definiendo este proceso de aceleración en la tasa de extracción de los recursos naturales y de formas de uso de los recursos y del suelo, que implican mayores riesgos ambientales”, dijo a IPS. Su análisis, partiendo de las experiencias en el cono Sur, “tiene que ver con identificar contextos de mayor vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático”. “El aspecto peligroso de esto es que se vuelva un discurso globalizante por el cual echemos la culpa de todos los males al cambio climático y no tomemos en cuenta aquellos elementos estructurales de nuestra sociedad que hacen, por ejemplo, que nos inundemos más”, puntualizó. Citó el caso de Argentina, donde hay una recurrencia de inundaciones en diferentes ciudades costeras y sobretodo en la región de la Pampa.

“Lo que ha habido es una intensificación del monocultivo, en particular la producción sojera que absorbe mucho menos agua que otro cultivo. El agua queda retenida en el suelo y hay un elevamiento de los niveles de las cuencas hidrológicas, las napas freáticas. Eso aumenta la exposición a las inundaciones”, explicó. Por eso para la investigadora, que integra un Grupo de Trabajo sobre Ecología Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), lo que está detrás de esos problemas “es la vieja cuestión del capitalismo y del avance despiadado sobre los recursos naturales” y los “serios problemas de regulación” de parte del Estado. “La crisis, más que una crisis ambiental, es una crisis ecopolítica. Es una crisis de regulación, es una crisis de horizonte, y es una crisis en relación a modos de hacer políticas que no toman en cuenta las demandas sociales”, concluyó Merlinsky. La colombiana Catalina Toro analizó que algo similar ocurre con los fenómenos climáticos de su país, que en abril causaron en Mocoa, en el amazónico departamento de Putumayo, devastadores aludes sobre viviendas, con el saldo de más de 300 muertos, además de miles de desplazados. Fue una de las mayores catástrofes sufridas en Colombia en tiempos recientes. Mientras los medios culpan a El Niño de estas lluvias extremas, “lo que decimos nosotros es que no es un desastre natural”, aseguró a IPS esta académica de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. “Son lugares completamente deforestados, lugares donde los desplazados de los desplazados son obligados a asentarse en unas condiciones bastantes frágiles al lado de los ríos”, subrayó Toro, quien también participa como una de las coordinadoras en el grupo de Clacso. A su juicio, “estos problemas tienen que ver con la deforestación, la ampliación de la

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INTERNACIONAL ANÁLISIS

La crisis del cambio climático se

frontera agrícola, la construcción de carreteras, la exploración petrolera y minera, que van moviendo los ecosistemas y afectando de manera muy fuerte toda esa zona que es un bosque húmedo tropical que de por sí ya está bastante intervenido por la colonización”. Para Toro, ese “modelo de desarrollo depredador extractivo” corre el grave peligro de ampliarse, ahora que concluyó el conflicto armado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y es posible penetrar y explotar territorios de gran valor ecológico, antes vedados por la guerra.

acrecienta por la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola, la construcción de carreteras, la exploración petrolera y minera

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TWITTER NO SIRVE PARA MEDIR LA POPULARIDAD DE UN PRESIDENTE GONZALO MONTERROSA

nrique Peña Nieto es famoso por la utilización de bots en Twitter para desactivar trending topics que afectan al presidente, a su familia o a su gobierno, los denominados Peñabots. El número de seguidores en Twitter que pueda tener un presidente es un dato interesante. Tanto, que la compañía de relaciones públicas Burson-Marsteller realiza un análisis anual al respecto. Sin embargo esa cantidad de seguidores no demuestra la aprobación de los gobernados. Algunos parecen adictos a escribir en la red social, como Donald Trump y su tuiplomacia; y otros están demasiado preocupados por lo que se dice de ellos, como es el caso del presidente de México, Peña Nieto. Sin embargo el que alguien siga al presidente Peña Nieto no significa que sea su admirador, que haya votado por él; que sea de su partido; que le agrade lo que publica, o que apruebe el despilfarro de su familia. Mucha gente lo sigue por interés. Ciudadanos, periodistas y contrincantes inflan esas cifras. Otro dato importante es que todos incluyen cuentas falsas o abandonadas en un alto porcentaje.

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Una vez aclarado el punto, pode- la cuenta @Potus, que corresponde al mos considerar importante el número presidente en turno. Aun así, Trump ha logrado desde seguidores que tiene un presidente por el impacto que puede lograr con estabilizar México con unos cuantos su alcance y no una representación de tuits. Por supuesto que no es su culpa, popularidad. Un presidente popular es resultado de la poca estabilidad e fue el de Uruguay y sus seguidores en incapacidad del gobierno mexicano. Cuando publica post sobre el muro o Twitter no son considerables. Pero la posibilidad de publicar 140 sobre la cancelación del Tratado de caracteres ha dejado de ser algo total- Libre Comercio de América del Norte, el peso tiembla y el precio del mente banal; se ha convertido en dólar se dispara a pesar de una herramienta de comuSeguidores los muchos discursos llanicación política, directa en millones: mando a la calma. e inmediata. Obama 89 A pesar de que TwiPero brincarse la Donald Trump 31 tter, como herramienta sala de prensa de los Papa Francisco: 12 de comunicación, ha presidentes conlleva millones sólo en su cuenta en español llegado a niveles presus riesgos. Si bien, anEnrique Peña sidenciales, la quiebra tes, era necesario espeNieto: 6 sigue haciendo sombra a rar el comunicado oficial, su existencia. Independienhoy los mismos presidentes temente de su futuro cercano, ha muchas veces son quienes dan la información desde su cuenta personal dejado experiencias particulares. Una de ellas es la de los bots. o una cuenta asignada para ello. Se trata de cuentas automatizadas En el caso de Donald Trump, quien es un asiduo usuario de Twitter, que realizan alguna función, desde su cuenta @realDonaldTrump tiene 31 publicar contenido de forma coordimillones de seguidores. Se encuentra nada, propagar anuncios publicitarios muy atrás del expresidente Barack mencionando a personas famosas Obama, @BarackObama, que tiene para posicionar el anuncio y así incre89 millones aproximadamente. Cabe mentar su visibilidad, otros están prodestacar que dejamos fuera del conteo gramados para de responder cuando

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alguien publica una frase común. También existen otro tipo de bots, los políticos. Se trata de esas cuentas de usuarios aparentemente ermitaños y que no se relacionan con otras cuentas. Pero llegado el momento se convierten en activistas generando una lluvia de tuits, publican de pronto cientos de mensajes repetitivos que incluyen hashtags o mensajes políticos. Después de unas horas o días se detienen, no publican más. El trabajo está hecho, tiraron un trending topic al hacerlo parecer spam o una tendencia artificial. Lo hacen para desactivar los hashtags o tendencias que aparecen en Twitter y siempre en asuntos políticos, cuando abordan o inician otros temas suelen ser para robarle atención al que es el objetivo… uno político.

En nuestro país, los bots son conocidos de sobra. Los más famosos son los Peñabots, encargados de limpiar la imagen del presidente cuando se hacen públicos hechos de corrupción o alguno de los innumerables errores vergonzoso que comete. Pero ahora en Estados Unidos están viviendo una situación parecida a México. La cuenta de Donald Trump en Twitter ha crecido mucho últimamente y se calcula que 15 millones de los poco más de 30 seguidores son falsos. Quizá después del escándalo de las #NoticiasFalsas se avecina el de #TuiterosFalsos. Los bots fueron también muy utilizados durante la campaña de Trump en 2016, posicionando muchas de sus ideas. Y desde febrero a mayo de 2017

se sumaron 7 millones de nuevos seguidores, de ellos 4 millones prefieren el anonimato del ermitaño y dejan la imagen del huevo en su perfil, incluso el 50 por ciento de esos nuevos seguidores nunca ha posteado nada. Algo extraño con esta sociedad dispuesta a tomarse fotos y mostrarlas a la menor provocación. Trump ya tiene al ejército más poderoso del mundo, parece que ahora está formando un nuevo ejército de bots. Lo importante con Twitter y los presidentes del mundo no es ya el número de seguidores que concentren. Lo que debe preocuparnos es lo que hacen cuando contratan a las empresas que utilizan bots para manipular tendencias o crearlas.

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EX LIBRIS

SI LA POLÍTICA SE DERRUMBA ES QUE NO HAY INTERÉS EN LOS ASUNTOS COMUNES ÁLVARO CEPEDA NERI

No hay como volver sobre las páginas de un libro ya leído pues, con la secunda lectura (y repaso de lo subrayado), el lector comprende mayormente al autor. Por eso los estudiantes repasan en sus libros y apuntes lo que sus maestros les enseñan, sirviendo para la función intelectual de “educar es enseñar a crear y no a repetir” (La Pedagogía Social de Pablo Natorp, de la Escuela de Pensadores Kantiana de Marburgo, que coordinaba Hermann Cohen, Erneste Cassirer, etcétera, y desde Austria: Hans Kelsen). Así que he vuelto sobre las casi 600 páginas de La Sociedad Despolitizada, de Nicolás Tenzer, resultado de sus conferencias en el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia, y quien fue presidente del Centro de Estudio y Reflexión para la Acción Política (tan actualizada por la presencia en las calles parisinas de los trabajadores contra la derechización de los fines laborales; y las luchas contra las contrarreformas educativas-laborales en Argentina, Chile y México). Texto sustentado en que “la necesidad de la política es porque con ella se acostumbra a la necesidad de pensar”. Y actuar. Y es que “si la política se derrumba –y con ella el ámbito público–, es porque ya no hay interés en los asuntos comunes y porque la propia sociedad se disgrega”. II. Los atolladeros de las doctrinas políticas y sociales; El fin o fines de las diferencias,

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y Las obligaciones del mundo universal, se de manera sistemática… producto titulan las tres partes del libro que del matrimonio entre la libertad y desarrollan, entre otros temas: “Libela razón, lo cual permite fundar un ralismo político”; “Estado y sociedad equilibrio de derechos y deberes… civil”; “Los derechos del hombre”; La primera misión de los políticos es “Totalitarismo e ideología”; “Mayo construir un orden jurídico… pues la de 1968”; “¿Un final de la política? finalidad de la historia, según Kant, La crisis de la autoridad”; “¿Hacia la es el reino del derecho… La fuerza era de la comunicación universal?”; del derecho, sostenido por la política “El trabajo a costa de la humanidad”. está en suscitar él mismo las evoluEl autor se apoya bastante en la obra ciones sociales”. Pero le faltó agregar: política de Hannah Arendt, la incluso las revoluciones. Así, por exploradora de lo que hoy ejemplo, el Artículo 39 de sería la bipolaridad de nuestra Constitución dice: mujeres y hombres que “La soberanía nacional Autor: Nicolás Tenzer ella calificó como: “la reside esencial y origiTítulo: La sociedad banalidad del mal”; nariamente en el puedespolitizada (traducción porque somos poseedoblo. Todo poder público del francés: Irene Agoff) res de lo que los griegos dimana del pueblo y se Editorial: Paidós llamaron la virtud política instituye para beneficio de para ejercer el bien y para éste. El pueblo tiene en todo ejercer el mal, capaces de virtutiempo el inalienable derecho des y miserias políticas que rematan de alterar o modificar la forma de su en el totalitarismo. “El liberalismo gobierno”; que puede hacer pacífica político ocupa un lugar central en la o revolucionariamente, de manera historia de las grandes doctrinas políti- jurídica. Y puesto que el hombre es cas, pues sin doctrina de la libertad no un animal político, en cualquier régihabría existido pensamiento político men hemos de actuar con arreglo a ni, por tanto, política”. medios jurídicos para normar la conIII. “El derecho entre tradición ducta de gobernados y gobernantes. y política”, es un capítulo sobresaÉsta es una crítica a despolitizar a la liente, donde faltó la obra de Hans sociedad; contra aquellos que para Kelsen; empero, logra sostener que descalificar o reprimir, alegan que un “el hombre habita jurídicamente asunto público se “ha politizado”, y la tierra… el derecho está formado estúpidamente exigen su pureza por por instituciones y leyes coactivas la vía de la despolitización.

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 5 al 11 de junio de 2017

Año 16 • Número 542 • $30